Felipe Quispe Huanca es un líder aimara; avivó el levantamiento indígena que llevó a la caída del presidente Sánchez de Losada, en 2003, en Bolivia. Organizó visitas de indígenas a campamentos de las FARC desde Quito, antes de 2005. Los participantes en los campamentos llegaron como invitados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, entonces presidida por Leonidas Iza Quinatoa. El relevo generacional de la familia en las organizaciones indígenas es Leonidas Iza Salazar, quien saltó al ojo público recientemente. Estuvo al frente de las protestas que, durante 11 días, en octubre de 2019, mantuvieron en vilo al Ecuador. Quispe Huanca es uno de los férreos opositores a Evo Morales, quien acaba de renunciar a la Presidencia.
Redacción Código Vidrio
El imperio de Evo Morales se desmoronó en Bolivia. Su maniobra para perpetuarse en el poder, después de ser el mandatario del grupo bolivariano con mayor permanencia en el cargo, encendió la mecha.
Una protesta de esa magnitud no se había visto en Bolivia desde octubre de 2003, cuando se produjo la Guerra del Gas, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, los militares dispararon contra las multitudes, para desbloquear vías, porque las ciudades empezaban a vivir desabastecimiento. Fue una masacre. Dejó más de 60 muertos, la mayoría, indígenas.
Pero esta vez, los militares anunciaron que no dispararán contra el pueblo. Ésa es una diferencia sustancial entre las protestas de 2003 y 2019, en ese país.
En los hechos de 2003 participaron líderes indígenas, como cabeza visible. En 2019, Evo Morales fue el que sufrió la embestida de distintos grupos bolivianos, incluidos los idígenas.
Solo semanas antes, en octubre, en Ecuador hubo 11 días de violencia por la eliminación del subsidio a los combustibles.
Son hechos distintos, en países y contextos diversos. Pero hay puntos en común. Más de un personaje cruza todas las historias.
Descontento
Las protestas de 2003 y 2019 en los dos países empezaron por el rechazo ante “paquetazos”, por la política gubernamental frente a combustibles fósiles.
En Bolivia, la Guerra del Gas ocurrió en octubre de 2003. El líder campesino Felipe Quispe Huanca (conocido como Mullku, cóndor en aimara) reivindicó el protagonismo. En 2013 publicó el libro “La caída de Goni. Diario de la Huelga de Hambre”. En él, revela cómo se organizó el plan y describe detalles de la emboscada al Ejército. Deja entrever que luchaban “Por una nación y por un Estado propio”.
¿Su estrategia? “Cortar los suministros de agua y electricidad, quemar a la ciudad por una parte, y por otra, asaltar el Palacio de Gobierno, los cuarteles, las casas de los ricos y matar a los q’aras ministros y otros de la zona sur…”.
En la Guerra del Gas hubo 60 fallecidos. El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, que planeaba la privatización del gas y su exportación a través de puertos chilenos, fue derrocado. En el momento más crítico, habría pedido una pistola para suicidarse. No lo hizo y partió al exilio hacia Estados Unidos. Aún no prospera el pedido de extradición para que regrese y enfrente a la justicia. En cambio, varios militares fueron procesados penalmente.
Evo Morales era diputado del Movimiento hacia el Socialismo (MAS), y cabeza de la oposición, por esos días. Debía recibir una condecoración de Muamar El Gadafi, en Libia. Al regreso de ese viaje, pasó por Ginebra y Caracas… Para muchos, el líder cocalero estuvo, convenientemente, viendo los toros de lejos, pero luego tomó ventaja. Al volver a Bolivia, militares le habrían pedido que, como líder opositor, capitalizara el golpe. Pero él habría replicado que no era “Ningún golpista”, negándose a asumir la Presidencia de su país.
Evo Morales estuvo en el poder más de 13 años. Llegó al gobierno en 2006 y renunció el 10 de noviembre de 2019.
Álvaro García Linera fue vicepresidente de Bolivia hasta este fin de semana. Fuentes de Inteligencia lo relacionan con el narcotráfico.
A la postre, dos años más tarde, Evo cosechó el triunfo político. Ganó las presidenciales en 2005. Gracias a maniobras electorales, 14 años más tarde ganó en primera vuelta, pero no contaba con el rechazo del pueblo en las calles. Su vicepresidente, Álvaro García Linera, es ajeno al movimiento indígena. Informes de Inteligencia lo vinculan con el narcotráfico.
En su juventud, García Linera fue compañero de armas de Felipe Quispe Huanca, en el Ejército Tupac Katari. La organización estuvo activa entre 1986 y 1992, cuando fue desarticulada y sus miembros, apresados. Esto derivó en el distanciamiento entre Quispe y García Linera. El primero acusaba al segundo de haber delatado a sus excompañeros de armas, cuando estuvo en prisión.
Felipe Quispe es un declarado simpatizante de las FARC, de Colombia. Y ahí es donde entran en escena otros personajes de esta historia. Y la conexión con Ecuador.
El campamento FARC de los Aimaras desde Quito
En 2003 se realizó el Congreso de los Pueblos del Ecuador. Su objetivo era aglutinar a las fuerzas opositoras, contra las políticas “antinacionales” del gobierno de Lucio Gutiérrez, coronel que llegó al poder con la izquierda, y en alianza con los indígenas; pero luego se proclamó el mejor amigo de Estados Unidos.
Asistir a la cita internacional era la fachada para otro propósito: coordinar el viaje de Quispe y de cinco grupos de indígenas, al campamento de las FARC, para recibir capacitación. Entre los primeros bolivianos aimaras que viajaron a entrenarse en la guerrilla había menores de edad.
Quispe Huanca quedó deslumbrado por la experiencia en los campamentos de las FARC, relata el libro “El Juego del Camaleón”, del periodista Arturo Torres. El líder indígena le pidió a Raúl Reyes (el segundo al mando en esa guerrilla), que sus hijos pudieran permanecer tres meses en los campamentos, “porque así aprendían más”.
-“Comuníquele a Quispe que con gusto recibimos a los estudiantes en junio. Espero que me informe cuántos serían y el tiempo disponible para su estadía aquí”- le instruyó Reyes a la mujer que coordinaba toda la logística de las FARC en Ecuador, Nubia Calderón.
El campamento FARC se organizó desde Quito. Para facilitar los traslados y justificar el ingreso de los bolivianos al Ecuador, Nubia Calderón refirió que había buscado el apoyo de Leonidas Iza, quien por entonces era presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Según Calderón, pidió al dirigente que facilitara una carta de invitación a un seminario.
-“Conseguí que Leonidas Iza me diera la carta (…). Con él se logró que los reciban y les den alojamiento”- le contó Nubia a Reyes. La carta está en poder de Inteligencia de Colombia.
Los bolivianos llegaron por tierra. Tenían documentos que los acreditaban ciudadanos chilenos. Se hospedaron durante dos días en una fundación ubicada en el centro oriente de Quito, en el barrio El Dorado, cerca al parque Itchimbía.
Iza aseguró que no conoció a Calderón, y que no le dio carta alguna. Admitió ser amigo de Quispe. Reconoció haberlo invitado al Congreso de los Pueblos, pero negó haberse reunido con miembros de las FARC.
A los aimaras no les fue bien en los campamentos guerrilleros. “Dicen que ellos vinieron por corto tiempo y que sus jefes no les explicaron bien la dureza de estas labores. Esta gente no es de mucho trabajo”, llegó a quejarse Reyes, a Nubia Calderón, a través de correos electrónicos.
Juan Meriguet, asesor de Ricardo Patiño y funcionario de Cancillería a cargo de los diálogos del ELN en Quito, se reunió en 2003 con el dirigente indígena Felipe Quispe. en Ecuador. Ese episodio está narrado en el libro El Juego del Camaleón.
Contactos en Ecuador
Sin embargo, Quispe era valorado como un buen prospecto por las FARC. Según comunicaciones de Iván Márquez, del Secretariado, “Quispe, bien orientado por nosotros, puede ser una carta hacia el futuro”.
Las FARC tenían un plan de expansión hacia Bolivia y veían en el líder aimara la punta de lanza.
En Quito, Quispe se reunió en Quito con Juan Meriguet, justo un mes después de las protestas de 2003. Fotos –que aquí publicamos- así lo revelan.
Durante el correísmo, Meriguet ocupó altos cargos en la Secretaria de los Pueblos y Movimientos Sociales. Luego, despuntó en la Cancillería. De izquierda radical, Meriguet fue el delegado del Gobierno ecuatoriano durante el proceso de diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y la segunda guerrilla más antigua de ese país, el Ejército de Liberación Nacional.
Meriguet aseguró que no era amigo de Quispe al investigador del libro citado. Sí dijo, en cambio, recordar que el boliviano llegó para el Congreso de los Pueblos. “Lo entrevistamos con otros periodistas en Altercom”. Esta organización noticiosa con tendencia de izquierda estaba dirigida por la esposa de Meriguet, María Augusta Calle. Periodista y militante de izquierda, Calle fue asambleísta constituyente y legisladora durante el correísmo.
Después del encuentro en Quito, Quispe viajó a Venezuela. Fue nombrado presidente honorario de la Coordinadora Continental Bolivariana, brazo político y diplomático de las FARC. La designación se produjo mientras participaba en el Primer Congreso Bolivariano de los Pueblos, con el apoyo del gobierno de Hugo Chávez.
Leonidas Iza dejó la presidencia de la Conaie. En febrero de 2004 sobrevivió a un atentado con armas, luego de regresar de un encuentro de pueblos en Cuba. A su familia y a él los dispararon cuando llegaba a la sede de la organización indígena, al norte de Quito.
15 años más tarde, quien hace noticia es un primo suyo. De idénticos nombre y apellido. Leonidas Iza Salazar, dirigente indígena de Cotopaxi, fue una de las figuras más visibles durante las jornadas de rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Leonidas Iza Salazar, dirigente indígena de Cotopaxi, fue uno de los personajes claves en la última manifestación contra el gobierno. Es primo de Leonidas Iza, ex presidente de la Conaie.
Él representa a la generación de relevo de los Iza. Con un discurso radical que reivindica la lucha del pueblo indígena y su sistemática marginación, acusa al gobierno de neoliberal y de entregarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional, FMI. En 11 días de protesta hubo al menos 10 muertos. Según la dirigencia indígena, la represión fue desmedida.
El gobierno afirmó que había un plan golpista en marcha. Derogó el decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles, mientras las organizaciones aseguraban mantenerse en pie de lucha.
En Bolivia, en cambio, Quispe radicalizó su oposición hacia Evo Morales, acusándolo de traicionar el proyecto indígena, luego de sacar provecho del levantamiento de 2003. El 10 de noviembre, Morales, renunció a la Presidencia.
Evo Morales llegó a la presidencia de Bolivia en 2005. Resultó, aunque no lo parecía en un inicio, el líder autoritario más duradero de la Revolución Bolivariana. Bolivia es el socio principal silencioso en el movimiento para consolidar la alianza regional de estados criminalizados, utilizando el crimen organizado transnacional como un instrumento de política estatal, mientras es el anfitrión de actores extraregionales como Rusia, Irán y China. En la región, uno de sus aliados es Rafael Correa.
Bolivia bajo fuego cruzado. Evo Morales, el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), se postuló ilegalmente para su cuarto mandato presidencial. La manera cómo buscó asegurar la victoria en la primera vuelta encendió la mecha en el país de 11 millones de habitantes, sin salida al mar.
Sus presuntos vínculos con el narcotráfico y sus lujosos hábitos de gasto personal lo pusieron bajo el escrutinio público. Sin embargo, es el líder bolivariano más arraigado. Integra la empresa criminal masiva y multiestatal: la Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, a la que llamaremos BJCE, por sus siglas en inglés. Éste es un consorcio de “estados criminalizados”, autoritarios, que defienden el socialismo del siglo XXI, liderados por Venezuela, asesorados por Cuba.
En los últimos 15 años, los miembros del BJCE (que operan en asociación con organizaciones criminales transnacionales adoptadas como instrumentos de poder estatal), saquearon la riqueza de la región y desmantelaron sistemáticamente las instituciones del Estado de derecho en los países que gobiernan.
A principios de la década del 2000, Hugo Chávez de Venezuela usó su enorme riqueza petrolera para financiar las elecciones de los líderes del BJCE en la región, incluidos Morales en Bolivia (2005); Daniel Ortega en Nicaragua (2006); Rafael Correa en Ecuador (2007); Mauricio Funes en El Salvador (2009); y Desi Bouterse, un narcotraficante condenado, en Surinam (2010). Además, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil recibieron fondos venezolanos y fueron aliados cercanos de Chávez.
El principal miembro no estatal del BJCE son las FARC de Colombia, insurgencia marxista fundada en 1964, que evolucionó hasta convertirse en el mayor cartel productor de cocaína en el mundo.
Los gobiernos del BJCE brindaron protección y santuario a las actividades de narcotráfico de las FARC a cambio de financiamiento, ofrecieron áreas seguras de operación de retaguardia.
Este trabajo busca evaluar los esfuerzos fraudulentos del Gobierno de Morales para lograr un cuarto mandato presidencial ilegal, dentro del contexto hemisférico más amplio, y lo que significa para el BJCE.
EL “MILAGRO” ECONÓMICO DE BOLIVIA
Una de las cosas que ha ayudado a mantener a Morales y al MAS fuera de la apretada agenda internacional es que, a diferencia de la mayoría de los líderes de BJCE, Morales tiene un historial de cierto éxito económico y reducción de la pobreza. Sin embargo, Bolivia permanece entre las naciones más pobres del hemisferio. El crecimiento económico se debe en parte a los precios históricamente altos de las materias primas (el valor de las exportaciones de materias primas aumentó de $ 2.2 mil millones al año en 2006 a $ 12.9 mil millones en 2014), la llegada de cientos de millones de ayuda petrolera venezolana y préstamos de China.
Bolivia ha promediado un crecimiento del 4,3 por ciento en la década de 2010-2017, según el Banco Mundial. El Banco Mundial también descubrió que la pobreza extrema ha caído del 12,6 por ciento al 5,8 por ciento durante el mismo período. Pero hay indicios de que el auge económico se está desacelerando a medida que la ayuda venezolana se ha evaporado y los megaproyectos de gasto con poca utilidad han absorbido los ingresos.
Otros signos de creciente debilidad económica son la disminución de las reservas internacionales, que bajaron de $ 15.1 mil millones en 2014 a $ 8.9 mil millones en 2018. También ha experimentado un aumento en la deuda pública bruta de alrededor del 38 por ciento del PIB al 52 por ciento del PIB, un nivel que generalmente provoca una recesión significativa.
Una de las características distintivas de las operaciones de lavado de dinero de BJCE es el desarrollo de megaproyectos económicamente irracionales, a menudo utilizados por el Estado para lavar dinero de drogas en la economía.
Los analistas en Bolivia han estimado que el Gobierno ha gastado unos $ 2 mil millones en los últimos cinco años en “proyectos fantasmas” que no tienen sentido económico y
generan pocos beneficios. Estos incluyen:
El proyecto de tocador más visible de Morales, una residencia presidencial de rascacielos con fachada de vidrio de $ 34 millones y 29 pisos que se eleva sobre el centro de La Paz.
El estadio de fútbol Hugo Chávez en la región productora de coca de Chimoré, en el medio de la selva del Chapare, a un costo de $ 2.7 millones. Si bien el estadio tiene una capacidad para 15,000 fanáticos, solo 4,000 personas viven en la ciudad.
Una modernización y expansión del aeropuerto de $ 19.1 millones en la ciudad de Oruro con el nombre de Morales para cumplir con los estándares internacionales, denominado el “aeropuerto sin pasajeros” y uno con pocos signos de inversión significativa y pocos vuelos internacionales;
Una terminal de autobuses que en papel costó $ 563,000, aunque la terminal se había construido para cuando se anunció el nuevo proyecto.
LA MAREA ROSADA Y EL CUADERNO BOLIVARIANO
Morales ha contado públicamente que en una reunión de principios de 2003 con Fidel Castro para discutir la toma de armas contra el gobierno de Bolivia, el líder cubano lo instó a no optar por una insurrección armada para alcanzar el poder. “No hagas lo que hice, no tengas un
levantamiento armado”, asegura Morales que le dijo Castro. “Dirige una revolución democrática, como la de Chávez, con una asamblea constitucional”.
El modelo de celebrar asambleas constitucionales para reescribir y “re-fundar” las repúblicas bolivarianas fue desarrollado por un pequeño grupo de abogados españoles como una forma de concentrar el poder en manos de los líderes revolucionarios y eludir las normas democráticas tradicionales de responsabilidad.
Primero con Chávez, luego con Morales y Rafael Correa en Ecuador, los juristas españoles escribieron las nuevas constituciones para las tres naciones.
Juntos, los líderes bolivarianos que se unieron a los líderes de BJCE fueron llamados la Marea Rosa por su compromiso con el socialismo del siglo XXI.
Si bien Morales es reconocido como un líder indígena, los ideólogos que lo rodean y que ejercen un poder real son parte de la clase política no indígena de alcurnia, a la que el presidente critica regularmente. El vicepresidente García Linera es un exmiembro del pequeño ejército marxista Tupac Katari-EGTK) que cumplió cinco años de prisión (1992-1997) por ataques armados a fines de los años ochenta y principios de los noventa. Puente hacia Chávez (y más tarde Maduro) en Venezuela, las estructuras de inteligencia cubanas y entre otros líderes y grupos de izquierda. García Linera ha sido acusado de participar en el tráfico de cocaína en múltiples ocasiones.
El ministro de Presidencia Juan Ramón Quintana era un oficial militar entrenado en los EE. UU.
que se había forjado una reputación. Hay abundantes informes de fuentes abiertas sobre los vínculos de García Linera y Quintana con el tráfico de cocaína. Ambos asesores fueron traídos al círculo íntimo de Morales, no por casualidad, sino por los cubanos y Chávez cuando Venezuela financió la campaña electoral de Morales.
LA CRIMINALIZACION ESTATAL
El cultivo de coca (la materia prima para hacer cocaína) aumentó de 25,500 hectáreas en 2011, con una capacidad de producción de cocaína de 195 toneladas, a 37,500 hectáreas y una capacidad de producción de cocaína de 275 toneladas en 2016, antes de caer en 2017.
Esta caída se debió en parte a disputas entre los sindicatos de cocaleros en las dos regiones de cultivo de coca de Bolivia, el área de las tierras altas de los Yungas y el sector de las tierras bajas del Chapare.
En la región de Yungas, se han cultivado cantidades relativamente pequeñas de coca durante siglos para uso cultural y medicinal. El cultivo de coca en el Chapare, donde Morales conserva el título de líder del sindicato de cocaleros, comenzó en la década de 1980. Produce mucho más
que los Yungas. Se destina a la producción de cocaína.
En 2011, el general René Sanabria, jefe de inteligencia cuidadosamente seleccionado por Morales de la policía antinarcóticos de Bolivia, fue arrestado en Panamá mientras traficaba 144 kilos de cocaína a los Estados Unidos. Se declaró culpable y fue sentenciado a 15 años de prisión.
Además, a través de informes policiales bolivianos obtenidos por el autor, el gobierno de Morales estaba protegiendo al hijo del líder de la Federación Mexicana de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Santa Cruz, Bolivia, incluido el encubrimiento del accidente aéreo que sufrió Alfredo Guzmán.
García Linera y el entonces ministro del Interior, Sacha Llorenti, participaban en la red de narcotráfico dirigida por el zar de la droga, general Sanabria.
QUÉ VIENE CON MORALES
Si bien Morales y el MAS no han administrado mal la economía, han creado un Estado que prospera enredado con estructuras criminales transnacionales organizadas al más alto nivel y como parte integral de una empresa criminal conjunta dirigida por líderes autoritarios represivos en toda América Latina. Su apoyo internacional proviene de líderes extrarregionales con ideas afines en Rusia, China, Turquía, Irán, Siria y otros lugares afines.
Un cuarto mandato de Morales también permitirá que la producción de coca y el tráfico de cocaína continúen sin cesar y en gran escala en Bolivia. El tráfico de cocaína patrocinado por el Gobierno de Morales en algunos casos, y tolerado en otros, ya tuvo un efecto desestabilizador en vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. La reelección de Morales consolidará y expandirá la actividad criminal patrocinada por el Estado, mientras fomenta activamente aliados antidemocráticos en la región.
El gobierno de Lenin Moreno está atado a los contratos firmados con China para construir el ECU-911 y el manejo de su tecnología, a pesar de que los equipos no brindan garantías de seguridad y son fácilmente vulnerados. Esto dificulta la migración tecnológica que asegure la información sensible del país y se continúa otorgando esta información a China. Esto, en el ámbito de la inteligencia, vulnera la soberanía del país, según un análisis de Horus Strategic, especializada en inteligencia prospectiva.
Escenario 1
ECUADOR tiene poca capacidad de acción frente a dependencia china
La situación económica del país y la falta de recursos para cubrir gastos operativos del Sistema Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, hacen que se reduzca su eficiencia y operatividad, que no se innoven los equipos y que vaya decayendo la calidad del servicio.
La disposición del gobierno anterior para adquirir tecnología China, dados los compromisos adquiridos, así como la austeridad propuesta por el gobierno actual, que se traduce en una reducción del presupuesto del ECU 911, limita la capacidad de gestión ejecutiva.
Así, esta administración de Lenin Moreno está atada a los contratos anteriores, a pesar de que los equipos no brindan garantías de seguridad y son fácilmente vulnerados, tal como lo han comprobado gobiernos de otros países, donde ya se ha prohibido el uso de tecnología china.
Por lo tanto, se dificulta la migración tecnológica que asegure la información sensible del país y se continúa otorgando esta información a China. Esto, en el ámbito de la inteligencia, vulnera la soberanía del Ecuador y, en el ámbito financiero y comercial, pone al país en desventaja al momento de negociar. De esta manera, y sin saberlo, Ecuador está contribuyendo al futuro control mundial que podría ser parte de la estrategia oculta en el Plan “Made in China 2025”.
Escenario 2
Uso indebido de sistemas alternos
El gobierno anterior, con el fin de controlar y perseguir a sus opositores, al parecer generó sistemas alternos de vigilancia a través de algunas instituciones gubernamentales, que nunca estuvieron integrados al ECU 911.
Los cambios en la gestión pública, la alta rotación de personal, con una fuga de conocimiento, la falta de control del uso de estos equipos, y la ausencia de inventarios y localización de los mismos, promueven la continuidad de la utilización inadecuada de estos sistemas de vigilancia.
El espionaje continúa, se siguen aprovechando estos recursos, por medios clandestinos, con fines políticos para beneficio del propio gobierno; del anterior para desestabilizar al actual; e, incluso, para beneficio particular de ex colaboradores.
Todo esto, sumado a la ausencia de una política de ciberseguridad y la falta de una entidad con competencia de riesgos cibernéticos, llevan a pensar que China es un aliado en el uso clandestino de la tecnología, beneficiándose con la obtención de información privilegiada.
Escenario 3
El fortalecimiento de la corresponsabilidad
de seguridad ciudadana con los GADS
El nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con un enfoque estratégico de política de seguridad preventiva, así como la política de reducción de gastos por la limitación de recursos económicos, hacen que los GAD asuman la competencia de la seguridad ciudadana y recuperen la capacidad de gestionarla en su territorio.
Las grandes ciudades del país, con alianzas público privadas, generan sus propios sistemas de vigilancia; a nivel local, en estas ciudades se muestra una mayor eficiencia en la capacidad de respuesta a demandas ciudadanas y los índices de inseguridad bajan, mientras que a nivel nacional se debilita el sistema y se desarticulan las acciones de los organismos que lo integran.
Así se elimina el uso del sistema de vigilancia con fines de persecución política y el control de masas, se diversifican los proveedores de tecnología y se reduce la dependencia con China.
En Ecuador, 4.300 cámaras envían tomas de videos a 16 centros, que son examinados por 3.000 vigilantes. El sistema funciona desde 2013 y fue contratado con China. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), ex Senain, puede observar en una sala de monitoreo las imágenes que llegan al ECU-911. En el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas. El gigante asiático se convirtió en la capital global de la vigilancia y el control de masas con la tecnología de video. Código Vidrio colaboró, en Ecuador, en la investigación que un equipo del New York Times realizó, durante varios meses, sobre el sistema de vigilancia con tecnología china www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html.Reproducimos íntegramente este reportaje del medio estadounidense, que por esta investigación acaba de ser nominado al premio Emmy de periodismo, cuya premiación será en septiembre próximo https://theemmys.tv/…/uploads/2020/08/news-41st-nominations. En este proyecto participaron en EE.UU. y Ecuador Paul Mozur, Melissa Chan, John Woo, Liz O. Baylen, Sarah Kramer, Arturo Torres, Aaron Byrd, Nancy Gauss yMark Scheffler.
QUITO, Ecuador – El espacioso y gris edificio en la capital del Ecuador dispone de una vista extraordinaria de la extensión de la ciudad: desde las lomas en la base del valle de los Andes, hasta los barrios de color pastel que llenan los costados de las montañas.
Sin embargo, los policías que trabajan adentro tienen su mirada en otros lugares. Pasan sus días monitoreando las pantallas de sus computadoras, analizando las grabaciones que vienen de 4 300 cámaras esparcidas en todo el país.
Estas potentes cámaras envían grabaciones a 16 centros en el Ecuador, que emplean a más de 3 000 personas. Armados con toletes, los policías controlan las cámaras y registran las calles buscando tráfico de drogas, robos y asesinatos. Si llegan a ver algo, le hacen un zoom.
Este “paraíso de fisgones” está hecho con tecnología del país que rápidamente se está convirtiendo en la capital global de la vigilancia: China.
El sistema, vendido a Ecuador a inicios del 2011, es una versión básica de un programa de controles computarizados en el que Beijing ha invertido miles de millones en más de una década de progreso tecnológico. Según el gobierno del Ecuador, estas cámaras brindan grabaciones a la policía para revisiones manuales.
Sin embargo, una investigación del New York Times encontró que las grabaciones también van a la agencia de inteligencia doméstica, que bajo el mandato del expresidente Rafael Correa acumuló un extenso historial de persecución, intimidación y ataques a oponentes políticos. A pesar de que la nueva administración, bajo el presidente Lenín Moreno, investiga los abusos de esta entidad, ésta ha seguido recibiendo los videos.
Tras adoptar por primera vez a este servicio, el Ecuador muestra cómo la tecnología desarrollada para el sistema político de China es aplicada – y a veces abusada – por otros gobiernos en la actualidad. Hoy en día, 18 países – incluyendo Zimbabue, Uzbekistán, Pakistán, Kenia, los Emiratos Árabes Unidos y Alemania – usan estos sistemas inteligentes de monitoreo, y 36 han recibido entrenamiento en asuntos como “asesoramiento de la opinión pública”, que típicamente es un eufemismo para la censura, según un reporte de octubre del grupo de investigación pro-democracia Freedom House.
Con los conocimientos y los equipos de vigilancia de China circulando mundialmente, los críticos advierten que este sistema podría ayudar a sustentar un futuro de autoritarismo tecnológico. Estas tecnologías, comúnmente descritas como sistemas de seguridad pública, tienen potencial para usos más turbios pudiendo ser usados como medios de represión política.
“Nos venden esto como el futuro de los gobiernos; el futuro será controlar las masas a través de la tecnología,” dice Adrian Shahbaz, director investigativo del Freedom House, sobre las nuevas exportaciones tecnológicas de China.
En agosto pasado el equipo del New York Times ingresó a las instalaciones de la entonces Senain (hoy CIES), que entonces era dirigida por Jorge Costa. En la foto, detrás se aprecian los monitores que reciben imágenes de las cámaras del ECU-911. En el anterior gobierno esas cámaras también se usaron para espiar opositores, activistas y periodistas.
Las compañías alrededor del mundo proveen los componentes y codifican la vigilancia digital, mientras que las naciones democráticas como Inglaterra y Estados Unidos tienen sus propias maneras de vigilar. No obstante, la creciente dominancia de China en el mercado ha cambiado las cosas: préstamos de Beijing han hecho que esta tecnología de vigilancia esté disponible para gobiernos que no hubieran podido pagarla; mientras que el sistema Chino autoritario ha reducido la transparencia y la responsabilidad de su uso.
Hay pocos recursos para los habitantes que se oponen a este sistema. Las compañías chinas trabajan con menos control y respeto para la responsabilidad social corporativa que sus contrapartes Occidentales. Los activistas en Ecuador dijeron que a pesar de haber conseguido trabajar con grupos civiles sociales en Europa y América para oponerse a las ventas de tecnologías de vigilancia, no se han logrado campañas similares en China.
“No tenemos la capacidad de exigir información de China, es muy difícil,” dijo la exlegisladora Ecuatoriana Martha Roldós.
El sistema de Ecuador, llamado ECU-911, fue montado en gran parte por dos compañías Chinas, la estatal C.E.I.E.C. y Huawei. Así es como se ve la sede del ECU-911.
Según anuncios del gobierno y medios de difusión estatales chinos, una réplica de esta red ha sido vendida a Venezuela, Bolivia y Angola. La C.E.I.E.C. y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China no respondieron a solicitudes para comentar al respecto.
En una declaración, un portavoz de Huawei dijo, “Huawei brinda tecnología para apoyar a programas de ciudades inteligentes y seguras alrededor del mundo. En cada caso, Huawei no se involucra en establecer políticas públicas en términos de cómo se usa esa tecnología.”
En Ecuador, las cámaras que son parte del ECU-911 cuelgan de postes y techos, desde las Islas Galápagos hasta la selva Amazónica. Este sistema de vigilancia también les permite a las autoridades rastrear teléfonos y, próximamente, el sistema podría incluir capacidades de reconocimiento facial. Las grabaciones le permiten a la policía revisar y reconstruir incidentes pasados.
En el barrio de La Mariscal hay centenares de cámaras del ECU-911 y también privadas. Es considerada una zona de alto riesgo delictivo.
Mientras que el ECU-911 fue vendido al público como una manera de controlar las alarmantes tasas de asesinato y los delitos relacionados a las drogas, también sirvió como una racha autoritaria para Correa, apoyando a la temible Secretaría Nacional de Inteligencia o SENAIN (hoy CIES), según un previo director del grupo. En una atípica entrevista el año anterior en la sede de la SENAIN, fuera de Quito, su entonces líder, el coronel (r) Jorge Costa confirmó que el grupo de inteligencia doméstica tenía acceso a un sistema espejo del sistema de vigilancia Chino del ECU-911 (Puede observar en tiempo real lo que captan sus cámaras).
La ironía es que el ECU-911 no ha sido efectivo para detener el crimen, según muchos ecuatorianos, a pesar de que la instalación del sistema ocurrió en forma paralela a un período de decrecientes tasas de crimen. Algunos ecuatorianos cuentan sobre robos y ataques que han pasado frente a las cámaras y no han recibido respuestas de la policía. A pesar de esto, la policía ha construido apoyo público al enseñar videos en Twitter y en la televisión sobre ladrones y agresores captados por las cámaras.
Al tener que escoger entre privacidad y seguridad, muchos ecuatorianos optan por la mirada fija e intermitente de los ojos electrónicos. Con el genio de la vigilancia masiva fuera de la botella, los líderes de comunidades han pedido cámaras para hacer más seguros a sus barrios, incluso cuando estas no han funcionado bien en sus propias experiencias. Pero detrás de esta urgente realidad de violencia y drogas, yacen preocupaciones sobre las implicaciones políticas a largo plazo.
El presidente Moreno, que llegó al poder en 2017 y desistió de las políticas autocráticas de Correa, prometió investigar los abusos de la SENAIN y reformó la agencia de inteligencia y le cambió de nombre. De hecho, su gobierno ayudó a abrir las puertas del ECU-911 y de la SENAIN al New York Times.
En China, la policía analiza decenas de millones de cámaras y billones de grabaciones de viajes, usos de internet y actividades empresariales para controlar a sus ciudadanos. La lista de potenciales criminales y agitadores políticos incluye de 20 a 30 millones de personas – más que la población total del Ecuador, de 16 millones.
Bajo la presidencia de Correa, el Ecuador buscó controles similares, dijo Roldós.
“El gobierno vio al espionaje como una caja de herramientas, ellos podían usar la herramienta que querían,” dijo ella.
“Podían espiar tus emails, tus llamadas telefónicas y ponían micrófonos en tu vehículo. Al mismo tiempo, tenías a personas siguiéndote. Era un sistema completo.”
DISEÑADO POR CHINA, FINANCIADO POR CHINA
En el 2016, el presidente de China, Xi Jinping, visitó Ecuador y se reunió con Rafael Correa. También estuvo en la sede del ECU-911, en Quito.
Para un sistema que supuestamente debía combatir el tráfico de drogas y los asesinatos, el origen del ECU-911 yace en un desafío de seguridad diferente: los Juegos Olímpicos del 2008.
Antes de esas Olimpiadas, una delegación del Ecuador visitó Pekín y recibió un tour del sistema de vigilancia de la capital de China. En ese entonces, Pekín obtenía grabaciones de 300 000 cámaras para controlar a 17 millones de personas. Los ecuatorianos regresaron impresionados.
“Para los Juegos Olímpicos, China desarrolló centros de respuesta de emergencia que contaban con tecnología muy avanzada para su tiempo,” dijo Francisco Robayo, el entonces director general del ECU-911, en una entrevista el año pasado. “Nuestras autoridades vieron esto como algo ideal para traer a Ecuador.”
El momento fue casi aleatorio. Correa debutaba como presidente y se enfrentaba a altas tasas de crimen. En enero del 2011, él identificó a la vigilancia como una prioridad.
Los ministros de Correa regresaron a China. En dos meses, los detalles para instalar el sistema tecnológico chino se llevaron a cabo con la ayuda de agregados militares de la Embajada de China en Quito, según un funcionario familiarizado con el proceso y documentos de la Contraloría disponibles para el público. Los oficiales ecuatorianos volvieron a Pekín para investigar el sistema, que incluía tecnología desarrollada por la empresa matriz de la estatal C.E.I.E.C.
A fines de febrero del mismo año, el Ecuador firmó un acuerdo sin licitaciones públicas, con garantías de los fondos públicos de los agregados. El país recibió un sistema de vigilancia diseñado y financiado por préstamos chinos. A cambio de esto, el Ecuador proveyó -como forma de pago- uno de sus principales productos, el petróleo. El dinero para las cámaras y la informática se dirigió directamente a C.E.I.E.C. y Huawei.
“El dinero siempre termina regresando a China,” dijo Roldós.
El 6 de febrero de 2012, el entonces presidente Rafael Correa inauguró el Servicio Integrado
de Seguridad ECU-911 en Samborondón, Guayas. Fue el primer edificio en el país.
Se hizo un patrón. A cambio de pólizas de crédito que sumaron más de $19 mil millones, el Ecuador cedió grandes porciones de sus reservas petroleras. Le siguió a esto el surgimiento de proyectos de infraestructura construidos por China, incluyendo presas hidroeléctricas y refinerías. En comparación, el ECU-911 era un ítem pequeño.
Con un precio inicial de $273 millones, la construcción comenzó en Samborondón, cerca de Guayaquil, una floreciente ciudad costera con altas tasas de crimen, dijo Robayo. En los siguientes cuatro años, el sistema se expandió por Ecuador.
Se instalaban cámaras en cualquier lado que brindara una buena vista. Se establecieron centros de operación. Los mejores oficiales del Ecuador viajaron a China para recibir entrenamiento, e ingenieros chinos visitaron a los ecuatorianos para enseñarles cómo operar el sistema.
Esta actividad atrajo la atención de países vecinos a Ecuador. Según un informe del 2013 de un oficial ecuatoriano que trabajaba en el proyecto, funcionarios de Venezuela vinieron a ver al sistema en acción. En un esfuerzo llevado a cabo por el jefe de inteligencia para Hugo Chávez, Venezuela buscó su propia y más grande versión de este sistema, tratando de añadir 300 000 cámaras. Le siguió Bolivia.
Las ambiciones de Pekín van más allá de las capacidades que estos países compraron. Fastuosas inversiones en la vigilancia de China han generado crecientes complejos de seguridad y tecnología, usados tanto para rastrear protestas y activistas como para parar el crimen.
Nuevas empresas compiten para desarrollar métodos para vigilancia automatizada. Crean algoritmos que buscan patrones sospechosos en el uso de redes sociales y softwares de visión computacional para rastrear a personas a través de las ciudades. Su ola de gastos ha reducido los precios para cualquier tipo de dispositivos de vigilancia, desde verificadores de documentos de identidad hasta cámaras de seguridad de alta resolución.
En China, el proyecto de Ecuador fue elogiado. Los medios estatales lo mostraron como un ejemplo de una nueva China, ahora exportadora de tecnología avanzada en lugar de proveedora de mano de obra de bajo costo para ensamblarla.
En 2016, cuando el presidente de China Xi Jinping visitó Ecuador, pasó por la sede del ECU-911. Robayo dijo que se presentó ahí por cinco minutos, suficiente tiempo para tomarse fotografías. Estas fueron publicadas en la página web del C.E.I.E.C. como una señal de apoyo oficial del líder Chino más poderoso en una generación.
UN ZOOM CON VISTA
Mario Pazmiño era un hombre conocido en el gobierno de Correa.
Pazmiño es un coronel retirado del Ejército Ecuatoriana que adoptaba perros callejeros – más de una docena – para mantenerse ocupado en el crepúsculo de su carrera, mientras mantenía otro pasatiempo: cuestionar al gobierno de Correa.
Se quejaba de la corrupción de la policía. Sostenía que el gobierno de Correa era cómplice en el creciente tráfico de drogas del Ecuador. Desafió a lo que él percibía como incompetencia administrativa.
Sus esfuerzos le ganaron su propio séquito de policías secretos, que se establecieron en un departamento al frente de su casa y lo seguían cuando salía.
Tal como Chávez había hecho en Venezuela, Correa endureció las riendas del Ecuador. Eliminó límites presidenciales, intimidó y expulsó a jueces, y mandó a seguir y atacar a oponentes políticos y activistas, como Pazmiño y Roldós.
Su gobierno también recurrió al ECU-911. El sistema chino le ofrecía poderes de vigilancia, que al ser ilimitados, eran el sueño de cualquier déspota.
Al ser entrevistado mientras era director del ECU-911, Francisco Robayo sostuvo que las tomas y videos del ECU-911 no eran compartidas con la Senain, hoy CIES, salvo una orden judicial.
“Creo que pocas personas saben o conocen el extenso poder del ECU-911,” dijo Roldós. “Hay pocas personas que verdaderamente conocen la magnitud de las persecuciones.” Añadió que la SENAIN usaba cualquier tipo de tecnología disponible para acosar y perseguir a los oponentes políticos de Correa, sin discriminar la edad.
El experimentado oficial de inteligencia, Pazmiño, de 59 años, dijo que se sorprendió cuando en 2013 se instaló una video cámara que era parte del ECU-911, justo afuera de su casa. Colgaba de un poste en la mitad de la calle, con una vista entera a través de una ventana dentro de su departamento.
“Había una colaboración directa entre el ECU-911 y la Secretaría de Inteligencia para perseguir y vigilar a actores políticos y sociales,” dijo Pazmiño citando su propia experiencia, junto con documentos y personas que habían trabajado en la SENAIN.
Pazmiño dijo que después de que se instaló la cámara, los equipos de vigilancia que lo seguían desaparecieron. En otra circunstancia, la cámara no tenía por qué haber estado ahí, pues él vive en un vecindario relativamente seguro donde no se han instalado otras cámaras del ECU-911.
La sospecha de Pazmiño fue confirmada en una visita a la sede de la SENAIN. Los reporteros del New York Times reconocieron grabaciones del sistema del ECU-911 en una pared llena de pantallas que servía como un cuatro de control para a la agencia.
A cargo de la transición entre la SENAIN y su sucesor, Costta reconoció las transmisiones – pero dijo que él no era el responsable de cómo habían sido usadas en la administración de Correa.
César Navas, exministro que fue parte del equipo que estableció el contrato para implementar el sistema, confirmó que la SENAIN – hoy CIES – tiene un espejo del ECU-911 que le permite acceder al sistema de vigilancia. “El CIES puede revisar las grabaciones de vigilancia por asuntos de seguridad. Si el CIES necesita una grabación o un video específico debe pedírselo al ECU a través de un fiscal”, dijo Navas.
Pazmiño dijo tener una idea de quién pudo haber ayudado: China. Sostuvo que este país había apoyado a Correa, como a líderes en Venezuela. Hasta el año anterior, ingenieros de Huawei ayudaban a Venezuela a mantener su versión del sistema ecuatoriano.
“Creo que lo que el modelo chino genera es control de la sociedad,” dijo. “Un control rígido.”
LOS LÍMITES DE LA VIGILANCIA
El Tejar tiene una de las mejores vistas de Quito – y algunos de sus peores crímenes.
Mientras Lidia Rueda, organizadora de la comunidad, caminaba por las empinadas y serpenteantes calles del barrio en el que ha vivido por 30 años, señaló cuesta abajo al lugar en el que solían encontrarse los cuerpos de varias mujeres asesinadas. Los traficantes de drogas vienen y van con impunidad, dijo. El poco confiable transporte público obliga a los residentes a subir las escaleras de la colina, donde los asaltos son comunes. Los ladrones rompen los postes para cubrirse en la oscuridad.
Las cámaras del ECU-911 llegaron a la base de la colina desde donde se levanta el barrio desde hace varios años. Rueda señaló un puente peatonal que se encontraba allí y mostró cómo un hombre la había agarrado y amenazado con un cuchillo mientras otro se robaba su dinero. El robo sucedió en 2014, justo delante de una cámara policía. Nadie llego a ayudarla.
La experiencia de Rueda encapsula la compleja relación que tienen muchos ecuatorianos con las cámaras. Mientras las autoridades dijeron que estas han reducido el crimen, abundan las anécdotas de su deficiencia.
“Donde hay cámaras, no suelen funcionar,” dijo Rueda, de 61 años. Otra posibilidad era que, simplemente, nadie haya estado viendo.
Junto al equipo del New York Times recorrimos barrios pobres de Quito. En El Tejar, los moradores se quejaron de la falta de cámaras para prevenir los delitos y de la inutilidad del sistema ECU-911 para generar operaciones efectivas que mejoren la seguridad del barrio.
La suerte no acompañó a la policía del Ecuador. Quito tiene más de 800 cámaras, pero en una visita de los reporteros del New York Times, solo había 30 oficiales revisando las grabaciones en el ECU. En el edificio gris en el tope de la colina, los oficiales ven por pocos minutos las grabaciones de una cámara antes de pasar a la siguiente. Además, prevenir el crimen solo es parte de su trabajo; en un cuarto de control, hay personas dedicadas a responder llamadas de emergencia.
La mayoría del tiempo, no hay nadie en el otro lado de las cámaras de la ciudad.
Esto es un recordatorio de que este sistema, como otros similares, son usados con más facilidad para espiar que para prevenir crímenes. Perseguir a alguien en las calles requiere de un equipo pequeño, mientras que se necesitan varios policías para detener el crimen.
Robayo sostuvo que el ECU-911 ha sido responsable de una considerable disminución de asesinatos, y de casi el 13% de reducción en los delitos del 2018, comparado con el año anterior. Según él, solo la existencia de una cámara puede tener un profundo efecto.
Muchos ecuatorianos están de acuerdo con él. Pese al asalto que vivió Rueda, ella ha pedido la instalación de más cámaras en El Tejar. La mejor manera de arreglar los problemas de crimen de los barrios es mejorar el sistema de seguridad, indicó ella.
La policía le ha dicho que las cámaras son demasiado costosas para su barrio, a lo que Rueda responde con una visión fatalista. “Siempre es el mismo problema, no hay suficiente presupuesto.Sólo cuando matan a alguien, ahí las autoridades vienen y dicen ‘ya vamos a hacerlo’”.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, está en el cargo desde mayo del 2018. Reemplazó a Patricio Zambrano que dimitió tras el manejo errático de la crisis de inseguridad desatada por la arremetida del frente Oliver Sinisterra, en Esmeraldas.
El ministro de defensa, Oswaldo Jarrín, busca apuntalar una estrategia regional de seguridad y defensa. Desde el año pasado, a pocos meses de asumir el cargo, se reunió con los ministros de Colombia y Perú para establecer un acuerdo inédito que busca enfrentar amenazas comunes, como el crimen transnacional. Ese tratado es discutido por una comisión que en mayo entregará un primer borrador que deberá ser discutido y consensuado por los funcionarios de los tres países, para luego ser puesto en consideración de los presidentes.
Por Arturo Torres
¿En qué ha cambiado la situación de las políticas de defensa el último año, tras su llegada al Ministerio?
Ahora tenemos claramente definida una política de defensa nacional, especialmente con la publicación del Libro Blanco, que durante diez años no ha tenido el Ecuador. El último texto se publicó el 2006, cuando fui ministro.
¿Por qué es importante una política de defensa?
Así se pueden estructurar planes de seguridad, una estrategia nacional de defensa y seguridad, seguidos de los planes que es la siguiente etapa. Otra fase es la cooperación internacional, que hemos estrechado de forma permanente con Estados Unidos, China, Inglaterra y España, fundamentalmente. China entregará cinco lanchas guardacostas como donación este año. Rusia también es clave para el mantenimiento de la cooperación. A partir del Libro Blanco, para que funcione la planificación estratégica militar, se emitió una directiva militar, que fue entregada al Comando Conjunto de las FF.AA. Luego se debe dar cumplimiento a los planes estratégicos militares, el plan de frontera, marítimo, institucional…
Usted también había propuesto el año pasado, en la cumbre de ministros de Defensa en México, la necesidad de aplicar estrategia colectiva conjunta internacional para enfrentar nuevas amenazas, como narcotráfico, disidencias y crimen organizado. ¿Cómo está caminando ese proyecto?
Así es, y en ese sentido hemos estado trabajando para afinar la cooperación internacional con distintos convenios.
¿Al parecer, ya han tenido conversaciones con Colombia y Perú?
Sí, ha habido varias reuniones y teleconferencias en los tres países. A este proyecto que estamos elaborando y discutiendo se lo denomina Política Común de Seguridad. Precisamente, surgió el año pasado cuando estuve en México, en la Conferencia de Ministros de Defensa. Tuve una reunión binacional con los representantes de Colombia y Perú. Entonces le pedí al ministro Guillermo Botero que diseñemos una política común y estuvo de acuerdo, luego hablé con el ministro Huerta de Perú, quien también estuvo en sintonía. Se pidió nombrar un coordinador, que es el viceministro de Defensa de Colombia y delegados de Perú y Ecuador. Ellos son parte de una comisión, que sigue un cronograma y está encargada de analizar amenazas comunes, las condiciones de cooperación y otros detalles. De esa tarea saldrá un primer documento. Se trata de un texto inédito que se está procesando. Y se concretará en un borrador de convenio de Política Común de Seguridad, que tenemos que analizarlo los tres ministros en mayo próximo.
¿Imagino que harán observaciones y sugerencias para llegar a acuerdos y poder armonizar criterios?
Así es, lo revisaremos detenidamente y luego de un consenso lo presentaremos para la firma de los presidentes de los tres países.
¿Y para cuándo está previsto que sea aprobado ese convenio por los tres presidentes?
Esperamos que se concrete para junio.
¿En el contexto de la cooperación internacional, desde el año pasado cuánto se han estrechado las relaciones con EE.UU.?
Muchísimo, tuve dos visitas a Miami, cuando hubo el cambio del jefe del Comando Sur, y también he ido dos veces más a Washington. La cooperación con el avión estadounidense P3 es fundamental para el control del narcotráfico en el mar; hemos pedido un estudio estratégico de análisis y de inteligencia estratégico militar. Hay que tener en cuenta que el principal corredor de droga está por el sur de Colombia y norte de Ecuador, sale desde Tumaco y se abre hacia el mar territorial, va a Galápagos y de ahí hacia Centroamérica. Por eso hemos pedido un apoyo con tecnología más avanzado de EE.UU., necesitamos medios de control marítimos.
¿Cómo ha tratado de recomponer usted los graves daños que se causaron a FF.AA. la última década, con el anterior gobierno?
En el tiempo que estoy como Ministro los temas más graves están solucionados. He anulado acuerdos ministeriales, he sacado nuevas directivas, por ejemplo había un mando unificado que se terminó, y se llama Comando Conjunto. Retomamos estrictamente la doctrina militar. Otro aspecto importante es la reinstitucionalización de las FF.AA. Y hay otros cambios, por ejemplo había un convenio con aduanas pero se eliminó, puesto que FF.AA. no pueden apoyar ni dedicarse al tema aduanero, esa no es su misión. Hubo una terminación unilateral, lo que no significa que no apoyemos, de manera excepcional y con intercambio de información. Por ejemplo, todo lo que es tráfico de precursores químicos en la frontera, FF.AA. se hace responsable del control de cemento, cal, gasolina blanca, esa es nuestra responsabilidad.
¿Y en relación a la frontera norte?
Cambiamos todo lo que es la política, que no existía; estábamos con un estado de excepción en la frontera norte desde enero del 2018, pero ahora tenemos una política de seguridad y defensa para la frontera norte. Un libro blanco pero solo para frontera; en base a eso reestructuramos las funciones de los militares en el límite fronterizo, se conformó fuerza de tarea conjunta. Ahora tenemos meses de tranquilidad y calma. Actualmente sí podemos ocuparnos del resto del país.
Pero la situación de los disidentes en la frontera sigue siendo conflictiva y volátil.
Estos grupos tienen tres características: son híbridos, mutantes y difusos. Híbridos porque al mismo tiempo que están con las FARC son disidentes, se pasan a ser seguridad del narco o son mercenarios, se mueven según sus intereses. Guacho dijo que era parte de las FARC, que no era disidente, hay una indefinición. En Colombia hay 17 grupos de este tipo. Para Ecuador la disposición que se ha dado en Defensa, es que no nos interesan los orígenes ni a dónde pertenecen, todos son considerados ilegales armados, no estanos interesados en saber sus redes y contactos ni con qué carteles trabajan y se mueven. Aquí hay presencia esporádica armada de esos grupos, no están de forma permanente.
¿No son permanentes?
No hay permanencia. En segundo lugar nuestra preocupación es el territorio, la población y las actividades delictivas que cometan.
En septiembre pasado, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, propuso en la cumbre de
ministros en México, fortalecer la cooperación regional para enfrentar las amenazas
¿Entonces, están preparadas las FF.AA. para una arremetida de las fuerzas disidentes hacia Ecuador?
Acá hubo una reestructuración de todas las fuerzas de manera permanente y estamos listos para cualquier embate de ese tipo.
En Colombia ya se evalúa la posibilidad de retomar las fumigaciones aéreas, puesto que la erradicación manual de los sembradíos de hoja de coca tiene problemas y avanza muy poco en departamentos fronterizos de Colombia. ¿Ustedes están preparados para lo que se puede venir?
No estamos seguros de que eso ocurra, creo que no va a comenzar, no tienen resultados y los drones son un fracaso.
Pero se conoce que en los próximos meses empezaría la aspersión aérea.
Están estudiando con nuevas avionetas, pero no es inminente. Se descartó experimentación con drones, pero nuestra sugerencia es que sigan con erradicación manual, que no haya afectación a los campesinos.
¿Qué le parece lo que está ocurriendo con la minería ilegal y el crimen organizado en Buenos Aires, en Imbabura?
Sí, es muy grave, pero está en el campo de la seguridad pública, nosotros ahí no entramos sino la Policía; pero, claro, no podemos dejar de apoyar, si así se requiere.
Pero también hay información de que hay disidentes de las FARC en esa zona.
Puede haber miembros disidentes, pero no de forma permanente.
Una debilidad que aún se mantiene es la operatividad y eficacia del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), que reemplazó a la Senaín, de triste recordación porque politizó la inteligencia.
Así es, y por eso fue eliminada, hubo una reestructuración. Ahora el CIES provee de información a todos los ministerios y tiene vinculación con FF.AA., a través del Comando Conjunto que tiene una comunidad de inteligencia que provee información estratégica. También hay una nueva ley que se está elaborando, como parte de seis proyectos que hemos presentado.
¿Y el perfil del funcionario que la dirige, cuál debe ser?
Lo ideal es que sea un experto en Inteligencia.
Además de los pagos de su exasesor Ángel Sagbay, en la cuenta corriente de la vicepresidenta Alejandra Vicuña también hay más desembolsos de otra de sus excolaboradoras. Se trata de Karla Obando, quien le depositó en total 14.650 dólares en el Banco de Machala, mientras Vicuña era asambleísta. Desde 2008, las transferencias y depósitos a su cuenta suman 400 mil dólares. La mandataria sostiene que los pagos de sus subalternos fueron voluntarios para su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). El pleno de la Asamblea le pidió su renuncia.
Por Arturo Torres R.
No fueron los únicos pagos. La cuenta bancaria de la entonces asambleísta María Alejandra Vicuña no solo recibió depósitos de quien era su colaborador, Ángel Sagbay. Otra asesora del despacho, Karla Obando Ortiz, también depositó dinero en la cuenta personal de Vicuña.
Registros del sistema financiero, a los que accedió Código Vidrio, revelan que Obando Ortiz realizó depósitos por 14.650 dólares en la cuenta corriente 1070535218 del Banco de Machala, perteneciente a la hoy Vicepresidenta. Para la fecha, Obando ostentaba el cargo de asesora de nivel 2, en el despacho de Vicuña, quien entonces era asambleísta de Alianza País.
Obando fue servidora judicial. Se desvinculó para enrolarse en la Asamblea. Para fines de 2012 ya apoyaba a Vicuña quien por esos días buscaba su reelección como asambleísta. A inicios de 2013, Obando se declaraba firme defensora de la Revolución Ciudadana, y en particular, admiradora del entonces presidente Rafael Correa. Tuvo oportunidad de conocerlo personalmente en febrero de ese año.
La carrera de Vicuña tuvo un giro inesperado a fines de 2017. Jorge Glas salió de la Vicepresidencia de la República y ella encabezó la terna para su reemplazo, dejando atrás ocho años como legisladora. En tanto, Obando volvió a la función judicial, esta vez para ocupar un cargo administrativo en el departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura.
La cuenta de Vicuña en la entidad bancaria registra en total 1,2 millones de dólares en movimientos. Desde 2008 las transferencias y depósitos suman 400 mil dólares. En ese valor se incluyen los ingresos que recibió por concepto de salarios en el sector público, al que está enrolada desde 2007. Entre 2009 y 2017, Vicuña fue asambleísta por la coalición ABA-Alianza País.
En los documentos que forman parte de la investigación previa, se detectan transferencias de ordenantes no identificados en 2009 y en 2011. Ambas suman 26 mil dólares.
“Yo era la responsable de recaudar para ABA (Alianza Bolivariana Alfarista) las contribuciones de los militantes”, admitió la Vicepresidenta Vicuña, esta mañana del jueves 29 de noviembre en una entrevista en Radio Majestad. Aclaró que estos aportes no deben ser satanizados, pues «no son ilegales ni ilegítimos». Son contribuciones voluntarias de los militantes, “sin las cuales el movimiento no podría subsistir”.
Pedimos la versión de la Vicepresidenta a la Dirección de Comunicación para que comentara sobre los pagos de Obando y el manejo de los recursos de ABA en sus cuentas personales. Personal de esa Dirección indicó que Vicuña ya había explicado en la radio el porqué de los depósitos de los militantes en su cuenta. También buscamos el pronunciamiento de Obando para que confirmara el motivo de los depósitos. Contestó su celular pero dijo que atendería nuestro requerimiento de entrevista este viernes, pues tenía que atender un problema familiar.
A diferencia de Alianza País, un movimiento político reconocido legalmente y que recibe fondos partidarios del erario público, Alianza Bolivariana Alfarista es una organización de hecho. Por tanto, no tiene personería jurídica, ni cuentas bancarias a su nombre. Así, Vicuña justificó haber recibido los pagos en su cuenta personal para la organización política que creó su padre, Leonardo Vicuña, cercano a Rafael Correa, expresidente del directorio del Banco del Pacífico.
En su declaración de bienes Vicuña también registra una cuenta en el Banco Bolivariano. Toda esta información forma parte de la investigación previa que la Fiscal Ruth Palacios aperturó para confirmar la posible comisión de delitos. Esto, tras la denuncia periodística que difundió Teleamazonas el último martes de noviembre, con base en la declaración notarizada del exasesor Ángel Sagbay.
El denunciante aseguró que cuando trabajaba en el despacho de Vicuña en la Asamblea, fue obligado a contribuir parte de su sueldo, mediante depósitos a la cuenta personal de la entonces legisladora. Sagbay aportó con 20.600 dólares a la cuenta de Vicuña, según los registros bancarios entre 2011 y 2016.
El 13 de noviembre, el Pleno destituyó a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Espín había visitado en la cárcel de mujeres a una persona vinculada con el caso Balda. Según la denuncia en su contra, le pidió alterar su versión a cambio de protección. Antes de iniciarse la votación de los legisladores para decidir la destitución de Espín, ella se acercó a la curul de su coidearia Ximena Peña con un documento en la mano. Imágenes del noticiero Ecuavisa dan cuenta de que lo que exhibía era la declaración juramentada del exasesor Sagbay, respecto a los pagos a la Vicepresidenta.
Vallejo fue removida por cobros indebidos a sus asesores, luego de que se volviera viral en redes sociales un audio en el que se le escuchaba pedir dinero a sus subalternos.
Según el informe de la Comisión legislativa que estudió las denuncias, se demostró que la asambleísta gestionó un cargo público en favor de Martín Campos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Campos, precisamente, denunció a Vallejo por cobros indebidos y adicionalmente dijo que ella le ofreció un cargo en el IESS.
Vicuña se defiende y dice que no renunciará
Vicuña se defiende. En conferencia de prensa el último miércoles de noviembre, sin preguntas de los asistentes, aseguró que se trata de la retaliación de un excolaborador que intentó pedir cargos públicos. Después, culpó al exlegislador Andrés Páez y a los correístas de crear un ambiente de confusión para atacar al gobierno actual. Afirmó tener como prueba la captura de un chat del 10 de septiembre, en el cual el denunciante planifica el supuesto complot.
Explicó que Sagbay propuso ser promovido del cargo de asistente 1 a la función de asesor 1, con un mayor sueldo. Eso habría implicado el pago de 1.400 dólares mensuales a la organización política. Según la Vicepresidenta, fue una contribución voluntaria. Antes de ser ascendido, mientras fue asistente, Sagbay entregaba como diezmo unos 200 dólares mensuales a Vicuña.
La Vicepresidenta dijo que no renunciará ni pedirá licencia para defenderse del proceso judicial en la Fiscalía. Mientras tanto, con 77 votos, la Asamblea Nacional resolvió pedir su renuncia este jueves en la noche.
El presidente Moreno, de su lado, afirmó que la justicia tiene independencia para investigar este caso. Alianza PAÍS, basada en el artículo 339 del Código de la Democracia, estaba facultada para pedir un porcentaje de sus sueldos a los servidores públicos militantes. Para ello, debía cumplirse una formalidad: las contribuciones y aportes debían quedar registrados en un comprobante de la organización política. Pero todo indica que la práctica degeneró en el cobro de diezmos para beneficio personal a todo nivel.
Esto fue revelado en febrero de este año por Revista Vistazo. En ese reportaje, los exasambleístas Christian Viteri y Osvaldo Larriva explicaron que cada despacho debía contribuir obligatoriamente con 400 dólares mensuales para el movimiento. El propio presidente Correa habría estado a cargo de hacer seguimiento a esas contribuciones. Si bien Viteri y Larriva dejaron en claro que ellos cubrían con el aporte, mencionaron que Correa sugería que quienes hicieran esos pagos fueran los subalternos, asesores y asistentes de cada legislador. En la práctica ellos cubrieron esa obligación.
Entre 2013 y 2017, Alianza País tuvo 100 legisladores. Por tanto, cada mes solo la Legislatura contribuía con 40 mil dólares para el funcionamiento de esa organización política. Unos 480.000 dólares al año, cerca de 2 millones de dólares en el período legislativo 2013-2017.
Un protocolo de 10 páginas que se aplica desde este fin de semana regula drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos de Julian Assange en la embajada en Londres. Este documento, extendido por la diplomacia ecuatoriana, rige desde el último sábado 13 de octubre, cuando le fue entregado al activista de WikiLeaks. Si él incumple esa normativa interna perderá el asilo y deberá, por lo tanto, abandonar la embajada y entregarse a las autoridades inglesas. Los abogados del australiano dicen que el protocolo viola sus derechos, vulnera acuerdos internacionales y agrava su condición de ‘encierro indefinido’.
Por: Arturo Torres R.
El gobierno ecuatoriano puso a Julian Assange entre la espada y la pared. Empezó a aplicar desde este sábado 13 de octubre un Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al asilado australiano en la embajada de Ecuador en Londres.
El documento, de 10 páginas, al que tuvo acceso Código Vidrio, le prohíbe al líder de WikiLeaks realizar pronunciamientos políticos y ejecutar actividades que pudieran ser consideradas como de interferencia en los asuntos internos de otros Estados, “o que puedan causar perjuicio a las buenas relaciones de Ecuador con cualquier Estado (…)”.
Si Assange incumple esta disposición perderá automáticamente el asilo, lo que implica su entrega a las autoridades de Gran Bretaña, que mantienen una orden de prisión en su contra por haber evadido su arresto domiciliario en 2012.
El año pasado, Assange se pronunció a favor de la independencia de Cataluña y se reunió con líderes separatistas españoles. Antes, WikiLeaks jugó un rol determinante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Filtró miles de correos del Partido Demócrata y de la entonces candidata Hillary Clinton. Esto provocó malestar y generó quejas de los gobiernos de España, EE.UU. y Gran Bretaña.
En marzo, el Gobierno cortó la conexión de Internet de Assange y restringió sus visitas, limitándolas a su equipo de abogados. También terminó el contrato con la empresa española UC Global, encargada de su seguridad.
El protocolo que acaba de aprobar la diplomacia ecuatoriana, y le fue notificado al australiano el sábado, también restringe drásticamente el régimen las visitas que recibe. Para empezar, toda persona ajena a la Embajada o al gobierno ecuatoriano, sin excepción, que desee visitarlo, deberá solicitar previamente una autorización por escrito al embajador, con al menos tres días de anticipación. La única excepción es el caso de una asistencia médica.
La Embajada tiene la potestad de aprobar o negar cualquier ingreso, sin mediar ninguna explicación sobre los motivos. Assange solo podrá recibir tres visitantes a la vez.
El asilado tendrá acceso a Internet solo conectándose al Wifi de la Embajada. Utilizará su propio computador y celular, en ningún caso el Gobierno cubrirá estos costos. No podrá acceder a otros equipos de comunicación. Si Assange o alguno de sus visitantes instalan u operan equipos no autorizados por escrito, estos serán incautados.
Los abogados de Assange rechazaron la “unilateral decisión del gobierno de Lenin Moreno”, pues consideran que “viola los instrumentos internacionales que protegen al asilado”. Indicaron que el documento no fue consultado a Assange, quien tampoco tiene la posibilidad de negarse a su cumplimiento, pues esto implicaría su salida inmediata de la sede diplomática. «Se le está imponiendo un régimen carcelario». El protocolo, además, establece la obligación para el activista de someterse a chequeos médicos trimestrales, lo cual será cubierto con sus recursos.
La situación de Assange se agravó las últimas semanas, luego de que el diario británico The Guardian difundiera un supuesto plan para extraerlo de la embajada, orquestado por las autoridades rusas con el supuesto apoyo de funcionarios ecuatorianos. El plan debía ejecutarse la noche de Navidad, pero fue abortado por complicaciones de último momento.
La madrugada del 21 de diciembre Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia de la Senain, Rommy Vallejo, para conversar sobre su seguridad. Días antes, el gobierno ecuatoriano le había otorgado la nacionalidad y lo nombró primer secretario de la embajada en Moscú, pero no obtuvo el beneplácito de los ingleses. La delegación diplomática ecuatoriana en Rusia desde 2015 está al mando del embajador Julio Prado Espinosa, primo de la ex canciller María Fernanda Espinosa.
La desclasificación de los documentos
Esta semana, la Asamblea debatirá la posibilidad de levantar la reserva de los documentos sobre el proceso de naturalización de Assange. La legisladora Paola Vintimilla, que impulsa la desclasificación, pidió esos informes a la anterior canciller Espinosa nueve meses atrás, sin obtener una respuesta.
El actual canciller José Valencia remitió a la asambleísta parte de esa información, que evidenciaría irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para la naturalización.
Este miércoles 17 de octubre llegará al Ecuador, Baltazar Garzón, uno de los abogados de Assange, quien junto con el jurista ecuatoriano Carlos Poveda presentará una acción de protección, que busca frenar el levantamiento de la reserva. Ellos estiman que la divulgación de los documentos atenta contra la seguridad del asilado.
La decisión del gobierno ocurre en medio de las negociaciones que venía manteniendo la defensa del australiano con diferentes autoridades de Reino Unido.
Esencialmente, negociaban su entrega a la policía de Gran Bretaña, con una sola condición: el compromiso de no ser extraditado hacia Estados Unidos, donde corre el riesgo de ser enjuiciado por atentar contra su seguridad nacional, según revelaron fuentes de WikiLeaks.
De concretarse ese acuerdo, el australiano dejaría la embajada en Londres, donde ha permanecido recluido desde 2012. Sus defensores están encabezados por Jennifer Robinson.
Julian Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia, Rommy Vallejo, el 21 de diciembre pasado*. La cita se concretó tres días antes de que el gobierno ruso intentara sacar al líder de WikiLeaks de la sede diplomática ecuatoriana, según divulgó el 21 de septiembre de 2018 el diario inglés The Guardian. Durante la reunión, documentada por este portal con una serie de fotografías, Vallejo y Assange charlaron por varias horas en la madrugada en secreto. 24 horas antes, el gobierno ecuatoriano pidió a las autoridades inglesas que le concedieran al australiano el estatus diplomático, para dejar la embajada y no ser detenido por la policía británica.
Por: Arturo Torres
Las piezas de este rompecabezas encajan. El periódico inglés The Guardian denunció que Rusia planeaba extraer a Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, la noche de Navidad de 2017. Y que en la operación pudo participar el entonces zar de Inteligencia, Rommy Vallejo.
En julio pasado, Código Vidrio reveló que Vallejo se reunió con Assange el 22 de diciembre en la embajada en Londres por varias horas, lo cual documentamos en una serie de fotografías desplegadas en esta investigación a las que tuvimos acceso. Pudimos revisar nuevamente el video y las fotos confirmamos que la cita fue realmente el 21 de diciembre*.
En la nota publicada por el diario británico se menciona que Vallejo habría llegado a Londres a partir del 15 de diciembre, para finiquitar esa operación, en la que participaron varios diplomáticos rusos y el entonces primer secretario de la embajada, Fidel Narváez.
Según The Guardian, “Vallejo aparentemente llegó a Londres para supervisar la ‘operación rescate’, que fue cancelada en el último momento, por una serie de inconvenientes”. Pero el diario no pudo confirmar esa visita, ni accedió a ninguna prueba documental de la cita.
Lo cierto es que los últimos días de diciembre fueron intensos para el cerebro de WikiLeaks.
El 20 de diciembre anterior el gobierno ecuatoriano había pedido a Gran Bretaña que le concediera al australiano el estatus diplomático, como una alternativa para que pudiera abandonar la embajada sin ser apresado por la policía inglesa.
Al día siguiente, a las 03:42 de la madrugada, llegó a la sede diplomática el entonces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. El coronel (r) vestía un traje azul oscuro y un saco celeste. La cita, que tuvo lugar en la sala de reuniones fue registrada en un video y en fotografías a las que Código Vidrio tuvo acceso.
Horas más tarde, entrada la mañana, las autoridades británicas negaron la solicitud. La justicia de ese país mantiene vigente una orden de prisión, desde junio del 2012, cuando Assange evadió su arresto domiciliario y se refugió en la embajada ecuatoriana.
El ingreso de Vallejo no se registró en las bitácoras de la embajada
Extrañamente, la visita de Vallejo a la embajada no fue registrada en las bitácoras por motivos de seguridad, según conoció este portal. Pero la huella del encuentro no se pudo borrar. Tras su ingreso, el ex zar de Inteligencia se saca la chaqueta, espera de pie un par de minutos y luego llega Assange, que viste una sudadera negra y un blue jean, acompañado de una traductora trigueña, de cabello oscuro.
Como de costumbre, antes de empezar una conversación en esa sala, Assange, conocedor que está siendo grabado por las cámaras de seguridad, se dirigió hacia un equipo de sonido, lo encendió, sintonizó una emisora y subió el volumen, para impedir que se escuche el diálogo (en el argot de espionaje esto se conoce como ruido blanco).
Secuencia fotográfica de la reunión entre Vallejo y Assange en la embajada, tres días antes de que los rusos trataran de sacarlo, según denunció el periódico inglés The Guardian.
Aunque Assange sufre delirio de persecución y tiene ataques de paranoia, por el prolongado encierro, está seguro de que en el último piso de un edificio ubicado al frente de la embajada hay agentes estadounidenses de la CIA que permanentemente lo monitorean con sofisticados equipos. La mayoría de quienes ingresan y permanecen varias horas en la sala de reuniones de la embajada sufren inexplicables dolores de cabeza, lo cual puede deberse a una excesiva carga electromagnética de aparatos de vigilancia electrónica, comenta un especialista que ha estado varias ocasiones en ese lugar.
En la cita con Vallejo, el australiano llevaba una carpeta con documentos; a los pocos minutos los dos tomaron asiento con la intérprete. Luego Assange le pidió su celular a Vallejo y lo dejó fuera de la habitación. Breves segundos después regresó y empezó a conversar con el funcionario. Ambos se veían preocupados. La reunión duró unas tres horas.
VALLEJO CONFIRMA EL ENCUENTRO CON ASSANGE
El ex secretario de Inteligencia, que actualmente está fuera del país, ratificó en julio pasado a este medio digital la reunión. Reveló que antes estuvo en España, en una visita oficial con el presidente Moreno, y que aprovechando ese desplazamiento también acudió a Londres. La única razón de su estancia en ese país fue la reunión con Assange. Fue la única vez que se encontró con él, subrayó.
El 22 de diciembre de 2017, usted se reunió en la Embajada de Ecuador en Reino Unido con Julian Assange. La cita está documentada: Hay un vídeo y fotos.
Está dentro de las actividades cuando yo era Secretario de Inteligencia. El Señor Julian Assange se encontraba en la embajada del Ecuador en Inglaterra y yo fui a hacer una inspección de cómo estaba funcionando el sistema de seguridad.
Días más tarde, a Assange le concedieron la nacionalidad ecuatoriana. ¿Ustedes hablaron del tema en la reunión que duró más de una hora?
No recuerdo qué tiempo duró la reunión, pero yo no sabía que le habían concedido la nacionalidad. Ese es un tema de la Cancillería.
En una fotografía se ve que Assange le pide a Ud su celular y lo saca de la habitación. ¿A qué se debió eso?
Son normas de seguridad que se empleaban en la Embajada.
El trabajo de la Inteligencia durante el correísmo es satanizado. ¿Qué responde usted?
El accionar de la Senain en mi administración se hizo al amparo de la Ley. Lastimosamente, todos los pronunciamientos en contra del accionar de esta dependencia provienen de actores políticos más no es el sentir de la ciudadanía.
Efectivamente, pudimos confirmar que una comitiva, encabezada por el presidente Lenin Moreno, y la canciller María Fernanda Espinosa estuvo en esos días en España. Fue parte de una misión de ocho altos funcionarios ecuatorianos; además la esposa del mandatario Rocío González. La comitiva estuvo en Italia, El Vaticano y España, entre el 13 y 19 de diciembre. Al revisar el decreto presidencial en que se amparó la misión, confirmamos que en la lista de viajeros no está Vallejo.
Según The Guardian, varios diplomáticos rusos participaron en las conversaciones para llevar a cabo la operación de rescate de la embajada ecuatoriana la noche de Navidad del 2017. Sin embargo, fue abortada en el último momento.
El plan incluía la salida de Assange en un vehículo oficial y con documentos que certificaran su inmunidad diplomática aprovechando que ya no tenía el dispositivo de vigilancia electrónico al que le sometió Scotland Yard durante años. Un empresario ruso no identificado y al menos dos diplomáticos ecuatorianos pudieron ejercer de intermediarios. El destino final podría haber sido Rusia, aunque también se estudió la posibilidad de un traslado en barco hasta Ecuador.
Fidel Narváez, uno de los dos diplomáticos identificados por The Guardian, negó su papel en el supuesto plan. Aseguró que sus contactos con la embajada rusa han sido siempre por los cauces oficiales y en citas públicas.
Dos bitácoras para registrar a los visitantes
Los nombres de los visitantes de Assange se registraban en dos bitácoras: una manejada por la empresa de seguridad española UC Global y otra por el personal de la embajada. Los seis años que Assange ha permanecido asilado, lo han visitado más de cien personajes de diferentes países, entre políticos de izquierda, periodistas, abogados, familiares, actrices y cantantes, anarquistas, hackers, académicos, magnates, que apoyan sus causas.
Sobre los visitantes, UC Global hacía un perfil para establecer sus conexiones y nivel de peligrosidad. Es decir, la compañía no solo se encargaba de la seguridad del huésped sino de espiarlo y elaborar informes mensuales de inteligencia sobre todas sus reuniones. Los reportes incluían: estudios de riesgo de los personajes, país de origen, detección de amenazas, orientación del personal desplazado. Además asesoramiento y apoyo a las operaciones de la Senain en UK: búsqueda y selección de sedes y alojamientos. Asignación al personal y alquiler de vehículos, conductores y personal, y cualquier elemento de logística. Cobertura y estabilización del personal a expatriar, plan de crisis…
Informe de todas las actividades de espionaje y seguridad que se realizaban en la embajada de Ecuador en Londres sobre las visitas a Julian Assange desde el 2012.
Por estas tareas, la empresa recibió desde 2013 hasta marzo pasado, cuando se le notificó la terminación del contrato, 5,7 millones de dólares. Un promedio de 84.100 mensuales, según documentos de pago de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIN), que cubría esos gastos con fondos especiales.
Hace pocas semanas la SIN decidió demandar a la empresa española por supuestos incumplimientos del contrato, aunque todos los pagos fueron aprobados en conformidad por el administrador, Alejandro Cisneros.
Ecuador insistió en que el australiano firme un compromiso de silencio
Ante la negativa de que se le otorgara el estatus diplomático a Assange, con el cargo de secretario político, la entonces canciller Espinosa echó mano de otra carta. En enero le otorgó la nacionalidad, sin el conocimiento del presidente Lenín Moreno. La medida también fue un fiasco para el Gobierno, que con la llegada del nuevo canciller Valencia decidió estrechar el cerco a Assange y apagar el incendio por las severas críticas a la decisión. Aún no se conoce si Espinosa conocía del plan para extraer a Assange de la Embajada y si tomo las decisiones en esa línea.
Tras esas polémicas medidas de la excanciller, el gobierno de Moreno decidió mantener y extremar el aislamiento del activista, cabeza de WikiLeaks, en medio del rechazo de sus abogados por supuestos tratos inhumanos.
La tensión en la embajada escaló desde marzo pasado. Entonces, el gobierno ecuatoriano decidió cortar las comunicaciones de Internet al huésped, restringir sus visitas al mínimo (solo sus abogados pueden ingresar) y prohibirle hacer declaraciones públicas sobre temas que afecten la política exterior de otros países. Se espera un desenlace los próximos días, indicaron fuentes del Gobierno. Incluso impulsan las conversaciones de sus abogados encabezados por Stella Morris con las autoridades de Gran Bretaña. Buscamos «hacer cuanto de nuestra parte esté para que ese entendimiento y esa conversación se produzca», sostuvo el canciller José Valencia el lunes pasado, al reconocer que la presencia del australiano agrietó la relación con Reino Unido.
El Canciller debía plantear al presidente Lenín Moreno una posible solución que propicie un acuerdo para la salida de Assange.
Por lo pronto, fuentes de WikiLeaks confirmaron que el Gobierno ha tomado nuevas medidas que agravan su condición. Hace pocos días le pidieron a Assange que firmara un documento comprometiéndose a no dar declaraciones públicas sobre política internacional. El activista se negó a firmar, alegando que es una violación a su elemental derecho de libre expresión como periodista.
Espinosa dejó la Cancillería, para asumir la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. Tras la llegada de Valencia, «es evidente que el Gobierno ecuatoriano le retiró el apoyo político a Assange, quien teme ser entregado a las autoridades inglesas y luego ser deportado a Estados Unidos”, dijo un miembro del círculo cercano del australiano.
Assange es el enemigo público número uno de EE.UU. Hace dos semanas el vicepresidente Mike Pence visitó al presidente Moreno en Quito. Días antes, senadores demócratas le pidieron al segundo mandatario que le expresara a Moreno las preocupaciones del establecimiento político de Washington por el apoyo ecuatoriano al australiano.
Narváez, el alfil de confianza de Assange, fuera de juego
Otra decisión sintomática fue la remoción del primer cónsul Fidel Narváez, quien terminó sus funciones en la embajada este 15 de julio. El funcionario jugó un papel destacado en la entrega del asilo a Assange, con quien mantuvo una estrecha relación desde 2012.
Al ser consultado por Código Vidrio, Narváez confirmó que le notificaron el término de sus funciones antes del cambio de Canciller. “De momento procuraré quedarme en este país, pues mi esposa e hijos son británicos y nuestros proyectos están acá por ahora. Yo debo solucionar el tema de mi visado, porque cuando decidí aceptar la propuesta de ser Cónsul, renuncié a mi residencia en Gran Bretaña“”.
Fidel Narváez ocupará el cargo de Primer Secretario de la embajada en Londres hasta el próximo 15 de julio. El Gobierno decidió removerlo del cargo.
Narváez, quien trabajó como funcionario diplomático en Londres desde julio del 2010, llegó al cargo por su afinidad con el gobierno de Rafael Correa. Un año después conoció a Assange cuando intervino para solicitarle los cables de WikiLeaks sobre la correspondencia diplomática de Estados Unidos sobre Ecuador.
Se ganó su confianza a los pocos días del ingreso del activista australiano a la embajada. Durante dos meses lo acompañó, día y noche, junto a sus colaboradores, pues se temía una incursión de la policía británica para desalojarlo. Es el único ecuatoriano que ha tenido acceso a las tres habitaciones que Assange tiene en la embajada, y las que solo se puede entrar con una tarjeta magnética.
El ex analista de la CIA, Edward Snowden, recibió el 2013 un salvoconducto firmado por Fidel Narváez para tratar de que pudiera llegar al Ecuador desde Hong Kong. Hoy está asilado en Rusia.
Narváez también tuvo un rol determinante pero fallido al tratar de que el ex analista de la CIA, Edward Snowden, pudiera llegar al Ecuador, en su vertiginosa huida de los agentes estadounidenses, que lo buscaban como perros de presa para capturarlo por filtrar informes sobre el espionaje a ciudadanos de ese país a mediados del 2013.
En su función de cónsul, elaboró el documento especial para garantizar protección a Snowden, en caso de que tuviera que trasladarse, cuando el ex agente norteamericano aún se encontraba en Hong Kong, y no había oficializado su petición de asilo en Rusia, donde vive actualmente.
“Sí, viajé días antes y luego estuve con él en el aeropuerto. El salvoconducto ya lo tenía, se lo enviamos electrónicamente, era para ayudarle en los puestos migratorios. Su siguiente destino sería La Habana”, explicó Narváez.
El ex cónsul reconoció que en la operación pecaron de ingenuos, ya que «no solo con ese documento le iban a dejar pasar, no tenía visas ni pasaporte, estaba escapando, pese a que de Hong Kong salió con su pasaporte. Vivió en aeropuerto de Moscú más de un mes. Cuando lo vi no estaba solo, estaba vigilado por funcionarios de seguridad rusos, estaba secuestrado en la práctica. Ana Albán era la embajadora ese momento. Ella no conocía de esto, se dio un fin de semana de forma emergente. Lo hice sin informarle a ella».
Aunque el entonces presidente Correa negó que él hubiera autorizado la entrega del documento, luego se conoció por denuncias de la prensa que de la decisión estuvo al tanto su canciller, Ricardo Patiño.
El fundador de Wikileaks también estuvo detrás de esta operación. Intentó por diferentes formas que Snowden pudiera salir de Hong Kong para buscar un lugar más seguro. Incluso gestionó ante el gobierno de Islandia un asilo para el americano, que voló a Moscú acompañado por Sarah Harrison, asistente de Assange.
¿Dos agentes de la Senain con cargo diplomático?
Otro de los cambios significativos en la embajada fue la reciente salida de la primera secretaria Gabriela Páliz. Desde 2014, además de cargo diplomático también trabajaba para la Senain (SIN), junto a Vicente M, según fuentes de Inteligencia.
Ella recibía los informes mensuales que entregaba UC Global sobre el espionaje a Assange y los enviaba al jefe de la Senain en Quito.
Consultado sobre el papel de Páliz, Vallejo dijo que trabajaba para la Cancillería y no para la SIN. No obstante, dos fuentes de la embajada y la Secretaría de Inteligencia confirmaron que era los ojos de la SIN en la sede diplomática.
“Su labor era coordinar las tareas de seguridad, pero, además de recibir los informes de UC Global, realmente no hacía nada en concreto; la mayor parte del tiempo navegaba en Internet, y faltaba mucho, casi siempre llegaba tarde, era imprevisible”, contó una fuente que laboró con la embajada.
Este portal pidió la versión de Páliz a su correo electrónico. También requirió un pronunciamiento del embajador Carlos Abad. No obtuvo ninguna respuesta.
Luego de dejar de trabajar en la embajada hace varias semanas, Páliz se quedó en Londres y espera que Gran Bretaña le conceda el asilo político, junto a sus dos hijos y su esposo. Fuentes de Inteligencia del Gobierno ecuatoriano sospechan que habría filtrado los informes que UC Global elaboraba sobre el huésped.
*En las notas publicadas en julio y septiembre por este portal inicialmente indicamos que la cita fue el 22 de diciembre del 2017. Luego, pudimos revisar nuevamente el video y descubrimos que se grabó el 21 de diciembre, a las 03:42. Ofrecemos disculpas por el error.
Los contratos para la seguridad de Rafael Correa, su familia, dos de las hijas del presidente Lenín Moreno y Julian Assange costaron hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. Estuvieron a cargo de la empresa española Undercover Global. Los fondos provinieron del Servicio de Protección Presidencial y de gastos especiales de la Senain. Este portal accedió a documentos del monitoreo y vigilancia en la embajada.
Por: Arturo Torres
Duros críticos del imperialismo estadounidense, pero amigos del zar del siglo XXI, Vladimir Putin. Rafael Correa y Julian Assange no solo comparten sus afinidades ideológicas. También recibieron seguridad y estuvieron bajo la mira aguzada de la misma empresa: la española Undercover UC Global SL, que mantuvo contratos con el gobierno ecuatoriano desde fines del 2013.
Esta compañía firmó una serie de convenios con los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. El anterior régimen la escogió para brindar seguridad y realizar actividades de inteligencia a Julian Assange, desde fines del 2013, en la embajada en Londres; también vigiló al expresidente Rafael Correa y a su familia, a partir del 24 de mayo del año anterior.
Con el cambio de Gobierno, a esa empresa además se le encargó la seguridad de dos de las tres hijas del presidente Lenín Moreno: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona, donde viven desde el año pasado.
Por los contratos para Correa, su familia, las hijas de Moreno y Assange el estado ecuatoriano desembolsó hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. En el caso del asilado en la embajada, los 5,7 millones fueron cubiertos con fondos especiales de la Senain. El resto – unos 5,5 millones- fue transferido por el Servicio de Protección Presidencial (SPP) desde el Banco Central a una cuenta de esa firma en el Bank of America, en EE.UU.
La marca principal de la empresa que obtuvo los contratos es Undercover UC Global SL, constituida en España. Su director general (CEO) es David Morales Guillén.
La matriz en Ecuador es representada por la ingeniera Gema Ormaza, quien gerencia la firma. “Son dos unidades de negocios, para Europa con la matriz española y en Latinomérica la sede es Ecuador. La que firmó los contratos en cuestión es la compañía española. La unidad de negocios Uclatam inauguró sus actividades el 2 de abril pasado, con la semana táctica, donde realizamos cursos de capacitación y entrenamiento para militares y policías del país. Incluso participaron miembros del Servicio de Protección Presidencial, del 3 al 8 de abril, de forma gratuita», recalca Ormaza.
Un efecto dominó. El martes 22 de mayo pasado, el gobierno anunció la decisión de retirarle la seguridad a Correa y sus familiares, “debido al bajo riesgo existente”. Dos meses antes, también terminó la contratación en Londres y el 11 de junio próximo rescindirá el último acuerdo para la seguridad de Karina Moreno González, en Barcelona, España. Suspendió la contratación sobre la base de informes de la Senain.
El último año, el Régimen pagó por la vigilancia de Correa y su familia 95.000 dólares mensuales, en Bélgica y Francia. Un total de 1,140.000 aproximadamente, según informes oficiales de esos pagos.
En 2014, UC Global fue contratada por recomendación del SPP para dar protección a las hijas del expresidente, Sofía, en Lyon, y Dominique, en Poitiers. Anteriormente, miembros de la seguridad presidencial cuidaban a la hija mayor de Correa.
Durante los dos primeros años de la permanencia de ambas en Francia, su seguridad mensual promediaba los 76.190. Los costos de las facturas variaban mensualmente, dependiendo de los desplazamientos que realizaban los PMI (Personas Muy Importantes), como se denomina a mandatarios y exmandatarios y sus hijos, fuera de la ciudad donde residen.
En la vigilancia de Correa, su esposa Ann y su hijo Miguel en Bélgica trabajaban seis agentes privados que se movilizaban en dos vehículos. Ni el exmandatario ni su esposa tienen auto y continúan viviendo en un departamento en Lovaina. En total se pagó por la seguridad de la familia Correa-Malherbe, entre 2014 y 2018, cerca de 4,7 millones.
Global también ha dado seguridad a las hijas del presidente Moreno en Barcelona y Nueva York
Con la llegada al poder de Moreno, UC Global también fue contratada para dar vigilancia a sus hijas: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona. Por ambas se pagaba 90.000 mensuales, según documentos en nuestro poder.
Irina Moreno González, una de las tres hijas del Presidente, es consejera en la representación permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Es parte de la nómina de la Cancillería y recibe un salario superior a 6.000 dólares. Antes estuvo en Ginebra, como consejera del Servicio Exterior en la representación del país ante la ONU, mientras su padre también fue delegado del gobierno de Rafael Correa en Suiza. La empresa española le dio seguridad hasta octubre pasado, cuando decidió no continuar con la operación por contratiempos en su vigilancia. Hoy es monitoreada por miembros del SPP.
Karina Moreno, quien vive en Barcelona, es cuidada por cuatro agentes de la empresa española de forma permanente. El contrato, que concluye en junio, le cuesta al gobierno unos 38.700 dólares mensuales. La protección a las dos suma aproximadamente 730.000. Diariamente los operadores envían un informe detallado al SPP, a través de un correo encriptado, de todas sus actividades, según fuentes de Inteligencia. La única de las tres que vive en Ecuador es Cristina Moreno González, quien se casó en 2013 y vive en Guayaquil.
Agentes que han trabajado en este tipo de vigilancia de familiares de mandatarios y exmandatarios comentaron que se trata de operaciones complicadas. Especialmente los hijos se sienten hostigados por los miembros de seguridad, lo cual complica su convivencia diaria. Es común que haya roces y discusiones, sobre todo cuando los PMI se movilizan a otros lugares. Tienen muy poca privacidad, por eso no es extraño que traten de evadir a sus celadores.
Jaque al hacker en el corazón de Londres
Un caballo de Troya. Assange no sospechaba que quienes le daban seguridad realmente lo espiaban.
Los informes de los seguimientos a Assange, incluidos videos, audios y fotografías, eran entregados mensualmente, con las facturas por el servicio, a dos agentes de la Senain en la embajada. Ellos a su vez enviaban los reportes a la Secretaría en Quito, que informaba a Cancillería y a la Presidencia.
Un agente de la entidad comenta que esencialmente se trataba de operaciones de inteligencia para tener un control e información de Assange y sus visitantes.
Código Vidrio envió un cuestionario a Assange a través de su equipo legal, encabezado por Baltazar Garzón, para consultarle si conocía las operaciones de seguridad y espionaje. El activista australiano respondió escuetamente que estaba totalmente incomunicado y que en su representación respondería su abogado ecuatoriano Carlos Poveda. Él asegura que Assange ignoraba que le hacían inteligencia. “No hay duda –asegura Poveda- que Ecuador está cediendo a la presión de EE.UU. para entregarlo a las autoridades inglesas que estarían dispuestas a extraditarlo”.
Las visitas a Julian Assange son aprobadas por el embajador de turno, en este caso Carlos Abad
Tras el ingreso de Assange a la embajada, en junio del 2012, para darle seguridad fue convocada la empresa ecuatoriana Blue Cell, que a su vez subcontrató a UC Global. A fines del 2013 esta última compañía recibió directamente el contrato, por supuestos incumplimientos de la primera.
La compañía hacía un seguimiento detallado del huésped a diferentes niveles. Registraba el nombre de todos sus visitantes, que previamente eran autorizados por el embajador ecuatoriano o su delegado. Desde 2010 han sido embajadores Ana Albán, Juan Falconí y Carlos Abad.
Pedimos la version de Abad, por correo electrónico, pero desde la embajada respondieron: «Todo lo referente al asilado en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido debe dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Comunicación».
Había dos bitácoras de registro: una de la firma española y otra de la embajada. Un asiduo visitante de Assange, por ejemplo, era el hacker alemán de WikiLeaks Andy Muller-Maguhn. Él es el correo que le llevaba a Londres, en un pendrive, mensajes privados de la organización. El australiano no acostumbraba usar el correo electrónico ni el teléfono; solo atendía mensajes privados en su cuenta de Twitter. Su situación empeoró en marzo pasado cuando el gobierno ecuatoriano le cortó todo tipo de comunicaciones y visitas, con excepción de su equipo legal. La Cancillería dijo que las condiciones de Assange, nacionalizado ecuatoriano en enero pasado, no han variado y se impusieron por la serie de violaciones a su condición de asilado.
Detalle de los fondos a liquidar en octubre del 2017 por la seguridad de Assange en la Senain
Antes de las medidas restrictivas, quienes le visitaban debían dejar cualquier dispositivo electrónico, llaves o efectos personales en la entrada, controlada por un agente español.
Assange acostumbraba activar un ruido de fondo para interferir en posibles micrófonos: sus conversaciones se realizaban mediante notas escritas o una libreta. Los informes de inteligencia, validados por la Senain, destacan su estado evidente de paranoia y perturbación.
Desde su ingreso, el anterior Gobierno le otorgó todo tipo de privilegios. Recibió visitantes con posiciones políticas radicales. Entre ellos, personajes vinculados con grupos extremistas y separatistas como Oriol Soler y Andreu Grinyó, líderes de la campaña para la independencia catalana, en España.
El nombre del catalán Soler quedó registrado en un reporte oficial,en noviembre del 2017. Otro informe también incluye los perfiles de abogados de Assange, que estuvieron en la embajada.
En junio de 2015, un oficial de la Policía de la Senain, preocupado por informes de las visitas que recibía Assange, entregó un oficio al entonces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. Él, a su vez, redactó un documento secreto que entregó al entonces canciller Ricardo Patiño. Pese al nivel de alertas de supuesta peligrosidad de los visitantes, el gobierno no tomó ninguna decisión ni acción específica, según fuentes de la Senain.
Un año antes, el embajador Juan Falconí habría presentado una nota de queja a la Cancillería porque a la embajada llegaron facturas por el alquiler de un departamento ajeno a la sede diplomática y por retrasos en el pago de la seguridad. Por este motivo, Falconí incluso conversó telefónicamente con Vallejo y uno de sus asesores, quien dijo que los gastos serían cubiertos con fondos de la Senain. Sin embargo, al ser consultado por este portal, Falconí pidió identificar a las fuentes que proporcionaron esta información pero no se pronunció. Uno de los testigos –cuya versión tenemos grabada- ratificó la conversación entre Londres y Quito.
WikiLeaks es considerado por la CIA un agente de inteligencia no estatal y hostil. Ha publicado en los últimos años documentos comprometedores para EE.UU. Pero lo que más ha molestado a ese país es la filtración de correos del Partido Demócrata, antes de las elecciones de 2016, que perjudicaron a la candidata Hillary Clinton y beneficiaron a Donald Trump. La CIA sospecha que Rusia suministró esos mails.
Según The Guardian y el portal ecuatoriano Focus, en 2014 el gobierno ecuatoriano fue informado que Assange, violando su condición de asilo, tenía su propia estructura de redes y comunicación, incluso satelital, “interceptando y recolectando información de la Embajada y de las personas que trabajan allí”. Y que su seguridad fue pagada con fondos especiales. Varias fuentes de Inteligencia nos corroboraron que Assange “hacía lo que quería en la sede diplomática” con pleno conocimiento y consentimiento oficial, especialmente en el anterior gobierno.
El 1 de agosto del 2012 el entonces presidente Rafael Correa se reunió en Carondelet con la madre de Julian Assange, Christine (izquierda), quien le pidió el asilo para su hijo. Esa solicitud se concretó los siguientes días cuando el gobierno confirmó la concesión de la medida de protección.
Este medio cruzó informes de los pagos realizados por la Senain. Según estos documentos, por la seguridad y operaciones de espionaje a Assange se pagaban hasta este año mensualmente 84.100 dólares. En seis años ese rubro es aproximadamente de 5,7 millones. El acuerdo incluía la cobertura de 17 ítems, entre apoyo médico, seguridad informática, monitoreo electrónico, vigilancia de cámaras, personal especializado de seguridad, entre otros.
Ante la serie de denuncias de abusos en el manejo de los gastos especiales en la Senain, la Contraloría realiza un examen especial a la forma en que fueron auditados y justificados por el anterior contralor Carlos Pólit, entre 2007 y 2017. También ejecuta el juzgamiento de los gastos de los últimos seis meses, hasta marzo pasado.
El gobierno de Lenín Moreno rescindió el contrato para la seguridad de Assange en marzo pasado, luego del cambio de secretario de Inteligencia. La entidad ahora está al mando del coronel (r) Jorge Costa. La vigilancia de Assange está a cargo de la compañía ecuatoriana Prom Security, y, al parecer, no incluye el componente de inteligencia.
Julian Assange se volvió una pieza clave en el ajedrez geopolítico mundial. La participación de WikiLeaks en varias filtraciones comprometedoras para la seguridad de Estados Unidos desde 2010 lo puso en el centro de una disputa que también involucra a Rusia, que aboga por el australiano. Varias semanas atrás, iniciamos gestiones para que Assange responda un cuestionario. Pero su situación actual es de aislamiento indefinido. Por tanto, él dispuso que su abogado en Ecuador, Carlos Poveda, contestara nuestras preguntas.
Por: Arturo Torres
¿La contratación desde el 2012 del sistema de seguridad y de inteligencia para Julian Assange en la embajada en Londres era controlada por WikiLeaks?
En lo absoluto. Estas afirmaciones forman parte de la guerra informacional y propagandística. Tanto él como el personal de la embajada, han presentado múltiples quejas sobre violaciones de su seguridad y su privacidad por parte de las empresas contratistas que fueron contratadas para la seguridad interna de la embajada ecuatoriana en Londres. Estamos muy alarmados sobre los planos y fotografías que han salido a la luz en los últimos días, que revelan que tanto su seguridad como la del personal de la embajada, han sido puestas en peligro. El daño sufrido es serio, dado el número de personas que tienen acceso al material.
¿Assange volvió a la embajada un cuarto de guerra para espionaje internacional?
Todo lo contrario. WikiLeaks, el medio de comunicación que ha revolucionado el periodismo a nivel mundial con métodos tecnológicos innovadores, no opera desde la embajada. Las agencias y personas responsables de los delitos expuestos por WikiLeaks quieren silenciar a Assange. Se encuentra en una situación muy difícil, y además se ha desatado una guerra informacional de gran escala que demuestra determinadas alianzas que favorecen los intereses de EEUU. Assange ha revelado a través de sus publicaciones de SpyFiles, Hacking Team, Vault7, la escala mundial del espionaje internacional, el asesinato de decenas de millares de personas, la interferencia con las elecciones francesas, el hecho de que 98% de las telecomunicaciones de Latinoamérica son interceptadas por EEUU, el espionaje ilegal de la CIA en Latinoamérica, etc. Reino Unido ha gastado unos 30 millones de dólares en espiar la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 ($17.5m en Octubre 2015).
¿Wikileaks firmó en 2015 un acuerdo con un agente español encargado de su vigilancia para el acceso a información altamente confidencial?
Es absolutamente falso.
¿Sabía Assange que su seguridad era pagada con gastos especiales de la Senain?
No conocía estos detalles, ya que si fuere así estos gastos serían reservados impidiendo conocer en el Ecuador esta realidad y peor a nivel internacional.
¿Actualmente qué empresa le brinda seguridad, que implica el cambio de la anterior compañía que según denuncias también le espiaba?
No conozco detalles sobre esto. Pero como abogado ecuatoriano y miembro del equipo internacional, esta información es altamente preocupante, por cuanto la confidencialidad de la defensa violentaría el secreto profesional y además quedaríamos expuestos a los niveles de injerencia de nuestros datos, personales a los intereses de terceros países y organizaciones que intentan acabar con WikilLeaks y Assange.
¿Cuál es la situación de Assange en la embajada en Londres?
En el 2017, el jefe de la CIA, Mike Pompeo, declaró que la CIA acabaría con las publicaciones de WikiLeaks y con Assange. Un año más tarde, Pompeo es Secretario de Estado. Ecuador sufre la presión de EEUU para que entregarlo. A esa presión se suma Reino Unido. La embajadora de Reino Unido en Ecuador hizo declaraciones difamatorias en Quito acerca de Assange. En los últimos días, hemos visto la publicación de artículos, que contienen calumnias y falsedades, se han publicado en medios de Ecuador conjuntamente con The Guardian en Londres. Al mismo tiempo, la Canciller del Ecuador ha declarado que Ecuador ha entrado en negociaciones con Reino Unido para resolver el asunto Assange.
El gobierno ecuatoriano mantiene aislada a una persona bajo su protección. Assange no solo tiene prohibido el uso de teléfono e internet, además está imposibilitado de responder a informaciones falsas que presuntamente provienen de Senain y que se han publicado en medios internacionales y del Ecuador. La persecución no sólo se ha mantenido firme, sino que se ha intensificado en los últimos 14 meses, a raíz de las últimas publicaciones de WikiLeaks sobre la CIA.
¿En qué medida eso atenta a sus derechos humanos y a su calidad de asilado?
Primero se dijo que no podía pronunciarse sobre los asuntos internos de Ecuador. Luego, que no podía pronunciarse sobre la política de países aliados. Luego se dijo que no podía pronunciarse sobre ningún país. Expresarse es un derecho fundamental, y en su caso, además es su trabajo como periodista y defensor de derechos humanos. El gobierno está impidiendo que labore en su profesión de periodista, y de ejercer su trabajo de denunciar abusos de derechos que es el contexto por el cual se le otorgó el asilo. La censura parece ser reacciones ad hoc a presiones internacionales y domésticas sobre el gobierno. JA jamás ha recibido una indicación específica del gobierno de Ecuador sobre qué es lo que puede o no puede decir.
¿Qué tipo de comunicación tiene Assange con el mundo exterior? ¿Recibe visitas?
No recibe visitas, ni tiene acceso a internet. El único contacto que tiene es con el personal de la embajada y sus abogados del equipo legal.
¿Qué ha pensado hacer, frente a medidas restrictivas del Gobierno ecuatoriano?
Todas las acciones legales están sobre la mesa, hay varias posibilidades para hacer valer sus derechos, tanto en el Ecuador, como en Londres y a nivel internacional, así como en varias instancias. La situación no puede continuar tal como está.
El Gobierno ecuatoriano defiende su decisión de incomunicar a Assange -internet y celular- porque ha violado la prohibición de pronunciarse e interferir en procesos políticos de otros países, como España y EE.UU. ¿Qué opina al respecto?
Él no está ejerciendo de diplomático. Su labor es otra, la de periodista. Es el activista más reconocido del mundo para la libertad de expresión y la libertad de la prensa, y por lo tanto jamás limitaría su capacidad de informar y de denunciar abusos mientras ejerza su empleo de periodista.
¿Existió algún compromiso escrito de Assange de no pronunciarse en este sentido?
Él tiene el compromiso que se refiere en la Convención que le afecta como persona sujeta a asilo, y está cumpliendo estrictamente esa obligación. Opinar sobre temas de interés general sobre lo que está ocurriendo en el mundo no puede entenderse como ataque a ningún país, o a los intereses de Ecuador.
¿Qué más espera Assange del gobierno de Moreno, que inclusive le otorgó la nacionalidad ecuatoriana?
Que cumpla con sus obligaciones internacionales y sus promesas, y que mantenga firme sus principios. Aunque haya sido naturalizado, sigue siendo una persona internacionalmente protegida por Ecuador. La protección es en contra de la clara persecución política de EEUU, país que quiere enjuiciar a Assange, editor de WikiLeaks. Ecuador otorgó el asilo tras pedir formalmente, tanto a Reino Unido como a Suecia una promesa de que no sería extraditado a EEUU. Cuando éstos se negaron, Ecuador asumió esa promesa: de protegerle de un extradición, directa o indirecta, a EEUU. Haber sido naturalizado no ha cambiado el hecho de que haya una persecución política.
Suecia ya no pide su extradición. Tampoco existen cargos en contra de Assange en Gran Bretaña. El gobierno anterior tenía más dificultades para llegar a un acuerdo favorable, por la existencia de una investigación sueca. Por lo tanto, a pesar de la presión, existen condiciones favorables para que Ecuador logre protegerlo del riesgo de una eventual extradición a EEUU, a la vez de llegar a un acuerdo de mutuo interés con Reino Unido y a cumplir con sus obligaciones internacionales.
¿Se piensa entregar a las autoridades inglesas, para romper de alguna manera la situación actual de aislamiento en la embajada?
Cuando se otorgó el asilo, se expusieron los riesgos que corre Assange si fuera aprehendido en el Reino Unido; esos peligros persisten y se han acentuado con las declaraciones y presiones que ahora son públicas. Inglaterra no ha respetado las condiciones de esta garantía internacional, ni ha respetado las instrucciones de liberar a Assange de parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, por lo tanto seguiremos interponiendo acciones en todos los sentidos, para que la decisión de Ecuador se respete en cualquier instancia internacional. Cualquier entrega a las autoridades inglesas tiene que ser voluntaria. Eso significa que tenga garantías de que no será entregado a EEUU.
¿Cuál es el trato que está recibiendo de las autoridades en la embajada en Londres?
Assange tiene una buena relación con el personal de la embajada.
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¿La contratación desde el 2012 del sistema de seguridad y de inteligencia para Julian Assange en la embajada en Londres era controlada por WikiLeaks?