El SRI aún impulsa investigaciones que involucran a Fernando Villavicencio y sus familiares

Ni la muerte del exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio detuvo los procesos que en su contra y de su familia se iniciaron en el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde noviembre de 2018. En septiembre de 2023, menos de un mes después de su asesinato, funcionarios del SRI presentaron una nueva denuncia dentro de un caso denominado El Leñador en la Fiscalía.

Redacción Código Vidrio

El 6 de septiembre de 2023 por impulso de las autoridades del SRI se abrió la indagación previa 170101823090901, que se suma a una larga lista de señalamientos, denuncias y procesos judiciales de las que han sido blanco, tanto Villavicencio como dos de sus hermanos, y su tío. Incluso, sobre el medio digital Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio junto con Christian Zurita, hasta antes de entrar de lleno al mundo de la política.

Este medio buscó un pronunciamiento de Germán Villavicencio, hermano del exlegislador, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su teléfono celular, proporcionado por sus familiares. Él también enfrenta otra denuncia por supuesta defraudación, a pesar de que el SRI previamente le había dado la razón, de forma parcial, a través de un recurso de revisión, en otro caso.

En enero pasado, las acciones del SRI, que tiempo atrás Villavicencio calificó como persecución desde el Estado, también fueron más allá del ámbito tributario. Una nueva denuncia por el supuesto delito de revelación ilegal de bases de datos fue interpuesta por representantes de esa entidad. Fue formalizada a través de la investigación 170101823010637, según fuentes de la Fiscalía.

Funcionarias del SRI pidieron que en este proceso se realizará una pericia informática a los medios digitales La Historia EC y Periodismo de Investigación, sin que hasta el momento quede claro el porqué de esos pedidos, lo cual tampoco ha sido explicado por el SRI.

La denuncia estaría relacionada con una publicación conjunta que hicieron ambos medios el 25 de julio de 2021, bajo el titular “La persecución de los Inapapers”. En ese informe se describe cómo se llevaron a cabo las acciones del SRI, dentro de una estrategia del gobierno de Lenin Moreno que buscaba “desacreditar al mensajero (Villavicencio), anulando su mensaje”.

En resumen, se trataba de una estrategia para golpear la reputación de Villavicencio y así mermar sus denuncias sobre los supuestos negociados en la contratación de Coca Codo Sinclair y sobre los casos Inapapers y Arroz Verde, que salpicaban a exautoridades, especialmente al entonces presidente Lenín Moreno, hoy procesado penalmente, y a su círculo cercano. Eso lo denunció constantemente el experiodista y exlegislador.

Este medio buscó un pronunciamiento del SRI sobre los procesos y las denuncias que se mantienen abiertas en casos que relacionan al excandidato presidencial y algunos de sus familiares cercanos, así como acerca de la solicitud que hizo la entidad a la Fiscalía de peritajes a los dos medios digitales.

La entidad respondió escuetamente, sin referirse a la denuncia: “No es posible entregar información relacionada con planes y programas de control. Los mismos son de carácter reservado, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno”.

La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, desconoce esos nuevos casos. Ella cree que “los procesos que se tramitaban en contra de Fernando se extinguieron cuando murió. Los que se abrieron en el SRI no fueron propiamente contra él sino contra su familia y entiendo que sobre eso se llevó un proceso interno en el SRI”, indicó.

Al ser consultado sobre el pedido de peritaje, Marlon Puertas, director de La Historia, dijo que no ha recibido ninguna notificación y que también desconocía la investigación previa, impulsada por la coordinadora penal Natalia Endara.

Cuesta revela información reservada de Villavicencio

Sarauz también recordó que cuando el exasesor de Lenin Moreno, Santiago Cuesta, acusó a Villavicencio de supuestamente lavar dinero a través de la pizzería de su hermano, se llegó a la conclusión de que se utilizaron documentos falsos para perjudicarlo”, con apoyo de funcionarios del SRI.

Agregó que las cuentas de Villavicencio siempre estuvieron claras y abiertas al proceso. “Una vez que Fernando no está aquí, será la familia la que tendrá que responder sobre los manejos de sus negocios. Si es que hay o no un proceso en contra de Villavicencio, en el momento de su muerte se extinguió”.

El 9 de mayo de 2019, el entonces consejero presidencial Santiago Cuesta reveló información reservada de cuentas bancarias relacionadas -según dijo- con Fernando Villavicencio y sus familiares.

El 30 de diciembre de 2022, Villavicencio alertó en su cuenta en X la operación de Cuesta. “ATENCIÓN| El @SRIoficialEc confirmó la manipulación y difusión de información falsa sobre mi familia, realizada en 2019 por orden de Santiago Cuesta. El operador interno de este delito fue José Almeida, quien salió del país…”.

Se refería a una entrevista en el programa de Carlos Vera, “Veraz”, el 9 de mayo de 2019, con el consejero Santiago Cuesta. El entonces influyente funcionario hizo varios señalamientos y presentó documentos, incluido un Informe Ejecutivo Ampliado del SRI sobre Villavicencio. Mencionó también que accedió a información bancaria que catalogó como “pública” sobre los movimientos en las cuentas de familiares del exlegislador.

Cuando Vera le consultó si era legal esta exposición, dijo: “Uso las mismas armas, tengo derecho a reprimir el ataque. Legítima defensa es utilizar las mismas armas que usas contra mí, para defenderme. Villavicencio saldrá a decir con mi familia no te metas y aquí hablamos de cuentas de las hijas y la esposa. Es un negocio muy raro, porque produce cero de pago de impuesto a la renta”.

Cuesta fue entrevistado por Carlos Vera en su programa Veraz. En cámaras Cuesta arremetió contra Villavicencio, quien hizo denuncias contra el entonces presidente Lenin Moreno y sus familiares.

Cuesta pidió públicamente a Villavicencio que abriera cinco cuentas repartidas en tres bancos, “así como él le pidió a Moreno que abriera las suyas”.

En varios espacios informativos y en sus redes sociales, Villavicencio se defendió diciendo que sus declaraciones de impuestos no podían tener valores, pues durante varios años enfrentó nueve procesos judiciales, vivió en el exilio, para evitar ser apresado. Además indicó fue declarado insolvente cuando no lograba pagar USD 47.306 que le fueron impuestos por un juez, para entregárselos al expresidente Rafael Correa, tras un juicio por supuestas injurias. Sumas similares debían pagar el exlegislador Cléver Jiménez y el médico y activista Carlos Figueroa.

Además, Villavicencio recordó en ese entonces que la Corte Nacional de Justicia ordenó que se le restablecieran sus derechos políticos, pero eso tardó en concretarse. Según él, durante su exilio y su tiempo en la clandestinidad recibió apoyo económico de instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú, de empresarios pequeños y logró recaudar algo de dinero por medio de la venta de los libros de su autoría.

En julio de 2021, Fundamedios publicó una alerta cuando el SRI entregó una serie de documentos a Villavicencio, quien los solicitó en su calidad de legislador. Según el texto de Fundamedios y las aseveraciones de Villavicencio, quien demandó a Cuesta en la Fiscalía por revelación de información reservada, esa información probó la persecución que el Gobierno de Moreno realizó en su contra como una reatlización por sus denuncias periodísticas.

Los procesos se reactivan

Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, en mayo del 2021, las investigaciones y controles alrededor de Villavicencio y su gente cercana se frenaron, pero se reactivaron luego de que él criticó los acuerdos que hizo el Ejecutivo con las bancadas de la Asamblea, incluyendo la abstención del bloque correista, que permitió que la Ley de Desarrollo Económico se aprobara por el Ministerio de la Ley, a fines del mismo 2021.

En el contexto de sus denuncias sobre el caso Encuentro y El Gran Padrino, que involucraban al Gobierno,  también se activaron estos procesos tributarios luego de poco tiempo, pese a que entonces estaban en marcha mediaciones para llegar a acuerdos de desestimiento entre la familia Villavicencio y el SRI. Además, se activó una denuncia y se abrió una indagación previa en contra de Villavicencio y otras personas ajenas.

Entre fines de 2018 y la actualidad, al menos ocho altos funcionarios que han ocupado distintos cargos en los tres últimos gobiernos participaron y motivaron los procesos en contra de Villavicencio. Lo hicieron desde distintas divisiones del SRI como Cumplimiento Tributario, Inteligencia Tributaria, Control Tributario, Riesgos Tributarios, Coordinación Penal.

Así, el excandidato presidencial que fue perseguidos por distintos engranajes del estado mientras vivía continúa siendo blanco de investigaciones. Tampoco sus familiares que aún lo lloran y exigen que su crimen no quede en la impunidad.

 

A días de su salida, el Gobierno da luz verde para elevar la presa de desechos en Mirador

REPORTAJE. A menos de una semana de que termine el período de gobierno de Guillermo Lasso, EcuaCorriente obtuvo el permiso para la ampliación progresiva de su presa de desechos mineros, más conocida como relavera Tundayme; la proyección es que llegue a 320 metros de altura, convirtiéndola en la más alta del mundo. Esto permitirá que el proyecto Mirador que extrae cobre de una mina a cielo abierto, duplique su producción. Los capitales chinos también esperan el éxito de su segundo proyecto en la Cordillera del Cóndor: San Carlos-Panantza, que está detenido por un fallo de la Corte Constitucional, en espera de una consulta previa a las comunidades indígenas.

Por Alejandro Pérez y Bastian Kaiser
Alianza Código Vidrio – Vistazo

En las últimas semanas, la presa de desechos mineros del proyecto Mirador, más conocida como relavera Tundayme, ha sido motivo de controversia porque un estudio de una consultora internacional y promovido por organizaciones ambientalistas pronostica el fallo de la infraestructura, lo que podría ocasionar severos daños ambientales. Sin embargo, la empresa de capitales chinos EcuaCorriente desestimó ese informe. El debate se producía cuando esa presa estaba proyectada con 260 metros de altura. Pero el 17 de noviembre pasado, a menos de una semana de que termine el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la “ingeniería detallada” para el “recrecimiento”. La proyección es que progresivamente alcance los 320 metros de altura, lo que la convertirá en la relavera más alta de mundo. Según el portal especializado Global Tailings, la que actualmente ostenta ese puesto es la relavera de Cerro Verde, en Perú, con 265 metros y construida en 2015. No hay ninguna que supere los 300 metros.

Es primordial el permiso para aumentar el tamaño de la relavera porque Mirador se prepara para una expansión. Actualmente, con una mina a cielo abierto, el proyecto extrae 60 mil toneladas diarias de roca para procesarla y obtener cobre. De ese material, solo el dos por ciento se convierte en concentrado de cobre, que se exporta a las refinerías en China. El resto va a parar las relaveras. El plan de expansión plantea la excavación de una segunda montaña o “tajo de mina”, como llaman los mineros, para elevar la producción a 140 mil toneladas diarias.

Es la primera mina a cielo abierto en Ecuador, que firmó contrato con el estado ecuatoriano en 2012, empezó a producir en 2019 y tiene una vida útil de 30 años. Está asentada sobre la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una zona de alta biodiversidad. Los capitales chinos también tienen otro proyecto denominado San Carlos Panantza, en la vecina provincia de Morona Santiago, que sería el doble de grande que Mirador, pero todavía se encuentra en fase de exploración avanzada y está detenido por un fallo de la Corte Constitucional que pidió se haga una consulta previa a las comunidades indígenas.

El dilema en la Cordillera

La Cordillera del Cóndor es el escenario de un dilema global. La protección del clima y de la naturaleza parecen estar irreconciliablemente enfrentadas aquí. El mundo necesita cobre para avanzar en la transición energética. En promedio, un vehículo eléctrico contiene casi tres veces más cobre que un vehículo de combustión interna. Un solo aerogenerador moderno puede consumir hasta 30 toneladas. Según las previsiones de la consultora McKinsey & Company, la demanda mundial de cobre podría aumentar a 36,6 millones de toneladas anuales para 2031. El gobierno ecuatoriano quiere participar en este negocio, pues se beneficia de las regalías e impuestos que paga la mina. ¿Pero a qué precio? Expertos, ambientalistas e indígenas como Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), advierten sobre daños ambientales irreversibles. EcuaCorriente dice que quienes se oponen solo intentan retrasar el desarrollo de la industria minera.

El pueblo de Tundayme se ha transformado en un área industrial en cuestión de unos pocos años. Foto: Bastian Kaiser.

Hace 20 años Tundayme era una parroquia olvidada con unos cientos de habitantes dedicados a la agricultura. No imaginaban que de la tierra saldrían miles de millones de dólares, aunque muy poco se queda ahí. Cada año, Mirador exporta más de mil millones de dólares en concentrado de cobre. En 2022 generó más de 280 millones de dólares en impuestos para el Estado.  Y en Tundayme, la empresa, dice haber aportado poco más de un millón de dólares en promedio durante la última década para gestión social.

En el centro del pueblo está la plaza central con un letrero en mayúsculas de aproximadamente un metro y medio de altura con el nombre de la parroquia, frente al cual rara vez alguien se saca fotos. Justo encima, la empresa que lo controla todo en este lugar se ha inmortalizado en letras color cobre: ECSA, la abreviatura del operador minero EcuaCorriente S.A., que también patrocina el Wi-Fi público. En la entrada del pueblo, un letrero indica a quién debe su iluminación pública Tundayme: ECSA.

Muchos están a gusto con la minería, pues trabajan directa o indirectamente para EcuaCorriente. Pero hay otro sector que rechaza el proyecto. En septiembre de 2015, las casas de 16 familias que vivían en el sector de San Marcos, en el área donde ahora se asienta la primera piscina de desechos mineros, denominada “Quimi”, fueron destruidas, ya que sus pobladores no querían salir y el Estado declaró al proyecto de interés nacional. Y los desalojos continuaron.

EcuaCorriente dice que apoya emprendimientos en la parroquia Tundayme para el desarrollo local. Foto: Cortesía.

Los indígenas liderados por Luis Sánchez continúan luchando contra el proyecto. En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda que acusa al Estado ecuatoriano de no haber protegido adecuadamente el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto minero Mirador. Argumenta que el Estado ecuatoriano otorgó licencias y permisos para la minería sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales. Se señala que el proyecto minero afectó la calidad de vida, la biodiversidad y la calidad del agua en la región.

Para el Estado y para la minera esto no tiene fundamento porque ya un Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Pichincha rechazó una demanda contra el proyecto Mirador en marzo de 2013, que presentó un grupo de defensores de los derechos humanos, ambientalistas e indígenas. Por eso recurrieron a la CIDH. Uno de los firmantes de la petición ante la fue el líder shuar José Tendetza, quien fue encontrado muerto en el río Zamora en 2014. Su asesinato sigue sin resolverse.

Las observaciones y el acelerador

El proyecto no ha estado exento de problemas. En 2018, el Ministerio de Ambiente ordenó la paralización de varios frentes de Mirador porque el plan de manejo ambiental no se habría estado cumpliendo. Los informes hacían referencia a una escombrera y la segunda piscina de desechos mineros, más conocida como relavera Tundayme, que ahora provoca el temor de los sectores ambientalistas. EcuaCorriente habría iniciado obras sin contar los permisos para la construcción de esa relavera que recién se aprobaron en 2019 con una altura de 260 metros. Y el 17 de noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución MEM-CZS-2023-0543-RM aprobó el “recrecimiento”, que implicaría un aumento progresivo hasta llegar a 320 metros. El trámite empezó septiembre a pedido de la empresa. Entre algunos aspectos técnicos, el informe señala que frente a una eventual erupción del volcán Sangay, “no existe falla de riesgo estructural. También pide “desarrollar reuniones de socialización, simulacros y talleres” para tener protocolos de alerta temprana y rutas de evacuación.

A través del proceso de hidrosiembra, Ecuacorriente dice que revegeta y reforesta las áreas intervenidas. Foto: Segundo Espín.

A inicios de noviembre, EcuaCorriente invitó a un grupo de periodistas para visitar la mina y asegurar que la relavera cuenta con todos los estándares mundiales y permisos de las autoridades ecuatorianas que descartan un fallo o rotura de la presa en el futuro. En ese momento Wilma Pazmiño, gerente de Gestión Ambiental de Mirador, dijo que estaban analizando la ampliación de la relavera. Sobre las observaciones dijo que tuvieron que parar unos frentes de la mina, pero afirmó que todas esas “no conformidades” que presentaron las autoridades en 2018 se fueron resolviendo una a una. Además, cree que hubo un “tema político”, pues se recogieron “no conformidades” desde 2014 a 2018.

Según los técnicos de la empresa, a medida que se eleva la altura de la presa, se fortalece su resistencia y se vuelve más segura. “El cuerpo de la presa se hace mucho más robusto y el embalse tiene mayor capacidad de soportar precipitaciones máximas probables”.

La Contraloría emitió un informe que alertaba que los ríos Tundayme, Quimi y Wawayme, que están dentro del proyecto, habían superado los límites permisibles de concentración de metales. Pazmiño aseguró que se han hecho canales para todos los afluentes, grades y pequeños, para que no entren en contacto con partes de la mina que podrían contaminar las aguas. Además, dijo que, de las 1.400 hectáreas intervenidas, ya han revegetado 300 y reforestado 100. Pero asimismo ya empezó el desbroce de otras 600 hectáreas para el segundo “tajo de mina”.

Eso supone una inversión de 600 millones de dólares y apresura la construcción de una segunda planta de procesamiento. También urge la autorización para la fábrica de explosivos que quedó construida, pero no cuenta con los permisos para operar. Desde 2017, EcuaCorriente empezó a construir aquella fábrica sin el permiso del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. En 2019 lo requirió cuando prácticamente la planta estaba lista. Las organizaciones ambientales, dicen que, así como pasó con la fábrica, ha sido el denominador común con las otras obras de infraestructura de la mina: primero se construyen las obras y luego los permisos.

Cada día a las seis de la tarde se colocan explosivos en el primer tajo de mina para seguir excavando el gigantesco hueco. Para eso importan semanalmente toneladas de explosivos desde Perú. Cuando esté listo el segundo tajo, necesitarán la fábrica in situ. Pazmiño dijo que todas las obras tienen los permisos correspondientes y que están tramitando el que habilite la fábrica, pues nunca ha sido utilizada.

El Proyecto Mirador. Al fondo, la piscina de desechos mineros Tundayme. Foto: E-Tech International.

EcuaCorriente también tiene en carpeta la construcción de una hidroeléctrica, que estaba proyectada cuando inició el proyecto para abastecerse de su propia electricidad. Además, ofreció la construcción de su propio puerto en el cantón costero de Machala, para llevar el material directo a China. Para ello, los capitales chinos constituyeron dos empresas que todavía están activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías: Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. y Puertocobre S.A. Y eso se vuelve urgente si China conquista el segundo proyecto a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor.

La conquista de la Cordillera

A pesar de que Mirador es el primer y más grande proyecto de minería a cielo abierto en Ecuador, en unos años es posible que se inaugure el segundo, que será el doble de grande. Se trata de San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en fase de exploración, pero que está detenido porque un fallo de la Corte Constitucional le dio la razón al pueblo Shaur Arutam. La sentencia emitida en 2022 negó la licencia que el Ministerio de Ambiente otorgó a la empresa china ExploCobres en 2011, por falta de consulta previa a las comunidades indígenas.

ExploCobres, empresa que tiene los mismos accionistas que EcuaCorriente, espera a que el Estado organice la consulta previa y salir victoriosa para pasar a la fase de explotación en San Carlos-Panantza. Según el Ministerio de Finanzas, se espera que los chinos inviertan más de 3.000 millones de dólares en ese proyecto.

Por otra parte, Jaime Palomino, presidente del Pueblo Shuar Arutam, dice que el proyecto Mirador ha implicado persecución, despojo y contaminación para los habitantes, lo que teme se repetiría en San Carlos Panantza. En esa línea, el activismo de Luis Sanchéz hizo que en noviembre organizara un evento informativo junto a las organizaciones Acción Ecológica y Latinoamérica Sustentable en Limón Indanza, aproximadamente 120 kilómetros al norte de Tundayme.

Wilma Pazmiño, gerente de Gestión Ambiental de Mirador, asegura que las infraestructuras cumplen con todos los estándares. Foto: Segundo Espín.

«Yo no vengo a contar nada, compañeros. Yo vengo aquí a dar testimonio de lo que está pasando en el territorio,» gritó Sánchez al micrófono. Unas docenas de personas estaban en el salón del evento en las afueras de la ciudad. Indígenas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago respaldan su lucha, pero no son todos. Los pueblos han quedado divididos entre quienes respaldan la minera y quienes se oponen.

La empresa china dice que no persigue a nadie. Que, por el contrario, aporta el desarrollo. Es el caso de Segundo Toledo y su esposa. Tienen un restaurante justo en la plaza de Tundayme, a donde llegan los empleados de EcuaCorriente con sus camisas azules: la bandera ecuatoriana bordada en el hombro izquierdo y la bandera china en el derecho. Toledo cuenta cómo llegó a Tundayme en 1999. Su empresa trabajaba por encargo del operador minero, que en ese momento todavía estaba en manos canadienses. Vio su oportunidad en Tundayme, luego trajo a su esposa. Hoy en día, es el jefe de una empresa constructora con más de 20 empleados. Además del restaurante, la pareja administra dos hoteles en Tundayme, donde trabajan alrededor de 14 personas. «Prácticamente ha movido la economía estos últimos años no solamente para la zona del sector, sino para el sur del país y lógicamente para el país. La gente puede vivir un estilo de vida un poco mejor».

Pero la suerte no es para todos. Jaime Palomino dice que las comunidades indígenas siguen empobrecidas y ahora divididas, y que la minería no puede ni debería ser el único motor de las comunidades de la Cordillera del Cóndor, porque cuando eso se acabe, quedará contaminación. EcuaCorriente dice que nada de eso pasará, que minería y cuidado de la naturaleza pueden convivir.

En Limón Indanza, un grupo de expertos advirtió a la población indígena sobre posibles daños ocasionados por la mina Mirador. Foto: Bastian Kaiser.

La cuenca del río Tundayme es hoy una presa gigante de desechos mineros del proyecto Mirador

REPORTAJE. Lo que hasta hace unos años era la cuenca del río Tundayme, en una zona remota de la provincia de Zamora Chinchipe, ahora es una gigantesca presa de desechos mineros. Esos residuos, en buena medida tóxicos, son producidos por el proyecto cuprífero Mirador, de la china EcuaCorriente, desde hace cuatro años. La empresa seguirá sacando y procesando material por otros 26 años. Es decir, esa presa, más conocida como relavera en leguaje minero, seguirá creciendo hasta posiblemente alcanzar los 320 metros de altura, lo que la convertiría en la más grande del mundo. Ambientalistas y consultores afirman que las características del diseño y las condiciones geográficas vaticinan un desastre ambiental. Sin embargo, los ingenieros de EcuaCorriente confían en sus diseños. Incluso dicen que, mientras más alta se hace la presa, se genera más estabilidad.

Por Alejandro Pérez y Bastian Kaiser
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Tundayme es un pequeño pueblo que en los últimos años ha crecido gracias al proyecto Mirador, que empezó a sacar cobre en 2019 y llevarlo a refinerías en China. Unos 600 kilómetros separan Quito, la capital del Ecuador, de Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, al extremo sur del país, lo que significa casi medio día de viaje en auto. En el pueblo ha crecido el comercio, sus calles están asfaltadas e, incluso, hay hoteles. Pero su economía gira en torno a la mina que está del otro lado del río Quimi: el proyecto Mirador, que ocupa 1.400 hectáreas en plena Cordillera del Cóndor, una zona de la Amazonía ecuatoriana de rica biodiversidad.

Un equipo periodístico de esta alianza estuvo en la zona. En el proyecto hay un sinnúmero de edificaciones del campamento minero y sus oficinas; por allí transitan decenas de obreros chinos y ecuatorianos con sus chalecos y casos. Hay una infraestructura con unos enormes molinos, que es la planta donde se procesan las rocas para extraer el concentrado de cobre. Hay un hueco en una montaña a lo que llaman el “tajo de la mina” que, mientras más material sacan, más grande y profundo se hace; desde arriba del tajo, las volquetas parecen hormigas.

Hay también una “pequeña” relavera junto al río Quimi, que se levanta a nivel de la carretera asfaltada que conduce a la entrada del proyecto minero y tiene las paredes en forma de una pirámide; alberga 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros. Y hay una enorme relavera que está en construcción sobre lo que fue el cauce del río Tundayme, que albergará 370 millones de metros cúbicos. Es una cifra a todas luces imposible de imaginar, pero a eso se le llama minería a gran escala. Literalmente, se trata de excavar una montaña, procesar el material del cual solo el dos por ciento sirve, y el resto depositarlo en las relaveras. Mirador es uno de los ciclos proyectos emblemáticos que impulsó el gobierno del expresidente Rafael Correa, la década pasada.

Tajo de mina Mirador, del que se extraen 60 mil toneladas diarias para procesar el concentrado de cobre. Foto: Cortesía.

Las críticas más graves radican en lo que pueda pasar con las relaveras y los ríos. El Quimi y el Tundayme que desembocan en el río Zamora, que atraviesa toda la provincia y es fuente de agua y pesca para muchas poblaciones. El Zamora, a su vez, es tributario del Santiago y luego va el Marañón, que atraviesa Perú, y el gran Amazonas, que lleva las aguas al Atlántico. Y aquí es donde radica el problema. Desde hace varios años organizaciones ambientales, temen el colapso de las dos presas, sobre todo de la relavera Tundayme, que es la más grande. Este temor creció a partir del desastre de Brumadinho en la región minera de Minas Gerais, en Brasil, en 2019, donde una relavera se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico. La tragedia dejó 250 muertos y 20 desaparecidos.

En ese entonces, la relavera Tundayme estaba en construcción. EcuaCorriente, la empresa ecuatoriana de capitales chinos a cargo del proyecto, dice que no hay de qué preocuparse, porque su relavera cumple con todos los estándares mundiales y permisos de las autoridades ecuatorianas, a diferencia de la presa de Brumadinho que estaba construida con el método aguas abajo, el peor de todos, que está prohibido en la mayoría de países, incluido Ecuador. Entonces, ¿todo estará bien?

Relavera Quimi. Alberga 11 millones de desechos mineros. Ya está cerrada. Foto: Cortesía.

Cuando el río suena…

Luis Sánchez se abre paso entre las cañas y los helechos que han crecido en esta parte de la Cordillera del Cóndor, en la ladera oriental de la cuenca del río Tundayme, desde donde se ve la relavera. En medio de un arbusto se detiene y dibuja con las manos los contornos de algo que solo existe en su memoria. “Una casa de madera con todas las cosas para vivir”, dice. El 16 diciembre de 2015, Sánchez y sus vecinos fueron expulsados para dar paso al proyecto Mirador. Tanto la empresa como el Estado aseguraron que los desalojos se hicieron en respeto a la ley. Pero Sánchez dice que llegaron y destruyeron todo sin contemplación. Hoy, en el lugar donde estaba su hogar, hay un letrero de color marrón rojizo con letras blancas: “Propiedad en servidumbre minera a favor de EcuaCorriente S.A.”

Detrás del verde follaje, pocos metros cuesta abajo, la relavera Tundayme se llena gradualmente con los residuos fangosos del proyecto Mirador. Cuando la mina haya cumplido su vida útil, es decir, en 2050, allí se erigirá uno de los mayores depósitos de relaves del mundo, con una altura que podría alcanzar los 320 metros. De hecho, el lugar donde estaba la casa de Sánchez, con el tiempo quedará bajo los desechos mineros.

Según el portal Global Tailings, que reúne la información de todas las relaveras del mundo, de las más de 2.000 que tiene registradas, solo 10 superan los 200 metros de altura y no existe registro de alguna de más de 300. Tundayme sería la primera, lo que quizá nos dé un récord Guinness. Hasta ahora la más alta es Cerro Verde, en Perú, con 265 metros y construida en 2015. Las relaveras de Mirador aún no aparecen en Global Tailings.

Relavera Tundayme va creciendo en altura, inundando el valle de Tundayme. Fotos: Cortesía.

Y esto es lo que teme Luis Sánchez: que todo ese lodo que se está acumulando se desparrame y se lleve consigo el pueblo de Tundayme, y otros poblados, además de contaminar los ríos Tundayme, Quimi y Zamora. «Da bastante pena», dice Sánchez. El hombre de 49 años es presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi). Su vida la ha encausado a la lucha contra el proyecto Mirador. Asegura que ha recibido amenazas. Tiene el pelo largo y gris oscuro recogido en un moño. Lleva una bolsa de tela marrón y beige cruzada sobre el hombro. Se considera cañari-kichwa. Sus abuelos llegaron a la Cordillera del Cóndor, como la mayoría de las familias indígenas que ahora viven en Tundayme, desde la provincia de Azuay a mediados del siglo XX.

Es justamente Sánchez quien ha trabajado de cerca con el geógrafo americano Steven Emerman, contratado por la consultora E-Teach International que, en un estudio advierte sobre el posible colapso de las relaveras de Mirador. “Mi evaluación, basada en la trayectoria actual, es que el fallo de estas represas de relaves es inevitable», dijo Emerman en una presentación que dio a la prensa en Quito y luego en un recorrido que hizo por la Amazonía, patrocinado por las organizaciones ambientalistas Acción Ecológica y Latinoamérica Sustentable.

Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi). Foto: Bastian Kaiser.

Según el científico, “Mirador es el peor escenario para una presa de relaves”, por los siguientes factores físicos: alta sismicidad, alta precipitación (lluvias), topografía empinada y valles estrechos deslizamientos de tierra frecuentes, entre otros términos muy técnicos. También asegura que la presa no estaría construida con el método aguas arriba, que es el más seguro, ya que EcuaCorriente no ha hecho públicos los diseños. EcuaCorriente “rechaza enérgicamente las falsas afirmaciones carentes de fundamento técnico expresadas por dichos autodenominados científicos, que lo único que buscan es detener el avance de la industria minera en el país”, reaccionó la empresa en un comunicado.

Mirador desde adentro

En la ladera oriental de la relavera, frente a donde estaba la casa de Luis Sánchez, los técnicos de Mirador explican los milagros de la ingeniería a un grupo de periodistas para demostrar que todo está bajo control, días después de la presentación de Emerman. Orgullosos, los empleados chinos y ecuatorianos -en mandarín y español- describen todo el proceso de construcción de la relavera. No se guardan nada y sacan todo su arsenal técnico: hablan de batimetría, inclinómetros, piezómetros, acelerómetros… ¿Y el río Tundayme? Dicen que está bien, que para construir la relavera encima, hicieron un túnel por debajo de la montaña para desviarlo y conducirlo a una desembocadura más abajo, para que así sus aguas no se contaminen con los desechos acumulados en la relavera.

Steven Emerman presenta sus resultados en las comunidades de la Amazonía. Foto: Bastian Kaiser.

Desde lo alto de la ladera que sirve como una de las paredes de la relavera Tundayme se puede ver la maquinaria acarreando el material. Parte de la roca procesada y desechada en Mirador sirve para seguir erigiendo el dique. El resto va al hueco que se forma entre las laderas de la cuenca del Tundayme y la presa que, hasta noviembre este año, ya tiene una altura de 118 metros, informa César Vásquez, gerente del departamento de Gestión de Depósito de Relave en Mirador.

¿Y si hay un terremoto? Que no hay peligro dicen los técnicos porque el dique aguantaría hasta un sismo de más de 8 grados en la escala de Richter, pero que en la Amazonía Sur de Ecuador es muy improbable un suceso así. Tres estudios sísmicos les habrían afirmado que solo puede haber temblores de máximo 7,5°. Y para las torrenciales lluvias y deslizamientos de tierra también hay estudios y respuestas, según EcuaCorriente.

Más tarde la empresa reúne a los jefes de departamento en una sala de conferencias para explicar las bondades de la minería a los periodistas. Dicen que el proyecto da trabajo directo a 3.910 personas y otras miles se benefician indirectamente, la mayoría de la zona. Que ahora la minería es el cuarto producto de exportación del Ecuador y genera millones de dólares en impuestos…

Gerentes de diferentes departamentos del proyecto Mirador explicaron el funcionamiento de la mina. Foto: Segundo Espín.

Pero lo más importante para los técnicos es que quede claro que la relavera Tundayme está construida con el método aguas abajo, que es el más seguro. En minería existen tres tipos: el primero es “aguas arriba”, cuando los cimientos de la presa se construyen encima de los desechos, lo que provoca que sea poco resistente. Es lo que sucedió en Brasil en 2019. El más confiable es el que se construye “aguas abajo”, colocando todos los cimientos a nivel de la base, lo que hace que la presa sea más ancha y resistente. Y el de eje central que es un intermedio entre aguas arriba y abajo, explican los técnicos. Obviamente, las diferencias radican en el costo. Aguas abajo es lo más barato y es un método que no está permitido por la legislación ecuatoriana.

Al ser consultados sobre la negativa de hacer públicos los diseños de las relaveras, que es una de las críticas de Emerman y las organizaciones ambientalistas, Andrés Vásquez Ponce, uno de los subgerentes, dijo que los estudios fueron entregados y aprobados por las autoridades de control, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía, pero hay algunas cláusulas de confidencialidad que permiten mantenerlos en reserva. Dice que no tendrían problema en divulgarlos, pero no saben qué usos les puedan dar los grupos que se oponen al proyecto Mirador.

Sin embargo, una de las revelaciones que hicieron es que la relavera podría ser más alta de lo que se planeó. En principio, la relavera Tundayme fue diseñada con una altura de 260 metros y así fue aprobada por el Ministerio de Ambiente en 2019. Pero, ahora EcuaCorriente analiza la posibilidad de aumentar unos 60 metros más, conforme vaya creciendo la producción de la mina, ya que en los próximos años Mirador empezará a excavar una segunda montaña.


 

 

 


Con 320 metros de altura, Tundayme se convertiría en la presa de desechos mineros más grande del mundo. La alternativa sería construir una tercera relavera, pero es la opción menos probable. Según los estudios, dicen los gerentes de la empresa, a medida que se eleva la altura de la relavera, se fortalece su resistencia, lo que la vuelve más segura. “Se hace más segura porque el cuerpo de la presa se hace mucho más robusto y el embalse tiene mayor capacidad de soportar precipitaciones máximas probables. Todo eso gana en factores de seguridad de una presa. No necesariamente el hecho de que la presa sea grande la vuelve insegura. En este caso se vuelve más segura”.

El gran dilema

Poco menos de media hora tardaría el lodo en llegar al pueblo de Tundayme, en caso de que se rompiera la presa, según un estudio denominado “Simulación de la Falla Potencial de las presas de Relave del Proyecto Mirador con el Modelo FLO-2D”, de Karen O’Brien y Noemi González, que acompañaron al geólogo Emerman en su presentación. González dice que la empresa y el Estado deben tener un plan de evacuación que debe ser comunicado a los pobladores, sea cual sea el escenario.

Hasta la altura de estas torres se llenarán los depósitos de desechos mineros en la Relavera Tundayme. Foto: Cortesía.

Los gerentes de EcuaCorriente son cautos en no señalar nadie, pero desestiman todos los estudios críticos con el proyecto. Confían en que los 15 millones de dólares que la empresa ha invertido en contratos de estudios para ingeniería, sondajes geotécnicos, ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y líneas geofísicas para sus relaveras, han sido suficientes para prevenir cualquier catástrofe. Además, dicen que monitorean la relavera constantemente. En total, según el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, EcuaCorriente invertirá más de 2.000 millones de dólares en Mirador.

Quizá solo el tiempo y más estudios puedan determinar si hay un riesgo inminente o la ingeniería de Mirador es a prueba de todo. De un lado está Luis Sanchéz, quien dice que seguirá luchando y haciendo conocer los estudios al resto de comunidades que pueden verse afectadas, por la contaminación de los ríos en caso de un fallo de la presa. De otro lado, Marco Segovia, un empleado de EcuaCorriente y morador de Tundayme dice que no hay de qué preocuparse; confía en los ingenieros y los permisos que dio el Estado para construir las relaveras. Mientras tanto, la mina sigue produciendo 60 mil toneladas por día y la relavera sigue creciendo.

Pueblo de Tundayme, que está separado del proyecto Mirador por el río Quimi. Foto: Bastian Kaiser.

El manglar peligra por la voraz demanda china de camarón

El gigante asiático importa el 72% del crustáceo de Ecuador. Las exportaciones a China se dispararon desde el 2018. Para abrir piscinas se han destruido manglares. Estos ecosistemas cubrían 350 mil hectáreas en la Costa; hoy quedan 108 mil hectáreas; 200 mil fueron taladas para hacer camaroneras y construcciones. En el golfo de Guayaquil es evidente el avance de las piscinas que acabaron con el mangle (foto Galo Paguay)

Mientras Ecuador es el mayor exportador mundial de camarones, casa adentro los pequeños productores asumen costos que no les permiten desarrollarse ni tener ganancias.

Se desconoce si se han incorporado regulaciones ambientales en el TLC con China o si se han previsto controles de calidad o la responsabilidad del fabricante para maquinaria y equipos electrónicos, que podrán ingresar de China sin aranceles.

Por: Franklin Vega, alianza Código Vidrio – Vistazo con Bitácora Ambiental 

“El mejor camarón del mundo”, así lo promociona el Ministerio de Producción del Ecuador al crustáceo producido en el país. La industria acuícola ecuatoriana es la responsable de la alta calidad de los camarones que ingresan a mercados muy regulados como Estados Unidos o Europa, acompañada por el impulso estatal directo como el subsidio a los combustibles (diésel para generar electricidad) o la concesión de piscinas camaroneras en playas y bahías; algunas cuestionadas por talar manglares para abrir las camaroneras.

En este camino de desarrollo camaronero, los gobiernos de turno han desarrollado varias iniciativas para reducir la huella ecológica de producir camarón. Una muestra es el crédito firmado con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en septiembre del 2023, para electrificar las camaroneras y disminuir el uso de diésel en el funcionamiento de las bombas de aireación y otras necesidades energéticas de las camaroneras.

El electrificar las camaroneras fue uno de los anhelos del expresidente Lenin Moreno, quien dispuso que se implemente un plan en el 2018. Sin embargo, solo se concretará con el préstamo de la CAF.(https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2023/09/caf-y-el-gobierno-de-ecuador-firman-contrato-de-prestamo-por-usd-200-millones-para-usar-energias-limpias-en-el-sector-camaronero-de-ecuador/ )

El otro puntal para el éxito del camarón ecuatoriano es la inversión en tecnología y desarrollo. En esta industria, desde los 90 los laboratorios de larvas de camarón mantienen investigaciones y mejora genética, la mayoría privada; se puede decir que es un esfuerzo de particulares. Una muestra, fue el anuncio del Ministerio de Producción del Skretting Aquaculture Guayas Center para el desarrollo e innovación del camarón, una multinacional presente en 10 países (https://x.com/Produccion_Ecu/status/1582098332746674176?s=20)

Al revisar las cifras del comercio exterior del Ecuador, se puede afirmar que a los exportadores de camarón les ha ido muy bien. Lejos quedaron las secuelas de la mancha blanca, una enfermedad que en 1998 devastó las piscinas camaroneras y contribuyó a la crisis económica que terminaría dos años más tarde con la dolarización.

Para septiembre del 2023, el Banco Central del Ecuador (BCE) anunció que las exportaciones de camarón superaron a las petroleras y, por supuesto, al banano. Entre enero y julio del 2023, el BCE publicó que las exportaciones de camarón alcanzaron los USD 4.396 millones de dólares, mientras las exportaciones de petróleo fueron de 4.082 millones; USD 314 millones más por camarones. El 2023 terminará sobre los 7.000 millones de dólares

En los siguientes gráficos se puede divisar el incremento de las exportaciones de camarón, tanto en toneladas como en dólares. Se puede observar un incremento constante de aproximadamente el 15% anual, entre los años 2000 y 2014; desde esta fecha, las exportaciones a China empiezan a crecer de forma casi exponencial.

El mayor salto se produjo entre 2017 y 2019, pasando de 100.000 toneladas a dos millones de toneladas. Y en el 2022 fueron 3,9 millones de toneladas.

Actualmente desde Ecuador se exporta a casi el triple que a Estados Unidos (20%) y este país representó en el 2022 el 59% de las exportaciones.

Destino de las exportaciones de camarón del Ecuador:

 

China, el principal mercado

 ¿Qué pasó para que Ecuador pase de ser una “Banana Republic” a “Camarón Republic” “Shrimp republic” un tigre exportador de camarones? La respuesta pasa por China, el principal mercado de los crustáceos ecuatorianos con una escala en Vietnam. La reducción de aranceles en China y una mayor tecnificación ayudaron a que la industria camaronera se convierta en un tsunami exportador.

En enero del 2017, Ecuador se adhirió al Acuerdo Comercial Global de la Unión Europea con Colombia y Perú, pero las exportaciones se han mantenido sin grandes incrementos. Uno de los factores son las regulaciones a los productos y la trazabilidad. Una muestra de los requisitos férreos de la UE es la tarjeta amarilla que se impuso a los productos pesqueros ecuatorianos por no controlar la cadena de la pesca ilegal; ante la cual hay avances, pero no los suficientes para levantar esta amonestación.

En 2017, China también anunció que reduciría el arancel de importación para 186 productos entre ellos el camarón(https://www.proecuador.gob.ec/china-reduce-los-aranceles-en-187-productos-entre-ellos-el-camaron/) al 2%, una rebaja considerable si se tiene en cuenta que en el 2006 ese arancel era del 6,2%. Esta reducción de aranceles coincide con la mayor presencia de China en América del Sur y en especial en Ecuador, tanto en obras de infraestructura, compras anticipadas de petróleo e incursiones de su flota de aguas distantes a Galápagos.

La eliminación del arancel coincidió con la abrupta disminución de las exportaciones de camarones a Vietnam. Al revisar las estadísticas, se observa que las exportaciones a ese país cayeron en picada, una vez que China controló el contrabando de camarón ecuatoriano que se vendía como producido en Vietnam. Los datos de las exportaciones del Banco Central, así lo confirman.

El apetito de China por camarones de calidad, buen sabor y más grandes, disparó la producción y las exportaciones. Para hacerle frente a este incremento de la demanda se utilizaron nuevas formas de producir camarones que estaban ensayándose desde el 2014. Desde ese año, las camaroneras ecuatorianas, que desarrollan tecnología desde 1980, aplicaron una novedosa forma de producción camaronera en condiciones controladas al milímetro, en áreas cubiertas.

Camaroneras se expanden a tierras altas

El camarón se cultiva en piscinas similares a los invernaderos que se observan en la Sierra del Ecuador; igual que en ellos se vigila la humedad, la temperatura del agua, acidez y salinidad… Estas nuevas camaroneras se instalaron en zonas altas, lejos de las playas y para esto los investigadores cambiaron las condiciones naturales del camarón como su necesidad de agua salada, la cual suplieron con alimentación y larvas adaptadas a ese entorno.

Una muestra de esta expansión a tierras altas: en el 2014 estaban registradas 704 camaroneras en tierras altas y abarcaban 78.017 hectáreas; para el 2022, estas camaroneras de tierras altas pasaron a ser 1.477 con 140.423 hectáreas. Esto según los datos del Ministerio de Producción disponibles, no se consideran las camaroneras que no están regularizadas tanto en tierras altas como en zonas de playa y bahía y que no se tienen datos.

Ante la informalidad, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) impulsó la emisión del Decreto Ejecutivo No. 876, promulgado el 15 de septiembre por el presidente saliente Guillermo Lasso, en el cual se modifica el artículo Nro 34.1 del Reglamento General de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (Lodap).

En esta normativa se establece que para desarrollar actividades acuícolas (producción, procesamiento o comercialización) se debe presentar el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Producción previo a la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

A pesar de que se habla de trazabilidad de la producción camaronera, no hay disponible información pública sobre cuanto camarón se produce en zonas altas y cuanto en áreas de playa y bahía. Tampoco de las tasas de producción por hectárea, es claro que se produce más de lo que se exporta, pero ¿cuánto?

Un negocio con mucha competencia

 Además de incrementarse el volumen de las exportaciones, también aumentaron los actores. De acuerdo con los registros del BCE, en el 2022 se realizaron 1.077 exportaciones de camarón por 115 empresas y 30 personas naturales; mientras que en el 2010, fueron 336 exportaciones realizadas por 87 exportadores.

En cuanto a la forma de producir camarón, las camaroneras están clasificadas por el Ministerio de Producción en pequeños hasta 50 hectáreas, medianos entre 50 y 250 ha y grandes mayores a 250 has. Sin embargo, si se analizan los datos con un poco más de detalle, tenemos que las pequeñas representan el 73% de propietarios con el 21% del área dedicada a esta actividad. Las medianas suman el 23% de propietarios y abarcan el 40% de las hectáreas dedicadas a las camaroneras, y las camaroneras mayores a 250 hectáreas están en manos de 147 personas y cubren el 38% de superficie.

Para conocer este y otros detalles solicitamos una entrevista en la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), sin que nos respondan hasta la publicación de este reportaje. Se trata de gremio creado en 1993 de la fusión de las asociaciones más fuertes del ramo: Federación de Camaroneros (FEDECAM), Cámara de Productores de Camarón y Asociación de Laboratorios (ALAB). Los laboratorios son el puntal para el desarrollo de la industria, ya que de ellos provienen las larvas que se emplean en la industria y que tienen un trazado genético desde hace casi 40 años, lo que se expone en mayores productividades que en otros países.

Pescadores realizando su faena diaria en una piscina camaronera de Guayas. Foto cortesía Cámara de Acuicultura.

Desde el 2015, en las provincias de la Costa se vivió una fiebre del “oro rosado” (como le califican al camarón) en la cual las ofertas de ganancias cuantiosas se multiplicaron, al punto que muchos camaroneros se volcaron a producir bajo la promesa de ganancias garantizadas en camaroneras tipo invernadero.

“Conocí esta nueva forma de producir camarón y al analizar los números calculé que tendría más ganancias y menos dolores de cabeza en una camaronera que con mi empresa. Decidí vender todo y cambiar de actividad. No ha sido fácil, pero no todos han tenido el mismo éxito”, señala David propietario de una camaronera de 400 hectáreas que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

El otro lado de la moneda

El otro lado de la moneda la tienen los productores pequeños. Ellos no cuentan con una cadena de distribución directa y que venden a intermediarios que les compran en fincas a menos de un dólar la libra de camarón y que se vende en los mercados de Quito o Guayaquil entre 3,6 y 6,0 dólares la libra, de acuerdo con el tamaño. “El beneficio es para los comerciantes y distribuidores. Cuando tenemos una buena producción y no nos roban, logramos hasta 1.600 libras de camarón por hectárea. Los invernaderos para las camaroneras son demasiado caros, la alimentación es más costosa y las larvas más caras. También e necesita más diésel o electricidad para estas fincas”, relata Karina, una camaronera mediana de El ORO (nombre protegido) y agrega que “con el precio en finca a veces no se cubren ni los costos, sé de varios emprendedores que están quebrados”.

Toda una paradoja. Mientras en el ámbito internacional Ecuador es el mayor exportador mundial de camarones, casa adentro los productores pequeños asumen costos que no les permiten desarrollar y un proceso rentable.

Más camaroneras extinguen los manglares

Esta es una camaronera ubicada en la playa de Engabao, en Guayas. Foto Franklin Vega

 Los manglares en el Ecuador cubren 157.801 hectáreas según datos del Ministerio del Ambiente; mientras que las camaroneras abracan 202.113 hectáreas según el Ministerio de Producción, la autoridad nacional de acuacultura. Sin embargo, la cifra de camaroneras puede ser mayor, por las instalaciones irregulares que se han abierto sin permiso.

Uno de los mayores cuestionamientos es que para abrir las piscinas se han talado significativas zonas de manglar. Líder Góngora, activista por la conservación de este ecosistema, es enfático. Señala que los manglares cubrían 350.000 hectáreas en la Costa del Ecuador y hoy solo quedan 108.000 has, las 200.000 hectáreas de manglar taladas corresponden a las taladas para hacer camaroneras y construcciones.

Ahora ya no se producen talas masivas de manglar; la expansión es paulatina y se realiza cada vez que se realiza mantenimiento a las piscinas camaroneras. La maquinaria limpia los bordes de las piscinas en un trabajo que termina desplazando todo el muro de la camaronera hacia el manglar.

Los manglares en el Ecuador cubren 157.801 hectáreas

Una muestra de esta modalidad de tala sistemática fue denunciada el 19 de octubre pasado en Puerto Jelí, provincia de El Oro. Allí Víctor Quinde, vocero de la Asociación de Mariscadores y Anexos 11 de Enero de Puerto Jelí denunció, ante el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la tala del manglar por parte de una camaronera. (https://x.com/BitacoraEc/status/1715097203352457678?s=20).

Hasta la fecha no se conocen las acciones realizadas por el MAATE ante esta denuncia. Sin embargo, hemos podido constatar que existen más de 500 procesos administrativos iniciados por guardaparques en áreas protegidas de la Costa del Ecuador, que no han podido ser judicializados por falta de apoyo de las autoridades seccionales y nacionales.

La mitad del manglar, protegido por la comunidad

Desde 1999, con un Decreto de Jamil Mahuad, se estableció el Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar del Ecuador (AUSCME), que es una “concesión” de áreas de manglar y a la vez una herramienta de conservación, la cual permite que las comunidades ancestrales y usuarios de este ecosistema protejan y aprovechen los recursos (como cangrejos, conchas) para ,su sustento.

Desde 1999 miles de hectáreas de manglar se conservan gracias al trabajo de sus usuarios y comunidades. Foto Galo Paguay

Hasta el 2022, los AUSCME cubren 75.529 hectáreas de manglares, lo que representa el 49% de la superficie manglar del Ecuador. Sin embargo, lograr estos Acuerdos de Uso y Custodia no ha sido una tarea fácil y empezó con el trabajo del biólogo Manuel Bravo, quien hizo el primer planteamiento oficial de los AUSCME en 1996. Desde entonces y luego de varios intentos logró junto con las comunidades que se establezca esta categoría de protección de los manglares. Pese al avance que implicó este manejo compartido entre la comunidad y las autoridades, desde el 2017, la falta de recursos y personal ha entorpecido el desarrollo de estos Acuerdos.

Las comunidades se quejan de retrasos en los trámites y la falta de recursos para hacer patrullajes con seguridad. “Ya no podemos salir a patrullar por miedo a que los piratas se lleven la lancha, los moteres o nos maten. Esta falta de apoyo y recursos de los ministerios empezó en el Gobierno de Lenin Moreno hasta vivir el abandono de hoy”, relata un ex dirigente de una agrupación de cangrejeros del Golfo de Guayaquil.

TLC: Más dudas que certezas sobre controles ambientales

El 20 de noviembre, con la instalación de la nueva Asamblea, empieza el camino para que el Tratado de Libre Comercio firmado con China, el 10 de mayo de 2023, entre en vigencia. Esto se produce una vez que la Corte Constitucional emitió el 1 de noviembre su dictamen favorable a este acuerdo comercial, que es el quinto en la región.

De esta forma, Ecuador se integra a Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile que ya han firmado TLC con China. De estos cinco países, Ecuador ocupa el tercer puesto en cuanto al volumen de comercio bilateral, con un estimado de 12.000 millones de dólares; después de chile con 35.000 millones y Perú con 34.000.

Del total del comercio bilateral Ecuador-China, aproximadamente 4.000 millones corresponden a las exportaciones de camarón ecuatoriano y según las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, “las exportaciones se incrementarán entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales” https://www.comunicacion.gob.ec/ecuador-concreta-acuerdo-comercial-con-china-su-principal-socio-comercial/).

Si con la reducción del arancel, las exportaciones de camarón a China pasaron de 220 millones en el 2017 a 3.900 millones en el 2022, se puede esperar un incremento adicional del volumen del crustáceo a ese país; siempre y cuando, la producción se mantenga y se incorporen cada vez más zonas de producción camaronera.

En septiembre pasado, la Corte Constitucional puso un freno a la pretensión de entregar en propiedad 65.000 hectáreas que están asentadas en zonas de playas y bahías, que era una de las pretensiones del Decreto de Emergencia para enfrentar el fenómeno de El Niño. Por cada hectárea se pagaría entre 6.000 y 12.000 dólares.

A pesar de que en dos ocasiones hemos solicitado al Ministerio de Producción el texto del Tratado de Libre Comercio con China, no lo hemos podido conseguir; solo están disponibles los comunicados del Ministerio de Producción.

Se desconoce si se han incorporado regulaciones ambientales en el TLC con China o si se han previsto controles de calidad o la responsabilidad del fabricante para maquinaria y equipos electrónicos, que podrán ingresar de China sin aranceles. Una muestra, en la parte alta de la isla Santa Cruz, Galápagos. Ahí se pueden ver decenas de autos electrónicos chinos que están arrumados por fallas en sus baterías, no se exigió que se mantenga una cadena de repuestos y se desconoce la disposición final de esas baterías.

Por declaraciones de los ministros de Producción se conoce que 800 productos quedaron fuera del TLC: línea blanca, calzado, vestido, cerámicas, entre otros. No se sabe, por ejemplo, cómo se gestionarán las baterías de los vehículos eléctricos, de los cuales China es líder mundial en cuanto a su producción y desarrollo de tecnología.

La Corte les cierra el paso a médicos condenados por muerte de Michelle Cobo

La búsqueda de justicia es una tortuosa maratón en Ecuador. Hace siete años empezó el primer juicio penal por reincidencia en homicidio culposo por mala práctica profesional que involucra a los médicos Patricio Toscano, Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz. Ellos fueron sentenciados por la muerte Michelle Cobo, luego de que se sometió a una cirugía estética en una clínica de Quito y sufrió una infección generalizada letal. Los condenados pidieron la prescripción de las condenas, pero la Sala de lo Penal negó su pretensión. El caso concluirá con una audiencia de casación que aún no se fija.

Redacción Código Vidrio

El 10 de octubre pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia negó el pedido de prescripción de pena presentado por los médicos Patricio Toscano, Carlos Hurtado y por la abogada María Eugenia Muñoz, como último recurso para sortear las condenas impuestas por varios jueces, en todas las instancias previas.

Para la magistrada Daniela Camacho y su colega Walter Macías ese pedido no tenía sustento legal. Según su fallo, a Toscano aún le restaban por cumplir dos años, siete meses y 22 días; a Hurtado dos años, 10 meses y 20 días, y, finalmente a Muñoz, dos años, 10 meses y 20 días. Salvó su voto Byron Guillén, quien luego divulgó su criterio jurídico en redes sociales, en un hecho sin precedentes en la Corte Nacional. No es usual que los ministros mediaticen sus fallos, menos aún si son de minoría y no causan ningún efecto en el pronunciamiento de mayoría. Hace pocas semanas, Guillén fue uno de los jueces beneficiados por una polémica resolución de dos vocales de la Judicatura que extendió su cargo hasta el 2030, aunque su período en funciones terminaba el siguiente año.

Los condenados Toscano, Hurtado y Muñoz son protagonistas de este proceso judicial que ha pasado por todas las instancias procesales que marcará un precedente en la historia judicial del país.  Los tres argumentaron que el tiempo de su posible condena había sido superado y la acción penal debía anularse. Su solicitud arrancó con la hipótesis de que Gabriel Cobo y su familia activaron la demanda por la muerte de su hija Michelle, el 16 de julio del 2016, por lo cual a la fecha se habrían cumplido más de siete años, sin que su condena estuviera en firme.

En los siete años que ha tardado el juicio se ha probado que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, no tenía la licencia de médico cirujano. En sus redes sociales Toscano sigue promocionando que es graduado en la Universidad Central del Ecuador con esa especialidad.

Ese día de julio, hace siete años, Michelle entró al quirófano de la Clínica San Gabriel confiando en Toscano para realizarse una lipoescultura. Ella tenía 20 años y ningún problema de salud. Un día después falleció por una infección generalizada, causada por la bacteria más letal de los estreptococos, en el quirófano de la Clínica.

La Fiscalía estableció que Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias. Y también acusó a María Eugenia Muñoz, entonces gerente de la Clínica, por permitir una cirugía que el centro no estaba en capacidad de realizar ni contaban con los permisos correspondientes.

En estos siete años, la Fiscalía probó que Toscano, quien era dueño de la Clínica Steticus, una de las más renombradas de Quito, no tenía la licencia de médico cirujano. En redes sociales Toscano sigue promocionando que “es graduado en la Universidad Central del Ecuador como médico cirujano; en la Universidad John F. Kennedy de Buenos Aires, Argentina, especialidad en medicina estética, Instituto Superior de Estudios en Medicina, Veracruz, México, especialidad cirugía estética y antienvejecimiento”.

Toscano enganchaba a las clientes

En realidad esa era una fachada de Toscano para enganchar más clientes, pues él en general no realizaba las operaciones. Quien intervenía  a las pacientes era Hurtado. Antes de la muerte de Michelle, ambos ya habían sido condenados por la muerte de Yadira Cáceres, una madre quiteña, quien falleció durante la operación, luego de que le perforaron con un catéter el hígado.

Ambos doctores fueron condenados a un año de prisión, pero cumplieron ocho meses tras las rejas. A su salida abrieron nuevamente la Clínica Steticus y siguieron recibiendo pacientes como si nada hubiese pasado.

El 7 de febrero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró que la muerte de Michelle Cobo fue responsabilidad de Toscano y Hurtado. Ambos fueron condenados como autores del delito de homicidio culposo, por mala práctica profesional, tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal.

Hace siete años, Michelle Cobo entró al quirófano de la Clínica San Gabriel confiando en el médico Toscano para realizarse una lipoescultura. Ella tenía 20 años y ningún problema de salud.

Los jueces los condenaron a cuatro años de prisión. Mientras que María Eugenia Muñoz fue sentenciada a un año de cárcel, en calidad de coautora. Gabriel Cobo, padre de Michelle, apeló esa decisión. En junio de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha reformó la sentencia contra Toscano y Hurtado, imponiéndoles una  pena de seis años y ocho meses de privación de libertad. Y la sentencia contra Muñoz subió a tres años.

Esa decisión judicial no se cumplió.  Solo Hurtado está detenido en Estados Unidos por otros motivos. Mientras que Toscano y Muñoz no han sido ubicados.

El 24 de diciembre de 2019, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación de los sentenciados y posteriormente los pedidos de aclaración, ampliación y revocatoria por improcedentes.

La defensa de Toscano sostuvo que la Corte Nacional se limitó a rechazar el recurso con fundamentos “muy generales”, como la ausencia de “solemnidades técnicas”. Cuestionó que el tribunal de casación no se pronunció sobre una supuesta inobservancia del principio de congruencia en la que habría incurrido el tribunal de segunda instancia, que lo condenó a seis años de prisión por presunta reincidencia en la mala práctica profesional. Toscano asegura que los jueces lo responsabilizaron de la muerte de Michelle Cobo, pero él demostró que nunca entró al quirófano.

Los abogados de Hurtado advirtieron ante la Corte Constitucional que la condena en su contra no tiene “argumentación sólida” y los parámetros de sentencia faltaron a la verdad. Por ejemplo, argumentaron que el tribunal de casación rechazó el recurso basado en la constatación de que “la muerte ha sido violenta”, cuando esta no fue una de las conclusiones del perito médico legista. También alegaron que hay contradicciones.

Muñoz sostiene que durante el proceso no ha logrado presentar su defensa en igualdad de condiciones. Reclama por una supuesta mala interpretación del artículo 146 Código Integral Penal, que sanciona la mala práctica profesional. Específicamente señala que fue condenada como coautora con una decisión errónea que junto un caso de mala práctica médica cuando ella es abogada y fue gerente de la Clínica.

El caso se decidirá en casación

Esa resolución fue impugnada ante la Corte Constitucional por Toscano, Hurtado y Muñoz. En ese tribunal ganaron sus recursos. Luego de tres años, los jueces constitucionales establecieron que el caso debía ser conocido en casación.

Los nueve integrantes del Pleno resolvieron que los magistrados de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia debían realizar una nueva audiencia, para tomar una decisión de última instancia. Específicamente la resolución advierte que se “impidió que las personas accionantes fundamenten sus recursos de casación en audiencia, tal como lo dispone el artículo 657 número 2 del Código Orgánico Integral Penal”.

Por eso, la Corte resolvió que el juicio regrese a la Corte Nacional y se convoque a una audiencia de casación.

Esa diligencia se cumplirá en los siguientes días o semanas. Por lo pronto, el magistrado Byron Guillén no podrá ser parte del tribunal, pues adelantó su criterio sobre el estado de juzgamiento de los tres acusados. Guillén dio su voto salvado y pidió que la sentencia contra Toscano, Hurtado y Muñoz sea declarada prescrita y que la acción penal sea archivada.

Al correísmo se le durmió el diablo en la carrera para escoger Contralor  

La ambición rompió el saco del correísmo en el concurso para escoger al nuevo Contralor. Fue muy tarde cuando sus alfiles en el Consejo de Participación Ciudadana notaron que había un aspirante que se los llevaría por delante. Es Xavier Mauricio Torres Maldonado, quien lidera la selección para dirigir la Contraloría. Con 91 puntos es por ahora el virtual ganador en el concurso que estuvo plagado de contratiempos y demoras. Se trata de un servidor de carrera de la Contraloría, que combina su actividad profesional con la docencia; Torres dio un golpe de autoridad en la prueba escrita del 30 de septiembre.

Redacción Código Vidrio

El concurso de selección del Contralor General del Estado ingresó este 1 de noviembre de 2023 en su fase decisiva, sin que el correísmo haya podido sostener su influencia para que alguno de sus cuadros llegue primero a la meta.

A las 16:00, la Comisión Ciudadana de Selección y Designación de la Contraloría General del Estado sesionará para conocer y aprobar el informe final de un incidentado Concurso Público de Méritos y Oposición, en el que los aspirantes favoritos de la Revolución Ciudadana se cayeron.

Ni Juan Falconí Puig, exembajador en Londres de Rafael Correa, ni Belén Vivanco, exsubcontralora administrativa de Carlos Pólit, pudieron mantenerse en los dos primeros lugares. Mientras que el correísmo perdió su capacidad de maniobra en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuando el 7 de octubre de 2023 fue destituido su presidente, Alembert Vera.

Así quedaron los puntajes finales del Concurso

El liderato del concurso cambió de manos. Ahora el puntero es un servidor de carrera de la Contraloría, quien en la prueba escrita dio un golpe de autoridad para salir del anonimato.

Para los sectores políticos que tenían interés en llevarse el cargo fue muy tarde cuando notaron que había un aspirante que se los llevaría por delante. Xavier Mauricio Torres Maldonado es su nombre. Tiene 51 años, lojano, servidor de carrera del máximo organismo de control de cuentas públicas, con 23 años de experiencia en el sector público y quien a lo largo de su vida profesional ha combinado el ejercicio público con la docencia universitaria.

“Se les durmió el diablo”, dice la consejera ciudadana Mishelle Calvache, quien en la época de Alembert Vera no dudó un segundo en denunciar cada una de las anomalías en el concurso para beneficiar a los cuadros afines al correísmo.

Novedades que iban desde un afortunado cambio de reglamento hasta acciones de protección de última hora. La más reciente fue la del 5 de octubre pasado, cuando un Juez de Samborondón aceptó una acción de protección con medida cautelar para suspender el concurso a pedido de la postulante Julia Palma Farfán, exasesora de Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura.

Cinco meses tomó la atropellada operación política del correísmo por llevarse el concurso para la selección de Contralor General del Estado que terminó estrellándose, sin frenos, contra un muro.

Otra pieza de colección fue la insólita actuación de quien fungía como secretario de la Comisión Ciudadana de Selección, Francisco Toral, amigo y asesor de Vera, quien se rehusó a firmar las actas de las calificaciones de la prueba escrita donde Torres Maldonado sacudió el concurso.

Sin embargo, agrega la consejera ciudadana, no contaron con que Falconí Puig y Vivanco se despisten en la evaluación escrita de selección múltiple, pese a que el banco de 2.000 preguntas fue conocido con 48 horas de anticipación. De ahí que resulte una ficción que Vivanco o Falconí Puig puedan ascender en una recalificación de un test con respuestas precisas.

Si no hay más novedades, una vez que la Comisión Ciudadana de Selección apruebe hoy su informe final, el Pleno del CPCCS tiene que reunirse en 24 horas para acoger su contenido y oficializar la designación de Torres Maldonado. Votos para designarlo hay de sobra: Calvache, Andrés Fantoni, Juan Guarderas y la presidenta Nicole Bonifaz.

Xavier Mauricio Torres Maldonado lidera la selección para dirigir la Contraloría. Con 91 puntos es por ahora el virtual ganador en el concurso.

La ambición rompe el saco

Cinco meses de una atropellada operación política del correísmo por llevarse el concurso para la selección de Contralor General del Estado terminó estrellándose sin frenos contra el muro.

Su vehículo fue el Consejo de Participación Ciudadana, que para el 14 de mayo de 2023 estaba piloteado por Vera, el exabogado del expresidente Rafael Correa en su querella contra diario El Universo, un proceso judicial que violó derechos fundamentales, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Junto a Vera, los consejeros Abraham Verduga, Yadira Saltos y Johana Verdezoto conformaban la mayoría identificada como la `Liga Azul`, el nombre con el que el propio Correa en febrero de 2023 bautizó al grupo de candidatos al CPCCS abanderando su línea política.

Las pastillas de frenado empezaron a fallar cuando el Consejo de Vera quiso ejecutar en forma paralela al concurso de Contralor otras dos operaciones políticas de envergadura: tumbar a la Fiscal General  y descabezar a la Corte Constitucional nombrada por el Consejo de Participación Transitorio del desaparecido Julio César Trujillo. Todas estas acciones estaban atadas a la agenda política del expresidente Correa en su hoja de navegación de regreso desde Bélgica, su cuartel de invierno ante la sentencia de corrupción que pesa en su contra. Hasta antes de agosto todo salía a pedir de boca. La aplanadora de Vera estaba aceitada y ejecutaba el plan para tomar la joya de la corona: la Contraloría. Y que mejor que repetir el libreto del correísmo en 2012, cuando Carlos Pólit se quedó como contralor al ganar el concurso con puntaje perfecto. Tan bien iba esa operación que Alembert Vera alardeaba de su efectividad. “(Es un) hito histórico en el país que por fin avance esta designación que estuvo detenida por más de dos años”, dijo el 1 de agosto, en uno de sus espacios de rendición de cuentas emulando a las sabatinas de su líder.

El abogado del expresidente prófugo, Rafael Correa, Atemberg Vera llegó al Consejo de Participación con una clara agenda política para destituir a la Fiscal y nombrar autoridades afines al correísmo. Fue destituido por la Corte Constitucional por sus atropelladas actuaciones.

Sin embargo, todo empezó a enrarecerse para el correísmo cuando fue tras la cabeza de la fiscal Diana Salazar. El 30 de mayo, el CPCCS de Vera abrió un proceso para revisar la tesis de la Fiscal, como documento habilitante para el concurso que ganó en 2019. Para el 1 de junio ya convocó a Salazar a que comparezca al Pleno. Lo hizo a sabiendas que estaba expresamente prohibido por el Dictamen 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional.

El Consejo y la Judicatura su alinean

Para sacar del camino a la Fiscal, Vera y su `Liga Azul`no estaban solos. Coincidencialmente, el Consejo de la Judicatura presidido por Wilman Terán y su mayoría con el vocal Xavier Muñoz y la removida Maribel Barreno tenían entre sus manos golpear a la Fiscal. Para la noche del 29 de mayo, Terán convocó al Pleno de la Judicatura para intentar suspender a Salazar, pero el repudio generalizado de la opinión pública hizo que retrocedan.

Así quedó frustrado el plan de Vera de revisar la designación de una Fiscal amarrada de manos al estar teóricamente suspendida por la Judicatura, que no pudo hacer su tarea.

A partir de entonces, el CPCCS correísta debía dedicar tiempo también para defenderse. La Fiscal dio señales de que ese intento inconstitucional de revisar su nombramiento no quedaría como una anécdota. El 7 de junio solicitó formalmente a la Corte Constitucional que active el sistema de seguimiento de su Dictamen de 2019.

Como si se tratase de una jugada autodestructiva y no conforme con el frente abierto con la Fiscalía, el 24 de agosto de 2023 Vera no dudó un segundo en acatar un fallo disparatado de un juez de Montecristi, que disponía que se abra una veeduría ciudadana a la designación de los jueces de la Corte Constitucional, también blindada por el Dictamen 2-19-IC/19.

A partir de entonces llegó el ocaso para la `Liga Azul`. La Corte Constitucional abrió de inmediato el seguimiento al cumplimiento de su dictamen y el 7 de octubre ya era destituido Vera, quien perdía la mayoría en el CPCCS y la posibilidad de incidir en el concurso de Contralor.

La Fiscalía investiga a Pabón por peculado y va tras la huella de los pipones

La Fiscalía abrió una investigación contra la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, denunciada por un supuesto abuso de fondos públicos. El caso que detonó la pesquisa es la contratación de Soledad Padilla en el Consejo Provincial, entre 2019 y 2023, mientras estaba al servicio, como asistente personal, del exvicepresidente Jorge Glas.      

Redacción Código Vidrio

La notificación de la investigación previa llegó este martes 24 de octubre a la Prefectura de Pichincha. En el documento, el fiscal de Pichincha, Miguel Flores, le informó a la prefecta Paola Pabón que abrió una investigación previa en su contra, por un supuesto delito de abuso de fondos públicos (peculado), por la contratación de Soledad Padilla, exasistente personal de Jorge Glas.

La investigación 170101823104414 se inició luego de que la semana pasada se hiciera pública la demanda penal que Padilla presentó contra Glas, acusándolo de un presunto delito de odio, por acoso e intimidación sistemáticos, los últimos años.

Los primeros indicios que configurarían el peculado están en la propia demanda de Padilla, que también fue presentada en la Fiscalía, días antes de las elecciones presidenciales.

Padilla, de 37 años, estuvo enrolada en la Prefectura entre el 5 de noviembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023, por gestiones directas de Glas con Pabón. Eso consta en una grabación que ella realizó de una llamada que mantuvieron este año y fue anunciada como prueba dentro del proceso judicial.

En el Consejo Provincial inicialmente ocupó el cargo de asistente de promoción turística 2 y luego fue promovida al puesto de directora técnica de apoyo, con un salario mensual de 1.920 dólares, más de $23.040 anuales.

Sobre su contratación, la Prefectura confirmó que Padilla laboró en esa institución y que “ha cumplido todas las recomendaciones de las auditorías al Departamento de Talento Humano, efectuadas hasta la fecha”.

Jorge Glas acudió este 25 de octubre a la Fiscalía en Quito para rendir su versión en torno a la denuncia de un supuesto delito de intimidación que presentó en su contra Soledad Padilla.

Fuentes de la Prefectura, que pidieron el anonimato, indicaron que Padilla recibía su remuneración aunque en general no trabajaba presencialmente. “Era un caso claro de piponazgo como muchos otros que se han denunciado en la Prefectura”, dijo un funcionario.

Este miércoles Pabón se pronunció en su cuenta en X sobre la investigación en su contra. “Como corresponde, en apego a la Ley, hemos comparecido y señalado casillero en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía. Toda la apertura y colaboración para que se investigue lo que quieran investigar. No hacen falta shows mediáticos. Toda la información está a disposición del fiscal a cargo”.

Mientras trabajó en la Prefectura, Soledad Padilla también era asistente personal de Glas a tiempo completo. Esa tarea fue más evidente desde noviembre del año pasado cuando viajó a Guayaquil, luego de recibir amenazas con panfletos. “Mi desesperación y angustia fueron tales que, además de verme afectada por un serio ataque de ansiedad, tomé la decisión de trasladarme momentáneamente, bajo parámetros e instrucciones de Jorge Glas, a Guayaquil, por razones de seguridad”, indicó en su denuncia.

Padilla aseguró que su traslado fue autorizado por un funcionario del Consejo y que aprovechó para hacer uso de sus vacaciones acumuladas “para poder asistir directamente como asesora técnica” a Glas. Él acababa de salir de prisión, con un recurso de hábeas corpus, para cumplir el resto de su condena en su domicilio. “Me pidió nuevamente ayuda laboral, desempeñándome desde entonces, además de mi trabajo habitual (en la Prefectura), como su asistente o asesora personal”, indicó Padilla, quien explicó que siguió laborando paralelamente para el Consejo vía telemática, “sin necesidad de una presencia formal”.

Sus viajes a Guayaquil eran constantes, en medio de las presiones y maltratos sistemáticos de Glas, según denunció. “La presión psicológica del denunciado para tener una relación sentimental conmigo creció desproporcionadamente, al extremo de querer controlarme como si fuera un objeto de su propiedad, como si fuera su pareja, lo cual nunca fui”.

Padilla empezó a trabajar con Glas desde muy joven, a los 22 años, en la Vicepresidencia. Era asesora de su despacho. Los años siguientes fue siempre parte de sus equipos de colaboradores cercanos en el Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y la Vicepresidencia, en el gobierno de Lenin Moreno. Pocos meses después, en 2017, Glas dejó intempestivamente la Vicepresidencia y fue encarcelado y luego sentenciado por el cobro de coimas en el caso Odebrecht. Esto provocó una ruptura abrupta en la Revolución Ciudadana.

Entonces, Padilla también cayó en desgracia y estuvo desempleada los dos años siguientes. En ese período siguió acompañando y asistiendo a Glas, a quien visitaba periódicamente en la cárcel de Cotopaxi llevándole medicinas y velando por el cuidado de sus hijos. “Por esas tareas no recibí ninguna remuneración. Lo hice por gratitud a los nueve años en los que pude colaborar con él”, relató en su denuncia.

Dias después de ser demandado, Glas denunció a Padilla en la Fiscalía por una supuesta extorsión.

Mientras trabajó en la Prefectura, Soledad Padilla también era asistente personal de Glas. Esa tarea fue más evidente desde noviembre del año pasado cuando ella viajó a Guayaquil. Fue su asistente en varios cargos más de 12 años. Foto archivo

Pabón y sus 101 mosqueteros

El 2019 Paola Pabón fue electa prefecta. En adelante la entidad provincial fue copada en sus cargos directivos, de asesoría y nivel medio por militantes del correísmo. En ese contexto fue contratada Padilla, quien con los meses fue promovida a un cargo directivo de libre remoción.

Los últimos cuatro años la entidad se convirtió en refugio y sustento para partidarios del ala cercana a Rafael Correa. Entre 2020 y 2022 en la Prefectura fueron contratadas 110 personas con nombramientos de libre remoción y provisional, contratos de servicios ocasionales y profesionales. Para cubrir sus salarios se gastaron 3,6 millones de dólares, pero el 50% no tuvo ninguna justificación, según un informe de la Contraloría, aprobado en mayo de este año.

Tras su llegada a la entidad, Pabón aprobó un sinnúmero de normas y ordenanzas que le permitieron flexibilizar la contratación de personal de libre remoción, en perjuicio de los funcionarios de carrera.

Eso precisamente fue denunciado el año pasado por los entonces dirigentes de la Asociación de Empleados de la Prefectura, Ivanova Córdova y Germán Terreros. El gremio denunció constantemente una serie de decisiones arbitrarias de Pabón y su equipo que afectaban los derechos del personal de carrera. Un botón de muestra fue la aprobación de la normativa que reformó la Ordenanza Sustitutiva que establece la Escala de Remuneraciones para las y los servidores públicos de la entidad.

Esa normativa dio paso a la aplicación de la escala salarial del nivel jerárquico superior de gerencia y coordinador de área, con la exclusión del Jefe Técnico Coordinador de Procesos de la escala de remuneraciones de los servidores y servidoras, jefes técnicos de área, profesionales y no profesionales.

“Denunciamos que casa adentro también hemos sido víctimas del desplazamiento de personal de carrera, técnico y profesional para la inclusión de cuotas políticas, en varios casos, sin las competencias ni conocimientos requeridos en puestos de decisión y con la consigna de amedrentar y acosar laboralmente a los compañeros, hechos denunciados constantemente por esta Asociación, pero no han sido escuchados por las autoridades”, denunció en un comunicado el gremio.

Piden que Muñoz investigue a Pabón

Entre tanto, ayer el concejal Michel Aulestia presentó un proyecto de resolución para que el alcalde Pabel Muñoz, en su calidad de consejero provincial, fiscalice a la prefectura de Pichincha por supuesto caso de piponazgo en la contratación de Soledad Padilla.

La fiscalización de las acciones de la Prefecta es una atribución legal de los consejeros y en particular del Alcalde. En esta línea, Aulestia pidió que Muñoz requiera a la Prefectura la siguiente información, para enviarla, a su vez, a la Contraloría.

  • Qué funciones que desempeñaba la funcionaria durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2019 y el 31 de agosto de 2023.
  • Los productos que ha entregado durante su periodo como funcionaria.
  • Cuáles eran los asuntos o la prestación del servicio a que estaba obligada de acuerdo a las funciones de su cargo, según la ley.
  • El registro de asistencia, manual o biométrico, de la exfuncionaria.
  • Copia certificada de informe final de labores.

Esos informes serán remitidos a la Contraloría, con la solicitud del inicio de un examen especial, que confirme o descarte responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Muñoz anunció que solicitó incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Consejo Provincial un informe del Director de talento Humano de la Prefectura sobre las funciones de Padilla.

Voto de migrantes es una ganga para candidatos del correísmo

ELECCIONES. Para las elecciones de este domingo están empadronados para votar en el extranjero 409 mil ecuatorianos, pero se estima que solo sufragará un 40%.  El correísmo es el movimiento que más partida saca de esos procesos para la designación de autoridades, entre ellos 6 asambleístas. Desde el 2006, ese movimiento encontró la fórmula para ganar sistemáticamente 25 de los 30 escaños para legisladores en el extranjero. Los resultados de la gestión de los legisladores del exterior, en cuanto a leyes a favor de los migrantes, son pobres. En el último período legislativo (2021-2023) solo dos proyectos presentados fueron aprobados por el Pleno. Los costos para pagar su desempeño son  sumamente altos comparados con sus resultados.

Redacción Código Vidrio

Para las elecciones de este próximo domingo en el exterior están empadronados para votar 409 mil ecuatorianos, aunque se estima que solo sufragarán el 40%, es decir unas 52 mil personas. Para esta segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinará 2,7 millones de dólares, tras la serie de problemas, irregularidades y fallas del voto telemático, que costó 821 mil dólares en la primera ronda. Los migrantes elegirán presidente y 6 legisladores.

El ausentismo de los migrantes es, prácticamente, el triple de las elecciones en el país.  Los costos son excesivos. Solamente en envíos el CNE acaba de firmar un contrato con DHL, el 7 de septiembre pasado, por 384.496 dólares, advierte Anabelle Chacón, matemática y veedora electoral.

El voto en el exterior está cobijado por el artículo 62 de la Constitución de Montecristi. Si bien desde 1998 ya se facultó el voto en el exterior, en el 2006 se realizó el primer proceso electoral. Ecuador es quizás el único país donde se puede acceder a la Legislatura con tan pocos votos. Hay candidatos que ganaron una curul solo con 2 mil votos.

Para Chacón, el objetivo de tener asambleístas por provincias y del exterior es que representen los intereses particulares de sus representados. Lo cual, en la práctica, no se cumple. Los asambleístas por el exterior son 6, independientemente de la población ecuatoriana en el extranjero, contrariamente a la lógica imperante en el país, donde los legisladores provinciales son designados, proporcionalmente,  según la población que tengan sus jurisdicciones. La Constitución y el Código de la Democracia establecen que cada provincia tendrá dos asambleístas, y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción por encima de los 150.000.

El registro exacto del número de ecuatorianos que viven en el exterior, no existe, destaca Chacón. “Por lo tanto, no podríamos tener una comparación exacta de la realidad, pero, considerando los 6 asambleístas que se les otorga a los ecuatorianos en el exterior, se puede comparar con la provincia de Los Ríos que tiene igual número de legisladores. Esta provincia tiene 898.652 habitantes, de los cuales 668,227 están empadronados (2021)”.

Ausentismo de hasta el 71% 

En las elecciones del 2021 hubo un ausentismo, en el exterior, del 66%, y llegó hasta el 71% en Rusia y Venezuela, incluso el 100% en Nicaragua.

Otro problema es la enorme dispersión de los votantes. Lo migrantes viven en 46 países en regiones muy alejadas. Por ejemplo, la circunscripción de América Latina, Caribe y África es crítica. “¿Cómo un candidato puede, realmente, representar a un área geográfica tan extensa y diversa? ¿Es esto democracia representativa? ¿Debe una población tan dispersa como la inmigrante tener los mismos asambleístas que la provincia de Los Ríos? Creo que no se justifica”, señala Chacón.

En la elección del 2021, cuatro representantes de Unes (correísmo) ganaron curules en el legislativo. Se trata de Gustavo Mateus (32 mil votos), Esther Cuesta (32 mil votos), Mónica Palacios (7.973) y Eduardo Zambrano (3.019 votos); Ángel Malta (4.404) de Pachakutik, y Juan Fernando Flores (2.067), de CREO.

En el último período legislativo (2021 – 2023), los asambleístas por el exterior presentaron 30 proyectos de Ley, de los cuales uno no fue calificado, 6 no fueron asignados, 15 fueron a primer debate, 5 a segundo debate, uno archivado y solo 2 fueron aprobados.

Así, los 2 proyectos de ley aprobados los últimos dos años les costaron a los ecuatorianos casi 1 millón de dólares, cada uno.

El gasto anual en sueldos de los 6 asambleístas, además de sus 4 asesores, es de 937.080 dólares, lo que significa que en un período de 4 años el gasto asciende aproximadamente a 4 millones de dólares.

El gobierno, siempre en la mira  

Lejos de tener una participación directa en el desarrollo de propuestas legislativas con valor agregado para los migrantes, la mayoría de los asambleístas por el exterior dedicó estos últimos 2 años, hasta la disolución de la Asamblea, a participar en procesos de fiscalización y censura a ministros de estado y al Presidente de la República.

En el caso de Mónica Palacios se concentró en la investigación al presidente Guillermo Lasso, por el caso Pandora Papers; además en la denuncia de supuestos insultos del ex Canciller Juan Carlos Holguín y la solicitud de proceso disciplinario al ex asambleísta Diego Ordoñez. También presentó tres proyectos legales. Entre ellos una reforma a normas del Código Monetario.

El legislador de Pachakutik, Ángel Maita Zapata, no elaboró ningún proyecto de ley para los migrantes. Solo se enfocó en la solicitud de juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

Gustavo Mateus impulsó el juicio político al Superintendente de Bancos, mientras Esther Cuesta tuvo en agenda una solicitud de juicio político al excanciller Juan Carlos Holguín, por la repatriación de jóvenes ecuatorianos desde Ucrania.

El fiasco del voto telemático

El voto telemático tuvo fallas desde el inicio. La asignación del contrato a una empresa sin ninguna experiencia como Antroproyecto, fue sin ninguna garantía.  El costo fue de 756.415 dólares, sin IVA,  lo cual es un gasto desmesurado, según coincidieron varios analistas.

A esto se suman las denuncias de los votantes en el exterior de recibir propaganda no autorizada a sus correos personales o la presencia de equipos de ayuda para registrarse a votar. “Ahora la repetición física del voto en el exterior cuesta otros 2.7 millones. Es decir, un total de casi 3.5 millones. Esto no se justifica de ninguna manera», agrega Chacón.

Ecuador y Europol crean fuerza conjunta para combatir carteles balcánicos

ENTREVISTA. En los próximos meses Ecuador tendrá una participación activa en Europol, la Policía de Europa. La Policía enviará un oficial de enlace que permitirá colaborar en el intercambio de información de todas las investigaciones que avanzan en conjunto, tanto en Ecuador como en los países de Europa, relacionadas con ciudadanos de los países de los Balcanes, quienes dominan la distribución y logística de cocaína hacia Europa. Según el general Pablo Ramírez, director Antinarcóticos de la Policía, eso se plasmará en la conformación de una fuerza conjunta, una ‘Task Force’, con Europol, que marca el inicio de operaciones conjuntas de los países más afectados por esos clanes criminales que operan en el país desde 2009. Inicialmente participan España, Bélgica, Alemania, Holanda y Croacia.

Por Arturo Torres 

El principal destino de la cocaína que produce Colombia y sale por Ecuador es Europa. ¿Los carteles balcánicos controlan totalmente esa ruta, cuál es la dinámica?

Sí. Los primeros antecedentes datan del 2009 cuando se detuvo al primer montenegrino con 14 kilos de cocaína; el 2014 fue detenido el albanés Dritan Rexhepi, con 11 personas más, que fue sentenciado; luego hubo ciertos asesinatos selectivos y otras tentativas de muerte de serbios y albaneses. Esa serie de acontecimientos,  junto con los primeros casos donde se intervenía a personas de nacionalidad albanesa, nos llevó a pedir la colaboración a países de Europa. Ellos ya tienen más de 50 o 60 años de experiencia con estos clanes que se han instalado en ese continente y coinciden en los mismos países que reciben la mayor cantidad de droga donde opera la Kompania Bello, como se denominan estas organizaciones delictivas de los Balcanes. Todos se agolpan en esa Kompania Bello.

¿Es un cartel o una mafia?

Nosotros les denominamos clanes porque son en algunos casos tan cerrados que inclusive no dejan entrar a personas de otra nacionalidad. Por eso es que en nuestro país la principal especialidad que se han dado estos carteles de los Balcanes es porque dominan la logística y la distribución en Europa. Ellos saben cómo colocar en los diferentes países europeos, por sus nexos que tienen más de 50 o 60 años dominando la criminalidad del tráfico de drogas. No olvidemos que dominan el 40% del tráfico en el planeta: heroína desde el Asia central y cocaína desde América del Sur. Entonces se han especializado en las cadenas de logística y distribución en Europa.

¿Y desplazaron a los mexicanos?

Ellos tercerizan de una u otra manera el servicio ilegal.

¿Y qué papel juegan los mexicanos y los colombianos?

El dominio de la distribución del tráfico interno hasta colocarlo en los puertos y luego ya enviarlo a Europa o Estados Unidos.

 ¿Entonces las rutas que utilizan los carteles mexicanos o los enviados de los carteles mexicanos con las bandas aliadas locales, que hacen ese trabajo, ellos también colaboran indistintamente para estos carteles de los Balcanes para sacar la droga?

Sí.

¿Brindan un servicio tercerizado?

Se han especializado, por un lado, en el procesamiento, por otro en la distribución y otro más en el transporte, logística y tráfico internacional.

¿Y toda esa cadena de valor es controlada por este cartel de los Balcanes?

No todo. Ellos se especializan más cuando están ubicados en los puertos. No olvidemos que la ley migratoria no nos permite tener información de antecedentes judiciales de extranjeros que ingresan, amparados en la ciudadanía universal, aunque desde agosto del año pasado los albaneses ya necesitan visa. Eso ha impedido determinar alertas que nos permitan medir el riesgo, el ingreso de personas con la fachada de inversionistas. Por eso compran empresas con historial de exportación grande y ahí, con la fachada de empresarios, exportan ilegalmente.

¿Tuvieron mucho tiempo, desde que se creó la Ciudadanía Universal en 2008, para hacer todo este procedimiento?

Vieron un país con esa debilidad y por eso empezaron a operar con fachada de empresarios.

¿Estos personajes de los Balcanes algunos se han quedado a vivir aquí o vienen y salen, cuál es el patrón?

El 2022 ingresaron entre 600 y 650 personas de las diferentes nacionalidades: albanesa, lituana, Kosovar, de Albania, y en el 2023, aproximadamente hasta la fecha entre 420 y 450 personas. Y han salido en el primer caso unas 600 y se han quedado unos 30 en el otro caso casi similar.

¿Y ellos se quedan permanentemente aquí?

Se quedan básicamente cumpliendo el periodo de turismo, en otros casos contraen matrimonio o tienen hijos con una persona ecuatoriana y adquieren la nacionalidad. Tenemos personas de Albania, alrededor de unas 38 o 40 y de Lituania unas 40 personas aproximadamente que han adquirido la nacionalidad.

En este contexto, conozco que ya está en marcha la creación de una fuerza de tarea conjunta para enfrentar a carteles balcánicos entre Ecuador y Europol.

Así es. En los próximos meses vamos a tener una intervención activa ya en Europol, con un oficial de enlace que nos va a permitir colaborar en el intercambio de información de todas las investigaciones que tenemos en conjunto, tanto en Ecuador como en los países de Europa y que tenga que ver con ciudadanos de los países de los Balcanes, porque son los que dominan la distribución y logística hacia Europa. Entonces la conformación de fuerzas, un ‘task force’ con Europol, nos va a permitir tener una alternativa de inicio de operaciones conjuntas de los países que se integren a este tipo de actividades. Están España, Bélgica, Alemania, Holanda y Croacia, inicialmente.

¿Está Inglaterra también?

Inglaterra no es parte de Europol, pero con nuestro país tienen activamente una importante intervención de cooperación en el mismo campo.

¿Ya hay una fecha para empezar esta cooperación, esta ‘task force’?

Una vez que se incorpore el oficial a Europol -lejos de que ya hemos iniciado ciertas conversaciones, intercambio de información-, pero ya más formal, más activo el intercambio de información, conjuntamente con iniciar casos con asistencia penal internacional es lo que nos va a permitir el inicio de esta fuerza de tarea.

¿Cómo se va a plasmar esa cooperación, en qué campos?

Primero en intercambio de información, tecnología, recursos y obviamente también ingresar a ciertos sistemas y plataformas de información para poder tener más datos y usarlos asertivamente sobre ciertas personas.

O sea, van a poder intercambiar más datos en tiempo real

Sí. Este momento no lo podemos hacer porque cuando los países integran de manera formal Europol, es una entidad que tiene análisis de información en toda Europa, tienen también programas como el MAO que es un sistema de análisis, de delitos en el mar, entonces también nos va a permitir ingresar a ese tipo de plataforma, para tener conocimiento.

¿Cuando hablamos de carteles albaneses o de la Kompania Bello, hablamos solamente de personajes de Albania o de varios países?

De varios países. No nos olvidemos que, al tener esta forma de falsificar documentos, como albaneses entran como kosovares, o siendo croatas entran como montenegrinos, pueden mimetizarse, por esa falsificación de identidades que podrían darse y esa es una dificultad. En cambio, con el intercambio de información, como tenemos huellas dactilares, como tenemos identificación facial, ya va a ser mucho más asertiva y más aún cuando el servicio de Migración, a través de la Subsecretaría de Migración que está ahora a cargo de la Policía, está incorporando importante tecnología para tener una identificación en el momento que un extranjero ingrese, facial y de huellas digitales.

¿Entonces se va a poder cotejar la información de huellas digitales con los países de Europol también con los países de Europa?

Efectivamente. Ahora no tenemos eso.

¿En este momento entonces el mapa real es que el principal problema que enfrenta la Policía por salida de cocaína que ingresa desde Colombia se focaliza en los puertos?

Sí, en todos los puertos, que tienen una afectación de acuerdo a su tamaño, de sus exportaciones.

¿Y en este caso una ayuda fundamental para el control van a ser los escáneres, que ya se están probando?

Va a ser un complemento a los indicadores de análisis que tenemos bajo nuestro sistema de perfilamiento. Va a ser un adicional, pero va a ser mucho más ágil y oportuno porque en este momento tenemos aproximadamente entre un 28 y 30% de inspecciones del total de contenedores que salen del país. De manera total 3 o 4% en preembarque, un 20% y el restante en sellos. Con los escáneres se pretende avanzar, por fases, entre un 40, 50, 60 y llegar a un 100%.

Entonces ahí se completa todo, pero no es que los escáneres pueden por sí solos solucionar el problema. Es un complemento para todo el trabajo que se hace previo y posterior. Porque también se puede contaminar después.

Claro, por eso es que hemos advertido en puertos que los lugares que se tiene previsto luego del escaneo deben estar esterilizados, totalmente estériles, sin ningún tipo de riesgo sino más bien con toda la tecnología, con cámaras, con sensores para que inmediatamente pasen a ese sector para el buque. Porque si estos contenedores van escaneados a un lugar y están cuatro, cinco días y no están bajo control, no va a servir de mucho que estén escaneados porque como ya están escaneados los contaminan no antes sino luego.

¿Cuáles son los riesgos que implica la tarea que ustedes cumplen? Porque veía que incluso su seguridad se había reforzado, por todo el tema del riesgo. ¿Cómo ha cambiado su seguridad, por ejemplo?

Bueno, los policías que estamos dentro de esta lucha no únicamente contra las drogas sino contra el crimen organizado, tenemos riesgos a los cuales nos hemos enfrentado de manera fuerte, con toda la convicción de hacer bien las cosas. Lastimosamente algunas personas han fallecido, otros policías hemos tenido que rotar por las amenazas que vienen del crimen organizado, que no únicamente utilizan las formas normales de amenazas como son sobres con amenazas, mensajes amenazantes a través de números desconocidos a los celulares, llamadas telefónicas o sobres cerrados con diferentes mensajes de amenaza sino buscando otro tipo de alternativas y otros medios.

¿En su caso ha recibido amenazas, desde cuándo?

Las amenazas a partir de mi designación como director antidrogas, he tenido dos amenazas. Estamos haciendo grandes cambios en el ámbito de puertos, estamos haciendo una oxigenación a nivel de jefaturas antidrogas, a nivel de unidades especiales y quizá esta oxigenación o estos cambios que nos han dado mejores resultados están perturbando al crimen organizado.

¿Qué porcentaje del personal han movido?

Aproximadamente el 80, 85%.

¿En todas las plazas?

En todas las plazas. Estamos haciendo un fuerte contingente de evaluaciones de confianza tanto a personal de las jefaturas provinciales antidrogas como de las unidades especiales de puertos, aeropuertos, unidad de químicos, unidad de microtráfico y están quedándose únicamente aquellos que pasan las pruebas y evaluaciones de confianza.

O sea, el polígrafo…

Polígrafo, toxicología, psicología y examen económico-financiero.

¿Ahora esto también implica que haya una campaña o pueda haber amenazas o ataques que usted haya recibido por ejemplo a través de redes sociales?  

Sí. Son personas que quizá están alineadas al crimen organizado y tratan de desacreditar la labor que estoy llevando a cabo y afecta a esas organizaciones. Pero estamos con la firme convicción de seguir las acciones legales correspondientes porque no se puede manchar la honra de las personas de una manera tan infame, estamos iniciando acciones correspondientes.

¿Usted va a iniciar acciones contra quienes le han atacado?

Sí, efectivamente lo iniciaremos porque no se puede pasar por alto cuando el buen nombre de una persona es atacado y más aún cuando se lucha en contra del crimen organizado.

Hace pocas semanas hubo una cumbre antidrogas en en Jamaica, ¿Cuál es su evaluación, cómo está Ecuador, qué paso en esa cumbre en relación a estos fenómenos que estamos viviendo los últimos años con la participación de varios carteles y sobre todo el de los Balcanes que genera muchos problemas y mucha preocupación en Europa, sobre todo?

Básicamente el Ecuador dentro el panorama mundial ahora es significativo. Estamos viendo la cantidad de droga que está siendo incautada por la Policía, hasta el momento 169 toneladas, en relación con el año anterior que fueron 149, en el mismo periodo, y en el 2021, fueron 130 toneladas, que fue el año récord de incautación del país. Este año vamos a batir el récord de incautaciones nuevamente.

Bajo este panorama, los organismos internacionales de cooperación, incluso otros países en esta cumbre mundial del IDEC, establecieron varias alternativas de cooperación, coordinación y sobre todo conocimiento de las nuevas dinámicas de las drogas sintéticas en el mundo, como el clorhidrato de fentanilo, Y otras drogas, que según Naciones Unidas no han sido identificadas todavía, pero se estima que llegan a 1.280 sustancias.

Por esa variación y cambios en la producción de nuevas drogas hemos propuesto a Naciones Unidas, a UNDOC para que el país tenga un observatorio nacional de drogas y un laboratorio científico de drogas.

¿Qué objetivos buscan?

Por un lado tener un estudio social de los diferentes estratos en ciudades, barrios, provincias, el rango etario del consumo de drogas, el comportamiento social con criminólogos, sociólogos y bajo esta plataforma establecer programas preventivos.

Que es lo que no se hace desde el 2015.

Claro.

¿Y no hay estudios, sobre todo, de consumo entre adolescentes y jóvenes para definir políticas?

No hay estudios de consumo, de demanda. Y por otro lado queremos construir el laboratorio científico de drogas que nos permita analizar y descubrir nuevas sustancias. Por ejemplo, Colombia tiene un gran laboratorio de drogas que les permite ir descubriendo nuevas sustancias. En este año ellos han descubierto tres nuevas variantes de fentanilo y Chile, dos. Entonces estos laboratorios científicos lo que nos van a permitir es determinar bajo diferentes metodologías, por ejemplo, espectrofotométricas, cromatográficas o inmunoquímicas para hacer estudios no únicamente en personas vivas sino también en personas muertas, es decir, estudios forenses. Hay veces que se dice que una persona murió pero es a determinar, sin saber por qué.  Pero este tipo de metodologías no va a permitir saber a ciencia cierta una persona por qué falleció, sabemos que fallece por paros cardiorespiratorios, pero no sabemos el por qué com precisión.

¿O sea criminalística todavía no puede establecer todas as causas de muertes por falta de tecnología?

En la morgue le determinan la causa de la muerte pero cuando no saben cuál es le ponen “por determinar”. Nosotros al tener un laboratorio científico de drogas, incluso hay un estudio a través del cabello, para determinar, al desagregarle el cabello, qué tipo de sustancia pudo haber ingerido esa persona. Colombia, por ejemplo, tiene un programa que se llama huella química, este programa le permite precisamente desagregar en todas las sustancias, hasta su mínima expresión, de todo lo que contiene. Tiene un sistema de alertas tempranas que igualmente le permite obtener un conocimiento rápido y oportuno de una sustancia que en determinado momento puede causar un problema de salud pública. Porque por ahora, según Naciones Unidas, manifiesta que el fentanilo, al no tener un consumo masivo en América Latina, no se lo puede considerar todavía como un problema de salud pública.Pero no tenemos una forma científica de saberlo por eso es necesario el laboratorio, para conocer en este caso   cuándo las drogas sintéticas podrían causar un problema de salud pública.

¿Existe demanda de fentanilo en Ecuador?

No tenemos ningún dato específico en torno al consumo de clorhidrato de fentanilo. Lo que hemos tenido hasta el momento son tres operaciones, una en agosto del 2022, otras en abril y agosto del 2023. En estas dos últimas tuvimos una incautación de alrededor de 17 ampollas de citrato de fentanilo, es decir medicina. No es droga sintética, no es clorhidrato de fentanilo. Y el primer caso fue una entrega controlada de 107 ampollas que iban de Colombia hacia Chile.

¿ Y ese es el dato que expusieron las autoridades de Estados Unidos, sobre que Ecuador empieza a ser utilizado como paso para llevar fentanilio a países del sur desde Colombia?

No, no. Pero es citrato de fentanilo, es una medicina.

¿Pero en Estados Unidos afirmaron que era clorhidrato de fentanilo?

Nosotros también nos admiramos, justo estuvimos ese momento en Jamaica y comentábamos también con los organismos de Estados Unidos y nos admiramos con Colombia al manifestar eso; pero como ya fue eso aclarado por el ministro del Interior, ya se pronunció el Ecuador en torno a esa declaración. Hemos establecido que en Ecuador no hay presencia de clorhidrato de fentanilo, que es la droga sintética. Lo que sí tenemos en una venta en el mercado negro o en lugares donde se vende medicina sin ningún tipo de receta o de manera ilegal, es el citrato de fentanilo que viene en tres modalidades: a manera de inyección, que son las ampollas; inhalador o parches transdérmicos.

¿Y para qué sirven?

Esto por lo general se utiliza para personas que tienen enfermedades terminales.

¿Es para el dolor? ¿Es como una variante de la morfina?

Sí, es para el dolor, un analgésico. El fentanilo es 50 veces más potente y adictivo que la heroína y 100 veces más potente y adictivo que la morfina.

¿Y por eso también es tan utilizado para el dolor?

Exactamente. Estuvimos en otro evento en Medellín, donde fue un simposio del fentanilo y nuevas sustancias psicoactivas. Entonces ahí se determinó que por ejemplo el 80 % de las personas que consumen drogas sintéticas no es que van y piden véndame fentanilo, como sí lo hacen: “necesito cocaína, necesito heroína”. Lo que están haciendo los narcotraficantes es mezclar, hacer una droga de corte a la heroína o a la cocaína, con el fentanilo.

Preparan cocteles.

Sí. Para generarle mayor adicción, porque se establece que, por ejemplo, el efecto de la cocaína es de aproximadamente de 8 a 9 horas, de la heroína es 5 horas y del fentanilo es de una hora. Entoces una hora ya necesita más, en menor tiempo para generar una mayor adicción. Producto de esto son las muertes, porque todavía estos criminales no le calculan bien la cantidad de clorhidrato de fentanilo para mezclar con otras drogas. Bastan dos miligramos para matar a una persona. Es como poner la punta de un lápiz. Entonces si eso no lo calculan bien es letal. Hacíamos una comparación de la rentabilidad y sobre todo de la cantidad de dosis: con 13 000 libras de clorhidrato de fentanilo se pueden sacar 328 millones de dosis. Con 13 000 libras de clorhidrato de cocaína, sacan 598 000 dosis.

¿O sea, la cantidad es exponencialmente mayor?

Lo que estamos viendo e s que en el futuro las organizaciones delictivas, como el cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, en algún momento se van a volcar a las drogas sintéticas como el fentanilo porque ya no necesitan grandes cargamentos, ya no necesitan estructuras grandes de  laboratorios. Los laboratorios que se han descubierto en México y en Estados Unidos donde se está produciendo quizá esta droga sintética, se ha determinado la ruta que empieza en China, van los químicos a México, ahí le procesan y se la vende en EE.UU.

Ese es el principal mercado de fentanilo este momento

Claro. Lo que pasa es que están mezclando. Por eso se ve a personas, especialmente en algunas ciudades muy mal.

¿Como zombies?

Exactamente. Porque ellos consumen heroína, cocaína o la hache o cualquiera de las drogas sintéticas pero las están mezclando con fentanilo, para generar más adicción.

Pero  es una plaga, hay miles de muertes, es muy grave.

No solo en EE.UU. En febrero del 2022 murieron 24 personas en Argentina, porque le mezclaron heroína con fentanilo, que es otro derivado y variante del clorhidrato de fentanilo. Entonces no vemos en el país presencia de clorhidrato de fentanilo. Lo que existe es citrato de fentanilo que es una medicina y la que están comercializando en estos casos que se han encontrado, a manera de ampollas.

Que es utilizado como los otros opiáceos. ¿El fentanilo viene de un opiáceo de Asia?

Así es, viene de un opiáceo. Cuando le hacen la prueba a una persona, tiene los mismos síntomas que una persona que consume cocaína o heroína. Entonces no se puede determinar que está consumiendo fentanilo, porque tiene los mismos síntomas.

¿Entonces por eso también es importante el laboratorio? 

Por eso es importante el laboratorio, para determinar a ciencia cierta, de manera exacta, qué sustancia está consumiendo una persona, de encontrársele viva y si fallece, a través de las diferentes metodologías que le mencioné, que pueden ser ya en el ámbito forense.

Entonces la preocupación de los Estados Unidos este momento son las drogas sintéticas, que les están afectando directamente. Pero, por otro lado, en Europa, ¿qué está pasando? ¿La preocupación es la cocaína?

Sí. Este momento la demanda mayor de clorhidrato de cocaína que sale del país está destinada a Europa. Hasta el momento de las 169 toneladas incautadas, 51 toneladas en puertos iban a los países de España, Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos.

¿Y en carreteras y otros sitios qué pasó con las capturas?

En carreteras hemos incautado 84 toneladas y el restante han sido entre fronteras, interdicción en vías y centros de acopio.

¿Eso qué significa? Se está capturando más antes de llegar a los puertos. El año pasado era al revés.

Sí, exactamente. Bajo la nueva estrategia del plan antidrogas de la Policía nos hemos enfocado en su mayoría a incautar en fronteras y en vías, antes de que lleguen a los puertos y se convierta en un embudo y en una forma de violencia entre las organizaciones criminales.

¿Entonces capturan, ya saben dónde viene, dónde está pasando, empiezan ahí la interdicción?

Exactamente. En frontera, en vías y en centros de acopio.

¿Esto qué significa, que hay más personal destinado a esto, más tecnología y recursos?

Hemos cambiado la estrategia y la táctica. Hemos destinado tecnología, hemos  establecido capacitación, recursos, implementado  técnicas de perfilamiento en estos lugares.

¿Cómo está la cooperación con los militares, que tienen la misión de controlar en un espcio de 10 kilómetros de la frontera?

Las Fuerzas Armadas se dedican en algunos casos que hemos visto a la destrucción de los laboratorios de procesamiento, conjuntamente con información que reciben de las Fuerzas Armadas de Colombia.

¿De Inteligencia?

Y básicamente en ese ámbito intervenimos. Ya en el tema de interdicción en frontera y vías, lo hace exclusivamente la Policía.

O sea, ahí el trabajo es específico de la Policía, de la estrategia de drogas. ¿Cuándo cambió esta estrategia?

Este año.

Entonces esto implica que hay más capturas, pero lo que siempre se ha cuestionado es que falta fortalecer el trabajo para desmantelar organizaciones, para que no sigan entrando tantas cantidades de cocaína. ¿Qué están haciendo para trabajar en el tema de lavado de activos, cómo ubicar toda esta dinámica y conexiones?

Bueno, un importante procedimiento que hicimos en junio fue el caso de Wilmer Sánchez Farfán, el Gato. Él fue detenido en Colombia, hace dos semanas terminó la instrucción fiscal, y comienza la etapa de juicio. Se incautaron 104 propiedades, alrededor de 12 millones de dólares entre vehículos, departamentos, casas, haciendas, animales exóticos aquí y alrededor de 12 personas que establecían la propiedad de presunción de testaferrismo y lavado de activos. Esto hace que vayamos articulándonos, conjuntamente con Fiscalía todos los casos que están saliendo, los que han salido y los próximos a ejecutarse. Se está mirando también todo el ataque a desvanecer la economía criminal producto del narcotráfico.

¿O sea, ya está el foco puesto también en ese tema ahora, el de investigar las organizaciones?

Sí. Tenemos una Ley de Extinción de Dominio que si bien es cierto todavía nos hace falta ciertas alternativas de reforma. La Policía ya está elaborando un proyecto de reforma legal. Cuando la Asamblea se incorpore ya a sus funciones, presentaremos una propuesta para que la ley sea más fuerte, oportuna y efectiva a la hora de las incautaciones.

¿Por qué es débil en este momento la Ley de Extinción de Dominio?

Porque se dedica exclusivamente a ciertos delitos, porque no es un procedimiento rápido la incautación. Lo que necesitamos es que, igual que en otros países, sin necesidad de la intervención de un juez, la Fiscalía, directamente, pueda hacer este procedimiento de incautación, expropiación. Así se reducen los plazos de intervención en cuentas bancarias, inhabilitación de la venta de propiedades, para que sean mucho más rápidos. Hoy, mientras dura la indagación previa, por ejemplo, nosotros en cuestión de lavado de activos tenemos que dar a Fiscalía, especificar al detalle quién es el propietario, qué ubicación tiene y esto se saca de notarías y a veces las notarías ya les anticipan a las personas que están averiguando de sus bienes y hacen ventas rápidas.

¿Las criminales tienen ventaja, todo el tiempo para impedir que capturen sus bienes?

Exactamente. Entonces lo que nosotros proponemos es que los procedimientos sean mucho más rápidos, ágiles y expeditos. De esta manera, no solo fijarse exclusivamente en cierto tipo de delitos sino ampliarse a otros.

En lo de fondo hay un cambio de estrategia, hay más capturas antes de que la cocaína llegue a los puestos, en vías y sitios de acopio ¿Y en este giro qué papel está jugando la cooperación internacional, cómo se está articulando?

Muy importante porque la tecnología que se mantiene actualizada y modernizada en otros países nos permite llegar al Ecuador a través de todas las alternativas de investigación, hace que seamos mucho más efectivos.

¿Qué países son los que más están cooperando con la Policía en este tema?

Estados Unidos, Reino Unido, próximamente Bélgica, estamos en conversaciones con España.

“El poder siempre busca meter mano en la justicia”

ENTREVISTA. Luis Pásara (1944) es sociólogo del derecho y ha estudiado el funcionamiento del sistema de justicia en varios países latinoamericanos, incluido Ecuador. Es senior fellow en la Fundación para el Debido Proceso. Su estudio sobre la intromisión del proyecto político correísta en la justicia sentó un precedente: reveló que muchos jueces respondían a dictados de Carondelet.

Alianza Código Vidrio – Vistazo 

Los países de la región, hablamos de Perú y de Ecuador, ¿son proclives a la intromisión de la política en la justicia? 

En nuestros países existe una larga tradición de dependencia de la justicia respecto al poder. Tradicionalmente, esto se ha expresado en los nombramientos judiciales a cargo del Congreso y, luego, mediante los consejos que aparentemente no representan al poder político pero que, formal o informalmente, son instrumentos de él cuando nombran, ascienden o destituyen jueces.

¿Hay alguna razón que explique este fenómeno en términos culturales o históricos?

Si Ud. quiere remontarse al origen de esa tradición hay que buscarla en la matriz hispana de la función judicial, que era una potestad del rey delegada por éste a los jueces. Con la Revolución Francesa se sustituyó nominalmente “rey” por “pueblo”, pero en la realidad fueron los “representantes del pueblo” quienes entendieron que, al encargar la función de administrar justicia a los jueces, tenían poder sobre ellos. Y ejercieron ese poder a su antojo.

Como resultado del mantenimiento de esa tradición, solo en las últimas décadas ha aparecido la noción de independencia judicial que busca, de un lado, que los jueces decidan los casos que conocen de acuerdo a ley y a su criterio y, de otro, que los jueces puedan ejercer el control de constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. Este segundo aspecto es esencial en una democracia para que la ley sea respetada por quienes ejercen el poder.

¿Qué mecanismos deben exigir las sociedades actuales para evitar que los intereses políticos metan sus manos en la justicia, hablamos de la intromisión en la Corte Nacional de Justicia?

Es difícil responder con precisión esta pregunta. Se ha intentado diversas fórmulas –como los consejos, cuya composición varía según los países– pero la injerencia política generalmente prevalece, no solo con ocasión de la designación de las cortes supremas sino, en general, de todos los jueces.

Usted estudió el período de la Revolución Ciudadana, ¿Cómo define el poder del Consejo de la Judicatura que actúa en Ecuador como ente que controla a la justicia? 

No he seguido la actuación del Consejo post-Correa. En el período de la Revolución Ciudadana el Consejo fue el instrumento para que los designios del gobierno se plasmaran en las decisiones judiciales, destituyendo a los jueces que se opusieran a algo hecho en Carondelet. Pero el problema no está en las atribuciones que ostenta el Consejo sino en el uso que se haga de ellas.

¿Hay algún otro país de la región que tenga este mecanismo bicéfalo en la justicia?

Si se entiende por “bicéfalo” la existencia de la Corte y el Consejo, lo hay en varios países: Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, entre otros. Me parece saludable que la Corte no se encargue de la administración del poder judicial, porque su función es resolver en última instancia los casos que debe conocer. En Chile, el “poder” sobre los jueces lo ejerce la Corte Suprema y el resultado no es saluVdable. De modo que tenemos que ir a una fórmula distinta a la Corte, que se encuentre lo menos contaminada posible de los intereses políticos.

En teoría, ¿cómo deberían nominarse a los miembros de una Corte Nacional de Justicia, para evitar intromisiones políticas?

De nuevo, debo decirle que es una pregunta difícil. Empecemos por descartar el nombramiento por el Congreso, que actúa guiado por intereses políticos, como es natural. En Bolivia se ha intentado un mecanismo que solo disimula el carácter político: la elección popular, entre candidatos que propone el Congreso. El resultado es un fracaso: la mayoría del electorado vota blanco o viciado en estas elecciones. La elección ideal debe combinar diversos actores: colegios de abogados, universidades, entidades asociativas y gremiales, etc., de modo que sea más difícil filtrar intereses políticos a la hora de nombrar a los miembros de la Corte.