OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Decenas de organizaciones sociales (GONGOs), respaldadas por Pekín, han transformado el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, en un entorno hostil para los críticos del presidente Xi Jinping. Los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió esa organización. 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino. 46 están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido. Y diez reciben más del 50 por ciento de su financiación del estado chino. 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China denuncian haber sido vigilados por probables agentes oficiales.
Por Tamsin Lee-Smith y Jelena Cosic
En la «capital de la paz», la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra acoge a defensores de derechos humanos. Sin embargo, para 15 activistas, en marzo de 2024, el complejo de la ONU entrañaba riesgos.
Por temor a represalias del gobierno contra sus familias en China continental y Hong Kong, varios se negaron a entrar en el recinto diplomático. Prefirieron reunirse en la última planta de un discreto edificio cercano, para hablar sobre las violaciones de DD.HH. en China y Hong Kong con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Volker Türk.
“Tomamos las precauciones necesarias”, dijo Zumretay Arkin, vicepresidente del Congreso Mundial Uigur, que aboga por los derechos del grupo étnico de Xinjiang, en el noroeste de China, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés.
Arkin y sus colegas se reunían en las oficinas del Servicio Internacional para los DD.HH. (ISHR), organización independiente de capacitación. Antes de la llegada de Türk y sus colegas, dos mujeres y dos hombres aparecieron fuera de la oficina. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó un miembro de ISHR al abrir la puerta, según su relato a ICIJ.
Una de las mujeres dijo que ella y el grupo, que afirmaba pertenecer a la «Asociación de Derechos Humanos de Guangdong», participarían en una reunión. No estaban invitados y no les permitieron entrar.
Cuando dos activistas uigures salieron de la oficina vieron a personas que los fotografiaban; sus descripciones coincidían con las personas que quisieron entrar sin invitación.
“Fue un acto intimidatorio”, declaró Raphaël Viana David, director de programas del ISHR. Arkin declaró a ICIJ que cree que el grupo estaba enviando una señal del gobierno: “Los estamos vigilando. No pueden escapar de nosotros”.
El incidente es uno de los ejemplos que el ICIJ y sus medios de comunicación asociados recopilaron de representantes de la diáspora china —activistas prodemocracia, miembros de minorías étnicas y religiosas, entre otros—, a quienes el gobierno chino ha intentado silenciar en el mundo.
Los hallazgos forman parte de China Targets (Objetivos de China), una investigación del ICIJ y 41 medios de comunicación asociados. Este proyecto explora cómo el Estado chino, con su amplio brazo, ataca a los críticos más allá de sus fronteras, incluso en el Palacio de las Naciones en Ginebra, el corazón del sistema de derechos humanos de la ONU.
El ICIJ y sus socios entrevistaron a 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China, quienes relataron haber sido vigilados por sospechosos de ser agentes del gobierno, incluyendo a miembros de organizaciones no gubernamentales chinas. Los incidentes ocurrieron dentro del Palacio de las Naciones y en Ginebra. Algunos activistas afirman que sus familiares, bajo la posible presión de las autoridades chinas, les pidieron silenciarse.
El Palacio de las Naciones, cerca de la orilla del lago Lemán, es la sede del Consejo de DD.HH. de la ONU, un órgano de 47 Estados miembros que se reúne al menos tres veces al año. Ginebra también alberga la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., que investiga y monitorea las atrocidades cometidas en todo el mundo.
Los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG, NGO por sus siglas en inglés) pueden hablar ante el Consejo de DD.HH.
Sin embargo, en los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió el Palacio de las Naciones. Sus delegados buscan acallar las críticas a China.
“Es corrosivo. Es deshonesto. Es subversivo”, afirmó Michèle Taylor, ex embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de DD.HH. desde 2022 hasta inicios de este año. Taylor afirmó que los grupos respaldados por China “se hacen pasar por ONG” como parte de un esfuerzo más amplio de Pekín “para ocultar sus propias violaciones de derechos humanos y redefinir la narrativa en torno a las culpabilidades de China”.
Y su presencia se siente.
“El impacto de nuestro trabajo no sería el mismo si pudiéramos hacerlo abiertamente”, dijo Renee Xia, quien dirige Defensores de DD.HH. de China, coalición con sede en Estados Unidos. “No sabemos quién está grabando, filmando o anotando”.
Miles de ONG en la ONU tienen estatus consultivo: esto les otorga privilegios para que actúen sin interferencias gubernamentales.
Sin embargo, un análisis del ICIJ sobre 106 de estas ONG de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán revela que 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino (PCCh). Cuarenta y seis están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido.
El actual secretario general de una ONG omnipresente es también el director de DD.HH. del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, también conocido como Departamento de Propaganda. (Un exsecretario general también ocupó ambos cargos).
Y diez aceptan más del 50 por ciento de su financiación del Estado chino.
En Ginebra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) organizadas por el gobierno, como las docenas identificadas por el ICIJ, se denominan » ‘GONGOs’ (por sus siglas en inglés). «Es paradójico», dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán. «Una ONG no debe ser organizada por el gobierno».
Hoy China es uno de los estados miembros más poderosos de la ONU. Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con Estados Unidos y Rusia. Se espera que financie una quinta parte del presupuesto regular de la ONU este año, más que cualquier otro país excepto EE. UU. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la retirada de EE. UU. del Consejo de DD.HH., se ha abierto un vacío que China está a punto de llenar.
Según Kenneth Roth, quien dirigió Human Rights Watch durante casi 30 años, «Para disuadir la condena de su severa represión, en particular la detención masiva de uigures, Pekín ha propuesto reescribir el derecho internacional de los derechos humanos», declaró a ICIJ.
“La ONU es uno de los pocos foros donde podemos defender nuestra causa”, dijo Arkin, quien a los 10 años se mudó con su familia a Montreal desde Urumqi, la capital de la región china de Xinjiang, para escapar de la discriminación contra los uigur. Sin embargo, añadió, “se ha convertido en uno de los lugares donde estos gobiernos ejercen su represión”.
Una «represalia mortal»
Diez años atrás, Cao Shunli, una activista china, fue secuestrada mientras viajaba a esas oficinas.
Cao había presionado al gobierno para que permitiera a los ciudadanos contribuir a un informe que Pekín presentaba al Consejo de DD.HH. antes de su revisión de 2013. Cao ya había sido detenida varias veces por su activismo.
En septiembre, Cao, de 52 años, intentó abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Pekín a Ginebra, donde planeaba asistir a un programa de capacitación sobre defensa de los DD.HH. de la ONU. Y desapareció. (Activistas de otras ciudades chinas fueron interrogados y se les advirtió que no asistieran al mismo programa de capacitación, informó la ONU).
Pasarían semanas antes de que las autoridades confirmaran a su familia que estaba recluida en el Centro de Detención del Distrito de Chaoyang en Pekín, acusada de «provocar peleas y causar problemas». Su salud se deterioró, según informes. Se le negó la atención médica adecuada y falleció por insuficiencia orgánica múltiple en marzo de 2014, en un hospital militar.
Durante una sesión del Consejo de DD.HH: en 2015, China negó que Cao fuera defensora o activista. También afirmó que nadie sufre represalias.
Sin embargo, un documento interno del gobierno, filtrado del archivo digital de un policía de Tekes, Xinjiang, emitido ocho meses antes de que Cao no pudiera salir de China, revela tácticas para controlar amenazas. La presentación de PowerPoint da instrucciones sobre el control fronterizo, incluyendo la prohibición de que ciudadanos participen en eventos, como invitaciones a capacitaciones por parte de organizaciones de DD.HH. en el exterior. El documento fue compartido con el ICIJ por Adrian Zenz, director de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo.
La muerte de Cao fue una advertencia. La «mortal represalia» —como la denunciaron grupos— ha disuadido a otros activistas. Una década después, la participación de defensores chinos en las actividades de la ONU ha caído a un mínimo histórico, según la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.
El ICIJ descubrió que el número de ONG chinas con estatus consultivo de la ONU casi se ha duplicado desde 2018. Ese año, la creciente evidencia de campos de detención en Xinjiang atrajo la atención internacional, seguida por la brutal represión de las fuerzas de seguridad de Hong Kong contra manifestantes pro democracia en 2019.
Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, D.C., no respondió directamente a preguntas sobre el despliegue de ONG por parte de Pekín en Ginebra. Escribió en un correo electrónico a ICIJ que China había contribuido «de forma constructiva a la gobernanza global de los DD.HH.».
“A nivel internacional, China ha presentado propuestas en el Consejo de DD.HH. de la ONU sobre la promoción de los derechos humanos a través de la cooperación y el desarrollo, y sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los de grupos específicos”, dijo.
La Oficina de DD.HH. de la ONU dijo al ICIJ en una declaración que trabaja para asegurar espacio para organizaciones independientes, pero que no puede empezar a diferenciar entre ONG “auténticas” y “no auténticas”.
La aprobación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong en 2020, que penalizó la «colusión con fuerzas extranjeras», y otras leyes en marzo de 2024, aumentaron riesgos. Un hongkonés que reside en el extranjero declaró a ICIJ que «Muchos no queremos entrar al Palacio, pero todavía hay algunos que sí lo harán… Tenemos que ser cautelosos».
La cortina de humo del PCCh
El Servicio Internacional para los DD.HH. dijo a ICIJ que identificó a las dos mujeres del grupo que intentó asistir a la reunión de 2024 en sus oficinas. Según ISHR, las reconoció por los detalles que vio en línea sobre sus actividades en Ginebra. Quien habló con el miembro de ISHR es Zhou Lulu, secretaria de una rama del Partido Comunista Chino y vicedecana del Instituto de DD.HH. de la U. de Guangzhou. Guangzhou es la capital de Guangdong, la provincia china de la que el grupo afirmó ser. ISHR dijo que estaba acompañada por Wang Shuqi, quien, según el Global Times de China, es investigadora adjunta en el Centro de Investigación de DD.HH. de la Universidad del Noroeste de Ciencias Políticas y Derecho en la provincia de Shaanxi.
Al preguntársele por teléfono si intentó acudir a las oficinas del ISHR como representante de la Asociación de Derechos Humanos de Guangdong, dijo que no lo recordaba: «He hecho tantas cosas desde ese viaje», dijo. «Así que no recuerdo cuál «.
Zhou estaba en Ginebra con una delegación de expertos en «libertad religiosa, historia, derechos humanos y antiterrorismo», según una emisora estatal china. Su objetivo era «mostrar los logros y las mejores prácticas de China».
Raphaël Viana David, director de ISHR, comentó que se encontró con Zhou en el Palacio de las Naciones un día después de la reunión, tomando fotos de los panelistas, en un evento donde estaba un exiliado tibetano. Viana David explicó que le pidió a Zhou que las borrara. Tras cierta resistencia, accedió. Está prohibido tomar fotos en las reuniones, sin autorización previa.
Zhou dio un discurso como representante de la Sociedad China de Estudios de DD.HH. (CSHRS). Con sede en Pekín, se describe como «la mayor organización no gubernamental de China dedicada a la promoción de los DD.HH.». Según el análisis del ICIJ, se considera una GONGO porque tres de sus principales líderes ocupan cargos en el PCCh y realizó declaraciones a favor de China en el Consejo de DD.HH.
Wang, quien no respondió a las preguntas del ICIJ, también estuvo en Ginebra en marzo de 2024, en un evento paralelo. Según ISHR, intervino como delegada del CSHRS. La organización fue elogiada en 2022 por el presidente chino, Xi Jinping.
Titus Chen, quien en 2019 publicó un análisis exhaustivo de discursos, declaraciones y anuncios del sitio web del CSHRS, califica al grupo de portavoz de propaganda del Partido Comunista. «Son dos caras de la misma moneda», afirmó Chen.
CSHRS no respondió a preguntas detalladas de ICIJ, sin embargo, un representante de la organización dijo por teléfono: “Somos simplemente una institución académica”.
Todas las ONG chinas deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Civiles y ser supervisadas por un departamento gubernamental o por el PCCh; esto por sí solo no las califica como GONGOs.
Sin embargo, el análisis del ICIJ muestra hasta qué punto el gobierno o el partido interfieren con la independencia de algunas ONG con estatus consultivo ante la ONU. 53 organizaciones declaran su lealtad al Partido Comunista en sus sitios web o documentos oficiales. Y 12 permiten que el partido intervenga en su toma de decisiones, lo que puede incluir la aprobación de donaciones o nombramientos de líderes.
El Consejo Económico y Social de la ONU otorgó al CSHRS estatus consultivo en 1998. Esto le faculta a presentar declaraciones ante el Consejo de DD.HH., ejercer presión en los círculos de poder y organizar eventos paralelos en el Palacio de las Naciones.
De las ONG chinas que intervinieron en las sesiones del Consejo de DD.HH. entre 2018 y 2024, el ICIJ determinó que el CSHRS fue la más activa, apareciendo más de 300 veces en las listas de oradores (tanto presenciales como en línea). La mayoría de sus declaraciones pueden clasificarse como pro-China, según un análisis del ICIJ de los datos recopilados por el ISHR.
Tras el incidente de marzo en Ginebra, el ISHR presentó a la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.pruebas fotográficas que respaldan su versión de lo sucedido, incluyendo la identidad de los asociados del CSHRS. El episodio del grupo de Guangdong no se mencionó en el informe del secretario general de 2024.
Creación de un ejército de GONGOs
Cartas proporcionadas al ICIJ por Emma Reilly, ex funcionaria de DD,HH. de la ONU, muestran la presión ejercida por China sobre la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. para que deniegue la acreditación de tibetanos y uigures ante el Consejo , calificándolos de «secesionistas». Las presiones datan desde 2001.
Desde la reelección de Xi como secretario general del Partido Comunista en 2017 y presidente al año siguiente, China busca una mayor influencia en el sistema.
En 2017, el gobierno chino donó por primera vez a la Oficina del Alto Comisionado la cifra de 100.000 dólares; aumentó a 4 millones en 2023. (Estados Unidos donó más de 36 millones de dólares en 2024). Sin embargo, el gobierno chino destina cuidadosamente todo el dinero a causas específicas. Por ejemplo, a financiar relatores especiales para el derecho al desarrollo, los derechos de los migrantes y las medidas coercitivas unilaterales, a menudo denominadas sanciones (1,2 millones entre 2019 y 2023). El relator especial sobre estas medidas visitó China en mayo de 2024 y luego instó a los estados a levantar las sanciones impuestas al país, citando su impacto desproporcionado en la economía de Xinjiang.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial alertó sobre la detención de personas de etnia uigur y otras minorías musulmanas en agosto de 2018. Sin cifras oficiales, el comité advirtió que el número de detenidos podría superar el millón. Al mes siguiente, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en un discurso como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., calificó las acusaciones de «profundamente inquietantes» y solicitó a Pekín que permitiera la visita de su oficina.
Pero para entonces, una campaña liderada por el gobierno chino ya impulsaba la creciente presencia de ONG chinas en Ginebra.
“El gobierno chino claramente usa a las ONG como herramienta”, afirmó Rana Siu Inboden, investigadora principal del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacional de la Universidad de Texas en Austin. “Las asesoran para obtener este estatus consultivo… Y una vez en la ONU, sus declaraciones, benefician al gobierno”.
En 2024, 33 ONG chinas aparecieron unas 300 veces en las listas de oradores de las sesiones del Consejo de DD.HH. En 2018, solo hubo tres. Ninguna criticó a China, según el análisis de sus declaraciones realizado por el ICIJ.
Cuando Bachelet visitó China durante seis días en mayo de 2022, desató una polémica. Organizaciones internacionales la criticaron por no estar a la altura de las circunstancias. A las pocas semanas anunció que no se presentaría a un nuevo mandato por «motivos personales».
Pekín intensificaba su campaña para ocultar sus hallazgos. Un grupo de casi 1.000 organizaciones, incluidas 20 ONG chinas con estatus consultivo ante la ONU, escribió una carta abierta en el periódico estatal China Daily implorando a Bachelet que «no publique una evaluación llena de mentiras».
A las 12 menos 12 del último día del mandato de Bachelet, su oficina publicó el informe. Éste documentó violaciones y torturas en centros de detención, así como anticonceptivos forzados y una vigilancia exhaustiva en Xinjiang. Bachelet concluyó que las acciones de China podrían constituir «crímenes de lesa humanidad».
“Fue un momento extraordinario ver al principal organismo de investigación de DD.HH. de la ONU formular esa acusación contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo”, declaró Sophie Richardson, para entonces directora para China de Human Rights Watch. Sin embargo, cuando los estados miembros del Consejo de DD.HH. votaron sobre una propuesta para debatir la situación en Xinjiang, el presidente Xi llamó a varios jefes de estado para solicitar su apoyo. La medida fue rechazada por dos votos, y los aliados de China prorrumpieron en aplausos.
Tras la salida de Bachelet, la responsabilidad recaía sobre su sucesor: Volker Türk. Un portavoz de Türk declaró a ICIJ en un comunicado que se comprometía a mantener conversaciones francas con el gobierno chino y a defender públicamente a las víctimas.
Para que una ONG tenga estatus consultivo de la ONU se realiza un proceso de verificación a cargo del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la ONU en Nueva York. Este comité en los últimos 10 años, ha tenido entre sus miembros a países que tienen «regímenes autoritarios», según un análisis del ICIJ basado en los criterios del Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU). Cuba, Nicaragua y Pakistán han formado parte del comité junto con China desde al menos 2015; todos ellos son regímenes autoritarios según el índice de la EIU.
‘El patio de recreo de China’
Antes de que el sol saliera en Ginebra, una mañana de enero de 2024, una fila de delegados de ONG chinas se había formado en la oficina de seguridad junto a la entrada del Palacio de las Naciones. Buscaban un lugar para escuchar la primera revisión del Consejo de DD.HH. sobre China en unos cinco años.
En la sesión, el embajador chino, Chen Xu, se jactó de que su gobierno había sacado a casi 100 millones de personas de la pobreza y había erradicado la pobreza absoluta. Otros 161 países intervinieron, con 45 segundos cada uno. La división de lealtades fue previsible. Estados Unidos condenó a China por el genocidio en Xinjiang. Rusia, Irán y Venezuela elogiaron los logros del gobierno chino.
Rushan Abbas es cofundador de la Campaña por los Uigures, con sede en Estados Unidos. Su hermana fue arrestada en Xinjiang hace casi siete años. Nueve días después de la revisión en Ginebra, presentó su testimonio ante la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE.UU sobre China. Detalló que fueron fotografiados por activistas pro China.
Abbas dijo a ICIJ: “No informé [de esto] a las autoridades de la ONU porque perdí la fe en ellas, ya que China estaba actuando… como si la ONU fuera su patio de recreo”.
En una sesión celebrada meses después, se permitió la intervención de las ONG. Solo se asignaron diez espacios para la intervención de entidades no gubernamentales (ONG). La mitad de estos espacios estaban ocupados por ONG chinas, identificadas por el ICIJ como GONGOs.
“Desempeñaron un papel de apoyo”, dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales en Taiwán. “Creo que a cada uno se le asignó un rol diferente para la misma agenda: decirles a los asistentes al Examen Periódico Universal del Consejo de DD.HH. que China está haciendo un buen trabajo en todos los sentidos”.
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