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Ecuador entró en la lista de vigilancia por deterioro de derechos humanos y represión de la sociedad civil de la organización internacional CIVICUS. En un informe publicado este 25 de marzo esta entidad de monitoreo destacó que el régimen de Daniel Noboa ha persistido en el empleo de fuerza letal y excesiva contra protestas pacíficas, lideradas por pueblos indígenas, lo cual evidencia un patrón de represión estatal.
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Además documentó casos sistemáticos de personas defensoras, periodistas y medios de comunicación bajo creciente presión en un contexto de debilitamiento de la independencia judicial. Y la aplicación de estados de excepción, leyes restrictivas y bloqueo arbitrario de cuentas bancarias, que profundizaron el cerco a la sociedad civil.
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El gobierno, de su lado, mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco», dijo recientemente el Presidente). Basado en la cooperación internacional en especial de Estados Unidos, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias, minimizando las denuncias y observaciones de organismos nacionales e internacionales de DD.HH. Incluida la Organización de Naciones Unidas.
Redacción Código Vidrio
Bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, el gobierno de Daniel Noboa ha consolidado prácticas represivas y restricciones sistemáticas a los derechos humanos, según concluye el último informe de CIVICUS, que es una alianza global dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil desde 1992. La organización está integrada por más de 17.000 miembros en más de 175 países.
Por el deterioro acelerado de los derechos humanos y la represión creciente de la sociedad civil Ecuador entró en la lista de vigilancia de esta organización internacional, que tiene su sede en Johannesburgo, Sudáfrica.
El CIVICUS Monitor clasifica actualmente a Ecuador como “obstruido”. Esta categoría refleja serias limitaciones al ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. La inclusión en la lista de vigilancia responde a un deterioro rápido y sostenido de estas libertades, un proceso que se ha intensificado en el último año, destaca el informe difundido este 25 de marzo.
Pese a observaciones y alertas de organismos nacionales e internacionales de DD.HH., el gobierno de Noboa mantiene una postura de «guerra» directa contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, bajo la consigna de no retroceder («si nos golpean una vez, golpeamos cinco»). Basado en la cooperación internacional, el aumento de la fuerza pública y la intervención en zonas de alto riesgo, el régimen asegura haber reducido la violencia y busca afectar las economías ilegales, señalando que la lucha incluye a políticos que protegen a las mafias. En esa línea el discurso oficial subraya que no habrá tregua ni negociación con grupos delictivos, calificando las acciones como «limpieza» y fortalecimiento de la seguridad nacional. Esto también incluye según ha enfatizado Noboa la lucha contra el lavado de activos, utilizando la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para golpear el financiamiento de las mafias, aunque en general estas operaciones son limitadas en relación al número de casos evidenciados.
EL ESPECIO CÍVICO EN ECUADOR ESTÁ OBSTRUIDO SEGÚN EL MONITOR DE CIVICUS
La respuesta estatal, basada en la adopción de medidas excepcionales y la militarización de la seguridad pública, indica el reporte, ha derivado en la represión violenta de protestas pacíficas lideradas por pueblos indígenas. En septiembre y octubre de 2025, fuerzas de seguridad recurrieron al uso excesivo y letal de la fuerza, provocando la muerte de tres personas kichwas en Imbabura. 500 personas fueron heridas y más de 200 fueron detenidas de manera arbitraria.
Organizaciones de derechos humanos documentaron al menos 16 casos de desaparición forzada de corta duración en este episodio, así como interrupciones deliberadas de servicios de internet y telefonía móvil en varias localidades.
“El despliegue de fuerzas militares para contener la protesta social, acompañado de discursos como amenazas a la seguridad es desproporcionado y es una deriva peligrosa y represiva”, dijo Ana María Palacios, investigadora para las Américas del CIVICUS Monitor. “Este enfoque criminaliza a la sociedad civil y legitima la violencia contra comunidades que defienden sus derechos”.
⇒La calificación del espacio cívico de Ecuador como obstruido se asigna a países diferentes sectores sociales y están fuertemente atacados por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de imposiciones legales y prácticas que limitan el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. 39 países en el mundo se ubican en esta calificación.
De forma paralela -agrega el Monitor- autoridades públicas y ciertos medios de comunicación han impulsado narrativas que asocian a organizaciones indígenas y a las guardias comunitarias con el terrorismo y el crimen organizado, lo que refuerza su estigmatización. Al menos 61 líderes indígenas y personas defensoras del ambiente enfrentan investigaciones por delitos como terrorismo, financiamiento del terrorismo y enriquecimiento ilícito. En muchos casos han sido vinculadas al paro nacional de 31 días contra la eliminación del subsidio al diésel, que elevó los precios en más de un 50%. Desde 2025, este patrón de criminalización se ha profundizado, con más de 200 liderazgos sociales investigados o procesados en distintas provincias, alerta el informe.
El derecho a la libertad de asociación también enfrenta crecientes restricciones. La legislación adoptada en 2025, incluida la llamada Ley de Transparencia Social, amplía de manera significativa las facultades de control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil. Entre otras medidas, «impone obligaciones de reporte excesivas, habilita el congelamiento de cuentas bancarias y limita la acción de organizaciones que legítimamente se oponen a proyectos extractivos aprobados por el Estado. Aunque existen acciones de inconstitucionalidad en trámite, la normativa sigue vigente y en aplicación».
Desde septiembre de 2025, diversas organizaciones han sido objeto de bloqueos arbitrarios de sus cuentas bancarias en el marco de investigaciones de la UAFE basadas en información confidencial a la que no tienen acceso ni posibilidad de impugnación, lo que vulnera garantías básicas de debido proceso. En diciembre de 2025, Human Rights Watch alertó que estas acciones ya afectaban gravemente la capacidad operativa de la sociedad civil.
Libertad de expresión atenazada
Las restricciones a la libertad de expresión también se han intensificado. Al menos cinco periodistas fueron asesinados en 2025. El 20 de noviembre , el periodista Robinson del Pezo fue asesinado en La Libertad (provincia de Santa Elena) tras publicar investigaciones sobre presuntos casos de corrupción local. Durante el paro nacional de 2025, organizaciones de prensa documentaron 55 ataques contra periodistas en al menos cinco provincias. A ello se suma la suspensión de emisoras de radio, la paralización de los procesos de asignación de frecuencias y el uso de mecanismos regulatorios que afectan la sostenibilidad de medios independientes.
Estos hechos se producen en un escenario de debilitamiento de la independencia judicial y aumento de la violencia contra operadores de justicia. El Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) ha documentado injerencias políticas, corrupción y la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial. Entre 2020 y 2025 se registraron al menos 40 ataques contra funcionarios judiciales, incluidos los asesinatos de 12 fiscales y tres jueces.
⇒La Lista de Vigilancia es publicada por CIVICUS Monitor, una plataforma digital que monitorea las libertades cívicas -como las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica- en 198 países y territorios. Las calificaciones del espacio cívico son: «cerrado», «represivo», «obstruido», «estrecho» o «abierto», según una metodología basada en múltiples fuentes de datos. Más de veinte organizaciones contribuyen con evidencias y análisis con el objetivo de respaldar acciones globales en defensa del espacio cívico.
“El sistema de justicia, incluida la Corte Constitucional, ha sido objeto de presiones indebidas por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, afirmó Vivian Idrovo, de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador. “Jueces y autoridades encargadas de la administración judicial enfrentan niveles alarmantes de interferencia política. La ciudadanía ecuatoriana ya ha demostrado su compromiso con la defensa del orden constitucional, incluso mediante el referéndum de noviembre de 2025. Hoy espera que las instituciones respeten su voluntad y garanticen los derechos consagrados en la Constitución”, agregó.
El agravamiento de la situación ha encendido alertas a nivel internacional. Una misión de observación de derechos humanos integrada por organizaciones globales y regionales advirtió recientemente que Ecuador atraviesa un deterioro acelerado y enfrenta un alto riesgo de consolidar un entorno aún más restrictivo para las libertades cívicas si no se adoptan medidas urgentes para revertir este curso.
El contexto: Deterioro generalizado en toda la región
La sociedad civil se enfrentó a una dura prueba en 2025, debido al retroceso generalizado de las libertades cívicas en todo el continente americano. La mayoría de la población vive ahora en entornos con espacios cívicos restringidos (alrededor del 60%), mientras que otro 30% se encuentra expuesto a las peores condiciones: espacios cívicos cerrados o reprimidos. De 35 países, el espacio cívico se considera cerrado en tres, reprimido en siete, restringido en seis, limitado en nueve y abierto en diez.
En medio de este declive, las democracias de larga tradición muestran signos de un rápido giro autoritario, caracterizado por el debilitamiento del Estado de derecho y las crecientes restricciones a la sociedad civil independiente. Argentina y Estados Unidos ejemplifican esta tendencia.
Estados Unidos figuró dos veces en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, que alerta sobre países que experimentan un rápido declive en las libertades cívicas, en 2025. Tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero de 2025, su calificación pasó de un espacio cívico restringido a uno obstruido. Trump emitió órdenes ejecutivas sin precedentes diseñadas para desmantelar las instituciones democráticas, la cooperación global y la justicia internacional. Las autoridades adoptaron una respuesta militarizada a las protestas masivas provocadas por operaciones federales agresivas y racistas dirigidas contra las comunidades migrantes.