La Fiscalía General procesó este martes 17 de marzo a 60 personas por el presunto delito de actividad ilícita de recursos mineros, en el sector de Yutzupino, en el cantón Tena, en la provincia de Napo. La indagación de este caso empezó hace más de tres años, en 2022. Las pruebas recopiladas evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público. Esto en medio de la inacción y complicidad de las autoridades de control, seccionales y habitantes que también se beneficiaron de estas actividades criminales. En febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.
Redacción Código Vidrio
Durante la audiencia de formulación de cargos, que se extendió por más de dieciséis horas continuas, el fiscal de la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y los Derechos de la Naturaleza presentó elementos de convicción, tanto individuales como comunes, que sustentan el inicio de la instrucción fiscal, fijada en noventa días en contra de los 60 involucrados.
Entre los setenta y dos elementos comunes expuestos consta un informe ejecutivo sobre las actividades de minería ilegal en Yutzupino. Este documento recoge hallazgos obtenidos con sobrevuelos con drones, que evidencian la alteración del suelo y de los cursos de agua, la acumulación de residuos, la intervención en zonas de protección hídrica, el almacenamiento de combustibles, la formación de piscinas producto de la actividad minera y el vertido de aguas contaminadas en el dominio hídrico público, “ejecutado de forma antitécnica y sin los permisos correspondientes”, precisó el Fiscal a cargo del caso.
En vista del descomunal daño ambiental y la contaminación de las fuentes hídricas sin precedentes, el 2 de febrero pasado la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, suspendió toda actividad minera en Napo.
La Fiscalía incorporó versiones recabadas durante la investigación previa. Un dirigente comunitario señaló: “fue indignante ver la invasión de más de ochenta excavadoras que venían de distintas partes del país, incluidos operadores locales, que se apoderaban del territorio y dominaban comunidades para fomentar actividades ilícitas”.
Una dirigente indígena indicó que “las comunidades obtenían beneficios económicos por permitir el ingreso de maquinaria”. En otro relato, un agente turístico dijo que el incremento de maquinaria y personas en la zona fue progresivo y que colectivos ambientales monitoreaban el sector cada 48 horas, reportando la contaminación de los ríos, en medio del silencio e inacción de las autoridades de control, desde 2019.
Mercurio, aluminio, hierro… en los ríos
El informe pericial de microscopía electrónica de barrido determinó que las muestras de agua tomadas en los ríos afectados contienen mercurio, aluminio, silicio, hierro, oro y plata.
Los sesenta procesados, con edades entre 25 y 70 años, quedaron sujetos a medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Además, se dispuso la prohibición de enajenar la maquinaria y su retención.
En el marco de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal (hoy Comité Nacional de Integridad del Sector Minero), se identificó la presencia de cerca de 200 excavadoras y entre 600 y 800 personas dedicadas a la explotación ilícita de recursos mineros en las riberas de los ríos Anzu y Jatunyacu, en zonas de bosque nativo.
Para estas actividades se habrían utilizado excavadoras, clasificadoras tipo “Z”, motobombas, motores de succión, dragas artesanales, generadores eléctricos y tanques de combustible.
El 12 de febrero de 2022, el Estado ecuatoriano movilizó a más de 1.000 funcionarios de instituciones como Arcom, los ministerios de Ambiente y de Transporte y Obras Públicas, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Operaciones de la Policía Nacional.
Entre el 13 y el 25 de febrero de 2022 se ejecutaron cuarenta y dos allanamientos en puntos específicos, definidos a partir de sobrevuelos con drones. En estas intervenciones se levantaron indicios vinculados al delito investigado.
Durante su intervención, el Fiscal señaló que, tras la acción estatal, los involucrados habrían intentado mover maquinaria y otros indicios vinculantes para evadir las acciones de control.