ANÁLISIS. En un contexto de franca hostilidad desde el poder político, el gobierno de Dina Boluarte aprobó una ley cuyos efectos equivalen a una mordaza contra el periodismo de investigación. La norma elaborada por el Congreso se sustenta en el supuesto argumento de fortalecer a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)– que en realidad convierte a esta entidad en un arma de censura previa contra las organizaciones de la sociedad civil y los medios de Perú. Foto: Dina Boluarte, sus ministros y la jefa de la APCI junto con los coautores de la ley. Tomada de la Presidencia de la República.
Redacción Código Vidrio
Organizaciones de la sociedad civil en Perú se mantienen en alerta por la aprobación de una Ley, elaborada por el Congreso y aprobada por la presidenta Diana Boluarte, que ordena el registro obligatorio y la autorización previa para publicar contenidos, o ejecutar proyectos a medios independientes.
La Ley 32301 cambia el alcance de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). “Bajo el argumento de fortalecer el trabajo de la APCI, esta ley propone un control indebido sobre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que deja la puerta abierta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad, así como a la censura de voces críticas e incómodas con el poder, lo cual puede afectar la rendición de cuentas del Estado”, argumentó la organización Amnistía Internacional.
La misma entidad rechazó la promulgación de la ley, tanto más cuanto durante el acto de promulgación, la mandataria peruana aseguró que el cuerpo legal pondrá “bajo revisión exhaustiva a una minoría de ONG que actúan en contra de los intereses de nuestro país, sembrando odio y atacando nuestro sistema”.
Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú destacó la preocupación porque ese gobierno promulgara una norma contraria a los derechos humanos. “Es lamentable que la presidenta estigmatice públicamente a las organizaciones de la sociedad civil”. Además, relievó que el discurso de la autoridad fue “contrario a la libertad de expresión y a cualquier voz considerada como crítica a las políticas y decisiones estatales”.
https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/04/peru-ley-obstaculiza-libertad-expresion-y-asociacion/
La vigencia de la ley generó preocupación entre medios independientes, organizaciones de la sociedad civil y redes de verificación, relató de su lado el medio colombiano La Silla Vacía.
Según el texto de la ley, las organizaciones sin fines de lucro que reciban cooperación internacional deben registrase ante la APCI y recibir su autorización como requisito previo a ejecutar proyectos.
Al tratarse de medios de comunicación, el alcance de la disposición incluye la publicación de contenidos. Las sanciones, en caso de incumplimiento, llegarían a 720 mil dólares.
“Con la promulgación, el Ejecutivo y el Congreso han puesto en marcha una norma que viola de manera evidente la Constitución del Perú y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, respecto de la libertad de prensa e información y reserva de fuentes, en el caso de los medios independientes”, alertó el medio nativo digital Ojo Público, que es referente en periodismo de investigación en Perú y la región. “Según la nueva norma, este tipo de organizaciones de noticias deberá inscribirse de manera obligatoria en el registro de dicha entidad y luego, someter sus ‘proyectos y actividades’ –para un medio, esto es la línea editorial, decisiones de cobertura, proceso de recolección de información y las publicaciones periodísticas- al permiso previo de APCI. “Esto significa que se tendrá que pedir permiso del Estado para escribir y publicar” , alertó este medio.
https://ojo-publico.com/5597/ley-apci-boluarte-aprueba-arma-legal-contra-medios-como-ojopublico
En Perú, la Constitución vigente rechaza la censura previa en todas sus formas. El efecto de la legislación generará equivale a una censura previa.