Terán y 15 procesados más a prisión por coletazo del caso Norero

La Fiscalía armó el rompecabezas de una organización criminal que estaba encabezada por el capo del narcotráfico y lavador Leandro, El Patrón Norero, asesinado en octubre del 2022.

El operativo denominado Metástasis marca el inicio de un proceso judicial sin precedentes, pues involucra a cabezas y funcionarios de varias instituciones, incluidas la Corte Nacional, el sistema penitenciario, la Policía, abogados, políticos…

Mensajes, documentos y fotos comprometedores hallados en su celular los tienen contra las cuerdas. Este viernes 15 de diciembre el juez Felipe Córdova ordenó la prisión de Wilman Terán y otros 15 implicados.

Norero fue un narcolavador, parte de la camada de jóvenes pandilleros de Los Ñetas y Latin Kings, que hace más de 14 años firmaron un acuerdo fallido de paz con el gobierno de la revolución ciudadana.

Redacción Código Vidrio

En minutos los mensajes alarmantes del expresidente Rafael Correa y del titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, coparon la red X. Todavía faltaban muchas horas para que la Fiscalía ejecuatara el megaoperativo Metástasis.

A las 11:31 del miércoles 13, Correa escribía: “Tenemos esta información: Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada, un allanamiento nacional grande  contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”.

Terán fue más allá. A las 19:50 del mismo día subió un video musicalizado en el que dijo que la Fiscalía y ciertos sectores de la Corte Nacional de Justicia se “fraguaban” allanamientos a decenas de predios en un proceso que, según él, obedecía a intereses para golpear a la justicia y a la democracia. Aunque repitió varias veces: “aquí estoy”, desde su despacho en la Presidencia de la Judicatura, la hora de los allanamientos y de su detención aún tardaría en llegar. Ocurrió en su casa, en el valle De los Chillos, en la madrugada.

En las fotografías y videos sobre el operativo se aprecia una vivienda grande, con pisos y paredes forrados por porcelanato y mármol, piscina, mesa de billar y futbolín, muebles y acabados aparentemente costosos y otros elementos. Pero lo que más llamó la atención de lo que encontraron los encargados de la diligencia fueron los voluminosos fajos de dinero que, según Fiscalía, sumaban USD 25.000 en billetes de 100 y 20 dólares. Mientras tanto, según su declaración patrimonial, la casa de Terán tiene un valor de USD 80 000, su patrimonio es de USD 322.934 y tiene deudas por USD 87.965. Su salario bordea los 4.500 dólares.

Mientras los mensajes de Correa y Terán se regaban como pólvora en redes sociales entre sus seguidores hasta entradala noche, en la madrugada del 14 de diciembre la Fiscalía confirmó que algo grande estaba ocurriendo. En un video oficial la fiscal Diana Salazar anunció la detención de Terán y explicó que se trataba de una investigación sin precedentes, que alcanzaba a 37 personas.

La fiscal Diana Salazar encabezó los operativos que empezaron la madrugada del jueves 14 en varias provincias.

En una extenuante audiencia, que se inició a las 16:00 del jueves y continuó hasta el viernes 15, Salazar pidió prisión preventiva para los 31 acusados que fueron capturados en la operación. Todos se acomodaron en tres salas de la Corte Nacional. Solo para uno de los detenidos, Salazar solicitó arresto domiciliario. Se trata del exjuez Ronald Guerrero, pues es de la tercera edad. Para todos pidió también prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país y congelamiento de sus cuentas.

Otro implicado en el caso, sin orden de prisión, es el juez nacional Luis Antonio Rivera. Su despacho es parte de la lista de lugares que debían ser allanados durante el megaoperativo. En cambio, otros como el general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exjefe antinarcóticos y exdirector del SNAI; los jueces Álex Palacios, Carlos Alfredo Zambrano, Johan Marfetán, Glenda Ortega, Paúl Zumba, José Luis Segovia, María José Aguirre y Emerson Curipallo; los exjueces Ángel Lindao, Adolfo Richart Gaibor y Ronald Guerrero, sí fueron detenidos, al igual que otros funcionarios judiciales, fiscales y policiales.

El juez nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva para 16 de los detenidos en el operativo Metástasis. Se trata de Wilman Terán, Emerson Curipallo, Hélive Angulo Bravo, Alexander Novillo, Álex Palacio, Adolfo Gaibor, Mayra Salazar, Santiago Paúl Zumba, José Luis Segovia, Sofía García, María José Aguirre, Héctor Paredes Flores, Genaro García, Christian Sánchez, Neycer Mazón y César Acaro, en la Cárcel 4 de Quito. Otros como el general (SP) Pablo Ramírez recibieron medidas sustitutivas y podrán defenderse en libertad en esta causa por delincuencia organizada.

La tónica de las intervenciones de los abogados y de los acusados durante toda la madrugada fue señalar que no hay elementos suficientes para que sea necesaria la prisión preventiva. Por lo cual solicitaban medidas sustitutivas como arresto domiciliario o presentación periódica ante las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, Terán no había dado su versión. Pero en un video difunido en sus redes horas antes denunció un supuesto interés de ciertos sectores por interferir en la justicia. De hecho, esta semana hubo tensión porque el funcionario decidió continuar con el cuestionado concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional. Respondía a acusaciones de irregularidades en el proceso asegurando que era transparente y legal.

Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, está detenido, acusado de ser uno de los cabecillas de una red de delincuencia organizada.

En la diligencia se conoció que su implicación en este proceso se debía a que entró en una cadena de beneficios y coimas cuando era juez de la Corte Nacional.

Esta historia, que ha causado un remezón a todo nivel, comenzó hace 19 meses. Exactamente el 25 de mayo de 2022, cuando Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, sus hermanos y su pareja fueron detenidos, por una investigación de lavado de activos.

La información que recabó la Fiscalía junto a la Policía se extiende desde esa fecha hasta el 3 de octubre del mismo año, día en el que Norero fue una de las 15 víctimas de una nueva masacre en el Centro carcelario de Cotopaxi. Cuando lo asesinaron, tenía 36 años.

Parte de la información medular del caso fue extraída de celulares que Norero usaba en ese centro. Ahí se encontraron indicios sobre una “empresa criminal que tenía por finalidad garantizar la integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad; y, la impunidad de Norero y sus familiares, a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel”, según reza el documento de Fiscalía.

Los 38 implicados están entre los cabecillas de esta organización, que circulaba información reservada y tenía planes para amenazar, atacar o hasta asesinar a funcionarios, policías y periodistas. Altas sumas de dinero circularon de por medio.

Miles de explosivos mensajes

La Fiscalía llegó a esa teoría del caso luego de revisar  más de 14 000 páginas donde constaban miles de mensajes entre Norero, sus abogados y varios de los implicados. Uno de los principales blancos de los planes de Norero era la agente fiscal Lidia Sarabia.

En los chats encontraron datos personales, fotos suyas, de su casa y su familia, y varias ideas de cómo afectarla. Una de ellas implicaba depositar dinero desde el extranjero en sus cuentas bancarias para luego despertar sospechas sobre Sarabia, difundiendo esa información en el medio La Posta.

En la lista de este grupo que buscaría “paraísos jurídico-penales” hay altos oficiales de la Policía, funcionarios judiciales y fiscales, jueces, ex jueces y miembros de grupos delictivos que estaban vinculados principalmente con Norero.

Alrededor de 25.000 dólares en efectivo se encontraron en el allanamiento a la casa de Wilman Terán.

Sus primeros pasos delictivos los dio como miembro de Los Ñetas, grupo con el que participó de un fracasado plan de pacificación con el gobierno de Rafael Correa desde el 2008. Una foto suya junto a Correa y a Ricardo Patiño, uno de los principales coidearios del exmandatario, es parte de la corta historia de este capo, en sus primeros años.

Los celulares de Norero contenían información que permitió a la Fiscalía construir un caso y, tras meses de preparación, más de 900 personas de la Policía y la Fiscalía allanaron 86 inmuebles desde la madrugada, en Riobamba, Guano, Guayaquil, Daule, Latacunga, Santo Domingo, Manta, Quito, Samborondón, Salcedo, El Guabo, La Concordia, Portoviejo, Durán, Rumiñahui, Salitre, Loja y Manta.

En la lista de lugares registrados no están únicamente casas y departamentos. También unidades policiales y judiciales. Otros lugares privados investigados fueron despachos jurídicos, un patio de venta de autos y otro de renta y una farmacia.

Entre las acciones previstas, y autorizadas por el juez Felipe Córdova está la incautación de joyas, dinero, armas, celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos, entre otros. Pero también hay una orden para detener 27 vehículos de distintos dueños, entre ellos uno de marca Audi. Resalta en la lista un nombre, el del juez de la CJ Byron Guillén Zambrano. Si bien él no está en la lista de acusados por Fiscalía, su vehículo de marca Mitsubishi sí tiene orden de registro, aprehensión y detención. Todo el proceso se levanta bajo la sospecha que deberá ser probada en la Corte de que “varios individuos se habrían concertado para formar una estructura delictiva, con el fin de ejecutar conductas que lesionan el eficiente funcionamiento de la administración pública, la tutela judicial efectiva y la economía nacional”.

El juez Nacional Felipe Córdova está al frente del trámite del proceso que se desprende de una investigación que empezó el año anterior.

Aunque apenas ahora se conoce algo más sobre la explotación los teléfonos de Norero, tras su muerte ya empezaron los rumores sobre su contenido. Cuando Fernando Villavicencio (+) presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dio una pista de lo que 14 meses después estallaría: “se conoce que hace pocos días se realizó la explotación del teléfono y se habrían encontrado contactos con varios líderes políticos”. La información en ese entonces fue desmentida por Fiscalía, que señaló que el teléfono y su información se encontraban resguardados en cadena de custodia. Según la investigación, Villavicencio también estuvo entre los objetivos de Norero, pues habría ordenado seguirlo y también habría intentado contactarlo a él y a su esposa, Verónica Sarauz, con la idea de hablar con ellos.

De acuerdo con Salazar, los líderes entregaban dinero ilegalmente obtenido a funcionarios que estaban a cargo de los procesos legales en contra de miembros de bandas criminales. “El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través de dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”.

En 2009, Leandro Norero, entonces de 21 años, se tomó una fotografía con el expresidente Rafael Correa y Ricardo Patiño, tras el proceso de acuerdo de ese gobierno con la banda de Los Ñetas.
Trece años después, el 2022, Norero fue capturado, acusado de lavado de activos y estuvo preso en la cárcel de Cotopaxi. Fue asesinado en mayo del 2022.

En la audiencia hubo más revelaciones. Por ejemplo, Norero escribió en mensajes que él ordenó asesinar al abogado Harrison Salcedo, en abril de 2022. Salcedo había insultado a su madre y se habría aliado con sus enemigos para atacarlo, pero El Patrón se le adelantó. El fallecido fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas y de Daniel Salcedo, quien también está implicado en el caso Metástasis. Otra de sus víctimas sería el periodista y candidato a concejal de Manta, Gerardo Delgado, asesinado en agosto de 2022, aparentemente por error, aunque se hablaba en los mensajes de la intención de secuestrarlo.

La fiscal Salazar envió un escrito sobre la Actuación Fiscal Urgente No. 1456 AA AUFDO-16. El caso tuvo un antecedente el 1 de noviembre de 2023 y se inicio por un presunto delito de sicariato. Allí se determinó que había una presunta organización delictiva de gran impacto.

La audiencia de formulación de cargos arrancó cerca de las 16:00 y se alargó entre los elementos que presentó la parte acusadora y las respuestas de los acusados. Terán, por ejemplo, dijo que ha sito sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como limitaciones en su alimentación, hidratación, aseo y descanso. Incluso pidió la recusación del juez Córdova. Lo dijo en la audiencia y lo repitió en su cuenta de X, a pesar de que en declaraciones a los medios señaló que estaba incomunicado.

Al respecto, Salazar señaló que la organización investigada acostumbra a presentar recusaciones, con el fin de conseguir impunidad. Ella respondió así a los abogados que argumentaban que los detenidos no sabían la razón por la que fueron detenidos y por ello trataron de señalar que fue ilegal.