El gerente de la empresa minera, que tiene seis concesiones en Imbabura, Carlos de Miguel, es investigado por supuesto tráfico ilegal de armas. Como respuesta demandó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una jueza, un fiscal y siete policías. Hace dos semanas en su domicilio se incautaron cuatro armas de fuego y 9.500 municiones. El último capítulo de esta trama es la contratación de la firma internacional Kroll, que investiga una supuesta campaña de desprestigio.
Redacción Código Vidrio
La empresa minera Hanrine escala su ofensiva. Contrató a una empresa internacional para que investigue a dos funcionarios (a los que no identificó) por una supuesta persecución.
En un comunicado, la compañía, que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, aseguró que hay una “campaña en su contra para desprestigiarla”.
Hanrine anunció que contrató a Kroll, una compañía internacional especializada en investigaciones de “cuello blanco” y que ha operado en 25 países. Incluso, en el 2017 el gobierno de Lenin Moreno confió en esta empresa para seguir el rastro de funcionarios del régimen de Rafael Correa.
Hace dos semanas, el 26 de julio, el gerente de Hanrine, Carlos de Miguel, fue detenido en su domicilio en Puembo, en un allanamiento policial. En el operativo, ordenado por un juez, uniformados de la Policía Judicial, junto con un fiscal, encontraron dos armas de fuego cortas y dos armas largas, alimentadoras y 9.500 municiones.
Tras el operativo de Miguel fue detenido y al siguiente día participó en una audiencia de flagrancia. El juez dispuso su libertad y ordenó que se inicie una investigación previa por un supuesto tráfico ilegal de armas.
La ministra María Paula Romo, quien la víspera había informado sobre la captura, mostró su inconformidad por la decisión judicial y anunció que la investigación seguirá.
Las siguientes horas, de Miguel demandó a la Ministra, una jueza, un fiscal y siete policías por un supuesto fraude procesal. Considera que fue detenido ilegalmente, ya que tiene permisos otorgados por el Comando Conjunto de FF.AA. para tener las armas, que son de uso deportivo, aunque tres no han sido renovados y caducaron entre 2016 y 2017. Además indica que las armas fueron importadas legalmente de EE.UU., lo cual también fue autorizado por las autoridades correspondientes del .
La Fiscalía abrió formalmente una indagación sobre este caso este lunes 10 de agosto.
“Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», dijo Romo, tras conocer la denuncia”.
Carlos de Miguel, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, también es propietario de la empresa de seguridad Blue Cell. En 2012 fue contratada para dar seguridad a la embajada en Londres, luego de que el gobierno le concediera el asilo a Julian Assange. Brindó ese servicio hasta fines del 2014, cuando fue contratada UC Global.
De Miguel dijo que agotará todos los recursos legales para defender su honra y la de su empresa, propiedad de la transnacional minera Hancock, cuyo prestigio “se busca menoscabar”, en medio de supuestas disputas por concesiones mineras que están en juego.
Los servidores judiciales piden declarar la emergencia sanitaria en Quito por Covid-19. Su preocupación se debe al aumento de contagios con Covid-19 en Quito y otros cantones de Pichincha. Hay 14 jueces y 27 empleados administrativos entre los infectados.
Según la revista inglesa The Economist, Ecuador puede hacer poco para evitar que las flotas extranjeras, especialmente chinas, saqueen estas reservas de vida marina. El pasado 16 de julio la Marina ecuatoriana anunció que había visto una flota de 260 embarcaciones pesqueras, la mayoría de ellas chinas, ancladas en aguas internacionales cerca de las islas Galápagos.
40 empleados de la Empresa Eléctrica Quito tienen COVID-19. Esta mañana los trabajadores exigieron a las autoridades de la empresa pública que realicen las pruebas PCR a todo su personal, para conocer a ciencia cierta quienes tienen el virus.
En lo INTERNACIONAL, las primeras dosis de la vacuna para la covid-19 empezarán a distribuirse en septiembre de este año. La vacuna denominada AZD1222 terminó en Oxford la fase I y II de prueba en humanos, dando resultados positivos, con lo cual se despeja el camino para dar inicio a la fase III, con test en más de 45.000 personas en varios países. Si las tres fases son exitosas, el productor de la vacuna deberá empezar los procesos administrativos para la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
El Covid-19 obligó a muchos negocios en el Ecuador a sobrevivir y reinventarse. Sus líneas de producción cambiaron y hoy elaboran otros productos que la gente requiere, en función de las nuevas necesidades frente a la pandemia.
En Quito apenas 8 de 473 negocios pudieron trabajar con cierta normalidad, mientras que los comercios restantes no han tenido ningún tipo de ingresos.
Dos emprendedores cuentan en este podcast cómo han mutado sus negocios para innovar, en medio de la pandemia. Sus consejos son valiosos para enfrentar la adversidad económica.
Los últimos cinco años, 433 proveedores de productos médicos que no tienen permisos de operación ni almacenamiento de la Arcsa ganaron contratos públicos por 491 millones de dólares. Entre las compañías que recibieron los convenios más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, que construye carreteras, puentes y hospitales. Obtuvo 7 millones por la venta de insumos de salud y fue parte del consorcio que edificó el hospital del IESS en el sur de Quito, por $206 millones. Mientras tanto, la venta de pruebas rápidas se expande sin control, ante la falta de controles, causando la proliferación del virus por falsos negativos. Estos tests no sirven para diagnosticar el coronavirus, según alertó la OMS en abril, pero ese mes la autoridad sanitaria importó cientos de miles. Sin embargo, incluso se venden por redes sociales, y los empleadores las piden como requisito para volver al trabajo.
Redacción Código Vidrio
La corrupción y los negociados millonarios en las compras públicas de salud tienen un patrón recurrente: la adjudicación a proveedores que no tienen permisos para comercializar insumos médicos y que se dedican a actividades totalmente distintas a las de salud.
Los últimos cinco años, 433 proveedores que no tenían permisos de funcionamiento ni almacenamiento ganaron contratos por 491 millones de dólares, según información que recabamos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop).
Esos proveedores participaron y ganaron en 54.574 procedimientos de compras. El monto mayor, 315 millones de dólares, se adjudicó a través de subastas inversas, es decir un concurso entre varios oferentes, donde se han presentado casos recurrentes de supuesta corrupción.
Esos vendedores no tienen una licencia de establecimiento farmacéutico ni certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distibución y transporte, requisitos obligatorios para contratar con el estado.
Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), confirma que ninguno de los 491 proveedores de dispositivos médicos (de un total de 898 adjudicados), tiene el permiso de funcionamiento expedido de establecimiento farmacéutico de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Ese requisito está establecido en la Ley de Salud, pero no ha sido exigido ni verificado por las autoridades de control, en la última década.
Tampoco el Sercop ni Arcsa han relizado un control sistemático sobre esos proveedores, que en realidad importan más del 95% de insumos. “Entre los organismos de control no hay coordinación para atacar e impedir esas prácticas ilegales”, subraya Murgueitio.
En los casos denunciados, la cadena de irregularidades empieza con la entrega del Registro Único de Proveedores en el Sercop. Para extender el documento, que habilita a cualquier persona o empresa a participar en las compras públicas, el Servicio de Contratación solo les exigió a los proveedores la cédula de indentidad, sin una verificación del cumplimiento de otros requisitos exigidos por Arcsa.
En julio del año pasado, la Asedim entregó el listado con los vendedores de insumos que no tienen permisos a la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. No obstante, Andramuño ni otras autoridades a las que han enviado comunicaciones respondieron a sus pedidos ni han hecho correctivos.
Adjudicaciones a proveedores sin permisos de Arcsa
Pedimos una entrevista a Andramuño, pero no contestó a nuestra solicitud.
En entrevista con Código Vidrio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que precisamente ante la serie de irregularidades y negociados denunciados en las compras de salud, tras su llegada a esa cartera, a fines de marzo, decidió eliminar las compras por emergencia y pasar al régimen común de contratación. En este esquema se efetúan concursos abiertos para la puja de varias empresas y se siguen todos los pasos que exige la Ley. Desde el 18 de mayo, inclusive, un equipo de la Contraloría acompaña al personal de Salud en los procesos de contratación, recalcó Zevallos.
Ante la insistencia de Asedim, el 7 de febrero pasado la entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, envió un comunicado a los responsables de compras públicas y de las entidades contratantes para exigir el cumplimiento de las normas, pero las irregularidades persisten, según pudimos constatar.
Constructora china de carreteras vende insumos médicos
Entre las compañías que recibieron los contratos más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, sucursal de la mega empresa estatal China Railway Engineering Corporation, cuya línea de actividad incluye la construcción de ferrocarriles, carreteras, puentes, túneles, vías urbanas, obras municipales y construcción de viviendas.
China Railway First Group fue constituida como empresa en abril del 2014. Aunque su razón social es la construcción de carreteras, tendido de tuberías y la contratación de estudios de topografía, es la firma que obtuvo más ingresos entre los 433 proveedores observados sin permisos.
Entre 2016 y 2017, ganó más de 7 millones de dólares por la venta de insumos médicos a entidades públicas de salud. Le siguen Ortopedia Médica Ormedic CIA. (4,5 millones). Gammaic (4,3 millones), Andinamedical (3,9 millones) y Optimedic (3,6 millones).
Página oficial de la empresa estatal china en Internet
La compañía tuvo en 2018 un patrimonio de 862 mil dólares. Al revisar sus registros en la página de la Superintendencia de Compañías constatamos que no tiene accionistas, tampoco un presidente ni gerente. Solo aparece como apoderado Xiaokang Jiao, quien es su representante legal.
Llamamos a los números de la compañía, que tiene un capital de 30 mil dólares, en Quito y enviamos un correo electrónico a sus representantes para conocer los detalles del contrato, pero no nos han repondido.
En el anterior gobierno, China Railway First Group formó el consorcio NHQ, junto a la constructora ecuatoriana Semaica y el Grupo Puentes, de España. El consorcio construyó y equipó el hospital IESS Quito Sur. El contrato fue de 206 millones de dólares. De ese valor, aproximadamente 40 millones corresponden a equipamiento, cubierto con financiamiento (deuda).
El hospital del IESS tiene 83 mil metros de construcción, incluye cinco torres de diez pisos cada una; siete en altura y tres en subterráneos. La obra fue contratada en la administración de Richard Espinosa Guzmán, cuando presidía el Consejo Directivo del IESS.
Inmobiliarias, empresas aéreas, papelerías entran en el negocio
Este portal revisó los contratos entregados a 20 proveedores con mayor monto adjudicado, entre 2019 y 2020. Estos registran 1.930 procedimientos de contratación pública, adjudicados por $ 39,8 millones.
De los 20 proveedores principales, 8 no operan como establecimientos o distribuidores de salud. Esa no es su razón social. Se dedican a otras actividades económicas: son empresas inmobiliarias, de construcción, transporte aéreo e industriales.
Uno de los proveedores que recibió las mayores adjudicaciones es BKB Maquinaria Industrial, con RUC 1791254511001. Ganó $4,5 millones por venta de productos médicos, aunque se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de maquinaria industrial, como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras y cintas para sierras.
Otro contratista que tiene inconsistencias en su historial es Carlos Alberto Figallo Segovia (RUC 0913265526001). Como persona natural declara como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería.
Sin embargo, en 2018, Figallo firmó un contrato con el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para vender dispositivos médicos. MONTO
Luego volvió a participar en compras públicas, en febrero de este año, pero no como persona natural, sino como presidente de Corporation Premier Global, Premiglob, una empresa dedicada a la venta, exportación y construcción de implementos de vivienda.
A inicios de este año, el Hospital Provincial Doctor Verdi Cevallos, de Portoviejo, adjudicó contratos a la corporación de Figallo, para adquirir reactivos e insumos para laboratorio. En total ganó contratos por $2,2 millones.
La empresa Diguercorp (RUC 0992708360001) ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 proveedores con mayores montos adjudicados. Se ubica también entre los proveedores que realizan actividades ajenas a salud. Pese a que sus principales actividades son la compraventa y arriendo de bienes inmuebles, participó y ganó 11 contratos durante un año por $ 3.2 millones.
José Jalil & Hijos representaciones y Comercio ganó 56 procesos de contratación en salud por más de $2 millones. Sin embargo, su razón social corresponde a la representación de personas naturales o jurídicas, en gestión o administración de negocios y gerencia de proyectos de cualquier índole.
La firma Ceroriesgo se dedica a actividades inmobiliarias y es presidida por Stalin Apolinario Delgado, quien también consta como persona natural contratada por el estado (con RUC 0918760141001). Su razón social es la venta de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. La empresa y Apolinario ganaron 15 contratos por más de 3 millones, durante la emergencia por el Covid-19.
La venta de insumos también fue lucrativa para la empresa aérea Aeromaster Airways: obtuvo 9 contratos por $1,5 millones para proveer productos médicos. Su actividad son los vuelos panorámicos y turísticos, incluyendo actividades generales de aviación.
Otro proveedor de salud es Víctor Hugo Tello, quien usualmente se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles. Recibió más de 900 contratos por más de un millón de dólares, por la venta de insumos médicos.
Según el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, “los establecimientos farmacéuticos autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los productos elaborados por sus representados, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Ninguno de los proveedores analizados cumple estos requisitos.
Pruebas rápidas COVID-19: negocio para unos, engaño para otros
A inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la efectividad de las pruebas rápidas Covid-19. Aseguró que podrían “categorizar falsamente” a personas que padecen la enfermedad. Pese a la alerta, el sistema de salud pública y el privado importaron estos insumos sin control. Hasta fines de julio de 2020, 53 entidades públicas mantenían contratos de compras de tests rápidos.
En total se adquirieron 531.644 tests a escala nacional. De ese número, la mayoría, un 82%, pertenece a la matriz del Ministerio de Salud, es decir, 440.800. Otros compradores de pruebas rápidas fueron hospitales y centros de la salud de la red pública nacional; la prefecturas de Guayas, Manabí y Pichincha; 30 municipios y el cuerpo de bomberos del cantón Samborondón.
El Ministerio de Salud apostó por la compra de un millón de pruebas rápidas. El Gobierno anunció que sería una medida para paliar la crisis sanitaria.
El proceso para esta adquisición se inició el 20 de abril, a pesar de que ya se conocía la alerta de la OMS. Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dan cuenta que el contrato se adjudicó a la empresa MV Asociados. Del millón de exámenes finalmente llegaron al país 430.000, cantidad con la que se finalizó el contrato por acuerdo mutuo con su arribo el 16 de mayo. Adicionalmente, se ingresaron 10.800 test más con la empresa Dimprokel S.A. En total se compraron 440.800 pruebas. A partir de entonces, el Gobierno pausó la ejecución de este tipo exámenes.
A fines de abril, el Ministerio de Salud difundió por primera ocasión las estadísticas de pruebas rápidas y las pruebas de diagnóstico molecular, PCR. Éstas últimas son las recomendadas para diagnosticar el coronavirus. Por esas fechas, las autoridades informaron que se practicaron 31.134 pruebas PCR (16.130 descartados y 15.004 descartados); mientras que se registraron 17.158 pruebas rápidas (8.922 con sus resultados fueron negativos y 8.236 con diagnóstico positivo).
Cuatro meses después, el conteo de pruebas rápidas subió a 20.572; mientras que las PCR llegaron a 184.045, entre negativos y positivos.
La OMS establece que “deben validarse en las poblaciones y entornos apropiados”. Incluso menciona que las “pruebas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a los pacientes con la enfermedad cuando no la tienen, lo que dificulta aún más los esfuerzos de control de la enfermedad”.
El principal problema de las pruebas rápidas es que no tienen la sensibilidad para discernir la producción de anticuerpos, que varía según la edad, peso y sistema inmunológico de cada persona y que cambia durante los 13 días de contagio. A esto se refiere la OMS con “pruebas inadecuadas”, porque una persona puede tener el virus, pero si no ha transcurrido el período mínimo para generar sustancias detectables, como anticuerpos, la prueba resulta en un falso negativo para el paciente.
El Ministerio de Salud emitió un protocolo para la realización de estas pruebas. En ese documento se especifica que se deben practicar en pacientes que acudan al servicio de emergencia o ingresen con más de cinco días de evolución de la enfermedad y que se encuentren dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha.
Adicionalmente como un mecanismo de seguimiento de la “respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas”. También para investigación epidemiológica y clínica. Finalmente, para inferir “seroprevalencia en una localidad o población determinada”. En ese protocolo se específica que deben realizarse en profesionales de primera línea (sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos), “lo que ayudaría a identificar a aquellos que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población”.
Baratillo de pruebas rápidas
La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) alertó desde marzo la necesidad de regular la importación y venta de pruebas para Covid-19. Sus temores tenían sustento, porque pocos días después se desencadenó un baratillo de esos exámenes en las redes sociales.
En abril, el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos aseguró que la importación y comercialización de las pruebas se sometería a un reglamento. Esta norma permitía para entonces la venta de 25 marcas, las cuales pasaron una selección. Por ejemplo, se analizaron los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas y, además, las certificaciones o aval de instituciones de control sanitario de Estados Unidos, China o de la Unión Europea.
Sin embargo, los controles para frenar la venta informal fueron insuficientes. A inicios de junio, en el sector del Bicentenario, en el norte de Quito, la Policía allanó una imprenta donde se adulteraban las fechas y otras indicaciones de las pruebas. En ese operativo se incautaron 17.000 tests que habían llegado desde China.
La incautación se cumplió luego de una denuncia de los perjudicados que compraron esas pruebas y se percataron que el empaque original fue modificado. Ese mismo mes, la Policía en Santa Elena arrestó a dos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA estadounidense, pero que estaban vinculados a la venta irregular de pruebas rápidas de Covid-19.
Ambos declararon a la Fiscalía que no son los únicos involucrados en este negocio, sino que la cola llega hasta Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram.
En el intento de frenar esta comercialización irregular, la Agencia de Control Sanitario extendió el número de pruebas que pueden ser vendidas y de las personas o empresas que pueden importar esos productos. Su último listado es del 12 de junio y se registraron 83 permisos para marcas estadounidenses, europeas; pero especialmente, de fabricación china.
El ministro Zevallos confesó en la Asamblea el jueves último la dificultad de seguir la pista de las pruebas rápidas que se comercializaron en el país. “Las pruebas rápidas que valoran anticuerpos no son recomendadas para la detección del virus, las únicas son las PCR”.
Sin embargo, por desconocimiento, muchos empleadores del sector privado aún exigen a sus colaboradores realizarse tests rápidos (que son hasta 10 veces más baratos que un test molecular o PCR), como requisito para reincorporarse a su jornada laboral. Las pruebas se compran en línea, a través de redes sociales. Los resultados negativos causan que personas infectadas por coronavirus, en fases tempranas del contagio, sigan diseminando la enfermedad. Muchos comerciantes se han enriquecido con la venta de estos insumos; mientras suben los contagios, a causa de diagnósticos engañosos.
Tres jueces de la Corte Nacional condenaron hoy 15 de agosto a nueve años de cárcel al ex jefe de la Senain, Pablo Romero Quezada, por el secuestro del activista Fernando Balda. Romero fue extraditado al país desde España en febrero pasado. Precisamente, el 19 de febrero la Audiencia Nacional de España dejó registrado en una providencia judicial, a la que Código Vidrio tuvo acceso, que las autoridades rusas también reclamaban a Romero. Los jueces conocieron el pedido una vez que ya se había aprobado su extradición a Ecuador, que se concretó dos días después. La policía conocía que tras enterarse sobre la inminencia de su repatriación Romero intentaba fugarse hacia Marruecos, para luego pedir asilo en un tercer país, con el apoyo directo del ex presidente Rafael Correa. Entre los posibles destinos estaban Bélgica, Venezuela y Rusia. Correa desmintió su participación en el plan.
Redacción Código Vidrio
Mientras el gobierno ecuatoriano ultimaba los detalles para traer desde España al exjefe de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, un jugador inesperado apareció en escena.
La huella de ese jugador está en el proceso de extradición que Ecuador tramitaba en España desde el 2018 para traer a Romero, quien enfrenta dos juicios: uno por el secuestro del político Fernando Balda y otro por un supuesto peculado en el manejo de fondos especiales.
Precisamente, este 14 de agosto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz resolvieron que el ex Secretario de Inteligencia cumpla una condena de nueve años de prisión por el secuestro de Balda.
Su decisión se basó en los testimonios de los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes secuestraron al activista político en Bogotá el 2012. También fue decisiva la versión del ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo, y de los peritos que hicieron los verificaciones de las grabaciones entre Romero y Chicaiza, como de la experta en seguridad María Fernanda Noboa.
En su resolución, los magistrados también ordenaron a Romero que coloque una placa en las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia, que diga: “El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.
Romero aún puede apelar esta resolución, antes de que entre en vigencia. En el caso del ex presidente Correa su enjuiciamiento en este caso seguirá en proceso hasta que se entregue a las autoridades o sea detenido. El ex mandatario está prófugo en Bélgica, y también fue sentenciado en el caso Sobornos, a 9 años de prisión.
Romero fue secretario de la Senain, la temida entidad de espionaje, entre 2012 y 2014. Antes de llegar a esa Secretaría, presidió el Fideicomiso Baba, que coordinó la construcción del proyecto multipropósito Baba, a cargo de Odebrecht. El entonces presidente Correa lo nombró en ese cargo, desde el cual, al parecer, se establecieron los primeros nexos con ejecutivos de esa firma brasileña, que recibió obras a dedo por el pago de millonarios sobornos.
En estos días se espera que la Corte Nacional emita su sentencia contra Romero, quien guarda prisión en la cárcel de El Inca, al norte de Quito.
En Madrid, Romero fue capturado la madrugada del 19 de febrero pasado por la Policía española, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez que se había aceptado su extradición dos semanas antes.
Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del gobierno español, trabajó en el régimen de Rafael Correa, a través de la fundación Ceps, junto a otros españoles que se afincaron en la Cancillería, con Ricardo Patiño.
Pese a que Romero era requerido por la justicia ecuatoriana desde 2018, su expulsión no había prosperado: estaba bloqueada por las acciones sistemáticas que realizaron sus abogados Enrique Santiago y Juan Moreno Redondo, ambos militantes de los partidos Izquierda Unida (IU) y Podemos, que cogobiernan en España con el Partido Socialista PSOSE.
Esas acciones no eran fortuitas. Fueron acordadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, con su amigo, el ex presidente Correa, desde junio de 2019, según denunció la prensa española. Iglesias trabajó para el gobierno de Correa como consultor político y mediático, al igual que para Hugo Chávez en Venezuela.
El plan inicial era impedir a toda costa la extradición y conseguir el asilo de Romero en España.
En esos días, Correa también se reunió con Romero, en un hotel de Madrid durante dos horas. En la cita, según fuentes de su entorno cercano, el ex mandatario se comprometió a apoyar a Romero, con quien mantenía contacto un año antes, a través de Julia Angulo, edil de Alicante, entonces militante de la revolución ciudadana desde 2012.
El ex mandatario también había conversado con el abogado Enrique Santiago esos días y había enviado un emisario que se reunió con integrantes de IU y Podemos, para llegar a otros acuerdos sobre temas de seguridad.
Providencia en la que se detalla que Romero es reclamado por autoridades rusas
Dos meses después de esas citas, en agosto de 2019, la justicia española negó el pedido de asilo de Romero, quien no pudo probar que era un perseguido político. Según los jueces, habían suficientes evidencias de su participación en el secuestro de Balda, juicio en el “que podía defenderse con todos los medios legales que le brinda el Estado del que es nacional”.
Entonces se puso en marcha el plan B, que también habría sido coordinado por Correa por sus contactos con el gobierno venezolano, específicamente con la canciller Delcy Rodríguez, y Podemos. El objetivo era que Romero se dirigiera a la embajada venezolana en Madrid, donde se le entregaría documentación necesaria para dejar el país y desplazarse hasta Bruselas, Bélgica, donde reside Correa.
Una fuente que estuvo al tanto de la operación contó que otra ecuatoriana, enviada en avanzada por Romero, ingresó a la sede diplomática y conversó con el embajador, Mario Isea, quien estaba muy nervioso, pues sospechaba que la Policía los estaba siguiendo.
Luego de que Pablo Romero fue detenido por primera vez en España, en junio de 2018, personajes afines al correíso, como Amauri Chamorro, empezaron una campaña para denunciar que era un perseguido político, siguiendo la línea trazada por el ex presidente.
Entonces, los agentes de la División de Cooperación Internacional alertaron a la Fiscalía que Romero Quezada intentaba llegar la embajada venezolana en Madrid, pues necesitaba papeles para moverse en el extranjero o pedir el asilo.
Al verse expuesto, Romero desistió de ir a la embajada. Ls siguientes días se reunió con Santiago, quien había sido elegido diputado por IU. Le dijo que no tenía de que preocuparse, pues todavía había posibilidad de insistir con el asilo.
En enero del 2020, IU y Podemos llegaron al poder en alianza con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que fue nombrado presidente e Iglesias vicepresidente.
Para entonces también había entrado en el juego José María Guijarro, Chema, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ganó un escaño en el legislativo por Podemos. “Nos dio largas un año, no se quería involucrar”, contó una fuente del entorno bolivariano.
Confiado en el paraguas político de Unidas Podemos, Romero festejó su cumpleaños en un restaurante de Madrid, en noviembre.
Los servicios secretos españoles estaban al tanto de todos sus movimientos y planes, gracias a los seguimientos que realizaban por datos proporcionados por varios informantes. Una parte relevante de esa información también era conocida por Inteligencia ecuatoriana, en especial por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y por el Ministerio de Gobierno.
Pablo Romero fue designado secretario de Inteligencia por Rafael Correa en agosto de 2012.
Así, en febrero pasado los planes de Romero y Correa fracasaron. Aunque sus pasos eran bien conocidos por los sistemas de espionaje de ambos países, otro factor fue determinante y se conjugó en su contra. Una vez en el poder, Pablo Iglesias y los integrantes de Podemos tomaron distancia y prefirieron mantenerse al margen; traicionó -según medios españoles- a Correa para evitar un desgaste político mayor, pues enfrentaba duras críticas por los pagos que habría recibido por consultorías en Venezuela, años antes.
El 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la extradición de Romero y estrechó su vigilancia.
Y dos semanas después, la madrugada del 17 de febrero, Romero fue capturado en las afueras de la capital española por la Policía, que conoció un nuevo plan de fuga. En esta ocasión trataría nuevamente de cruzar a Marruecos, para desde ahí dirigirse a Bélgica o Venezuela, relató una fuente que estaba al tanto de sus movimientos.
El expresidente Correa dijo que la información relativa los supuestos contactos y acciones para impedir la extradición era falsa y sesgada, orquestada por VOX y Balda. «Resulta que Lenin sucumbió totalmente a la ultraderecha. La noticia es que dos representantes de Vox trabajan con Fernando Balda en la creación de denuncias falsas en Ecuador, con el patrocinio del Gobierno. Dios los cría y sus mañas les juntan», escribió en su cuenta en Twitter.
El plan de fuga y asilo
El servicio secreto español también conoció que otra alternativa era el escape de Romero hacia Rusia, donde pediría el asilo en calidad de perseguido político. La cercanía de Correa con el presidente Vladimir Putin garantizaría, al parecer, su protección.
En su gobierno, Correa estrechó relaciones con Putin a todo nivel, incluido el ámbito de Inteligencia. Precisamente, en abril de 2013, el embajador de Rusia en Quito, Yan A. Burliay, fue el puente para concretar una reunión del entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, con el representante oficial del servicio Federal de Seguridad de Rusia, coronel Alexander Y. Kazalupov, y su adjunto, Igor N. Lebedev.
El encuentro se fijó para el 4 de abril, a las 10:00, y el tema central era la cooperación bilateral, según la carta remitida por el embajador a la que accedimos.
Seis meses después, Correa hizo una visita oficial a Rusia. En Moscú firmó acuerdos energéticos y de transporte con Putin.
Rusia se convirtió en un socio comercial estratégico, en medio del distanciamiento con Estados Unidos, desde 2009, cuando Correa estuvo por primera vez en ese país en una gira oficial en Moscú.
Otro punto de conexión con los rusos fue Julian Assange, quien mientras estuvo asilado en la embajada en Londres se reunió con hackers, espías y periodistas, operadores del Kremlin, según los informes de la empresa UC Global, encargada de la seguridad.
Assange trabajó en 2012 con el canal oficialista ruso RT, que hoy también emplea a Correa, que tiene un programa de entrevistas.
En diciembre de 2017 hubo un plan para que Assange pudiera salir de la embajada y dirigirse a Rusia, para lo cual había sido nombrado secretario de la embajada de Ecuador en Moscú, una vez que el gobierno le había concedido la nacionalidad ecuatoriana.
Rusia reclama a Romero
Con la captura, los planes de fuga fracasaron, pero los incidentes en medio de extradición continuaron. Al menos eso se desprende de la providencia expedida el 19 de febrero por los magistrados Félix Guevara, Carolina Rius Alarco y Carlos Fraile Coloma, de la Audiencia Nacional, a la que Código Vidrio tuvo acceso.
“Visto el contenido de la anterior diligencia y habiéndose puesto a ‘disposición de esta Sección Tercera el reclamado por las autoridades rusas, Pablo Humberto ROMERO QUEZADA, en «virtud de lo dispuesto en el auto de 18.02.2020, oficiese al Centro Penitenciario para ratificar dicha situacion según lo solicitado”.
ORGANIGRAMA DE LOS CASOS QUE INVOLUCRAN A ROMERO
“Asímismo, diríjase oficio a INTERPOL a efectos de que procedan a la entrega material del reclamado referido a las autoridades de la Republica del Ecuador, conforme a lo dispuesto en auto de fecha 14.01.2019 por esta Sala”.
“Déjense sin efecto las órdenes de busca y captura así como cualquier otra medida cautelar vigente que pudiese obstaculizar la entrega”.
Para conocer los motivos por los cuales Rusia reclamaba a Romero contactamos por vía telefónica a Andrey Shcedryn, agregado de prensa de la embajada de Rusia en Quito. El diplomático dijo que no tenía ninguna información sobre un pedido formal de las autoridades judiciales de su país para reclamar al ex jefe de la Senain.
También buscamos esclarecer las causas en España. Enviamos dos correos electrónicos y llamamos solicitando información a la Audiencia Nacional, pero no nos han respondido.
Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que desconocía la solicitud de las autoridades rusas.
Fuentes del gobierno ecuatoriano comentaron que conocieron el documento donde se indica el reclamo de Rusia mientras sus representantes realizaban las gestiones para extraditarlo en Madrid. “Es un documento oficial y consta en el proceso”.
Tras percatarse del reclamo, los funcionarios ecuatorianos aceleraron las acciones para traer a Romero lo antes posible. Prefirieron no pedir ninguna aclaración o explicación a los jueces sobre la solicitud rusa, pues eso demoraría varias semanas la extradición.
A las pocas horas de recibir la notificiación de la captura, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se puso en contacto con la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, y con el entonces Canciller José Valencia.
Aguirre emitió la providencia pidiendo que se designara a los custodios de la oficina central de Interpol, para ejecutar de extradición activa.
Interpol Ecuador coordinó con su similar de España y con Cancillería para que emitiera el salvoconducto, documento necesario para el traslado de Romero.
El 20 de febrero, el coronel de la Policía, Holguer Cortez y el capitán Frank Ávalos recibieron la disposición de ejecutar la orden de extradición. Viajaron a Madrid y al siguiente día lo embarcaron en un vuelo que llegó a Quito. Los pasajes fueron pagados por Ecuador.
A inicios de marzo llegaron a Ecuador los euro diputados Hermann Tertsch y Víctor González, del partido derechista español Vox, quienes habían investigado los contactos de Correa y Romero. Junto a Fernando Balda hicieron públicos audios y chats que evidenciaban los planes para gestionar el asilo e impedir su extradición.
Carta enviada por el embajador ruso a Pablo Romero, en abril de 2013
“Quería consultarte si ha habido algún contacto con el soviético porque si no ha habido, él no se ha comunicado conmigo”, se escucha en uno de los audios telefónicos de Romero, que recibía constantes mensajes de Correa. Entre otras cosas le pedía denunciar el caso en instancias y medios afines al correísmo.
En los audios se escucha constantemente sobre la puesta en marcha de las operaciones Salida y Pacífico, con el apoyo de políticos venezolanos.
Desde enero, en tres ocasiones, los importadores de implementos médicos de bioseguridad y farmacéuticos pidieron al Gobierno iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19 al personal de salud pública. Pero entre enero y marzo no hubo procesos de compras. En abril ya no había stock en las bodegas. Los médicos y enfemeras denuncian la falta de equipos de protección como la principal causa de contagios y muertes de sus colegas. Las autoridades dicen que la demanda mundial complicó las compras, en los tres primeros meses de la pandemia, pero que hoy hay suficiente stock.
Redacción Código Vidrio
Casi al mes de haberse decretado la emergencia por el coronavirus, en Ecuador todavía faltaban implementos de bioseguridad, especialmente para médicos y enfermeras.
Era el 14 de abril. La Dirección Nacional de Medicamentos solicitó un informe urgente a los encargados de la bodega central para confirmar la existencia de medicamentos y dispositivos para enfrentar la pandemia. La respuesta ese día, resumida en cuatro palabras: “No se cuenta con stock”.
Ese informe está registrado en el memorándum MSP-DNA-2020-0803 y fue el disparador para agilitar los procesos de compras en todo el sistema de salud, aunque bajo procesos más expeditos de contratación, por las recurrentes denuncias de negociados y corrupción desde que estalló la pandemia.
La falta de equipos de bioseguridad ha sido un reclamo recurrente del personal de salud en los hospitales, así como de los dirigentes gremiales que denuncian ésa como la principal causa de la muerte de 130 médicos.
Catalina Andramuño estuvo frente a Salud desde el 2019 hasta marzo pasado. Dejó el cargo denunciando la falta de recursos para enfrentar la pandemia.
Desde enero, en tres ocasiones, los productores e importadores de insumos médicos pidieron a las autoridades de Salud iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19. Las alertas no tuvieron respuesta.
A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de Salud, enviaron al país una alerta titulada “Urgente”, por la propagación del virus originado en China.
El 27 de enero, el comunicado llegó al despacho de la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. El documento, en esencia, pedía que se preparen ante los contagios y sigan varias recomendaciones, como contar con insumos de protección.
Ese mismo día, el Ministerio envió el memorándum MPS-SNVSP-2020-00156 a todas las casas de salud con los lineamientos provisionales para frenar los contagios y atender a los pacientes. Aún no había infestados.
La Coordinación 8 del Ministerio, que abarca a Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, hizo los primeros controles en la llegada internacional del Aeropuerto de Guayaquil. Cuatro trabajadores de Salud, vestidos de blanco y sin mascarillas, entregaban un tríptico de información y recomendaciones a los viajeros que arribaban.
Simultáneamente, la subsecretaria de Salud, Diana Molina, envió un comunicado a los distribuidores de insumos. Solicitaba que en 72 horas informaran la disponibilidad en inventario de 15 productos para enfrentar el virus. También debían especificar la posibilidad de fabricarlos y sus costos, según las cantidades requeridas.
Según ese documento, el Ministerio planeaba hacer una sola compra masiva de insumos. Pedía un estimado de 95 millones de pares de guantes de examinación y quirúrgicos; 8,8 millones de mascarillas quirúrgicas; 871.578 mascarillas N95; 2,3 millones de batas y 6.516 bolsas para cadáveres de adultos y niños.
Pero la respuesta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) fue preocupante. Para entonces, solo contaban con el 10% de lo que pedía el Ministerio.
Por eso, en la comunicación los importadores solicitaron que agilitaran los procesos de contratación, tomando en cuenta el tiempo de los trámites burocráticos, pero sobre todo los plazos para importación de los productos, puesto que el 99% no se fabrica en el país.
El 6 de febrero el Ministerio de Salud comunicó a sus nueve direcciones zonales los lineamientos para la compra de productos y medicamentos para el Covid-19. Pero, en el portal de Servicio de Compras Públicas (Sercop), que revisamos, no existen registros de que se hicieran los procesos contractuales para adquirir esos insumos, ni en febrero ni en la primera quincena de marzo.
Cristina Murgueitio, directora de la Asedim, dijo que el Ministerio de Salud intentó hacer las adquisiciones, pero los procesos contractuales se cayeron porque los precios tomados como base, semanas antes, eran muy inferiores comparados con los que se ofertaban en el mercado.
Pese a no contar con suficientes insumos y medicinas en bodegas, la entonces ministra Andramuño estaba tranquila. El 29 de febrero, cuando se confirmó el caso cero en Guayaquil, dijo que “el Gobierno ha seguido todos los protocolos y ha tomado las medidas de prevención ante la emergencia”.
Un día después se hizo público un audio en redes en el que Andramuño aseguraba a otros funcionarios que tenían los hospitales, insumos y medicamentos listos para afrontar la pandemia.
Ese exceso de confianza caló en el Comité de Operaciones Emergentes (COE), que permitió que en Guayaquil se jugara el partido de fútbol Barcelona-Independiente del Valle, con más de 30.000 espectadores, el 4 de marzo. Hasta entonces, desde Salud se habían hecho dos talleres de socialización de escenarios del coronavirus en el país.
De la calma a la desesperación
En pocos días las autoridades de salud pasaron de la calma al desconcierto y a la desesperación.
Ante la falta de suficientes implementos de bioseguridad, el personal mñedico buscó sus propios insumos de protección como botellones plásticos.
Los productores e importadores de insumos escalaron su alerta y preocupación al presidente Lenin Moreno y otros funcionarios de su círculo cercano, advirtiéndoles que las compras no se habían concretado.
En la carta que llegó a Carondelet el 10 de marzo la Asedim exhortaba al mandatario a tomar una decisión urgente para abastecer a los hospitales y adquirir pruebas.
“Es imperiosa la necesidad de que las entidades de las RIPS (Red de Instituciones Públicas de Salud) asignen los recursos económicos necesarios y realizar los procesos de compra con la premura que el caso amerita, para que el país se abastezca y pueda enfrentar la situación”.
Incluso, advertían que así se declarase la emergencia la llegada de los implementos tardaría de 30 a 45 días, pues estaban en lista de espera para las importaciones, disputando las compras con otros países que también buscaban desesperadamente los productos.
Para ese día, el Ministerio certificó el contagio de 17 personas, aunque los especialistas y académicos alertaban de cientos de infectados y de un ocultamiento de información.
Andramuño cierra centros de salud
El 12 de marzo, la ministra Andramuño declaró la emergencia sanitaria y con eso dio luz verde a las compras de emergencia (a dedo), de forma discrecional de cada autoridad en los centros de salud.
Además tomó otra polémica decisión, al margen de la estrategia institucional. Cerró 21 centros médicos de primer nivel, dejando solo cinco operativos en Guayaquil, según Rafael Tamayo, coordinador del Ministerio.
Así, los pacientes de los barrios más populosos de Guayaquil con síntomas de Covid-19 se volcaron a los grandes hospitales de especialidades Monte Sinaín y Guasmo Sur. Este fue uno de los motivos del colapso de la atención, pues las unidades de los barrios cumplen un papel crucial para evitar congestionar los hospitales, son una contención de primer nivel.
En la red de salud pública trabajan 46 mil personas, incluidos los servicios de Fuerzas Armadas y Policía. 9.676 son médicos generales, especialistas y rurales
Esa semana fue especialmente crítica. En pocos días el gobierno confirmó que unas 600 personas estaban contagiadas en 16 provincias, más de 400 solo en Guayaquil. 2.000 personas eran sospechosas de haberse infectado.
Los hospitales, morgues y funerarias empezaron a colapsar.
Decenas de personas que no podían ser atendidas morían en sus casas y sus cadáveres no podían ser recogidos por personal de salud. Guayaquil salió de todo control.
Las protestas de médicos y enfermeras exigiendo la dotación de insumos de protección han sido constantes en varias provincias.
La mayoría de las entidades públicas, incluidos los hospitales, emitió sus resoluciones de emergencia el 16 de marzo. Ese día, el presidente Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública.
Desde ese momento, autoridades de unas 1.000 entidades entraron en apuros, incluidos hospitales, ministerios, juntas parroquiales, cuerpos de bomberos, municipios y prefecturas.
El 18 de marzo, los distribuidores e importadores de dispositivos médicos hicieron su tercera alerta y la dirigieron al COE. “Urgimos a las autoridades establecer sus necesidades y comprar los antes posible para asegurar el abastecimiento a la red de salud”.
También advertían el peligro de firmar contratos al apuro, a dedo, que podían abrir las puertas a sobreprecios y negociados, con proveedores únicos sin permisos.
Andramuño se va y denuncia que no recibió recursos
Temprano en la mañana, el sábado 21 de marzo, Andramuño apareció en su primera y última rueda de prensa por vía telemática. Anunció que dos días después llegarían al país dos millones de pruebas PCR y que el IESS empezaría a aplicarlas a los afiliados.
A las pocas horas, Andramuño renunció. Al anunciar su salida dijo que se iba por la complicación para enfrentar la emergencia sanitaria sin recursos. «El Ministerio de Salud viene preparándose desde diciembre del 2019 para esta crisis, sin embargo enfrentar una emergencia sin recursos es complicado”.
El ministro Juan Carlos Zevallos inició su gestión en marzo, tras la renuncia de Catalina Andramuño, en la etapa más crítica de la pandemia.
Y como prueba se refirió al oficio MSP-CGAF-2020-0193-M, suscrito por Miguel Guevara, coordinador Financiero de Salud. Certificaba que hasta ese momento no habían recibido ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia.
En el Ministerio la reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien anunció que contaban con un presupuesto inicial de $120 millones para atender la emergencia y comprar el material necesario de protección.
Contactamos a Andramuño y le enviamos un cuestionario que se negó a responder, indicando que estaba enferma.
Entrevistado por Código Vidrio, el ministro Zevallos confirmó que entre enero y marzo el Ministerio no inició ningún proceso de compra de insumos médicos o pruebas diagnósticas.
Dijo desconocer en qué se basó su antecesora para afirmar que habían adquirido 2 millones de pruebas. “Durante la emergencia hemos hecho tres convocatorias: el 21 de marzo, el 16 abril y el 22 de mayo para compra de insumos, y actualmente estamos abastecidos, tenemos stock para dos semanas en promedio”.
El 30 de marzo, Zevallos envió un informe al personal de salud con las recomendaciones de la OMS para la protección de médicos, enfermeras y auxiliares. En ese documento se indica que por cada paciente el equipo debería tener 25 batas; 25 mascarillas quirúrgicas; una mascarilla N95; 50 guantes y un protector facial.
Mensualmente se requieren 936 mil mascarillas para el personal en hospitales y centros públicos. Un promedio de una mascarilla diaria. Sin embargo, hay médicos en áreas críticas de mayor exposición que usan hasta tres mascarillas diarias.
Entre marzo y abril se entregaba a cada trabajador de salud tres cubre bocas para que las usaran durante una semana. El kit se completaba con una mascarilla N95 y guantes desechables, según varios funcionarios consultados, que pidieron la reserva. Ante las insistencias del personal por más equipos, sus jefes respondían que no contaban con los insumos suficientes.
El coletazo mortal para médicos y enfermeras
La sobreexposición al virus por falta de suficientes equipos de protección fue la principal causa del fallecimiento de 130 médicos por el Covid.19, según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador.
Los golpes más severos ocurrieron en Guayas al comienzo de la pandemia. En esta provincia fallecieron 80 galenos y el resto en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Orellana, El Oro y Manabí.
“Desde que empezamos la pandemia la primera exigencia de la Federación Médica fue que todos los equipos de bioprotección para el personal de salud debían estar listos, en la cantidad y calidad necesaria para su trabajo”.
El personal médico empezó a sufrir directamente las consecuencias de los contagios con muertes de médicos y enfermeras desde marzo.
Pero según el dirigente la exigencia no tuvo el eco esperado, generando quejas generalizadas en diferentes provincias, que hasta hoy se quejan por la falta de insumos.
“Además de no tener los equipos suficientes, los disponibles han sido de mala calidad y fueron comprados con sobreprecio y corrupción”.
Carrasco reconoció que el Ministerio de Salud se ha esforzado los últimos meses en cubrir la demanda de los trabajadores de los hospitales.
Hasta fines de junio, según la Federación, hay más de 4.000 contagiados. De ellos, el 55 por ciento es médico y le siguen las enfermeras y auxiliares, odontólogos y psicólogos de las casas de salud. “La mayoría se contagió en sus lugares de trabajo”.
Sobre la vulnerabilidad del personal de salud en los hospitales públicos, por la falta de aditamentos de bioseguridad, el ministro Zevallos dijo que buena parte se contagió fuera de los centros médicos. “Incluso hubo algunos que se infectaron en fiestas en Guayaquil, pues ese momento se desconocía la magnitud del riesgo, porque los contagiados eran asintomáticos”.
Zevallos estima que el 20% de contagios entre médicos, enfermeras y personal administrativo se debió a la falta de equipos de protección.
Para la Federación es importante que el Ministerio de Trabajo reconozca la labor del personal que lucha contra el Covid-19. El gremio propone que se reforme el reglamento de esa Cartera de Estado, que no reconoce al virus como una enfermedad laboral sino como una dolencia comunitaria.
Las muertes del personal siguen
No solo los médicos han denunciado la falta de equipos de protección.
Oswaldo Peralvo está en la primera línea de combate contra el Covid-19 en la maternidad Isidro Ayora de Quito. Coincide en que sus compañeros no tuvieron equipos necesarios para protegerse y denuncia que de los implementos que tenían embodegados en los hospitales desaparecieron.
Eso los obligó a comprar prendas de protección con su propio dinero.
Peralvo es el secretario de Osuntransa, el sindicato que reúne a las enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancias, entre otros trabajadores hospitalarios.
Contó que desde inicios de este año advirtieron a las autoridades de Salud que debían comprar los implementos a tiempo. Pero les respondieron que no había dinero para las adquisiciones.
El 26 de abril pasado, hicieron una primera protesta para denunciar que el poco material que había en bodega fue robado. Aunque su denuncia desencadenó la salida de tres gerentes de hospitales de Quito, los siguientes meses no contaron con material suficiente. “La verdad es que se ha soportado la atención gracias a las donaciones que nos han realizado varios países como de China”.
Las exigencias por implementos de bioseguridad y las protestas de personal de salud han sido permanentes en distintos países.
Esa desatención, según Peralvo, desencadenó la muerte de sus compañeros. Uno de los casos más recientes es el de Pablo Rosero, nutricionista del hospital Docente de Riobamba, quien murió hace pocas semanas.
Washington Maji, trabajador de ese centro, dijo que el Covid-19 complicó una dolencia que tenía en los riñones. Rosero era muy querido por sus colegas.
En Riobamba también murió José Llumicango, conductor de ambulancias. Fue otra de las víctimas de la pandemia. Su situación se complicó porque no recibió los equipos de protección.
Los trabajadores de la Salud aseguran que la entrega de implementos de protección no se normaliza hasta la fecha. Peralvo dijo que el Ministerio les prometió terminar con la escasez a finales de julio, pero aún hay escasez.
Mientras tanto, sus compañeros siguen contagiándose y muriendo. La última víctima fue Patricia Valverde, jefa de enfermeras del Hospital del Seguro Social en Riobamba.
El pasado 1 de agosto, sus colegas la despidieron con una lluvia de petalos de rosas blancas, agobiados con el sentimiento de que enfrentan una guerra sin las suficientes armas para defenderse.
PERFIL. Iza tiene 39 años y proviene de una familia marcada por la militancia en Cotopaxi. José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia por su lucha contra el huasipungo. Iza es ingeniero ambiental. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y luego jornalero en una hacienda que producía zanahorias para grandes supermercados. Luego se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas. Ha sido cuestionado por su posición radicial y su papel beligerante durante el paro de octubre pasado, que dirigió junto al titular de la Conaie, Jaime Vargas. Este fin de semana se confirmó su precandidatura a la Presidencia de la República.
Redacción Código Vidrio
La precandidatura de Leonidas Iza a la presidencia de la república se cocinó desde enero de este año. En ese mes, junto con Jaime Vargas, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), mantuvieron en secreto una negociación que consolidó su postulación.
El acuerdo era que Iza debía decidir si quiere ir a la presidencia del país o de la Conaie, que se elegirá en septiembre próximo. En cualquiera de las opciones, Vargas lo apoyaría. Mientras tanto, el líder la Conaie aparecería como el principal candidato para asimilar buena parte de las críticas por su participación en las protestas de octubre del año pasado. Jugaba un papel de distractor.
El viernes pasado, su precandidatura se hizo realidad con el apoyo del Movimiento Indígena del Cotopaxi. Ahora deberá ir a unas elecciones primarias donde también participan el actual prefecto de Azuay, Yaku Pérez, y el ex prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quisphe. Sin embargo, la ventaja por el momento, la tiene Iza, quien cuenta con el respaldo de Vargas y la dirigencia de la Conaie.
En una entrevista con este portal, antes de se oficializara su candidatura, Iza no negó ese acuerdo, pero nos pidió que le contáramos quién reveló ese pacto.
Desde enero, él sabía perfectamente la ruta trazada y esbozó una primera propuesta de campaña, enfocada, principalmente, en respaldarse en los ciudadanos de clase media y en los sectores populares.
Aunque en esa cancha el correísmo es más fuerte, no descartó conversar con sus simpatizantes, dejando en claro que no dialogaría con el ex presidente Rafael Correa.
Iza ha sido un duro contradictor del ex Mandatario, prófugo en Bélgica. Recordó que denunció los presuntos sobreprecios en la adquisición de los focos ahorradores, un escándalo que estalló en 2008, a inicios de ese gobierno.
Entonces, Iza era el asambleísta suplente del dirigente Gilberto Guamangate en la constituyente de Montecristi.
Dijo que solo una vez ha conversado con Correa, en Manabí durante los debates constituyentes. El encuentro fue breve, según recuerda.
Iza participó en el debate y dijo que no compartía lo que Correa había dicho en el pleno. Luego el ex mandatario cruzó unas palabras con él. Desde entonces -aseguró- no lo ha vuelto a ver.
“No aceptaré que me acusen de correísta, cuando fuimos los que denunciamos su falsa revolución, esos que ahora me hacen esa acusación son los mismos que pactaron con Lucio, Bucaram, Correa y Lasso, y ahora pretenden dividir a las organizaciones», sostuvo Iza este viernes 24 de julio.
Los movimientos campesinos de Cotopaxi apoyan a Iza, un líder joven, experto ambiental. Este fin de semana se oficializó en esa provincia que quiere correr por la Presidencia de la República. Foto Conaie.
No obstante, Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos que señalan la existencia de un acuerdo tácito con el correísmo, que se evidenció en el paro indígena de octubre pasado, por las acciones que pusieron en riesgo la estabilidad del gobierno. Iza, de hecho, es investigado en la Fiscalía junto a Vargas, por supuestas acciones desestabilizadoras.
Iza tiene 39 años y proviene de una familia con inclinaciones políticas en Cotopaxi. Taita José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia del centro del país por su lucha contra el huasipungo.
Su primo, Leonidas Iza, llegó a la presidencia de la Conaie y encabezó la oposición al ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez, al Tratado de Libre Comercio y a la Alianza de Libre Comercio de la Américas.
El legislador de Pachakutik por Cotopaxi, Jaime Olivo, cree que este legado familiar y su cercanía con las causas indígenas es una de las cartas fuertes de Iza, pero también destaca su habilidad para liderar, por su frontalidad y convicción.
Desde niño, Iza era escogido para los concursos de oratoria en su pequeña escuela de la comunidad de Pachaloma, donde no consiguió ser abanderado por “medio punto”, según aseguró a este portal.
Ana Pallo, periodista de Cotopaxi, cuenta que destacaba como un excelente investigador, vinculado con los movimientos juveniles.
Sus inclinaciones por la protección ambiental
En su colegio El Chaquiñán realizó un estudio sobre cómo realizar cultivos sin labranza. “Demostré que en las camas de lombrices se puede cultivar sin problemas papas y cebollas”.
Una técnica que no es complicada y de gran utilidad para espacios pequeños, que ahorra recursos y protege el ambiente, explicó. “Esa investigación quedó registrada en el colegio”.
En la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó su tesis sobre la recuperación de las cuencas hidrográficas por acciones antropogénicas. Es decir por el desgaste de los terrenos por fenómenos naturales y la contaminación del hombre.
Jaime Vargas se volvió el principal aliado de Iza. Juntos lideraron la protesta que puso contra las cuerdas al gobierno, por la eliminación del subsidio a los combustibles. Foto Conaie.
Aunque muchos creen que es economista, por sus declaraciones durante el paro de octubre pasado, es ingeniero ambiental.
Su juventud estuvo marcada por el trabajo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y jornalero en una hacienda que producía zanahorias para los grandes supermercados del país. Luego, se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas.
Fue el representante de Ecuador en el encuentro de jóvenes con el Papa Benedicto en 2004. En el Vaticano tocó con su quena el “Cóndor Pasa” para el Pontífice.
Su pasión por la lectura de ideología socialista lo condujo hasta el político y periodista peruano José Carlos Mariátegui, quien apoyó su doctrina para que los indígenas reivindicaran sus aspiraciones políticas, sociales, culturales y económicas “sin la necesidad de ventrílocuos”.
En otras palabras, desde ese momento vio la necesidad de que sus representantes salgan desde sus propias organizaciones de base, sin perder su esencia ni su relación con la naturaleza ni su comunidad.
Bajo esa bandera, Iza sostuvo: “no hay que importar un socialismo. Hay que retomar el socialismo práctico de los pueblos originarios de acá”.
Esta propuesta de alguna manera rompe con la línea tradicional del movimiento indígena, inspirada en el monseñor Leonidas Proaño y en la Teología de la Liberación.
Para Iza, estas dos vertientes ideológicas no son contradictorias sino complementarias, y son sus fundamentos desde su juventud.
Un precoz dirigente político
A los 18 años fundó el Movimiento Juvenil Laurista que basó su doctrina en el pensamiento de la monja colombiana Laura Montoya, una religiosa mestiza que reivindicó las luchas indígenas en el vecino del norte.
Posteriormente lideró la creación del Movimiento Juvenil de los Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “Aquí empezamos a discutir nuevamente la Teología de la Liberación, pero sin considerar a la iglesia como un poder, sino más bien en su relación con los pueblos indígenas”.
Diez años después asumió la presidencia juvenil del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Era el 2010 y una de sus primeras tareas fue realizar una investigación para conocer dónde estaban y qué es lo que hacían los indígenas que salieron de sus comunidades. Para entonces, Rafael Correa se había ganado la simpatía de buena parte del movimiento, lo cual aprovechó para fracturar a sus bases, especialmente entre los jóvenes. Una división que aún se mantiene, según reconoce Iza.
En ese estudio descubrió que los jóvenes ya no se sentían representados por la dirigencia de la Conaie. La mayoría migró a las ciudades para estudiar o trabajar en empresas agrícolas, de construcción y en el comercio informal. Se había roto el canal de comunicación con las cabezas.
Entonces decidió soldar la fractura y empezó a convocar a los campesinos que estudiaban en la Universidad Central.
Esa propuesta fue exitosa y junto a profesores como el actual decano de Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, creó el Movimiento Mariateguí, que tenía un objetivo central: acabar con el dominio del correísmo en ese centro de estudios. “Nosotros perdimos por 1.000 votos. Hasta ahí llegó el Mariateguí”, sostuvo el dirigente.
El paro de octubre y el asedio a Quito, durante dos semanas, fue el punto culminante de la última protesta indígena.
Sin embargo, la relación con la Facultad de Comunicación se mantiene. Sus profesores capacitan a los jóvenes comunicadores indígenas, conocidos como “lanceros digitales”.
Madrid no quiere que se malinterprete esta relación, desconfía de los periodistas y asegura que hay una persecución del actual Gobierno.
Él fue acusado de hacerle el juego junto al movimiento indígena al correísmo y de incitar la violencia en las protestas de octubre. La Conaie salió en su defensa, en un comunicado público sostuvo: “El compañero Dimitri Madrid es una persona de intachable ética y de una impecable trayectoria profesional (…) siendo un aporte fundamental en la educación intercultural bilingüe”.
Iza concuerda. Dice que se pretende satanizar lo que fue el Movimiento Mariateguí. “Correa fue el primero en acusarnos en ser un brazo del MPD. Ahora es el gobierno. El Movimiento Mariateguí, como tal, ya no existe”.
Los resultados de la investigación de Iza fueron claves para el levantamiento de octubre. 20.000 indígenas salieron desde las comunidades de Cotopaxi hacía Quito; otros 30.000 se les juntaron en la capital. Se activaron a través de sus medios comunitarios digitales, que crearon desde el 2012.
Esa es una fórmula poderosa de la Conaie. Luego del paro, Iza y Jaime Vargas recorrieron todo el país para unificar a sus bases y sintonizar con sus principales demandas.
En esa ruta no han descartado conversar con la militancia de Correa. “Hay un montón de correístas de base que añoran el regreso de Correa que demandan alianzas y están en su derecho. Pero mientras siga la tozudez del ex presidente, que cree que puede imponer sus ideas en Ecuador, no habrá una verdadera transformación”.
“No me pidan hablar a favor o en contra de Correa. En el debido momento hemos enfrentado estas realidades, pero uno no puede ser vengativo, como lo que pasó con Pabón (Paola Pabón, prefecta de Pichincha), no podemos decir bien hecho. Eso no”.
Iza no es mal visto entre los correístas. El legislador Cristóbal Lloret hace una distinción entre él y Jaime Vargas; no descarta la posibilidad de tejer una alianza.
Pero Correa sí cerró la puerta a un acercamiento, al menos en el discurso. En una entrevista en Radio La Calle dijo que Iza era “un dirigente interesante, pero mis compañeros me dijeron que en la marcha insultaba y botaba a los correistas. No vamos a aceptar estas cosas. No conozco personalmente a Iza y tal vez no sea verdad lo que me contaron, ojalá que no lo sea, pero con Jaime Vargas o Salvador Quisphe no tenemos nada que hacer”.
En agosto próximo se conocerá si el movimiento indígena se decanta por Iza, que hoy aparece como el más opcionado a representarlo en las elecciones del 2021.
El Consejo de Generales y la Ministra de Gobierno ascendieron a 43 tenientes coroneles de la promoción 57. No fueron promovidos diez oficiales, entre ellos Francisco Saavedra, denunciado por ser parte de operaciones de espionaje político en el anterior gobierno. Saavedra dijo que sus acciones se enmarcaron en la ley y que para encubrir sus seguimientos simulaba otras identidades, como la de un sacerdote (foto). La primera antigüedad quedó en manos de Willian Calle Silva.
Redacción Código Vidrio
Era la noticia más esperada de los últimos meses en la Policía. El Consejo de Generales y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acaban de expedir el acuerdo 0398, que resuelve ascender a 43 tenientes coroneles de la promoción 57 al inmediato grado superior.
La decisión fue notificada hoy a los oficiales, tras un proceso de calificación que tomó varios meses.
No fueron promovidos, al no alcanzar la nota necesaria, diez oficiales, entre quienes están los tenientes coroneles Francisco Saavedra, que obtuvo una nota promedio de 16.7648, y Juan Guarderas, con 17.0957.
El puntaje más alto fue para Willian Fabian Calle Silva, que obtuvo la primera antigüedad, seguido por Diego Gonzalez Peñaherrera y Nelson Almendáriz Sánchez.
Los oficiales que fueron cesados aún pueden pedir un recurso de revisión, antes de que el acuerdo ministerial quede en firme.
Para su ascenso, los oficiales pasaron por pruebas médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas y de análisis de su situación financiera. Se conocen como pruebas de confianza.
El ascenso de los 43 oficiales se determinó por las evaluaciones anuales, la nota del curso de ascenso y la de los méritos, que constituyó el 50% de la calificación, explicaron fuentes de la Policía.
El otro 50% dependió de la decisión de los generales en servicio activo de la Policía. Ese resultado se promedió con las notas de ascenso de los grados anteriores y así se obtuvo la nota final, que pasó a consideración del Consejo de Generales, liderado por el comandante Patricio Carrillo, y por la ministra Romo.
En 2013, Saavedra (Izq) estuvo al frente de un operativo coordinado con la policía colombiana que terminó con la recaptura de Jorge Zambrano, alias “JL” o “Rasquiña”, en Bogotá. Rasquiña (en el centro con camiseta blanca) había fugado de La Roca diez meses antes, junto con 17 presos más. En la foto aparece esposado y custodiado por los oficiales que lo apresaron.
Saavedra en el ojo de la tormenta
El proceso de ascenso de esta promoción era seguido con gran expectativa, dentro y fuera de la Policía. Especialmente porque estaba de por medio el caso de Saavedra, un oficial de Inteligencia acusado por periodistas, políticos y activistas de DD.HH., de haber realizado espionaje político y supuestas opreraciones de hostigamiento durante le gobierno de Rafael Correa.
Guarderas, entre tanto, fue cuestionado por una fiscal porque supuestamente se negó a investigar hechos de corrupción presentados en el Ministerio de Gobierno, durante la administración de Correa.
Según Saavedra, los operativos en que participó estuvieron amparados por las leyes vigentes. “Como Jefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia, las operaciones que se ejecutaron bajo mi mando, estuvieron sustentadas, tanto en órdenes de la Policía como de las autoridades competentes. Ciertos operativos que fueron requeridos institucionalmente, los tuve que ejecutar directamente, para lo cual tenía que encubrir mi actividad, valiéndome de otros personajes, como fue el caso del disfraz de sacerdote”.
Precisamente, por haber sido fotografiado en una manifestación con un traje de sacerdote, Saavedra era conocido como el Cura. La foto fue tomada por el coronel en servicio pasivo, hoy diputado, César Carrión, durante una manifestación contra el gobierno en 2015.
Saavedra ha sido señalado por participar en operativos de seguimiento que se realizaron contra el coronel Carrión (30S), el hoy prefecto Kléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Fernando Balda, entre otros.
El oficial tuvo un papel clave, según los denunciantes, en la obtención y manejo de información de personajes políticos y de acciones polémicas de Inteligencia, sin el supuesto conocimiento de jueces y fiscales.
EL ACUEDO FIRMADO POR LA MINISTRA DE GOBIERNO
En la etapa más crítica de seguimientos también destacó Rommy Vallejo, ex jefe de la Senain, hombre de confianza de Correa, quien estuvo al frente de los sistemas de inteligencia en este régimen, entre mayo de 2017 y febrero de 2018.
Saavedra dijo que no existen evidencias de que las operaciones de Inteligencia y apoyo en allanamientos judiciales fueron ilegales o se violaron derechos humanos. “Pido que investiguen y contrasten todo mi accionar y los operativos que han estado a mi cargo, y que han beneficiado al estado y sociedad ecuatoriana. Yo fui el Jefe del bloque de búsqueda que recapturó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, jefe de la banda de los Choneros, como de la recaptura de los evadidos de la cárcel de La Roca; también lideré las investigaciones del caso Odebrecht”.
Fuentes del gobierno explicaron que la decisión significa un duro golpe a un grupo integrado por algunos oficiales considerados leales y afines al ex presidente Rafael Correa y al exministro de Gobierno, José Serrano.
En las próximas horas se conocerá cuántos de los 51 coroneles de la Policía de la promoción 57 ascenderán al grado superior. El teniente coronel Francisco Saavedra es uno de los oficiales de esa promoción,. Ha sido denunciado por participar en operaciones de espionaje político en el anterior gobierno, pero ha asegurado que todas sus acciones fueron legales, siguiendo órdenes de sus superiores. Código Vidrio conoció extraoficialmente que no será ascendido.
En lo internacional, una vez que se conoció que la Universidad de Oxford tenía lista la primera vacuna contra el COVID-19, varios expertos creen que en una primera etapa solo se producirán 2.000 millones de dosis. Es decir unas 5.000 millones de personas no accederán a ella inicialmente, ya que el proceso puede tardar varios años.
