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La Corte Constitucional inició formalmente el trámite de la acción extraordinaria de protección solicitada por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz, quienes fueron sentenciados por reincidir en mala práctica médica profesional, que provocó la muerte de Michelle Cobo. Los galenos están prófugos.   

Redacción Código Vidrio

El expediente está en el despacho de la vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, quien integra el tribunal desde 2019. El 22 de septiembre pasado, ella notificó a las partes procesales que receptara la documentación pertinente para elaborar su proyecto de resolución. Esta semana la secretaría de la Corte, Aída García, informó que recibió el proceso para el conocimiento y resolución del Pleno del organismo.

La legislación nacional atribuye a la Corte Constitucional la última decisión en los procesos penales, si hubiera una vulneración de derechos o vulneraciones al debido proceso de uno o varios sentenciados, en la expedición de las sentencias. El proceso penal por la muerte de Michelle Cobo lleva seis años dirimiéndose en los tribunales.

En la Corte Constitucional los plazos han transcurrido según el cronograma establecido por los jueces. Daniela Salazar recibió el proceso en febrero de 2021, luego de que los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la abogada María Eugenia Muñoz, presentarán un recurso extraordinario de protección para que se revisaran las sentencias en su contra.

Salazar fue parte de la Sala de Admisibilidad que aceptó conocer el caso y que estuvo conformado por la actual jueza Karla Andrade y por quien entonces aún era integrante del organismo constitucional, Agustín Grijalva.

Es la primera ocasión que dos médicos son sentenciados por reincidir en mala práctica profesional. En junio de 2020, la Corte Nacional de Justicia rechazó los pedidos de Toscano y Hurtado y ratificó que fueron los responsables de la muerte de Michelle Cobo, una joven de 20 años que confió en ellos para someterse a una cirugía estética.

Dos años antes, los dos también fueron condenados por el deceso de Yadira Cáceres, quien los contrató para una cirugía estética, pero no salió con vida del quirófano.

Toscano y Hurtado fueron condenados a seis años y ocho meses de prisión, pero no han cumplido ni un solo día en la cárcel. Ellos se han mantenido prófugos. Aparentemente, Hurtado dejó el país y se encuentra en Estados Unidos, mientras que Toscano permanece en la clandestinidad. Aunque en estos últimos meses sumó una nueva acusación por una supuesta estafa, como quedó registrado en el archivo de denuncias de la Fiscalía en junio de este año, también ganó una demanda por un presunto incumplimiento de contrato en los juzgados civiles de Quito.

En este proceso no solo participaron la parte demandante y la defensa. En el desarrollo del juicio el Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el mandato de Ramiro García, intervino cuestionando el juzgamiento de su colega María Eugenia Muñoz.

Ella era la gerente de la Clínica San Gabriel donde se le practicó la operación a Michelle Cobo. La Fiscalía y los jueces penales encontraron varias irregularidades en el manejo del centro de salud como, por ejemplo, que no tenían las condiciones de infraestructura adecuada para atender una emergencia. Además que había arrendado los quirófanos médicos externos sin tener equipos y personal adecuado.

Muñoz fue condenada a tres años de prisión. El Colegio de Abogados aseguró que esta decisión dejaría un mal precedente para ese gremio, porque una abogada no puede ser sancionada por casos médicos. Sin embargo, los jueces de la Corte Nacional no tomaron en cuenta su pronunciamiento y ratificaron su fallo.

Por lo pronto, no hay una fecha para que la Corte Constitucional tome una decisión. Luego que la jueza Salazar presente su proyecto de sentencia, ésta deberá ser ratificada por el Pleno del organismo, que ha decidido conocer los casos por orden cronológico. Solo hace excepciones cuando se trata de temas sensibles para el país.

El tortuoso proceso judicial

El 16 de julio del 2016. Michelle Cobo falleció, a causa de una infección generalizada causada por la bacteria más letal de los estreptococos. La Fiscalía estableció que Patricio Toscano y Carlos Hurtado fueron responsables de su deceso, por su negligencia en la aplicación rigurosa y científica de medidas sanitarias.

El 7 de febrero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró la culpabilidad de Patricio Toscano y Carlos Hurtado Bucheli, en calidad de autores responsables del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, tipificado en el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal. Los condenaron a cuatro años de prisión. Mientras que María Eugenia Muñoz, fue sentencada a un año de cárcel en calidad de coautora.

El 21 de junio de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió desechar los recursos de apelación de los acusados y reformó la sentencia contra Toscano y Hurtado a seis años, ocho meses de privación de libertad. La sentencia contra Muñoz subió a tres años de privación de libertad.

El 24 de diciembre de 2019, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de casación de los sentenciados y posteriormente los pedidos de aclaración, ampliación y revocatoria por improcedentes.

 

En 2015, Froilán Aldaz Núñez, entonces alcalde de Las Naves, en Bolívar, fue capturado y sentenciado a 12 años de prisión por narcotráfico. Aunque la sentencia se ejecutorió en última instancia, cuatro años después Aldaz presentó un recurso extraordinario de revisión que en 2019 le concedieron un juez y un conjuez de la Corte Nacional, declarándolo inocente. El fallo fue objetado por el magistrado Iván Saquicela, quien salvó su voto, pues estimó que Aldaz no desvirtuó su participación en el ilícito. “Don Napo” hoy está inscrito como candidato a concejal y asesora a su hija, Ángela, quien al mismo tiempo postula para ser alcaldesa, por Pachakutik.

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‘Don Napo’ busca ser electo concejal del Municipio de Las Naves en 2023. No es un improvisado en política. De hecho, este hombre de contextura gruesa, cabello canoso y escaso, que en diciembre cumplirá 67 años, ya ha sido elegido por cuatro ocasiones consecutivas como alcalde de Las Naves: en 2000, 2004, 2009 y 2014. En la papeleta electoral apareció su nombre completo, Froilán Aldaz Núñez.

‘Don Napo’ es el candidato que inaugura obras viales, auspicia fiestas locales y dona equipos deportivos a los pobladores de este cantón, ubicado en la provincia de Bolívar, en el límite con Los Ríos, al menos eso se evidencia en su página en Facebook. Un mecenas generoso en una provincia llena de carencias.

No concluyó su último período como alcalde. Fue destituido, luego de haber sido detenido, procesado y sentenciado como coautor del delito de tráfico de drogas a gran escala. A inicios de marzo de 2015, en una finca de su propiedad, en Bosques de Oro, en la jurisdicción de la cual era la principal autoridad, la policía incautó 332 kilos de cocaína, escondidos en 14 sacos de yute.

La mujer que cuidaba el lugar y un ciudadano mexicano, procedente de Sinaloa, fueron detenidos; en el sitio se encontraban dos hijos de ella, menores de edad. El padre de los niños, que administraba esa propiedad dedicada a la agricultura, logró escapar; aunque fue capturado más tarde.

Que no tenía nada que ocultar; por tanto, no huyó y estuvo presto a colaborar con la justicia. Eso es lo que afirmó Froilán Aldaz en el juicio instaurado en su contra. Fue detenido en abril y sentenciado en agosto de ese mismo año. Su defensa argumentó que su función pública de alcalde le consumía todo su tiempo, por lo cual no podía dedicarse a administrar sus propiedades agrícolas.

 

En el juicio salió a la luz que su esposa, con quien llevaba 35 años de relación, administraba seis haciendas, cuatro en Las Naves y dos en la provincia de Los Ríos. La defensa insistió en que el cuidador de la propiedad actuó por cuenta propia. Además, que enemigos políticos del alcalde socialcristiano buscaban perjudicarlo para frenar su carrera electoral, porque llevaba 15 años dirigiendo ese municipio.

Mientras el exalcalde permaneció detenido, sus abogados apelaron a las sentencias de primera y segunda instancia, que fueron negadas. Un recurso de casación también fue inadmitido, en 2016, por el entonces juez de la Corte Nacional, Miguel Jurado Fabara. Hasta ese momento, todos los jueces coincidieron en que Aldaz era coautor de narcotráfico.

En 2018, el exalcalde planteó un recurso extraordinario de revisión. Para ese trámite contó con el auspicio del bufete del doctor Antonio Gagliardo Loor, un jurista de renombre, que tuvo altos cargos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Empezó a trabajar en la Fiscalía de Guayas en 1997; fue nombrado fiscal provincial en 2007 y en 2012 fue designado juez de la Corte Constitucional. Estuvo en el cargo hasta 2015, luego se dedicó al libre ejercicio de abogado.

La estrategia jurídica de Gagliardo consistió en demostrar que la pericia policial que dio cuenta del hallazgo de la droga estuvo errada, imprecisa en los tiempos. Para ello, expertos contratados por la defensa, no calificados por la Corte, demostraron que, desde que recibieron el aviso de la existencia del cargamento de droga, de manera anónima, hasta que llegaron al recóndito sitio, los uniformados debieron demorar el doble del tiempo registrado en el parte policial.

En la audiencia realizada en enero de 2019, el conjuez nacional Richard Villagómez y el juez nacional Édgar Flores Mier declararon la inocencia del exalcalde Froilán Aldaz, quien recuperó la libertad y reclamó la devolución de la propiedad.

No obstante, el entonces juez nacional (y hoy presidente de la Corte Nacional de Justicia), Iván Saquicela Rodas estuvo en desacuerdo. Emitió un voto salvado, al argumentar que “El recurso de revisión en nuestra legislación es extraordinario” ya que debe hacerse por causas extremas que demuestren un error en la condena. “Los testigos pretendieron indicar que lo afirmado por el policía sería falso… pero eso no desvirtúa la responsabilidad del señor Aldaz Núñez”, se lee en el alegato del juez nacional Saquicela, cuando salvó su voto. En esencia, para Saquicela no se probó que el informe policial o alguna otra evidencia fueron forjadas, que fue el argumento esgrimido por la defensa. No desvirtuaron el delito ni los hechos conexos por los cuales los jueces de primera y segunda instancia expidieron su sentencia, según el argumento jurídico de Saquicela. Esta alianza contactó a Aldaz a su celular para pedirle su versión, pero no respondió a nuestro pedido.

Padre de candidata a la Alcaldía

 “Hecho está. Pese a una consigna de grupos políticos, de no permitir la participación de nuestro amigo NAPOLEÓN en las elecciones, y ante el respaldo de su pueblo, legalmente es nuestro tercer candidato al concejo cantonal de Las Naves (…) Para servir al pueblo no importa el lugar, sino la voluntad y la gratitud de los ciudadanos”. El mensaje fue subido el 17 de octubre de 2022, en la cuenta de Napoleón Aldaz en Facebook, con un vídeo: muestra el instante en que el candidato firma el formulario de postulación, junto a un funcionario del Consejo Nacional Electoral, CNE.

Según imágenes difundidas por la misma cuenta, el hoy candidato a la concejalía viene impulsando, desde fines de 2021, obras de distinta índole. Ninguna autoridad electoral ha emitido alertas de campaña anticipada.

La justicia declaró su inocencia, explica su hija Angélica Aldaz Pacheco, quien es actual candidata a la alcaldía de Las Naves, con la divisa de Pachakutik. En sus redes sociales, y sobre todo en su cuenta de Facebook, la candidata difunde su prolífica actividad a favor del cantón: regaló premios económicos al mejor disfraz en la fiesta de Halloween; auspicia eventos deportivos; supervisa obras y visita poblados, en anticipo a la campaña electoral que aún no arranca oficialmente.

La candidata Aldaz Pacheco afirmó que por una injusticia inexplicable su padre fue inhabilitado para postularse a la alcaldía de Las Naves; pero sí es candidato a una concejalía. Resaltó que es su principal apoyo y motor en su actual proyecto político. Ella aporta la juventud, nació en abril de 1995; su padre, nacido en 1955, contribuye con la experiencia.

En la legislación ecuatoriana, vigente desde la promulgación del Código de la Democracia en 2009, un ciudadano pierde sus derechos de participación política, y consecuentemente está impedido de ser candidato, cuando tiene una sentencia firme y ejecutoriada. Mientras eso no ocurra, puede postularse para cargos de elección popular.

Las Naves es un cantón bolivarense ubicado casi 90 kilómetros al noroccidente de Guaranda, la capital de provincia. Su clima es propicio para la actividad agrícola, de la que vive buena parte de la población. Según los últimos datos censales, el 44 por ciento accedía a agua potable de la red pública; el 33 por ciento de ríos o vertientes; y, el 20 por ciento de pozos. Menos del seis por ciento de las viviendas descargaba las aguas servidas a la red pública de alcantarillado; el 35 por ciento disponía de un pozo ciego y el 30 por ciento de un pozo séptico.

Para la candidata de Pachakutik, la inseguridad es uno de los problemas más graves del cantón, por el creciente fenómeno de extorsiones, cuyas víctimas son los pequeños emprendedores de la zona. Por eso ella aseguró que de llegar a la Alcaldía esa será una de sus principales preocupaciones.

Los traslados de 1.002 presos entre el martes y miércoles son parte de un plan para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral. Los cabecillas de los Chone Killers quieren vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi. Este jueves, las FF.AA. y Policía seguían sacando internos de esa cárcel a otros centros. En los operativos fallecieron dos detenidos, por enfrentamientos entre las bandas, seis fueron heridos. También hay 9 policías y tres militares heridos de bala. Nota actualizada a las 13:25 de este 3 de noviembre.   

Redacción Código Vidrio

Entre el martes y miércoles 1.002 detenidos fueron trasladados desde la Penitenciaría del Litoral a las cárceles de El Rodeo, en Manabí, y a la Regional de Guayas. 515 de los presos enviados a la primera prisión eran integrantes de la banda de Los Choneros, mientras los 487 restantes, que fueron cambiados ayer, eran miembros de los Chone Killers.

Los traslados son parte de un plan del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para desactivar nuevos enfrentamientos en la Penitenciaría. Fuentes de Inteligencia confirmaron que los cabecillas de los Chone Killers planeaban vengarse de Los Lobos, desde inicios de octubre por el asesinato de su líder, Leandro Norero, en la cárcel de Cotopaxi.

En lo que va del año, 2.858 internos fueron cambiados de presidios por motivos de seguridad. Es decir que estaban en riesgo sus vidas por represalias de otras bandas o porque ellos planeaban atentados contra otros internos por rivalidades criminales, informaron funcionarios penitenciarios.

La operación de traslado de los presos fue coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas que realizó un dispositivo de seguridad con cientos de efectivos, desde el martes.

Antes de ser detenido el 25 de mayo, Norero lideraba a los Chone Killers y también era financista de Los Lobos, Tiguerones y Latin Kings. Tras su captura, fue recluido en la cárcel de Cotopaxi que es controlada por Los Lobos. En ese y otros presidios contactó con cabecillas de algunas bandas lo cual desató ira y desconfianza entre algunos líderes de Los Lobos que ordenaron ejecutarlo, el 3 de octubre.

Desde entonces, los cabecillas de Los Chone Killer han buscado vengar su muerte, especialmente asesinando a integrantes de Los Lobos en la Penitenciaría, donde en estos días murieron dos detenidos y seis más fueron heridos.

Los traslados de los 1.002 internos se concretaron en medio de la oleada de atentados terroristas cometidos por bandas criminales en Guayaquil y Esmeraldas. En esos ataques fueron asesinados cinco policías y nueve más fueron heridos. El martes pasado, el gobierno decretó el estado de emergencia en las dos provincias.

Una de las causas de la escalada de los atentados fue, según altas fuentes de la Policía, el traslado de los 1.002 presos de la Penitenciaría. Una de las fortalezas de las bandas se debe precisamente a que sus miembros están agrupados por pabellones y presidios. No de acuerdo al tipo de delito o nivel de su peligrosidad, sino según su filiación a los grupos criminales. Así, por ejemplo, en la Penintenciaría mandan Los Lobos, en la regional de Guayaquil Los Choneros y las Águilas, y en Cotopaxi Los Lobos. Este modelo se instauró por decisón de las autoridades carcelarias desde el 2016.

Alerta máxima por cambio de Anchudia

Pese a la oposición de las autoridades carcelarias, el juez de la Concordia, Angel Harry Lindao Vera, ordenó que Freddy Marcelo Anchundia Loor, alias “Anchundia”, líder de la banda R7, sea trasladado de la cárcel de la Roca a Santo Domingo.

En mayo pasado, Anchundia fue uno de los responsables de la matanza de 44 presos en ese centro carcelario, a donde había sido trasladado también desde la Roca, por disposición de otro juez.

En octubre pasado, un juez de Guayaquil negó el pedido de Anchundia, quien alega que su vida está en peligro, por lo cual el juez Lindao dispuso su traslado inmediato a la cárcel de Santo Domingo para que siga cumpliendo su pena con “absoluta seguridad y en resguardo de su vida e integridad física”.

En este caso, el SNAI no fue notificado debidamente ni tampoco pudo participar en la audiencia en la que el juez decidió el traslado. Eso sí ocurrió el octubre pasado, cuando el juez de Guayaquil sí notificó a las autoridades del SNAI sobre el pedido de Habeas Corpus, que fue negado.

Fuentes del SNAI confirmaron que lo ocurrido con Anchundia no es un caso aislado. Buena parte de los jueces de garantías penitenciarias dan paso a las solicitudes de traslado de los presos, sin tomar en cuenta los informes de procedibilidad del SNAI, sobre su peligrosidad y nivel de riesgo.

“La función judicial deja en grave indefensión a la función ejecutiva a través de este tipo de acciones”, dijo un funcionario a cargo de estos casos en el SNAI, que pidió la reserva por seguridad. Además -agregó- “el juez de la Concordia Lindao Vera no es competente para conocer y resolver este caso, en razón del territorio”, ya que Anchundia está detenido en un centro de Guayas.

Por este motivo, las autoridades penitenciarias pidieron que el Consejo de la Judicatura abra un expediente disciplinario contra Lindao.

Según el juez, la defensa de Anchundia adujo que desde cuando fue trasladado a Guayaquil recibió amenazas de muerte, maltrato físico en los baños y celdas, insultos y que no podía salir de la celda por varios días.

La banda R7 está ontegrada por unos 100 miembros al mando de Anchundia y se dedican a las extorsiones, sicariato y microtráfico en Guayas y Manabí.

En 2016 Anchundia fue sentenciado y encarcelado en la cárcel de El Turi, en Cuenca. El 3 de abril de este año encabezó los amotinamientos que provocaron el asesinato de 21 detenidos, tras los cruentos enfrentamientos de su grupo criminal con Los Lobos.

Entonces, Anchundia fue llevado a La Roca, junto a cuatro cabecillas de las dos bandas. Un mes después, el juez Aquilés Dávila le concedió un Habeas Corpus a Anchundia, quien fue trasladado a Santo Domingo, hasta mayo cuando ocurrió la masacre que desató la ejecución de 44 internos.

Para la Policía, Anchundia es uno de los principales responsables de la ejecución de 65 detenidos, entre abril y mayo pasados.

Palma Real es el último poblado limítrofe de Ecuador, frente a Colombia. Queda a 40 minutos en lancha de San Lorenzo, Esmeraldas. Aunque sus habitantes no padecen los problemas de inseguridad que asola a la capital de la provincia, si está en medio de la ruta usada por redes criminales que transportan gasolina, precursores, gas y otros productos hacia Colombia.   

Por Emilia Paz y Miño

Palma Real se eleva en el mangle. El cielo y el mar se juntan, se fusionan,  así como el mar que baña Ecuador y Colombia sin ninguna frontera visible.

El 2015 contaba con 500 habitantes. Humberto Pérez, vicepresidente del GAD Parroquial Ancón de Sardinas, cuya capital es Palma Real, cuenta que hay aproximadamente 1.800 habitantes en la actualidad y que el 35% es colombiano. El crecimiento poblacional se debe al constante ir y venir de refugiados que huyen periódicamente de la violencia en sus países. 

A este lugar solo se llega en lanchas que salen desde el muelle de San Lorenzo, en cuatro diferentes horarios, entre las 07:30 y las 16:00. El viaje dura alrededor de 45 minutos hasta una hora y cuesta tres dólares. 

Las aguas son calmadas, el calor intenso. Sin embargo, con la velocidad de la lancha la brisa se siente claramente en el rostro, mientras el agua salpica por todos los costados. Las lanchas no son muy grandes, unos cuatro metros de largo por casi dos de ancho.

El recorrido es relativamente tranquilo, en medio de controles fluviales constantes de infantes de Marina que patrullan en lanchas por todo este sector en busca de contrabandistas de combustibles y narcotraficantes. 

La lancha se abre paso entre los brazos del mangle, que se levanta imponente a los costados. Las raíces bien aferradas a la tierra se despliegan como serpientes. Los árboles impiden ver el horizonte. Sus ramas y tallos están enredados unos con otros. Aves van y vienen.  Pelícanos, garzas y fragatas de pecho rojo aparecen en bandadas. 

Palma Real se divisa a lo lejos. Las casas son de madera, pequeñas y vetustas. Se levantan a unos dos metros del mar para protegerse de los aguajes. La costa se ve llena de ramas, palos, conchas y desperdicios que trae la corriente. 

Luego de llegar al embarcadero, tras recorrer una vía angosta de tierra, una mujer  sentada enredando un hilo rojo llama la atención. Es Livi Díaz, colombiana, “orgullosamente de Buenaventura”. Llegó a Palma Real hace cuatro años con sus dos hijos, escapando de la violencia del país cafetero. “Se vive bien, sin nada de que uno tenga peligro de que a sus hijos les vaya a pasar algo, aquí los niños andan al aire libre. El único peligro es el mar”, explica Díaz. 

Muertes violentas incontenibles

Pese a la aparente calma, los peligros siempre están latentes. Los grupos armados colombianos llegan esporádicamente a esta zona, sobre todo para reclutar a los más jóvenes. En este y otros poblados costeros de Esmeraldas los chicos han sido «persuadidos» por los armados para juntarse a sus organizaciones, según denuncias de organismos de DD.HH. En general los familiares no denuncian lo ocurrido a las autoridades por temor a retaliaciones.

Jorge Castillo, ex coordinador local de la ONG HIAS San Lorenzo, menciona que este fenómeno obliga a desplazarse a las familias que son perseguidas por no permitir que sus hijos sean reclutados a la fuerza por los grupos armados.

Esta zona también es considerada por Inteligencia militar como de tránsito de botes que transportan cocaína, gasolina, precursores y tanques de gas desde Esmeraldas hasta Tumaco, en la costa de Nariño. Esa ciudad es el epicentro del narcotráfico en esta parte del Pacífico.  

El narcotráfico ha provocado en toda la región, en Colombia y Ecuador, el aumento de la delincuencia. Según cifras oficiales, en el primer cuatrimestre del 2022 en este país hubo 1.255 muertos. Alrededor de 440 crímenes sucedieron en Guayaquil y Durán. De igual manera, desde febrero de 2021 se desataron las matanzas carcelarias entre miembros de bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que causaron amotinamientos y cerca de 400 fallecidos. 

Esmeraldas, Guayas y Manabí son consideradas las provincias más inseguras y violentas del Ecuador. Para contener los índices delictivos se desplegaron 4.000 policías y 5.000 militares, desde junio pasado. A la cabeza de la estrategia está la Fuerza de Tarea Conjunta, liderada en Esmeraldas por el general Alexander Levoyer.  

En septiembre, el país registró una tasa de 15 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, según la Policía. Es el índice más alto de muertes violentas en la última década. En Esmeraldas se reportan 70 asesinatos, que están muy por encima del promedio regional. En lo que va del año han ocurrido 416 muertes violentas en esta provincia. Este sábado 22 de octubre, precisamente, se reunió en Esmeraldas el Consejo provincial de Seguridad, que estuvo encabezado por el ministro del Interior, Juan Zapata. Él estuvo acompañado por el comandante Fausto Salinas y el general Alexander Levoyer. El objetivo de la cita fue analizar la crisis de inseguridad.

 

El 2018 el país se vio afectado por una crisis de inseguridad a nivel nacional. En ese año la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes fue de 5,81. Las provincias con mayor índice de violencia fueron Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Pichincha, Azuay, Sucumbíos y Orellana. 

En marzo de ese mismo año, el «Frente Oliver Sinisterra», liderado por alias Guacho, secuestró y asesinó al equipo periodístico de El Comercio conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Eso ocurrió en medio de una crisis de inseguridad sin precedentes en Esmeraldas que dejó nueve víctimas, incluidos seis marinos y dos civiles más. 

Otra crisis, cuatro años después

Cuatro años más tarde, la escalada de criminalidad tiene nuevamente contra las cuerdas al Gobierno, que no ha podido retomar el control de las sangrientas secuelas del enfrentamiento de las bandas de Los Tiguerones, que opera para el cartel Jalisco Nueva Generación, y Los Gangsters, brazo armado del cartel de Sinaloa. Las autoridades estiman que Los Tiguerones cuentan con cientos de integrantes y son socios del Frente Olíver Sinisterra.       

Esmeraldas es un enclave neurálgico de las operaciones criminales, que despuntaron por el aumento de producción de cocaína en Colombia, los tres últimos años. El 40% de las 1.300 toneladas anuales que se producen sale por Ecuador, según estimaciones oficiales. La droga ingresa al país por vía terrestre y sale por el mar. En Tumaco, Colombia, y en zonas fronterizas de Esmeraldas se usan semisumergibles o narcosubmarinos que zarpan de zonas costeras donde existen manglares y pueden llevar toneladas de cocaína. Además en embarcaciones de fibra de vidrio y láminas de madera reforzada con resina.

Tumaco es un distrito colombiano que se ubica en el departamento de Nariño. Desde San Lorenzo hasta Tumaco en auto son alrededor de una hora y media, mientras que en bote son cerca de 45 minutos desde San Lorenzo a Palma Real y otros 45 minutos desde ahí a Tumaco. 

Esta es considerada la ciudad más peligrosa del sur de Colombia, debido al alto número de homicidios y otros delitos derivados del narcotráfico y de la presencia de cárteles y grupos armados en la zona. 

En varias ocasiones el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ha alertado sobre la inseguridad en Tumaco causada por la presencia de grupos armados e indicó que “ha desbordado la capacidad de las autoridades”, por lo cual se requería una “atención integral” para poder garantizar la seguridad a los habitantes, quienes cada vez más huyen hacia Ecuador. 

La travesía desde Colombia 

Desde Buenaventura hasta San Lorenzo hay más de 16 horas de viaje por carretera pasando Cali, Popayán, Pasto e Ipiales en el lado colombiano, Tulcán e Ibarra en Ecuador. No obstante, esta no es la ruta que siguen muchas personas que vienen desde Colombia. Según Jorge Castillo, usualmente “parten desde Tumaco, llegan a Puerto Palma donde toman una lancha a Palma Real y de allí van hasta San Lorenzo. 

Este recorrido les puede tomar un día aproximadamente. Según las condiciones, el costo de esta travesía puede ser de 25 a 30 dólares. Al llegar, ellos toman la decisión de en donde quedarse, “Palma Real o vienen a San Lorenzo”. De igual manera, “en muchas ocasiones van por los pasos clandestinos por Mataje”, agrega Castillo.

Díaz comenta que se adaptó a la vida en este caserío. Gisella Hurtado, oriunda de San Lorenzo, destaca que el pueblo es tranquilo. “Aquí es alegre, bailan, a la gente le gusta tomar harto trago, pero es mejor que en algunas partes, mejor está aquí que en el pueblo grande, San Lorenzo”.

“Acá no hay violencia de muertes, de que el uno va a estar peleando con el otro compañero, no”, destaca Castillo.

No obstante, muchas de las personas que llegan a Palma Real solo van de paso y prefieren seguir más al sur para alejarse de las amenazas. Magda Medina, representante adjunta de ACNUR en Ecuador, explica que la situación en la frontera tiene sus altos y bajos. “Entonces hay unas nuevas dinámicas de violencia que realmente están ocasionando un resurgimiento de nuevos flujos migratorios”. 

Medina indica que existen dos dinámicas. “Hay personas… que cruzan a Esmeraldas desde la frontera norte. Esperan a que la situación se calme y luego regresan a sus lugares, pero también tenemos personas que vienen con la intención de quedarse en Ecuador y no necesariamente quedarse en frontera norte, sino moverse hacia Quito, Guayaquil para distanciarse de la zona de frontera”.

La violación de una cadete en abril pasado, en la Escuela de Policía, fue denunciada por su madre en la Fiscalía, un mes después. La Directora del centro, coronel Irany Ramírez, confirmó a Código Vidrio que conoció el caso a pocos días de asumir el cargo, el 20 de septiembre, tras la crisis por el femicidio de María Belén Bernal. Ramírez recopiló información y envió un informe inmediatamente al mando policial. Se desconoce las acciones que hizo su antecesor, el coronel Francisco Zumárraga. Al mando de las reformas en la Escuela están cinco oficiales mujeres.

Por Ana María Carvajal

Terminaba abril del 2022. Una de las cadetes de la institución realizaba su guardia en un lugar alejado en la Escuela Superior de Policía, en Pusuquí, al norte de Quito. Era la madrugada. Entonces un desconocido se le acercó por la espalda, le manoseó con violencia y le tomó bruscamente las manos, inmovilizándola. Luego la violó en medio de insultos y amenazas. El relato lo hizo la madre de la víctima un mes después, el 27 de mayo, ante un funcionario de la Fiscalía Especializada de Violencia de Género.

La identidad del agresor no consta en la denuncia, a la que accedió este medio, que la madre de la joven hizo al día siguiente de haber conversado con ella. Según el documento, el presunto violador se ocultó el rostro: usaba “uniforme de fatiga B4, pero sin ningún parche en la chompa tres cuartos. Muy bien cubierto con un buf (una prenda circular cerrada para cubrir el cuello, cabeza o rostro) que le tapaba la cara y la gorra de la institución”.

Según la denuncia, el abusador le dijo a la chica, entre risas: “Recluta, antes no me hacías caso, ahora me vas a hacer caso”. Luego la violó y huyó. Según su madre, la joven no contó el hecho antes “por vergüenza y por temor a que le den la baja”.

Por el tipo de delito, la denuncia es reservada en la Fiscalía. Sin embargo, la coronel Irany Ramírez Ruiz, directora de la Escuela, confirmó a Código Vidrio este martes 18 de octubre, en una entrevista realizada en la Escuela de Policía, que el caso está en investigación.

Ramírez está a cargo de la única Escuela de formación de oficiales de Policía desde el 20 de septiembre pasado. Pocos días después de su posesión, conoció sobre el caso y siguió el proceso regular de investigación interna, recopilando testimonios y documentos.

Ramírez dijo que tras acopiar toda la información disponible sobre lo ocurrido la remitió inmediatamente al alto mando de la Policía “para que se tomen todas las acciones correspondientes. Sobre el caso, hay que proteger la identidad de la persona para evitar su revictimización”, recalcó Ramírez.

Se desconoce las acciones que hizo su antecesor, el coronel Francisco Zumárraga.

Fuentes del mando policial informaron que el caso aún no ha llegado ni ha sido conocido por el departamento de Asuntos Internos, encargado de investigar las faltas del personal.

La madre prefirió no pronunciarse

Este medio también contactó a la madre de la cadete la semana anterior, pero dijo que no podía pronunciarse, pues en su familia decidieron mantener en privado el caso y manejarlo internamente con la Escuela de Policía. Sin embargo, el abogado Christopher Castro le dijo a Teleamazonas ayer martes que la joven fue suspendida y que en la Escuela no la toman en cuenta.

Agregó que la joven prefirió no seguir con el proceso porque le habrían dicho que entre “miles” de personas que están en la institución, es difícil saber quién la agredió. Además, aseguró que el atacante no sería un cadete, sino un policía.

Por su parte, la institución le brindó apoyo a la víctima. “Lo seguiremos haciendo hasta que ella esté bien, se recupere y pueda seguir con su vida normal. Hemos conversado con la madre. Cuando tuve conocimiento del caso di parte a mi inmediato superior y hemos seguido haciendo un acompañamiento, que es lo que se debe hacer”, dijo Ramírez.

Además, confirmó que tal como reza la denuncia, la cadete no ha podido identificar quién la violó, por lo cual no se ha podido tomar acciones disciplinarias.

Aunque ocurrió cerca de cinco meses antes del femicidio de la abogada María Belén Bernal dentro de la Escuela de Policía, este caso se conoció en los últimos días y  es una muestra más de que la institución requiere de cambios.

Para Silvia Buendía, abogada y defensora de DD.HH., estos casos evidencian que la Policía es una institución de naturaleza “especialmente machista y misógina, que hace unos años era un lugar solo de hombres que debían tener cierta características y perfil, que no acepta ni siquiera masculinidades diferentes y en donde se evidencia un espíritu de cuerpo patriarcal”.

De hecho, la Policía abrió el ingreso de mujeres a sus escuelas de formación en 1983. Pero aún es poco pues, según Buendía, “las mujeres tenemos que pagar una especie de derecho de piso para demostrar que podemos ser eficientes y podemos estar al altura. Esto pasa por recibir violencia y sufrirla en silencio”.

Mujeres toman el timón de la Escuela

Desde el 19 de septiembre, cuando el comandante de Policía Fausto Salinas designó a nuevo personal al mando de la Escuela Superior, se anunció que se harían los cambios necesarios. Eso a raíz de todas las irregularidades que antecedieron al crimen de María Belén Bernal, a manos de su esposo, el entonces teniente e instructor de la entidad educativa, Germán Cáceres.

Tanto en abril, cuando ocurrió la violación de la cadete, como el 11 de septiembre, cuando Cáceres llegó ebrio y autorizó el ingreso de una cadete a su habitación y luego de su esposa, la Escuela estaba a cargo del coronel Francisco Zumárraga Aguinaga. Lo reemplazó la coronel Irany Ramírez, quien no es la primera mujer a la cabeza de ese centro de formación.

En 2015, por ejemplo, la entonces coronel Cristina Tamayo estuvo al mando. Y en 2017, Ramírez fue jefa de Instrucción. Ahora está acompañada de más mujeres: la coronel Doris Viteri, subdirectora; teniente coronel Catalina Haro, jefe de Formación Académica; teniente coronel Verónica Arcos, jefe de Instrucción y mayor Fernanda Feijóo, a cargo del pelotón femenino.

Pero Ramírez aclara que estas oficiales no están ahí por su género sino por sus méritos, su antigüedad y su experiencia. Agrega que tanto ellas como todos los miembros de la institución están conscientes de la gravedad de los hechos, por lo que a cinco semanas del femicidio de Bernal y a cuatro semanas de su posesión, se están tomando medidas para mejorar la formación policial y corregir errores.

Una de las primeras acciones fue incorporar a la orden del cuerpo (un documento que se lee a diario, en el que se notifica las personas que están en servicio) la disposición de que se explique oralmente o por escrito que se haga cualquier tipo de denuncia o que se informe si se tiene conocimiento de algún delito o acoso o agresión sexual que atente contra la integridad física o psicológica de mujeres u hombres. “No solo debemos enfocarnos en mujeres porque puede ocurrirle a un hombre. Tengo una escuela mixta, donde debo velar por el derecho de todos. Hay que brindar la confianza para que la persona que se sienta agredida pueda denunciar”.

Apoyo psicológico y emocional a las cadetes 

La Escuela Superior de Policía tiene 966 cadetes, de los cuales 239 son mujeres. Según Ramírez, en ellas se ha enfocado la primera fase de una intervención en crisis que se hace a partir del crimen del 11 de septiembre y de las investigaciones que continúan su curso. Una psicóloga clínica ha conversado con las jóvenes para saber el impacto que estos hechos han causado en la Escuela y para trabajar en el manejo de la inteligencia emocional de las aspirantes. En las siguientes fases se harán procesos similares con los hombres. Se está ayudando a los futuros técnicos directivos -como se denomina a los oficiales- a aprender a lidiar con situaciones violentas como las que han ocurrido últimamente. “Les gritan cosas como asesinos” y eso causa afectaciones psicológicas en todos, pero especialmente en quienes están en formación.

“Esta situación nos ha obligado a repensar lo que está pasando. Por eso hemos fortalecido los reglamentos, hemos tomado el control de la disciplina en la Escuela. Los controles siempre han existido pero si, como fue el caso, una persona incumple esas reglas, debe ser sancionada”, dice Ramírez.

Para ingresar a la Escuela, cada persona debe identificarse, esperar a que el personal de guardia (que incluye cadetes, personal de tropa y un oficial) verifique al lugar al que ingresará, registre sus datos. Solo así se les permite pasar, cuando llegan en vehículo luego hay una revisión prolija. Todos esos procedimientos fallaron la madrugada en que Bernal ingresó a visitar a su esposo.

Mientras Ramírez recorre la institución, en compañía de la reportera de este medio, el personal se cuadra ante ella y quienes están de guardia (un grupo de entre 80 y 100 uniformados para las distintas áreas y garitas) le reportan la situación del área a su cargo. Para ella es importante generar confianza y que los jóvenes entiendan que el lema de la institución, valor, disciplina y lealtad. Se debe aplicar entendiendo que el valor no solo se aplica para enfrentar el peligro sino para decir la verdad, que la disciplina no significa acatar órdenes sin conciencia y que la lealtad se aplica según los valores de cada persona, que se moldean en su formación.

Parte de este proceso de cambio es buscar apoyo externo. Por ejemplo, la semana pasada se dictaron charlas sobre derechos humanos y violencia de género. Fue un trabajo con el Ministerio del Interior, “porque es bueno que tengamos aquí la mirada externa. Necesitamos saber cómo nos ven, porque eso nos hace notar en qué podemos mejorar y cambiar”.

El lunes 17 de octubre, Ramírez y otros directivos de distintas áreas de la Policía asistieron a una reunión en Cancillería para conversar con representantes de PNUD, ONU Mujeres y otras organizaciones que ofrecieron ayuda y capacitación “para reformular, repensar los procedimientos disciplinarios y de régimen interno que la Escuela tenía. “Estamos fortaleciendo mallas curriculares en temas de derechos humanos y violencia de género. Son temas que ya se habían tocado pero debemos revisar para saber en qué estamos fallando”, destacó la oficial.

Subcontratación ilegal, plazos que no coinciden, sobreprecios, denuncias por posible intromisión en la justicia, transporte sin seguros, son parte de los ciclones levantados durante la contratación, transporte y montaje del parque eólico más grande del país. Desde hace dos meses, la gerencia de Electroaustro analiza una serie de denuncias y anomalías detectadas. Sin embargo, no ha respondido los pedidos de información de la Contraloría.

Por Jhon Machado

Huascachaca es un desierto con vientos de entre 3 y 5 metros por segundo. Tiene suficiente fuerza para generar los 50 MW de potencia que convertirán al proyecto, ubicado entre los cantones Saraguro (Loja) y Santa Isabel (Azuay), en el de mayor producción de energía eólica del país.

El contrato para su construcción se firmó inicialmente el 28 de julio del 2017 con la empresa Sinohydro, por 90 millones de dólares. El acuerdo se subdividió en dos fases: la primera para la preparación del terreno, vías, escombreras y la logística que se requería para la implementación de los aerogeneradores, y la segunda para el equipamiento y puesta en marcha del parque eólico.

Ocho empresas se interesaron en construir el parque. Tras escuchar las ofertas, Elecaustro, a cargo de la ejecución de la obra, gerenciada entonces por Antonio Borrero, inició un régimen especial (a dedo) y adjudicó el contrato de la fase 1 al consorcio conformado por Sinohydro y Cobra, considerándola “la mejor opción”.

Según el informe de la Contraloría DPA-0034-2021, para elegir a Sinohydro no se efectuó un concurso público nacional o internacional, bajo la modalidad de procedimiento común, como dicta la normativa. Así, de entrada, se excluyó a otros oferentes, que podían proponer mejores condiciones y costos para el Estado. Ese guión de direccionamiento se aplicó sistemáticamente.

Para la segunda fase sucedió lo mismo. El contrato fue entregado al consorcio Sinohydro-Cobra, pero con ciertas particularidades que además se fueron ajustando sobre la marcha. En un inicio se le exigió a la empresa china garantizar el financiamiento para la obra, pero cuando la contratista incumplió simplemente se dividió el contrato en dos fases, para darle el tiempo de necesario para conseguir el financiamiento total. Pese a que la ley lo establece claramente, al presentarse estas irregularidades, Elecaustro no impuso multas ni sanciones por los incumplimientos, según el informe de Contraloría.

La fase dos fue interrumpida por la pandemia, por lo cual no se pudo garantizar el financiamiento de la obra de Sinohydro y se dio por terminado el contrato de manera unilateral. Sin embargo, a la contratista se le pagó 793.314 dólares en exceso, que no fueron recuperados por Elecaustro, hasta el cierre del examen de Contraloría.

Dongfang se crea sobre la marcha

Al quedarse sin el financiamiento ofrecido por Sinohydro, Elecaustro asumió mediante crédito estatal la construcción de la Fase Dos del proyecto, subdividida en Fase dos A y Fase Dos B, por 49,8 millones de dólares para adquisición, transporte, instalación y puesta en marcha del proyecto eólico. Según una certificación de SERCOP esa tarea no podían cumplirla proveedores nacionales, aunque varias empresas ecuatorianas si tienen esa capacidad, según pudo corroborar este portal.

La adjudicación de este contrato se hizo a la empresa Dongfang Ecuador, que al igual que Sinohydro, tiene como principal accionista una empresa del gobierno chino. La firma se constituyó con un patrimonio en 0, aunque para esta contratación debía poseer USD 1,5 millones.

Dongfang fue contratada al mismo tiempo que Elecaustro pagaba 68.000 dólares a abogados externos encargados de finiquitar el contrato con la primer

El contrato con Dongfang se firmó por 45,6 millones de dólares. Sin embargo, “de forma deliberada” -según la Comisión de Fiscalización- se excluyó los servicios conexos que representaban el manejo y traslado de los aerogeneradores ya en suelo ecuatoriano, luego del desembarco de los equipos en puerto Bolívar, en El Oro, el 21 de julio del 2021.

La necesidad de transporte interno era obvia, pero no estaba contemplada en el contrato macro con Dongfang. Por eso, el 20 de julio Elecaustro hizo una subcontratación para el “Manejo en puerto ecuatoriano, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, puesta en marcha e inicio de operación y mantenimiento por dos años de aerogeneradores, torres y equipos asociados del proyecto Minas Huascachaca”. Fue por 11,4 millones de dólares más IVA a Dongfang Electric Ecuador. Así, los 49,8 millones iniciales de la obra se convirtieron en 57 millones de costo final.

La contratación fue por régimen especial con la firma como proveedor único, puesto que Dongfang Internacional señaló que no se haría cargo de la garantía técnica de los equipos si el traslado lo hacía una contratista que no sea recomendada por ellos.

Aunque el nombre sea el mismo, Dongfang Ecuador no es una filial de la contratista principal; es una empresa creada en nuestro país con un capital de apenas 1.000 dólares, no cuenta con títulos habilitantes para transporte pesado y dicha actividad no consta en su objeto social. No tiene ninguna experiencia en ese tipo de trabajos.

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90.000 familias del austro recibirán energía eléctrica generada por parque eólico. Aunque el costo del contrato con las empresas chinas llega a 57 millones, en total la inversión es de entre 150 y 200 millones.

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Para cumplir la tarea asignada, Dongfang subcontrató al consorcio Santa Fe-Montejo, por 7 millones de dólares, lo que representa el 100 % del valor del traslado de los equipos. La ley no permite subcontratar más del 30% del costo total del proyecto. Además, ninguna de las subcontrataciones fue aprobada por la Fiscalizadora.

Dongfang y Santa Fe-Motejo adivinan el futuro

Santa Fe-Montejo, un consorcio colombo panameño, tampoco cuenta con títulos habilitantes que le permitan el transporte pesado en el país. Tampoco registra personal en nómina. Pero lo que más llama la atención es que el contrato entre Dongfang y Santa Fe-Montejo se firmó el 8 de octubre del 2020, 10 meses antes de que Elecaustro resuelva la adjudicación de la obra a Dongfang Electric Ecuador.

Ante la Comisión de Fiscalización, Diana Andrade, directora jurídica de Elecaustro, dijo que no existía ninguna subcontratación en el proceso, sino que se trata de un contrato de provisión de bienes, que a su criterio está amparado en la legislación nacional.

El entonces gerente de Elecaustro, Antonio Borrero, primo hermano del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, también defendió la legalidad del proyecto en la Comisión de Fiscalización. Pero, al ser consultado por este medio sobre las irregularidades, respondió que no volverá a referirse a los contratos, pues ya no es un vocero oficial. Estuvo al frente de esa empresa 17 años, hasta el 18 de agosto pasado.

Según Fernando Villavicencio, titular de la Comisión, Borrero también aprobó años antes, como gerente de CELEC, la entrega de la construcción de la central Coca Codo Sinclair a la empresa Sinohydro.

En tanto que la nueva administración de Elecaustro, gerenciada por Christian Piedra Lazo, pidió tiempo para revisar a fondo los documentos del proceso, aunque ya está cerca de dos meses en el cargo.

Otra de las dudas en el proceso es el porqué la asambleísta Ana Belén Cordero no firmó el examen de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en el que se revelan presuntas irregularidades en el contrato de Huascachaca.

Al ser consultada por este medio, la legisladora indicó que el tema lo investigó el asambleísta Fernando Villavicencio, por lo que, a su criterio, él es el único autorizado para referirse al informe, a pesar de que ella forma parte de la Comisión que recibió tanto las denuncias como los descargos en torno al proceso de contratación.

En los últimos meses, Elecaustro ha entregado información sobre el proyecto a la empresa fiscalizadora, a la Asamblea y a varios entes de control. Sin embargo, aún nadie se explica como Dongfang Ecuador sabía que Elecaustro iba a dividir el contrato de transporte interno y que ellos serían los ganadores de esa contratación, casi un año antes de que se concretara el acuerdo.

Tampoco han respondido porque se realizó el transporte de todos los  equipos sin contar con una póliza de seguros, lo cual fue notificado el 6 de abril por el administrador del contrato, según la documentación revisada por este medio.

Todas las anomalías detectadas serían causales para la terminación unilateral del contrato, que sin embargo no se ha llevado a cabo, en medio de insistencias de Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre las acciones realizadas por el nuevo Gerente respecto al informe.

Los tentáculos en la justicia 

Pese a todas las irregularidades y posibles delitos evidenciados, una denuncia interpuesta por la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador (Canatrape) por sentir vulnerados sus derechos, al no haber sido parte del contrato de traslado de los bienes desde Puerto Bolívar hasta el parque eólico de Huascachaca, no progresó. No obstante, la denuncia de uno de los jueces del tribunal que decidió sobre el asunto siembra de dudas al proceso.

La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay conoció un recurso de apelación de Canatrape luego de que un juez de primera instancia negara el pedido de una revisión del contrato de la obra.

Durante la deliberación, dos de los jueces aceptaron el recurso por encontrar afectaciones a derechos constitucionales, pero según Fernando Larriva, uno de los magistrados, hubo trabas para notificar la decisión. Días después, el otro juez que aceptó la apelación dio marcha atrás en su decisión, con lo que se cerró toda oportunidad de que el contrato sea suspendido.

Larriva elevó su denuncia a la Asamblea, pues considera que la actuación de su compañero de sala es inusual y teme intromisiones en el sistema judicial de la contratista.

Reparos de la Fiscalizadora

La Fiscalización del proyecto está a cargo de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca, (Ucuenca EP) que desde un inicio puso reparos al contrato entre Dongfang y el consorcio Santa Fe -Montejo. Sin embargo, en comunicación emitida por la directora jurídica subrogante, Paula Urigüen, la institución afirma que no ha recibido detalles de dicho acuerdo y ha expresado su imposibilidad de continuar con sus labores si no se aclara este particular.

Por todas las irregularidades, la legisladora Marjorie Chávez pidió en agosto pasado que la Contraloría realizará una nueva verificación de la ejecución de las obras y de los contratos. En su respuesta remitida en un oficio a fines de ese mes, el auditor a cargo verificó que hubo una diferencia del monto original del contrato en 27% más, respecto al presupuesto de la obra. Ademas que Elecaustro no ha respondido los pedidos de información sobre el proyecto eólico investigado. 

 Tanto la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) como la Fiscalía, la Contraloría y el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) han iniciado acciones de control sobre el proyecto que, mientras tanto y pese a todas las irregularidades, sigue su curso normal y tiene un avance del 93%.

ENFOQUE. 14 comandantes de Policía han sido designados por los gobiernos de turno los últimos 15 años. En este régimen tres generales han dirigido la institución. Los oficiales deben durar dos años en el cargo, pero en promedio no han superado un año, algunos incluso meses o semanas. En 2007 fueron removidos 18 generales y en 2010 diez altos oficiales más, con el fin de nombrar mandos afines al régimen de Rafael Correa, que profundizó la politización de la Policía. La administración de Lenin Moreno recibió la factura de ese debilitamiento institucional, pero no pudo corregirlo. Guillermo Lasso vive una crisis severa tras el femicidio de María Belén Bernal, en manos de su esposo, el teniente Germán Cáceres. Anunció una reestructuración y la posible salida del mando.      

Redacción Código Vidrio      

En 2011, el entonces presidente Rafael Correa anunció que metería no una, sino dos manos en la justicia. Se refería a la consulta popular que le permitió poner sus alfiles en el Consejo de la Judicatura. Para entonces desde la política ya había metido sus manos en el manejo de la Policía; el fenómeno se agudizó durante los diez años que estuvo en el poder. La desinstitucionalización le pasa hoy al país la factura en inseguridad, violencia e impunidad, agravada por decisiones apresuradas y erráticas del gobierno de Guillermo Lasso.

Apenas llegó a la Presidencia, a mediados de enero de 2007, Correa removió casi una veintena de jefes policiales, a quienes acusó de estar involucrados en actos de corrupción. Con el argumento de que la institución necesitaba una purga, su gobierno pidió la salida de 18 altos oficiales. Al no tener respuesta, nombró en el lapso de pocos días a tres comandantes, de sucesivas ternas.

Al final, escogió como comandante a un representante de la oficialidad joven, “con nueva mentalidad”, según el anuncio oficial. Era el general Bolívar Cisneros. Dejó el cargo en marzo de 2008, luego del remezón provocado por el bombardeo aéreo al campamento de las FARC donde pernoctaba, en zona ecuatoriana, el segundo al mando de esa guerrilla, Raúl Reyes. En el ataque organizado por fuerzas colombianas murieron más de 20 personas.

Jaime Aquilino Hurtado tomó la posta. Fue comandante de la Policía entre abril de 2008 y mayo de 2009, hasta que un funcionario de la embajada de EE.UU. lo acusó de tráfico de personas. Un cable diplomático de esa sede, revelado dos años más tarde por Wikileaks, afirmó que esa delegación pidió el retiro de su visa. El oficial dijo haber sido afectado por falsas acusaciones, al tiempo que la justicia de la época lo declaraba inocente de cargos. En su período como comandante se desarticuló una unidad de élite de la Policía que investigaba organizaciones de narcotráfico, crimen organizado y delitos de cuello blanco, la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES).

Luego, para la designación de Freddy Martínez como comandante de la Policía, el gobierno de Correa volvió a aplicar la táctica de la guillotina grupal: destituyó a diez generales. Enfrentó los hechos del 30 de septiembre de 2010, provocados por una sublevación al interior de las filas, ante la posibilidad de que una ley de servicio civil afectara los derechos de los uniformados. Renunció al día siguiente.

 

Patricio Franco López fue su sucesor. Cercano a José Serrano, quien era ministro del Interior. En este período se acentúa la influencia de ese Ministerio sobre la policía. Su gestión duró dos años. El fantasma del golpismo desató la histeria en Carondelet.

En 2012 asumió, brevemente, la comandancia el general Wilson Alulema, quien como jefe de la Policía Judicial lideró seis años antes el partido de la paz entre Latin Kings y Ñetas.

En octubre de 2012, de la mano de José Serrano llegó a la comandancia el general Rodrigo Suárez. Su mando se prolongó hasta 2014. En este período se produjo el intento de secuestro en Colombia del político opositor Fernando Balda. También en esta época ocurrió el supuesto suicidio de un teniente de la policía en la Comandancia de Sucumbíos: el arma estaba en su mano derecha, pero el oficial César Coronel Olivo era zurdo. Todo indica que había terminado una relación amorosa con la hija de un general del mando.

El tsunami del caso pases policiales

Al general Fausto Tamayo le sacudió el tsunami del caso “pases policiales”. Asumió en octubre de 2014 y renunció en julio de 2015, tras conocerse un esquema fraudulento de pagos. La cantidad promedio por pase era mil dólares, una especie de “vacuna” que evitaba que los uniformados fueran destacados a zonas geográficamente distantes. Los valores eran entregados a un teniente de la policía, Alexis Cifuentes, quien a la cabeza de la estructura despachaba como asesor de la Presidencia de la República.

Sobre Tamayo pesaron cargos por la venta de 1.317 pases. La estructura de pagos llegaba hasta altas esferas del Gobierno, pero el peso de la responsabilidad recayó en la cúpula policial.

El general Diego Mejía fue el comandante entre 2015 y 2017. Antes de asumir el cargo, el país había vivido una conmoción social por el desgaste del gobierno de Correa. La visita del Papa Francisco calmó las aguas. Vivió la transición entre el correísmo y el morenismo, salió en septiembre de 2017, antes de la fractura entre Moreno y Correa.

Correa y Serrano han insistido en que en su período se fortaleció a la policía y se le asignó más recursos, lo que redundó en mejores índices de seguridad y control de la delincuencia. Justificaron los descabezamientos como parte de una política para depurar la institución, anclada a supuestos intereses de Estados Unidos, especialmente en el manejo de la UIES y las unidades de Antinarcóticos. Ese también fue el argumento para desmantelar los servicios de Inteligencia.

El responsable de la custodia del material electoral, general Ramiro Mantilla, fue designado comandante de la Policía en septiembre de 2017 en la administración de Lenin Moreno. Para ello, varios oficiales recibieron la baja. Se desempeñó hasta mayo de 2018, bajo su gestión se produjo el secuestro y muerte del equipo periodístico de diario El Comercio.

 

Entonces fue el turno del general Nelson Villegas, que fue comandante entre 2018 y 2020. Enfrentó las protestas de octubre de 2019. Bajo su gestión se produjo el ascenso de su hermano Marco a general de Distrito. Él estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos, y fue uno de los oficiales a quienes la embajada americana le retiró la visa. Esto ocurrió en el contexto de la denuncia del embajador de EE.UU., Michael J. Fitzpatrick, de la existencia de narcogenerales en la fuerza pública, lo cual provocó otro sacudón en la Policía.

El general Patricio Carrillo fue el responsable de la seguridad en la zona de Pedernales tras el terremoto de 2016. En octubre 2019, como director general de Operaciones, sofocó las protestas contra el gobierno de Moreno que devinieron en conmoción social. Fue comandante hasta marzo de 2021. Hasta hace una semana estuvo al frente del Ministerio del Interior, cuando el presidente Guillermo Lasso le pidió la renuncia, en medio de la crisis por el femicidio de María Belén Bernal en la Escuela de la Policía.

La general Tannya Varela fue la primera mujer en asumir la comandancia de la Policía, entre marzo de 2021 y enero de 2022. Bajo su gestión, precisamente las declaraciones del embajador de EEUU sobre “narcogenerales” provocaron un cisma en la institución.

 

Fue relevada en enero pasado por Carlos Cabrera, quien tuvo un breve paso. Fausto Salinas, comandante desde mayo de este año, hoy enfrenta una tormenta por el asesinato de María Belén Bernal, en la Escuela de Policía, en Pusuquí, al norte de Quito.

Ese femicidio cometido por su esposo, el teniente Germán Cáceres, provocó una crisis que desencadenó la renuncia del ministro del Interior Patricio Carrillo. En su última reunión con los altos oficiales y la cúpula policial, el viernes 23 de septiembre, Carrillo los exhortó a presentar la baja “en un acto de dignidad”. Para entonces su relación con el mando estaba fracturada, en medio de una caída acelerada de la popularidad del régimen por el caso Bernal. Poco después se hizo pública la salida de Carrillo, quien fue reemplazado por Juan Zapata, un teniente coronel de la Policía en servicio pasivo que condujo las acciones de emergencia durante la crisis sanitaria y pandémica. Como uniformado alcanzó notoriedad por su campaña de corazones azules pintados en las vías para concientizar sobre accidentes de tránsito.

El presidente Guillermo Lasso anunció el inicio de un reestructura en la Policía y una serie de acciones para evitar la violencia de género. Pidió que el mando policial presente sus bajas para evaluar su permanencia en la institución, hasta este domingo, cuando vence el plazo que fijó para capturar a Cáceres. Hasta la semana pasada estaba en Colombia, movilizándose en una motocicleta con dirección al norte, según informes preliminares de la Policía de ese país.

El sábado en la madrugada, Jonathan Poveda se retiró el grillete electrónico que horas antes le habían colacado funcionarios del SNAI. Es el principal acusado del secuestro y asesinato del excabo Miguel Ángel Nazareno, ocurrido en abril pasado en Quito. También está implicado en el múltiple crimen de cuatro personas en Calderón. El 13 de septiembre fue liberado por el juez Pedro Troya Aldaz, quien le otorgó medidas sustitutivas.   

Redacción Código Vidrio

Jonathan Poveda Orozco, presunto responsable del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Nazareno, Don Naza, se retiró este sábado en la madrugada el grillete electrónico que le habían colocado horas antes y huyó. Arrojó el dispositivo en la avenida Simón Bolívar, en Quito, según informes policiales.

Poveda también está enjuiciado por el asesinato múltiple de cuatro personas, ocurrido en Calderón, al norte de Quito, el 26 de abril pasado. Según denunció un testigo del crimen, Poveda, quien es uno de los cabecillas de la banda de Los Lobos, les disparó con un fusil de gran calibre.

Poveda fue capturado el 12 de mayo por la Policía junto con Fernando Bolaños Vallejo, como supuestos autores del secuestro y asesinato de Nazareno. En la audiencia de formulación de cargos, el juez Andrés Prado ordenó su prisión preventiva, dando inicio a la etapa de instrucción fiscal por 90 días.

Don Naza fue encontrado sin vida en Amaguaña, al sur oriente de Quito, el 14 de abril pasado. Su cuerpo fue hallado en una vía de tercer orden, maniatado y con su torso desnudo. Tenía una herida de bala en su pierna izquierda y varias escoriaciones en el rostro y extremidades superiores.

Días antes, el excabo del Ejército había estado en el Ministerio de Defensa donde visitó a personal militar y luego se marchó, sin ser detenido por el personal de guardia. Estaba enjuiciado por la captación ilegal de dinero en Quevedo, donde por varios años operó con una red desde el club clases de la Policía. Su historia completa aquí: (https://www.codigovidrio.com/code/don-naza-el-rey-midas-de-militares-y-policias/).

La audiencia de vinculación y revisión de medidas de Poveda y Bolaños se realizó el 7 de septiembre. El fiscal del caso, Ángel Cujilema, expuso los elementos de convicción obtenidos y la importancia de mantener la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar la comparecencia de los implicados al proceso judicial.

Juez libera a Poveda y Bolaños

Entonces, el juez Pedro Troya Aldaz vinculó en calidad de cómplices a Walter Zambrano y José Aarón, disponiendo su prisión preventiva. Además suspendió la diligencia, por lo cual no dio paso al pedido de revocatoria de la prisión de procesados Poveda y Bolaños.

El 13 de septiembre pasado, el juez de Quitumbe, Pedro Troya Aldaz, reinició la audiencia, donde el fiscal Ángel Cugilema Daga solicitó que se mantenga la prisión preventiva de ambos procesados. No obstante, el juez acogió el pedido de los procesados ordenando su liberación y en su lugar les otorgó medidas sustitutivas como la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica y uso de un grillete electrónico.

El viernes pasado, en coordinación con la Fiscalía, se conoció que Poveda Orozco y Bolaños Vallejo solicitaron la ampliación de sus versiones, que se realizaría ese día a las 15:30. en la Fiscalía de la Comisión de la Verdad. A las 17:30, personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), colocó el dispositivo de geoposicionamiento a Poveda en la Fiscalía General. Luego de la diligencia, Poveda se retiró del lugar.

Este lunes estaba prevista la audiencia de formulación de cargos contra de Poveda y Vallejo.

 Los cambios en el cronograma planificado, el corto tiempo para cumplir varios de sus hitos, así como un endeble y fugaz control de la veeduría ciudadana, marcaron la tónica del concurso de jueces anticorrupción. Los 14 mejores puntuados, luego del curso de formación inicial, que acaba de empezar, se posesionarán con tres meses de retraso. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, dice que el concurso ha sido “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

Por Ana María Carvajal

Los 14 nuevos jueces anticorrupción se posesionarán a partir de mediados de noviembre próximo, tres meses después de lo previsto en el plan original. Desde que se realizó la convocatoria, a fines de marzo pasado, el cronograma ha cambiado por extensiones de plazos para inscripciones o por la reducción inesperada de los períodos para impugnaciones ciudadanas. Además hubo otros contratiempos y decisiones sobre la marcha.

No obstante, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, enfatiza que el concurso se ha llevado como un proceso “riguroso, transparente, objetivo y técnico”.

El perfil de cada juez debe tener tres características principales, dice Murillo: independencia, imparcialidad y una condición ética irreprochable, “mucho más si se trata de juzgadores que enfrentarán cara a cara a la corrupción y a las estructuras del crimen organizado”. Para seleccionarlos, la Judicatura ha realizado un “arduo y transparente trabajo con todos los equipos técnicos”, apuntó Murillo durante el inicio del curso de formación, que es el último filtro para escoger a los judiciales.

Pero desde cuando empezó el concurso algunos contratiempos surgieron. El 29 de marzo, la Judicatura anunció que las inscripciones se harían a través de un micrositio que se abrió en su página web, entre el 2 y el 11 de abril pasados. Pero un día después de vencido ese plazo, la institución informó que este se ampliaba hasta el 17 de abril. “En este contexto, es importante señalar que las fases y subfases se han unificado para no alterar la fecha de la culminación del concurso”, indicó en un comunicado.

Aunque el concurso empezó en diciembre pasado, dos días antes del inicio de las  inscripciones, la Judicatura ofreció una capacitación a los más de 700 interesados para que conocieran cómo postularse. La víspera, el CJ tuvo una reunión con representantes del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) y de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL). La cita fue para armar el cronograma y la metodología para las pruebas de confianza que serían parte del curso de formación inicial.

La lista que comenzó con 786 interesados que se registraron en el sistema digital bajó a 425 postulantes, quienes completaron su inscripción. Para la verificación de los documentos el CJ destinó solo tres días, del 20 al 22 de abril. Vino entonces la fase de méritos, a cargo de la Dirección de Talento Humano, que con el apoyo de un equipo técnico revisó la validez de los documentos, pero no investigó a fondo ni tuvo tiempo para corroborar con otras instituciones de control si lo declarado por algunos aspirantes era real.

También hubo cuestionamientos a la forma en que aspirantes fueron puntuados, en la primera fase de méritos. “Hice mi reclamo cuando vi la baja calificación que me pusieron por mis títulos y experiencia. Por ejemplo, no puntuaron mi paso por la docencia”, dijo Viviana Chiriboga. “Envié mi reclamo por la plataforma y al correo institucional que nos facilitaron. Me respondieron que lo haga por la página, cuando lo hice nunca me respondieron”. Una funcionaria judicial que pidió no revelar su identidad y participó en el proceso, con amplia experiencia en investigaciones de organizaciones criminales, afirmó que desestimaron sus méritos y títulos de cuarto nivel, impugnó pero no obtuvo respuestas.

Otros concursantes, en cambio, tuvieron mejor suerte con los examinadores, aunque incumplían los requisitos y prohibiciones. El candidato mejor puntuado del concurso, Leonardo Rosillo (obtuvo 94 sobre 100), sorteó sin problemas los filtros. Las bases del concurso estipulaban claramente que los participantes no debían tener ninguna incompatibilidad o prohibición legal. No obstante, recién en agosto pasado esa dirección del CJ detectó que Rosillo no podía participar porque fue destituido el 2012 cuando era fiscal.

Sobre este último caso, el Director del concurso, Santiago Peñaherrera, dijo que Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos. Por eso detectó que uno de los finalistas estaba inhabilitado por haber sido destituido por el Consejo. “Esta prohibición le impide trabajar durante dos años en el sector público pero la prohibición para entrar a la Función Judicial es de por vida”.

El fugaz papel de la Veeduría

Uno de los hechos que también llama la atención es que el 13 de mayo, dos meses después de iniciado el proceso, se conformó la veeduría ciudadana, integrada por siete personas, desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

A pesar de que el concurso aún no ha terminado y tiene por delante la decisión crucial de designar a los 14 ganadores, esta veeduría ya terminó su trabajo, hace dos semanas. Así lo confirmó a Código Vidrio Erick Morán Jacho, su coordinador. Dijo que el grupo realizó un informe que entregó al CPCCS, pero el documento aún no está publicado en su página web.

Según el primer informe de la veeduría del Observatorio Judicial y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en la etapa de méritos hubo otro ajuste en el cronograma. Fue precisamente para acomodar las fechas de tal modo que el organismo liderado por Morán estuviese acreditada por el CPCCS. El  15  de  mayo, el CJ amplió el plazo de esta etapa, previsto que dure del 16 de mayo al 2 de junio. Al final, el cierre fue el 5 de junio.

Decisiones delicadas como la designación de los expertos que tendrían a su cargo elaborar un banco con 1.200 preguntas para las pruebas teóricas, también se tomaron con premura. La convocatoria se hizo en marzo, pero apenas el 4 de junio, cuando estaba por cerrarse la fase de méritos, el CJ designó a los 18 profesionales que estarían a cargo de esta etapa. Ellos elaboraron 200 preguntas sobre materia constitucional y derechos humanos. Las 1.000 restantes se concentraban en temas penales y criminológicos.

También hubo otros factores externos, que no estaban en manos del Consejo. Una amenaza de bomba, el 14 de junio en el Complejo Judicial Norte, alteró la planificación y retrasó la toma de pruebas psicológicas y entrevistas para la mayoría de los candidatos. Solamente un grupo pudo rendir esa prueba y las actividades quedaron suspendidas hasta después del fin del paro, que terminó el 30 de junio.

EL 24 julio, los candidatos rindieron las pruebas en computadoras que no permitían conexión a internet ni el uso de dispositivos externos como memorias USB. La notaria Ángela Campuzano dio fe  el 22 de julio, cuando se ingresaron los bancos de preguntas a estos computadores. 53 candidatos superaron la etapa y rindieron sus pruebas prácticas del 8 al 10 de agosto.

32 candidatos las superaron, incluido Rosillo, quien fue el primero en la lista. Cinco más pasaron por recalificación realizada por un tribunal, pero un caso sobresale. Es el de Esteban Coronel, quien inicialmente obtuvo 71 puntos, pero sumó 80,4 puntos luego de solicitar la revisión de su nota, que no guardaba relación con su desempeño ante los tres evaluares, según su reclamo. Tampoco con sus calificaciones previas en el concurso, pues obtuvo notas de 45 sobre 50 y de 17 sobre 20, entre las más altas del proceso.

No obstante, en la prueba práctica final, en la que Coronel rindió una exposición verbal sobre un caso,  dos de los evaluadores le pusieron notas de 8 sobre 30, mientras el tercero -con voto salvado- le calificó 28 sobre 30, según informes de esa evaluación a la que este medio tuvo acceso. Por esas discrepancias, el candidato solicitó la recalificación y requirió que le entreguen los audios y videos de su exposición y de la deliberación de los tres examinadores, así como la argumentación y parámetros de las calificaciones. Días más tarde, en la recalificación realizada por otro tribunal obtuvo puntajes de entre 20 y 28 sobre 30 puntos, con lo cual en la nota global pasó los 80 puntos requeridos para ser finalista.

Sobre esta recalificación, Santiago Peñaherrera, director de la Judicatura y responsable del concurso, señaló que el tribunal estuvo conformado por gente proba que verificó las pruebas, a través de la revisión de videos. “No creo que se pueda dudar de la capacidad de personas que no son solo magistrados sino docentes”.

El tribunal de recalificaciones se formó con profesionales con un perfil mayor, por la importancia del proceso, dijo Peñaherrera. Eran dos y estaban integrados por Byron Guillén, Mariana Yépez, Luis Antonio Rivera, Felipe Córdova, Wilson Toainga y Holger  Córdova.

Impugnaciones a vuelo de pájaro

Después, el proceso de impugnaciones públicas se desarrolló en un tiempo muy reducido: tres días, entre el 24 y el 26 de agosto, con difusión por un solo medio de comunicación escrito (diario Expreso) y las redes sociales de la Judicatura. En el cronograma inicial de actividades el plazo para este procedimiento contemplaba 13 días, del 2 al 15 de julio.

Según Peñaherrera, también se emitieron comunicados a colegios de abogados e instituciones educativas. El resultado fueron siete impugnaciones ingresadas por la página web del CJ, seis de ellas realizadas por una sola persona. Ninguna progresó.

El Código Orgánico de la Función Judicial establece tiempos para las impugnaciones en este tipo de concursos y el mínimo son tres días, explicó Peñaherrera. Este tema fue aprobado dentro de la normativa para este proceso. Además, los tiempos para todo el concurso se estipularon tomando en cuenta que “la ciudadanía exige contar lo más pronto posible con jueces que cumplan con dos requisitos: capacidad e idoneidad técnica”.

Según Murillo, la Judicatura hizo convocatorias abiertas y un llamado para impugnaciones “pero nadie impugnó fundamentadamente”. Pero no descartó que si existiera alguna inhabilidad, impedimento o falta de idoneidad, se harán verificaciones adicionales y mientras los jueces no sean nombrados, aún pueden salir del concurso. “La ciudadanía tiene derecho de contar con juzgadores que tengan una condición ética irreprochable”.

A pesar de los tropiezos, para el abogado constitucionalista Stalin Raza este concurso es un buen primer paso para conseguir jueces especializados en la materia, pero aún es limitado por varios aspectos. Primero, por el número de jueces, que serán insuficientes para cubrir la cantidad de delitos que hay en el país. De hecho, los 14 jueces tendrán apenas 26 funcionarios de apoyo; es decir, menos de dos asistentes por cada magistrado.

Además, para Raza el haber decidido que todos los jueces trabajarán desde Quito, se convierte en una suerte de monopolio que, además, vulnera garantías constitucionales como el derecho de toda persona de ser juzgada en la jurisdicción donde cometió el delito, el derecho a acceder a abogados de su confianza y en la zona de su residencia. “Habrá una concentración inconveniente de esos casos en Quito. La Corte Constitucional ha convalidado esto pero no estoy de acuerdo porque aquí no se garantiza la seguridad de judiciales y abogados”.

Al tratarse de un número reducido de jueces que tratan estos temas que se sumarán a fiscales del área, agregó el jurista, se pueden convertir en “cofradías de jueces y fiscales, cuando lo ideal sería un equipo en materia de crimen y anticorrupción entre quienes se distribuya la capacidad y así garantizar que no todos se conozcan entre sí”.

De todos modos, el jurista cree que el proceso se ha llevado razonablemente bien, pese a lo apuros y cambios de cronograma.

Aunque la Judicatura había anunciado que los 14 nuevos jueces se posesionarían a fines de octubre, lo harían en la segunda quincena de noviembre, ya que el curso de formación inicial arrancó el 26 de septiembre pasado y se extenderá hasta el 17 de noviembre, cuando se cumplen los 52 días asignados por el CJ.