Especiales

Las conversaciones se retomaron el 9 de julio.

La cooperación con la justicia ecuatoriana es nula por parte del exembajador chino Cai Runguo y de su gobierno. Él está procesado y jugó un doble papel para sacar adelante la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo, salpicada por un entramado de corrupción que aún está por desenredarse. Tuvo una estrecha cercanía con los expresidentes Rafael Correa y Lenin Moreno. Estudiosos de las prácticas sinuosas de China explican el concepto de la “corrupción geoestratégica”, relacionado con esa nación. En Quito, la Embajada prefiere el silencio. La Fiscalía ha solicitado diez cooperaciones penales a la potencia asiática. Ninguna ha tenido respuesta.

Redacción Código Vidrio

Del exembajador chino Cai Runguo casi no hay rastro. Desde 2016 desapareció de la escena nacional quien durante el correísmo fuera un constante visitante y comensal del Palacio de Carondelet. A partir de ese año se ha refugiado en su país, que no ha respondido niguno de los pedidos de cooperación penal para investigarlo.

Tras dejar sus tareas diplomáticas Runguo también ocupó altos cargos ejecutivos en la empresa china Sinohydro Corporation, responsable de la construcción de la cuestionada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

El sagaz embajador chino llegó a ser amigo de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, pero frío y lejano con la justicia ecuatoriana. Él ha preferido mantener más que una prudente distancia sobre los dos procesos penales en los que está involucrado. Por un lado en el ya célebre caso Sobornos -por el que fue sentenciado Correa- y, por otro lado, en la red de corrupción que habría operado entre 2009 y 2018 alrededor de la construcción del Coca Codo Sinclair por parte de Sinohydro, y en el que está involucrado Moreno, su otro gran amigo.

En la Corte Nacional de Justicia recuerdan que el risueño y cálido Runguo prácticamente no colaboró con la justicia en el caso Sobornos, al punto que ni rindió versión. Todo lo dejó en manos de un abogado privado.Y fue sobreseído.

En el caso Sinohydro todo apunta a que su comportamiento distante y evasivo seguirá. Jamás cumplió la medida cautelar solicitada por Fiscalía en 2023, para que se presente periódicamente ante la Corte. La única certeza que se tiene sobre su paradero es que está en algún punto geográfico de la República Popular China.

Si bien sobre él no pesa una orden de prisión preventiva, el caso Sinohydro sigue su curso y aún está por definirse por la justicia el grado de participación que este hábil diplomático y astuto representante empresarial, quien ejerció ambos cargos cuando se habría configurado el esquema de sobornos por más de USD 76 millones para construir Coca Codo Sinclair.

De hecho, fue representante del Régimen de Beijing entre febrero de 2007 y enero de 2011. Y reapareció en el escenario de inmediato, al convertirse en asesor de Sinohydro primero y en 2013 después, al ser nombrado como el representante legal de la constructora china. Ambas designaciones de Runguo no hubiesen sido posibles sin el visto bueno del gobierno comunista chino, que tiene la última palabra sobre qué hacen o no todas las compañías que operan en el gigante asiático.

Según información de Fiscalía, China poco o nada ha colaborado en las investigaciones que se adelantan sobre las coimas y sobornos que giran en torno a la hidroeléctrica, que hasta julio de 2022 presentó 17 499 fisuras, según el informe del entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el asesinado Fernando Villavivencio.

El gigante asiático tampoco parece tener mayor interés en colaborar en este proceso para aclarar la participación que tuvo en este caso de presunta corrupción Runguo, quien jugó un doble papel: embajador plenipotenciario y luego representante de una sus empresas más importantes.

Hasta 2023 ninguna de la decena de solicitudes de asistencia penal requerida por la Justicia ecuatoriana fue atendida. La Embajada de China en Quito tampoco está interesada en transparentar sus acciones en este caso. No respondió a nuestro requerimiento para mantener una entrevista con alguno de sus voceros y así abordar el papel que cumplen los embajadores de ese país en Ecuador.

Corrupción geoestratégica

Para Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, no debe sorprender a nadie que el Régimen chino no tenga deseo de colaborar en este tipo de casos, que se inscribe en lo que él denomina “corrupción geoestratégica”. “La estrategia de China es lograr contratos en áreas estratégicas, especialmente en países de América Latina. El cómo (hacerlo) involucra diferentes lógicas, sin restricciones legales. Su lógica va desde pagar sobornos hasta inclusive contratar personal vinculado al gobierno en las empresas chinas”.

Como ejemplo de estas prácticas en la región cita un pintoresco caso registrado en Bolivia. Allí se fundió en una sola historia un romance del pasado de Evo Morales y una trama de tráfico de influencias en la que estuvo inmersa una empresa china. La protagonista: Gabriela Zapata, novia de Evo hasta 2007 y quien fuera gerente comercial de la empresa China CAMC Engineering Co., que mantuvo millonario contratos con el Estado boliviano. Ella fue sentenciada.

¿Qué papel cumplen los embajadores chinos en esta estrategia? Gamarra sostiene que los diplomáticos chinos se convierten en facilitadores para alcanzar los objetivos geopolíticos trazados. “Son representantes del Gobierno de la China (para) conseguir contratos para empresas chinas. En la China la empresa privada está ligada siempre al Estado. No se puede distinguir una empresa privada del Gobierno”.

En el caso Sinohydro, los 11 elementos de convicción presentados por la Fiscalía ilustran la doble función que ejerció Rungao en Ecuador. Primero como embajador, cuando puso a tope todo su talento diplomático para conseguir que el proyecto Coca Codo Sinclair sea una realidad, cuando parecía destinado al archivo. Una de las pruebas periciales deja en evidencia que sus buenos oficios fueron determinantes para destrabar el financiamiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico proveniente del Eximbank, también chino. A Correa le parecían impresentables las garantías exigidas y la forma en que debía dirimirse una eventual controversia.

Para impulsar nuevamente al proyecto, la relación personal que Runguo labró con Lenín Moreno fue crucial. Al punto que el propio Moreno habría conversado con Correa, explicándole que solo eran malos entendidos y que el Gobierno chino estaba dispuesto en acoplar al marco constitucional ecuatoriano los términos del crédito.

Los elementos de convicción también abarcan la faceta empresarial de Runguo al frente de Sinohydro Corporation, que está bajo la lupa de la Justicia ecuatoriana. En las delicadas funciones que entonces cumplía llegó a sus manos un cheque de una de las empresas con las que aparentemente funcionaba el sistema de sobornos y coimas de este caso. En total la investigación fiscal estima que recibió unos USD 40.000.

Otro dato que se conoció en la investigación del caso Sobornos fue la supuesta entrega de Runguo a Alianza país de 500 mil dólares -en enero de 2014- cuando era representante de Sinohydro: 400 mil en efectivo y 100 mil  con el cruce de facturas.

A la luz de los hechos, la línea que separa el papel de embajador del de empresario luce casi imperceptible en el caso de Cai Runguo y guarda similitud donde la economía y el Estado se funden bajo los lineamientos del Partido Comunista. “En China no hay separación entre el Estado y las empresas. Por eso, cuando un embajador de ese país gestiona lo hace a nombre de un Estado que comanda a la sociedad y la economía”, explica un embajador ecuatoriano de carrera.

Del amigable Cai tampoco hay noticias desde China. No se conoce a qué se dedica o si está bajo alguna investigación disciplinaria, en el marco de la campaña anticorrupción que, desde 2012, lleva adelante el presidente chino Xi Jinping.

Apenas han transcurrido dos meses desde el inicio del año, pero los jueces ya han emitido siete resoluciones para que detenidos permanezcan en su domicilio, en lugar de ir a prisión, la mayoría son narcos. La pareja del albanés Dritan Gjika recibió este beneficio.

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El 6 de febrero, en una operación transnacional, en la que participaron 800 agentes, fueron detenidas 18 personas en Ecuador y 13 en España. En este operativo se desmanteló una red que importaba al menos cuatro toneladas de cocaína al mes desde Colombia. El líder, el albanés Dritan Gjika, está prófugo. Su pareja, Ashley R., fue detenida porque en su vivienda se encontraron dos armas.

Quince días después, su defensa pidió que se revisara la prisión preventiva. Un juez de garantías penales se la concedió y dispuso que cumpliera arresto domiciliario; advirtiendo que debía fijarse la periodicidad de su presentación ante las autoridades. Además, ordenó el uso de un dispositivo electrónico, esto es, de un grillete.

Pero el 22 de febrero, la autoridad penitenciaria SNAI certificó que “no se dispone de stock de dispositivos de vigilancia electrónica”. Por lo tanto, quedó pendiente el cumplimiento de esta disposición.

Esta redacción pidió un pronunciamiento oficial del SNAI frente al desabastecimiento de grilletes. Al cierre de esta edición, aún no recibía una respuesta oficial.

En la casa donde vivió el albanés se encontraron dos armas de fuego, una Glock y una Ruger Prescott, con alimentadoras, calibre 9 mm; dos alimentadoras SB 9mm, cada una con quince cartuchos, según los documentos del proceso judicial. La Fiscalía argumentó que la mujer había incurrido en el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Sin embargo, la defensa insistió que las armas pertenecen a su pareja y presentó los documentos según los cuales cuenta con los permisos emitidos por el Comando Conjunto de las FF.AA.

Narcos, los más beneficiados

Pero el caso no es aislado. En lo que va de 2024, siete decisiones judiciales beneficiaron a detenidos con el arresto en domicilio.

Estas decisiones beneficiaron a procesados por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, en el 33 por ciento de los casos, según datos de la Policía.

En el nueve por ciento de beneficiarios, los acusados enfrentaban cargos por delincuencia organizada.

El cuatro por ciento de los beneficiarios es procesado por asesinato. Este es el caso de Marco Antonio M. (alias Marquitos), vinculado con el grupo terrorista Los Tiguerones que opera en Sauces y Esteros. Fue sentenciado a 22 años de prisión por asesinato. Recluido en el pabellón 12 del Centro de Privación de Libertad 1, tuvo tres intentos de fuga, según registros de la Policía. No solo eso. El 6 de febrero tomó cita en el hospital Monte Sinaí, con los nombres de otro detenido, para evadir a la justicia. Un juez de garantías penitenciarias que omitió todos los procedimientos y criterios técnicos que incluyen el antecedente de la tentativa de fuga, dispuso que cumpliera arresto domiciliario. El abogado defensor del acusado adujo “falta de atención médica permanente” y “para precautelar la vida”.

Además, a mediados de febrero, en una operación para capturar a los autores de un secuestro, cinco policías fueron detenidos. Para tres de ellos, las autoridades judiciales dispusieron arresto domiciliario.

En la zona 8 se cumplen 92 arrestos de este tipo. Para ello, 276 servidores policiales han sido destacados. En lugar de controlar la seguridad en las calles, vigilan que los detenidos no escapen de sus casas.

Este marzo se cumplen seis años del programa Conversando con Correa en Russia Today, el canal al servicio del Kremlin para desplegar su aparato propagandístico. El expresidente Rafael Correa, que ha hecho más de 60 episodios, es el único perfil de ese nivel que tiene su espacio de entrevistas para posicionar las críticas contra Estados Unidos y Europa y alabar el Socialismo del Siglo XXI. Ecuador sacó del aire el canal RT en noviembre de 2019, sin embargo, mantiene su influencia a través de internet.

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En 2014, el canal Actualidad RT o Russia Today publicaba un documental con el entonces presidente Rafael Correa, producido por la activista estadounidense-venezolana Eva Golinger, de quien se supo mantenía contratos con el mismo gobierno de Correa. Tal era el interés del gobierno y la cadena rusa de amplificar el mensaje, que RT reprisó el programa cada dos horas, mientras en el canal Ciudadano TV se retransmitió tres veces el viernes 23 de mayo y luego todo el fin de semana. Estaba en el auge de su popularidad Diez años más tarde, el exmandatario está fuera del país, con una condena a cuestas que le impide regresar.

Pero para los rusos sigue siendo popular y por eso tiene su programa exclusivo: “Conversando con Correa” que, aunque no conserva una periodicidad fija, se mantiene en el aire. El objetivo parece no ser un espacio informativo sino posicionar o defender un mensaje ideológico y de polarización, acorde a su personalidad y los intereses del Kremlin. Varios expertos y análisis han señalado a RT como una maquinaria de propaganda pro rusa, sobre todo en Latinoamérica, porque este canal de noticias y su difusión en redes está bloqueado en Europa, Estados Unidos y otros países. La desinformación que proviene de Rusia, que tuvo su cúspide con la guerra en Ucrania mostró hasta dónde podía llegar.

De hecho, Ecuador fue uno de los primeros países en sacar del aire a RT en 2019. El canal se transmitía por señal abierta desde 2015, cuando Fernando Alvarado, entonces secretario de Comunicación, firmó en Moscú un acuerdo para “afianzar las relaciones entre ambas naciones”. Había pasado casi un año del documental realizado a Correa y al parecer quedaron cautivados. “Hasta el momento teníamos solo el punto de vista ofrecido por la CNN, pero estamos interesados en opiniones diversas”, decía Alvarado a los periodistas de RT tras el acuerdo.

En 2019, el mismo Correa dijo: “Me siento un poco mal porque creo que es por mi culpa que sacan a Russia Today de la plataforma de canales.” Aunque con un argumento enredado en tecnicismos, la medida la tomó la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), después de las protestas indígenas de octubre que estuvieron a punto de derrocar al gobierno. Correa no solo era entrevistador de RT, sino también una fuente de opinión y análisis en ese canal que pedía la renuncia de Moreno, al igual que lo hizo después en el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, la cadena rusa mantiene su influencia en Ecuador por redes sociales y su página web y ha tenido un papel importante en posicionar ciertas ideas como la que la dolarización es la responsable de narcotráfico en el país.

61 programas con Correa

Hace exactamente seis años se inauguraba “Conversando con Correa” en marzo de 2018, con una entrevista al intelectual Noam Chomski, para criticar la política exterior de Estados Unidos y su influencia en América Latina. Y esa es una de las líneas discursivas de sus entrevistas. Justamente, quienes estudian el impacto de la propaganda rusa coinciden en que su interés es opacar la influencia occidental en la región.

Hay tres razones que explican el atractivo de RT para el público hispanohablante: “el déficit de medios de comunicación no occidentales en América Latina, el sentimiento antiamericano en la región y el desconocimiento de las realidades de la Rusia actual”, según Vladimir Rouniski, profesor asociado de la Universidad Icesi de Columbia, citado en un informe del Reuters Institute. Y no es casualidad. Un estudio del DRFLab determinó que la palabra más usada en un conjunto de noticias de RT es EE.UU.

Y Correa se ha convertido en uno de los alfiles para este objetivo. Pero también saca su tajada: las entrevistas con exmandatarios y otros políticos alineados al Socialismo del Siglo XXI le sirven para posicionar su mensaje de “lawfare”, según el cual fue perseguido por la justicia ecuatoriana por razones políticas. Ha entrevistado en tres ocasiones a Evo Morales, en dos ocasiones a Nicolás Maduro, Cristina Fernández, Manuel Zelaya, por ejemplo, con quienes coincide en que los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI fueron las mejores épocas y que la eterna crisis de América Latina es culpa de la derecha y el capitalismo. Nunca ha invitado a alguien que lo contradiga frontalmente.

¿Pero por qué Correa? Parte de la explicación puede ser la afinidad que tuvo desde que fue entrevistado por Eva Golinger. Por otra parte, Douglas Farah, coautor del informe “Campañas de influencia Rusa en América Latina dice que: “Correa ha sido una figura importante, porque tiene la capacidad de comunicar, su proyección es potente. Es tal vez la voz más altisonante y coherente de los bolivarianos hoy en día. Mejor que Maduro, Evo ya está casi acabado, Evo no habla. Entonces Correa es una pieza muy importante y como su ataque siempre va hacia Estados Unidos, y el imperio, y el concepto de la democracia, la transparencia, la justicia y el estado de derecho occidental, eso le sirve mucho a Rusia.” Esa facilidad de palabra y convencimiento desarrolló Correa cuando empezó a hacer sus sabatinas para atacar a sus opositores y mantener al país en un estado de propaganda.

Hasta ahora ha emitido 61 programas y entre los titulares que ha dado están: Noam Chomski: Los tiempos cuando EE.UU. podía derrocar gobiernos cuando quisieran ya pasaron; Mahamud Ahmadineyad (expresidente de Irán): «Si a EE.UU. le preocupa la paz mundial, que destruya primero sus propias bombas atómicas»; Nicolás Maduro: «Trump agrede a Venezuela con un odio especial, yo lo comparo con la era de Hitler»; Oliver Stone (documentalista): «EE.UU. se ha convertido en una fuerza del mal contra la gente que quiere cambiar las cosas»; Roger Waters (cantante): «Quienquiera que gobierne EE.UU., que son oligarcas y plutócratas, no tiene ningún interés en las libertades ni en la libertad», etc.

Además de entrevistador estrella, es analista invitado para hablar de las crisis económicas o seguridad del Ecuador, por ejemplo, donde cuestiona las políticas adoptadas por los tres gobiernos que se han posicionado luego de su salida. En RT nunca le han cuestionado por los escándalos de corrupción que saltaron en su administración y que cada vez la justicia va comprobando. Así RT y Correa ganan mutuamente.

Financiamiento y estrategia

Correa nunca ha comentado sobre su contrato con RT ni ha confirmado o desmentido el rumor de que cobra 16 mil dólares por cada programa. Se sabe que no tiene estudio fijo, sino que sus programas son grabados en distintas locaciones en distintos países, donde pueda reunirse con sus invitados, sobre todo en foros internacionales. Algo que no resultaría nada barato, si tiene que mover los equipos y personal de grabación.

Sin embargo, en 2019 se hizo pública la existencia del Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE), una especie de fundación que creó el correísmo cuando su líder dejó el poder y se fue a vivir en Bélgica. Su objetivo es promover la imagen de Correa a nivel internacional en conferencias, foros y otros espacios. El exmandatario funge como presidente del directorio de esta organización, que fue disuelta en Ecuador en 2019, cuando se dio a conocer que recibía financiamiento de Venezuela y tendría conexión con los medios rusos.

Fue el secretario Anticorrupción del gobierno de Lenín Moreno, Iván Granda Molina, quien hizo pública la manera en la que se financiaba el IPPE. Según la denuncia, el gobierno de Nicolás Maduro, utilizó el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) para trasferir 926 mil millones de bolívares a una cuenta de esta fundación. Eso era unos 281 mil dólares. Rafael Correa recibió 96 mil dólares de ese dinero. El resto se transfirió a cuentas de exministros del correísmo como Ricardo Patino, Fausto Herrera, Diego Martínez, entre otros. Granda empezó a pedir más información, que reposaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como estados financieros de la fundación, ingresos y gastos, etc. Ante la negativa de la entrega de la información, se inició un proceso de liquidación. El IPPE operó formalmente en Ecuador desde agosto de 2017 hasta julio de 2019, cuando se ordenó su disolución.

El correísmo interpuso una acción de protección para no entregar información que consideraba reservada y protegida por el sigilo bancario, pero la justicia le negó la medida. Según lo que se difundió en ese entonces, al IPPE también habría llegado transferencias de los medios rusos. Pero, la justicia no dio paso a una investigación penal y el caso quedó ahí. Sin embargo, hasta el año anterior, María Soledad Barrera Altamirano, quien fue gerente general del Banco del Estado y una de las directivas del IPPE, insistió judicialmente para reactivar la fundación. Sin embargo, la justicia archivó el caso. Según los expedientes, Barrera argumenta que nunca se comprobó que la fundación haya incurrido en delitos, pero tampoco desmintió que hayan recibido transferencias de Venezuela y los medios rusos. Dijo que se tergiversó la información.

De todos modos, el IPEE está activo y promociona los eventos en los que participa Rafael Correa, aunque en Ecuador ya no puede tener cuentas bancarias, tras su disolución. Ni su página web ni sus integrantes han transparentado si tienen personería jurídica en otro país. A través de redes sociales del IPPE reproducen las entrevistas de Rafael Correa en RT. Es parte de la estrategia de promoción de su líder.

El tridente, integrado por el exlegislador socialcristiano Pablo Muentes, y los jueces Fabiola Gallardo y Johan Marfetán funcionaba a la perfección para manipular fallos y todo tipo de recursos a favor de narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco y de sus propios intereses en Guayas. Uno de sus instrumentos principales fue el Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).

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Desde el 2019, cientos de procesos fueron direccionados a jueces a la carta, parte de una red criminal, que ha causado millonarias pérdidas a instituciones públicas, personas y empresas privadas, a través del hackeo del Sistema de Consulta de Procesos Judiciales (Satje).

Esta red de manipulación de los sorteos ha seguido operando, intocable, en medio del silencio y negligencia de las autoridades, pese a que su esquema fue descubierto y denunciado hace más de cuatro años, ante las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura, por abogados e informáticos que hicieron una auditoría interna al sistema, precisamente, en Guayaquil.

Una de las principales artífices del direccionamiento de causas desde el Satje en Guayas fue Mayra Salazar, exasesora y relacionadora pública de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y amante del narco Leandro Norero. Salazar también movía los hilos de la justicia para aplicar sumarios y sanciones (para los jueces que no se torcían), cambios administrativos y todo tipo de beneficios conectados con intereses del narcotráfico y sus operadores políticos en la Asamblea. Cualquier trámite tenía una tarifa.

El empleo delictivo del Satje por esta red salió a la luz el lunes pasado durante la audiencia de formulación de cargos por supuesta delincuencia organizada en contra de Muentes, Gallardo, Marfetán y nueve implicados más, dentro del caso Amistad. La acusación fue impulsada por la fiscal Diana Salazar y su equipo desde el lunes 4 de marzo pasado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El hilo conductor de esta trama quedó al descubierto en cientos de mensajes de texto encontrados en el celular de Salazar durante la investigación del caso Metástasis, que es la matriz del juicio Purga, en el que ella está detenida.

La captura de los implicados y los allanamientos en varios sectores de Guayas se concretó la madrugada del lunes durante un mega operativo, en coordinación con la ministra de Gobierno, Mónica Palencia. Ella dispuso que el mando policial movilice en pocas horas -para evitar la fuga de información- unos 900 policías, así como toda la logística para las acciones de la Fiscalía.

La Fiscalía acusó formalmente a 12 implicados. El juez Javier de la Cadena ordenó que vayan a prisión, además de los integrantes del tridente, seis procesados más, incluidos los jueces y exjueces de la Corte Superior de Guayas Henry Taylor Terán, Nelson Mecías Ponce y Alberto Lino Tumbaco; además Ruth Solano Padilla, procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros de Pichincha.

También dictó medidas alternativas para dos procesados y arresto domiciliario para el juez Reinaldo Cevallos, por ser de la tercera edad.

Salazar aprendió a manipular el Satje

En sus chats de WhatsApp se evidencia que, como parte clave de la red, Mayra Salazar aprendió a manejar el Satje para asegurarse de que procesos de gran relevancia pasaran directamente, sin ningún sorteo, a jueces alineados con sus intereses quienes al parecer también recibían pagos por sus sentencias. El objetivo era favorecer, entre otros, a delincuentes, narcos y políticos corruptos, según resaltó la fiscal Salazar.

En los mensajes, Mayra Salazar se refiere a una serie de arreglos en los sorteos de las causas judiciales, por medio del exvocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien está preso, procesado en el caso Independencia Judicial.

La utilización delictiva del Satje se ha vendido denunciando sistemáticamente desde 2019, sin que ninguna autoridad pueda frenar las manipulaciones, que involucran abogados, funcionarios y jueces.

Hace cuatro años, la Dirección de Gestión Procesal envió un informe a las autoridades del CNJ, alertando las vulnerabilidades del SATJE. Los informes sobre estos ilícitos empezaron a tomar cuerpo en 2020, cuando la Dirección de Transparencia y otros departamentos detectaron 120 casos que siguieron un mismo patrón: la mayoría fue ingresada como delitos flagrantes a jueces determinados, aunque se trataba de acciones constitucionales, en su mayoría acciones de protección y hábeas corpus. Los casos se ingresaron, en general, en horas y días no laborables.

“Funcionarios de Tecnología empezaron a enviar denuncias sobre los sorteos amañados en Guayaquil. Instalaron alertas en el sistema para detectar intromisiones el momento de los sorteos”, relató un técnico de la Judicatura, que pidió la reserva y fue parte de la investigación.

Así, los técnicos rastrearon los casos encausados ilícitamente desde un computador virtual, fuera de las unidades judiciales. Se identificaron 119 procesos donde se aplicó el mismo esquema. En más del 90% de los trámites se benefició ilícitamente a entidades privadas y personas naturales, en perjuicio de instituciones públicas, que perdieron las acciones interpuestas y con ello decenas de millones de dólares.

El 2020, el CNJ presentó una demanda penal en la Fiscalía, que básicamente ha ido corroborando los ilícitos e identificando muchas más vulneraciones, así como la forma en que operaba la red y todas las complejidades informáticas del sistema paralelo. Pero el caso se mantiene en indagación previa.

En los peritajes realizados se determinó que 9 de 25 jueces recibieron la mayoría de procesos direccionados. Un solo juez obtuvo 46 casos constitucionales, civiles, tributarios, penales y laborales. Otros dos ministros obtuvieron 33 y 28. En promedio otros jueces recibieron 9 causas.

Gallardo, Marfetán, Tumbaco y Terán en la mira

En la matriz que fue analizada y sirvió como elemento de prueba en la demanda del CNJ hace cuatro años aparecen como destinatarios de los procesos direccionados los nombres de los jueces María Fabiola Gallardo, Johan Marfetán, Alberto Lino Tumbaco Ramos y Henry Taylor Terán, hoy procesados en el caso Purga. “Si las autoridades de control hubieran cumplido su trabajo -dice un funcionario que estuvo en las auditorías informáticas- la red no habría seguido operando desde el 2020 y los responsables, incluidos los jueces, ya estarían sentenciados”.

En mayo del año pasado, Código Vidrio publicó el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal contra cuatro exdirectores del Consejo de la Judicatura del Guayas, que facilitaron la manipulación del sorteo.

En tres meses del 2020 se identificaron 422 sorteos de causas manipuladas y direccionadas a jueces que eran parte de una lista de “elegidos” que dictaban fallos favorables. En su mayoría correspondía a acciones de protección y habeas data, con un claro perjuicio al Estado.

Entre abril de 2017 y diciembre de 2021, 396.089 causas ingresadas como flagrantes fueron asignadas manualmente a los jueces. A pesar de que el sistema cuenta con la opción para definir los horarios en los que los jueces atienden las flagrancias, 169.301 causas se derivaron a jueces que no estuvieron de turno.

La Contraloría también determinó que la funcionalidad Flagrancias del SATJE permite el ingreso de causas en otras materias, por lo que a nivel nacional 179 causas, correspondientes a los ámbitos Civil, De la familia, mujer, niñez y adolescencia, Trabajo, Garantías penitenciarias e Inquilinato fueron ingresadas al SATJE como flagrantes, aunque esta opción solo es aplicable para posibles delitos, cometidos bajo las circunstancias contempladas en el Código Penal.

De las investigaciones realizadas se pudo determinar un hackeo constante al sistema informático que sin embargo no ha sido blindado y protegido tecnológicamente para garantizar la transparencia en el acceso a la justicia.

Uno de los investigadores de las vulneraciones estima que la investigación penal de esta manipulación en el sistema de sorteos debería ser reactivada y vinculada al caso Purga. “Eso en vista de que de los cientos de casos que fueron ilegalmente sorteados, se desprenderían millonarias pérdidas en contra de instituciones públicas y GADS”.

Dentro de estos casos, denunciados por la Judicatura, la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la empresa de seguros Interoceánica, que interpuso una acción de protección que fue direccionada a los jueces de la Corte Provincial de Guayas: Marianela Pinargote, Mauricio Suárez y Lenín Zeballos, quienes le dieron la razón a la aseguradora que ha seguido operando.

Otro caso es el de Radio “Morena”, vinculada directamente con el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida Morán. El 18 de septiembre de 2019 los dueños de la frecuencia interpusieron una acción de protección en contra de ARCOTEL, que resolvió prohibir la renovación del contrato de concesión otorgada a esa radio y sus repetidoras, en Portoviejo y Santa Elena.

Los avances de la indagación previa no se han conocido públicamente, pese a la abundancia de elementos probatorios de posibles delitos que habrían cometido jueces, funcionarios judiciales, abogados patrocinadores y personas naturales y jurídicas beneficiarias de los sorteos manipulados.

En diciembre de 2022 los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero declararon inocentes a 17 acusados de narcotráfico, y echaron a la borda casi dos años de una investigación transnacional que detectó tres estructuras narcodelictivas. A fines de febrero, más de 14 meses después, el Tribunal de Garantías Penales de Manta revirtió ese fallo. Determinó que 17 de 18 procesados son culpables, aunque anteriormente otros jueces habían declarado su inocencia.

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La justicia se pronunció. En diciembre de 2022, dos jueces dictaminaron que un grupo de personas acusadas de apoyar la logística para el tráfico de drogas eran inocentes. Pero todo cambió el último día de febrero de 2024. El Tribunal de Garantías Penales de Manta determinó que 17 de los 18 procesados son culpables. Quince fueron señalados como autores o coautores, y sentenciados a 16 años de prisión. Dos, en cambio, fueron hallados cómplices, fueron condenados a nueve años.

Es uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos, porque dejó en entredicho la actuación judicial, pese a las abundantes pruebas de la participación de los procesados en el delito de narcotráfico.

Bautizado Poseidón o Pangueros Locos demandó una investigación de un año y medio. Se trataba de tres estructuras dedicadas al envío de cocaína por vía marítima hacia México y Estados Unidos. Los primeros indicios fueron detectados en agosto de 2020: apuntaban a que unas 20 toneladas de droga se habían enviado en los dos años previos, a través del Pacifico.

A través de tres Asistencias Penales Internacionales, la justicia de Estados Unidos compartió análisis químicos de toneladas de droga incautadas por guardacostas de ese país; nombres y apellidos de aprehendidos; fotografías de los procedimientos; evidencias halladas en las narcoembarcaciones, incluyendo las características de los teléfonos satelitales. En suma, la investigación transnacional permitió documentar las comunicaciones entre capitanes y dueños de buques, para fijar “las coordenadas, los días y las horas para abastecer de combustible a las lanchas que transportaban la droga”.

Dos ciudadanos ecuatorianos fueron extraditados de España hacia Estados Unidos, en el contexto de este proceso penal.

Según los investigadores, las lanchas abastecían de combustibles y otros medios logísticos en apoyo a narcoembarcaciones.

El 27 de octubre de 2021, en un operativo policial transnacional, apoyado por agencias de Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de ese país, fueron detenidas varias embarcaciones.

Para sustentar la acusación, un agente estadounidense rindió versión durante seis horas y media en el contexto del proceso judicial.

Lo sorprendente ocurrió a fines de 2022. Dos de los tres jueces, José Luis Alarcón y Mary Quintero, no hallaron méritos en la acusación. Dictaminaron la inocencia de los procesados.

Sin embargo, tanto Fiscalía como la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales (UNIDT-DIGIN), presentaron un recurso de apelación de la sentencia que confirmaba el estado de inocencia de los 18 procesados.

El 29 de febrero de 2024, el Tribunal de Garantías Penales de Manta aceptó el recurso de apelación y sentenció a los responsables conforme al artículo 221 del COIP. En él, se tipifica como delito las actividades de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas, sujetas a fiscalización.

Las noticias manipuladas se revisan continuamente en la plataforma a través de verificadores de publicaciones. Y para evitar que el contenido pernicioso se propague, la red prioriza los post de cuentas cercanas y preferenciales. También mantinene una línea constante de  capacitación de organizaciones de ‘fast checking’ y en intervención de controladores de contenidos. Las advertencias en cuentas que buscan el debate y las provocaciones, como las provenientes del medio ruso RT, son visibles.

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En la principal red social del grupo Meta, la regulación de la desinformación pasó de las advertencias a la eliminación y suspensión de cuentas que divulgan información falsa. Así lo hizo público la misma plataforma en el 2020, cuando anunció un control más estricto a las ‘fake news’ con un nuevo proceso de verificación.

El control se intensificó tras polémicas como la denuncia por una supuesta venta de información de 87 millones de usuarios a la consultora política Cambridge Analytica, que le costó a Facebook una multa de USD 5.000 millones, impuesta en el 2019.

El problema salió a la luz con decenas de reportajes e informes donde se indicó que la red social persuadió a votantes del Reino Unido para mostrarse a favor del referéndum del Brexit, en el 2016, con publicaciones erróneas que posteriormente fueron eliminadas.

Para recuperar su reputación la plataforma invirtió en la implementación de un proceso de comprobación que se hizo más visible luego del 2020. Así lo recuerda Roberto Moreano, docente de Periodismo de la UDLA y experto en periodismo digital.

Esa inversión, explica Moreano, se evidenció en distintas aristas como en la capacitación de organizaciones de ‘fast checking’ y en intervención de controladores de contenidos. Las advertencias a manera de contexto que ahora se observan en algunas publicaciones de medios, también se aplicaron.

En determinadas noticias del canal Russia Today (RT en Español) en esta red, por ejemplo, las aclaraciones que da Facebook sobre su procedencia aparecen junto a cada post (anexo 1).

En el 2018, la regulación más estricta de FB ya dio sus frutos con una primera identificación pública de 82 páginas creadas en Irán y que incumplieron reglamentos base de Facebook, sobre “comportamiento falso coordinado”.

El contenido desde Rusia, en la mira 

La campaña desinformativa proveniente desde Rusia, en el contexto de la guerra con Ucrania, también fue identificada en esta red en septiembre del 2022. En ese año, Facebook detectó al menos 1.600 cuentas falsas que se utilizaban para la difusión de noticias manipuladas y malintencionadas.

El contenido se introdujo en países como Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, y claro, Ucrania. Y los hallazgos continuaron en los meses siguientes y hasta en el 2023.

El estudio ‘Desinformación y Guerra’ sobre verificación de imágenes rusas falsas sobre este conflicto, y divulgadas por la revista Íconos en enero del 2023, analizó a ocho plataformas y concluyó que Facebook alojó la mayor cantidad de imágenes manipuladas desde Rusia. El análisis se realizó en publicaciones difundidas entre enero y abril del 2022.

Este uso preferencial del que se vale el poder político en redes como Facebook, para persuadir a los usuarios, está estrechamente ligado a lo emocional. Así lo comenta Pablo Escandón, docente de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar.

“Quienes están buscando posicionar un tipo de relato recurren a estos espacios, donde está una gran parte de personas para generar conversación, diálogos, debates y todo lo que provoque y lleve a la gente a discutir algo”, enfatiza el docente.

Para Escandón, los grupos políticos ya saben cómo “influir emocionalmente sobre cierto grupo de usuarios” en redes como Facebook, donde prima lo visual. De allí que los comentarios a distintas publicaciones se difunden casi sin mesura, y como consecuencia, la conversación motiva al algoritmo a posicionar dicho contenido.

Capturas de pantalla de la transmisión en vivo de RT, del 21 de agosto del 2023

Pero, aunque las publicaciones en Facebook -que incluyen contenido político y polémico- provoquen todo tipo de reacciones y debates, sí pasan por filtros y regulaciones. Eso se puede observar, por ejemplo, en una transmisión en vivo que el canal RT realizó la noche del 21 de agosto del 2023. Ese día se conoció que el entonces candidato Daniel Noboa y la opción del correísmo, Luisa González, se enfrentarían en el balotaje por la Presidencia de Ecuador.

El post que fue publicado tres veces alcanzó las 7.000 visualizaciones al menos hasta el 28 de febrero del 2024 y obtuvo 221 likes, 35 reacciones y 70 comentarios. Sin embargo, de los mismos solo se visualizan 16 comentarios en total y en ninguno de ellos aparecen insultos, amenazas, frases negativas u otra reacción malintencionada.

A decir de Escandón, en momentos electorales como aquella primera vuelta para elegir al Primer Mandatario ecuatoriano se vuelve más evidente el control que aplica Facebook a las publicaciones. Pero eso no quiere decir que hay una censura total de contenidos.

El algoritmo, la clave para discernir las publicaciones

Cristian Espinosa, director de Cobertura Digital, coincide en que aunque Facebook ha intentado aplicar algunos procesos de regulación incluso a través de verificadores externos no han resultado ser “lo suficientemente rápidos” para detener a toda la desinformación que circula en este espacio. Uno de los inconvenientes, añade Espinosa, es que hay menos contenido en tiempo real que se vuelve más difícil para analizar.

Lo que hace esta red, a través de su algoritmo, es seleccionar el contenido que le resulte más relevante para cada usuario de acuerdo con sus preferencias. De allí que, al ingresar a la ventana de inicio de cada perfil, las primeras noticias o post que aparecen en cada cuenta provienen de contactos o grupos más frecuentados y cercanos a cada persona.

“Facebook busca controlar qué tipo de contenido le llega a cada usuario dependiendo sus preferencias y lo que va aprendiendo del usuario mismo”, explica el experto Joako Cadena, experto en Marketing Digital, en una de sus clases virtuales disponibles en línea.

Por todo eso, la creación de cuentas falsas para la difusión de la información pierde terreno de a poco en esta plataforma, donde el seguimiento a las cuentas consideradas falsas no se queda solo en el intento.  De hecho, una de las pistas para detectarlas es la cantidad mínima de seguidores, tal y como lo comentó Nathaniel Gleicher, responsable de políticas de seguridad de Facebook, en enero del año pasado.

Y aunque la revisión del origen de una publicación depende de un par de clics, la contrastación de información aún es un paso que omite la mayoría de los usuarios que navegan en esta red social. Esa fue una de las conclusiones que se desprendieron del estudio ‘La era de la desinformación y de las noticias falsas en el ambiente político ecuatoriano de transición’, publicado por la Universidad San Francisco de Quito en el 2019.

Las autoras de este análisis, Fernanda Tusa y María Belén Durán, coinciden en que los usuarios “simplemente comparten (el contenido) por impulso, por el simple hecho de que esa publicación refuerza sus creencias e ideologías”.

 

 

El sistema Ecu911 tiene 6.500 cámaras. En 2022 se necesitaban 2.200, pero solo se compraron 540 aparatos, por falta de fondos. Hace cinco años, la plataforma diseñada e implantada por la empresa china CEIEC debía entrar a un proceso de modernización, que aún no se concreta. El código chino de protocolo cerrado no permite adaptar tecnología moderna y genera una dependencia con China. En el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas, desde la Senain, a través de un sistema espejo. El director del Ecu911, Bolívar Tello, no respondió nuestros pedidos de entrevista. 

Alianza Código Vidrio – Vistazo

“Hay algunos despistados que nos quieren hacer creer, solo por oponerse al gobierno, que nos sobra plata y que nos podemos dar el lujo de no utilizar nuestros recursos naturales. Vaya disparate, compatriotas, la historia sabrá juzgarlos. El Ecu911 brindará cobertura integral de seguridad. (…) Si salvamos una sola vida, ya será ganancia. Estas son obras del nuevo país, del nuevo Estado, del nuevo sector público”. Era el discurso del entonces presidente Rafael Correa en septiembre de 2014, cuando inauguraba el centro Ecu 911 en Portoviejo, Manabí. Uno de los 16 que se construyeron a nivel nacional y con una plataforma tecnología de la empresa China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC).

Aunque Correa argumentaba que la inversión de este proyecto provenía de las ganancias generadas por la explotación de recursos naturales, lo cierto es que la mayoría de esos fondos llegó de créditos de bancos chinos. Las negociaciones entre los dos gobiernos iniciaron en 2011, después de algunas visitas de funcionarios ecuatorianos a China.

Según un informe de Contraloría que auditó los contratos, se aplicó el mismo modelo de negociación y contratación de la central hidroeléctrica Coca-Coco Sinclair, en 2009: los famosos “créditos atados”. Es decir, China prestaba el dinero y Ecuador estaba obligada a contratar una empresa pública del país asiático para la obra.

Así, CEIEC obtuvo al menos tres contratos para el Ecu911, entre la implementación de la plataforma tecnológica, por 171 millones de dólares, y la construcción de seis centros en diferentes provincias por 38 millones. La empresa tenía la obligación de dar soporte y mantenimiento durante algunos años, luego de lo cual todo el sistema debía entrar en procesos de actualización, repotenciación o modernización.

Pero eso no ocurrió. Con la llegada de Lenín Moreno al poder y la fractura con su antecesor Correa, se empezaron a cuestionar las obras y créditos provenientes de China. El nuevo gobierno comenzó a buscar otros socios y otras alternativas para el Ecu911, pero al mismo tiempo quería reducir el gasto público.

La actualización no fue más que una quimera si se analiza la variación de los presupuestos anuales de la institución. Para el 2014, el Ecu911 tuvo un presupuesto codificado de 216 millones de dólares, aunque devengó 197. Para los siguientes años, ese monto fue bajando hasta que, en 2022, se proyectó un presupuesto de 40 millones y solo se devengó 10 millones.

La reducción del gasto aplicado a todo el sector público impidió la modernización de la plataforma. Y así han pasado más de cinco años. El Ecu911 ha tenido que recurrir a contrataciones parche para ir actualizando el software y equipos como cámaras, a medida que cumplen su vida útil o se dañan.

Un sistema de código cerrado

El Ecu911 es una infraestructura con varios subsistemas, al que se conectan instituciones como la Policía, Bomberos, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud, municipios, entidades que trabajan en la gestión de riesgos, etc. Es algo muy complejo, pero tiene dos macro componentes: la atención de emergencias, que es cuando una persona sufre un accidente o es víctima de violencia y requiere ayuda urgente; y la videovigilancia, para monitorear, por ejemplo, espacios públicos, sitios de riesgos naturales, para alertar y prevenir cualquier peligro. Con el paso de los años se han ido comprando más cámaras y otros equipos, pero así mismo muchas otras quedaron obsoletas. Algunos de los subsistemas ya han fallado.

Según datos de 2022, había cerca de 6.500 cámaras, pero unas 1.100 estaban inhabilitadas, fuera de servicio. Es decir, en videovigilancia el Ecu911 solo operaba al 83 por ciento de su capacidad. Eso significa menos zonas vigiladas. En julio de ese año inició un proceso de contratación y se necesitaban 2.200 cámaras; sin embargo, solo se compraron 540, pues no había más presupuesto. Es decir que el sistema requiere adquirir 1.660 cámaras para operar al 100 por ciento.

Pero no es solo eso. A finales de 2023 inició un proceso de contratación para repotenciar el sistema de almacenamiento. En Esmeraldas, por ejemplo, colapsó el sistema y tuvieron que almacenar el contenido en los centros de Portoviejo e Ibarra. “Generando un impacto negativo para la seguridad de ese cantón”, explica el proceso contractual. Es un parche sobre otro.

En 2022, el entonces director del Ecu911, Juan Zapata, explicó en una comparecencia en la Asamblea Nacional que el principal problema del Ecu911 es que se asienta sobre una plataforma de protocolo cerrado. Eso significa que es muy difícil o imposible que los equipos actuales se puedan conectar con este sistema. Por ello, Zapata informó que se trabajaba ya en un proyecto de modernización total para reemplazarlo por uno de protocolo abierto, que permita que las actualizaciones y conexión de nuevos equipos y tecnología sea más fácil.

En esa misma comparecencia, el entonces director de Tecnología del Ecu911, Juan Pablo Torres, dijo que la modernización contaría con cámaras que permitan el reconocimiento facial, lectura de placas de vehículos y la analítica de video. Explicó, además, que gran parte del código, protocolos y manuales de la plataforma de CEIEC estaban escritos en chino y que algunos de los técnicos Ecu911, capacitados por esa empresa, renunciaron. Los funcionarios explicaron que no solo era difícil trabajar con CEIEC por los problemas que representaba el protocolo cerrado, sino porque en 2020 el gobierno americano sancionó a esta empresa asiática. El argumento del Departamento del Tesoro de EE.UU. fue que CEIEC había colaborado para “restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos” en Venezuela.

De hecho, CEIEC aterrizó primero en Ecuador y el modelo de Ecu911 luego se exportó a Venezuela, donde se llama VE911. Allá también tiene otros contratos como el de vigilancia penitenciaria, al igual que lo tuvo en Ecuador con el contrato de grilletes electrónicos que fue cuestionado por Contraloría.

Según un informe de Trasparencia Venezuela, hay indicios de que el trabajo de CEIEC y otras tres empresas chinas (Huawei, ZTE Corporation y China CAMC) han jugado un papel de injerencia extranjera en la seguridad nacional  e infraestructura tecnológica, con ausencia de fiscalización, controles e información pública.

Sin embargo, un artículo académico de Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos (IAEN), descarta que el Ecu911 en Ecuador haya implantado un sistema de vigilancia autoritario y persecución. Apunta que el sistema se adecuó a las necesidades del país y permitió la incorporación de un sistema de seguridad integral. Además, sirvió de ejemplo para otros países de la región que copiaron el modelo. Para Álvarez, el fondo es que la implementación y decaimiento de Ecu911 han estado influenciados por las alineaciones de política exterior de los gobiernos de turno. No obstante, en 2019 una investigación del New York Times www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html. reveló que durante el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas, ya que en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) operaba un sistema espejo que proyectaba la información de las chamarras del ECU911.

En 2022, el entonces asambleísta Juan Cristóbal Lloret cuestionaba que antes de la sanción a CEIEC, en 2019, ya se habían presentado dos ofertas de repotenciación, pero que no se hicieron por los recortes al gasto público. Una de las ofertas provenía de la misma CEIEC por 134 millones de dólares y otra de la empresa Sitecsys por 150 millones, según la propia información del Ecu911. Lloret lamenta que han pasado ya cinco años desde que se debía hacer una repotenciación. No obstante, el argumento de las siguientes administraciones fue una modernización para reemplazar la plataforma por completo, lo cual requiere de más recursos.

Situación cada vez más crítica

Pero más allá de las afinidades políticas, la situación del Ecu911 es cada vez más crítica. Hay equipos que ya van a cumplir 10 años y su tecnología es obsoleta. No se sabe si hay un plan de modernización o si continúan las contrataciones parche, o cuántas cámaras están funcionado. Esta alianza periodística intentó, en reiteradas ocasiones, durante las últimas tres semanas, tener una entrevista con el actual director de la entidad, Bolívar Tello, pero su equipo de comunicación dijo que su agenda estaba copada.

Un exfuncionario de alta jerarquía en el Ecu911, que prefiere el anonimato, confirmó a que desde hace años hay un plan de modernización con dos opciones: la primera es contratar a una empresa que cambie todo el sistema, pero el costo es elevado, unos 500 millones de dólares; y la segunda, contratar a una empresa que brinde el servicio y se le debería pagar anualmente unos 70-100 millones de dólares. Cualquiera de las dos opciones seguramente requerirá de un préstamo de los multilaterales. Esta fuente dijo también que ya se barajaron ofertas de diferentes países, pero al parecer no hay nada en concreto.

Videovigilancia política, el caso Villavicencio

Aunque el Ecu911 ha sido una de las instituciones menos cuestionadas, siempre ha estado presente el peligro de la videovigilancia dirigida. Y, lamentablemente, el asesinato de excandidato presidencial Fernando Villavicencio, demostró que sí se ha usado y abusado de la plataforma para esos fines. Así lo reconoció el director de Ecu911, Bolívar Tello, ante la comisión de la Asamblea que investiga el caso Villavicencio.

A finales de enero, Tello expuso que la herramienta Mobile Locator permite rastrear un número telefónico para determinar su ubicación. Esto sirve, por ejemplo, en casos de emergencia de personas desaparecidas o que se pierden en una montaña. Pero también es usada por la Policía, previa orden judicial, para rastrear a alguna persona investigada o requerida por la Justicia.

Tello dijo que hay protocolos para el uso de Mobile Locator: que todo funcionario que entra al sistema tiene sus credenciales y todo queda grabado en una ficha, que no se puede borrar en caso de que se requiera investigar algún caso o detectar mal uso de la herramienta. Por el caso Villavicencio, confirmó que Fiscalía ha hecho nueve peticiones relacionadas a funcionarios que hicieron rastreos de números celulares, aunque Tello no puede asegurar que todos estos casos sean parte de la investigación sobre Villavicencio o sobre el proceso Metástasis.

Si bien se negó que, desde el Ecu911, a través de la herramienta Mobile Locator, se pueda hacer escuchas, sí se puede determinar la ubicación de una persona e incluso hacer seguimiento mediante las cámaras. Ante la revelación de Tello, el asambleísta Adrián Castro, vicepresidente de la Comisión, pidió declarar la reserva de la sesión. “Nos pueden estar haciendo seguimientos ahora mismo, a políticos, a cualquier persona, a nuestros allegados. Esto es extremadamente grave. Todos estamos expuestos”, dijo el legislador azuayo, quien se comprometió a requerir más información al respecto de cómo se maneja esa aplicación y cómo se detectan casos de uso indebido.

Pero esto no es nuevo, un informe institucional de 2022 da cuenta que Mobile Locator ya recibió una actualización “con el fin de mitigar el mal uso del servicio, por lo que en atención a la solicitud realizada por Operaciones se modificó los roles, perfiles de usurarios de la Policía y se eliminó la opción para Inteligencia”. El informe no entra en más detalles al respecto. El informe de la Comisión del Caso Villavicencio se presentará en marzo y es posible que aparezcan más datos sobre el papel del Ecu911 en seguimientos selectivos.

De momento, no se sabe si el plan de modernización contempla nueva tecnología con mayores controles para evitar estos seguimientos selectivos o si solo depende de depurar el personal y tener mejores protocolos. Pero esa es la situación del Ecu911 en este momento.