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• Ecuador entró en la lista de vigilancia por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil de la organización internacional CIVICUS. En un informe publicado este 25 de marzo esta entidad de monitoreo destacó que el régimen de Daniel Noboa ha persistido en el empleo de fuerza letal y excesiva contra protestas pacíficas, lideradas por pueblos indígenas, lo cual evidencia un patrón de represión estatal.

• Además documentó casos sistemáticos de personas defensoras, periodistas y medios de comunicación bajo creciente presión en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial. Y la aplicación de estados de excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias, que profundizaron el cerco a la sociedad civil.

• El gobierno, de su lado, mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco», dijo recientemente el Presidente). Basado en la cooperación internacional en especial de Estados Unidos, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias, minimizando las denuncias y observaciones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH. Incluida la Organización de Naciones Unidas.  

 Redacción Código Vidrio

Bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, el gobierno de Daniel Noboa ha consolidado prácticas represivas y restricciones sistemáticas a los derechos humanos, según concluye el último informe de CIVICUS, que es una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil desde 1992. La organización está integrada por más de 17.000 miembros en más de 175 países.

Por el deterioro acelerado de los derechos humanos y la represión creciente de la sociedad civil Ecuador entró en la lista de vigilancia de esta organización internacional, que tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica.

El CIVICUS Monitor clasifica actualmente a Ecuador  como “obstruido”. Esta categoría refleja serias limitaciones al ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La inclusión en la lista de vigilancia responde a un deterioro rápido y sostenido de estas libertades, un proceso que se ha intensificado en el último año, destaca el informe difundido este 25 de marzo.

Pese a observaciones y alertas de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., el gobierno de Noboa mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco»). Basado en la cooperación internacional, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias. En esa línea el discurso oficial subraya que no habrá tregua ni negociación con grupos delictivos, calificando las acciones como «limpieza» y fortalecimiento de la seguridad nacional. Esto también incluye según ha enfatizado Noboa la lucha contra el lavado de activos, utilizando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para golpear el financiamiento de las mafias, aunque en general estas operaciones son limitadas en relación al número de casos evidenciados. 

EL ESPECIO CÍVICO EN ECUADOR ESTÁ OBSTRUIDO SEGÚN EL MONITOR DE CIVICUS

La respuesta estatal, basada en la adopción de medidas excepcionales y la militarización de la seguridad pública, indica el reporte, ha derivado en la represión violenta de protestas pacíficas lideradas por pueblos indígenas. En septiembre y octubre de 2025, fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y letal de la fuerza, provocando la muerte de tres personas kichwas en Imbabura. 500 personas fueron heridas y más de 200 fueron detenidas de manera arbitraria.

Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 16 casos de desaparición forzada de corta duración en este episodio, así como interrupciones deliberadas de servicios de internet y telefonía móvil en varias localidades.

“El despliegue de fuerzas militares para contener la protesta social, acompañado de discursos como amenazas a la seguridad es desproporcionado y es una deriva peligrosa y represiva”, dijo Ana María Palacios, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor. “Este enfoque criminaliza a la sociedad civil y legitima la violencia contra comunidades que defienden sus derechos”.

⇒La calificación del espacio cívico de Ecuador como obstruido se asigna a países diferentes sectores sociales y están fuertemente atacados por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 39 países en el mundo se ubican en esta calificación.

De forma paralela -agrega el Monitor- autoridades públicas y ciertos medios de comunicación han impulsado narrativas que asocian a organizaciones indígenas y a las guardias comunitarias con el terrorismo y el crimen organizado, lo que refuerza su estigmatización. Al menos 61 líderes indígenas y personas defensoras del ambiente enfrentan investigaciones por delitos como terrorismo, financiamiento del terrorismo y enriquecimiento ilícito. En muchos casos han sido vinculadas al paro nacional de 31 días contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó los precios en más de un 50%. Desde 2025, este patrón de criminalización se ha profundizado, con más de 200 liderazgos sociales investigados o procesados en distintas provincias, alerta el informe.

El derecho a la libertad de asociación también enfrenta crecientes restricciones. La legislación adoptada en 2025, incluida la llamada Ley de Transparencia Social, amplía de manera significativa las facultades de control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras medidas, «impone obligaciones de reporte excesivas, habilita el congelamiento de cuentas bancarias y limita la acción de organizaciones que legítimamente se oponen a proyectos extractivos aprobados por el Estado. Aunque existen acciones de inconstitucionalidad en trámite, la normativa sigue vigente y en aplicación».

Desde septiembre de 2025, diversas organizaciones han sido objeto de bloqueos arbitrarios de sus cuentas bancarias en el marco de investigaciones de la UAFE basadas en información confidencial a la que no tienen acceso ni posibilidad de impugnación, lo que vulnera garantías básicas de debido proceso. En diciembre de 2025, Human Rights Watch alertó que estas acciones ya afectaban gravemente la capacidad operativa de la sociedad civil.

Libertad de expresión atenazada

Las restricciones a la libertad de expresión también se han intensificado. Al menos cinco periodistas fueron asesinados en 2025. El 20 de noviembre , el periodista Robinson del Pezo fue asesinado en La Libertad (provincia de Santa Elena) tras publicar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción local. Durante el paro nacional de 2025, organizaciones de prensa documentaron 55 ataques contra periodistas en al menos cinco provincias. A ello se suma la suspensión de emisoras de radio, la paralización de los procesos de asignación de frecuencias y el uso de mecanismos regulatorios que afectan la sostenibilidad de medios independientes.

Estos hechos se producen en un escenario de debilitamiento de la independencia judicial y aumento de la violencia contra operadores de justicia. El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) ha documentado injerencias políticas, corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 40 ataques contra funcionarios judiciales, incluidos los asesinatos de 12 fiscales y tres jueces.

⇒La Lista de Vigilancia es publicada por CIVICUS Monitor, una plataforma digital que monitorea las libertades cívicas -como las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica- en 198 países y territorios. Las calificaciones del espacio cívico son: «cerrado», «represivo», «obstruido», «estrecho» o «abierto», según una metodología basada en múltiples fuentes de datos. Más de veinte organizaciones contribuyen con evidencias y análisis con el objetivo de respaldar acciones globales en defensa del espacio cívico.

“El sistema de justicia, incluida la Corte Constitucional, ha sido objeto de presiones indebidas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, afirmó Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. “Jueces y autoridades encargadas de la administración judicial enfrentan niveles alarmantes de interferencia política. La ciudadanía ecuatoriana ya ha demostrado su compromiso con la defensa del orden constitucional, incluso mediante el referéndum de noviembre de 2025. Hoy espera que las instituciones respeten su voluntad y garanticen los derechos consagrados en la Constitución”, agregó.

El agravamiento de la situación ha encendido alertas a nivel internacional. Una misión de observación de derechos humanos integrada por organizaciones globales y regionales advirtió recientemente que Ecuador atraviesa un deterioro acelerado y enfrenta un alto riesgo de consolidar un entorno aún más restrictivo para las libertades cívicas si no se adoptan medidas urgentes para revertir este curso.

El contexto: Deterioro generalizado en toda la región

La sociedad civil se enfrentó a una dura prueba en 2025, debido al retroceso generalizado de las libertades cívicas en todo el continente americano. La mayoría de la población vive ahora en entornos con espacios cívicos restringidos (alrededor del 60%), mientras que otro 30% se encuentra expuesto a las peores condiciones: espacios cívicos cerrados o reprimidos. De 35 países, el espacio cívico se considera cerrado en tres, reprimido en siete, restringido en seis, limitado en nueve y abierto en diez.

En medio de este declive, las democracias de larga tradición muestran signos de un rápido giro autoritario, caracterizado por el debilitamiento del Estado de derecho y las crecientes restricciones a la sociedad civil independiente. Argentina y Estados Unidos ejemplifican esta tendencia.

Estados Unidos figuró dos veces en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, que alerta sobre países que experimentan un rápido declive en las libertades cívicas, en 2025. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de 2025, su calificación pasó de un espacio cívico restringido a uno obstruido. Trump emitió órdenes ejecutivas sin precedentes diseñadas para desmantelar las instituciones democráticas, la cooperación global y la justicia internacional. Las autoridades adoptaron una respuesta militarizada a las protestas masivas provocadas por operaciones federales agresivas y racistas dirigidas contra las comunidades migrantes.

La Fiscalía General procesó este martes 17 de marzo a 60 personas por el presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros, en el sector de Yutzupino, en el cantón Tena, en la provincia de Napo. La indagación de este caso empezó hace más de tres años, en 2022. Las pruebas recopiladas evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público. Esto en medio de la inacción y complicidad de las autoridades de control, seccionales y habitantes que también se beneficiaron de estas actividades criminales. En febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.

Redacción Código Vidrio

Durante la audiencia de formulación de cargos, que se extendió por más de dieciséis horas continuas, el fiscal de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza presentó elementos de convicción, tanto individuales como comunes, que sustentan el inicio de la instrucción fiscal, fijada en noventa días en contra de los 60 involucrados.

Entre los setenta y dos elementos comunes expuestos consta un informe ejecutivo sobre las actividades de minería ilegal en Yutzupino. Este documento recoge hallazgos obtenidos con sobrevuelos con drones, que evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público, “ejecutado de forma antitécnica y sin los permisos correspondientes”, precisó el Fiscal a cargo del caso.

En vista del descomunal daño ambiental y la contaminación de las fuentes hídricas sin precedentes, el 2 de febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.

La Fiscalía incorporó versiones recabadas durante la investigación previa. Un dirigente comunitario señaló: “fue indignante ver la invasión de más de ochenta excavadoras que venían de distintas partes del país, incluidos operadores locales, que se apoderaban del territorio y dominaban comunidades para fomentar actividades ilícitas”.

Una dirigente indígena indicó que “las comunidades obtenían beneficios económicos por permitir el ingreso de maquinaria”. En otro relato, un agente turístico dijo que el incremento de maquinaria y personas en la zona fue progresivo y que colectivos ambientales monitoreaban el sector cada 48 horas, reportando la contaminación de los ríos, en medio del silencio e inacción de las autoridades de control, desde 2019.

Mercurio, aluminio, hierro… en los ríos

El informe pericial de microscopía electrónica de barrido determinó que las muestras de agua tomadas en los ríos afectados contienen mercurio, aluminio, silicio, hierro, oro y plata.

Los sesenta procesados, con edades entre 25 y 70 años, quedaron sujetos a medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Además, se dispuso la prohibición de enajenar la maquinaria y su retención.

En el marco de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (hoy Comité Nacional de Integridad del Sector Minero), se identificó la presencia de cerca de 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la explotación ilícita de recursos mineros en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu, en zonas de bosque nativo.

Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.

El 12 de febrero de 2022, el Estado ecuatoriano movilizó a más de 1.000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.

Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron cuarenta y dos allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado.

Durante su intervención, el Fiscal señaló que, tras la acción estatal, los involucrados habrían intentado mover maquinaria y otros indicios vinculantes para evadir las acciones de control.

El narco serbio Jezdimir Srdan decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la  Fiscalía en el proceso por presunta delincuencia organizada. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión. En este caso la fiscal Janneth Cueva pedirá que sean llevados a juicio nueve procesados en una audiencia prevista para abril.

Redacción Código Vidrio

El narcotraficante serbio Jezdimir Srdan entró en un callejón sin salida. Ante las pruebas abundantes de diferentes organismos policiales, dentro y fuera del país, en el juicio que enfrenta por delincuencia organizada, decidió acogerse a un procedimiento de cooperación eficaz con la Fiscalía. Así busca negociar una reducción de su pena que en su caso puede llegar a diez años de prisión.

Para acceder a este beneficio Srdan deberá aportar nuevos elementos y evidencias que le permitan a la Fiscalía identificar a más integrantes de esta red criminal, que operaba para un clan de la mafia serbia. Entre 2019 y 2021 este grupo envió desde Ecuador unas 10 toneladas de cocaína hacia países europeos.

En este caso, la fiscal Janneth Cueva presentó, el 26 de febrero pasado, un dictamen abstentivo para siete involucrados más. Emitió este pronunciamiento -según afirmó- por falta de evidencias que prueben la participación de los siete de forma permanente y reiterativa en las once materialidades (hechos delictivos), que la Policía Antidrogas de Ecuador descubrió para pedir el inicio de la indagación, el año pasado. Si bien los siete intervinieron en tareas logísticas y están pagando penas por narcotráfico, no tenían ninguna comunicación sistemática con los nueve integrantes de la organización que siguen procesados, recalcó la fiscal, cuyo dictamen fue examinado y pasó el control interno que determinó su legalidad y argumentación jurídica.

En entrevista con Código Vidrio, la fiscal Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT (10), dijo que durante su última versión en este caso, Srdan aceptó su responsabilidad y reconoció la veracidad de los miles de mensajes que mantuvo, a través de la plataforma SKY, para coordinar el envío de cocaína desde varios puertos de Guayaquil.

Esos chats fueron desencriptados por la Policía de Francia, luego de acceder a unos códigos que agentes de Ecuador les remitieron para descifrar las identidades de los miembros de la organización.

Esencialmente, el líder de ese clan serbio en Ecuador habría aceptado su participación y asumió su responsabilidad en los hechos, por lo cual le pidió a la fiscal acogerse a una cooperación eficaz, que le permita acceder a una reducción de su pena. Esta colaboración está facultada por el Código Integral Penal, vigente en la época cuando ocurrió el delito, entre 2019 y 2022, siempre y cuando aporte con pruebas sólidas para la investigación.

El serbio aún no ha formalizado el pedido de cooperación, porque no se ha comunicado con su abogado, que no ha podido ingresar al centro de rehabilitación donde está preso, indicó la fiscal Cueva.

Por ese motivo aún no puede iniciar el trámite para acogerse a una rebaja de penas, si llega a un acuerdo de cooperación voluntaria con la Fiscalía. Este procedimiento pasa por un control constitucional y aprobación del juez de la causa.

 Si el juez acepta la cooperación el serbio recibiría un beneficio con la reducción de una tercera parte de su pena, que estaba vigente cuando cometió el delito. Para entonces la condena era de 7 a 10 años de privación de libertad para los líderes o cabecillas. No fue hasta las reformas de 2024 que estas penas se incrementaron drásticamente a rangos de 22 a 26 años.

Las investigaciones de la organización que lideraba el serbio desembocaron en tres procesos: narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.

El caso más reciente, que alertó los alcances del serbio para presionar a las autoridades y lograr favores en la justicia salió a la luz en noviembre pasado, cuando Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de activos por un tribunal anticorrupción, del que era parte el juez Carlos Serrano. Él denunció que semanas antes fue presionado por el entonces director provincial del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, para fallar a favor del serbio. Este episodio también provocó la destitución del presidente del organismo, Mario Godoy, y la renuncia de Serrano, que abandonó el país, por amenazas contra su vida.

La fiscal pedirá llamar a juicio a nueve implicados 

Entre tanto, la fiscal Janeth Cueva, que asumió la dirección de la investigación en diciembre, había avanzado con la instrucción fiscal por delincuencia organizada vinculando a cuatro personas más. Y los días siguientes emitió un dictamen abstentivo a favor de siete implicados, todos del nivel logístico, con excepción del propietario de una empresa empacadora de atún para exportación. Los beneficiados de esa decisión, avalada por el juez Sebastián Cornejo, son Luis Elisaul L. P., Gabriel Francisco P. V., Ramón Alonso Z. R., Darwin Javier T. A., Miguel Fernando F. V., William Andrés T. L. y Miguel Ángel A. O.

Los agentes Antinarcóticos que participaron en la investigación no estuvieren de acuerdo con el dictamen abstentivo de Miguel A. No obstante, según la Fiscal en ningún chat, informe o versión, se identifica la participación de Miguel A. con su identidad; solo se interpreta que corresponde a un alias o sobrenombre, lo cual no es suficiente para atribuirle su participación en este delito. «Acusarlo sin suficientes elementos probatorios implicaría una vulneración de sus derechos», recalca Cueva.

La siguiente etapa en este caso es la audiencia preparatoria, en la cual la fiscal pedirá que sean llamados a juicio nueve acusados. Esa diligencia se realizará a fines de abril próximo.

ENTREVISTA ◊ La embajadora de la Unión Europea en Ecuador, Jekaterina Doródnova, vaticina un escenario cada vez más complejo en la lucha contra el crimen organizado que sigue creciendo a nivel global, con una repercusión directa por el aumento de los envíos de cocaína desde Ecuador. No obstante, asegura que la cooperación internacional y la coordinación han mejorado y son claves para enfrentar a las organizaciones delictivas.

Destaca que la corrupción en algunas entidades estatales es un obstáculo para que los proyectos financiados por la UE, que llegan a 30 millones de euros, tengan más impacto, pero que hay esfuerzos importantes desde el gobierno para enfrentarla.

Para Doródnova, la respuesta al fenómeno criminal necesita de un enfoque integral, no solo militar, con el soporte de proyectos sociales y económicos, de apoyo a las instituciones, sostenidos a largo plazo. Un ejemplo es la reciente inauguración del Centro de Fusión de información en Guayaquil, financiado con fondos europeos.  

Por Arturo Torres
@Cascabelito09

–¿Por qué es tan importante para la Unión Europea cooperar con Ecuador, especialmente en el campo de la seguridad y el lavado de activos?
-La Unión Europea está sufriendo también por todo lo que está pasando en Ecuador. Nosotros recibimos cada vez más cocaína y la mayor parte de esta droga, que entra a nuestros países pasa, por los puertos de Ecuador. Esto lo sabemos, estamos empeñados a colaborar con las instituciones ecuatorianas, con el gobierno. Porque por supuesto nos interesa disminuir el narcotráfico, bajar la cantidad de droga que ingresa por nuestros puertos. Porque es cuestión de seguridad también para nosotros, de la salud pública de nuestras sociedades. Y desde el punto de vista del interés puro y duro de la UE, tenemos que ayudar a Ecuador, tenemos que trabajar trascendiendo fronteras para ser más fuertes frente a estas mafias.

-¿Es decir que hay un énfasis en una estrategia transnacional?-
Sí. Porque las mafias son internacionales, hay operadores europeos también en estas redes. Así que tenemos que juntar esfuerzos, ha-cer investigaciones y operaciones conjuntas, intercambiar datos, información para hacer frente a este fenómeno, que nos afecta a todos.

-Hasta ahora, el gobierno ha puesto énfasis en el tema punitivo, militar y policial, para enfrentar la inseguridad. Todavía no ha priorizado, con esa misma intensidad, el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario, la disminución de la pobreza estructural en los barrios controlados por las bandas... No hay en este caso una estrategia integral. Por la experiencia que usted ha tenido en el cargo, ¿cuáles cree que deberían ser los abordajes y la focalización del poyo de la UE, que ya suma más de 30 millones de euros?
-Claro, la respuesta al fenómeno criminal necesita de un enfoque integral, esto está clarísimo. Y nosotros hemos analizado aquí en profundidad la situación desde todos los puntos de vista. Hemos hecho un análisis técnico con nuestros expertos de cómo es la situación en Ecuador desde el punto de vista, por ejemplo, de la institucionalidad. Y hemos concluido que la institucionalidad es débil. Hemos analizado las causas estructurales del fenómeno y también hemos visto que hay insuficiente, digamos, estructura para la integración de los jóvenes, que fácilmente caen en las manos del crimen organizado. Y en eso también estamos trabajando.

-¿Otro problema grave, que impide una lucha eficaz contra el crimen organizado, es la corrupción?-
-Sí. Hemos detectado altos niveles de corrupción, lo sabemos, el gobierno también lo sabe y está actuando. Hay altos niveles de contaminación institucional, especialmente en los puertos, lo cual ocurre también en otros países. Por eso, los ejes principales de nuestra cooperación son: seguridad portuaria, intercambio de inteligencia, el tema penitenciario, porque usted sabe mejor que yo que los centros penitenciarios se han vuelto centros de mando del crimen organizado. Además apoyamos al abordaje de temas estructurales, como frenar el reclutamiento de los jóvenes.

-¿Y en el campo de capacitación, dónde están apoyando?
-Nos estamos empeñando mucho en capacitar a funcionarios de las instituciones clave. Y ayudar a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a sus unidades especializadas, a UAFE, al Consejo de Judicatura, al sistema penitenciario, a las municipalidades, también a fortalecer sus capacidades y a coordinarse mejor.

La actual Embajadora de la Unión Europea en Ecuador es Jekaterina Doródnova, quien asumió funciones en septiembre de 2024. Ha destacado por su trabajo en seguridad, cooperación bilateral y fortalecimiento de relaciones comerciales. Tiene más de
veinte años de experiencia en las relaciones exteriores de la UE: cinco han sido
trabajando con los países de América Latina y el Caribe.

-Entiendo que como parte de los acuerdos también hay un componente regional porque el impacto del crimen es transnacional.
-Así es, aparte de toda la cooperación bilateral que tenemos con Ecuador, tenemos también programas regionales, que impulsan intercambios a nivel de América del Sur y el Caribe, porque la región entera está afectada por estas redes criminales. Otro eje importante como contraparte es el del lavado de activos.

-En lavado de activos, ¿hay algún apoyo en capacitación?
-Sí, es el componente uno de nuestro programa Serpaz, que es central, de cooperación bilateral con el Ecuador. Quiere decir seguridad, esperanza y resiliencia para la paz. Es un nombre que refleja los objetivos que queremos alcanzar. Y ese programa tiene cuatro componentes. El primero está enfocado en el lavado de activos. Y ahí trabajamos con las instituciones del Estado. He mencionado a UAFE, pero también entra el Consejo de Judicatura y el poder judicial, con capacitación para identificar y desmantelar las estructuras económicas con investigaciones financieras sólidas. También están los componentes de seguridad penitenciaria, seguridad portuaria, y prevención de reclutamiento a jóvenes articulado con las instituciones del Estado y socios del sector privado y de la sociedad civil.

¿Cómo se ejecuta esto en términos concretos?
-La cooperación europea se caracteriza por la entrega de asistencia técnica, que incluye capacitaciones, expertos europeos y talleres de intercambio de experiencia.

–Ecuador enfrenta un problema de corrupción sistémica, que ha permeado a todas las instituciones, sobre todo las de control y fuerza pública. Esto les ha permitido a las redes criminales, a través de sus operadores del sector público, boicotear cualquier iniciativa importante para golpear al crimen organizado. ¿Ustedes como cooperantes han tomado en cuenta que si no se erradica o frena la corrupción, su apoyo resultaría infructuoso, y tendría poco impacto?    
-Sí, es un gran obstáculo, por supuesto, y nosotros también estamos trabajando con el gobierno en este sentido, siempre destacando la importancia de combatir la corrupción. Esto no se hace de un día para otro. Estamos muy conscientes de este fenómeno de la contaminación de los puertos, pero ese es sobre todo un trabajo interno de Ecuador. Podemos ofrecer toda nuestra experiencia, expertos, herramientas y metodologías para enfrentar la corrupción, que se remonta a muchos años atrás. También estamos muy comprometidos con el fortalecimiento institucional. Estamos trabajando con las entidades del gobierno para ayudar a mejorarlas. No tenemos ahora mismo otra opción. También creo que el gobierno está muy consciente de la problemática de la corrupción y está haciendo grandes esfuerzos que apoyamos. En el tema de lavado de activos, la UAFE trabaja con diferentes contrapartes, tiene una alta carga de trabajo que por consecuencia hace que necesite más recursos.

-En general hay observaciones a la capacidad real y eficacia del control del lavado, con demasiada carga en la UAFE.
-El componente 1 de SERPAZ trabaja con todos los actores y las instituciones del CONCLAFT para un fortalecimiento sistémico. Para un control efectivo del lavado de activos se necesita la participación y coordinación de, al menos, una docena de instituciones, además de la UAFE. Porque al final todas estas problemáticas son como la democracia, es un tema de contrapesos. Siempre hay socios complementarios como sería el SRI. Es decir, ese es el enfoque integral en todas las áreas de cooperación.

–¿Hay algún mecanismo de rendición de cuentas del gobierno como receptor de ayuda económica o de capacitación, con resultados concretos, medibles? Por ejemplo, si hay un problema recurrente de corrupción en los puertos, un patrón,  ustedes no pueden sugerir la aplicación de protocolos que deben aplicar las autoridades de control, como pruebas de confianza constantes, por ejemplo?
-Sobre la base de un programa de cooperación hay evaluaciones que se realizan al final de los convenios. Lo que he descrito es una nueva generación de proyectos que arrancó en el 2024. Entonces, por ejemplo, uno de estos proyectos termina su primera fase este año, y ahí obviamente en los mecanismos internos de los programas de cooperación existen mecanismos de evaluación. Ahí se pueden pedir justamente estas cifras comparativas y hacer recomendaciones.

-¿Pero en las actuales circunstancias no es el momento de replantear ese enfoque porque vivimos una situación estructural de criminalidad y violencia sin precedentes. Además las incautaciones en puertos de destino aumentaron en la UE y en puertos de Ecuador disminuyeron?
–El aspecto estructural de las drogas, del narcotráfico, es un problema compartido. Nosotros creemos que nuestra cooperación es parte de nuestra corresponsabilidad. Cuando nosotros iniciamos con el tema penitenciario fue a pedido del Gobierno y la Unión Europea lideró esta causa con su estado miembro Italia. Es otro proyecto que ejecutamos entre el 2022 y 2024. Y el resultado concreto fue que el nivel de los asesinatos en los centros penitenciarios había bajado, a un 17%.

–¿Desde el 21 cuando se desataron las matanzas?
–Exactamente. Entonces, nuestra respuesta fue rápida y fue, bueno, como equipo Europa, involucrando a nuestros estados miembros, a su experiencia, a sus expertos, trabajando mano a mano con el gobierno de Ecuador. Aunque este tipo de resultado es muy difícil medir si hubo una disminución del 17% en los homicidios los últimos años en los centros. Hay aspectos muy internos en los cuales nosotros, como actores externos, no podemos interferir, pero hemos apoyado en todo lo que hemos podido, con toda nuestra experiencia.

–Claro, y también la responsabilidad principal es del Gobierno.
-Y hay tareas puramente nacionales del gobierno de Ecuador que tiene que enfrentar. Pero cuando solicita Ecuador esa cooperación en un sector tan sensible, tan delicado, tan importante, que también es de nuestro interés, nosotros intervenimos.

-¿Existe un seguimiento del proceso de lo que está pasando dentro de las cárceles, aparte de los homicidios? Porque lo que hemos visto es, en cambio, que aumentaron las torturas y maltratos, la salud se deterioró. Hay muchos más casos de tuberculosis, muertes por enfermedades crónicas?
-Lo que está pasando en los otros centros penitenciarios sigue siendo más o menos el modelo de gobernanza criminal, no ha cambiado en varias cárceles. Entendemos que el modelo en el que se están cambiando esas lógicas de crisis es la cárcel de El Encuentro. Pero precisamente desde 2022 estamos trabajando a fondo en las cárceles, somos la única cooperación internacional que está abordando los problemas penitenciarios de manera bilateral y continua hace cuatro años. Nuestro énfasis es en seguridad e inteligencia penitenciaria.

¿Pero en estos otros problemas por el deterioro de la salud, malos tratos, torturas denunciadas por derechos humanos, ustedes están haciendo algún seguimiento, aún existe el apoyo de la UE?
-Tenemos la segunda fase que se ve reflejada en el componente número 2 del programa SERPAZ, el cuál arrancamos oficialmente en julio del año pasado. Estamos abordando la problemática de los centros penitenciarios en el Ecuador tomando en cuenta el enfoque de Derechos Humanos.

¿Cuáles son las prioridades de la cooperación de la UE con Ecuador?
-Una de ellas es el Centro de Fusión de Inteligencia. Nuestra cooperación se enfoca en planificación a largo plazo para que a nivel nacional luego el Gobierno pueda seguir avanzando de manera sostenible. El objetivo final de la cooperación internacional es que al final el Estado asuma totalmente esas competencias. Francia está liderando este centro de fusión, Bélgica nos brindó un experto de su policía federal, Portugal un experto de su policía judicial.

-¿Hasta dónde llegó el apoyo de la UE para la operatividad del centro?
-Total. Así que, este centro lo establecimos completamente con fondos de la UE, pagamos las instalaciones, el software, los ordenadores, los expertos, su estancia, la seguridad del centro. Pero, a largo plazo, queremos que ese complejo de acopio y procesamiento de información sea del gobierno, que sea puramente ecuatoriano, porque ahí están sentados, coordinando, intercambiando datos las Fuerzas Armadas, Antinarcóticos, el Ministerio del Interior. Están todas esas autoridades de seguridad de Guayaquil sentadas en la misma mesa, hablando, coordinando, integrando datos para luego hacer operativos en tiempo real. Nosotros también accedemos a esa información, para ayudar en las incautaciones, en las investigaciones y operativos. Por eso, yo creo que este centro que hemos impulsado es estratégico para el estado ecuatoriano.

-Vuelvo a lo de los puertos y el tema que es un interés fundamental para la Unión Europea porque se volvió el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador. ¿Qué escenario prevén ustedes porque todas las previsiones indican que la demanda y producción seguirán aumentando, hay nuevos mercados, no solo el europeo sino asiático, Australia, Rusia?
-Bueno, nosotros nos damos cuenta de que la capacidad operativa del crimen organizado es muy alta y ha aumentando. Tenemos que ser más eficaces, más rápidos. La tendencia es que aumentarán los intentos de contaminar las exportaciones del narcotráfico desde Ecuador. Y creo también que una mejor cooperación internacional, cuyos frutos ya se ven reflejados en las investigaciones, producirá en el futuro más incautaciones. Y sí, se espera el envío de más cantidades de drogas, de nuevas rutas, y metodologías, de las operaciones criminales. Entonces, el panorama no se presenta muy optimista. Por eso, justamente, tenemos que aumentar nuestros esfuerzos.

-Porque lo que se prevé, además, según este índice mundial del crimen organizado, es que no va a crecer, lo que más van a crecer son los delitos financieros y cibernéticos. Y me preocupa porque hacia allá están yendo estas organizaciones delictivas transnacionales. Tienen las facilidades en que los sistemas financieros de control son débiles para detectar inversiones de criptomonedas del crimen organizado. No hay información, un mapeo, no tienen un diagnóstico.
-Pero quizás otros países tienen datos. Por eso es tan importante cooperar. Quizás Colombia, quizás Perú, que enfrentan la misma problemática que Ecuador.Y en el Ecuador tenemos un programa que aborda justamente el tema de delitos cibernéticos, fue inaugurado hace dos semanas, por lo que se prevé un programa de interoperabilidad digital cuya contraparte es el MINTE. En el componente de delitos, digamos, cibernéticos está el Ministerio del Interior directamente, con cooperación de España y Estonia, la Academia de Gobernabilidad Digital.

-Al analizar el énfasis de la cooperación internacional se ve claramente dos enfoques: uno que es liderado por EE.UU. en el campo más táctico, en incautaciones y persecución de los criminales y otro de la UE, con mayor peso en la capacitación y fortalecimiento institucional, en la prevención.  
–Si, nuestro enfoque es más colaborativo entre varios actores de de inteligencia. Por eso nuestro interés en financiar la creación del centro de fusión que ya está operando. Hay una diferencia marcada.

-Claro eso también es evidente y notorio en el nombre que ustedes le han puesto a su principal proyecto Serpaz, diferente al enfoque del gobierno, que se podría llamar Serguerra donde quienes delinquen son encasillados como los enemigos a ser eliminados, encerrados si es posible de por vida, no rehabilitados.       
-Estamos manteniendo conversaciones sobre todos estos temas con diferentes instituciones y autoridades del gobierno. Abordando el tema del uso de la prisión preventiva, estamos presentando experiencias europeas en esta materia, en ese sentido nuestros expertos han identificado que aquí en Ecuador su aplicación es bastante amplia. Para nosotros debería ser el último recurso. Pero esas son decisiones y temas que debe discutirlas el Estado, el poder judicial. Nosotros nos limitamos a apoyar con la mayor cantidad de insumos y expertis posible.

El caso contra 9 procesados continúa en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La Fiscalía asegura que, de oficio, hizo un control jurídico de las resoluciones adoptadas por la fiscal Janeth Cueva, de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT 10.  que desembocaron en un dictamen que absolvió de culpa a siete procesados en una caso de delincuencia organizada contra la organización liderada por el narco serbio Jezdimir Srdan. La Fiscal ha sido cuestionada por ese fallo que implicó que el juez exculpe a los 7 implicados.

Redacción Código Vidrio

La Fiscalía General del Estado (FGE) se pronunció en relación al proceso por delincuencia organizada, que involucra al serbio Jezdimir Srdan. El pronunciamiento institucional respalda la decisión de la agente fiscal, Janeth Cueva, quien está a cargo del expediente. El 26 de febrero, la funcionaria emitió un dictamen abstentivo. En él, se inhibe de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso, lo cual ha generado preocupación entre organismos internacionales de cooperación antidrogas y agentes, a cargo de la investigación.

“La decisión de la agente fiscal del caso se sustenta en un análisis objetivo, técnico y jurídico de los elementos de cargo y de descargo que constan en el expediente”, aseguró la FGE, a través de un comunicado difundido en sus redes y plataformas sociales.

La Fiscalía aseguró, además, haber efectuado “el correspondiente control jurídico”, de oficio, a las actuaciones de la agente fiscal. En ese proceso de control se verificó que éstas “se ajustan estrictamente a lo dispuesto en la normativa legal vigente, sin que se haya identificado ningún tipo de irregularidad en su proceder”.

En su comunicado la FGE explicó que las 7 personas fueron procesadas con base en el artículo 369 del Código Integral Penal (COIP), “vigente a la fecha de los hechos”, que se remiten al año 2020. Éste establece una pena de 5 a 7 años de privación de libertad para quienes participen en calidad de colaboradores, en el delito de delincuencia organizada.

Según la institución, el proceso penal continúa con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra otras 9 personas, procesadas por el mismo delito.

Y según su comunicado, la FGE calificó como “intentos de desacreditar la labor que desarrolla en su lucha contra el crimen organizado”. Enfatizó, al tiempo, que rechaza esos intentos.

Desde diciembre pasado el fiscal general, Carlos Leonardo Alarcón, cambió a los fiscales de las unidades especiales que investigan casos de delincuencia transnacional y lavado de activos, que tenían varios años en funciones. Fueron reemplazados por funcionarios especializados en otras áreas como tránsito, género y soluciones rápidas. Al referirse a los motivos de los cambios el fiscal Alarcón dijo, en entrevista con este medio: «Lo que buscamos es un oxigenamiento de la institución. En este contexto, a los compañeros fiscales que estaban ya más de cinco años en las mismas unidades era importante desde mi perspectiva que tegan la oportunidad de estar en otras unidades, donde pueden aportar con todo su conocimiento. Y estas fiscalías especializadas son a nivel nacional. Llevan casos de alto impacto. En este contexto existen también otros compañeros que tienen mucha experiencia y probidad para trabajar en estas unidades. Incluso hemos fortalecido y creado otra unidad especializada más».

Tres años de investigación

La red de envío de drogas hacia Europa a través de cargamentos de productos de exportación contaminados en puertos, liderada por un clan serbio, es investigada desde hace 3 años entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores sostienen que el grupo delincuencial es responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2020. Por este caso se abrieron tres juicios: por narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.

El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Gracias a su investigación lograron desarticular la red de envío de drogas hacia diferentes puertos en naciones europeas, en contenedores con frutas y productos de mar, que contaminaban con cocaína.

A fines de 2025, el expediente vinculaba a 12 personas. En diciembre, a pocos días de asumir el despacho de la unidad fiscal que investiga delitos transnacionales, la agente fiscal vinculó a otras 4 personas al proceso. A fines febrero, emitió el dictamen abstentivo contra 7 personas. El proceso continúa contra otros 9 procesados.

La Corte Constitucional declaró la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, a manos de una patrulla de la Fuerza Aérea en Guayaquil, en diciembre de 2024. Once soldados fueron condenados a 34 años de cárcel y cinco más a tres años por cooperar con la investigación.  Para el organismo lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos. En representación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el Comandante de la FAE deberá disculparse públicamente en una cadena nacional. Los familiares deberán ser indemnizados por el Gobierno.  

Redacción Cóódigo Vidrio

La Corte Constitucional fue tajante. Declaró en una sentencia, sin predecentes, que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son las responsables de la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida en Guayaquil en diciembre de 2024.

Este delito de lesa humanidad ocurrió en el contexto del conflicto interno armado decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, para enfrentar a 22 organizaciones narcoterroristas, que continúa, a pesar de que el crimen organizado y la delincuencia han aumentado por la fragmentación y empoderamiento de los grupos delictivos.

Con esta sentencia, emitida este martes 10 de marzo, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación que negó una acción de hábeas corpus presentada en favor de los cuatro niños desaparecidos en diciembre de 2024 en Guayaquil. La defensa de los familiares de los niños de Las Malvinas había presentado este recurso después de que el 19 de mayo de 2025 el Tribunal Penal de la Corte de Guayas había revocado un Hábeas Corpus -una medida de protección constitucional paralela al proceso penal- que declaró la desaparición forzada de los menores. El caso finalmente tuvo su condena en la justicia ordinaria en diciembre 2025. 11 militares fueron sentenciados por un tribunal a 34 años de prisión por desaparición forzada, y a cinco más a tres años de encierro, por haber colaborado con la investigación.

La Corte Constitucional determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder oportunamente a las pretensiones de las familias de los menores.

Los niños, según los jueces constitucionales, fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares. Sin embargo, el Gobinero no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero. Con base en estos elementos, la Corte declaró en el ámbito constitucional que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada.

Disculpas públicas del Comandante de las FAE

Entre las medidas de reparación integral, la sentencia ordenó la realización de un acto público dereconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado. Este deberá ser efectuado por el comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauro Salazar, en el lugar que determinen los familiares de las víctimas y con difusión pública nacional, de acuerdo con el siguiente texto: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”.

Cuando la desaparición de los menores se supo por denuncia de los familiares en varios medios de comunicación, con el apoyo directo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, tanto el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, como los entonces jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, y ministro de Gobierno, José de la Gasca, minimizaron la desaparición y dijeron que se trataba de una campaña para desprestigiar al Régimen insinuando que el crimen fue cometido por una banda delictiva. José de la Gasca, dijo que no se puede hablar de un crimen de Estado. «Las investigaciones están en curso (…). Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas (…). Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad», dijo De la Gasca, quien hoy es uno de los candidatos  a fiscal general.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas de la Fuerza Aérea, subordinadas al Ministerio de Defensa,  privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, a los cuatro menosres; “los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad”, destacó la Corte. “El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación”, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Estas medidas, según la Corte,  buscan contribuir al derecho a la verdad, preservar la memoria y fortalecer las garantías de no repetición. Lo dispuesto en la sentencia no sustituye las  competencias de la justicia penal para determinar responsabilidades individuales.

Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron desaparecidos y luego asesinados en diciembre de 2024

Este tribunal reconoce que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana. “Frente a hechos de esta naturaleza, existe la obligación de esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido, como condición indispensable para garantizar la no repetición”.

Las disculpas del Ministro Loffredo

Según la Corte, el ofrecimiento de disculpas públicas debe valorarse como un “elemento preponderante” la opinión que tengan las víctimas o sus familiares respecto a la manera en que estas deban de llevarse a cabo. Esto, porque las disculpas públicas tienen el objetivo de “responder de la manera más humana posible a la necesidad de las víctimas y sus familiares de aliviar el sufrimiento experimentado”.

Sin embargo, en la presente causa, la Corte anota que, debido a la ejecución de la sentencia de primera instancia, ya se hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad del ministro Loffredo. “Si bien el ministro de Defensa “cumplió” formalmente con la disposición, aprovechó el momento para negar la participación de las Fuerzas Armadas –pese a que no se había concluido la investigación – y amedrentar a la jueza de la Unidad Judicial indicándole “llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación […] no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas.”

Estos hechos quedaron registrados en la cadena nacional de Gian Carlo Loffredo, el 6 de enero de 2025. Esta respuesta también mereció el reproche de los accionantes del recurso y de organizaciones como Amnistía Internacional, la cual compareció en la presente causa como amicus curiae.

En esta línea, a criterio de la Corte, “la conducta demostrada por el ministro de Defensa distorsionó por completo el sentido las disculpas públicas y constituyó una nueva forma de revictimización a los familiares de los niños. El acto de disculpa públicas identificado no honró a las víctimas, ni señaló la importancia de restaurar el respeto por ellas a fin de reconocer su dignidad.

Un nuevo acto de reconocimiento de responsabilidad, entonces, debe tomar en cuenta que los accionantes han aclamado su necesidad de recibir una explicación que satisfaga su derecho a la verdad como víctimas indirectas de la desaparición forzada de sus hijos. En igual sentido, como ha quedado demostrado del análisis realizado en la presente decisión, las entidades del ámbito militar han fallado en proporcionar una explicación convincente sobre los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024, concluye el fallo de la Corte.

El juez anticorrupción Sebastián Cornejo emitió un auto de sobreseimiento a favor de 7 de 16 procesados por delincuencia organizada, en el denominado caso Finiesterra, por pedido de la fiscal Janeth Cueva, quien está a cargo de la investigación desde hace tres meses. Los procesados absueltos son parte de una organización transnacional, liderada por el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por narcotráfico y lavado de activos. Este grupo fue desarticulado en septiembre pasado en una operación transnacional, que tomó tres años, coordinada entre la Policía y Fiscalía de Ecuador con agentes de Europol. Fuentes cercanas a la investigación mostraron su preocupación por la decisión porque, según las evidencias que constan en el juicio, todos los exculpados participaron en el transporte de la droga y contaminación de contenedores, así como en el uso de una empresa para exportar atún.   

Alianza Código Vidrio – Vistazo

El jueves 26 de febrero, a las cuatro de la tarde, la fiscal que investiga delitos transnacionales, Janeth Cueva, emitió un dictamen sorpresivo. En el documento se abstiene de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso de delincuencia organizada, que se sigue en contra de la estructura delictiva, liderada por el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Esta red es investigada desde hace 3 años entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores y la Fiscalía establecieron que el grupo delincuencial fue responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2021.

El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Se trata de una investigación de gran trascendencia, desarrollada por unidades especializadas de la Policía en cooperación internacional con unidades élite de la Europol, en particular, de Francia.

Gracias a esa investigación se logró desarticular la red de envío de drogas hacia diferentes puertos en naciones europeas, en contenedores con frutas y productos de mar, que contaminaban con cocaína. Para apuntalar su esquema de simulación financiera compraron y crearon empresas exportadoras de frutas y otros productos y emplearon mecanismos diversos de contaminación, con la colaboración de agentes y trabajadores en varios puertos de Guayaquil y otros países.

La fiscal Cueva quien es parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT 10, emitió su dictamen abstentivo pocos días antes del inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Jezdimir Srdan y otros 15 procesados en el caso de delincuencia organizada. Esta diligencia estaba prevista para el jueves 5 de marzo.

En noviembre pasado, Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Al conocer la condena, el serbio amenazó de muerte al entonces  juez Carlos Serrano, durante la audiencia telemática, que se trasnmitía en vivo. Los días siguientes la Policía le quitó su equipo de seguridad dejándolo en absoluta indefensión, aunque el nivel de riesgo de atentados contra su vida aumentó. Por ese motivo, Serrano abandonó el país el 15 de diciembre y renunció al cargo que siguió ejerciendo, hasta terminar el despacho de algunas causas pendientes. Precisamente, su dimisión acaba de ser aceptada por el Consejo Nacional de la Judicatura este sábado 7 de marzo.

       La  audiencia preparatoria es hoy

 Por pedido de la fiscal y de uno de los abogados defensores, la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada quedó prevista para hoy, lunes 9 de marzo, a las 08h30. De no presentarse incidentes debe empezar este día.

Poco después de recibir el dictamen abstentivo, el juez de la unidad anticorrupción Sebastián Cornejo emitió el auto de sobreseimiento a favor de los 7 procesados de los 16 involucrados. Esto ocurrió a inicios de marzo.

El proceso investigativo empezó en 2023. Para entonces, el fiscal que estuvo a cargo de la Unidot 10 era Galiano Balcázar, quien formalizó cargos inicialmente contra 12 personas, y lideró la investigación hasta fines de noviembre de 2025. Fue notificado con su relevo el 28 de noviembre, como parte de un proceso de renovación institucional.

Por esos mismos días varias oficinas de la Unidot fueron reestructuradas por decisión del flamante fiscal general Leonardo Alarcón. Él relevó en el cargo a su antecesor, Wilson Toainga, quien fue enviado a la unidad de Género en Machachi.

Como consecuencia, la mayoría de fiscales de la Unidot, con muchos años de experiencia y capacitación en investigación del crimen organizado transnacional, también fueron reemplazados y trasladados a otras dependencias dentro de la misma institución. El fiscal Alarcón justificó la decisión como una política de refrescamiento y relevo con fiscales con suficiente experiencia para investigaciones transnacionales.

La doctora Cueva se hizo cargo de Unidot 10 en diciembre pasado. A pocos días de asumir el despacho vinculó a 4 personas al expediente por delincuencia organizada, que hasta entonces tenía a 12 procesados. De este modo, el total de individuos vinculados subió a 16.

No obstante, el reciente dictamen abstentivo, de fines de febrero, redujo el número de procesados a 9. La fiscal tomó estas decisiones en tres meses, para lo cual debió revisar un voluminoso expediente, que tiene decenas de cuerpos, con miles de fojas, además de continuar con la sustanciación de otras causas.

Pero, ¿Quiénes son los favorecidos con esta decisión judicial y qué rol habían tenido en la estructura, según la investigación transnacional? Esta alianza lo revela a continuación.

Los siete que no irán a juicio

Los siete procesados que recibieron dictamen abstentivo de la fiscal Cueva y auto de sobreseimiento del juez anticorrupción pertenecen al círculo logístico de la red, según pudo conocer esta alianza a partir de la revisión del proceso y de entrevistas con los agentes que vienen investigando el caso por años. En suma, se trata de quienes transportaron los cargamentos con la droga escondida, o la ocultaron en los contenedores, desde los cuales fue enviada por el Pacífico hacia los puertos europeos.

A este grupo se suma un empresario, directivo de una empresa exportadora de atún en lata. La compañía fue usada por la estructura del serbio con el fin específico de enviar cocaína, según evidencian los documentos, chats, fotografías y otros elementos, incluidos en el juicio.

El argumento de Fiscal es que estas personas no intervinieron en todos y cada uno de los eventos que motivan el proceso penal por delincuencia organizada.

1. Luis L. Junto con otras dos personas, fue sorprendido por el control de cámaras en el puerto de Contecon contaminando un contenedor con ocho sacos de yute con franjas rosado, negro y celeste. Contenían 573 mil gramos de cocaína. El hecho ocurrió en mayo de 2020. En su defensa argumentó que ya fue procesado por narcotráfico.

Según el dictamen abstentivo, no participó en los diez eventos señalados en el proceso penal, sino solo en la contaminación con la droga.

2. Gabriel P. Fue uno de los tres empleados portuarios que fueron capturados cuando contaminaban el contenedor, en mayo de 2020.

Según el dictamen, no participó en todos los eventos señalados en el proceso.

3. Miguel F. El 3 de junio de 2020 fue sorprendido transportando un contenedor que tenía ocultos en el piso 423 mil grados de cocaína, con la inscripción ‘Holly’.

El argumento de la fiscal es que no participó en todos los eventos documentados en el juicio.

4. Darwin T. Se encontraba en el transporte (cabezal) que llevaba este contenedor.

Según el dictamen abstentivo ya fue sentenciado por este hecho en el caso por narcotráfico.

5. Ramón Z. Estaba en el vehículo pesado que transportaba el mencionado contenedor.

Según la Fiscal, no participó en la totalidad de los hechos señalados en el proceso.

6. William T. Conducía el furgón blanco con cajón de madera cubierto con carpa, en el cual se escondían 474 mil gramos. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 2020.

Según el dictamen, no participó en todos los eventos señalados en el proceso.

7. Miguel A. El empresario que trabaja en la empresa exportadora que envió cocaína en latas de atún también recibió un fallo absolutorio.

Según el pronunciamiento fiscal, no se puede asociar su identidad con los seudónimos de ‘Rafa’, ‘Ratón’ o ‘Speedy’. Con estos tres nombres se identifica, en múltiples chats en la plataforma SKY ECC, -desencriptados en Francia y periciados por analistas de la Policía en Ecuador- al colaborador de la estructura que contaminaba el cargamento de atún con droga. Ellos corroboraron la identidad del empresario con los seudónimos en sus análisis.

Las consecuencias

El proceso habría perdido continuidad técnica y estratégica en la investigación, tras el cambio de fiscales, advirtieron fuentes cercanas al caso.

La decisión de la fiscal de abstenerse de acusar podría ser objeto de análisis y cuestionamiento jurídico, particularmente en lo relativo a la interpretación del tipo penal de delincuencia organizada y la valoración de todos los elementos de convicción existentes en el proceso, según fuentes judiciales que han seguido la investigación. En particular, una asistencia penal de Francia permitió desencriptar miles de mensajes de texto y fotos, en los que se evidencia los roles de cada uno de los miembros de la estructura delictiva. A la cabeza, estaba ‘Brate’, que en serbio significa ‘hermano’. En cientos de mensajes se menciona que se trata de una estructura compleja con operadores empresariales, empacadores de frutas, conductores, trabajadores del puerto encargados de la contaminación y autoridades de la Policía que tomaban decisiones sobre la revisión de los contenedores.

Esta alianza conoció que agencias de cooperación policial de la Unión Europea están preocupadas por el desarrollo de este proceso. Esto, debido a la comprobada capacidad del serbio Srdan de buscar impunidad por todos los medios.

La decisión causó revuelo. La razón de fondo de la expulsión del embajador de Cuba y de toda la misión diplomática en Ecuador se relaciona con cargos de supuesta desestabilización e injerencia en asuntos internos de agentes del servicio de inteligencia de La Habana. 22 diplomáticos fueron expulsados por el gobierno de Daniel Noboa y deben dejar el país hasta este viernes, cuando efectivamente se concretó la salida de todo el personal del inmueble donde operaba la embajada. Fuentes de inteligencia ecuatoriana indicaron que desde 2018 también se descubrieron acciones coordinadas entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, para apoyar al correísmo y otros grupos radicales, en diferentes aciones contra el gobierno de turno a diferentes niveles. Nota actualizada este viernes 6 de marzo.

Por alianza Código Vidrio – Vistazo

El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano acreditado en el país, Basilio Gutiérrez, y a todos los miembros de la misión diplomática y consular. En una comunicación verbal notificada ayer miércoles 4 de marzo, la Cancillería dio a Gutiérrez y a los 21 funcionarios cubanos un plazo de 48 horas para abandonar Ecuador.

Según confirmó esta alianza de fuentes del Gobierno, la decisión se sustenta en informes de inteligencia que registran actividades que atentan contra la seguridad interna, por lo cual la misión debe abandonar el país hasta este viernes 6 de marzo.

La Cancillería sustentó su decisión en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta al Estado receptor a declarar persona non grata al jefe de misión o a cualquier miembro del personal diplomático, en cualquier momento y sin necesidad de exponer los motivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo su personal.

Según Cuba, la decisión se tomó sin aportar ningún argumento. “Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”, indicó el gobierno cubano en un comunicado, destacando que su personal diplomático “ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos”.

Minutos después de conocerse la decisión, cuando caía la tarde, una cámara grabó a una persona en la terraza del inmueble de la sede diplomática, que estaba quemando documentos en una parrilla metálica. Un video, donde se observa a un individuo, que vestía una camiseta blanca y un pantalón azul y quemaba los papeles, fue difundido por el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, con un escueto texto: “Parrillada de papeles”.

Desde el jueves 5 de marzo funcionarios diplomáticos cubanos empezaron a desalojar el edificio de cuatro pisos donde operaba la representación de ese gobierno en el centro norte de Quito. Y este viernes 6 un diplomático retiró la bandera de Cuba, mientras varios vehículos entraban y salían del inmueble con implementos y carpetas con documentos, así como mobiliario.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de Ecuador (…), ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito. A partir de las 10:00 a.m. (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026, la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática. El gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países», indicó en un comunicado la Cancillería cubana.

Fuentes del gobierno informaron que hasta las 15:00 de este viernes, solo siete de los 22 diplomáticos habían abandonado el país por vía aérea. Se desconoce si los 15 restantes lo harán en la siguientes horas como dispuso el Gobierno, pues fueron expulsados y automáticamente desde mañana estarían en condición de indocumentados de indocumentados.

La expulsión de la misión cubana fue fustigada en duros términos por el expresidente Rafael Correa y militantes del su movimiento. Tras conocer la decisión que se hizo pública el 4 de marzo, Correa reaccionó en su cuenta en X. «Cuando lo escuché, creí que era broma. Eso pasa por elegir a un drogo pelafustán nacido en Miami. No solo destruye a Ecuador, sino también a la Patria Grande», señaló Correa. Otros militantes del correísmo también cuestionaron lo ocurrido y se solidarizaron con el gobierno cubano, incluidos Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento.

Un piquete policial se ubicó frente a la sede diplomática que suspendió su atención al público. Luego también llegaron miembros del Ejército para vigilar el perímetro.

Pasadas las 17:00, militantes del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) y simpatizantes del régimen cubano se concentraron en las afueras de la embajada ondeando banderas rojas y flores. Los manifestantes expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno de solicitar la salida de la misión diplomática caribeña. Entre quienes protestaban estuvo la exembajadora de Ecuador en Cuba durante el gobierno de Lenín Moreno, María Augusta Calle y exasambleísta constituyente en 2008. Ella expresó su rechazo a la decisión del presidente Noboa de expulsar al personal diplomático cubano del país.

La decisión del Gobierno también fue rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La organización considera que la medida responde a presiones de Estados Unidos y reiteró su solidaridad con el pueblo cubano.

La expulsión de la delegación cubana de Ecuador ocurre en medio de la profundización de las relaciones entre el gobierno de Noboa y Donald Trump, con el reciente anuncio de operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado.

Desde su llegada al poder Trump ha puesto en marcha una agresiva política que busca la salida del actual régimen cubano, a través de acciones consecutivas que han afectado gravemente su economía que está al borde del colapso, especialmente por el desabastecimiento de petróleo. La política de EE.UU. hacia Cuba se enmarca en una estrategia más amplia de reducir la influencia china y rusa en América Latina. Gobiernos de izquierda como Colombia, Nicaragua y Cuba son vistos como «demasiado cercanos» a Moscú y Beijing.

Desestabilización y espionaje

Fuentes de Inteligencia informaron que los seguimientos a funcionarios cubanos empezaron el año pasado, ante una serie de indicios sobre el supuesto reclutamiento, a cargo de agentes cubanos de la embajada en Quito, de personas de distintas organizaciones sociales, con el fin de desestabilizar al gobierno, en supuesta coordinación con militantes del correísmo. Esas acciones también tendrían el soporte tecnológico de Rusia y China para Cuba. Los servicios de Inteligencia ecuatorianos además habrían identificado a ciudadanos cubanos que llegaron con visa de turismo y se quedaron en el país trabajando en dos universidades de Quito y Cuenca, cuya misión también sería apuntalar las tareas de desestabilización.

En las protestas encabezadas por la Conaie y otros movimientos, en octubre de 2019, un grupo de 17 extranjeros, entre cubanos y venezolanos, fue detenido en las inmediaciones del aeropuerto de Tababela, en Quito, bajo cargos de espiar al gobierno de entonces,  cuando Lenín Moreno era presidente.

“Se detectaron irregularidades relacionadas con personas extranjeras”, según el general (SP) Patricio Carrillo, que entonces era Director General de Operaciones de la Policía. Algunos de los detenidos no portaban su identificación, aseguraron las autoridades de Gobierno por ese entonces.

La detención ocurrió el 13 de octubre, justo un día después del pico de las protestas, que tuvieron en vilo al poder Ejecutivo varias semanas.

Los presuntos espías, según datos de Inteligencia, operaban con la cobertura de una compañía de taxis. En las primeras investigaciones se hallaron evidencias de que conocían sobre los viajes presidenciales, cronogramas, itinerarios y destinos, con precisión de detalles.

Estas manifestaciones se desataron luego de un paquete de medidas anunciado por Moreno. La más controversial fue el fin del subsidio al diésel y la gasolina extra, que luego debió revocar. Las protestas contra el gobierno también fueron azuzadas por medios oficialistas rusos como RT y Sputnik.

Exautoridades del Centro Nacional de Inteligencia Estratégica (CIES), hoy CNI, confirmaron que desde 2018 también se descubrieron acciones coordinadas entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, para apoyar al correísmo y otros grupos radicales, en diferentes aciones contra el gobierno. «Para todas las elecciones, desde 2018, enviaban equipos especializados en fraudes electorales, inteligencia y entrenamiento en revueltas», destacó un funcionario de Inteligencia del régimen de Moreno. «Llegaban con visas de turismo, unos 15 días antes, a provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas, Azuay y Pichincha. Luego se dispersaban a sus tareas en coordinación con miembros de organizaciones aliadas, para apuntalar acciones de desestabilización a diferente nivel con fondos, especialmente, de Venezuela», destacó el exfuncionario. 

Moreno pone fin a las misiones

Como resultado de estos acontecimientos con la participación de los extranjeros, el gobierno de Moreno decidió en noviembre de 2019 poner fin a la misión Milagro desde Cuba. Se trataba de un programa de apoyo médico que enviaba la isla con especialistas cubanos. A la fecha de su conclusión, había seis convenios en marcha.

En realidad, la Operación Milagro había comenzado en 1992 en Ecuador. Para 2006, según reportó la embajada de Cuba, 153 colaboradores participaron en 168. 543 intervenciones quirúrgicas. De ese total, 118.575 correspondieron a Pterigium y 4.609 a cataratas.

El presidente Rafael Correa visitó Cuba en enero de 2009. Y en esa ocasión firmó el convenio marco de cooperación en salud. Meses después se concretó otro proyecto entre la Vicepresidencia (a cargo de Lenin Moreno) y el ministerio de Salud de Cuba.

Se trató del estudio psicosocial, pedagógico y clínico Manuela Espejo, para detectar personas con discapacidad. La misión solidaria Manuela Espejo atendió más de 825 mil personas. Hacia 2013, por un convenio con la seguridad social ecuatoriana, 293 médicos cubanos prestaron sus servicios en 52 unidades de salud.

Espionaje y vigilancia

Fuentes consultadas de ese gobierno informaron que el trabajo de las misiones médicas estuvo atravesado por un eje de espionaje y vigilancia. Detrás de las intervenciones de médicos hubo una agenda para espiar el accionar gubernamental, especialmente, luego de que las relaciones entre el correísmo y el morenismo sufrieron un quiebre.

Las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia de la Policía mostraron que en 2019 algunos de los extranjeros detenidos, presuntos taxistas, tenían grandes cantidades de dinero consigo y no pudieron justificar su origen. No obstante, luego fueron liberados.

Esas operaciones soterradas se profundizaron, según reportes oficiales, luego de la ruptura de Moreno con Correa, quien mientras estuvo en el poder mantuvo una estrecha alianza con Cuba.

El fin de todos los acuerdos con Cuba en 2019 implicó la salida de cerca de 400 médicos del país. La decisión se tomó también por la necesidad de priorizar el empleo de profesionales ecuatorianos.

La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó que la medida buscaba reemplazar a los médicos cubanos con especialistas ecuatorianos, tras los indicios de la participación de cubanos y otros extranjeros en las protestas de 2019, que tuvo al correísmo como uno de sus principales protagonistas.

Entonces se cancelaron seis convenios bilaterales que estaban vigentes desde 2013, firmados durante la administración de Correa.
382 médicos cubanos que trabajaban en hospitales y centros de salud urbanos y rurales fueron retirados, con un primer grupo regresando el 19 de noviembre de 2019.

Esta acción marcó el inicio de un enfriamiento significativo en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba, que acaba de tener un último desenlace con la expulsión de toda la misión de diplomáticos cubanos en Quito.

• La dinámica de violencia y criminalidad organizada escaló imparable entre enero y febrero de este año en Ecuador. Esto evidencia la poca efectividad de la política anclada exclusivamente a la mano dura, con la militarización de un conflicto que es multicausal, con características estructurales híbridas. Informes de Fuerzas Armadas, Policía y el Centro Nacional de Inteligencia coinciden en que la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado una mayor fragmentación de las  estructuras delictivas, generando disputas internas por el control de los grupos delictivos. Estas pugnas han desatado un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial. Por esos motivos, el presidente Daniel Noboa acaba de renovar, por 30 días más, la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en nueve provincias, incluida Pichincha. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional. 

• La amenaza de los grupos delictivos ha evolucionado hacia formas más complejas, violentas  y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de alto poder. Además con redes  clandestinas  de financiamiento y comunicaciones, fragmentación estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta  por  el control territorial y capacidad sostenida de  intimidación  contra  instituciones  del Estado. Ecuador se ubicó entre los cuatro países con mayor criminalidad y menor resiliencia del planeta.

Redacción Código Vidrio

El crimen organizado ha ganado terreno. Aumentó su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social, según un forme del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sto.Domingo, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha y El Oro, así como los cantones de La Maná,Las Naves y Echeandía, configuran un escenario nacional de violencia criminal estructural y persistente.

El régimen no ha logrado pasar de la etapa reactiva, pese al aumento de operaciones militares y policiales enfocadas en la captura de delincuentes y cabecilas, incautaciones de armas y cocaína, pero que no han afectado a las estructuras delictivas, su músculo económico y red de cooperantes invisibles, dentro y fuera del estado. Los grupos criminales siguen expandiéndose con mayores capacidades logísticas, de armamento y disputas sangrientas por el control territorial, que dejan una estela de centenares de asesinatos. Ecuador es el país con más homicidios de la región y uno de los más violentos del mundo. La tasa de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes.

Este diagnóstico está detallado en varios informes incluidos en el último decreto, expedido el pasado sábado 28 de febrero, por el presidente Daniel Noboa, que acaba de renovar por 30 días más la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves y Echandía, en Bolívar.

Este documento es revelador porque muestra la radiografía real de los resultados de la lucha contra el crimen organizado estos dos primeros meses del año. Evidencia la gran preocupación de las autoridades policiales, militares y de Inteligencia por el aumento de homicidios múltiples y empleo de explosivos, que están documentados en informes de la Policía, el Comando Conjunto de FF.AA. (Comaco), y el ECU-911, así como del Centro de Inteligencia.

Más bandas, mayor criminalidad, violencia y corrupción

Así, la guerra interna declarada por el régimen contra las organizaciones delictivas desde el año pasado, en lugar de reducir la violencia la ha disparado, debido a la fragmentación de más bandas, con más actores delictivos involucrados, según se desprende del último Índice del Crimen Global del Crimen Organizado 2025, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus siglas en inglés). Ecuador obtuvo 7.48 sobre 10 puntos en criminalidad y 4.46 en resiliencia, que es la capacidad de respuesta frente a los delitos. Así, según GITOC Ecuador se ubicó en el cuarto puesto con mayor criminalidad entre 193 países y cuarto en crimen organizado transnacional, empatando con Paraguay a nivel regional. Aumentó la criminalidad (+1.23 puntos) y se redujo la resiliencia (−1.25 puntos). Esta tendencia es constante desde 2021. Los sectores con menos resiliencia son el Gobierno, la fuerza pública y el poder judicial, que también tienen altos niveles de corrupción. Ecuador ocupa el puesto 24 entre 35 países de la región con mayor percepción de corrupción.

Desde el año padado hay también una mayor diversificación de los mercados ilícitos: la minería ilegal se posicionó por encima del promedio y emergió como mercado ilícito relevante, además del de la cocaína; aumentaron las extorsiones por la atomización de los grupos y creció el tráfico de armas, ligado a una mayor violencia y crímenes, según destaca Renato Rivera, experto en seguridad y criminología.

Evolución con uso de armas de guerra

Según un Informe del Comando Conjunto, la amenaza de los grupos narcoterroristas ha evolucionado hacia  formas más complejas, violentas  y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de  alto poder. Además con redes  clandestinas de financiamiento y comunicaciones, fraccionamiento estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta por control territorial y capacidad sostenida de intimidación  contra  instituciones del  Estado. “Esto demuestra que la amenaza no ha sido neutralizada estructuralmente y mantiene potencial real de escalamiento”, resalta el reporte del Comaco.

El  análisis  estratégico confirma, además, la persistencia  de  las condiciones que motivaron la declaratoria del  Estado de Excepción en 2025, “evidenciándose un escenario de violencia organizada, sistemática y adaptativa que continúa afectando la seguridad. Los grupos criminales organizados mantienen su capacidad operativa, logística y presencia activa, con intentos sostenidos de control territorial”.

Más atomización y expansión territorial

Estos reportes militares coinciden con informes de la Policía que destacan la agudización de la violencia a partir de procesos de reconfiguración criminal. Expresamente se señala: “la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado que varias estructuras delictivas se dividan, generando disputas internas por el control. Estas pugnas derivan en un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial e incrementando la criminalidad a nivel nacional”.

Las   organizaciones  delictivas -agreaga- atraviesan procesos constantes de reconfiguración interna de sus estructuras y en el surgimiento de nuevas estructuras delictivas.

⇒ Según estadísticas oficiales, hay una persistencia y concentración de letalidad sistemática, concentrada en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbios. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional. Un caso destacado es el desplazamiento criminal hacia jurisdicciones focalizadas como El Oro, que registra un incremento del 110% en homicidios intencionales, en relación al mismo periodo del ano anterior (enero-febrero 20205).

Estas zonas han experimentado un recrudecimiento de la violencia, expresado en un aumento de homicidios intencionales ligados principalmente al narcotráfico, microtráfico y extorsiones, lo que afecta gravemente la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Para la Policía, esta dinámica permite determinar que  prevalece la violencia criminal y se puede seguir c consolidando este año. Esta concentra el 97,2% de la problemática, junto con las amenazas que concentran el 73,7% de la violencia criminal».

⇒ Según el Centro Nacional de Inteligencia (Informe de Inteligencia No.STIE-DOAIE-SD_IE-26-002,de  17 de febrero de 20226) “El crimen organizado ha incrementado su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social. Estas dinámicas se expresan de forma territorialmente diferenciada, adaptadas al valor estratégico de espacios urbanos, portuarios, rurales y corredores de tránsito, generando procesos de cooptación del tejido social e infiltración en economías locales que erosionan la gobernabilidad”.

En el período analizado se ejecutaron 17.887 operaciones militares, en apoyo a la seguridad interna,  así como el decomiso de 292 armas de fuego y 522 artefactos explosivos. Esto no solo muestra respuesta estatal sino la persistencia del poder ofensivo y la capacidad logística de los grupos armados organizados. El ECU-911 coordinó 178.669 emergencias en las seis jurisdicciones, que están bajo estado de excepción, entre el 19 de enero y el 16 de febrero. 69,6% correspondieron a eventos vinculados a seguridad ciudadana, lo que refleja una demanda sostenida de intervención estatal frente a hechos violentos y de criminalidad organizada.

En síntensis -destaca el último decreto de Noboa- las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción en diciembre pasado persisten, han mutado y mantienen una capacidad real de afectación grave al orden público.

• Por años Ecuador ha enfrentado reiteradas incursiones de botes de la flota china en los alrededores de Galápagos, un área marina protegida de más de 130.000 km² y Patrimonio de la Humanidad. Esta es una de las pesquerías más importantes del mundo y está siendo empujada hacia una crisis ecológica y social, en un contexto de débil regulación y control en alta mar, en las denominadas aguas internacionales.
• La flota china de aguas distantes operó con 528 buques poteros en 2024, el doble que en 2014, concentrando la gran mayoría de la pesca en alta mar. 
• La última investigación de Environmental Justice Foundation (EJF) documenta denuncias de trabajo forzoso, violencia a bordo y prácticas pesqueras destructivas, junto con fallas crónicas de transparencia y control. 
• La falta de control estimula prácticas de pesca destructivas, como el “aleteo” de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas y otras especies. 
• La pesquería de calamar gigante es un pilar económico para la región y sustenta miles de medios de vida en Chile, Perú y Ecuador. En 2023 se desembarcaron 1.225.798 toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sudeste, con Perú, China y Chile como los tres países más importantes de la pesquería los últimos 25 años. En Ecuador, se reportaron 3.028 toneladas de desembarques en 2023, pese a enfrentar intrusiones reiteradas de la flota china en torno a las islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible y protegida.

Redacción Código Vidrio

Abusos sistemáticos contra los derechos humanos y daños ambientales en la pesca del calamar en el Pacífico Sudeste ponen a Ecuador en una posición clave, con Galápagos como punto de atención mundial, por las secuelas de la pesca indiscriminada de calamar gigante practicada por la flota china, que opera con más de 500 barcos, en los alrededores de las islas Galápagos, a donde llegan siguiendo una ruta que empieza en Chile y pasa por Perú.

Esta es una de las conclusiones del último informe de la organización internacional Environmental Justice Foundation (EJF), titulada «Invisible e Impune, la creciente amenaza de la flota motera en el Pacífico Sur», que revela cómo una de las pesquerías de calamar más importantes del mundo está siendo empujada hacia una crisis ecológica y social. Esto ocurre en un contexto de débil regulación y control en alta mar, mientras grandes flotas chinas de aguas distantes aprovechan vacíos normativos en los paíeses del Pacífico Sudeste.

La publicación del informe coincide con un momento clave para la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP‐PS), que se reunirá en Panamá a partir del 2 de marzo para discutir diversas propuestas concretas para revertir esta situación.

Ecuador se ha enfrentado en los últimos años a decenas de incursiones documentadas de la flota china de aguas distantes en los alrededores de las Islas Galápagos, un área marina protegida de más de 130.000 km2 y reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Una pesquería clave en el Pacífico

La pesquería de calamar gigante es un pilar económico para la región y sustenta miles de medios de vida en Chile, Perú y Ecuador. En 2023 se desembarcaron 1.225.798 toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sudeste, con Perú, China y Chile como los tres países más importantes de la pesquería durante al menos los últimos 25 años. Juntos representan más del 99% de todos los desembarques declarados.

Solo en 2023, la pesquería de calamar gigante de Perú aportó 621.925 toneladas por un valor de 831 millones de dólares, con entre 2.500 y 4.500 embarcaciones artesanales en su mayoría menores de 15 metros dedicadas a esta especie.

En Ecuador, se reportaron 3.028 toneladas de desembarques en 2023, pese a enfrentar intrusiones reiteradas de la flota china en torno a las islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible y protegida. En Chile, una flota artesanal de alrededor de 1.800 embarcaciones desembarcaron más de 105.000 toneladas de calamar gigante en 2023, y las exportaciones alcanzaron los 178 millones de dólares en 2024, un aumento del 56,2% respecto de 2023.

Transparencia insuficiente y abusos graves

La investigación de EJF documenta fallas crónicas de transparencia y regulación en la flota de calamar gigante de aguas distantes de China, que operó con 528 buques poteros en el área de la OROP PS en 2024, el doble que en 2014 y responsable del 98,7% de toda la actividad de pesca conpota en alta mar en el Pacífico.

Esta falta de control permite que prosperen abusos contra los derechos humanos – incluidas condiciones de trabajo forzoso, violencia física y fallecimientos de tripulantes – así como daños ambientales y prácticas de pesca destructivas, como el “aleteo” de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas, alerta la investigación de EJF.

“Esta investigación muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas a nivel regional está alimentando el daño ambiental y poniendo vidas en riesgo. La transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional: es la base de un océano seguro y sostenible”, afirmó Steve Trent, director ejecutivo y fundador de la Environmental Justice Foundation.

⇒El calamar es un producto pesquero cada vez más importante y demandado en países de todo el mundo. Se prevé que el mercado mundial del calamar crezca casi un 4% anual y podría alcanzar un valor de 18.400 millones de dólares estadounidenses para 2035. A medida que consumidores y compradores de productos del mar continúan impulsando la demanda de especies como el calamar argentino (Illex argentinus) del Océano Atlántico Sudoccidental (ASO), el calamar gigante (Dosidicus gigas) del Océano Pacífico Sudoriental (PSO) y el calamar volador japonés (Todarodes pacificus) del Océano Pacífico Norte, las flotas pesqueras están respondiendo mediante el aumento del esfuerzo de pesca. Este nuevo informe extiende dichas investigaciones al PSO y muestra cómo el gran esfuerzo pesquero de una flota potera mayoritariamente de bandera china está amenazando la pesquería de calamar más importante del mundo: la del calamar gigante.

La región también ha sufrido incursiones ilegales de buques chinos en aguas de Estados costeros latinoamericanos, lo que ha derivado en numerosos incidentes diplomáticos, protestas de pescadores artesanales y una amplia condena por parte de
organizaciones ambientalistas.

Liderazgo costero de Ecuador en la OROP‐PS

La publicación del informe se produce justo antes de la 14° reunión de Comisión de la OROP‐PS, donde Ecuador y Perú, junto a otros países, han presentado un paquete sólido de medidas para mejorar la gobernanza del calamar gigante en alta mar en una de las pesquerías más grandes del mundo. Estas propuestas –elaboradas en coordinación con organizaciones de productores como CALAMASUR– buscan establecer límites de captura basados en la ciencia, fortalecer el monitoreo y control, y cerrar vacíos que permiten que continúen prácticas abusivas.

Perú ha dado pasos decisivos para ordenar la actividad en sus propias Zonas Económicas Exclusivas, mientras la flota china concentra su operación en alta mar. Redujo drásticamente el uso de sus puertos por parte de flotas de alto riesgo tras exigir que los buques extranjeros de calamar instalen su sistema nacional de seguimiento (VMS) seis meses antes de ingresar, medida que llevó a que las entradas de buques chinos fueran cero en 2025.

Mientras Perú cerraba sus puertos a los buques de alto riesgo, las recaladas de naves chinas a puertos chilenos pasaron de menos de diez en 2024 a alrededor de 180 en 2025, convirtiendo a Chile en el puerto de menor resistencia para esta flota.

“Ecuador y Perú son un claro ejemplo del camino que recorrer y junto con Chile están frente a la oportunidad histórica de ser líderes regionales en la OROP‐PS. Alinear sus decisiones de acceso portuario con las reformas propuestas por los países costeros enviaría una señal clara de que los abusos no serán tolerados”, señaló un portavoz de EJF.

El rol clave de Ecuador

A pesar de concentrar entre el 40 y el 45% de las capturas de la pesquería de calamar gigante del Pacífico Sudeste, China no ha presentado hasta ahora propuestas para mejorar la sostenibilidad de este recurso dentro de la OROP PS. EJF y sus aliados regionales subrayan que las moratorias unilaterales en alta mar anunciadas por China no sustituyen la adopción de medidas multilaterales vinculantes a través del proceso de consenso de la organización.

“Tras más de una década de retrasos injustificados, 2026 debe ser un año decisivo. Los países de la región no pueden permitir que se bloquee de nuevo el consenso. China debe comprometerse seriamente con las reglas multilaterales y apoyar las propuestas ya presentadas por los Estados costeros”, agregó Trent.

EJF insta a los Estados miembros de la OROP‐PS a aprovechar este momento para adoptar un paquete completo e indivisible de medidas que protejan la pesquería de calamar, defiendan los derechos humanos a bordo y garanticen que la demanda internacional de pota no se construya sobre la explotación y la ilegalidad.

Principales hallazgos

● Las investigaciones de EJF, que incluyen entrevistas con 77 pescadores indonesios y cuatro filipinos que trabajaron en 60 buques poteros de pesca de altura (DWF, por sus siglas en inglés) con pabellón chino entre 2020 y 2025 y que operaban en el Pacífico Sudeste (SEP), revelan niveles alarmantes de prácticas pesqueras destructivas y violaciones de derechos humanos.
● El 60% de los buques habría incurrido en aleteo de tiburones y la posterior eliminación de los cuerpos en el mar, y el 33% en la captura intencionada de
mamíferos marinos como focas, falsas orcas y delfines.
● Ni China ni la SPRFMO cuentan con regulaciones adecuadas para disuadir estas prácticas extremadamente destructivas, lo que demuestra que el caladero de pota gigante del Pacífico Sudeste (Zona de Pesca FAO 87) está gravemente desregulado en lo que respecta a sus impactos más amplios sobre el ecosistema.

● Según estimaciones del esfuerzo pesquero de todos los buques de pesca de altura, las horas totales de pesca en el SEP son aproximadamente 3,25 veces superiores a las del caladero del Atlántico Sudoccidental (SWA). El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 100% entre 2014 y 2024.
● Los hallazgos de la investigación refuerzan las crecientes preocupaciones de que el SEP esté sometido a una presión cada vez mayor por prácticas pesqueras
destructivas, al mismo tiempo que las evaluaciones recientes de las poblaciones de pota gigante indican los primeros signos de declive poblacional.
● Los pescadores también informaron de frecuentes abusos de derechos humanos a bordo, incluidos malos tratos físicos, condiciones laborales y de vida abusivas, servidumbre por deudas y retención de salarios. Casi la mitad de los pescadores entrevistados por EJF afirmaron haber sufrido o presenciado abusos físicos durante su estancia a bordo.
● La preocupante frecuencia de desembarcos de tripulantes fallecidos procedentes de buques de pesca de altura en puertos latinoamericanos exige la actuación de los Estados portuarios. Al menos 41 tripulantes fallecidos fueron desembarcados de buques chinos entre 2013 y 2023, lo que dibuja un panorama sombrío de negligencia, falta de rendición de cuentas y los peligros de trabajar a bordo de buques poteros con pabellón chino.

Sobre Environmental Justice Foundation
El trabajo de EJF para asegurar la justicia ambiental tiene como objetivo proteger el clima global, los océanos, los bosques, los humedales, la vida silvestre y defender el derecho humano fundamental a un medio ambiente natural seguro, reconociendo que todos los demás derechos dependen de este. EJF trabaja a nivel internacional para informar las políticas e impulsar reformas sistémicas y duraderas para proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos. Investiga y expone abusos y apoya a defensores ambientales, pueblos indígenas, comunidades y periodistas independientes en la primera  línea de la injusticia ambiental.