Adjudicaciones irregulares en contratos de Petroecuador para el transporte de combustible, crudo y aguas residuales enturbian las ferias inclusivas en la Amazonía. Denuncias y documentos confirman la inclusión anómala, fraguada, de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y adultos mayores, para llenar los requisitos de los procesos. Este tipo de contratación no tiene montos tope referenciales, son variables, lo cual sería aprovechado por ciertos contratistas para adjudicaciones anómalas. Los últimos procesos de transporte llegaron a 38,4 millones de dólares en Petroecuador. Las denuncias son conocidas por entidades de control sin ninguna consecuencia. 

Redacción Código Vidrio  

Un monopolio en el transporte de crudo, combustibles y aguas provenientes de los campos petroleros se estaría fraguando a partir de la contratación en las ferias inclusivas. Mientras, en teoría, este sistema debería beneficiar solo a diversos actores de la economía popular y solidaria en las provincias amazónicas, en la práctica hay cooperativas que denuncian su exclusión por supuestos intereses de grupos hegemónicos, a pesar de que se han dedicado toda su vida al transporte pesado.

Una federación de Sucumbíos y el concejal de El Coca, Miguel Murillo, investigaron las ofertas de una cooperativa contratada y detectaron anomalías como la inclusión de mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes o personas con discapacidad en sus listas. Ninguna de estas personas tenía algún vínculo común con el servicio de transporte requerido por Petroecuador, que es un requisito obligatorio para ser contratados.

Personas sin licencia de conducir profesional, socios recientemente vinculados, facturas que despiertan dudas son otras de las irregularidades denunciadas.

¿Un modelo inclusivo usado para excluir?

Las anomalías están cobijadas por las ferias inclusivas, uno de los mecanismos de contratación creado en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa. Cualquier entidad estatal puede aplicarlo para priorizar la contratación de bienes o servicios, que ofrezcan micro, pequeñas y medianas empresas, artesanos y actores de la economía popular y solidaria.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) tiene, para estos procediminntos, un amplio catálogo que incluye la oferta de alimentación, confección de ropa y calzado, limpieza, mantenimiento vehicular y de infraestructura. También construcción, ganadería, centros de llamadas, etc. de organizaciones que están facultadas para participar en concursos bajo esta modalidad de contratación pública.

Según esa entidad, la primera feria inclusiva ocurrió en 2007, para lanzar el Programa de Provisión de Alimentos; pero fue un procedimiento informal porque apenas en 2011 el Instituto de Contratación Pública (Incop) emitió un reglamento.

Petroecuador y los contratos de transporte

Uno de los servicios que se puede contratar por esta vía es el de transporte de carga pesada y liviana. Y Petroecuador está entre las entidades públicas que más aplican esta modalidad.  Así hacen carámbola: dan preferencia a actores locales, como manda la Ley, y emplean mano de obra de las zonas donde opera con su actividad petrolera.

Sin embargo, las ferias inclusivas ejecutadas los últimos años son cuestionadas por una serie de anomalías y direccionamientos que beneficiaría a grupos específicos. Estos conglomerados locales, según denuncias revisadas por este medio, no tienen reparos para ganar a toda costa una convocatoria. Aunque eso signifique colocar en la lista de oferentes a personas que no cumplen con los requisitos que se establecen en las convocatorias, basados en la Ley de Contratación Pública. El control sobre el cumplimiento es endeble.

Las ferias se pueden usar para adquirir bienes o servicios normalizados o no, es decir, con o sin especificaciones técnicas homologadas o estandarizadas. Usualmente parten de un presupuesto establecido por la entidad contratante. Petroecuador, por ejemplo, incluye tarifarios según cada servicio requerido en los pliegos de contratación. Pero no hay montos fijos ni topes para este tipo de contratos.

Si bien es un concurso público que consta como procedimiento especial del régimen común, difiere de otros modos de contratación, como la subasta inversa para bienes y servicios normalizados. Los proveedores pujan para obtener el contrato, que finalmente se adjudica a la empresa que oferta el precio más económico. Este no es el caso de las ferias inclusivas que emplean contratos de adhesión, sin que el estado busque precios más convenientes y baratos. Esta modalidad es también aprovechada por quienes ganan, para vender los cupos a los choferes que reciben menos de la mitad del precio que paga Petroecuador, según denuncias revisadas por Código Vidrio.

El lado oculto de las ferias

Aunque el fin de este proceso es que los pequeños proveedores locales tengan mejores oportunidades para trabajar frente a las grandes empresas nacionales o internacionales, en la práctica también ocultan procedimientos irregulares, truculentos, que favorecen a grupos específicos, según denuncias de algunos sectores y del concejal Murillo.

El 3 de julio pasado, la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos hizo una última denuncia sobre supuestos incumplimientos y falsedades en las que habría incurrido una de las empresas ganadoras. Esta federación ha presentado denuncias sistemáticas desde hace tres años en el Sercop, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Petroecuador y la Fiscalía. Ninguna ha trascendido ni ha tenido consecuencias.

Se trata de procesos para contratar el servicio de transporte de combustibles, crudo normal y residual, aguas de formación o tratadas. Según los documentos, hay participantes “que por ganar un puntaje adicional, no han tenido escrúpulos para realizar actos que van en contra de la legalidad y la ética”.

Este año Petroecuador difundió en medios de comunicación locales tres convocatorias para contratación, mediante ferias inclusivas para transporte de combustible, crudo y aguas que suman USD  38,4 millones. Fueron para transporte en campos petroleros de las zonas norte, este y oeste (bloques en Sucumbíos y Orellana) y la zona litoral.

Para evitar que se cometan presuntas irregularidades como armar cooperativas ‘fugaces’, que incluyen cuotas para cumplir de un tajo con todos los parámetros de igualdad, la denunciante pidió a Petroecuador y a los organismos de control tomar acciones para evitar “presiones e intimidaciones” de transportistas. Hay grupos que han protagonizado medidas de hecho “para direccionar indebidamente la adjudicación de los contratos” que se firman bajo esta modalidad.

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Las ferias inclusivas deben cumplir con las fases preparatoria, precontractual y contractual. Pero tienen una particularidad: se emplean para promover la participación de artesanos, micro y pequeñas unidades productivas y actores de la economía popular y solidaria en general, con el fin de fomentar la producción local.

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Según la ley, los ganadores de un proceso se definen luego de verificar que cada requisito se haya cumplido. Sin embargo, otorga puntos adicionales por cada acción afirmativa que se encamine a fomentar criterios de igualdad, según parámetros de género, edad, discapacidad, beneficiarios del bono de desarrollo humano y proveedores locales.

Por ejemplo, los oferentes deben contar con al menos el 70% de personal que viva en la zona donde se requiere el servicio y ganan puntos si el 65% de sus integrantes son mujeres. También se otorgan puntos por contar con el 4% de personas con discapacidad. No obstante, para evitar que los participantes adulteren esos parámetros, la Ley exige que los socios que cumplan con alguno tengan una relación laboral de, al menos, seis meses antes de la postulación.

Los aspirantes pueden presentar sus ofertas solos, asociados o formando organismos de integración económica, dentro del concepto de economía popular y solidaria. Además, pueden participar micro o pequeñas unidades productivas, formadas con socios que sean parte de esta lógica.

Las distorsiones y los abusos

Pese a que hay exigencias en los pliegos como el vínculo común entre los miembros de las empresas o asociaciones (un vehículo para transporte pesado y tener licencia de conducir profesional), en las postulaciones se han encontrado socias mujeres que no cumplen los requisitos. Se detectó, según las denuncias, que hubo un registro de personal en bloque en el IESS, en el que se hicieron pagos de varias aportaciones mensuales juntas, incluyendo multas, para justificar una supuesta antigüedad de los trabajadores. También se citan casos de personas con discapacidad intelectual del 75%, un factor que “impediría ejercer una función relacionada con el transporte”. Y otros de personas que reciben el bono de desarrollo humano.

Aunque según la legislación contar con miembros que reciben mensualmente esos fondos estatales es considerada una acción afirmativa, los denunciantes señalan que “eso no concuerda con el propósito de este beneficio (ferias inclusivas para servicio de transporte especializado). “El propietario de una mula de transporte de hidrocarburos sin duda tiene una mejor condición económica, y no necesita recibir dicho bono”. Además, se han presentado facturas dudosas o problemas con las licencias ambientales.

Esta observación es razonable, pues solo el alquiler de un tanquero fabricado en 2013 cuesta alrededor de USD 150 por hora, según el sitio web miflota.com. En Marketplace, de Facebook, se ofrece un tanque usado, con capacidad para 4.600 galones por USD 2.500 y otro tanque, con su remolque y ruedas incluido, por USD 6 500 (Esos valores no incluyen el cabezal).

Adquirir vehículos nuevos es muy costoso. De acuerdo la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), un tanquero de entre 3.000 y 4.000 galones de capacidad puede costar entre USD 80.000 y 125.000. El precio varía dependiendo del origen del vehículo, pues los automotores chinos cuestan menos que los que vienen de países occidentales. Estos rubros siguen creciendo, conforme aumenta la capacidad de los tanques y el tipo de fluido que transportarán.

Esos vehículos contarían con el equipo necesario para transportar agua. Los costos pueden subir en USD 10.000 si el tanque está hecho de acero o 30.000 más si es que son de aluminio. Los vehículos más grandes, con capacidad para 10.000 galones, se pueden comprar por entre USD 140.000 y 190.000.

19 socios misteriosos

En 2021, la Cooperativa de Transportes de Carga Pesada de Sucumbíos, cuyo representante es el estudio jurídico Campana & Compañía Abogados, presentó una alerta en la Dirección de Denuncias de Contratación Pública del Sercop. Se refiere a la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, que incluyó entre sus socios a 19 personas con discapacidad. Una de ellas, Lourdes Corina, consta en la lista, pero no tenía ningún certificado del Conadis o el Ministerio de Salud para probarlo.

La Cooperativa cuestionada también registró en su lista dos tanqueros, como parte de su equipamiento mínimo de trabajo, pero no anexó documentos ni información que respalden su existencia.

El Sercop evaluó la denuncia y pidió respuestas a la Comisión Técnica de Petroecuador, a cargo de este proceso. Según el documento, la Comisión Técnica concluyó que la primera observación obedecía a un error de forma, debido a que en la lista constaban dos hermanas: Lourdes Corina y Yolanda Cisneros. De acuerdo con su informe, la Comisión verificó en línea la condición de discapacidad de las hermanas y concluyó que fue “evidente el error de forma tipográfico en su propuesta”, pues en el documento se señaló discapacidad en la casilla incorrecta.

En uno de los procesos Río Secoya inscribió a una socia, Elizabeth Pozo, que no cumpliría con los seis meses mínimo de antigüedad que se requiere en los pliegos. Aunque se excluyó a Pozo por este motivo, el proceso continuó.

Sobre la denuncia de los dos tanqueros, la Comisión Técnica respondió al Sercop que la información sobre los vehículos “no está disponible en medios electrónicos de acceso público”. Por ello, Petroecuador, como entidad contratante, solicitó al oferente que convalide la documentación. Finalmente señaló que “no se encuentra documento alguno que contenga información alterada para presumir una declaración errónea de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya”.  El Sercop archivó la denuncia en 2022.

Tanto el Sercop como Petroecuador analizaron esa denuncia y otras más, como una registrada en octubre de 2021. Allí se señala que Río Secoya pretendió probar que cumplía con la experiencia requerida en los pliegos por medio de una factura dudosa, a nombre de Transporte y Servicios Petroleros Comseroil S.A.

Tras las consultas, se detectaron inconsistencias entre lo establecido en ese documento y lo declarado ante el SRI. Para ese entonces, Río Secoya había participado en tres procesos de contratación, entre 2020 y 2021, y había ganado en dos de ellos, según una alerta que Sercop envió a Petroecuador.

Pedimos un pronunciamiento de Petroecuador sobre los controles a las contrataciones, los montos de las adjudicaciones y las denuncias sobre irregularidades. En Comunicación dijeron que responderían nuestro pedido en las siguientes horas pues están recabando la información sobre todos los ajustes que han hecho en estos procedimientos.

Este medio intentó comunicarse con representantes de la Cooperativa de Transporte de Carga Pesada Río Secoya, a través de llamadas a varios números telefónicos que aparecen en su página de Facebook y sitios web de datos. Uno de ellos ya no pertenece a la cooperativa y en los demás, nadie contestó.

Facturas falsas

El comprobante que presentó la Cooperativa Río Secoya tenía como fecha el 24 de agosto de 2020, por USD 12.081. Sobre ese valor, consta una retención de USD 120,81, es decir, el 1%. Pero hay indicios claros de que la factura “es falsa y errónea”. Luego de cruzar información con el SRI se determinó que Río Secoya nunca prestó el servicio que mencionaba a Comseroil en la fecha mencionada. En este caso “no existe ningún vínculo, contrato u orden de trabajo”.

En los registros del SRI no aparece esa factura de 2020, sino que constan dos, por valores menores. Juntas no superan los 6.700 dólares y sus retenciones eran de apenas 66 dólares, por lo que Sercop presumió que “carecía de veracidad”.

Los denunciantes también investigaron las condiciones bajo las cuales estaban los socios de la cooperativa. De acuerdo con sus listados, de 64 personas registradas, 43 se asociaron a la Cooperativa el 15 de enero de 2021 y 41 de ellas son mujeres. Además, señalan que en al menos ocho de esos casos las socias no tenían licencia de conducir o la que tenían no era profesional tipo E. En ese muestreo, tampoco encontraron registros de que las socias tuvieran vehículos registrados a su nombre.

Las ferias apuntalan monopolios

El concejal Murillo investiga desde hace meses las contrataciones. Él alerta que en el sector del transporte hay preocupación porque estas adjudicaciones se han vuelto un monopolio. En julio pasado, el edil participó en un paro amazónico organizado, principalmente, por transportistas. El reclamo central se debía a los efectos para los habitantes de la región, por los graves daños que hay en la Troncal Amazónica. Exigían su inmediata reparación, especialmente en el tramo Baeza-Narupa-Coca.

Allí, un ciudadano le comentó a Murillo las anomalías y supuesta corrupción que se habían detectado. Según el edil, en el sector del transporte existe la sospecha de que los beneficiarios de los contratos organizaron la movilización para presionar al Gobierno, con el fin de seguir recibiendo adjudicaciones, con prácticas irrregulares.

A Murillo le parece por lo menos sospechoso que empresas y cooperativas formadas “de la noche a la mañana” consigan tantos puntos adicionales por acciones afirmativas, porque “casualmente lo tienen todo”: mujeres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, jóvenes. Eso fue lo que despertó más dudas.

Dice que un tanquero que transporta crudo para entidades estatales gana aproximadamente USD 19.500 mensuales y de ese valor se le descuenta 2,5 %  por la Ley Amazónica y el cobro de las empresas que administran los contratos.

En total, el dueño recibiría USD 16.500. “Pero en el campo, donde están trabajando estos carros, cobran de 8.000 a 10.000 dólares. Lo que se nos hace raro es, ¿por qué si el Estado paga tan bien, por qué al prestador del servicio se le paga tan mal?”.

Silencio de las autoridades

Estas anomalías se han evidenciado antes. Un representante de una empresa de transporte, que pidió la reserva de su identidad, dijo que las autoridades han pasado por alto irregularidades y le han restado posibilidades a los transportistas que tienen empresas y que se han dedicado toda su vida a esta actividad, pero que no son parte de cooperativas para poder trabajar en el transporte de combustible y líquidos. Ellos se han centrado -dice- en el transporte seco (maquinaria y materiales) porque acceder a los contratos con las empresas estatales es misión imposible.

Según el transportista de Sucumbíos, las cooperativas o asociaciones recientemente formadas tienen ventaja sobre las empresas que llevan décadas trabajando. “En Shushufindi se formaron cámaras y federaciones de transporte que deciden qué procesos van y qué procesos no”, observa.

Esto ha tenido secuelas en todos los costos. Por ejemplo, informa que un puesto para colocar a un camión en una cooperativa antes costaba USD 1.500 y ahora puede llegar a USD 30.000.

Las críticas no se basan en criterios discriminatorios, sino en un razonamiento sobre cómo funciona el transporte pesado en la zona, indican las denuncias. Para las fuentes consultadas, personas que no tengan licencia profesional o no hayan trabajado en el negocio del transporte pesado difícilmente podrían participar y ganar en un concurso de este tipo.

Transportar crudo, combustibles y afines en la Amazonía requiere de experiencia, pues la normativa obliga a que quien conduzca el vehículo y su equipo sepan cómo hacerlo. Dentro de las regulaciones existen licencias ambientales que pueden perderse si un tanquero causa un derrame de estas sustancias y contamina el ambiente en su recorrido.

El experto en petróleo René Ortiz señala que todo el sistema de transporte en Petroecuador es privado, porque la estatal no tiene camiones. Los únicos mecanismos para mover crudo en grandes cantidades son el SOTE y el OCP, por lo que la empresa contrata a terceros para mover especialmente gasolina y diésel.

Faltan mecanismos para frenar las irregularidades

Según Ortiz, el que la ley otorgue preferencias a las provincias amazónicas es importante porque solo así se puede promover su propio desarrollo. Sin embargo, cree que se deben ajustar las regulaciones para evitar que existan abusos como los denunciados, que ya se pueden considerar desviaciones y actos de corrupción. En las manos de la empresa y de las entidades de control está corregir estos errores en la precalificación y así evitar que terminen en contrataciones dudosas.

Debido a las dudas registradas en las denuncias, tanto el concejal Murillo como la Federación de Transporte Pesado de Sucumbíos consideran que los procesos de contratación vía ferias inclusivas deben pasar por más y mejores controles.

La Federación pide a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria que delegue a funcionarios que avalen la documentación que presente cada participante. Por otro lado, solicita que el Sercop verifique el cumplimiento de los términos de referencia de cada concurso.

Pero pone especial énfasis en que los delegados de las comisiones evaluadoras se capaciten para que puedan descalificar a los oferentes que incluyan a socios de último momento o a personas con discapacidad de manera forzada, solo para ganar puntos. Además, subraya que se debe evitar que los funcionarios tomen sus decisiones como producto de intimidaciones.

El último ataque de hackers al sistema del voto telemático del CNE aún no se esclarece. FF.AA. y Policía están a cargo de investigar alertas de hackeos a sistemas estatales. Algunos piratas y empresas tuvieron relación con la extinta Senain. Esa Secretaría le pagó 640 mil dólares a un topo español, en 2015. Meses antes infiltró a un candidato presidencial en Colombia.  

Redacción Código Vidrio  

Hackers, dentro y fuera del país, llevan adelante y planifican operaciones de vulneración de sistemas informáticos, así como campañas de desinformación y ataque para afectar las elecciones presidenciales durante la segunda vuelta. Los sistemas de Inteligencia han recibido alertas de la llegada al país de piratas informáticos desde el exterior, que serían la punta de lanza de esas operaciones, en coordinación con otros hackers que años atrás trabajaron y tuvieron contratos con la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

El último ataque cibernético, inicialmente denunciando por este medio el 20 de agosto, el día de las elecciones, fue de hackers que ingresaron al sistema de voto telemático desde el exterior, para manipular los resultados de la votación. Las credenciales para el ingreso al sistema, según informes de Inteligencia, se vendieron por la Dark Web.

Aunque inicialmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) desmintió la información, horas más tarde su presidenta, Diana Atamaint, confirmó que su plataforma fue atacada por hackers desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, China e Indonesia. La entidad, sin embargo, no ha informado ni proporcionado detalles de esos ataques y cómo avanzan las investigaciones para establecer los causantes y daños provocados.

Código Vidrio conoció extraoficialmente que las alertas sobre los ataques y posibles vulneraciones llegaron desde el Comando de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (Cocider), que coordina los monitoreos con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Este intercambio de información y alertas es posible gracias a un convenio de cooperación institucional entre el CNE y el Ministerio de Defensa, para realizar el monitoreo de la seguridad de la plataforma tecnológica y garantizar el blindaje del sistema informático de escrutinios y resultados, frente a ataques y vulneraciones.

Hasta el momento, el CNE no ha presentado ninguna denuncia para que la Policía y Fiscalía investiguen lo ocurrido.

Al menos, desde la Unidad de Ciberdelitos, que es la encargada de monitorear estos casos, no han recibido delegación alguna de la Fiscalía relacionada a este tema.

Un pirata informático con escuela de la Senain

Los últimos años, tanto el Cocider como la Unidad de Ciberdelitos de la Policía han identificado ataques sistemáticos y robo de información de entidades públicas y privadas. Algunos de sus principales protagonistas se formaron en la Senain.

El año pasado fue identificado el hacker Carlos S.P., quien fue denunciado por vulneración a sistemas informáticos en la Fiscalía. Este criminal informático robó información sensible de los bancos del Austro y Pichincha.

Desde 2015, ese Hacker, conocido como del Sombrero Negro, violentó los equipos informáticos de la Policía, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, el IESS, Banco Central, Petroecuador, entre otras.

Precisamente concretó estas acciones cuando era agente informático de la Senain, en donde trabajó hasta 2017. De esa entidad también sustrajo paquetes de datos, considerados secretos, que luego vendió en distintas cuentas de redes sociales, exigiendo rescates millonarios en Bitcoins, que son difíciles de rastrear.

Para 2015, al frente de la Senain estaba Rommy Vallejo. Dos años antes, esa Secretaría, adscrita a la Presidencia de la República, compró 30 paquetes de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. El intermediario de la compra, con una duración de tres años, fue la empresa Total Digital, que vendió el programa Remote Control System patentado por Hacking Team.

Los programas sirven para para infectar y vigilar computadoras con programas Windows y MacOS, así como teléfonos Android, iPhone, BlackBerry y Symbian. Cuando la información salió a la luz, en 2015, el gobierno de Correa desmintió haber adquirido equipos de la compañía italiana.

Topo español contratado por Vallejo

 Durante el correísmo hubo un sistemático uso ilegal de información sensible, así como la sustracción de equipos de escuchas y el empleo de decenas de millones de dólares en el pago de operaciones secretas de espionaje, dentro y fuera del país. Además hubo irregularidades en la contratación de servicios, equipos y programas para hackeo y monitoreo de opositores en redes sociales, según denunciaron autoridades de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso.

Código Vidrio acedió al contrato de la empresa Cyttek Group International con la Senain, firmado el 10 de diciembre del 2014 entre Rommy Vallejo y Rafael Eteve Revert por 642 mil dólares. Se concretó por 12 meses para realizar una estrategia de Monitoreo y Análisis de Redes en Internet, para contrarrestar y realizar ataques cibernéticos, así como identificar opositores del gobierno que promovieran protestas y marchas en contra del presidente Correa en fechas especiales del 2015.

No obstante, Cyttek solo entregó un producto especificado “de monitorización de red Tor, proxys, agentes e identificación en redes sociales actores que estén manifestándose en contra del gobierno en temas referentes a día feriado bancario, 1 de mayo y visita de Papa Francisco (…)”. Además se indica que 14 servidores Ossec fueron instalados en la Secretaría Nacional de Administración Pública y restaba por activarse otro servidor en Presidencia.

Cyttek fue contratada aunque no estaba registrada en la Superintendencia de Compañías. Es decir no podía ser una contraparte legal, pues no tenía existencia jurídica.

En Ecuador Revert era presidente de la empresa Tecnipowered International S.A., con RUC 0992994134001. La firma de Revert, registrada en los documentos de la Superintendencia de Compañías, para la creación de Tecnipowered, no coincide con la firma plasmada en el contrato firmado entre Cyttek y Senain.

Tampoco hay registros migratorios que demuestren que Revert entró al Ecuador. Por lo cual se estima que ingresó por tierra, clandestinamente.

Buscamos un pronunciamiento de Rommy Vallejo. Lo llamamos y le enviamos mensajes a su celular, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió nuestros pedidos. 

Golpe letal a la campaña del uribismo

Para entonces, la fama de Revert como hacker había trascendido a nivel internacional. Meses antes había participado en una operación de inflitración, para beneficar supuestamente a la campaña del entonces presidente Juan Manuel Santos, quien buscaba la reelección.

Según denuncias de la prensa colombiana, Revert fue uno de los eslabones entre el entonces gobierno de Santos, a través de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y suposible infiltración en la campaña del candidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga.

Revert fue contratado por el también hacker Andrés Sepúlveda y trabajó junto con el ecuatoriano Daniel Bajaña, quien residía en Colombia desde 2011. Antes, el ecuatoriano había trabajado en operaciones de espionaje para el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Según contó Revert en la Fiscalía colombiana, Bajaña “había trabajado e infiltrado varias agencias de seguridad latinoamericanas. Entre ellas el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela), el Comaco (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador), la Fuerza Aérea de Perú y de Argentina. Además había extraído documentos clasificados de Nicaragua e información sobre operaciones contra las FARC en Ecuador”.

Las firmas de Revert son diferentes en la Super de Cias y en
el contrato con la Senain

Un video desata el escándalo

Avanzaba la campaña de 2014 en Colombia. A espaldas de Sepúlveda, el español Revert grabó un vídeo del candidato Zuluaga, mientras recibía un reporte sobre cómo sabotear el proceso de paz con las FARC, que lideraba Santos.

Sepúlveda, quien fue sentenciado y está detenido en Colombia, dirigió la operación para la compra ilegal de información militar, de la policía y de intromisión a correos electrónicos. La tesis del boicot a Santos cobró fuerza.

Revert entregó el video a la Fiscalía, evidenciando que la suya había sido una operación para infiltrar la campaña del candidato apoyado por Uribe, que terciaba en las elecciones contra Santos.

Para ese momento, Santos y Correa eran aliados estratégicos. Su relación se estrechó desde 2011 cuando ambos anunciaron formalmente el restablecimiento pleno de contactos diplomáticos, rotos por Correa desde el 3 de marzo de 2008, con el gobierno de Álvaro Uribe. Dos días antes las fuerzas colombianas habían bombardeado el campamento de las FARC en Angostura, donde murió el segundo al mando, Raúl Reyes, y 25 subversivos más. Correa denunció que Colombia había violado la soberanía del país al bombardear a Reyes en la frontera, sin su conocimiento. La crisis ocasionó la ruptura de relaciones, no solo con Colombia, sino, de facto, con Estados Unidos, pues Correa dijo que el bombardeo fue coordinado entre Bogotá, la CIA y oficiales de inteligencia ecuatorianos.

Con la entrega de la información a la Fiscalía, el topo español, devenido en testigo protegido, logró un doble efecto: desatar un remezón político que hirió de muerte a la candidatura del uribismo y dio lugar a un proceso judicial iniciado tras la divulgación de información secreta en el sitio virtual “Diálogo a Voces”. Eso fue considerado un delito contra la seguridad, pues incluía planes de defensa de las fuerzas militares para vigilar las ciudades que atacaban las FARC., datos personales de sus cabecillas, ubicación y órdenes de batalla.

La operación copó la atención de los medios colombianos durante varias semanas. Y seis meses después de su exitosa tarea, el español desembarcó en Quito para apuntalar las operaciones de espionaje que la Senain llevaba adelante para aplacar a opositores y periodistas, en un momento clave. El gobierno había entrado en declive y perdía apoyo popular, porque la bonanza económica que lo acompañó desde el 2009 por la subida de los precios del petróleo, había terminado. Las protestas contra el régimen aumentaban. Bajaña murió en Colombia en marzo de 2020, por una afección pulmonar, al parecer derivada de un cuadro de Covid. Se desconoce el paradero de Revert, quien mantiene activa su empresa Cyttek en Panamá.

JUSTICIA ACORRALADA. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con el apoyo de los vocales (procesados) Maribel Barreno y Xavier Muñoz, realiza cambios a todo nivel para reconfigurar el control de la Corte Nacional de Justicia. El último fue anoche, cuando Terán y Muñoz extendieron a nueve años los períodos de permanencia en el cargo de seis jueces nombrados para períodos fijos, de tres y seis años. Entre los beneficiados están Luis Rivera, Byron Guillén y Felipe Córdova, que tramitan el recurso de revisión del caso Sobornos en el que está sentenciado el expresidente Rafael Correa. Rivera ha fallado en dos ocasiones con pronunciamientos que favorecieron a procesados del correísmo, en los casos Singue y Dhruv. Hoy celebró la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas, por supuesto peculado en el manejo de fondos para la reconstrucción de Manabí, que no se instaló por ausencia del defensor. También tiene a su cargo la causa contra los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.  

Alianza Código Vidrio – Vistazo

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, dio un giro inesperado al concurso para nombrar siete jueces y 14 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. El desenlace de ese proceso de selección hoy es incierto.

Anoche, intempestivamente, pasadas las 22:00, la Judicatura extendió a nueve años los períodos de seis jueces que estaban por concluir sus funciones en 2024. Ellos fueron nombrados para permanecer en el cargo, por tres y seis años, respectivamente. La resolución contó con el apoyo del vocal Xavier Muñoz y no fue respaldada por Fausto Murillo. No acudieron a la sesión telemática Juan Morillo y Maribel Barreno. Su ausencia facilitó la decisión.

Con esta decisión, según juristas consultados, quienes postulaban en el concurso para llenar las vacantes de los siete jueces titulares de la Corte se quedarían en el aire.

Entre los favorecidos que se quedarían en la Corte hasta el 2030 hay jueces señalados por su cercanía con el correísmo. Especialmente Luis Rivera, quien ha sido criticado por sus fallos en los casos Singue y Dhruv, en los que estaban procesados altos exfuncionarios del correísmo. En ambos procesos los implicados fueron exculpados o se beneficiaron de la nulidad, que en Singue fue secundada por los jueces Daniela Camacho y Felipe Córdova.

Siete meses después, Rivera declaró inocentes a los 18 acusados de peculado por el perjuicio en la compra de siete helicópteros Dhruv. Entre los implicados estaban los exministros de Defensa del primer gobierno de Correa, Javier Ponce y Wellington Sandoval. El juez estableció que en esta causa no hubo perjuicio para el Estado y observó a la Fiscalía por la ley utilizada.

Rivera también está a cargo del proceso que impulsa la Fiscalía en contra de los vocales Terán, Barreno y Muñoz, por supuesta obstrucción a la justicia.

Ese juez dirigió hoy la audiencia de formulación de cargos solicitada por la fiscal Diana Salazar en contra del exvicepresidente, Jorge Glas, por el manejo de los fondos para la reconstrucción del terremoto de Manabí, en 2016. Esta diligencia acaba de ser suspendida porque el abogado de Glas no acudió por enfermedad.

La estrategia de reorganización empezó a cuajar el jueves anterior, con las designaciones de nuevos directores y otros funcionarios del CJ. Pero se hizo más evidente anoche, cuando extendieron a nueve años la permanencia en funciones de los jueces Fabián Racines, Luis Rivera, Byron Guillén, Iván Larco, Patricio Secaira, Gustavo Durango y Walter Macías (quien fue destituido por la Judicatura y presentó una acción de protección).

Fuentes de la Judicatura y la Corte dijeron que Terán y Muñoz habrían incurrido en un franco conflicto de interés, pues están investigados por obstrucción a la justicia, junto con la vocal Barreno. Con esta decisión beneficiarían directamente a Rivera, quien los juzga. Él debía dejar el cargo en enero del 2024, pero tras la resolución de la judicatura permanecería en el tribunal hasta el 2030.

La decisión de la Judicatura también contradice un pronunciamiento anterior en el cual este mismo organismo dijo que no cabía una acción de protección, presentada en 2022 por el juez Walter Macías. Él pedía que todos los jueces permanecieran por nueve años en sus cargos. El argumento de la Judicatura precisamente era que los judiciales fueron nombrados para períodos fijos. Otro recurso más de protección fue negado por este tema.

Además, la resolución administrativa que acaba de tomar el Consejo violentaría la disposición constitucional que establece que los jueces deben permanecer en los cargos por etapas fijas, inamovibles, de tres, seis y nueve años. Con evaluaciones y renovaciones, cada tres años.

Una alta fuente de la Judicatura dijo que es evidente que la decisión de extender el período a Rivera «es una moneda de cambio para que hoy no ordene la prisión de Glas, que iba a ser solicitada hoy por la Fiscalía».  Además destacó que la resolución debía debatirse y aprobarse de ser el caso antes de que arrancara el concurso para nombrar 7 jueces y 14 conjueces de la Corte, que la judicatura inició hace varias semanas. «Hoy ese concurso está también gravemente afectado», destacó.

JUECES QUE DEBÍAN CONCLUIR SUS FUNCIONES EL 2024

 El tridente acelera cambios de directores

Los cambios desde la Judicatura se celebraron desde el jueves pasado. Uno de los más importantes fue el del director de la Escuela Judicial. En ese puesto fue nombrado el exfiscal Fabián Salazar, durante una sesión en la que los vocales Terán, Muñoz y Barreno sacramentaron su nominación. En la reunión también estuvieron Fausto Murillo y Juan José Morillo, quienes votaron en contra de las designaciones.

-«Hay alguna moción», preguntó Terán al referirse a quién podría ser el nuevo director de la Escuela. Repentinamente, antes de que se mocionara el candidato, Muñoz intervino atropellado. Solo se escuchaba su voz, su cámara, como de costumbre, estuvo apagada durante la reunión telemática.

-«Le apoyo a la vocal Barreno, señor presidente, por favor, me pueden enfocar».

Ante la intervención sorpresiva de su colega, Barreno sonrió y dijo abochornada, en voz baja:

-«Sí… voy a mocionar. Señor presidente escuché con detenimiento la entrevista de los postulantes, además se nos ha cursado los respectivos hojas de vida y de mi análisis podría sugerir que la mayor experiencia y títulos académicos que ha obtenido es el doctor Fabián Salazar, por lo tanto permitiría elevar a moción su designación».

Este martes 5 de septiembre, Salazar acudió por primera vez a su despacho en la Judicatura, donde recibió a un periodista de esta alianza. Aseguró que aceptó el cargo sin ningún condicionamiento y que no se debe ni responde a ninguna persona ni político del correísmo, como en su momento denunció el entonces presidente Lenin Moreno, quien lo acusó de tener vínculos con el expresidente Rafael Correa.

Salazar empezó su carrera en el Ministerio Público a inicios de la década pasada, en el período del fiscal Washington Pesántez. Los siguientes años investigó algunos casos importantes. Entre otros, la muerte del policía Froilán Jiménez, ocurrida en septiembre de 2010, en el contexto de la insubordinación policial que derivó en una severa crisis política, conocida como el 30-S.

En este último caso, en 2018 Salazar pidió la vinculación de Correa y el ministro Javier Ponce, como supuestos autores mediatos, por una supuesta ejecución extrajudicial. Él recuerda que por este motivo Correa y sus militantes también lo atacaron. Ese mismo año investigó el caso Sai Bank, en el cual acusó a tres empleados del South American International Bank de Curazao, y emitió un dictamen abstentivo a favor del empresario Juan Pablo Eljuri.

«Las fotos no implican ningún compromiso»

El hoy director de la Escuela Judicial aparece en fotografías junto con el expresidente Correa, el excanciller, Ricardo Patiño, y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Aclara que esas fotos fueron en lugares públicos, durante sus actuaciones como fiscal y que no implican ninguna afinidad ni compromiso político. “Mientras fui fiscal estuve cerca a muchos funcionarios investigados”.

Sobre el papel que la Escuela Judicial jugará en los concursos para la designación de los jueces de la Corte, aseguró que no estará al frente de ese proceso sino la Dirección de Talento Humano.

“La Escuela hará observaciones para aplicar matrices de conocimiento, su papel es de soporte”, subrayó Salazar. “Somos un organismo de apoyo, para observar sobre la metodología de las pruebas a los concursantes. Los parámetros que recomendemos serán estrictamente técnicos y académicos”.

No obstante, el instructivo del Concurso (resolución 295-2022) establece más deberes y competencias a la Escuela.

-Asistir, en coordinación con Talento Humano, a los comités para la elaboración de los bancos de preguntas y casos prácticos que se utilizaran en la fase de oposición del concurso público.

-Apoyar a Talento Humano para que elabore los términos de referencia o informes de necesidad que se requieran para las diferentes contrataciones que se deriven del concurso público.

-Brindar soporte académico en la elaboración de la metodologia de la fase de oposición, así como en su aplicación, en el concurso.

Esto implicaría que el personal de la Escuela sería el que haga los primeros acercamientos con los profesionales de alto nivel, y queda a su arbitrio los nombres que recomendará, observó un funcionario de la Judicatura, que pidió la reserva. «En ese momento coordinarán con Talento Humano la aplicación de la prueba teórica. Así tendrán de primera mano la posibilidad de vigilar las preguntas y casos que se elaboren».

En ese mismo marco -agregó- brindará apoyo académico para la aplicación de dichas pruebas. La fase de oposición tiene un valor de 50 puntos. Este puntaje será decisivo al momento del concurso.

El concurso empezó hace varias semanas. Camina en medio de la crisis que enfrenta la Judicatura por la atropellada y arbitraria destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías. Y previamente por el intento de suspender a la fiscal Diana Salazar. Ella impulsa dos procesos penales que involucran a Terán, Barreno y Muñoz, por posibles causas de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, respectivamente.

Dos fervientes activistas, en puestos claves

En la sesión del jueves pasado también fueron designados el exfiscal Édgar Joselito Argüello Saltos, como director provincial de Control Disciplinario en Guayas, y Mayra Morales, en el cargo de Secretaria General del CJ.

Argüello ha trabajado de cerca en Guayaquil con el polémico abogado Pedro Granja, uno de los defensores de la agenda política del correísmo. Ambos son duros críticos de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Han hecho campañas para brindar “asesoría gratuita” para golpear a los enemigos que Correa construyó en su mandato, como Fidel Egas y el Banco del Pichincha.

Impulsaron, por ejemplo, una “campaña de asesoría gratuita a la ciudadanía que desee denunciar y demandar a Banco del Pichincha”.

Granja, al igual que Correa, defiende a Wilman Terán. En sus redes anunció que con “colegas de todo el país” se están reuniendo para analizar el conflicto entre Diana Salazar e  Iván Saquicela “contra Wilman Terán” y que se pronunciarían al respecto esta semana.

Fuentes de la Judicatura, que pidieron el anonimato, dijeron que Argüello es de extema confianza de Granja. Su nombramiento en el control disciplinario apuntalaría la estrategia, que busca apretar la tenaza sobre los jueces que no estén alineados con la agenda del correísmo. Buscamos su versión, contactándolo a su celular, pero no obtuvimos una respuesta.

“Un poco de H.. de P.. del gobierno solidárizandose ante esta terrible tragedia…No solo es Agustín Intriago, que en paz descanse, son miles de ecuatorianos que han sido asesinados y el gobierno bien, gracias”, escribió Arguello en un tuit, en julio pasado, al referirse a un mensaje en el que el presidente Guillermo Lasso lamentaba el asesinato del alcalde de Manta.

Mayra Morales también es conocida por su militancia en el movimiento del exmandatario y en esa línea promueve en sus redes sociales la candidatura de Luisa González a la presidencia. Desde 2015 fue funcionaria del Ministerio de Educación hasta el 2017 cuando empezó a ocupar diversos cargos en la Asamblea, hasta mayo pasado. “Orgullosa de que una mujer lidere la primera vuelta. Fata poco. Adelante Luisa González”, escribió en su cuenta en X, hace tres semanas. Contactamos a Morales a su celular, para tener su pronunciamiento sobre el riesgo de que su afinidad política podría influir en su desempeño en la Judiciatura. Respondió que iba a consultar la factibilidad de dar una declaración, sin pronunciarse hasta el cierre de este reportaje.

“No son coincidencias los movimientos de la Judicatura en estos días; por un lado, está pendiente que se acepte la renuncia del Director de Talento Humano, y la designación del director de Asesoría Jurídica; por otro, se ha nombrado a un nuevo director de la escuela de la función judicial”, dijo un funcionario del CJ que sigue de cerca los nombramientos y el concurso.

“El propósito de estos cambios es consolidar el control en el concurso de la Corte Nacional de Justicia, proceso en el que se nombrarán 7 jueces nacionales y alrededor de 14 conjueces , muchos de ellos en materia penal, es decir potenciales jueces de los vocales Barreno y Muñoz más actores políticos”.

Jueces y asesores, a la sombra del correísmo

La semana anterior, 21 jueces de Corte Nacional en pleno se pronunciaron en contra de las arbitrariedades de la Judicatura en el caso de Walter Macías. Esa tarde el pleno aprobó un comunicado que fue leído ante los medios por su titular, Iván Saquicela, pidiendo que los funcionarios que están en entredicho renuncien, por falta de probidad.

Al día siguiente, circuló en redes una carta supuestamente firmada, electrónicamente, por el juez Byron Guillén y cinco ministros más. En la misiva los judiciales aclaraban que el pronunciamiento no estaba firmado por ningún integrante del pleno lo cual le restaba validez. Además que la Corte no debía interferir ni pronunciarse sobre casos ajenos a sus funciones, en referencia a la actuación de los vocales del CJ. Entre los firmantes estuvieron Daniela Camacho, Luis Rivera y Marco Rodríguez. La carta fue adjudicada al juez Byron Guillén, quien no estuvo presente en la sesión, pues tenía una licencia por calamidad doméstica, entre el 28 y 30 de agosto. También se incluyó la firma del juez Adrián Rojas, quien tampoco acudió a la sesión por enfermedad.

En 2012, el juez Luis Rivera integró la Secretaría de Transparencia, creada por el gobierno de Correa para investigar casos de corrupción, y en 2017 fue nombrado director de la Judicatura en Los Ríos.

Un asesor sin pelos en la lengua

Pero no solo los jueces han estado en el foco público por sus fallos polémicos, sino también sus asesores. El caso más visible es el de Diego Campoverde, asesor del magistrado Byron Guillén, que es parte del tribunal de revisión del caso Sobornos. Como asesor tiene acceso a expedientes y proyectos de resolución.

En sus redes sociales, Campoverde no oculta su afinidad por el correísmo y su agenda en contra de las autoridades de turno, como la fiscal Salazar. “Es papel de Fiscalía cuestionar lo que los candidatos expresan? Siendo así, el tal Don Villa debería estar con varias investigaciones…En fin, las instituciones en el cálculo político”, escribió Campoverde en un tuit el 2 de agosto pasado, al referirse a un desmentido que la Fiscalía hizo de un pronunciamiento de la candidata presidencial Luisa González. El artículo 24 de la Ley que rige en el servicio público prohíbe a los servidores públicos: “Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Contactamos al juez Guillén a su celular para concretar una entrevista a la que accedió, el viernes pasado. Sin embargo por una serie de contratiempos no pudimos tener su versión. Insistimos este lunes, pero el juez no respondió nuestros mensajes.

Keyla Calderón fue llamada a juicio por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 70 mil dólares. La funcionaria de un tribunal anticorrupción no pudo explicar ante la justicia porqué su patrimonio aumentó vertiginosamente desde 2020. Antes de este fallo, un tribunal declaró la nulidad del general sobreseimiento que una jueza de Guayaquil había dictado a su favor, pese a informes de la Contraloría y la Fiscalía. La referencia a su participación  como supuesta operadora judicial es mencionada en audios de una conversación entre el expresidente Abdalá Bucaram y el israelí Shy Dahan, asesinado en la Penitenciaría del Litoral en 2020. Nota actualizada este 30 de octubre de 2023.

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Ana María Carvajal

Sus ingresos anuales de funcionaria judicial llegan a 13 mil dólares. Sin embargo, desde 2020 en sus cuentas y operaciones financieras empezaron a aparecer indicios que no cuadraban. En plena pandemia, Keyla Calderón precanceló un crédito hipotecario de USD 28. 992 por una vivienda, compró un terreno de USD 60 000 y cambió de automóvil dos veces, hasta tener una camioneta Great Wall.

La semana pasada La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción la llamó a juicio  por enriquecimiento ilícito.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal del caso presentó el dictamen acusatorio y el anuncio de la prueba para demostrar  la responsabilidad y materialidad de la infracción cometida.

Según Fiscalía, incrementó su patrimonio, no solamente con adquisición de bienes, sino también con la cancelación de sus deudas.

Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. Entre otros informe ejecutivo de la unidad de Análisis Financiero (UAFE), el reporte tributario emitido por el Servicio de Rentas Internas, el Informe de contabilidad y auditoría, la pericia contable…

Calderón es funcionaria judicial desde 2015 y por esas distorsiones entre sus ingresos y sus gastos deberá enfrentar una nueva fase de un proceso penal en su contra.

Un tribunal anuló un fallo de primera instancia, en el que la jueza Fabiola Vega, de la Unidad Judicial Penal de Guayaquil, inicialmente la sobreseyó por un presunto enriquecimiento ilícito. Firmaron el fallo de nulidad los jueces Miguel Costaín (ponente), Carmen Vásquez y Beatriz Cruz, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Guayas.

Calderón fue auxiliar de abogacía, en sus primeros pasos en la Función Judicial. Luego fue ayudante judicial. Pero en 2022, tras la conformación de las nuevas salas especializadas en corrupción y crimen organizado, se incorporó como secretaria de juzgado y unidades judiciales, en Pichincha.

El repentino crecimiento en el patrimonio de la funcionaria, a partir de 2020, llamó la atención del Consejo de la Judicatura. En 2021, el organismo, entonces presidido por Fausto Murillo, formalizó una denuncia en su contra.

La investigación fue por asociación ilícita, incluidos indicios de oferta de tráfico de influencias. Luego, el caso cambió a  enriquecimiento ilícito. Durante el proceso, se interpusieron medidas cautelares que incluyeron su comparecencia a Recursos Humanos de la Fiscalía en Guayaquil, la prohibición de enajenar bienes y la retención de sus cuentas bancarias, hasta un monto de USD 88.000.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó varias pruebas, como informes y partes policiales de 2021 y 2022 con datos sobre la acusada, el informe del resultado de investigaciones y peritajes y un reporte tributario del SRI. Según la Fiscalía, estos eran elementos de convicción con los cuales se probaba la participación de la procesada en el delito investigado.

La conexión con Bucaram y los israelíes

A la lista se sumó un parte policial, del 11 de septiembre de 2020, sobre un mensaje de correo electrónico que llegó desde el usuario rockymarciano2020@outlook.es. El texto indica: “Buenos días soy Rocky, el motivo porque escribo es porque sé quién es la funcionaria del Consejo de la Judicatura que se nombra en el audio que salió en las redes sociales donde habla Abdalá Bucaram con uno de los israelitas; se trata de la funcionaria Keyla Beatriz Calderon Bello” (sic.).

Esto se refiere al caso que se conoció en agosto de 2020, por supuestos delitos en la venta de pruebas para detectar covid-19. Inicialmente estuvieron involucrados los israelíes Shy Dahan, Oren Shienman, así como Abdalá y Jacobo Bucaram.

Los dos últimos fueron sobreseídos, a pesar de que se hicieron públicos audios de conversaciones entre los Bucaram y Dahan. En esos diálogos el expresidente le ofrece sacarlo de prisión con sus abogados y por sus nexos con funcionarios judiciales. Días después Dahan fue asesinado en la Peniteciaría del Litoral.

Ese correo electrónico fue descartado como prueba, porque según la defensa de la funcionaria la pericia de audio y video no pudo determinar con exactitud si era la voz de Calderón o no, “pues no reúne los parámetros técnicos necesarios para la experticia”.

La defensa dijo que en la investigación se realizó un cotejamiento de voz, sin su autorización, “utilizando audios,donde ella intervino como secretaria encargada, pues ejerce las funciones de Ayudante judicial, que siempre a perteneció al Guayas y no a Santa Elena (…). Se determinó que ese audio no era susceptible de ser periciado y que la voz no corresponde a mi defendida, por lo que no tuvieron cómo culparle del presunto delito de tráfico de influencias y se pusieron a analizar sus cuentas. Ella junto con su hermana y mamá, adquirieron un terreno y fue puesto a nombre de mi defendida, quien es la hija mayor y tenía estabilidad laboral para operar”.

La pericia en contabilidad y auditoría realizada por Vinicio López, de la Contraloría, determinó que en 2020 aumentó notoriamente el saldo en una de sus cuentas en el Banco del Pacífico. Eso  le permitió precancelar su crédito hipotecario en junio de ese año y comprar un predio en la urbanización El Condado de Vicolinci, en septiembre.

Código Vidrio buscó la versión de Calderón, por medio de correo electrónico dirigido a las direcciones que constan en el proceso judicial; no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje.

La defensa de Calderón citó un informe pericial realizado por William Erazo, del Consejo de la Judicatura, quien concluyó que sus ingresos provenían de su trabajo en la entidad. Además, resaltó que llegaron de una economía solidaria en conjunto con su madre, Betty Bello y su hermana, Diana Vargas.

Declaraciones patrimoniales con inconsistencias

Las declaraciones patrimoniales que Calderón subió al sistema de la Contraloría son confusas, con patrones cambiantes.

En 2018, su patrimonio ascendía a USD  11.382 y tenía un auto Chevrolet de 2016. En 2020 aparecen dos declaraciones. En una registró USD 24.203 y en otra, 62. 947. Para entonces, constaban entre sus propiedades dos autos: un Toyota de 2019 y un Ford de 2013. Y en 2022, sus declaraciones también variaron, pues pasaron de USD 88 035 a 24 540. En 2023, el valor bajó a 17 139.

Esas variaciones responden a los pasivos, pues en 2022 solo constaban obligaciones con el Consorcio del Pichincha y tarjetas de crédito. En 2023, sus activos suman USD 97.085, por una casa, un terreno y una camioneta Great Wall del año. Y aparecen más pasivos: préstamos personales a su madre por USD 30 000 y a un abogado por 10 000 (Wilmer Pesántes Yánez), además de tarjetas de crédito, un préstamo hipotecario, por USD 35 000, y la deuda con Consorcio del Pichincha.

En primera instancia, la jueza Vega decidió sobreseer a Calderón porque consideró que los elementos que entregó la Fiscalía no eran suficientes y fueron desvirtuados con los argumentos de la defensa. Su fallo incluyó la revocatoria de todas las medidas cautelares. Sin embargo, la Fiscalía apeló.

El 23 de junio pasado, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas se instaló y consideró que en el fallo de la jueza Vega se omitió el pronunciamiento sobre elementos de cargo y descargo fundamentales en la investigación. Entre ellos, el tribunal presidido con el juez Costaín citó los valores que Xavier Mogro depositó a Calderón y que fueron justificados como una devolución de un viaje a Europa que la funcionaria no habría podido realizar, debido a la pandemia. De acuerdo con el dictamen que anuló el sobreseimiento, el informe del perito señaló dos depósitos inusuales que Mogro se hizo a sí mismo, antes de transferir el dinero a la procesada. No se conoce el origen de ese dinero.

Este fallo también plantea dudas sobre una compra-venta de un vehículo entre Calderón y su hermana. No hay documentación suficiente que certifique esa transacción; tampoco se encontró “una explicación clara sobre los supuestos préstamos que habría adquirido la madre de la procesada con los cuales se trató de justificar el pago de contado que hizo a un préstamo con el BIESS.

Para el Tribunal, hace falta más claridad y evidencias sobre el presunto enriquecimiento ilícito y los orígenes de algunas de las transacciones. En resumen, para los jueces existen incongruencias en el sobreseimiento dictado a su favor inicialmente.

El Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura anuló el expediente disciplinario en contra de los jueces José Luis Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado, quienes declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional del narcotráfico.

Redacción Código Vidrio

El 3 de agosto pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz, votaron a favor de la declaratoria de nulidad de la denuncia presentada en diciembre pasado contra los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero por la fiscal Diana Salazar. Ella pedía que ambos sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Se pronunciaron en contra los vocales Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Según la mayoría de vocales, en este expediente disciplinario existió un vicio insubsanable en la tramitación de la declaratoria jurisdiccional de error inexcusable, emitida el 30 de enero de 2023, por la Sala Especializada de la Corte de Manabí, que se pronunció a favor de la sanción.

Así, Terán, Barreno y Muñoz dejaron el caso en la impunidad, pues no podrá volver a ser tramitado, aunque existió un informe motivado de Marcelo Villegas, director provincial de Manabí. Es más, los vocales ordenaron que se abra un expediente en contra de Shamir Briones, director disciplinario del Consejo en Manabí, por haber dado paso al proceso.

Tras el pronunciamiento, los dos jueces volvieron a sus cargos y actualmente siguen en funciones.

El expediente contra los jueces Alarcón y Quintero, del Tribunal de Garantías Penales de Manta, empezó en diciembre con la denuncia de la fiscal Salazar, luego de que declararan inocentes a 18 procesados por narcotráfico.

Alarcón acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa. Entre 2010 y 2022 ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.

En 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia, en el segundo período de Correa en el poder. Fue asesor en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí. Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de Manta.

Escándalo internacional

El fallo provocó no solo duras críticas de las autoridades Antinarcóticos y de la Fiscalía sino preocupaciones entre las agencias de cooperación estadounidenses que participaron en el operativo, que permitió desmantelar la organización criminal.

Durante los 22 días que duró la audiencia de juicio, entre noviembre y diciembre del 2022, la Fiscalía aseguró que los 18 implicados se dedicaban al abastecimiento de combustible y medios logísticos a narcoembarcaciones que transportaban cocaína desde Tumaco, en Colombia, y las costas ecuatorianas hacia Estados Unidos.

La Fiscalía presentó 35 testimonios, además de la versión de uno de los agentes estadounidenses que estuvo al frente de las incautaciones de más de 20 toneladas de droga en EE.UU. Además se presentaron testimonios de expertos de la Armada del Ecuador, quienes acreditaron el geoposicionamiento de dichas embarcaciones. También se adjuntaron tres Asistencias Penales Internacionales con información remitida por la Justicia estadounidense, 300 kilos incautados al sur de las islas Galápagos, en donde fueron capturados 23 ecuatorianos y un mexicano.

 

Abastecimiento para narcolanchas

La operación fue coordinada en octubre del 2022 por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Trasnacionales (UNIDT-DIGIN), bajo la dirección de Fiscalía, en coordinación con seis agencias de EE.UU., incluidos el FBI y la CIA. Decenas de agentes intervinieron en Manabí y Guayas, donde fueron aprehendidos los implicados que eran parte de tres organizaciones delictivas, que coordinaban de forma sincrónica el abastecimiento de combustible a narcolanchas o sumergibles, ubicándose en sitios estratégicos en el océano Pacífico. Las embarcaciones se organizaban para abastecer a las narcolanchas cada 350 millas náuticas, mientras se dirigían a México y EEUU. Se estima que el 2021 esta organización habría colaborado en el tráfico de aproximadamente 50 toneladas de cocaína.

Pese a todas las evidencias, testimonios y peritajes, Alarcón y Quintero declararon el estado de inocencia de todos los acusados.

Según su pronunciamiento, si bien la Fiscalía demostró que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de lanchas que llevaban droga, el tipo penal por el cual fueron acusados correspondía solo a los dueños de la droga y a quienes la financian no a lo colaboradores. Por eso quizás su conducta podía adecuarse a otro delito como el de delincuencia organizada o asociación ilícita pero que por un principio de congruencia no los podían condenar por esos delitos. El fallo no fue unánime. El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano, salvó su voto, aceptó la acusación fiscal y dictó sentencia condenatoria en contra de todos los procesados en calidades de autores directos. Argumentó que los 18 acusados cumplieron tareas indispensables para el traslado de la cocaína hacia Estados Unidos

Durante  la audiencia de juzgamiento la Jueza se conectó, por varias ocasiones, mediante medios telemáticos, sin prestar atención suficiente a los testigos que presentó la Fiscalía, según informes recogidos de la diligencia.

Por falta de atención especializada en el Hospital IESS Quito Sur, el niño Aarom Vargas, que tenía síndrome de down, falleció en mayo del 2022. Sus padres presentaron una acción extraordinaria de protección. Además de ser concedida, confirmando que el centro no garantizó el derecho a la salud y la vida del pequeño,  los jueces sentaron un precedente: los hospitales del IESS deben dar atención especializada a niños con discapacidad, en todos los niveles. Este tipo de fallos prueban que las garantías jurisdiccionales, bien aplicadas, son indispensables, cuando no son usadas y concedidas por los jueces de forma indiscriminada para liberar sentenciados por delitos graves.

Alianza Código Vidrio – Vistazo
Por Ana María Carvajal

El celular y el estuche con los lentes de Aarom Vargas Sánchez permanecen sobre la cabecera de la cama de sus padres. Eran dos cosas que jamás le podían faltar y que ellos decidieron conservar, junto a una caja donde reposan sus cenizas. En el recipiente se puede leer el nombre del niño en un letrero siguiendo el molde de la letra de Aarom. Él empezaba a escribir sus primeras palabras cuando la tragedia le arrebató la vida, el 14 de mayo de 2022. Estaba por cumplir los 9 años.

Sobre el cenizario se observa su foto, donde se lo ve sonriente. Esa expresión de felicidad que irradia su rostro, con sus ojos vivaces, diáfanos, es lo que más extrañan sus padres, Julia Sánchez y Luis Fernando Vargas, luego de su inesperada partida, desencadenada por varios factores ajenos a su control.

Tras el shock inicial y el funeral, el 28 de noviembre de 2022 decidieron sobreponerse y solicitar una Acción Extraordinaria de Protección, pues consideraron que los derechos a la salud y a la vida de su hijo fueron violentados. Pasaron más de 20 horas desde cuando ingresó a emergencias del Hospital IESS Quito Sur y falleció en el Hospital Padre Carollo, en medio de la impavidez de las autoridades médicas.

En primera instancia el recurso fue aceptado por la jueza de lo Civil, Cynthia Molina. Luego subió en apelación a la sala especializada penal, integrada por los jueces Esteban Coronel (ponente) Fernando Sánchez y Mabel Tapia Rosero, quienes coincidieron en que el niño tenía doble vulnerabilidad por su edad y por haber nacido con síndrome de Down, y que el personal médico y autoridades del hospital violaron sus derechos a la salud y a la vida.

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El caso del pequeño Aarom es apenas un ejemplo de los centenares que hay sobre la importancia de que el sistema cuente con legislación sobre garantías jurisdiccionales, aunque estas hayan cobrado mala fama los últimos años, debido a los abusos que se han presentado en causas relacionadas con personas sentenciadas por delitos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado. 

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La tarde del 13 de mayo de 2022 Aarom se veía muy decaído. Su padre se contactó con su madre por videollamada, pues ella estaba en el trabajo. El pequeño no podía expresar lo que sentía, solo sostenía su abdomen y no quería levantarse de la cama. Entonces, los padres decidieron llevarlo al hospital IESS Quito Sur, que queda a pocas cuadras de su casa.

Aunque el ingreso en el sistema del hospital se registró a las 18:30, los padres dicen que estuvieron afuera horas antes, pidiendo ayuda. El niño no tenía fiebre ni lloraba, pero en su condición, eso era normal, señala Julia, la madre. Ella explicó al personal que quienes viven con Síndrome de Down tienen un umbral del dolor alto, pero estaba segura de que algo serio pasaba con su hijo, por los signos que presentaba. Luego sus padres supieron que el pequeño tenía una perforación de 20 centímetros en el intestino.

Resultados tardíos de los exámenes médicos

Con las horas, el pequeño Aarom se fue debilitando, no podía levantarse solo de la cama y su papá debía cargarlo para ir al baño. De pronto, los padres descubrieron en el abdomen del niño un bulto, su piel se había tornado en una coloración morada. Los resultados de los exámenes que le realizaron tardaban en llegar por fallas en el sistema, mientras el pequeño empeoraba minuto a minuto. Ya no toleraba que le hicieran ecos ni otros procedimientos.

A las 02:24 del siguiente día se descartó apendicitis y cerca de las 07:00 el niño fue derivado a otra casa de salud, pues en ese hospital no contaban con un cirujano pediatra. Aarom empeoró y fue ingresado a cuidados intensivos. A las 10:38 el Hospital Padre Carollo aceptó la derivación, pero el niño fue trasladado en ambulancia una hora más tarde. A las 13:46 llegó a ese centro médico en estado crítico, en la ambulancia de soporte vital avanzado. Empezó a colapasar mientras el personal intentaba reanimarlo hasta llegar al quirófano donde falleció, antes de ser intervenido.

Meses después, los padres acudieron a la Clínica Jurídica de Universidad San Francisco de Quito, que los patrocinó gratuitamente en su Acción de Protección. Hugo Cahueñas, profesor de la USFQ y miembro de la Clínica, destacó que fueron los estudiantes quienes llevaron con excelencia el caso. Planearon todo, presentaron estrategias y documentos.

Durante el proceso, el IESS aseguró que en su hospital se brindó un servicio adecuado, de acuerdo con el nivel 2 al que pertenecen, que cuenta con cirugía general, pero no pediátrica. Aunque reconocieron que hubo intermitencias en su sistema, argumentaron que atendieron al niño en la medida de sus posibilidades e hicieron la derivación.

Jueces responsabilizan al hospital

Pero en el fallo de la sala penal los jueces fueron tajantes sobre las responsabilidades del hospital del IESS por la muerte del pequeño. “La prestación deficiente del servicio público de salud, en el parámetro de disponibilidad, ocasionó la muerte del niño. Hecho que es confirmado por la autopsia del médico legal, que recoge como causa de muerte: 1. Sepsis de origen causa de muerte. 2. Perforación duodenal y gástrica. 3. Abdomen agudo inflamatorio. (…) El Hospital del IESS, Quito Sur, no garantizó el derecho a la salud al no disponer de personal especializado, ni de un programa específico de atención personal y equipos médicos para tratar a un niño con discapacidad intelectual con “Síndrome de Down” en estado de emergencia”.

Como parte de la decisión del tribunal, el IEES debe presentar disculpas públicas en un acto en el área de emergencia del Hospital IESS Quito Sur, realizar campañas de sensibilización en sus centros médicos para que se asegure atención de calidad a quienes requieren cuidados urgentes y más aún si son niños y tienen alguna discapacidad.

La sentencia también contempla medidas de no repetición, como el diseño y difusión de un protocolo para la atención sanitaria a niños con discapacidad en todos los niveles.

Aunque los padres no solicitaron una reparación económica, los jueces decidieron otorgársela, tomando en cuenta los factores de daño emergente, lucro cesante y costas judiciales. Se fijó una indemnización de 25 mil dólares. El nombre de Aarom, ya eternizado en la caja donde sus padres conservan sus cenizas, también deberá permanecer en la sala de emergencias del Hospital IESS Quito Sur, para recordar al personal de salud que se debe brindar atención prioritaria, oportuna y especializada a niños con discapacidad.

“Las garantías están para proteger derechos reconocidos no solo en la Constitución sino en instrumentos internacionales de derechos humanos y permiten que esos conceptos no sean letra muerta. Podemos exigir derechos cuando están en riesgo de vulneración o son vulnerados”, dice Cahueñas. Por eso, sentencias como la de Aarom son la prueba de que el problema no es que existan garantías jurisdiccionales y constitucionales, sino que se apliquen sin criterio adecuado. “Este tipo de casos nos evidencia para qué están estos recursos: son los que protegen al ciudadano más desprotegido frente al poder”.

El abogado subraya que hacen falta ajustes. Aunque aplaude que la sentencia denota el profundo conocimiento que el juez Coronel tiene sobre garantías. Por ese nivel de conocimiento, Coronel decidió otorgar una reparación económica, a pesar de que nunca fue la pretensión de los padres.

Cómo evitar los abusos de las garantías

Otro punto importante, para la abogada constitucionalista Pamela Aguirre Castro es que la Corte Constitucional debería delimitar mejor qué aplica en cada caso, según el derecho. En temas del derecho a la salud o a la vida, a la educación, los efectos se producen en el lugar donde reside la víctima, dice. “Pero en otros casos, como violaciones al debido proceso, la competencia bastaría con el lugar donde se produce el acto y ahí es bastante más sencillo identificar el vínculo de competencia. Ahí clarificaría mucho mejor e identificaría inclusive este presunto abuso de garantías constitucionales y jurisdiccionales”.

La tarea de la Corte es aclarar e identificar situaciones concretas en los que se ha dado correcta o mala interpretación de la norma, para que los jueces revisen esa información y sepan cómo proceder cuando lleguen los casos a sus manos. “Pero en realidad la norma nunca fue ambigua, lamentablemente se utilizó de una manera perversa para desvirtuar a las garantías jurisdiccionales”.

En mayo pasado, la Corte emitió un dictamen que pretendía poner orden en las acciones de protección y hábeas corpus que los últimos tres años se han solicitado en juzgados de lugares insospechados. Además nada tienen que ver con las causas por las que personas juzgadas han logrado su libertad y hasta restitución de derechos suspendidos mientras cumplían con sus penas. La idea era frenar beneficios otorgados a personas que probablemente no los merecían, dado la naturaleza de sus delitos.

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Entre las acciones de protección y hábeas corpus que se han cuestionado están, por ejemplo, la que dejó en libertad al exvicepresidente Jorge Glas, en Santo Domingo de los Tsáchilas; a Daniel Salcedo  en Paján (sentenciado por casos de corrupción en venta de insumos en la pandemia); a Luis Arboleda, alias Gordo Lucho, en Flavio Alfaro o a Christian Araujo, en Portoviejo. Otros casos objetados son las acciones que favorecieron a Leandro Norero y a Junior Roldán, alias JR, ambos asesinados.

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Pero Aguirre afirma que la decisión de la Corte recientemente difundida “no hace más que repetir lo que está en la Constitución y en la Ley, que ya determina que es competente el juez del lugar donde se produce el acto o donde se producen los efectos.  El primer escenario es bastante fácil de identificar, pero el segundo es lo debatible y lo que se ha mal utilizado en algunas ocasiones”. Explica que los casos en que se presentaban distorsiones son, por ejemplo, los de políticos o autoridades que presentan acciones alegando que en el lugar de su residencia surtían los efectos del acto y por eso ahí radicaba la competencia.

Pero Aguirre señala que eso es un error. “Si uno entiende que la competencia se origina por el lugar donde se produce el acto o los efectos en relación con la víctima, no hay ningún problema porque ahí sí tiene sentido que el juez de donde reside la víctima sea competente”.

Los casos cuestionados se refieren a personas sentenciadas y no a víctimas. Por eso, según su criterio, la reciente sentencia de la Corte Constitucional en vez de aclarar el panorama lo vuelve más confuso porque agrega otro factor: el lugar donde se producen los efectos es donde están los bienes o donde hay algún vínculo familiar. “Ahí estaría extendiendo algo que en la ley y en la Constitución no existe. Eso me parece es excesivo”.