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La dinámica de violencia y criminalidad organizada escaló imparable entre enero y febrero de este año en Ecuador. Esto evidencia la poca efectividad de la política anclada exclusivamente a la mano dura, con la militarización de un conflicto que es multicausal, con características estructurales híbridas. Informes de Fuerzas Armadas, Policía y el Centro Nacional de Inteligencia coinciden en que la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado una mayor fragmentación de las estructuras delictivas, generando disputas internas por el control de los grupos delictivos. Estas pugnas han desatado un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial. Por esos motivos, el presidente Daniel Noboa acaba de renovar, por 30 días más, la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en nueve provincias, incluida Pichincha. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional.
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La amenaza de los grupos delictivos ha evolucionado hacia formas más complejas, violentas y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de alto poder. Además con redes clandestinas de financiamiento y comunicaciones, fragmentación estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta por el control territorial y capacidad sostenida de intimidación contra instituciones del Estado. Ecuador se ubicó entre los cuatro países con mayor criminalidad y menor resiliencia del planeta.
Redacción Código Vidrio
El crimen organizado ha ganado terreno. Aumentó su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social, según un forme del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sto.Domingo, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha y El Oro, así como los cantones de La Maná,Las Naves y Echeandía, configuran un escenario nacional de violencia criminal estructural y persistente.
El régimen no ha logrado pasar de la etapa reactiva, pese al aumento de operaciones militares y policiales enfocadas en la captura de delincuentes y cabecilas, incautaciones de armas y cocaína, pero que no han afectado a las estructuras delictivas, su músculo económico y red de cooperantes invisibles, dentro y fuera del estado. Los grupos criminales siguen expandiéndose con mayores capacidades logísticas, de armamento y disputas sangrientas por el control territorial, que dejan una estela de centenares de asesinatos. Ecuador es el país con más homicidios de la región y uno de los más violentos del mundo. La tasa de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes.
Este diagnóstico está detallado en varios informes incluidos en el último decreto, expedido el pasado sábado 28 de febrero, por el presidente Daniel Noboa, que acaba de renovar por 30 días más la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves y Echandía, en Bolívar.
Este documento es revelador porque muestra la radiografía real de los resultados de la lucha contra el crimen organizado estos dos primeros meses del año. Evidencia la gran preocupación de las autoridades policiales, militares y de Inteligencia por el aumento de homicidios múltiples y empleo de explosivos, que están documentados en informes de la Policía, el Comando Conjunto de FF.AA. (Comaco), y el ECU-911, así como del Centro de Inteligencia.
Más bandas, mayor criminalidad, violencia y corrupción
Así, la guerra interna declarada por el régimen contra las organizaciones delictivas desde el año pasado, en lugar de reducir la violencia la ha disparado, debido a la fragmentación de más bandas, con más actores delictivos involucrados, según se desprende del último Índice del Crimen Global del Crimen Organizado 2025, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus siglas en inglés). Ecuador obtuvo 7.48 sobre 10 puntos en criminalidad y 4.46 en resiliencia, que es la capacidad de respuesta frente a los delitos. Así, según GITOC Ecuador se ubicó en el cuarto puesto con mayor criminalidad entre 193 países y cuarto en crimen organizado transnacional, empatando con Paraguay a nivel regional. Aumentó la criminalidad (+1.23 puntos) y se redujo la resiliencia (−1.25 puntos). Esta tendencia es constante desde 2021. Los sectores con menos resiliencia son el Gobierno, la fuerza pública y el poder judicial, que también tienen altos niveles de corrupción. Ecuador ocupa el puesto 24 entre 35 países de la región con mayor percepción de corrupción.
Desde el año padado hay también una mayor diversificación de los mercados ilícitos: la minería ilegal se posicionó por encima del promedio y emergió como mercado ilícito relevante, además del de la cocaína; aumentaron las extorsiones por la atomización de los grupos y creció el tráfico de armas, ligado a una mayor violencia y crímenes, según destaca Renato Rivera, experto en seguridad y criminología.
Evolución con uso de armas de guerra
Según un Informe del Comando Conjunto, la amenaza de los grupos narcoterroristas ha evolucionado hacia formas más complejas, violentas y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de alto poder. Además con redes clandestinas de financiamiento y comunicaciones, fraccionamiento estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta por control territorial y capacidad sostenida de intimidación contra instituciones del Estado. “Esto demuestra que la amenaza no ha sido neutralizada estructuralmente y mantiene potencial real de escalamiento”, resalta el reporte del Comaco.
El análisis estratégico confirma, además, la persistencia de las condiciones que motivaron la declaratoria del Estado de Excepción en 2025, “evidenciándose un escenario de violencia organizada, sistemática y adaptativa que continúa afectando la seguridad. Los grupos criminales organizados mantienen su capacidad operativa, logística y presencia activa, con intentos sostenidos de control territorial”.
Más atomización y expansión territorial
Estos reportes militares coinciden con informes de la Policía que destacan la agudización de la violencia a partir de procesos de reconfiguración criminal. Expresamente se señala: “la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado que varias estructuras delictivas se dividan, generando disputas internas por el control. Estas pugnas derivan en un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial e incrementando la criminalidad a nivel nacional”.
Las organizaciones delictivas -agreaga- atraviesan procesos constantes de reconfiguración interna de sus estructuras y en el surgimiento de nuevas estructuras delictivas.
⇒ Según estadísticas oficiales, hay una persistencia y concentración de letalidad sistemática, concentrada en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbios. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional. Un caso destacado es el desplazamiento criminal hacia jurisdicciones focalizadas como El Oro, que registra un incremento del 110% en homicidios intencionales, en relación al mismo periodo del ano anterior (enero-febrero 20205).
Estas zonas han experimentado un recrudecimiento de la violencia, expresado en un aumento de homicidios intencionales ligados principalmente al narcotráfico, microtráfico y extorsiones, lo que afecta gravemente la percepción de seguridad de la ciudadanía.
Para la Policía, esta dinámica permite determinar que prevalece la violencia criminal y se puede seguir c consolidando este año. Esta concentra el 97,2% de la problemática, junto con las amenazas que concentran el 73,7% de la violencia criminal».
⇒ Según el Centro Nacional de Inteligencia (Informe de Inteligencia No.STIE-DOAIE-SD_IE-26-002,de 17 de febrero de 20226) “El crimen organizado ha incrementado su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social. Estas dinámicas se expresan de forma territorialmente diferenciada, adaptadas al valor estratégico de espacios urbanos, portuarios, rurales y corredores de tránsito, generando procesos de cooptación del tejido social e infiltración en economías locales que erosionan la gobernabilidad”.
En el período analizado se ejecutaron 17.887 operaciones militares, en apoyo a la seguridad interna, así como el decomiso de 292 armas de fuego y 522 artefactos explosivos. Esto no solo muestra respuesta estatal sino la persistencia del poder ofensivo y la capacidad logística de los grupos armados organizados. El ECU-911 coordinó 178.669 emergencias en las seis jurisdicciones, que están bajo estado de excepción, entre el 19 de enero y el 16 de febrero. 69,6% correspondieron a eventos vinculados a seguridad ciudadana, lo que refleja una demanda sostenida de intervención estatal frente a hechos violentos y de criminalidad organizada.
En síntensis -destaca el último decreto de Noboa- las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción en diciembre pasado persisten, han mutado y mantienen una capacidad real de afectación grave al orden público.