Ni la muerte del exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio detuvo los procesos que en su contra y de su familia se iniciaron en el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde noviembre de 2018. En septiembre de 2023, menos de un mes después de su asesinato, funcionarios del SRI presentaron una nueva denuncia dentro de un caso denominado El Leñador en la Fiscalía.
Redacción Código Vidrio
El 6 de septiembre de 2023 por impulso de las autoridades del SRI se abrió la indagación previa 170101823090901, que se suma a una larga lista de señalamientos, denuncias y procesos judiciales de las que han sido blanco, tanto Villavicencio como dos de sus hermanos, y su tío. Incluso, sobre el medio digital Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio junto con Christian Zurita, hasta antes de entrar de lleno al mundo de la política.
Este medio buscó un pronunciamiento de Germán Villavicencio, hermano del exlegislador, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su teléfono celular, proporcionado por sus familiares. Él también enfrenta otra denuncia por supuesta defraudación, a pesar de que el SRI previamente le había dado la razón, de forma parcial, a través de un recurso de revisión, en otro caso.
En enero pasado, las acciones del SRI, que tiempo atrás Villavicencio calificó como persecución desde el Estado, también fueron más allá del ámbito tributario. Una nueva denuncia por el supuesto delito de revelación ilegal de bases de datos fue interpuesta por representantes de esa entidad. Fue formalizada a través de la investigación 170101823010637, según fuentes de la Fiscalía.
Funcionarias del SRI pidieron que en este proceso se realizará una pericia informática a los medios digitales La Historia EC y Periodismo de Investigación, sin que hasta el momento quede claro el porqué de esos pedidos, lo cual tampoco ha sido explicado por el SRI.
La denuncia estaría relacionada con una publicación conjunta que hicieron ambos medios el 25 de julio de 2021, bajo el titular “La persecución de los Inapapers”. En ese informe se describe cómo se llevaron a cabo las acciones del SRI, dentro de una estrategia del gobierno de Lenin Moreno que buscaba “desacreditar al mensajero (Villavicencio), anulando su mensaje”.
En resumen, se trataba de una estrategia para golpear la reputación de Villavicencio y así mermar sus denuncias sobre los supuestos negociados en la contratación de Coca Codo Sinclair y sobre los casos Inapapers y Arroz Verde, que salpicaban a exautoridades, especialmente al entonces presidente Lenín Moreno, hoy procesado penalmente, y a su círculo cercano. Eso lo denunció constantemente el experiodista y exlegislador.
Este medio buscó un pronunciamiento del SRI sobre los procesos y las denuncias que se mantienen abiertas en casos que relacionan al excandidato presidencial y algunos de sus familiares cercanos, así como acerca de la solicitud que hizo la entidad a la Fiscalía de peritajes a los dos medios digitales.
La entidad respondió escuetamente, sin referirse a la denuncia: “No es posible entregar información relacionada con planes y programas de control. Los mismos son de carácter reservado, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno”.
La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, desconoce esos nuevos casos. Ella cree que “los procesos que se tramitaban en contra de Fernando se extinguieron cuando murió. Los que se abrieron en el SRI no fueron propiamente contra él sino contra su familia y entiendo que sobre eso se llevó un proceso interno en el SRI”, indicó.
Al ser consultado sobre el pedido de peritaje, Marlon Puertas, director de La Historia, dijo que no ha recibido ninguna notificación y que también desconocía la investigación previa, impulsada por la coordinadora penal Natalia Endara.
Cuesta revela información reservada de Villavicencio
Sarauz también recordó que cuando el exasesor de Lenin Moreno, Santiago Cuesta, acusó a Villavicencio de supuestamente lavar dinero a través de la pizzería de su hermano, se llegó a la conclusión de que se utilizaron documentos falsos para perjudicarlo”, con apoyo de funcionarios del SRI.
Agregó que las cuentas de Villavicencio siempre estuvieron claras y abiertas al proceso. “Una vez que Fernando no está aquí, será la familia la que tendrá que responder sobre los manejos de sus negocios. Si es que hay o no un proceso en contra de Villavicencio, en el momento de su muerte se extinguió”.
El 30 de diciembre de 2022, Villavicencio alertó en su cuenta en X la operación de Cuesta. “ATENCIÓN| El @SRIoficialEc confirmó la manipulación y difusión de información falsa sobre mi familia, realizada en 2019 por orden de Santiago Cuesta. El operador interno de este delito fue José Almeida, quien salió del país…”.
Se refería a una entrevista en el programa de Carlos Vera, “Veraz”, el 9 de mayo de 2019, con el consejero Santiago Cuesta. El entonces influyente funcionario hizo varios señalamientos y presentó documentos, incluido un Informe Ejecutivo Ampliado del SRI sobre Villavicencio. Mencionó también que accedió a información bancaria que catalogó como “pública” sobre los movimientos en las cuentas de familiares del exlegislador.
Cuando Vera le consultó si era legal esta exposición, dijo: “Uso las mismas armas, tengo derecho a reprimir el ataque. Legítima defensa es utilizar las mismas armas que usas contra mí, para defenderme. Villavicencio saldrá a decir con mi familia no te metas y aquí hablamos de cuentas de las hijas y la esposa. Es un negocio muy raro, porque produce cero de pago de impuesto a la renta”.
Cuesta pidió públicamente a Villavicencio que abriera cinco cuentas repartidas en tres bancos, “así como él le pidió a Moreno que abriera las suyas”.
En varios espacios informativos y en sus redes sociales, Villavicencio se defendió diciendo que sus declaraciones de impuestos no podían tener valores, pues durante varios años enfrentó nueve procesos judiciales, vivió en el exilio, para evitar ser apresado. Además indicó fue declarado insolvente cuando no lograba pagar USD 47.306 que le fueron impuestos por un juez, para entregárselos al expresidente Rafael Correa, tras un juicio por supuestas injurias. Sumas similares debían pagar el exlegislador Cléver Jiménez y el médico y activista Carlos Figueroa.
Además, Villavicencio recordó en ese entonces que la Corte Nacional de Justicia ordenó que se le restablecieran sus derechos políticos, pero eso tardó en concretarse. Según él, durante su exilio y su tiempo en la clandestinidad recibió apoyo económico de instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú, de empresarios pequeños y logró recaudar algo de dinero por medio de la venta de los libros de su autoría.
En julio de 2021, Fundamedios publicó una alerta cuando el SRI entregó una serie de documentos a Villavicencio, quien los solicitó en su calidad de legislador. Según el texto de Fundamedios y las aseveraciones de Villavicencio, quien demandó a Cuesta en la Fiscalía por revelación de información reservada, esa información probó la persecución que el Gobierno de Moreno realizó en su contra como una reatlización por sus denuncias periodísticas.
Los procesos se reactivan
Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, en mayo del 2021, las investigaciones y controles alrededor de Villavicencio y su gente cercana se frenaron, pero se reactivaron luego de que él criticó los acuerdos que hizo el Ejecutivo con las bancadas de la Asamblea, incluyendo la abstención del bloque correista, que permitió que la Ley de Desarrollo Económico se aprobara por el Ministerio de la Ley, a fines del mismo 2021.
En el contexto de sus denuncias sobre el caso Encuentro y El Gran Padrino, que involucraban al Gobierno, también se activaron estos procesos tributarios luego de poco tiempo, pese a que entonces estaban en marcha mediaciones para llegar a acuerdos de desestimiento entre la familia Villavicencio y el SRI. Además, se activó una denuncia y se abrió una indagación previa en contra de Villavicencio y otras personas ajenas.
Entre fines de 2018 y la actualidad, al menos ocho altos funcionarios que han ocupado distintos cargos en los tres últimos gobiernos participaron y motivaron los procesos en contra de Villavicencio. Lo hicieron desde distintas divisiones del SRI como Cumplimiento Tributario, Inteligencia Tributaria, Control Tributario, Riesgos Tributarios, Coordinación Penal.
Así, el excandidato presidencial que fue perseguidos por distintos engranajes del estado mientras vivía continúa siendo blanco de investigaciones. Tampoco sus familiares que aún lo lloran y exigen que su crimen no quede en la impunidad.