Una investigación liderada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico y los medios aliados Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio identificó que la producción y tráfico de drogas está presente en 54 de las 75 localidades limítrofes de la Amazonía, en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Los grupos criminales más activos en la zona son el brasileño Comando Vermelho y el colombiano Comandos de la Frontera. También se detectó que hay comercio ilegal de madera en la mitad de los distritos.
Por: Aramis Castro, Jonathan Hurtado, Arturo Torres, Julio Caicedo, María José Chitiva, Plínio Lopes, Bruno Abbud
Hace 25 años que Roberto* dejó su natal Colombia y decidió asentarse en la comunidad de Nueva Galilea, un pueblo remoto en la Amazonía peruana, ubicado a cuarenta minutos en bote desde Caballo Cocha y a una hora en avioneta desde Iquitos, capital de la región Loreto.
“Si tú no te metes [con ellos] no tienen por qué hacerte nada”, dice Roberto, sin haber perdido su acento colombiano, al ser consultado sobre la violencia en este territorio, donde los ‘patrones’ —quienes adquieren la cocaína elaborada en los laboratorios instalados en la Amazonía— son los protagonistas de enfrentamientos y homicidios que no suelen ser denunciados. Actualmente, quien controla la operación de narcotráfico en esta región es el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.
Roberto, como otros habitantes de este distrito de Ramón Castilla, empezó a dedicarse hace unos años a una actividad que es el primer eslabón en la cadena del narcotráfico: la producción de hoja de coca. Cada tres meses la cosecha para su venta y sus grandes manos le permiten hacer el ‘raspado’ (deshojar la hoja de coca) con gran destreza. “La coca no necesita sombra, crece libre”, explica, mientras señala unos tallos de su parcela, sembrada en media hectárea de tierra boscosa, donde también crece cacao.
“La coca también me enfermó, me hizo ganar enfermedades como el reumatismo o el dolor de huesos, enfermedades fuertes por estar mojado mucho tiempo. Causa más males que bienes”, sentencia Roberto y añade que hoy en día le genera más ingresos económicos la venta de churros y ‘curichis’, este último un refresco congelado que se vende en bolsas alargadas de plástico transparente.
Desde su parcela se escucha el motor de una moto en movimiento que, según Roberto, es la que transporta los insumos para la producción de la droga, elaborada en un laboratorio cerca al puerto de Nueva Galilea, a donde las personas que viven en esta región fronteriza llegan en pequeñas embarcaciones que, pese a su tamaño, pueden transportar a más de una decena de tripulantes.
Cuando llueve, el nivel de la corriente sube, lo que permite un tránsito constante de embarcaciones, no solo de pasajeros, sino también de las que se conocen como ‘bestias’: avanzan a gran velocidad y en su interior pueden contener hasta una tonelada de droga que es recogida en los distintos distritos ubicados a lo largo de la ruta fluvial que recorre los ríos de esta zona fronteriza.
Las fronteras son una línea divisoria en un mapa, que marca la jurisdicción de un país y otro, pero en el terreno no hay límites para los delitos en común y la aparición de cada vez más miembros de grupos criminales que operan tanto en zonas urbanas, como en los territorios amazónicos, donde impulsan actividades como el narcotráfico o el comercio ilegal de madera, que tienen como destino a Estados Unidos o Europa.
75 localidades infectadas
A partir de la construcción conjunta de una base de datos con información oficial y fuentes propias, una investigación liderada por la Red Transfronteriza de Ojo Público junto a los medios aliados Sumaúma, de Brasil, La Silla Vacía, de Colombia, y Código Vidrio, de Ecuador, identificó el amplio impacto de las economías ilegales y los actores criminales en territorios fronterizos de la Amazonía. El análisis alcanza a las 75 localidades —denominadas distritos, cantones o municipios, según el país— de las zonas limítrofes de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
Debido a los altos niveles de criminalidad que hay en estas zonas, también se sumaron tres municipios brasileños (Barcelos, Alto Alegre y Amajari) que comparten frontera con Venezuela. Y en el caso ecuatoriano, para delimitar la numerosa cantidad de localidades, se seleccionaron trece cantones que se extienden por la frontera amazónica.
En este universo se descubrió que en el 72% de las 54 localidades había presencia de grupos criminales que gestionan el narcotráfico en sus territorios. Principalmente, los Comandos de la Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil tienen control sobre esta región. Además de estar dedicados al tráfico de drogas, también se dedican a otras actividades ilegales.
Andrés Caijao, especialista de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, indicó para este reportaje que el crimen organizado usa las fronteras como “lugares de tránsito de un lado al otro” debido a que “no hay un control” de las autoridades. Frente a ello, planteó la necesidad de alcanzar “acuerdos binacionales para compartir información” y “entender mucho mejor las dinámicas y lo que pasa en la frontera”.
Los laboratorios se trasladan a Ecuador y Perú
Respecto a la participación de los grupos criminales en el narcotráfico, Caijao aseguró que los cultivos de hoja de coca se han concentrado en lugares limítrofes, mientras que desde Colombia se viene dando un importante “traslado de cristalizaderos (laboratorios) y la transformación de la cocaína en zonas limítrofes de Perú y Ecuador”.
Las fronteras son aprovechadas por el crimen organizado, ya que hay escasa presencia de las autoridades —Policía o Ejército que hacen patrullajes— y los gobiernos locales y otras entidades estatales son débiles y tampoco tienen ni las competencias ni los recursos para perseguirlos. Estos grupos, que son los responsables del aumento de homicidios y otros tipos de violencia, a menudo actúan con total impunidad.
De hecho, el pasado 27 de marzo, en el puesto de vigilancia de Tierra Amarilla —entre Perú y Colombia— diez delincuentes atacaron a los policías que estaban de turno y les robaron ocho armas, municiones y teléfonos celulares. El hecho ocurrió a orillas del río Loretoyacu, en el distrito de Ramón Castilla de la región Loreto.
El puesto asaltado es uno de los 15 que se ubican en la zona limítrofe entre Perú y Colombia. El ataque pone de manifiesto la vulnerabilidad que supone contar con poco presupuesto para controlar el orden público situación que fue expuesta por OjoPúblico cuando visitó otros de estos centros de vigilancia en El Estrecho, una localidad en la provincia del Putumayo.
En enero de este año ocurrió otro hecho violento en la localidad brasileña de Tabatinga. Manuel Sánchez Aurich, peruano y analista de sanidad e inocuidad de productos pecuarios en Santa Rosa, recibió varios disparos cuando cruzaba el río hacia Perú. Las versiones locales señalan que el trabajador participó en la incautación de embutidos que entraban de forma ilegal de Brasil y, en represalia, fue asesinado.
En otro hecho reciente, fuentes de la frontera amazónica indicaron que en julio último se registró el asesinato de un ciudadano en el puerto de Sheretero, ubicado a una cuadra de la plaza principal de Caballo Cocha. Y hace casi tres años, en 2022, asesinaron a un menor de edad peruano y a otros dos brasileños involucrados en casos de sicariato en este lugar que divide a Brasil, Colombia y Perú.
“Aquí soy el único y debo ver casos de cuatro distritos. A veces no hay presupuesto para la gasolina de las lanchas que nos llevan a nuestro centro de labores”, lamenta un fiscal peruano de la frontera Amazónica y recuerda que varios colegas no aceptan el puesto por temor a amenazas de los grupos criminales que operan y cuyas actividades crecen cada año en el lugar.
El narcotráfico se instaló en la Amazonía
A veinte minutos por carretera de Caballo Cocha, en la Amazonía peruana, donde la mayoría de casas están construidas con madera local, la comunidad del pueblo ticuna de Cushillo Cocha da la bienvenida a través de un delgado arco de cemento que también cruzan distintos moto taxis. A pocos metros de su plaza de armas hay un pequeño puerto desde donde, según fuentes locales, se parte hacia otras comunidades dedicadas a la producción de hoja de coca.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) indica que la producción de hoja de coca en el distrito de Ramón Castilla —donde se encuentra Cushillo Cocha— ha disminuido entre 2022 y 2023. Sin embargo, todavía supera las 3.766 hectáreas de cultivo, una cifra que triplica los registros de 2019.
Al igual que en Cushillo Cocha, el narcotráfico se ha instalado como una economía ilegal en varias localidades a lo largo de la Amazonía que comparten Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.
La investigación identificó que la producción y transporte de drogas como la pasta básica de cocaína (PBC) o el clorhidrato de cocaína se da, al menos, en 54 de las 75 localidades revisadas.
Si se observa la incidencia por país, se evidencia que Colombia tiene una cobertura del 100% de localidades con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico en ocho de los municipios revisados.
El enclave cocalero Frontera Putumayo —uno de los quince que hay en Colombia, donde se cultiva, transforma y comercializa la coca y sus derivados— incluye parte de los municipios de Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Asís y un sector de Ipiales (Nariño). En 2023, este enclave aportó el 27 % de la coca de Putumayo y concentró el 14 % de la coca de los enclaves a nivel nacional.
Si bien los campesinos colombianos vivieron una crisis por la caída del precio y la compra de la coca en el bajo Putumayo, entre 2022 y 2023, desde el segundo semestre de 2024 viene repuntando, como lo informó La Silla Vacía. Productores en terreno cuentan que tienen nuevas variedades de hoja con mayor rendimiento que les permite cubrir sus necesidades y reinvertir en cultivos, aunque no tengan mucho margen de ganancia.
13 cantones de Ecuador, con mayor penetración criminal
En la lista de localidades con mayor penetración del crimen organizado dedicado al narcotráfico, en los otros países de la región, sigue Brasil con el 84% de sus 25 municipios, luego Ecuador con el 76,9% de sus 13 cantones y Perú ocupa el tercer lugar con el 51,7% de sus 29 distritos.
En Perú, además de la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, hay cultivos de hoja de coca en estos mismos 15 distritos fronterizos. Distintas fuentes señalan que los Comandos de la Frontera colombiano operan en los cuatro distritos que integran la provincia del Putumayo.
En una reciente visita a la zona de Caballo Cocha y Cushillo Cocha —en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil—, fuentes de la Fiscalía y la Policía peruana indicaron a OjoPúblico que, en los últimos años, el transporte y la protección de la droga han contado con la participación de miembros del grupo criminal Los Crías, una banda local del distrito brasileño de Tabatinga que también trabaja en alianza con el Primer Comando Capital (PCC).
Según relataron fuentes de la triple frontera a este equipo periodístico, otra característica del lugar es la gran cantidad de armas que hay en esta zona. Los entrevistados señalaron que conocen a personas registradas ante las autoridades peruanas como cazadores de animales, pero cuyo permiso para porte de armas es una fachada para su uso real: abastecer a los grupos criminales dedicados al narcotráfico. Y en algunas operaciones antinarcóticos, la Policía ha descubierto que las armas pertenecen a personas que habían obtenido permisos de caza de animales.
Al ser consultados por la aparición del armamento junto a las drogas, los involucrados indicaron a la policía que sus armas se habían extraviado y que desconocen cómo acabaron en laboratorios de cocaína.
11 grupos se dedican al narcotráfico
¿Cuántos y cuáles son los actores criminales que operan en esta zona? Este equipo periodístico ha identificado la participación de 11 grupos dedicados al narcotráfico en los cuatro países analizados.
En la lista destacan Los Comandos de la Frontera, con presencia en 21 localidades de Perú, Colombia y Ecuador. En este último país, la estructura no sólo penetró territorialmente la Amazonía ecuatoriana, sino que también amplió su portafolio criminal hacia el blanqueo de capitales y ha intentado cooptar a jueces de tribunales que procesan a sus miembros. Su principal bastión es la provincia de Sucumbíos, fronteriza con el Putumayo colombiano. La economía de esta zona está estrechamente vinculada al narcotráfico, a diferentes niveles, en el sector público y privado, desde hace tres décadas. Autoridades seccionales y de control tienen compromisos con ese grupo armado, así como comerciantes, dueños de empresas de todo tipo, transportistas.
Esta organización, con unos mil miembros según la Fiscalía colombiana, está formada por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se sumaron a los acuerdos de paz, suscritos en el 2016. Eran parte del Frente 48, que operaba en el Putumayo.
Para mantener el control del negocio, este grupo armado impone a los pobladores requisitos como la carnetización y la afiliación obligatoria a las juntas de acción comunal de los territorios bajo su dominio. Las personas deben portar su carné en todo momento y los raspachines de coca deben contar con el aval de las juntas para trabajar allí.
“Aprendimos a convivir con ellos”, dice un líder campesino cocalero. “Uno de los acuerdos que se hicieron es que para proteger a nuestra comunidad carnetizamos a los afiliados. Cuando transitan y les sale el actor armado piden el carné y si lo retienen tiene que ir la Junta a hablar por esa persona”, explica al equipo periodístico que visitó esta región.
Otro de los grupos criminales colombianos que también hace presencia y se disputa el control de la zona con los Comandos de la Frontera es el Frente Carolina Ramírez, especialmente en el Putumayo.
Al parecer, según fuentes de la zona, los grupos criminales colombianos también comparten área de operaciones con los ecuatorianos: Los Lobos y Los Choneros, indistintamente, de acuerdo a actividades criminales específicas.
En Ecuador, los Comandos de la Frontera se aliaron los últimos años con Los Lobos, que ya controlan el 75% de las provincias de este país y se han convertido en el grupo delictivo ecuatoriano de mayor crecimiento transnacional en América Latina, como informó OjoPúblico en un extenso reportaje. Por otro lado, con Los Choneros se disputan el control de la minería ilegal, especialmente en cantones amazónicos donde se han disparado los niveles de violencia. Solo en la provincia de Orellana hubo 25 asesinatos entre enero y marzo de 2025.
Una fuente que vive en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, en San Miguel, Putumayo, le dijo al equipo periodístico que el año pasado Los Choneros habrían incursionado al lado colombiano con ataques focalizados contra miembros de los Comandos de la Frontera.
No obstante, en Ecuador Los Choneros también son socios de los Comandos de la Frontera hace años, para el transporte de cocaína desde la frontera colombiana hacia los puertos costaneros de Ecuador. Los Choneros controlan las rutas para el transporte de la droga, y antes operaban con las FARC, aliadas del cartel de Sinaloa, según un oficial de Inteligencia del Ejército que ha seguido está dinámica desde hace una década.
El Comando Vermelho
Del lado brasileño resalta el Comando Vermelho, con operaciones en 19 localidades brasileñas, colombianas y peruanas. Esta agrupación criminal, con unos 30.000 miembros, es la más antigua del país —se inició en la década de los setenta— y una de las más poderosas en la región. Poco a poco ha expandido la presencia de sus afiliados en la Amazonía peruana como informó OjoPúblico en distintos artículos.
El Comando Vermelho llegó a la Amazonía brasileña con mayor intensidad en 2017, tras la muerte de Jorge Rafaat Toumani, alías ‘Rey del tráfico’, en la frontera con Paraguay, manejada entonces por el otro grupo criminal brasileño de importancia: el Primer Comando de la Capital (PCC). Este territorio solía ser una de las principales rutas de la droga de Brasil y, al estar dominada por el PCC, el Comando Vermelho decidió concentrar sus esfuerzos en el norte de Brasil, en las fronteras con Colombia y Perú.
El Primer Comando de la Capital (PCC), tiene el dominio en el estado de Roraima, según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En este lugar fronterizo con Venezuela, el PCC controla seis municipios, mientras que otros siete se los disputa con el Comando Vermelho (CV) y con la organización criminal venezolana, el Tren de Aragua, presente en la capital, Boa Vista, y en Pacaraima.
Por allí entran muchas armas . “Entran muchas armas y drogas por Venezuela de origen colombiano.Y, por otro lado, Perú hoy es uno de los principales proveedores de cocaína de Brasil, con zonas principales en la triple frontera y el río Solimões”.
Aunque, en teoría, el PCC y el CV son rivales por el control territorial, lo que aumenta el número de homicidios en estas localidades, en algunos casos, se ponen de acuerdo para dominar una actividad delictiva diferente cada una.
Por ejemplo, en Santo Antônio do Içá, municipio del estado de Amazonas que tiene frontera con Colombia, se pueden ver grafitis con las siglas de los distintos grupos criminales en las paredes de la ciudad. El PCC sigue ahí, a pesar de la disputa con el Comando Vermelho, sus rivales de Río de Janeiro.
Suben las tasas de homicidio
A las actividades de los grupos criminales en los distritos analizados también se suma un aumento en los niveles de violencia. En nueve de las diez localidades con mayores tasas de homicidio hubo un incremento en las cifras entre 2019 y 2023. Estas corresponden a territorios en Brasil, Colombia y Ecuador con presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico, donde también se superaron las tasas nacionales de cada país.
Por ejemplo, el Valle del Guamuez, en el Bajo Putumayo colombiano, tiene la tasa más alta de homicidios entre las localidades de los cuatro países analizados en este reportaje: 106,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes en 2023, una cifra que supera cuatro veces la tasa de homicidios del país, 27,31.
Otros ejemplos: en el cantón ecuatoriano de Paquisha —territorio en conflicto por actividades de minería ilegal entre Los Choneros y Los Lobos—, la tasa de homicidios creció cinco veces entre 2019 y 2023. Pasó de 21,1 a 105,6 casos por cada 100.000 habitantes. Ese mismo año, la tasa también duplicó la cifra nacional de 47,25 homicidios por cada 100000 habitantes. Y en Brasil, la localidad de Amajari, estado Roraima, pasó de tener una tasa de 25,7 en 2019 a 64,2 en 2023, más de tres veces de la tasa nacional, que en ese mismo año fue de 19,26 por cada 100000 personas.
En el lado peruano, las cifras no muestran altos índices de violencia, pero el recorrido en campo reveló que la aparente tranquilidad que muestran las cifras oficiales no responde a la realidad de la zona fronteriza. Varias fuentes señalaron a este equipo periodístico que los centros de salud atienden casos de homicidios que no se denuncian, por lo que hay un subreporte de los datos.
Funcionarios públicos de la triple frontera amazónica que prefieren mantener su nombre en reserva contaron que los homicidios en la zona están relacionados con enfrentamientos entre los compradores de droga, llamados ‘patrones’, o gente de su entorno. Estos hechos se presentan cuando el transporte falla, no se realizan pagos o hay sospechas de que se filtre información interna sobre las organizaciones criminales.
El temor se percibe en el centro de Caballo Cocha, donde se encuentra el llamado ‘Boulevard de la integración y desarrollo fronterizo’ y una plazoleta adornada con la estatua de un caballo blanco. Allí, la mayoría de jóvenes se reúne para pasar el rato, antes de asistir a los bares que nunca cierran, a pocos metros de la plaza, donde la música retumba y la cerveza brasileña es más barata que la peruana. En uno de los muros de esos locales cuelga el retrato del capo de la droga, Pablo Escobar.
Los lugareños miran con suspicacia a cualquier extranjero que se adentre en este territorio fronterizo. Aunque una de las autoridades locales afirma que la seguridad del lugar está garantizada y que “nada va a pasar”, cambia de inmediato el semblante y guarda silencio para no responder sobre la presencia de grupos criminales en su jurisdicción.
El narcotráfico abrió la puerta a otros crímenes
La coca pareciera ser un motor de desarrollo que va jalonando otra clase de actividades económicas ilegales en la Amazonía y arrasa con los bosques y la vida de otras especies que habitan este ecosistema: la minería de oro, la extracción de madera, el tráfico de fauna, la pesca ilegal, la ocupación irregular de tierras, entre otros delitos.
Tras revisar los datos, este equipo periodístico pudo determinar que la segunda economía ilegal en las localidades fronterizas analizadas es el comercio ilegal de madera, ligada a la pérdida de bosques amazónicos. Esta actividad está presente en 40 de las 75 localidades (el 53,3% del total). En Ecuador está en el 100% de los cantones, le siguió Colombia con el 75%, Perú con el 68,9% y Brasil con el 4%.
Es necesario señalar que, en el caso de Brasil, es probable que los datos estén subestimados, ya que la cifra oficial solo tiene en cuenta la explotación directa de árboles específicos para la venta y no la deforestación a gran escala, donde también hay extracción ilegal de madera.
“La falta de presencia del Estado genera desatención en la frontera. Por un lado eso y, por otro, al estar alejados les genera ventaja [a los grupos criminales], tienen control de esos territorios. Tanto así que cuando nos trasladamos ya no encontramos nada. Se filtra la información”, confiesa una fuente fiscal que trabaja en territorio fronterizo.
En julio pasado, OjoPúblico contó cómo opera el tráfico de madera entre Perú y Ecuador a partir de la exportación de madera tipo balsa, también llamada topa. En esta actividad participan tanto empresarios peruanos como ecuatorianos, y algunas denuncias de líderes indígenas señalan que este comercio ilícito se ha desarrollado en la región peruana de Amazonas, donde ha aumentado la minería ilegal.
Los datos también muestran que el 72% de las localidades revisadas registraron presencia de minería ilegal. Para esta sección del análisis se consideró información de Colombia, Ecuador y Perú, países que manejan información detallada sobre este tema.
En territorio ecuatoriano, esta actividad ilegal —que cada año registra un aumento de sus operaciones— tiene la participación de grupos criminales como Los Lobos.
Por su parte, en Colombia, la extracción ilegal del mineral la llevan a cabo miembros de los Comandos de la Frontera, que también controlan esta actividad, junto con el paso de la droga desde los ríos que cruzan la Amazonía hasta otros puntos fronterizos.
En Perú no hay muchos detalles sobre las organizaciones presentes en la zona, pero la actividad ilegal se está expandiendo por zonas como el Putumayo o la región de Amazonas, esta última limítrofe con territorio ecuatoriano. La actividad ilícita está presente en 16 de los 29 municipios.
“En la mayoría de los sectores afectados por la minería ilegal no existe un sistema de monitoreo de la actividad (impactos, magnitud, dinámicas, entre otros). Este hecho impide implementar de manera efectiva mecanismos de lucha y prevención de la actividad ilegal, en especial en aquellas zonas donde recién empieza”, concluye un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) sobre la minería ilegal en territorio peruano.
Para tratar de contrarrestar los avances de la minería ilegal, a principios de año, se reunieron autoridades de Amazonas, en Colombia, y Loreto, en Perú. Acordaron compartir información y acceder a recursos conjuntamente, para fortalecer las acciones en sus territorios. Se espera que a mediados de año vuelvan a reunirse para evaluar una hoja de ruta, en medio de un panorama cada vez más crítico, como el que evidencian los datos y la reportería en terreno en las localidades fronterizas de la Amazonía: se han convertido en un centro estratégico para el avance de la criminalidad organizada cuya expansión, por ahora, no tiene límites y está afectando al medio ambiente y a las comunidades locales.
*Su nombre ha sido cambiado para este reportaje.