OBJETIVOS DE CHINA ⊗ La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) expone cómo Pekin abusa de las instituciones internacionales, incluidas Interpol y las Naciones Unidas, para aterrorizar a sus críticos y extender sus tácticas represivas a todo el mundo. También los alcances del seguimiento en varios países, incluido Ecuador.  

Por Whitney Joiner, Scilla Alecci y equipo de ICIJ

China Targets es una investigación transfronteriza dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que descubre el enorme alcance y las tácticas aterradoras de la campaña de Beijing para atacar a los críticos del régimen que viven en el extranjero.

La investigación de 10 meses también revela cómo las Naciones Unidas se han convertido en una plataforma para la represión transnacional de China bajo el régimen de Xi Jinping, y cómo las autoridades chinas abusan de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos.

En Ecuador los medios Código Vidrio y Revista Vistazo fueron parte de esta investigación global. Publicaron dos reportajes sobre cómo la policía secreta china sigue operando en Ecuador, con empresarios de fachada, para espiar y seguir a los emigrantes y el funcionamiento de una red de tráfico de personas desde Ecuador a EE.UU., encabezada por seis coyotes chinos.

El ICIJ y 42 medios de comunicación asociados entrevistaron a 105 personas en 23 países que han sido blanco de las autoridades chinas en los últimos años por criticar las políticas gubernamentales, tanto en público como en privado. Entre estas personas se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigur y tibetana oprimidas.

Los periodistas tomaron medidas de seguridad extraordinarias para proteger la identidad de las víctimas (muchas de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ellas o sus familias) y para corroborar la evidencia del acoso patrocinado por el Estado.

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El ICIJ y sus socios estudiaron documentos internos del gobierno, examinaron grabaciones secretas de audio y video de interrogatorios policiales y analizaron registros confidenciales de la ONU y de Interpol, archivos judiciales e informes de inteligencia para analizar el alcance autoritario de Beijing. Registros gubernamentales chinos, nunca antes vistos, que abarcan el período 2001-2020, incluyendo un libro de texto policial interno y pautas de seguridad confidenciales, brindaron una visión única del manual de estrategias de China para reprimir la disidencia.

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Estos documentos, cuidadosamente guardados, detallaban, en palabras de las propias autoridades chinas, cómo los agentes de seguridad nacional debían identificar y controlar a los objetivos. Las directrices de seguridad establecieron un modelo de represión que las autoridades chinas utilizan actualmente contra las víctimas en el extranjero, según el ICIJ.

La mitad de las 105 víctimas entrevistadas por el ICIJ y sus medios de comunicación asociados afirmaron que sus familiares en China habían sido intimidados e interrogados por la policía o agentes de seguridad del Estado. Varios afirmaron que la intimidación se produjo apenas horas después de que las víctimas participaran en protestas o actos públicos en el extranjero.

Sesenta de las víctimas creían haber sido seguidas o vigiladas en su país de adopción. Veintidós víctimas afirmaron haber recibido amenazas físicas o haber sido agredidas por civiles que apoyaban abiertamente al Partido Comunista Chino (PCCh). Diecinueve dijeron haber recibido correos electrónicos sospechosos o haber sufrido intentos de piratería informática, incluso por parte de agentes estatales.

Investigaciones previas del ICIJ expusieron las políticas represivas de Pekín contra las minorías musulmanas en China, parte del amplio programa gubernamental de vigilancia masiva y control demográfico. China Targets documenta cómo, bajo el mandato de Xi, las autoridades han exportado y expandido algunas de esas tácticas represivas, en un esfuerzo por neutralizar a individuos percibidos como amenazas a la seguridad nacional, incluso estando fuera de las fronteras del país.

El efecto de esta intimidación patrocinada por el Estado es tan poderoso que muchos activistas y minorías étnicas en el extranjero han abandonado su labor de defensa por temor a que sus familias en sus países de origen puedan sufrir daños o ser encarceladas.

El ICIJ descubrió que ni siquiera Ginebra —a la que las Naciones Unidas llama la “capital de la paz” debido a su papel como sede europea de la ONU y de organizaciones internacionales dedicadas a la diplomacia y los derechos humanos— estaba fuera del aterrador alcance del gobierno chino.

Activistas de derechos humanos y abogados declararon al ICIJ haber sido vigilados, acosados ​​o intimidados por personas que consideran diplomáticos chinos o representantes del gobierno, incluyendo delegados de organizaciones no gubernamentales. La ONU otorga a miles de ONG estatus consultivo, lo que les otorga ciertos privilegios con la expectativa de que actúen sin interferencia gubernamental. Sin embargo, un análisis del ICIJ de 106 ONG de este tipo de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán reveló que 59 tienen vínculos estrechos con el gobierno chino o el Partido Comunista.

Las autoridades chinas también abusan de Interpol, el mayor mecanismo mundial de cooperación policial, según descubrieron el ICIJ y sus socios. A través de Interpol, China persigue a disidentes, empresarios influyentes y defensores de los derechos de los uigures, en aparente violación de las normas de Interpol. Muchos objetivos descubrieron que eran buscados solo después de ser detenidos en un control fronterizo.

China Targets revela el alcance de la represión contra manifestantes durante los viajes de Xi Jinping al extranjero. Durante al menos siete de las 31 visitas de Xi al extranjero entre 2019 y 2024, las fuerzas del orden locales vulneraron el derecho de decenas de manifestantes a proteger al presidente chino de la disidencia, deteniendo o arrestando a activistas, a menudo por motivos espurios. En los casos analizados por ICIJ, la campaña para silenciar a los opositores al Partido Comunista parece haber involucrado a las fuerzas del orden locales en los países anfitriones, lo que revela hasta qué punto China ejerce su poder político y económico para presionar a gobiernos e instituciones extranjeros a que se sometan a su voluntad.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Una red criminal de tráfico, encabezada por seis coyotes de nacionalidad china, mantiene intacta en Ecuador una estructura que facilita el tránsito de cientos de migrantes asiáticos que ingresan por la frontera con Perú, para dirigirse hacia Estados Unidos, por vía terrestre. China tiene identificados a los traficantes y ha pedido su localización y captura a la Interpol, que aún no ha emitido ninguna notificación roja. Dos ciudadanos chinos fueron extraditados en 2024, tras ser detenidos por la policía internacional en Guayaquil. Desde que Ecuador exige un visado, en 2024, el ingreso de ciudadanos chinos cayó significativamente. Las solicitudes de visados se concretan en los consulados en China. 18 personas de esa nacionalidad recibieron visas humanitarias por persecución política o religiosa.

Por Arturo Torres, en colaboración con el ICIJ 

La llamada de su mejor amiga dejó a Xiao Wei devastada. Recuerda claramente que fue el miércoles 3 de julio de 2024. Ese día trabajaba, como de costumbre, atendiendo a sus clientes en su local de productos artesanales, ubicado en el norte de Quito.

Temprano en la mañana su amiga, Xiao Li, de 35 años, le llamó para contarle que el gobierno ecuatoriano había decidido exigir a los inmigrantes chinos visas para ingresar al Ecuador.

Wei, de 30 años, llegó a fines de 2023 a Quito, como parte de una explosiva ola migratoria de chinos que se precipitó sobre Ecuador. El país se volvió un puente para miles de inmigrantes asiáticos que en su mayoría querían llegar a Estados Unidos, a cualquier precio.

Los viajeros abandonaron su país, en buena parte, escapando de una serie de medidas restrictivas, detenciones arbitrarias y persecuciones, por razones políticas o religiosas, impuestas por el régimen del presidente Xi Jinping, según denunciaron varios organismos internacionales de derechos humanos y expatriados que viven en el extranjero.

Precisamente el año 2023 marcó un ingreso histórico, sin precedentes, de ciudadanos chinos a Ecuador. Ese año arribaron 50 mil chinos, tres veces más que el 2022, cuando entraron 14 mil personas.

Ecuador se volvió un imán para los asiáticos, en vista de que podían ingresar sin tener una visa y quedarse como turistas durante tres meses. Ese beneficio fue parte de un acuerdo diplomático bilateral de los dos gobiernos, vigente desde 2016. Se concretó en el contexto de una estrecha relación que mantuvo la administración de Rafael Correa con el régimen de Xi Jinping. Éste se convirtió en su principal aliado internacional y prestamista para obras que emplearon a miles de chinos y también fueron ejecutadas por empresas de ese país.

Hasta 2020, año de la pandemia por el Covid-19, el ingreso y salida de ciudadanos chinos se mantuvo sin sobresaltos, en un promedio similar desde 2016. Pero dos años más tarde se empezó a registrar un mayor ingreso de asiáticos por supuestos motivos de turismo, no laborales, que era la tendencia habitual. En 2022 hubo un primer pico, con la llegada de 13.705 chinos, pero  el 2023 el flujo se salió de control, reportando un aumento del 262%.

En ese éxodo, precisamente, llegaron Xiao Wei y su amiga Xiao Li. Ambas abandonaron China por la asfixiante restricción de sus libertades y la represión y confinamiento extremos durante meses, incluso bajo llaves, que vivieron con sus familiares durante la pandemia.“La gente se quedó muy frustrada, con mucho miedo, después del encierro por el Covid-19. Debido a razones políticas decidieron un encierro total de toda la población. No podíamos salir de nuestros hogares ni abandonar el país, no solo por la situación de salud”, contó Wei, quien luego de pocos meses recibió en Quito a su esposo, Gao M. “Nosotros no tenemos hijos -dice Wei- pero nos preocupaba que las utoridades tomaran represalias contra nuestros hermanos y otros familiares porque decidimos no volver a China. Amigos nuestros, que se quedaron, sufren amenazas porque sus parientes también se fueron”.

Esa práctica de hostigamiento -denunciada por Wei- ha sido ampliamiente documentada por la investigación transnacional “China Targets”, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que Código Vidrio y Revista Vistazo participan. Esas tácticas del gobierno chino están detalladas en manuales y directrices confidenciales para agentes de seguridad estatales revisadas por el ICIJ. Así como en las experiencias que han vivido 105 personas objetivo (perseguidas en el extranjero como amenazas contra la seguridad nacional), incluidos interrogatorios policiales grabados en secreto, llamadas telefónicas y mensajes de texto entre agentes de seguridad en China.

Para 2023, las autoridades ecuatorianas de migración levantaron informes sobre la llegada masiva de ciudadanos chinos, sobre todo por el aeropuerto de Quito. Esos datos coincidieron con alertas que empezaron a llegar desde los gobiernos de Estados Unidos, China y Panamá.

“Era evidente que los inmigrantes estaban usando Ecuador como un país de tránsito, para llegar a Estados Unidos, aprovechando que no necesitaban una visa”, dijo el coronel de policía Wilmer Llerena, director nacional de Migración.

Así, Ecuador se convirtió en el epicentro de una diáspora incontenible de chinos que llegaba por avión desde países europeos, especialmente de España. “Por la magnitud de ingresos, enviamos informes técnicos a la Cancillería. China se convirtió en el principal sitio de procedencia de extranjeros, que decían llegar para hacer turismo, la mayoría tenía entre 36 y 55 años, el 70% eran hombres, explicó Gabriela Pogo, subsecretaria de Movilidad Humana del Ministerio del Interior.

En 2023 ingresaron a EE.UU. por el desierto fronterizo más de 45 mil chinos. La mayoría había salido desde la capital ecuatoriana, por vía terrestre, con el apoyo de redes criminales de tráfico, según destaca Llerena.

En Quito, la red, que era contactada por los emigrantes desde China, contaba con transportistas que los recogían en el aeropuerto y los llevaban a hostales y pensiones, donde se alojaban varios días hasta iniciar la travesía hacia Tulcán para pasar por el puente de Rumichaca hacia Colombia. Luego atravesaban el Tapón del Darién, en Panamá, y varios países centroamericanos hasta la frontera de México.

En 2024, el arribo de migrantes seguía aumentando. En mayo de ese año Código Vidrio y Revista Vistazo revelaron que para monitorear a los miles de desplazados, venía operando una estación clandestina de la policía china, bajo la fachada de una agencia de turismo, en el emblemático y patrimonial Hotel Quito, que fue vendido por el gobierno de Correa a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC). https://www.codigovidrio.com/code/el-rastro-de-la-policia-secreta-china-conduce-al-hotel-quito/

Para entonces, el gobierno de Daniel Noboa aceleró la decisión de suspender el acuerdo con China y exigir visa a los asiáticos, lo cual fue acordado con las autoridades de Pekín, en medio de las exigencias continuas de Estados Unidos y otros países centroamericanos.

Cuando la exigencia de los visados empezó a aplicarse desde julio, Xiao Li pidió una visa de residente temporal. Quería quedarse en este país al igual que otros de sus conterráneos porque su negocio estaba prosperando. Sin embargo, su solicitud de acceder a una visa de inversionista fue negada en la Cancillería, por lo cual debió permanecer ilegalmente y buscar contactos para viajar a EE.UU.

Caen entradas de migrantes

En Ecuador el efecto del visado fue inmediato. En 2024 el ingreso de chinos se redujo en un 60%. (arribaron 27 mil migrantes) y en lo que va de este año entraron 3.578. Pralelamente, también se empezó a negar la entrada de migrantes que aterrizaron en Quito y debieron regresar a su último país de embarque. Los tres últimos años fueron inadmitidos 1.413 migrantes chinos, según Pogo, quien indicó que muchos desconocían que Ecuador había impuesto nuevamente el requisito del visado, engañados por las redes de coyoteros.

Según reportes de la Cancillería, tras la imposición de la visa las solicitudes en los consulados en China se incrementaron. En Pekín, Cantón y Shangai, hasta abril de este año, se pidieron 1.108 visas, un aumento de más del 100% en relación a junio de 2024, hasta cuando se requirieron 485 visados. Adicionalmente, la Cancillería implementó el sistema de visado electrónico que permite realizar la solicitud de visa virtual desde cualquier lugar del mundo. Bajo este esquema 5.234 ciudadanos chinos han solicitado visados. Entre julio de 2024 y el 23 de abril de 2025, se han emitido 2.587 visas de turismo a ciudadanos chinos.

18 visas humanitarias por persecución

Entre enero de 2023 y marzo de 2025, la Cancillería otorgó 18 visas humanitarias de protección internacional a ciudadanos chinos. Doce de esos casos fueron cerrados, debido a que las autoridades negaron las solicitudes de refugio, mientras cinco aún están pendientes de una decisión de la Comisión de Refugio y Apatridia. Solo un extranjero ha renovado su visa humanitaria de solicitante de protección internacional. Los chinos que pidieron estatus de refugiado alegaron como motivos la persecución por su opinión política, su religión y su pertenencia a un determinado grupo social.

En febrero pasado, Xiao contrató los servicios de un coyotero para viajar con su esposo y su amiga por tierra hasta México y cruzar a EE.UU. La contactamos a inicios de abril a su celular y nos confirmó que había llegado a una ciudad de California, donde ya estaba trabajando. “Aunque es un viaje difícil y peligroso, la gente sigue cruzando la frontera porque busca una nueva vida para sus familias”, dijo Xiao, quien no piensa regresar a su país y ha pedido que las autoridades estadounidenses le concedan asilo. “China es como un bus gigantesco que nunca cambia de conductor. Circula por cualquier camino, incluso puede irse al precipicio, pero ningún pasajero puede criticar al conductor”.

Seis coyoteros chinos siguen operando 

Pese a todas las medidas de control migratorio del actual gobierno, la llegada ilegal de ciudadanos chinos a Ecuador continúa, según confirmó el coronel Llerena, director de Migración. “Los migrantes de China siguen ingresando ilegalmente por la frontera con Perú, por trochas clandestinas y puestos migratorios en las provincias de Loja y El Oro. Continúan usando Ecuador para llegar a EE.UU., que es su destino final”, indica Llerena.

Para facilitar los traslados y la logística de los migrantes asiáticos, aún opera en Ecuador una organización de tráfico de personas, encabezada por seis ciudadanos chinos. Ellos, según Llerena, han sido identificados por las autoridades de China, que mantienen coordinaciones de búsqueda con Interpol. “Hemos articulado el trabajo con Interpol, les hemos pasado información de los chinos que estarían involucrados en casos de migración ilegal. Estamos esperando los datos de su ubicación para junto con la embajada realizar expulsiones desde Ecuador”, destacó el oficial.

Esas redes tienen montada una compleja estructura para trasladar a los migrantes hasta EE.UU. “Cuentan con un sistema completo de alojamiento y transporte, lo cual ha sido corroborado por los servicios de Inteligencia de China. No han podido ser ubicados porque se mueven constantemente por diferentes provincias”, explica Llerena.

Los oficiales de Migración mantienen reuniones con funcionarios chinos de la embajada, que han pedido que Interpol gestione la emisión de difusiones rojas para detenerlos, según Llerena. “En China los tienen bien identificados. Hace siete meses hubo una reunión con policías de ese país para abordar este tema. Entregaron un paquete de información de estos ciudadanos, para concretar su extradición”.

Dos chinos fueron extraditados

En respuesta a un pedido de esta alianza periodística, Interpol Ecuador informó que entre 2020 y abril de 2025 no ha emitido notificaciones rojas contra ciudadanos chinos.

Sin embargo, destacó que ha llevado a cabo dos extradiciones pasivas, en 2024, de los chinos Wu Zhirong y Feng Meiying, requeridos por la República Popular de China por fraude.

Zhirong y Meiying fueron detenidos por agentes de Interpol el 1 de agosto de 2024 en Guayaquil. para su extradición pasiva, requeridos mediante notificaciones rojas (A-8765/10-2021 y A-5626/6-2021, respectivamente). Ambos fueron denunciados en el distrito de Huadu, China, por defraudar a múltiples víctimas por 550.000 yuanes ($75.908 dólares). Según el reporte de las autoridades chinas, utilizaron métodos engañosos, como simular enfermedades familiares y presentar certificados falsificados de uso de tierras como garantía. La investigación penal empezó el 12 de noviembre de 2015 por la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou.

“Estos procesos se realizaron conforme a la normativa ecuatoriana, incluyendo la Ley de Extradición, el Código Penal y los protocolos de Interpol, en coordinación con autoridades judiciales y la Cancillería”, indicó la entidad.

Interpol sostiene que no ha registrado solicitudes formales para la localización de ciudadanos chinos en el país. Desde el 2022, ha mantenido una cooperación activa con China, intercambiando 17 comunicaciones con información sobre personas de esa nacionalidad.

Frente a las denuncias de que China ha usado el mecanismo de difusiones rojas para que Interpol detenga a disidentes políticos y minorías sometidas a persecución en ese país, sus autoridades indicaron que aplican seis filtros y requisitos estrictos a cargo de un equipo especializado, para evitar el uso de notificaciones de detención con fines políticos, militares, religiosos o raciales, y que se concentren en delitos comunes.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Un activista político chino fue arrestado en 2023 cuando intentaba llegar a Ecuador; al final fue deportado a China. El caso de Jack Ma, de la empresa Alibaba, evidencia cómo ese país utiliza la policía internacional Interpol como arma para fines políticos. China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas, críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero. 

Por Scilla Alecci y periodistas de ICIJ

Gao Jianhuan, activista político que afirmó haberse mudado a Vietnam tras presenciar abusos contra los DD.HH. en su provincia natal de Zhejiang, fue acusado por las autoridades chinas de estafar a tres ciudadanos chinos en 2017. A principios de 2023, mientras se dirigía a Ecuador, fue arrestado y retenido en una comisaría de policía de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con base en una notificación roja de Interpol, la policía internacional. 

Jianhuan, agente de viajes de 43 años, fue liberado después de que las autoridades chinas no procesaran una solicitud de extradición en su contra, según consta en los registros judiciales de los EAU. 

Quince meses después, Gao fue arrestado nuevamente en Benín, con base en la misma notificación roja, mientras Interpol revisaba su petición de que se eliminara su nombre de la base de datos de la organización. Gao permaneció recluido en una celda en Cotonú. Entre tanto, su abogado alegó en los documentos judiciales que “esta detención se prolongó como resultado de una solicitud presentada al margen del procedimiento formal de extradición” por las autoridades chinas. 

Gao fue finalmente deportado a China. No logró llegar a Ecuador.

El caso de Gao no es aislado. 

En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. (nombre protegido) recibió una llamada de un viejo amigo y socio.

Jack Ma estaba en la línea. se sorprendió al recibir noticias de Jack Ma, cofundador de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más importante del planeta, y uno de los hombres más acaudalados de China, según una transcripción de la llamada.

Ma dijo que le llamaba a petición de las autoridades chinas, que pedían su regreso inmediato a China.

Semanas antes, H. había sido arrestado por las autoridades francesas por una notificación roja de Interpol, organización policial internacional. Según los críticos, esta entidad puede ser utilizada por los regímenes autoritarios.

Jack Ma había reaparecido en la escena pública. Desapareció durante tres meses tras dar un discurso en el que criticó a los reguladores financieros chinos. El gobierno canceló la salida a la bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración. 

Las autoridades chinas intentaban que H., ciudadano de Singapur naturalizado y nacido en China, testificara en un tema no relacionado con su notificación roja: un caso de corrupción contra el exviceministro de seguridad pública Sun Lijun, según los registros judiciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios Radio Francia y Le Monde, bajo la condición de que no se revelara la identidad de H.
H. declinó hacer declaraciones; tampoco Ma respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.

H., empresario de 48 años, era propietario de un viñedo en Burdeos, al oeste de Francia, y aparecía en la prensa de farándula junto a su esposa, Zhao Wei, estrella de cine. 

Un mes antes de la llamada de Jack Ma, agentes franceses habían arrestado a H. al descender de un avión privado en el aeropuerto de Burdeos, alegando una notificación roja de Interpol en su contra, a petición de la fiscalía china de la ciudad sureña de Dongguan.

El expediente acusaba a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación de fondos que involucra a Tuandai, compañía de préstamos privada en la que H. había invertido. No mencionaba al viceministro, Sun Lijun.

“Están usando el caso Dongguan como pretexto”, le dijo H. al multimillonario Ma. “Si les explico lo que pasó con Sun Lijun, no me perseguirán más. ¿Eso es lo que te aseguraron? No le creo a nadie”.

«Creo que no tienes otra opción», dijo Ma. «Ahora te están dando una oportunidad. Si no regresas, te destruirán». H. dijo que lo pensaría.

Hace una década, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Interpol apoyo para rastrear a quienes denominó ciudadanos corruptos en el extranjero. 

Una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ reveló que China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas como H., así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.

Los hallazgos forman parte de la investigación «Objetivos de China» del ICIJ, una colaboración entre 41 medios de comunicación de 30 países que expone los mecanismos de la campaña de represión global del gobierno chino. 

La investigación concluyó que el uso indebido de Interpol por parte de China forma parte de un esfuerzo organizado para silenciar a quienes el Partido Comunista considere amenazas para su gobierno, aunque no residan en ese territorio. Las autoridades también utilizan la vigilancia, el hackeo informático, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares en China, para neutralizar a los críticos.

La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de vídeo y audio de interrogatorios policiales, documentos chinos confidenciales y otras pruebas.

Notificaciones rojas

Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y perito en casos legales relacionados con Interpol, afirma que este organismo se convirtió en un elemento central de la campaña de represión. China utiliza las notificaciones rojas como un alfiler en una mariposa, afirmó. «Retienen a alguien, lo inmovilizan para que no pueda escapar».

En una declaración al ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington D. C., afirmó que “el gobierno chino respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no abordó cuestiones específicas sobre el uso de Interpol por parte de China.
El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ.

En noviembre de 2014, representantes de las fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar el centenario de la creación de Interpol. La organización, cuya misión es apoyar a las fuerzas del orden e impulsar la cooperación policial entre sus 196 países miembros.

Meng Hongwei, entonces viceministro de seguridad pública de China, subió al escenario con un mensaje de su gobierno.

La República Popular China se convirtió en miembro de Interpol en 1984, Meng dijo que se había convertido en un «canal importante para que la policía china reciba asistencia en la investigación y cooperación en casos transfronterizos».

DEPEDENCIAS ESPECIALIZADAS DE INTERPOL 

Habló de aprovechar “los recursos de Interpol” para cazar terroristas y fugitivos en todo el mundo. Según los críticos, ese régimen designa así a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.

Xi Jinping mencionó a la «cooperación policial» en discursos, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción. Dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.

El gobierno lanzó dos campañas anticorrupción, conocidas como Fox Hunt y Sky Net, para perseguir a los que describió como funcionarios corruptos prófugos. El Ministerio de Seguridad Pública creó una unidad encargada de la cooperación internacional e incentivó a las comisarías a recurrir a la Interpol.

Los registros revisados ​​por el ICIJ muestran cómo las agencias de seguridad compitieron para mostrar al gobierno el número de casos “resueltos”: objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos repatriados.

Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china fue elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol. Meng Hongwei fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó menos de dos años después, cuando las autoridades lo detuvieron por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaron a 13 años de prisión).

Segundo financista de Interpol

China es el segundo mayor contribuyente de Interpol, una obligación calculada según el peso económico de sus miembros, con un gasto de 13,7 millones de dólares en 2024, por detrás de Estados Unidos, con 19,8 millones. China, que destinó a 11 agentes a la Secretaría General de Interpol en 2023, financia operaciones especiales, incluidas algunas dirigidas al fraude en las telecomunicaciones y al tráfico de armas ilegales.

El gobierno chino afirma haber utilizado la Interpol para localizar, detener y repatriar al menos a 479 presuntos delincuentes en la última década. También afirma haber repatriado a 62 de los 100 principales objetivos de las «Alertas Rojas» que el gobierno comenzó a difundir en 2015.

En los países que han firmado un tratado de extradición con China, la notificación roja puede dar lugar a arresto, extradición y deportación. Estados Unidos no realiza arrestos únicamente por una notificación roja. Otros países sí lo hacen, como Italia, Albania y Francia.

Para 2016, dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 principales países objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de personas con notificaciones rojas, según un informe de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol. También conocida como CCF, la comisión está compuesta por juristas y expertos legales internacionales que vigilan los debidos procesos.

‘Una caja negra’

Interpol no cuenta con una fuerza policial propia. Se basa en información policial de democracias y regímenes autocráticos para compilar bases de datos masivas que los países miembros utilizan para compartir información sobre delincuentes buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el narcotráfico.

Hace una década, después de que defensores de los DD.HH. y organizaciones de noticias, incluido ICIJ, expusieron cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios hicieron mal uso de Interpol para acorralar a opositores políticos y refugiados, la organización anunció “reformas radicales”.

En 2016, creó el Grupo de trabajo sobre notificaciones y difusión, integrado por abogados, agentes de policía y especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero el grupo trabaja con la información disponible y abierta, y con los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. Se basa en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de notificación roja no tiene perfil público, es probable que el grupo de trabajo apruebe una solicitud, dijeron a ICIJ abogados. «Las solicitudes de notificación roja con motivaciones políticas pueden pasar desapercibidas», dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como funcionario jurídico para el organismo de supervisión de la CCF.

La CCF, que se reúne cuatro veces al año, revisa, e incluso puede revocar, las notificaciones de Interpol.

Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas jurídicos bajo control político, siguen planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos, intenta navegar entre sus reglas con los estados miembros que a su vez brindan apoyo financiero.

La mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, por lo que determinar si una notificación roja tiene motivaciones políticas es difícil, dicen estos defensores.

«Es como una caja negra», dijo Ben Keith, abogado de DD.HH. radicado en Londres que ha representado a ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados ​​de terrorismo.

Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización «sabe que las notificaciones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es consciente de su impacto potencial en las personas involucradas, por lo que tenemos procesos sólidos, y continuamente evaluados y actualizados, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente».

Sin embargo, el portavoz dijo que la decisión original del grupo de trabajo de autorizar una notificación roja “sólo puede basarse en la información disponible en el momento de la publicación”.

Blancos selectivos del gobierno

ICIJ y los medios aliados hablaron con ocho objetivos de notificación roja de China y revisaron registros de extradición, decisiones confidenciales de la CCF y documentos relativos a un total de casi 50 sospechosos perseguidos a través de Interpol, después de las reformas de 2016.

La mayoría supo que era buscada luego de su detención en un control fronterizo. Entre los objetivos se encontraban empresarios que afirmaban ser buscados por criticar las políticas gubernamentales; defensores de los derechos de los uigures que afirmaron haber sido falsamente acusados ​​de terrorismo; un político de un pequeño pueblo que afirmó haber sido incluido en la lista negra tras exponer la corrupción del Partido Comunista; y tres empresarios que afirmaron que las autoridades los perseguían por ser seguidores del movimiento religioso Falun Gong, prohibido en China. El pretexto más común utilizado por China para obtener una notificación roja es un delito financiero, según los defensores.

“Si alguien acusa a alguien de asesinato, debe haber un cadáver”, dijo Ted Bromund, crítico de Interpol y director de políticas de Pursuit, organización no gubernamental que se opone a la represión transnacional. 

En los días posteriores a su arresto en Burdeos, H. recibió un bombardeo de llamadas desde China. Además de Ma, otros dos amigos y tres altos funcionarios de seguridad llamaron con el mismo mensaje: el gobierno chino estaba dispuesto a retirar la notificación roja, desistir de la solicitud de extradición y etirar los cargos de lavado de dinero si aceptaba regresar a China y cooperar en el sonado caso contra el político, según los registros judiciales.

Mientras todavía estaba en la cárcel de Burdeos, H. se enteró de que su familia estaba bajo presión.

«Hablé con su esposa», dijo Wei Fujie, entonces subdirector de la unidad asignada al caso Sun Lijun dirigida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, en una de las llamadas.

En otra llamada, Erick Tsang, un alto funcionario de Hong Kong y amigo, le dijo a H.: «Siempre usan los mismos dos trucos… El primero es congelar todo tu dinero… el segundo es amenazar a tu familia».

En otra llamada grabada, H. le rogó a Li Jiangzhou, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en “destripar las libertades” del pueblo de Hong Kong, que liberara a su hermana.

“No, no es una condición”, respondió Li, subdirector de la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong. “Si regresa a Hong Kong, su notificación roja será cancelada. Después de reunirse con los investigadores, puedo pedirles que tramiten cualquier asunto pendiente”.

Al final, H. decidió no regresar.

Un mes después de la llamada con Ma, en mayo de 2021, las autoridades chinas solicitaron al gobierno francés la extradición de H. 

Las autoridades francesas comenzaron a investigar los méritos de la solicitud de extradición y pronto encontraron problemas.

En su declaración, los abogados explicaron que el único vínculo de H. con Sun, el acusado en el caso de corrupción, databa de un acuerdo comercial no relacionado en 2018. En ese momento, Sun le pidió a H. que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en una empresa de seguridad que contrató a agentes de policía de Hong Kong, acusados ​​de abusar de los manifestantes durante el movimiento prodemocracia en la ciudad, según el comunicado.

En otra llamada, H. le dijo a Tsang, el funcionario de Hong Kong y amigo, que había hecho la inversión porque sentía que no tenía otra opción.

Li y Tsang no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.

En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Burdeos rechazó la solicitud de China de extraditar a H. Unos meses más tarde, CCF aprobó su solicitud de que su nombre —y la notificación roja— se eliminaran de la base de datos de Interpol.

El de H. fue uno de los casi 300 casos en los que la CCF decidió eliminar una notificación roja de sus sistemas ese año, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF. El número de notificaciones rojas publicadas anualmente se ha mantenido igual, pasando de 10.718 en 2014 a 12.260 en 2023. Mientras tanto, las quejas por corrección o eliminación han aumentado al 350 % en la última década, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF.

“La diferencia entre Interpol y otras organizaciones internacionales radica en que sus acciones tienen un impacto inmediato en la vida de las personas”, dijo Keith, el abogado londinense. “Arrestan a alguien, lo meten en la cárcel y punto”.

En 2017, la CCF dejó de publicar información que identificaba a los países responsables del mayor número de quejas sobre notificaciones rojas y otros datos incluidos en las bases de datos de Interpol, argumentando que la información carecía de contexto y era “potencialmente ambigua y podría dar lugar a malas interpretaciones”, dijo la comisión a ICIJ.

“La ausencia de un desglose por país impide identificar patrones de uso indebido por parte de cada país miembro, un paso esencial para abordar los abusos con motivos políticos”, afirmó Charlie Magri, quien revisó las solicitudes de cancelación de notificaciones rojas como asesor jurídico de la secretaría del CCF de 2017 a 2023. 

Interpol puede imponer medidas correctivas a los países miembros responsables de abusar de su sistema, incluido un examen riguroso de las solicitudes de notificaciones rojas, así como una suspensión temporal o una exclusión a largo plazo de la red.

Interpol ha declarado haber impuesto medidas correctivas a varios países desde 2012, pero hasta el momento solo ha mencionado a dos: Rusia y Siria.

Después de que el tribunal de Burdeos rechazara la extradición de H., el empresario se vio envuelto en deudas por unos 135 millones de dólares, según los medios chinos.

El gobierno chino ordenó la retirada de todas las películas y series de televisión protagonizadas por su esposa, Zhao. La pareja solicitó el divorcio discretamente. Los intentos de ICIJ por contactar con Zhao fueron infructuosos.

Durante tres años Zhao apenas fue vista en público.

Tras reaparecer en diciembre pasado, Zhao publicó un mensaje en Weibo, la popular red social donde tiene 83 millones de seguidores. Dijo que ya no quería que la relacionaran con su exmarido, H.

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China Targets es una colaboración global entre Código Vidrio, Revista Vistazo y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización periodística sin fines de lucro. Si le sirvió este contenido le periodístico, por favor, apoye al ICIJ con una donación.
Reporteros colaboradores: Jelena Cosic, Sam Ellefson, Jesús Escudero, Agustin Armendariz (ICIJ), Echo Hui (ABC Australia), Géraldine Hallot y Maxime Tellier (Radio France), Simon Leplâtre (Le Monde), Sophia Stahl (Der Spiegel/ZDF/Paper Trail Media), Pelin Unker (Deutsche Welle Turquía), Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten), Mašenjka Bačić, Uroš Škerl Kramberger (Oštro), Justin Wong (The Post/Stuff).

 

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Decenas de organizaciones sociales (GONGOs), respaldadas por Pekín, han transformado el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, en un entorno hostil para los críticos del presidente Xi Jinping. Los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió esa organización. 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino. 46 están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido. Y diez reciben más del 50 por ciento de su financiación del estado chino. 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China denuncian haber sido vigilados ​​por probables agentes oficiales. 

Por Tamsin Lee-Smith y Jelena Cosic

En la «capital de la paz», la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra acoge a defensores de derechos humanos. Sin embargo, para 15 activistas, en marzo de 2024, el complejo de la ONU entrañaba riesgos.

Por temor a represalias del gobierno contra sus familias en China continental y Hong Kong, varios se negaron a entrar en el recinto diplomático. Prefirieron reunirse en la última planta de un discreto edificio cercano, para hablar sobre las violaciones de DD.HH. en China y Hong Kong con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Volker Türk.

“Tomamos las precauciones necesarias”, dijo Zumretay Arkin, vicepresidente del Congreso Mundial Uigur, que aboga por los derechos del grupo étnico de Xinjiang, en el noroeste de China, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés.

Arkin y sus colegas se reunían en las oficinas del Servicio Internacional para los DD.HH. (ISHR), organización independiente de capacitación. Antes de la llegada de Türk y sus colegas, dos mujeres y dos hombres aparecieron fuera de la oficina. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó un miembro de ISHR al abrir la puerta, según su relato a ICIJ.

Una de las mujeres dijo que ella y el grupo, que afirmaba pertenecer a la «Asociación de Derechos Humanos de Guangdong», participarían en una reunión. No estaban invitados y no les permitieron entrar. 

Cuando dos activistas uigures salieron de la oficina vieron a personas que los fotografiaban; sus descripciones coincidían con las personas que quisieron entrar sin invitación.

“Fue un acto intimidatorio”, declaró Raphaël Viana David, director de programas del ISHR. Arkin declaró a ICIJ que cree que el grupo estaba enviando una señal del gobierno: “Los estamos vigilando. No pueden escapar de nosotros”.

El incidente es uno de los ejemplos que el ICIJ y sus medios de comunicación asociados recopilaron de representantes de la diáspora china —activistas prodemocracia, miembros de minorías étnicas y religiosas, entre otros—, a quienes el gobierno chino ha intentado silenciar en el mundo. 

Los hallazgos forman parte de China Targets (Objetivos de China), una investigación del ICIJ y 41 medios de comunicación asociados. Este proyecto explora cómo el Estado chino, con su amplio brazo, ataca a los críticos más allá de sus fronteras, incluso en el Palacio de las Naciones en Ginebra, el corazón del sistema de derechos humanos de la ONU.

El ICIJ y sus socios entrevistaron a 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China, quienes relataron haber sido vigilados ​​por sospechosos de ser agentes del gobierno, incluyendo a miembros de organizaciones no gubernamentales chinas. Los incidentes ocurrieron dentro del Palacio de las Naciones y en Ginebra. Algunos activistas afirman que sus familiares, bajo la posible presión de las autoridades chinas, les pidieron silenciarse. 

El Palacio de las Naciones, cerca de la orilla del lago Lemán, es la sede del Consejo de DD.HH. de la ONU, un órgano de 47 Estados miembros que se reúne al menos tres veces al año. Ginebra también alberga la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., que investiga y monitorea las atrocidades cometidas en todo el mundo.

Los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG, NGO por sus siglas en inglés) pueden hablar ante el Consejo de DD.HH. 

Sin embargo, en los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió el Palacio de las Naciones. Sus delegados buscan acallar las críticas a China.

“Es corrosivo. Es deshonesto. Es subversivo”, afirmó Michèle Taylor, ex embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de DD.HH. desde 2022 hasta inicios de este año. Taylor afirmó que los grupos respaldados por China “se hacen pasar por ONG” como parte de un esfuerzo más amplio de Pekín “para ocultar sus propias violaciones de derechos humanos y redefinir la narrativa en torno a las culpabilidades de China”.

Y su presencia se siente.

“El impacto de nuestro trabajo no sería el mismo si pudiéramos hacerlo abiertamente”, dijo Renee Xia, quien dirige Defensores de DD.HH. de China, coalición con sede en Estados Unidos. “No sabemos quién está grabando, filmando o anotando”.

Miles de ONG en la ONU tienen estatus consultivo: esto les otorga privilegios para que actúen sin interferencias gubernamentales. 

Sin embargo, un análisis del ICIJ sobre 106 de estas ONG de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán revela que 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino (PCCh). Cuarenta y seis están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido.

El actual secretario general de una ONG omnipresente es también el director de DD.HH. del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, también conocido como Departamento de Propaganda. (Un exsecretario general también ocupó ambos cargos).

Y diez aceptan más del 50 por ciento de su financiación del Estado chino.

En Ginebra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) organizadas por el gobierno, como las docenas identificadas por el ICIJ, se denominan » ‘GONGOs’ (por sus siglas en inglés). «Es paradójico», dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán. «Una ONG no debe ser organizada por el gobierno».

Hoy China es uno de los estados miembros más poderosos de la ONU. Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con Estados Unidos y Rusia. Se espera que financie una quinta parte del presupuesto regular de la ONU este año, más que cualquier otro país excepto EE. UU. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la retirada de EE. UU. del Consejo de DD.HH., se ha abierto un vacío que China está a punto de llenar.

Según Kenneth Roth, quien dirigió Human Rights Watch durante casi 30 años, «Para disuadir la condena de su severa represión, en particular la detención masiva de uigures, Pekín ha propuesto reescribir el derecho internacional de los derechos humanos», declaró a ICIJ.

“La ONU es uno de los pocos foros donde podemos defender nuestra causa”, dijo Arkin, quien a los 10 años se mudó con su familia a Montreal desde Urumqi, la capital de la región china de Xinjiang, para escapar de la discriminación contra los uigur. Sin embargo, añadió, “se ha convertido en uno de los lugares donde estos gobiernos ejercen su represión”.

Una «represalia mortal»

Diez años atrás, Cao Shunli, una activista china, fue secuestrada mientras viajaba a esas oficinas.

Cao había presionado al gobierno para que permitiera a los ciudadanos contribuir a un informe que Pekín presentaba al Consejo de DD.HH.  antes de su revisión de 2013. Cao ya había sido detenida varias veces por su activismo.

En septiembre, Cao, de 52 años, intentó abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Pekín a Ginebra, donde planeaba asistir a un programa de capacitación sobre defensa de los DD.HH. de la ONU. Y desapareció. (Activistas de otras ciudades chinas fueron interrogados y se les advirtió que no asistieran al mismo programa de capacitación, informó la ONU).

Pasarían semanas antes de que las autoridades confirmaran a su familia que estaba recluida en el Centro de Detención del Distrito de Chaoyang en Pekín, acusada de «provocar peleas y causar problemas». Su salud se deterioró, según informes. Se le negó la atención médica adecuada y falleció por insuficiencia orgánica múltiple en marzo de 2014, en un hospital militar.

Durante una sesión del Consejo de DD.HH: en 2015, China negó que Cao fuera defensora o activista. También afirmó que nadie sufre represalias.

Sin embargo, un documento interno del gobierno, filtrado del archivo digital de un policía de Tekes, Xinjiang, emitido ocho meses antes de que Cao no pudiera salir de China, revela tácticas para controlar amenazas. La presentación de PowerPoint da instrucciones sobre el control fronterizo, incluyendo la prohibición de que ciudadanos participen en eventos, como invitaciones a capacitaciones por parte de organizaciones de DD.HH. en el exterior. El documento fue compartido con el ICIJ por Adrian Zenz, director de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo.

La muerte de Cao fue una advertencia. La «mortal represalia» —como la denunciaron grupos— ha disuadido a otros activistas. Una década después, la participación de defensores chinos en las actividades de la ONU ha caído a un mínimo histórico, según la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.

El ICIJ descubrió que el número de ONG chinas con estatus consultivo de la ONU casi se ha duplicado desde 2018. Ese año, la creciente evidencia de campos de detención en Xinjiang atrajo la atención internacional, seguida por la brutal represión de las fuerzas de seguridad de Hong Kong contra manifestantes pro democracia en 2019. 

Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, D.C., no respondió directamente a preguntas sobre el despliegue de ONG por parte de Pekín en Ginebra. Escribió en un correo electrónico a ICIJ que China había contribuido «de forma constructiva a la gobernanza global de los DD.HH.».

“A nivel internacional, China ha presentado propuestas en el Consejo de DD.HH. de la ONU sobre la promoción de los derechos humanos a través de la cooperación y el desarrollo, y sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los de grupos específicos”, dijo.

La Oficina de DD.HH. de la ONU dijo al ICIJ en una declaración que trabaja para asegurar espacio para organizaciones independientes, pero que no puede empezar a diferenciar entre ONG “auténticas” y “no auténticas”. 

La aprobación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong en 2020, que penalizó la «colusión con fuerzas extranjeras», y otras leyes en marzo de 2024, aumentaron riesgos. Un hongkonés que reside en el extranjero declaró a ICIJ que «Muchos no queremos entrar al Palacio, pero todavía hay algunos que sí lo harán… Tenemos que ser cautelosos».

La cortina de humo del PCCh

El Servicio Internacional para los DD.HH. dijo a ICIJ que identificó a las dos mujeres del grupo que intentó asistir a la reunión de 2024 en sus oficinas. Según ISHR, las reconoció por los detalles que vio en línea sobre sus actividades en Ginebra. Quien habló con el miembro de ISHR es Zhou Lulu, secretaria de una rama del Partido Comunista Chino y vicedecana del Instituto de DD.HH. de la U. de Guangzhou. Guangzhou es la capital de Guangdong, la provincia china de la que el grupo afirmó ser. ISHR dijo que estaba acompañada por Wang Shuqi, quien, según el Global Times de China, es investigadora adjunta en el Centro de Investigación de DD.HH. de la Universidad del Noroeste de Ciencias Políticas y Derecho en la provincia de Shaanxi.

Al preguntársele por teléfono si intentó acudir a las oficinas del ISHR como representante de la Asociación de Derechos Humanos de Guangdong, dijo que no lo recordaba: «He hecho tantas cosas desde ese viaje», dijo. «Así que no recuerdo cuál «.

Zhou estaba en Ginebra con una delegación de expertos en «libertad religiosa, historia, derechos humanos y antiterrorismo», según una emisora ​​estatal china. Su objetivo era «mostrar los logros y las mejores prácticas de China».

Raphaël Viana David, director de ISHR, comentó que se encontró con Zhou en el Palacio de las Naciones un día después de la reunión, tomando fotos de los panelistas, en un evento donde estaba un exiliado tibetano. Viana David explicó que le pidió a Zhou que las borrara. Tras cierta resistencia, accedió. Está prohibido tomar fotos en las reuniones, sin autorización previa.

Zhou dio un discurso como representante de la Sociedad China de Estudios de DD.HH. (CSHRS). Con sede en Pekín, se describe como «la mayor organización no gubernamental de China dedicada a la promoción de los DD.HH.». Según el análisis del ICIJ, se considera una GONGO porque tres de sus principales líderes ocupan cargos en el PCCh y realizó declaraciones a favor de China en el Consejo de DD.HH.

Wang, quien no respondió a las preguntas del ICIJ, también estuvo en Ginebra en marzo de 2024, en un evento paralelo. Según ISHR, intervino como delegada del CSHRS. La organización fue elogiada en 2022 por el presidente chino, Xi Jinping. 

Titus Chen, quien en 2019 publicó un análisis exhaustivo de discursos, declaraciones y anuncios del sitio web del CSHRS, califica al grupo de portavoz de propaganda del Partido Comunista. «Son dos caras de la misma moneda», afirmó Chen.

CSHRS no respondió a preguntas detalladas de ICIJ, sin embargo, un representante de la organización dijo por teléfono: “Somos simplemente una institución académica”.

Todas las ONG chinas deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Civiles y ser supervisadas por un departamento gubernamental o por el PCCh; esto por sí solo no las califica como GONGOs. 

Sin embargo, el análisis del ICIJ muestra hasta qué punto el gobierno o el partido interfieren con la independencia de algunas ONG con estatus consultivo ante la ONU.  53 organizaciones declaran su lealtad al Partido Comunista en sus sitios web o documentos oficiales. Y 12 permiten que el partido intervenga en su toma de decisiones, lo que puede incluir la aprobación de donaciones o nombramientos de líderes.

El Consejo Económico y Social de la ONU otorgó al CSHRS estatus consultivo en 1998. Esto le faculta a presentar declaraciones ante el Consejo de DD.HH., ejercer presión en los círculos de poder y organizar eventos paralelos en el Palacio de las Naciones. 

De las ONG chinas que intervinieron en las sesiones del Consejo de DD.HH. entre 2018 y 2024, el ICIJ determinó que el CSHRS fue la más activa, apareciendo más de 300 veces en las listas de oradores (tanto presenciales como en línea). La mayoría de sus declaraciones pueden clasificarse como pro-China, según un análisis del ICIJ de los datos recopilados por el ISHR. 

Tras el incidente de marzo en Ginebra, el ISHR presentó a la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.pruebas fotográficas que respaldan su versión de lo sucedido, incluyendo la identidad de los asociados del CSHRS. El episodio del grupo de Guangdong no se mencionó en el informe del secretario general de 2024. 

Creación de un ejército de GONGOs

Cartas proporcionadas al ICIJ por Emma Reilly, ex funcionaria de DD,HH. de la ONU, muestran la presión ejercida por China sobre la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. para que deniegue la acreditación de tibetanos y uigures ante el Consejo , calificándolos de «secesionistas». Las presiones datan desde 2001.

Desde la reelección de Xi como secretario general del Partido Comunista en 2017 y presidente al año siguiente, China busca una mayor influencia en el sistema.

En 2017, el gobierno chino donó por primera vez a la Oficina del Alto Comisionado la cifra de 100.000 dólares; aumentó a 4 millones en 2023. (Estados Unidos donó más de 36 millones de dólares en 2024). Sin embargo, el gobierno chino destina cuidadosamente todo el dinero a causas específicas. Por ejemplo, a financiar relatores especiales para el derecho al desarrollo, los derechos de los migrantes y las medidas coercitivas unilaterales, a menudo denominadas sanciones (1,2 millones entre 2019 y 2023). El relator especial sobre estas medidas visitó China en mayo de 2024 y luego instó a los estados a levantar las sanciones impuestas al país, citando su impacto desproporcionado en la economía de Xinjiang.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial alertó sobre la detención de personas de etnia uigur y otras minorías musulmanas en agosto de 2018. Sin cifras oficiales, el comité advirtió que el número de detenidos podría superar el millón. Al mes siguiente, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en un discurso como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., calificó las acusaciones de «profundamente inquietantes» y solicitó a Pekín que permitiera la visita de su oficina.

Pero para entonces, una campaña liderada por el gobierno chino ya impulsaba la creciente presencia de ONG chinas en Ginebra. 

“El gobierno chino claramente usa a las ONG como herramienta”, afirmó Rana Siu Inboden, investigadora principal del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacional de la Universidad de Texas en Austin. “Las asesoran para obtener este estatus consultivo… Y una vez en la ONU, sus declaraciones, benefician al gobierno”.

En 2024, 33 ONG chinas aparecieron unas 300 veces en las listas de oradores de las sesiones del Consejo de DD.HH. En 2018, solo hubo tres. Ninguna criticó a China, según el análisis de sus declaraciones realizado por el ICIJ. 

Cuando Bachelet visitó China durante seis días en mayo de 2022, desató una polémica. Organizaciones internacionales la criticaron por no estar a la altura de las circunstancias. A las pocas semanas anunció que no se presentaría a un nuevo mandato por «motivos personales».

Pekín intensificaba su campaña para ocultar sus hallazgos. Un grupo de casi 1.000 organizaciones, incluidas 20 ONG chinas con estatus consultivo ante la ONU, escribió una carta abierta en el periódico estatal China Daily implorando a Bachelet que «no publique una evaluación llena de mentiras».

A las 12 menos 12 del último día del mandato de Bachelet, su oficina publicó el informe. Éste documentó violaciones y torturas en centros de detención, así como anticonceptivos forzados y una vigilancia exhaustiva en Xinjiang. Bachelet concluyó que las acciones de China podrían constituir «crímenes de lesa humanidad».

“Fue un momento extraordinario ver al principal organismo de investigación de DD.HH. de la ONU formular esa acusación contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo”, declaró Sophie Richardson, para entonces directora para China de Human Rights Watch. Sin embargo, cuando los estados miembros del Consejo de DD.HH. votaron sobre una propuesta para debatir la situación en Xinjiang, el presidente Xi llamó a varios jefes de estado para solicitar su apoyo. La medida fue rechazada por dos votos, y los aliados de China prorrumpieron en aplausos.

Tras la salida de Bachelet, la responsabilidad recaía sobre su sucesor: Volker Türk. Un portavoz de Türk declaró a ICIJ en un comunicado que se comprometía a mantener conversaciones francas con el gobierno chino y a defender públicamente a las víctimas. 

Para que una ONG tenga estatus consultivo de la ONU se realiza un proceso de verificación a cargo del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la ONU en Nueva York. Este comité en los últimos 10 años, ha tenido entre sus miembros a países que tienen «regímenes autoritarios», según un análisis del ICIJ basado en los criterios del Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU). Cuba, Nicaragua y Pakistán han formado parte del comité junto con China desde al menos 2015; todos ellos son regímenes autoritarios según el índice de la EIU.

‘El patio de recreo de China’

Antes de que el sol saliera en Ginebra, una mañana de enero de 2024, una fila de delegados de ONG chinas se había formado en la oficina de seguridad junto a la entrada del Palacio de las Naciones. Buscaban un lugar para escuchar la primera revisión del Consejo de DD.HH. sobre China en unos cinco años.

En la sesión, el embajador chino, Chen Xu, se jactó de que su gobierno había sacado a casi 100 millones de personas de la pobreza y había erradicado la pobreza absoluta. Otros 161 países intervinieron, con 45 segundos cada uno. La división de lealtades fue previsible. Estados Unidos condenó a China por el genocidio en Xinjiang. Rusia, Irán y Venezuela elogiaron los logros del gobierno chino.

Rushan Abbas es cofundador de la Campaña por los Uigures, con sede en Estados Unidos. Su hermana fue arrestada en Xinjiang hace casi siete años. Nueve días después de la revisión en Ginebra, presentó su testimonio ante la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE.UU sobre China. Detalló que fueron fotografiados por activistas pro China.

Abbas dijo a ICIJ: “No informé [de esto] a las autoridades de la ONU porque perdí la fe en ellas, ya que China estaba actuando… como si la ONU fuera su patio de recreo”.

En una sesión celebrada meses después, se permitió la intervención de las ONG. Solo se asignaron diez espacios para la intervención de entidades no gubernamentales (ONG). La mitad de estos espacios estaban ocupados por ONG chinas, identificadas por el ICIJ como GONGOs.

“Desempeñaron un papel de apoyo”, dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales en Taiwán. “Creo que a cada uno se le asignó un rol diferente para la misma agenda: decirles a los asistentes al Examen Periódico Universal del Consejo de DD.HH. que China está haciendo un buen trabajo en todos los sentidos”.

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OBJETIVOS-DE-CHINA ⊗ Entrevistas con más de 100 víctimas en 23 países, junto con documentos gubernamentales internos, revelan las tácticas que utiliza sistemáticamente China para silenciar y perseguir a sus críticos, más allá de sus fronteras. Para el hostigamiento aplican directamente piratería informática y vigilancia, así como interrogatorios de familiares, amigos e incluso antiguos profesores. La presión y el control aplicados son parte de una campaña global diseñada por ese gobierno para coaccionar e intimidar a los miembros de su diáspora a lo que los analistas llaman “represión transnacional”.

*Esta es la primera entrega de la serie de investigación CHINA TARGETS, en la que participan Código Vidrio y Revista Vistazo (por Ecuador), junto a 102 periodistas de 41 medios de 30 países, liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro. 

Por Scilla Alecci y el equipo de reporteros del ICIJ

Entre ondeantes banderas chinas y francesas, el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, descendieron de su avión oficial bajo un cielo lluvioso en París el pasado mayo. Al llegar para la primera etapa de una gira de cinco días para fortalecer los lazos europeos, la primera pareja de China fue recibida por simpatizantes que izaban la bandera roja de su país y grupos que realizaban danzas tradicionales del dragón y el león, al son de tambores y gongs.

Al otro lado de la ciudad, sonó el teléfono de Jiang Shengda. Jiang, de 31 años y líder del Frente de la Libertad en China, un grupo de activistas y artistas chinos, se disponía dirigirse a manifestantes en la Plaza de la República, un lugar célebre por acoger la libertad de expresión, la protesta y la disidencia.

El artista y activista nacido en Pekín solía hablar ante multitudes, uniéndose a menudo a uigures, tibetanos y hongkoneses en el extranjero para denunciar la opresión de los derechos humanos y las libertades civiles por parte de Xi, dentro y fuera de China. Pero ese día, se enfrentaba a un dilema angustioso.

La madre de Jiang le estaba llamando desde 5.100 millas de distancia, en Pekín, China.

Jiang intuía por qué: la policía china la estaba obligando a realizar las llamadas, dijo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en una entrevista reciente.

Él no contestó.

«Definitivamente iba a transmitir el mensaje [de las autoridades] de que no debía participar en ninguna actividad pública durante la visita de Xi Jinping«, declaró Jiang a ICIJ, con el rostro oculto tras unas gafas de sol oscuras y enmarcado por su pelo largo y una barba desaliñada. «Y entonces pensé: ‘Creo que es algo que tengo que hacer'».

Jiang es uno de los cientos de chinos que viven en el extranjero y que las autoridades de su país han perseguido directamente, mediante piratería informática y vigilancia; e indirectamente, mediante interrogatorios de familiares, amigos e incluso antiguos profesores.

La presión y el control aplicados al activista son parte de una campaña global diseñada por ese gobierno para coaccionar e intimidar a los miembros de su diáspora a lo que los analistas llaman “represión transnacional”.

ICIJ y sus periodistas asociados de 43 medios entrevistaron a 105 personas en 23 países que, como Jiang, han sido blanco de las autoridades en los últimos años por criticar las políticas del gobierno en público y en privado.

Entre ellas, se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigures y tibetanas oprimidas. Ellos han sido señalados por defender los derechos de las minorías étnicas de China y abordar otros temas considerados tabú por el Partido Comunista Chino (PCCh), como la independencia de Taiwán y Hong Kong y el movimiento espiritual Falun Gong también llamado Falun Data en otros países como Ecuador donde residen algunos de sus integrantes.

Las entrevistas fueron parte de China Targets (Objetivos de China), una investigación transfronteriza liderada por ICIJ, que arroja nuevas luces sobre la escala de la campaña de represión global, y la respuesta ineficaz de las autoridades en naciones democráticas, donde aquellos que han sido atacados buscan refugio.

La investigación muestra cómo el fracaso a la hora de contener el autoritarismo le ha permitido llegar a instituciones intergubernamentales como las Naciones Unidas e Interpol, la organización policial internacional.

“La esencia del Partido Comunista no ha cambiado”, afirmó Michael Kovrig, exdiplomático canadiense y experto en política exterior china. “Lo que ha cambiado son sus capacidades. Pueden hacer más, así que hacen más”.

Kovrig afirmó que las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden de varios países democráticos carecen de la experiencia para abordar casos relacionados con las tácticas de represión y presión del PCCh dentro de sus fronteras. «Es un monstruo relativamente nuevo, y no saben cómo combatirlo», declaró Kovrig, quien estuvo detenido en China entre 2018 y 2021 en aparente represalia por el arresto por parte de las autoridades canadienses de un alto ejecutivo de Huawei, el gigante tecnológico chino.

China rechaza las acusaciones de represión transnacional como «infundadas» e «inventadas por un puñado de países y organizaciones para difamar a China«, según Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, DC. Liu dijo a ICIJ en una declaración que «no existe tal cosa como ‘llegar más allá de las fronteras’ para atacar a los llamados disidentes y chinos de ultramar».

Como parte de la investigación, el ICIJ coordinó a periodistas de los cinco continentes para entrevistar a las personas objetivo y analizar sus casos. El ICIJ también revisó un manual policial chino de 2004 y directrices confidenciales para agentes de seguridad que datan de 2013. Los periodistas compararon las tácticas descritas en los documentos con las experiencias de las 105 personas objetivo, así como con interrogatorios policiales grabados en secreto, llamadas telefónicas y mensajes de texto entre 11 agentes de seguridad en China y nueve personas objetivo en el extranjero. Las tácticas empleadas reflejan las directrices sobre cómo controlar a las personas etiquetadas como amenazas a la seguridad nacional.

La mitad de las víctimas entrevistadas afirmó que el acoso se extendió a sus familiares en China. Varias declararon que sus familiares en China o Hong Kong fueron acosados ​​por la policía después de participar en protestas o actos públicos en el extranjero. Sesenta dijeron creer que habían sido seguidos o habían sido objeto de vigilancia. 27 aseguraron haber sido víctimas de una campaña de desprestigio en línea. 19 informaron haber recibido mensajes sospechosos o sufrido intentos de piratería informática. Algunos afirmaron que sus cuentas bancarias en China y Hong Kong habían sido congeladas. Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Seguridad del Estado —dos de las agencias chinas con capacidad de inteligencia— fueron responsables de intimidar a algunas de las víctimas y a sus familias, según los testimonios. Veintidós personas afirmaron haber recibido amenazas físicas o haber sido agredidas por simpatizantes civiles del PCCh.

La mayoría de entrevistados afirmó no haber denunciado las amenazas a las autoridades de sus países de acogida, por temor a represalias de China o desconfianza de la capacidad de respuesta local. De los pocos que denunciaron, varios dijeron que la policía no dio seguimiento a su caso o les dijo que no podían hacer nada por falta de pruebas de un delito.

“Solo cuando vean mi cadáver actuarán”, dijo Nuria Zyden, una uigur residente en Dublín, sobre la respuesta de la policía tras denunciar que tres hombres chinos la seguían.

La investigación de China Targets (Objetivos de China) también se basa en registros de extradición; archivos confidenciales de Interpol; comunicaciones privadas entre funcionarios del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la delegación china; y documentos judiciales, informes de inteligencia y registros gubernamentales de 34 países.

La investigación concluyó que, bajo el régimen de Xi, el complejo de la ONU en Ginebra se ha convertido en un entorno hostil donde disidentes y minorías que buscan protestar contra las políticas de Pekín se enfrentan al acoso y la intimidación de organizaciones no gubernamentales afines al gobierno chino. Los periodistas descubrieron que las autoridades de ese país también utilizaron la Interpol para perseguir no solo a delincuentes, sino también a disidentes, empresarios y defensores de los derechos de los uigures, en aparente violación de las normas de la organización.

En conjunto, la evidencia revela un esfuerzo coordinado y sistemático por parte del gobierno chino, para neutralizar la disidencia por parte de individuos en todo el mundo.

Manual de represión

Después de la masacre de la Plaza de Tiananmen en 1989, cuando el ejército chino mató al menos a 10.000 manifestantes pacíficos, activistas huyeron al extranjero y crearon organizaciones de derechos humanos.

“Una vez que los disidentes salieron de China, quedaron fuera de su alcance; pudieron continuar con sus actividades”, afirmó Katja Drinhausen, directora del programa de investigación de Política y Sociedad Chinas en el Instituto Mercator de Estudios sobre China en Berlín. 

En respuesta, las autoridades chinas construyeron una red global de represión transfronteriza, codificando métodos para controlar y reprimir a los miembros de la diáspora en directrices de seguridad nacional, manuales policiales, directivas del PCCh y otros documentos internos dirigidos a los agentes de seguridad en China y en el extranjero. Algunos fueron revisados ​​por el ICIJ.

Entre los documentos internos hay un libro de texto impreso de la academia de policía que incluye consejos sobre “investigación en el extranjero”.

El manual sobre “Seguridad Nacional”, editado en 2004 por la unidad política de la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Guangdong, describía la investigación en el extranjero como algo distinto del “trabajo de inteligencia extranjera” y como algo que debe ser “a largo plazo”, “cuidadosamente implementado” y “específico”. 

Desde que Xi asumió el poder en 2012, la represión contra los supuestos enemigos del partido-estado, incluidos aquellos en el extranjero, se ha intensificado, según los expertos. 

“Xi se compromete a profundizar el control del Partido Comunista sobre China y la diáspora”, afirmó Emile Dirks, investigador sobre autoritarismo en el Citizen Lab de la Universidad de Toronto. “No se tolera ninguna oposición, por pequeña o débil que sea”.

Una presentación de 84 diapositivas filtrada del archivo digital de un agente de la ley en el condado de Tekes, Xinjiang, y fechada en 2013, instruye a los agentes de seguridad nacional a utilizar métodos encubiertos.

La presentación, compartida con el ICIJ por Adrian Zenz, director de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo, comparó la seguridad nacional con «un arma afilada en la lucha contra fuerzas y elementos hostiles, tanto dentro como fuera del país». 

Un gráfico muestra cómo la policía secreta y los investigadores de la unidad de protección de la seguridad nacional del Ministerio de Seguridad Pública supervisaron las operaciones encubiertas. Las comisarías de policía de base, donde los ciudadanos pueden denunciar fraudes y otros delitos comunes, así como las «fuerzas sociales» (vecinos, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales y otras entidades civiles) ayudaron a «reprimir y frenar» actividades políticamente sensibles.

Varias páginas describen 18 “estrategias y métodos para la educación, rehabilitación y control” de “individuos clave” que se consideran una amenaza.

El ICIJ comparó las directrices de 2013 con el testimonio de las 105 víctimas y descubrió que las autoridades chinas usaron métodos similares para reprimir el disenso en el extranjero.

Un método se denominaba «influencia emocional del parentesco»: presionar a los familiares de los sospechosos para que cesen su activismo. «El trabajo afectuoso bien hecho, por un lado, puede conmover a la persona clave«. Por otro lado, «también puede evitar que los seres queridos de esa persona clave sean detenidos», afirmaba el documento. «Mata dos pájaros de un tiro».

Otro método fue llamado “sacar la escalera de la casa”: prohibir a los activistas regresar del extranjero.

Durante un interrogatorio grabado en secreto y obtenido por el ICIJ, un oficial le dijo al padre de una persona residente en EE. UU. que si su hijo continuaba escribiendo sobre temas sensibles, se le prohibiría volver a entrar en China o, si decidía regresar, no se le permitiría salir. (El ICIJ no revela detalles para evitar poner en peligro a la víctima y a su familiar).

Otras tácticas incluían «cortar el oxígeno» (intentar reducir los ingresos de las víctimas y controlar sus cuentas bancarias); «crear sospechas y desconfianza mutua entre cómplices»; monitorear internet e «impedirles comunicarse con el exterior»; y descubrir el «comportamiento inmoral» de las víctimas. «Nadie es un santo ni es inmune a los errores», reza una directriz.

Un dossier y visitas no deseadas

Hijo de un oficial de seguridad del Estado y nieto de un alto funcionario gubernamental enviado a Mongolia Interior, Jiang asistió a escuelas de élite de Pekín, junto con otros hijos de personas adineradas. Recuerda a gente que buscaba favores de su poderoso padre, enviándole alimentos caros a la casa familiar.

A los 18 años, Jiang se unió brevemente al Partido de la Democracia de China, grupo político con sede en Estados Unidos que abogaba por la democracia constitucional. Esto le metió en problemas: fue arrestado, acusado de incitar a la subversión del poder estatal y detenido por la policía.

Se sorprendió al descubrir que la policía tenía un expediente sobre él, que incluía correos electrónicos privados y comentarios de un maestro de primaria. Estuvo detenido tres noches y le revocaron el pasaporte durante casi un año; su padre fue obligado a dejar su puesto en inteligencia extranjera y se fue a trabajar a una empresa estatal, afirmó Jiang.

En 2018, se mudó a Francia, país que admiraba por sus tradiciones democráticas.

Cuando llegó a París, miembros de la comunidad local de Hong Kong se manifestaban contra las nuevas leyes de seguridad en su país. Se convirtió en el líder del Frente de la Libertad en China y comenzó a criticar las políticas en su arte, bajo el nombre de Chiang Seeta.

Llamó la atención de las autoridades al construir un muro simbólico en la acera frente a la Embajada de China en París. Más tarde, como parte de una performance artística pública creada por Jiang, un actor vistió túnicas imperiales chinas y máscaras de Xi para burlarse de su «entronización» antes del XX Congreso Nacional del PCCh.

Los piratas informáticos atacaron su sitio web de arte docenas de veces mientras Google le advertía que “intrusos respaldados por el gobierno” estaban tratando de robar sus contraseñas.

Días antes del viaje de Xi a París en 2024, según Jiang, sus padres lo llamaron para contarle que policías secretos vestidos de civil los habían estado visitando durante meses. Dijeron que no querían preocuparlo, pero añadieron que su silencio continuo ya no era una opción.

Aquella tarde de mayo en la Plaza de la República, Jiang sabía que ignorar las advertencias a sus padres podía poner en riesgo su seguridad.
Y, sin embargo, con el teléfono encendido, Jiang tomó el micrófono para dirigirse a la multitud de manifestantes tibetanos y hongkoneses. «[La policía china] nos ha exigido que guardemos silencio durante la visita de Xi Jinping a Francia… Estas amenazas forman parte de la represión transnacional», dijo. 

Poco después de su discurso, Jiang llamó a sus padres. Justo antes de subir al escenario, agentes les habían llamado a casa exigiendo que el padre se reuniera con ellos en la noche. Le advirtieron: «Su hijo solía hacer ciertas cosas en el extranjero que contradecían las leyes chinas. Podríamos hacer la vista gorda. Pero esta vez, el gran líder viene [a Francia]. Si hace algo que lo avergüence» durante la visita de Xi, «nos resultará difícil de manejar».

Jiang declaró a ICIJ que las autoridades emplearon las mismas tácticas con las familias de otros miembros del grupo. Algunos abandonaron su activismo, afirmó.

Persona buscada

Desde el ascenso de Xi al poder en 2012, varios sectores han documentado miles de casos de represión transnacional, según muestra una revisión del ICIJ de informes de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación e investigaciones.

La tecnología para “gestionar la opinión pública” busca infiltrarse en las computadoras de los disidentes y robar información privada de la plataforma de redes sociales.

La campaña represiva del gobierno también se apoya en empresas de seguridad privada, hackers profesionales, personal de organizaciones no gubernamentales chinas con acceso a procedimientos de la ONU, agentes del orden retirados o corruptos en países extranjeros y miembros de la diáspora china vinculados al Departamento de Trabajo del Frente Unido, vinculado al PCCh. Las autoridades han convertido a las víctimas en perpetradores, obligando o incitando a disidentes y miembros de minorías étnicas a espiar a sus homólogos en el extranjero, eso consta en actas judiciales.

Con pocas excepciones, las víctimas de la represión informaron al ICIJ que las fuerzas del orden en sus lugares de residencia suelen desestimar sus denuncias. Las respuestas diplomáticas siguen siendo tímidas, lo que permite a China volverse más agresiva, según activistas. En Nepal, Tailandia y países que dependen del poder económico chino, las fuerzas del orden locales ayudan a las autoridades chinas a prevenir protestas y, en algunos casos, incluso a localizar y arrestar a disidentes, según el ICIJ.

El año pasado, Carmen Lau, una hongkonesa de 30 años en el exilio, escuchó cómo la policía de Hong Kong daba una conferencia de prensa en Nochebuena para anunciar restricciones a los activistas por la democracia en el exilio.

Oyó su nombre.

Un funcionario del gobierno anunció órdenes de arresto contra seis activistas prodemocracia; Lau, exmiembro del consejo de distrito de Hong Kong, era una de ellas. Las autoridades anunciaron que la habían acusado de «colusión con fuerzas extranjeras» y ofrecieron una recompensa de aproximadamente 130.000 dólares por su captura.

“Esto cambió mi vida”, dijo Lau. “Mentalmente, todavía lo estoy procesando”.

Lau es una de los cientos de hongkoneses que participaron en el movimiento prodemocracia, reprimido por las autoridades y que culminó en 2020 con una nueva ley de seguridad que restringe derechos y libertades civiles. En 2021, fue acusada de incitar a emitir un voto en blanco como forma de protestar contra unas elecciones que los activistas consideraron fraudulentas.

Lau estaba entre los miles de personas que huyeron al Reino Unido, los EE. UU. y otros países; es una de las 19 personas que están en la lista de recompensas de Hong Kong.

Las autoridades de Hong Kong congelaron su cuenta bancaria, junto con las de 126.000 residentes que abandonaron la ciudad. En febrero, dos días después de que Lau participara en una protesta contra la nueva embajada china en Londres, la policía de Hong Kong detuvo a su tía y a su tío. Los agentes se presentaron en su puerta a las 7 de la mañana y los mantuvieron en comisaría durante unas cinco horas, según medios locales. Nueve días después, la policía detuvo a otra tía «para colaborar en la investigación», informaron medios de Hong Kong.

Lau declaró a ICIJ que ya no tiene contacto con su familia en casa, pero que sigue preocupada por ellos y por su seguridad. «Fue una sensación compleja… porque sé que lo que hago es correcto», dijo. «Pero luego, debido a mi decisión puse en peligro a mis familiares y amigos».

Mientras Lau estaba de viaje en marzo, cinco de sus vecinos en un pueblo cercano a Londres recibieron una carta de un remitente anónimo desde Hong Kong, animándolos a entregarla a la Embajada de China y cobrar la recompensa. La carta incluía una foto reciente de Lau, etiquetándola como «persona buscada».

En una declaración al ICIJ, un portavoz de la Oficina de Seguridad de Hong Kong dijo que el gobierno “tomará todas las medidas” para perseguir a los sospechosos de haber violado las leyes de seguridad nacional de Hong Kong que han huido al extranjero, “incluido cortar sus fuentes de financiación, a fin de prevenir y reprimir que sigan participando en actos y actividades que pongan en peligro la seguridad nacional”.

El portavoz señaló, sin embargo, que el gobierno no envía cartas anónimas y advirtió que “se debe verificar la autenticidad de dichas cartas”.

Hoy, Lau usa mascarilla en público y minimiza su círculo social. Ha recibido amenazas de violación y muerte de cuentas anónimas en X y sospecha que dos hombres la siguieron y le tomaron fotos mientras asistía a un evento en Londres.

Dijo que las autoridades del Reino Unido han sido de poca ayuda, a pesar de la declaración del Secretario de Relaciones Exteriores, David Lammy, el año pasado de que el gobierno británico «no tolerará ningún intento por parte de gobiernos extranjeros de coaccionar, intimidar, acosar o dañar a sus críticos en el extranjero, especialmente en el Reino Unido».

Un agente de la unidad antiterrorista de la policía metropolitana de Londres le aconsejó que no participara en protestas y minimizara su actividad en línea, según declaró. La policía de su ciudad le sugirió instalar una cámara de vigilancia en el exterior de su apartamento y una alarma personal. Los agentes le indicaron que llamara al 999, el número de emergencias, si sospechaba que había algún problema, pero no le ofrecieron protección adicional, añadió. (La policía se negó a comentar sobre el caso de Lau). 

Por ahora, dijo, “no me siento segura en absoluto”.

‘Semi-dormido’

Los entrevistados dijeron que las naciones democráticas han tardado en reconocer la estrategia de represión transnacional del gobierno chino, lo que ha tenido consecuencias.

Jonas Parello-Plesner, ex asesor principal sobre China del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, a quien un agente chino contactó para convertirse en espía en 2011, dijo que el “despertar” del problema comenzó en los países con las comunidades chinas más grandes, incluidos Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

“Hay una creciente concienciación sobre este problema en algunos sectores”, afirmó Parello-Plesner. “Pero no creo que exista una acción completamente coordinada capaz de abordarlo”.

Un gran cambio en la comprensión pública se produjo en 2022, cuando Safeguard Defenders, un grupo de derechos humanos, publicó un informe ampliamente leído que revelaba que las asociaciones empresariales chinas y otros grupos de servicios comunitarios civiles en docenas de ciudades de todo el mundo estaban actuando como centros de vigilancia secretos.

Muchos países, así como la Unión Europea, mostraron una nueva conciencia de las implicaciones del control que China ejerce sobre su diáspora.

Desde entonces, el Parlamento Europeo ha pedido una respuesta armonizada de los Estados miembros de la UE a la represión transnacional ejercida por «regímenes iliberales», incluida China. Suiza investigó la opresión ejercida por China contra los tibetanos y uigures y concluyó que la represión transnacional constituye una amenaza para la democracia, al igual que el terrorismo, porque erosiona la libertad de acción y expresión.

Pero según Parello-Plesner, las naciones democráticas aún no comprenden la magnitud.

“Creo que todavía estamos semi dormidos”, dijo.

‘No pienses en volver a casa’

Nuria Zyden guarda una foto de su madre en su escritorio. No espera volver a verla.

Zyden, que tiene 43 años y reside en Dublín, creció entre melocotones y albaricoques en Kashgar, en la región noroccidental china de Xinjiang, centro de la comunidad uigur, de mayoría musulmana. 

Se mudó a Irlanda hace 15 años. En 2014, el gobierno chino impuso restricciones en Xinjiang, tras una explosión mortal en una estación de tren que Xi calificó de «ataque terrorista».

A medida que Zyden se volvió más activa en grupos de derechos de los uigures, su familia se preocupó y finalmente le pidió que cortara vínculos.

Su madre le había dicho: “No pienses en volver a casa”.

Investigadores afirman que el gobierno ha perpetrado violaciones de derechos humanos, incluyendo el encarcelamiento masivo de más de un millón de uigures, trabajos forzados y otros abusos con el pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo religioso. Un informe de la ONU de 2022 concluyó que los abusos documentados «podrían constituir crímenes de lesa humanidad».

El régimen ha mostrado un celo particular hacia los activistas uigures, a quienes acusa de fomentar un movimiento separatista y, en algunos casos, actos de terrorismo, muestran documentos internos del gobierno.

En octubre, Zyden viajó a Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, donde 176 delegados se reunían para la asamblea general del Congreso Mundial Uigur (CMU), organización que defiende los derechos de los uigures. Su viaje dio un giro inesperado.

Durante su escala en Fráncfort, Alemania, viajaba en una miniván hasta el aeropuerto cuando vio a dos hombres chinos que parecían tener una misión. Más tarde, en su hotel de Sarajevo, oyó gritos y los vio de nuevo: estaban discutiendo con Adiljan Abdukerim, organizador de la conferencia, quien los confrontó en chino por grabar a los asistentes con sus teléfonos.

«Son muy arrogantes», le gritó uno de ellos a Abdukerim, según contó el organizador a ICIJ. «Sabemos cómo tratarlos».

Abdukerim respondió: “¿Crees que esto es China?”

La seguridad del hotel intervino y los hombres, no identificados, se marcharon.

Días antes de que comenzara la conferencia, el gerente del hotel informó a los organizadores que la Embajada de China en Sarajevo había exigido reservar todo el hotel para las mismas fechas que la asamblea del CMU, según informó el sitio web de noticias bosnio Detektor. (El gerente se negó a hacerlo, según el informe).

Al regresar a Irlanda, Zyden recibió una llamada inesperada. Tras 10 años de silencio, su madre estaba al teléfono.

Usando un número de WeChat que su madre dijo que le había proporcionado un funcionario de asuntos exteriores local en Kashgar, le dijo que había oído que Zyden había estado en el evento en Sarajevo.

¿Por qué hiciste eso?, preguntó.

“¿Por qué no piensas en nuestra seguridad?” intervino un pariente sentado al lado de su madre.

Zyden insistió en que no había hecho nada malo y exigió hablar con los funcionarios que, según ella, habían forzado la llamada.

En enero, Zyden recibió una llamada de un oficial de Kashgar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. «¿Qué esperas?». Las autoridades se habían enterado de su activismo, le dijo, e interrogaron a su madre, quien entonces enfermó. Los agentes de seguridad chinos mantienen una base de datos de personas vinculadas al CMU, como de sus familiares, según un documento interno compartido con el ICIJ por Zenz, el experto en política de Xinjiang.

«Tranquila», recuerda Zyden que le dijo el agente. «Actuaba como si viniera amablemente a resolver el problema, como si quisiera proteger a mi familia, y ahora mi familia está, de alguna manera, bajo su protección». Se molestó mucho.

Zyden dijo que denunció todo a la policía irlandesa, incluyendo la llamada del agente y su encuentro con los dos hombres que sospechaba que la habían seguido hasta Bosnia. «Lo anoté todo», declaró a ICIJ.

Representantes de la policía irlandesa, dijeron al socio de ICIJ, el Irish Times, que están investigando la denuncia de Zyden.

«Sigo luchando», dijo Zyden. Una parte de ella dice «déjalo todo», dijo, «pero otra parte dice: ‘Si te quedas callada, te quitarán más. Tienes que alzar la voz. Tienes que contraatacar'».

‘Podríamos encontrarte en cualquier momento’

Hasta hace poco, activistas y víctimas consideraban a Estados Unidos el país más activo en la lucha contra la represión transnacional. El FBI anima a cualquier persona con información sobre el tema a llamar a su línea directa. Sin embargo, las agencias gubernamentales tienen dificultades para definir la represión transnacional, según un informe de 2023 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos.

En una audiencia parlamentaria el año pasado, la subcomisionada de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, reconoció que la injerencia extranjera, que incluye la represión transnacional, es uno de los delitos más complejos que investigan. 

La fiscalía neerlandesa se lamentó de dificultades similares al investigar 24 denuncias de acoso, intimidación y otros actos amenazantes contra víctimas residentes en los Países Bajos. En un informe de 2020, la fiscalía concluyó que los presuntos responsables se encontraban en China, donde las autoridades neerlandesas carecen de jurisdicción, lo que les impide presentar cargos.

Epílogo

Tras las llamadas telefónicas durante la visita de Xi a París el año pasado, Jiang, el artista y activista, afirmó que las amenazas a su familia cesaron abruptamente. 

En marzo, Jiang revisó uno de los cuatro teléfonos que usa para comunicarse de forma segura con personas en China y notó un mensaje.

Era de su padre. Devolvió la llamada y se enteró de que agentes de seguridad, incluido uno que había hablado antes con sus padres, querían reunirse con él.

Los agentes invitaron a una copa al padre de Jiang en Pekín y, con su habitual tono educado, le dejaron claro que su hijo debía dejar de colaborar con un conocido activista radicado en Italia, conocido como «El Maestro Li», quien había acumulado 1,9 millones de seguidores en X desde que empezó a publicar sobre las manifestaciones y el descontento en China a principios de la pandemia de COVID-19. (Jiang está filmando un documental sobre Li y contribuyendo al proyecto del activista para denunciar las prácticas laborales explotadoras en China).

Los oficiales le dijeron al padre de Jiang que su hijo no debería estar “implicado” con Li porque es un “individuo clave”.

También tenían un mensaje para Jiang: “Si es necesario, te llamarán o te encontrarán donde estés”, dijo su padre.

Jiang captó el mensaje: «Yo interpretaría eso como que, ‘si quisiéramos encontrarte, podríamos hacerlo'».

 

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«Objetivos de China» es una colaboración global entre Revista Vistazo y Código Vidrio (por Ecuador) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro. Si apoya este tipo de periodismo por favor haga una donación al ICIJ.
Reporteros que colaboraron en esta primera entrega: Colm Keena (The Irish Times); Sophia Stahl y Maria Christoph (paper trail media/ZDF/DER SPIEGEL); Kirsi Skön (Yle), Kristof Clerix (Knack), Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten); Géraldine Hallot y Maxime Tellier (Radio France); Simon Leplâtre (Le Monde); Echo Hui (Australian Broadcasting Corporation); Paula Penfold (Stuff); Maeve McClenaghan y Tom Burgis (The Guardian); Fabio Papetti (IRPIMedia); Jiyoon Kim (Newstapa); Sylvain Besson (Tamedia); Pelin Unker (DW Turquía); Sebastian Kjeldtoft (Politiken) y Tamsin Lee-Smith, Jelena Cosic, Nicole Sadek, Agustin Armendariz, Denise Ajiri, Jesús Escudero (ICIJ).

TerritorioNarco ⇒ La organización criminal Comandos de la Frontera controla las rutas de la cocaína desde el Putumayo colombiano hasta Sucumbíos y Orellana, en el norte amazónico ecuatoriano, y ya tiene presencia en territorio peruano. En alianza con Los Choneros, transporta la droga hacia las provincias costeras, como Manabí (Ecuador), para salir por el Océano Pacífico a su destino final, principalmente Europa. Este grupo también ha lavado activos en ese continente y ha hecho alianza con Los Lobos para expandir su portafolio criminal hacia la minería ilegal, lo que ha desatado una serie de asesinatos recientes en Orellana. Ilustración OjoPúblico / Jhafet Ruiz 

Por: Código Vidrio y Red Transfronteriza OjoPúblico 

Lago Agrio arde. La temperatura varía entre 30 y 36 grados en este cantón amazónico, capital de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos. Originalmente, fue poblada por distintas etnias indígenas, algunos misioneros y explotadores del caucho. En los últimos años, sin embargo, han llegado otros actores que han estado calentando la zona,  pero en otro sentido.

“Aquí uno mira, escucha y calla”, dice un habitante de Nueva Loja, cabecera del cantón Lago Agrio, muy cerca de la frontera con Colombia, donde se escucha  fácilmente la señal de radio y televisión del país vecino. Quienes han visitado la ciudad en alguna ocasión o han trabajado allí temporalmente conocen algo importante: la zona es tranquila para quienes no meten las narices donde no deben. Lo dicen el taxista, el tendero o la mesera. Pero no se atreven a nombrar a quienes desataron una ola de violencia en los últimos meses de 2024: los Comandos de la Frontera (CDF).

“Somos un cantón colindante con Colombia y por eso estábamos un poco acostumbrados a escuchar algunas cuestiones. Había muertes violentas, tres o cuatro al año, pero desde que se recrudeció el problema a nivel nacional hemos sentido cómo las muertes violentas se han incrementado”, relata el alcalde, Abraham Freire, y pide que haya más efectivos policiales, mejor equipados, con vehículos y armas largas para enfrentar la situación.

Todo empeoró en este cantón a principios de septiembre de 2024, cuando asesinaron al director de la cárcel de Lago Agrio. Desde entonces, las cifras de muertes violentas en la provincia se han disparado. Solo en los tres primeros meses de 2025 se han registrado 35.

“Yo nací aquí. Hemos vivido al lado de la guerrilla pero nunca ha pasado una situación de esta naturaleza. La guerrilla y disidentes siempre han existido, pero lo de ahora es una cosa cambiante. No siento que las cosas estén mejorando a nivel nacional y lo que pasa en el resto del país repercute en nuestro cantón”, señala Freire preocupado.

Al anochecer, la gente camina apresurada por las calles de Lago Agrio, tienen pocas horas para hacer las compras o tomarse una cerveza con amigos. A las nueve, todos los negocios cierran y, a partir de las diez de la noche, la circulación está restringida hasta las cinco de la mañana siguiente. “Esa falta de circulante afecta al comercio. Hemos enviado cartas al presidente, al ministro del Interior, al comandante de Policía, les hemos pedido revisar la medida”, se queja el alcalde Freire.

La prohibición de circular libremente no es un capricho del Gobierno central, sino que responde al estado de excepción, que rige desde hace ​​tres meses en varias provincias de Ecuador, incluida Sucumbíos. Esta decisión se enmarca en la declaratoria de conflicto armado interno, que el gobierno del presidente Daniel Noboa adoptó en enero de 2024, tras declarar objetivos militares a 22 grupos narco delictivos, entre ellos los CDF.

La expansión de los Comandos de la Frontera

En esta región limítrofe, la gente conocía a los vecinos peligrosos, al otro lado de la frontera, como el Frente 48 de las FARC; otros sencillamente los llamaban “paras” o “guerrilleros”. Ahora, los exintegrantes de esos frentes se denominan Comandos de la Frontera.

El cambio de nomenclatura no es un asunto menor en la historia de este grupo, que se ha ido sofisticando y expandiendo por toda la región fronteriza amazónica, como lo contó una reciente publicación de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico. Su presencia ha sido detectada en al menos 21 localidades de Colombia, Ecuador y Perú.

Los Comandos de la Frontera se originaron con el desarme de dos frentes de la guerrilla de las FARC: el Frente 48, en el Bajo Putumayo, y el Frente 32, en el Medio Putumayo colombiano. Un reducto de combatientes de ambos frentes, vinculados con el narcotráfico, quiso seguir con el negocio y no se acogió al proceso de paz con el Gobierno colombiano firmado en 2016, explica un documento de la Fundación Ideas para la Paz.

Estos miembros se integraron primero en ‘La Constru’ y formaron la facción de ‘Los Sinaloa’, que luego pasó a llamarse ‘La Mafia’. “En 2020, la estructura cambió de nombre a Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, buscando desligarse de hechos de violencia contra las comunidades y de mostrar un perfil más político y guerrillero”, cita este informe.

Desde entonces, los CDF han buscado extender su dominio territorial y su portafolio delictivo, no solo con el narcotráfico, sino también con la minería ilegal, especialmente en la provincia de Orellana, al sur de Sucumbíos. La organización colombiana quiere dominar este territorio, donde cobran “vacunas” o  extorsiones, explicó un líder social que pide no ser nombrado por temor a  represalias.

Para ello, esta agrupación fortaleció su alianza con el grupo criminal ecuatoriano, Los Lobos, explica Renato Rivera, investigador de temas de seguridad. Como respuesta, los operadores de las mineras ilegales amenazadas buscaron la protección de otros grupos vinculados con la estructura narcodelictiva rival: Los Choneros.

“El interés de los Comandos de la Frontera y los Lobos por el control de la minería ilegal ha hecho que mineros ilegales acudan a Los Choneros para buscar seguridad. Los Choneros nunca tuvieron interés en posicionarse en la Amazonía”, añade Rivera.

Un reporte policial indica que esta disputa entre los grupos ha dejado al menos 60 víctimas. Y una fuente local señala que tiene conocimiento de seis masacres en ambas provincias ocurridas a lo largo del año pasado y lo que va de 2025.

La primera de ellas ocurrió en febrero de 2024, cuando aparecieron siete cadáveres, uniformados como militares, apilados en el baúl de una camioneta. Esto ocurrió en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. En ese mismo cantón, en el mes de agosto, fueron asesinados tres policías en La Joya de Los Sachas. Al saldo de masacres se sumaron seis muertes violentas en la parroquia El Eno, de Lago Agrio, en noviembre. Y, a mediados de marzo de 2025, se produjo un ataque armado en Coca, capital de Orellana, que dejó cuatro víctimas.

Si bien los CDF pueden ser rivales de Los Choneros en sus intentos por controlar la minería ilegal, fuentes de inteligencia del ejército ratificaron que, para el transporte de cocaína desde Colombia, tienen una antigua alianza, que se remonta a 20 años atrás, cuando algunos de sus cabecillas eran integrantes del Frente 48 de las FARC.

En Sucumbíos hay plantaciones incipientes de hoja de coca, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, pero destaca, sobre todo, que es un territorio clave para la ruta de tráfico terrestre de sustancias ilícitas desde el Putumayo colombiano. Por allí pasa también el tráfico de gasolina, materia prima para el procesamiento de cocaína al otro lado de la frontera.

El 1 de marzo de 2025, el Ejército decomisó 7000 galones de combustible e insumos químicos. La embarcación los transportaba en 130 tanques por el río Putumayo. Durante la operación se produjo un enfrentamiento entre militares y miembros de los Comandos de la Frontera, quienes huyeron hacia el territorio colombiano, según informó el Ejército.

Esto provocó un intento de incursión de miembros de los CDF en la unidad militar ecuatoriana ubicada en el cantón Putumayo, que limita con Colombia y Perú. Según denunciaron los militares del lugar, fueron atacados por vía fluvial y terrestre.

Al día siguiente, el 2 de marzo, la población local, ajena a estos hechos de violencia, participaba en un desfile de carnaval. A poca distancia de los festejos, unos uniformados del Ejército ordenaron detenerse a tres jóvenes que viajaban en una moto. Dos de los chicos recibieron disparos y uno de ellos falleció a los pocos días. La madre de la víctima aseguró a organizaciones de la sociedad civil que su hijo murió a causa de un uso excesivo de la fuerza por parte de los militares. La denuncia fue recogida por colectivos de derechos humanos de Ecuador.

Mientras tanto, el Ejército anunció que colaborará con la investigación fiscal, que está en fase reservada. Las autoridades locales lamentaron el hecho de violencia en el que falleció el joven y su hermano resultó gravemente herido. Señalaron que se trataba de  hechos aislados al operativo militar y al intento de retaliación de los CDF en la zona que ocurrieron en la víspera.

La red de Araña: de Putumayo para el mundo

“Ciertas zonas de Sucumbíos se convirtieron en mercados, donde se puede ir a negociar la compra de cargamentos; hay delegados y operadores que sellan los acuerdos”, relató para esta alianza periodística un oficial investigador de Inteligencia que, desde el 2020, sigue el rastro de los Comandos de la Frontera en territorio ecuatoriano. “Gestionan la droga producida en el Putumayo colombiano y absorbieron a la organización identificada como ‘La Constru’, que maneja los vínculos con el cartel de Los Balcanes, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho de Brasil. A nivel local, la organización se vincula con grupos como Los Lobos”, explica esta fuente.

Los CDF y sus aliados locales dominan el tráfico de cocaína desde Putumayo hacia los puntos de almacenamiento en el centro del país y, luego, hacia los puertos de Manabí y Guayas, situados en la costa del Pacífico ecuatoriano, desde donde la droga sale con destino a los mercados de Norteamérica, Europa y Asia, explica a esta alianza un agente de inteligencia, quien pidió no citar su nombre por razones de seguridad.

El responsable de tejer esta sofisticada red de alianzas en Ecuador es el colombiano Giovanni Rojas, más conocido como ‘Araña’. En 2020, tomó el liderazgo de los Comandos de la Frontera. El gobierno ecuatoriano señaló a alias ‘Araña’, como uno de los 11 objetivos de ‘alto valor’ para Ecuador por su participación en actividades criminales.

‘Araña’ fue detenido en un hotel de Bogotá a mediados de febrero de 2025, después de haber participado en una mesa de conversaciones de paz con el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. La ausencia de ‘Araña’ podría generar una disputa por liderazgo en los Comandos de la Frontera, advierte un agente de inteligencia, entrevistado por esta alianza periodística.

Antes de ser detenido, sin embargo, ‘Araña’ formó su grupo de operadores de confianza en territorio ecuatoriano. Juan Carlos Chulca, alias ‘Chabalo’, se convirtió en una figura clave en el nivel operativo. Este personaje se encargaba de coordinar los laboratorios de producción de cocaína y su transporte en vehículos de carga pesada con compartimentos ocultos hasta sitios de almacenamiento temporal.

El producto finalmente era embarcado en los puertos de las provincias ecuatorianas de Manabí, Guayas y El Oro, con destino a Norteamérica y Europa, explica un agente de inteligencia que participó en esta operación y que pidió proteger su identidad.

‘Chabalo’, quien nació en Sucumbíos hace 45 años y se desempeñó en sus inicios como taxista, ya había sido detenido en su juventud: tenía apenas 23 años y transportaba 350.000 USD escondidos en el piso del cajón de madera de un camión. Además, se encontraron residuos de cocaína y marihuana en ese transporte, como publicó OjoPúblico a mediados de 2024.

En el Consejo de la Judicatura, ‘Chabalo’ también figuraba en procesos por enriquecimiento ilícito en 2005 y por tráfico de drogas en 2013 y 2014. Fue detenido por estos casos, pero al poco tiempo salió sin cumplir la totalidad de la pena. En abril de 2023, celebró su cumpleaños 43 en una finca con músicos regionales de renombre. La fiesta se celebró en las proximidades de Lago Agrio. Al año siguiente, en 2024, fue detenido en la zona de Barbasquillo, una de las más exclusivas de Manta, puerto de la provincia ecuatoriana de Manabí. En la lujosa vivienda donde ‘Chabalo’ fue encontrado, también se hallaron 565.000 USD en efectivo, armas de fuego, seis vehículos de alta gama, tres de ellos blindados. Su captura fue llevada  a cabo  por el Bloque de Seguridad, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas.

El traficante trabajaba con varios grupos delictivos en las fases de almacenamiento, transporte, seguridad y envío de la droga. Para el traslado en vehículos pesados desde el Putumayo, mantenía su propia logística. De hecho, según los registros de la Superintendencia de Compañías, era accionista de dos empresas dedicadas al transporte de carga pesada.

Tras su detención, las autoridades descubrieron que manejaba al menos 1’300.000 USD. Al seguir la pista monetaria, los investigadores  encontraron una estructura económica sofisticada, relacionada con los Comandos de la Frontera, que estaría a cargo del lavado de activos, no solo en el Ecuador sino en otros países.

La estructura de narcolavado

Los Comandos de la Frontera no se limitan al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, también se dedican al lavado de activos. Las operaciones de blanqueo de capitales habrían llegado a empresas de bienes raíces en Europa, según indicaron distintas fuentes que siguen el caso y documentos reservados, a los que este equipo periodístico tuvo acceso.

El cerebro detrás de las operaciones de lavado de dinero de CDF lleva el alias de ‘Gerente’. Este personaje tiene una orden de captura en su contra, desde finales de febrero de este año, ratificada por un tribunal especializado en delitos anticorrupción.

‘Gerente’ reside en España y es coadministrador de dos empresas legalmente constituidas. Ambas firmas se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles en el municipio de Majadahonda, en Madrid, según el expediente judicial revisado como parte de esta publicación. En el proceso se cita una alerta por terrorismo en su contra, emitida por la Directiva Presidencial de Seguridad Interior (Homeland Security Presidential Directive), de Estados Unidos.

De acuerdo con el proceso judicial, el papel de ‘Gerente’ habría consistido en permitir la entrada de fondos ilícitos en su patrimonio para financiar la creación de empresas, comprar vehículos y negociar inmuebles en la capital española. Todo esto con el objetivo de  blanquear capitales ilegales en el sistema financiero nacional.

La estructura económica-delictiva fue desarticulada a finales de agosto de 2024 mediante operativos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana. Entre los detenidos se encuentran 18 personas, incluidos dos de los hijos del ‘Gerente’.  Según la información policial, los bienes incautados y las cuentas bancarias dentro del sistema financiero ascienden a unos 200 millones de dólares.

El entramado societario de ‘Gerente’ y sus familiares tiene como origen un consorcio ferretero constituido en Lago Agrio. La defensa argumenta que sus ingresos son lícitos y que la captura de los dos hijos es ilegal. Ambos aparecen en la acusación de la fiscalía como administradores de varias empresas agrícolas, ganaderas, almacenes, inmobiliarias y consultoras.

Pero las dudas sobre la inocencia de la familia de empresarios aumentaron en enero de este año, cuando la policía ecuatoriana alertó de que había desarticulado una red de corrupción que buscaba dejar sin efecto las órdenes de prisión en contra de los hijos de ‘Gerente’. Tres jueces especializados en delitos anticorrupción fueron involucrados en la trama, que la Fiscalía denominó el ‘Caso Pantalla’. Según la investigación de este caso, actualmente bajo reserva, los jueces especializados, radicados en Quito, iban a recibir pagos a cambio de dictar órdenes de libertad a favor de los detenidos.

El caso de Gerente también ha tenido consecuencias. Luego de que se conociera la orden de detención de sus hijos y que el director de la prisión de Lago Agrio fuera acribillado en septiembre, la violencia aumentó en la zona. Este hecho es sintomático de cómo los Comandos de la Frontera no solo controlan todo tipo de actividades económicas ilegales dentro y fuera del territorio amazónico, en alianza con otros actores criminales, sino también de cómo han intentado lavar su capital en el extranjero y cooptar a operadores de justicia o utilizar la violencia contra las autoridades en busca de impunidad.

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La serie investigativa Territorio Narco fue posible con el apoyo de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Una investigación liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y los medios aliados Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio identificó que la producción y tráfico de drogas está presente en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía, en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Los grupos criminales más activos en la zona son el brasileño Comando Vermelho y el colombiano Comandos de la Frontera. También se detectó que hay comercio ilegal de madera en la mitad de los distritos. 

Por: Aramis Castro, Jonathan Hurtado, Arturo Torres, Julio Caicedo, María José Chitiva, Plínio Lopes, Bruno Abbud

Hace 25 años que Roberto* dejó su natal Colombia y decidió asentarse en la comunidad de Nueva Galilea, un pueblo remoto en la Amazonía peruana, ubicado a cuarenta minutos en bote desde Caballo Cocha y a una hora en avioneta desde Iquitos, capital de la región Loreto.

“Si tú no te metes [con ellos] no tienen por qué hacerte nada”, dice Roberto, sin haber perdido su acento colombiano, al ser consultado sobre la violencia en este territorio, donde los ‘patrones’ —quienes adquieren la cocaína elaborada en los laboratorios instalados en la Amazonía— son los protagonistas de enfrentamientos y homicidios que no suelen ser denunciados. Actualmente, quien controla la operación de narcotráfico en esta región es el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

Roberto, como otros habitantes de este distrito de Ramón Castilla, empezó a dedicarse hace unos años a una actividad que es el primer eslabón en la cadena del narcotráfico: la producción de hoja de coca. Cada tres meses la cosecha para su venta y sus grandes manos le permiten hacer el ‘raspado’ (deshojar la hoja de coca) con gran destreza. “La coca no necesita sombra, crece libre”, explica, mientras señala unos tallos de su parcela, sembrada en media hectárea de tierra boscosa, donde también crece cacao.

“La coca también me enfermó, me hizo ganar enfermedades como el reumatismo o el dolor de huesos, enfermedades fuertes por estar mojado mucho tiempo. Causa más males que bienes”, sentencia Roberto y añade que hoy en día le genera más ingresos económicos la venta de churros y ‘curichis’, este último un refresco congelado que se vende en bolsas alargadas de plástico transparente.

Desde su parcela se escucha el motor de una moto en movimiento que, según Roberto, es la que transporta los insumos para la producción de la droga, elaborada en un laboratorio cerca al puerto de Nueva Galilea, a donde las personas que viven en esta región fronteriza llegan en pequeñas embarcaciones que, pese a su tamaño, pueden transportar a más de una decena de tripulantes.

Cuando llueve, el nivel de la corriente sube, lo que permite un tránsito constante de embarcaciones, no solo de pasajeros, sino también de las que se conocen como ‘bestias’: avanzan a gran velocidad y en su interior pueden contener hasta una tonelada de droga que es recogida en los distintos distritos ubicados a lo largo de la ruta fluvial que recorre los ríos de esta zona fronteriza.

Las fronteras son una línea divisoria en un mapa, que marca la jurisdicción de un país y otro, pero en el terreno no hay límites para los delitos en común y la aparición de cada vez más miembros de grupos criminales que operan tanto en zonas urbanas, como en los territorios amazónicos, donde impulsan actividades como el narcotráfico o el comercio ilegal de madera, que tienen como destino a Estados Unidos o Europa.

75 localidades infectadas

A partir de la construcción conjunta de una base de datos con información oficial y fuentes propias, una investigación liderada por la Red Transfronteriza de Ojo Público junto a los medios aliados Sumaúma, de Brasil, La Silla Vacía, de Colombia, y Código Vidrio, de Ecuador, identificó el amplio impacto de las economías ilegales y los actores criminales en territorios fronterizos de la Amazonía. El análisis alcanza a las 75 localidades —denominadas distritos, cantones o municipios, según el país— de las zonas limítrofes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Debido a los altos niveles de criminalidad que hay en estas zonas, también se sumaron tres municipios brasileños (Barcelos, Alto Alegre y Amajari) que comparten frontera con Venezuela. Y en el caso ecuatoriano, para delimitar la numerosa cantidad de localidades, se seleccionaron trece cantones que se extienden por la frontera amazónica.

En este universo se descubrió que en el 72% de las 54 localidades había presencia de grupos criminales que gestionan el narcotráfico en sus territorios. Principalmente, los Comandos de la Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil tienen control sobre esta región. Además de estar dedicados al tráfico de drogas, también se dedican a otras actividades ilegales.

Andrés Caijao, especialista de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, indicó para este reportaje que el crimen organizado usa las fronteras como “lugares de tránsito de un lado al otro” debido a que “no hay un control” de las autoridades. Frente a ello, planteó la necesidad de alcanzar  “acuerdos binacionales para compartir información” y “entender mucho mejor las dinámicas y lo que pasa en la frontera”.

Los laboratorios se trasladan a Ecuador y Perú

Respecto a la participación de los grupos criminales en el narcotráfico, Caijao aseguró que los cultivos de hoja de coca se han concentrado en lugares limítrofes, mientras que desde Colombia se viene dando un importante “traslado de cristalizaderos (laboratorios) y la transformación de la cocaína en zonas limítrofes de Perú y Ecuador”.

Las fronteras son aprovechadas por el crimen organizado, ya que hay escasa presencia de las autoridades —Policía o Ejército que hacen patrullajes— y los gobiernos locales y otras entidades estatales son débiles y tampoco tienen ni las competencias ni los recursos para perseguirlos. Estos grupos, que son los responsables del aumento de homicidios y otros tipos de violencia, a menudo actúan con total impunidad.

De hecho, el pasado 27 de marzo, en el puesto de vigilancia de Tierra Amarilla —entre Perú y Colombia— diez delincuentes atacaron a los policías que estaban de turno y les robaron ocho armas, municiones y teléfonos celulares. El hecho ocurrió a orillas del río Loretoyacu, en el distrito de Ramón Castilla de la región Loreto.

El puesto asaltado es uno de los 15 que se ubican en la zona limítrofe entre Perú y Colombia. El ataque pone de manifiesto la vulnerabilidad que supone contar con poco presupuesto para controlar el orden público situación que fue expuesta por OjoPúblico cuando visitó otros de estos centros de vigilancia en El Estrecho, una localidad en la provincia del Putumayo.

En enero de este año ocurrió otro hecho violento en la localidad brasileña de Tabatinga. Manuel Sánchez Aurich, peruano y analista de sanidad e inocuidad de productos pecuarios en Santa Rosa, recibió varios disparos cuando cruzaba el río hacia Perú. Las versiones locales señalan que el trabajador participó en la incautación de embutidos que entraban de forma ilegal de Brasil y, en represalia, fue asesinado.

En otro hecho reciente, fuentes de la frontera amazónica indicaron que en julio último se registró el asesinato de un ciudadano en el puerto de Sheretero, ubicado a una cuadra de la plaza principal de Caballo Cocha. Y hace casi tres años, en 2022, asesinaron a un menor de edad peruano y a otros dos brasileños involucrados en casos de sicariato en este lugar que divide a Brasil, Colombia y Perú.

“Aquí soy el único y debo ver casos de cuatro distritos. A veces no hay presupuesto para la gasolina de las lanchas que nos llevan a nuestro centro de labores”, lamenta un fiscal peruano de la frontera Amazónica y recuerda que varios colegas no aceptan el puesto por temor a amenazas de los grupos criminales que operan y cuyas actividades crecen cada año en el lugar.

El narcotráfico se instaló en la Amazonía

A veinte minutos por carretera de Caballo Cocha, en la Amazonía peruana, donde la mayoría de casas están construidas con madera local, la comunidad del pueblo ticuna de Cushillo Cocha da la bienvenida a través de un delgado arco de cemento que también cruzan distintos moto taxis. A pocos metros de su plaza de armas hay un pequeño puerto desde donde, según fuentes locales, se parte hacia otras comunidades dedicadas a la producción de hoja de coca.

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que la producción de hoja de coca en el distrito de Ramón Castilla —donde se encuentra Cushillo Cocha— ha disminuido entre 2022 y 2023. Sin embargo, todavía supera las 3.766 hectáreas de cultivo, una cifra que triplica los registros de 2019.

Al igual que en Cushillo Cocha, el narcotráfico se ha instalado como una economía ilegal en varias localidades a lo largo de la Amazonía que comparten Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

La investigación identificó que la producción y transporte de drogas como la pasta básica de cocaína (PBC) o el clorhidrato de cocaína se da, al menos, en 54 de las 75 localidades revisadas.

Si se observa la incidencia por país, se evidencia que Colombia tiene una cobertura del 100% de localidades con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico en ocho de los municipios revisados.

El enclave cocalero Frontera Putumayo —uno de los quince que hay en Colombia, donde se cultiva, transforma y comercializa la coca y sus derivados— incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave aportó el 27 % de la coca de Putumayo y concentró el 14 % de la coca de los enclaves a nivel nacional.

Si bien los campesinos colombianos vivieron una crisis por la caída del precio y la compra de la coca en el bajo Putumayo, entre 2022 y 2023, desde el segundo semestre de 2024 viene repuntando, como lo informó La Silla Vacía. Productores en terreno cuentan que tienen nuevas variedades de hoja con mayor rendimiento que les permite cubrir sus necesidades y reinvertir en cultivos, aunque no tengan mucho margen de ganancia.

13 cantones de Ecuador, con mayor penetración criminal

En la lista de localidades con mayor penetración del crimen organizado dedicado al narcotráfico, en los otros países de la región, sigue Brasil con el 84% de sus 25 municipios, luego Ecuador con el 76,9% de sus 13 cantones y Perú ocupa el tercer lugar con el 51,7% de sus 29 distritos.

En Perú, además de la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, hay cultivos de hoja de coca en estos mismos 15 distritos fronterizos. Distintas fuentes señalan que los Comandos de la Frontera colombiano operan en los cuatro distritos que integran la provincia del Putumayo.

En una reciente visita a la zona de Caballo Cocha y Cushillo Cocha —en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil—, fuentes de la Fiscalía y la Policía peruana indicaron a OjoPúblico que, en los últimos años, el transporte y la protección de la droga han contado con la participación de miembros del grupo criminal Los Crías, una banda local del distrito brasileño de Tabatinga que también trabaja en alianza con el Primer Comando Capital (PCC).

Según relataron fuentes de la triple frontera a este equipo periodístico, otra característica del lugar es la gran cantidad de armas que hay en esta zona. Los entrevistados señalaron que conocen a personas registradas ante las autoridades peruanas como cazadores de animales, pero cuyo permiso para porte de armas es una fachada para su uso real: abastecer a los grupos criminales dedicados al narcotráfico. Y en algunas operaciones antinarcóticos, la Policía ha descubierto que las armas pertenecen a personas que habían obtenido permisos de caza de animales.

Al ser consultados por la aparición del armamento junto a las drogas, los involucrados indicaron a la policía que sus armas se habían extraviado y que desconocen cómo acabaron en laboratorios de cocaína.

11 grupos se dedican al narcotráfico

¿Cuántos y cuáles son los actores criminales que operan en esta zona? Este equipo periodístico ha identificado la participación de 11 grupos dedicados al narcotráfico en los cuatro países analizados.

En la lista destacan Los Comandos de la Frontera, con presencia en 21 localidades de Perú, Colombia y Ecuador. En este último país, la estructura no sólo penetró territorialmente la Amazonía ecuatoriana, sino que también amplió su portafolio criminal hacia el blanqueo de capitales y ha intentado cooptar a jueces de tribunales que procesan a sus miembros. Su principal bastión es la provincia de Sucumbíos, fronteriza con el Putumayo colombiano. La economía de esta zona está estrechamente vinculada al narcotráfico, a diferentes niveles, en el sector público y privado, desde hace tres décadas. Autoridades seccionales y de control tienen compromisos con ese grupo armado, así como comerciantes, dueños de empresas de todo tipo, transportistas.

Esta organización, con unos mil miembros según la Fiscalía colombiana, está formada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se sumaron a los acuerdos de paz, suscritos en el 2016. Eran parte del Frente 48, que operaba en el Putumayo.

Para mantener el control del negocio, este grupo armado impone a los pobladores requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria a las juntas de acción comunal de los territorios bajo su dominio. Las personas deben portar su carné en todo momento y los raspachines de coca deben contar con el aval de las juntas para trabajar allí.

“Aprendimos a convivir con ellos”, dice un líder campesino cocalero. “Uno de los acuerdos que se hicieron es que para proteger a nuestra comunidad carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan y les sale el actor armado piden el carné y si lo retienen tiene que ir la Junta a hablar por esa persona”, explica al equipo periodístico que visitó esta región.

Otro de los grupos criminales colombianos que también hace presencia y se disputa el control de la zona con los Comandos de la Frontera es el Frente Carolina Ramírez, especialmente en el Putumayo.

Al parecer, según fuentes de la zona, los grupos criminales colombianos también comparten área de operaciones con los ecuatorianos: Los Lobos y Los Choneros, indistintamente, de acuerdo a actividades criminales específicas.

En Ecuador, los Comandos de la Frontera se aliaron los últimos años con Los Lobos, que ya controlan el 75% de las provincias de este país y se han convertido en el grupo delictivo ecuatoriano de mayor crecimiento transnacional en América Latina, como informó OjoPúblico en un extenso reportaje. Por otro lado, con Los Choneros se disputan el control de la minería ilegal, especialmente en cantones amazónicos donde se han disparado los niveles de violencia. Solo en la provincia de Orellana hubo 25 asesinatos entre enero y marzo de 2025.

Una fuente que vive en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en San Miguel, Putumayo, le dijo al equipo periodístico que el año pasado Los Choneros habrían incursionado al lado colombiano con ataques focalizados contra miembros de los Comandos de la Frontera.

No obstante, en Ecuador Los Choneros también son socios de los Comandos de la Frontera hace años, para el transporte de cocaína desde la frontera colombiana hacia los puertos costaneros de Ecuador. Los Choneros controlan las rutas para el transporte de la droga, y antes operaban con las FARC, aliadas del cartel de Sinaloa, según un oficial de Inteligencia del Ejército que ha seguido está dinámica desde hace una década.

El Comando Vermelho

Del lado brasileño resalta el Comando Vermelho, con operaciones en 19 localidades brasileñas, colombianas y peruanas. Esta agrupación criminal, con unos 30.000 miembros, es la más antigua del  país —se inició en la década de los setenta— y una de las más poderosas en la región. Poco a poco ha expandido la presencia de sus afiliados en la Amazonía peruana como informó OjoPúblico en distintos artículos.

El Comando Vermelho llegó a la Amazonía brasileña con mayor intensidad en 2017, tras la muerte de Jorge Rafaat Toumani, alías ‘Rey del tráfico’, en la frontera con Paraguay, manejada entonces por el otro grupo criminal brasileño de importancia: el Primer Comando de la Capital (PCC). Este territorio solía ser una de las principales rutas de la droga de Brasil y, al estar dominada por el PCC, el Comando Vermelho decidió concentrar sus esfuerzos en el norte de Brasil, en las fronteras con Colombia y Perú.

El Primer Comando de la Capital (PCC), tiene el dominio en el estado de Roraima, según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En este lugar fronterizo con Venezuela, el PCC controla seis municipios, mientras que otros siete se los disputa con el Comando Vermelho (CV) y con la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, presente en la capital, Boa Vista, y en Pacaraima.

Por allí entran muchas armas . “Entran muchas armas y drogas por Venezuela de origen colombiano.Y, por otro lado, Perú hoy es uno de los principales proveedores de cocaína de Brasil, con zonas principales en la triple frontera y el río Solimões”.

Aunque, en teoría, el PCC y el CV son rivales por el control territorial, lo que aumenta el número de homicidios en estas localidades, en algunos casos, se ponen de acuerdo para dominar una actividad delictiva diferente cada una.

Por ejemplo, en Santo Antônio do Içá, municipio del estado de Amazonas que tiene frontera con Colombia, se pueden ver grafitis con las siglas de los distintos grupos criminales en las paredes de la ciudad. El PCC sigue ahí, a pesar de la disputa con el Comando Vermelho, sus rivales de Río de Janeiro.

Suben las tasas de homicidio

A las actividades de los grupos criminales en los distritos analizados también se suma un aumento en los niveles de violencia. En nueve de las diez localidades con mayores tasas de homicidio hubo un incremento en las cifras entre 2019 y 2023. Estas corresponden a territorios en Brasil, Colombia y Ecuador con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, donde también se superaron las tasas nacionales de cada país.

Por ejemplo, el Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo colombiano, tiene la tasa más alta de homicidios entre las localidades de los cuatro países analizados en este reportaje: 106,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2023, una cifra que supera cuatro veces la tasa de homicidios del país, 27,31.

Otros ejemplos: en el cantón ecuatoriano de Paquisha —territorio en conflicto por actividades de minería ilegal entre Los Choneros y Los Lobos—, la tasa de homicidios creció cinco veces entre 2019 y 2023. Pasó de 21,1 a 105,6 casos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, la tasa también duplicó la cifra nacional de 47,25 homicidios por cada 100000 habitantes. Y en Brasil, la localidad de Amajari, estado Roraima, pasó de tener una tasa de 25,7 en 2019 a 64,2 en 2023, más de tres veces de la tasa nacional, que en ese mismo año fue de 19,26 por cada 100000 personas.

En el lado peruano, las cifras no muestran altos índices de violencia, pero el recorrido en campo reveló que la aparente tranquilidad que muestran las cifras oficiales no responde a la realidad de la zona fronteriza. Varias fuentes señalaron a este equipo periodístico que los centros de salud atienden casos de homicidios que no se denuncian, por lo que hay un subreporte de los datos.

Funcionarios públicos de la triple frontera amazónica que prefieren mantener su nombre en reserva contaron que los homicidios en la zona están relacionados con enfrentamientos entre los compradores de droga, llamados ‘patrones’, o gente de su entorno. Estos hechos se presentan cuando el transporte falla, no se realizan pagos o hay sospechas de que se filtre información interna sobre las organizaciones criminales.

El temor se percibe en el centro de Caballo Cocha, donde se encuentra el llamado ‘Boulevard de la integración y desarrollo fronterizo’ y una plazoleta adornada con la estatua de un caballo blanco. Allí, la mayoría de jóvenes se reúne para pasar el rato, antes de asistir a los bares que nunca cierran, a pocos metros de la plaza, donde la música retumba y la cerveza brasileña es más barata que la peruana. En uno de los muros de esos locales cuelga el retrato del capo de la droga, Pablo Escobar.

Los lugareños miran con suspicacia a cualquier extranjero que se adentre en este territorio fronterizo. Aunque una de las autoridades locales afirma que la seguridad del lugar está garantizada y que “nada va a pasar”, cambia de inmediato el semblante y guarda silencio para no responder sobre la presencia de grupos criminales en su jurisdicción.

El narcotráfico abrió la puerta a otros crímenes

La coca pareciera ser un motor de desarrollo que va jalonando otra clase de actividades económicas ilegales en la Amazonía y arrasa con los bosques y la vida de otras especies que habitan este ecosistema: la minería de oro, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la pesca ilegal,  la ocupación irregular de tierras, entre otros delitos.

Tras revisar los datos, este equipo periodístico pudo determinar que la segunda economía ilegal en las localidades fronterizas analizadas es el comercio ilegal de madera, ligada a la pérdida de bosques amazónicos. Esta actividad está presente en 40 de las 75 localidades (el 53,3% del total). En Ecuador está en el 100% de los cantones, le siguió Colombia con el 75%, Perú con el 68,9% y Brasil con el 4%.

Es necesario señalar que, en el caso de Brasil, es probable que los datos estén subestimados, ya que la cifra oficial solo tiene en cuenta la explotación directa de árboles específicos para la venta y no la deforestación a gran escala, donde también hay extracción ilegal de madera.

“La falta de presencia del Estado genera desatención en la frontera. Por un lado eso y, por otro, al estar alejados les genera ventaja [a los grupos criminales], tienen control de esos territorios. Tanto así que cuando nos trasladamos ya no encontramos nada. Se filtra la información”, confiesa una fuente fiscal que trabaja en territorio fronterizo.

En julio pasado, OjoPúblico contó cómo opera el tráfico de madera entre Perú y Ecuador a partir de la exportación de madera tipo balsa, también llamada topa. En esta actividad participan tanto empresarios peruanos como ecuatorianos, y algunas denuncias de líderes indígenas señalan que este comercio ilícito se ha desarrollado en la región peruana de Amazonas, donde ha aumentado  la minería ilegal.

Los datos también muestran que el 72% de las localidades revisadas registraron presencia de minería ilegal. Para esta sección del análisis se consideró información de Colombia, Ecuador y Perú, países que manejan información detallada sobre este tema.

En territorio ecuatoriano, esta actividad ilegal —que cada año registra un aumento de sus operaciones— tiene la participación de grupos criminales como Los Lobos.

Por su parte, en Colombia, la extracción ilegal del mineral la llevan a cabo miembros de los Comandos de la Frontera, que también controlan esta actividad, junto con el paso de la droga desde los ríos que cruzan la Amazonía hasta otros puntos fronterizos.

En Perú no hay muchos detalles sobre las organizaciones presentes en la zona, pero la actividad ilegal se está expandiendo por zonas como el Putumayo o la región de Amazonas, esta última limítrofe con territorio ecuatoriano. La actividad ilícita está presente en 16 de los 29 municipios.

“En la mayoría de los sectores afectados por la minería ilegal no existe un sistema de monitoreo de la actividad (impactos, magnitud, dinámicas, entre otros). Este hecho impide implementar de manera efectiva mecanismos de lucha y prevención de la actividad ilegal, en especial en aquellas zonas donde recién empieza”, concluye un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) sobre la minería ilegal en territorio peruano.

Para tratar de contrarrestar los avances de la minería ilegal, a principios de año, se reunieron autoridades de Amazonas, en Colombia, y Loreto, en Perú. Acordaron compartir información y acceder a recursos conjuntamente, para fortalecer las acciones en sus territorios. Se espera que a mediados de año vuelvan a reunirse para evaluar una hoja de ruta, en medio de un panorama cada vez más crítico, como el que evidencian los datos y la reportería en terreno en las localidades fronterizas de la Amazonía: se han convertido en un centro estratégico para el avance de la criminalidad organizada cuya expansión, por ahora, no tiene límites y está afectando al medio ambiente y a las comunidades locales.

*Su nombre ha sido cambiado para este reportaje.

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**La serie investigativa Territorio Narco fue posible con el apoyo de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y Natural Resource Governance Institute (NRGI).

ANÁLISIS. En un contexto de franca hostilidad desde el poder político, el gobierno de Dina Boluarte aprobó una ley cuyos efectos equivalen a una mordaza contra el periodismo de investigación. La norma elaborada por el Congreso se sustenta en el supuesto argumento de fortalecer a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)– que en realidad convierte a esta entidad en un arma de censura previa contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de Perú. Foto: Dina Boluarte, sus ministros y la jefa de la APCI junto con los coautores de la ley. Tomada de la Presidencia de la República.

Redacción Código Vidrio

Organizaciones de la sociedad civil en Perú se mantienen en alerta por la aprobación de una Ley, elaborada por el Congreso y aprobada por la presidenta Diana Boluarte, que ordena el registro obligatorio y la autorización previa para publicar contenidos, o ejecutar proyectos a medios independientes.

La Ley 32301 cambia el alcance de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). “Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad, así como a la censura de voces críticas e incómodas con el poder, lo cual puede afectar la rendición de cuentas del Estado”, argumentó la organización Amnistía Internacional.

La misma entidad rechazó la promulgación de la ley, tanto más cuanto durante el acto de promulgación, la mandataria peruana aseguró que el cuerpo legal pondrá “bajo revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.

Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú destacó la preocupación porque ese gobierno promulgara una norma contraria a los derechos humanos. “Es lamentable que la presidenta estigmatice públicamente a las organizaciones de la sociedad civil”. Además, relievó que el discurso de la autoridad fue “contrario a la libertad de expresión y a cualquier voz considerada como crítica a las políticas y decisiones estatales”.

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/04/peru-ley-obstaculiza-libertad-expresion-y-asociacion/

La vigencia de la ley generó preocupación entre medios independientes, organizaciones de la sociedad civil y redes de verificación, relató de su lado el medio colombiano La Silla Vacía.

Según el texto de la ley, las organizaciones sin fines de lucro que reciban cooperación internacional deben registrase ante la APCI y recibir su autorización como requisito previo a ejecutar proyectos.

Al tratarse de medios de comunicación, el alcance de la disposición incluye la publicación de contenidos. Las sanciones, en caso de incumplimiento, llegarían a 720 mil dólares.

“Con la promulgación, el Ejecutivo y el Congreso han puesto en marcha una norma que viola de manera evidente la Constitución del Perú y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto de la libertad de prensa e información y reserva de fuentes, en el caso de los medios independientes”, alertó el medio nativo digital Ojo Público, que es referente en periodismo de investigación en Perú y la región. “Según la nueva norma, este tipo de organizaciones de noticias deberá inscribirse de manera obligatoria en el registro de dicha entidad y luego, someter sus ‘proyectos y actividades’ –para un medio, esto es la línea editorial, decisiones de cobertura, proceso de recolección de información y las publicaciones periodísticas- al permiso previo de APCI. “Esto significa que se tendrá que pedir permiso del Estado para escribir y publicar” , alertó este medio.

https://ojo-publico.com/5597/ley-apci-boluarte-aprueba-arma-legal-contra-medios-como-ojopublico

En Perú, la Constitución vigente rechaza la censura previa en todas sus formas. El efecto de la legislación generará equivale a una censura previa.

ANÁLISIS / Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia. Después del triunfo incuestionable de Daniel Noboa en las elecciones, en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación: los que más preocupan a los ciudadanos son la seguridad y el empleo. Son dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar (Imagen generada por ChatGPT de OpenAI).

Por Hugo Acero Velásquez y Mabel Cristina Quiroz, especial para Código Vidrio

Después del triunfo incuestionable del presidente Daniel Noboa, en Ecuador viene, desde ya, la solución a los problemas apremiantes de la nación, en particular los que más preocupan a los ciudadanos, como es el caso de la seguridad y el empleo, dos temas fuertemente relacionados, en la medida en que sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay bienestar.

Son más de dieciséis meses de gobierno que lleva el presidente Noboa y que son la base para definir unas políticas de Estado en materia de seguridad y justicia para los próximos cuatro y más años, unas políticas de Estado que involucren a todas las instituciones responsables de estos temas.

Hay que partir de los logros alcanzados y de los retrocesos registrados durante este periodo, como es el caso del trabajo en equipo del Bloque de Seguridad (Policía, Fuerzas Militares), las alianzas estratégicas contra el crimen transnacional con distintos países europeos y EE.UU, los logros investigativos de la Fiscalía frente a la corrupción y la violencia homicida que disminuyó el año pasado, pero en lo que va corrido de este año ha aumentado de manera considerable, al igual que la extorsión.

Hasta ahora Ecuador se ha movido en materia de seguridad como si este tema fuera responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, sin que los poderes Legislativo y Judicial hayan asumido la responsabilidad plena que les corresponde en esta materia y de justicia.

Hay que notar que a la Asamblea le corresponde dotar al Estado de las herramientas constitucionales y legales para enfrentar el crimen transnacional del narcotráfico y al terrorismo, como es el caso de la extradición, el lavado de activos, la expropiación de bienes de origen ilegal y la discusión y aprobación sobre nuevos recursos para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, entre otras leyes y normas.

Al Poder Judicial le corresponde la administración pronta y transparente de justicia, disminuir la corrupción, reducir la impunidad, profesionalizar y ampliar el servicio de justicia a poblaciones y ciudadanos que no están siendo atendidos en esta materia y participar de la discusión de reformas y nuevas leyes para mejorar su servicio y eficacia frente a las nuevas y distintas formas de criminalidad que están afectando el bienestar y desarrollo social de los ciudadanos y la seguridad del Estado.

Hoy, después del proceso electoral, se hace necesario que las tres ramas del poder público trabajen en equipo para recuperar la seguridad de los ciudadanos, del Estado y blindar la democracia de los riesgos que plantea el accionar de los grupos criminales organizados, especialmente de la corrupción y cooptación de servidores públicos e instituciones para su servicio.

El trabajo en equipo es el camino.

Comienza un nuevo periodo de gobierno que debe estar marcado por el trabajo integral e interinstitucional del Estado ecuatoriano en tres áreas básicas de seguridad y justicia, las cuales deben contar con el liderazgo y participación de las tres ramas del poder público, en especial del poder ejecutivo en cabeza del presidente Daniel Noboa y de todo su gobierno:

• Seguridad y convivencia ciudadana.
• Seguridad del Estado y
• Política criminal.

En estas tres áreas se requieren políticas de Estado que deben ser elaboradas y ejecutadas en el inmediato plazo (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Es necesario elaborar una política de estado en materia de convivencia y seguridad ciudadana que contemple acciones preventivas, disuasivas y de uso legítimo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad y justicia, dando de esta forma un tratamiento integral a los  problemas de violencia y delincuencia, devolviéndole al Estado el papel de garante de los derechos y deberes colectivos y  restableciendo de esta forma el balance entre las actuaciones de la autoridad y el comportamiento de los ciudadanos; entre las acciones de prevención y las de regulación y entre el control sobre las actividades delictivas y los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad; un plan que vaya de desde preventivo hasta el uso legitimo de la fuerza, como lo muestra el siguiente esquema:

Tanto en la elaboración, como en la ejecución y seguimiento de esta política de Estado, el Gobierno debe contar con la participación de las otras dos ramas del poder público, de los alcaldes, gobernadores y organizaciones de la sociedad civil. Una política pública de Estado que parta del principio constitucional y legal que la seguridad y la justicia son derechos de todos los ciudadanos que debe garantizar el Estado y el especial los gobiernos, sin importar que sean de derecha o de izquierda, y se debe ejecutar en el marco del Estado de derecho, es decir respetando los derechos humanos.

Hoy se abre una buena oportunidad para trabajar en equipo con todos los alcaldes, gobernadores y comunidades, sin importar su filiación política, para recuperar la seguridad de los ciudadanos y garantizar esos derechos ciudadanos; una oportunidad para unir y reconciliar a la nación entera en torno a estos temas que son los que más preocupan a todos los ecuatorianos independientemente de su filiación política.

Política criminal

En este campo hay que realizar esfuerzos importantes para contar con elementos analíticos en el sector de la justicia y poder contar con una política pública criminal de carácter integral; una política criminal que vaya de la prevención al uso legítimo de la fuerza en materia de justicia y que con su ejecución en el mediano y largo plazo contribuya a reducir la demanda de justicia punitiva y por tanto de la utilización de la cárcel como casi único mecanismo de sanción punitiva.

En esta línea, es necesario formular y ejecutar la política de Estado en esta materia con la participación de todas las instituciones de la Rama Judicial y que se oriente a:

• Realizar investigaciones socio-jurídicas y criminológicas para determinar la eficacia de la legislación vigente o propiciar su reforma.
• Mejorar la eficiencia y eficacia de la justicia.
• Reducir la impunidad.
• Fortalecer la formulación de políticas en la materia y la interlocución ante los organismos nacionales e internacionales en el contexto de una política integral contra el problema mundial de las drogas y otras rentas criminales como la minería ilegal, el comercio ilegal de armas, la trata de personas, el contrabando, etc-.
• Que fortalezca los sistemas de privación de la libertad y de sanción a adultos y de adolescentes que infringen la ley penal y que el Sistema penitenciario y carcelario cumpla con su tarea de resocialización e inserción social de los detenidos bajo el control del Estado y no de los delincuentes.
• Ejecutar programas de prevención de violencia y delincuencia juvenil, disminuya los riesgos por armas, consumo de drogas y alcohol, disuada la comisión de contravenciones y delitos con la presencia y accionar de las autoridades y que formule leyes que disuadan comportamientos que afecten la convivencia ciudadana.
• Promover los mecanismos alternativos de solución de conflictos interpersonales Mejorar las asignaciones presupuestales para el funcionamiento de la Rama Judicial.
• Fortalecer a la Policía y la Fiscalía en sus labores de investigación criminal y control del delito.

Seguridad de Estado

Seguridad de Estado, hoy se entremezcla con las anteriores políticas, en la medida que muchos problemas de seguridad ciudadana y de justicia terminan afectando la seguridad de Estado, como es el caso del narcotráfico que además de afectar la seguridad de los ciudadanos y comunidades, atenta con la estabilidad democrática del país cuando las organizaciones criminales, para beneficio de sus economías ilegales, terminan controlando territorios y ejerciendo gobernanza criminal en los mismos o involucrándose, a través de la corrupción, en los distintos procesos electorales para ejercer presión política y lograr apoyos para su actividad criminal.

Hoy el narcotráfico y otras rentas criminales como la minería ilegal, asociados a grandes mafias del crimen transnacional, son los principales problemas de seguridad nacional y deben ser asumidos y enfrentados por el Estado y la sociedad en su conjunto con una política de Estado que se sustente en la cooperación internacional de seguridad y justicia, en alianzas estratégicas con los países de la región, especialmente con Colombia y Perú, principales productores de la cocaína, con EE. UU. y distintos países de Europa y de otros continentes.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, indicó esta mañana del 13 de abril que las encuestas (exit poll) que realizarán dos empresas a boca de urna no constituyen resultados oficiales, por lo cual no deben ser tomadas como una fuente definitiva de información, “pues no reflejan el resultado real de un proceso”. Con esa alerta coincidió el académico Santiago Basabe, quien sostuvo que una de las empresas tiene claros intereses a favor de una de las candidaturas. 

Redacción Código Vidrio

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que empezará a publicar resultados oficiales de las elecciones presidenciales de este domingo desde las 6 de la tarde. El anuncio lo hizo al inicio de la jornada electoral la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien alertó: “Si bien existen empresas autorizadas para realizar encuestas a boca de urna, éstas no constituyen resultados oficiales y por tanto no deben ser tomados como una fuente definitiva de información, pues no reflejan el resultado real de un proceso”.

«Debemos rechazar las narrativas de fraude, el fraude no tiene cabida en un sistema que se construye sobre la base de la legalidad», en Ecuador, afirmó Atamaint. “Hacemos un llamado a los ecuatorianos a esperar con calma y serenidad los resultados, entendemos la expectativa de la jornada, pero el escrutinio requiere rigor”, añadió.

Precisamente el politólogo y académico Santiago Basabe escribió en su cuenta en X: “Mañana esperemos resultados oficiales de CNE. Un exit poll de una persona con claros intereses por una de las dos candidaturas no es garantía de nada”, indicó en relación a la encuestadora Telcodata, propiedad de Tomislav Topic, padre de Jan, excandidato presidencial, quien anunció su respaldo a la candidata Luisa González, del correísmo.

Solo dos de las cuatro empresas autorizadas por el CNE para realizar encuestas a boca de urna (exit poll) han confirmado su participación en la jornada electoral de este domingo. Se trata de Telcodata y Corpmontpubli, que confirmaron que desplegarán personal en todo el país para realizar el levantamiento de datos.

Los ecuatorianos acudirán hoy a las urnas para definir una de las elecciones más reñidas de la historia reciente entre el actual mandatario, Daniel Noboa, y Luisa González, del partido RC5.

En esta jornada participarán 40 mil funcionarios electorales, además de 48 mil miembros de las Fuerzas Armadas y más de 57 mil policías, en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Noboa este 12 de abril.

13,7 millones de ecuatorianos acudirán hoy a las urnas, en medio de una crisis de seguridad que se agravó desde la pandemia, en el contexto de la penetración de carteles mexicanos y albaneses para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Los resultados de esta elección se definirán, con seguridad, por la dirección que tome el 18% de votantes que aún no han definido a quien apoyarán, según varias encuestas y análisis difundidos las últimas semanas. La primera vuelta hubo un empate técnico, con cada postulante obteniendo el 44% de los votos. Hasta hoy todas las encuestas muestran que los candidatos siguen empatados y vaticinan un resultado apretado, voto a voto, entre ambas opciones.

Más ataques que propuestas

Uno de los hitos importantes, al inicio de la campaña, fue el debate presidencial, el 13 de marzo. Ambos candidatos emplearon buena parte de sus exposiciones en ataques sistemáticos, más que una exposición de sus planes de gobierno, que pasaron a un segundo plano.

Esa tónica de confrontación y virulencia ha marcado la segunda vuelta. Noboa ha enfilado sus ataques contra González y su movimiento, con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, denunciando su relación con el crimen organizado y casos sistemáticos de corrupción, que se investigan o han sido sentenciados y enjuiciados en la justicia. El más reciente está relacionado con un juicio que enfrentan tres importantes partidarios del correísmo, exintregrantes del Consejo de Participación Ciudadana, por querer tomar el control, de forma fraudulenta, en complicidad con Correa, de la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. Los tres militantes fueron destituidos por el Consejo Electoral y están enjuiciados.

En el debate, González denunció la supuesta participación de una empresa bananera de la familia Noboa y el involucramiento de su jefa de campaña y gerente en varios envíos de cocaína a Europa. Este caso estuvo bajo la investigación de la Fiscalía, que sin embargo no acusó a la gerente de ningún delito. La candidata ha cuestionado los resultados del Plan Fénix, resaltando que las cifras de violencia no han bajado, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los operativos de la fuerza pública.

 La campaña llegó a su fin, este jueves 10 de abril, en medio de un ambiente creciente de inseguridad y un aumento de homicidos, en su mayoría entre miembros de bandas criminales, que se enfrentan por el control de territorios, especialmente en Guayaquil. Aunque el año pasado, las muertes violentas tuvieron una disminución del 17%, este 2025 las cifras se volvieron a disparar.

El gobierno mantiene miles de soldados y policías en las calles realizando operaciones a gran escala, que han dejado decenas de detenidos, incluidos importantes cabecillas de grupos criminales. También ha sumado apoyos de Estados Unidos y la Unión Europea con equipos y recursos para capacitación e inteligencia.

Este proceso electoral transcurrió también en medio de una severa crisis por inundaciones, debido a las intensas lluvias, que han causado graves daños en carreteras, colapso de puentes, desbordamientos de ríos y derrumbes en varias ciudades del país. Puede ser posiblemente un factor que influya en el ánimo de los votantes, en medio de acciones desplegadas por el Ministerio de Obras Públicas y los gobiernos locales en las zonas golpeadas por el temporal.

Otro hecho que desató reacciones y críticas encontradas fue la llegada al Ecuador de Erick Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, acusada de abusos en operaciones en varios países con mercenarios. A inicios de este mes Prince se reunió con el presidente Noboa, quien anunció una alianza de su gobierno con esa empresa para brindar capacitación a militares y policías. Prince incluso participó en un operativo antidelictivo en Guayaquil y también dio declaraciones en varios medios a favor de Noboa y en contra de González, en medio de críticas por su intervención en la campaña electoral.

A González se le cuestiona desde diferentes sectores por su afinidad con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien dijo que sí reconocía como un mandatario legítimo. Otros puntos débiles de su campaña estuvieron marcados por  los anuncios que hicieron dos de sus legisladoras sobre el impulso de un “dólar a la ecuatoriana”, lo cual, según sus críticos, pondría en riesgo la dolarización que es el sistema monetario que rige en Ecuador. También recibió cuestionamientos su anuncio de que en su gobierno entregaría 72 millones de dólares para financiar el empleo de “gestores de paz”, para que operen en los barrios en apoyo a la seguridad ciudadana, similar a modelos empleados en Venezuela y Cuba, para la participación de civiles en defensa de su proyecto político.

Otro hecho que destacó estos últimos días fue el anuncio que hizo la fiscal Diana Salazar de extender sus funciones, que terminaron oficialmente el 9 de abril,  hasta que se designe a su reemplazo. Las últimas horas, la Fiscalía ha hecho públicos en sus redes sociales una cadena grabaciones de conversaciones entre el expresidente Correa y exautoridades de su partido, que se confabulaban para la designación de autoridades de control. Desde 2019, cuando asumió la Fiscalía, Salazar ha enjuiciado a importantes dirigentes del correísmo por corrupción y delincuencia organizada.