Tres jueces de la Corte Nacional condenaron hoy 15 de agosto a nueve años de cárcel al ex jefe de la Senain, Pablo Romero Quezada, por el secuestro del activista Fernando Balda. Romero fue extraditado al país desde España en febrero pasado. Precisamente, el 19 de febrero la Audiencia Nacional de España dejó registrado en una providencia judicial, a la que Código Vidrio tuvo acceso, que las autoridades rusas también reclamaban a Romero. Los jueces conocieron el pedido una vez que ya se había aprobado su extradición a Ecuador, que se concretó dos días después. La policía conocía que tras enterarse sobre la inminencia de su repatriación Romero intentaba fugarse hacia Marruecos, para luego pedir asilo en un tercer país, con el apoyo directo del ex presidente Rafael Correa. Entre los posibles destinos estaban Bélgica, Venezuela y Rusia. Correa desmintió su participación en el plan.
Redacción Código Vidrio
Mientras el gobierno ecuatoriano ultimaba los detalles para traer desde España al exjefe de Inteligencia, Pablo Romero Quezada, un jugador inesperado apareció en escena.
La huella de ese jugador está en el proceso de extradición que Ecuador tramitaba en España desde el 2018 para traer a Romero, quien enfrenta dos juicios: uno por el secuestro del político Fernando Balda y otro por un supuesto peculado en el manejo de fondos especiales.
Precisamente, este 14 de agosto, los jueces de la Corte Nacional de Justicia Iván León, David Jacho y Dilza Muñoz resolvieron que el ex Secretario de Inteligencia cumpla una condena de nueve años de prisión por el secuestro de Balda.
Su decisión se basó en los testimonios de los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes secuestraron al activista político en Bogotá el 2012. También fue decisiva la versión del ex comandante de la Policía, Fausto Tamayo, y de los peritos que hicieron los verificaciones de las grabaciones entre Romero y Chicaiza, como de la experta en seguridad María Fernanda Noboa.
En su resolución, los magistrados también ordenaron a Romero que coloque una placa en las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia, que diga: “El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar destinado a perseguir ciudadanos sino a protegerlos”.
Romero aún puede apelar esta resolución, antes de que entre en vigencia. En el caso del ex presidente Correa su enjuiciamiento en este caso seguirá en proceso hasta que se entregue a las autoridades o sea detenido. El ex mandatario está prófugo en Bélgica, y también fue sentenciado en el caso Sobornos, a 9 años de prisión.
Romero fue secretario de la Senain, la temida entidad de espionaje, entre 2012 y 2014. Antes de llegar a esa Secretaría, presidió el Fideicomiso Baba, que coordinó la construcción del proyecto multipropósito Baba, a cargo de Odebrecht. El entonces presidente Correa lo nombró en ese cargo, desde el cual, al parecer, se establecieron los primeros nexos con ejecutivos de esa firma brasileña, que recibió obras a dedo por el pago de millonarios sobornos.
En estos días se espera que la Corte Nacional emita su sentencia contra Romero, quien guarda prisión en la cárcel de El Inca, al norte de Quito.
En Madrid, Romero fue capturado la madrugada del 19 de febrero pasado por la Policía española, por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, una vez que se había aceptado su extradición dos semanas antes.
Pese a que Romero era requerido por la justicia ecuatoriana desde 2018, su expulsión no había prosperado: estaba bloqueada por las acciones sistemáticas que realizaron sus abogados Enrique Santiago y Juan Moreno Redondo, ambos militantes de los partidos Izquierda Unida (IU) y Podemos, que cogobiernan en España con el Partido Socialista PSOSE.
Esas acciones no eran fortuitas. Fueron acordadas por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, con su amigo, el ex presidente Correa, desde junio de 2019, según denunció la prensa española. Iglesias trabajó para el gobierno de Correa como consultor político y mediático, al igual que para Hugo Chávez en Venezuela.
El plan inicial era impedir a toda costa la extradición y conseguir el asilo de Romero en España.
En esos días, Correa también se reunió con Romero, en un hotel de Madrid durante dos horas. En la cita, según fuentes de su entorno cercano, el ex mandatario se comprometió a apoyar a Romero, con quien mantenía contacto un año antes, a través de Julia Angulo, edil de Alicante, entonces militante de la revolución ciudadana desde 2012.
El ex mandatario también había conversado con el abogado Enrique Santiago esos días y había enviado un emisario que se reunió con integrantes de IU y Podemos, para llegar a otros acuerdos sobre temas de seguridad.
Providencia en la que se detalla que Romero es reclamado por autoridades rusas
Dos meses después de esas citas, en agosto de 2019, la justicia española negó el pedido de asilo de Romero, quien no pudo probar que era un perseguido político. Según los jueces, habían suficientes evidencias de su participación en el secuestro de Balda, juicio en el “que podía defenderse con todos los medios legales que le brinda el Estado del que es nacional”.
Entonces se puso en marcha el plan B, que también habría sido coordinado por Correa por sus contactos con el gobierno venezolano, específicamente con la canciller Delcy Rodríguez, y Podemos. El objetivo era que Romero se dirigiera a la embajada venezolana en Madrid, donde se le entregaría documentación necesaria para dejar el país y desplazarse hasta Bruselas, Bélgica, donde reside Correa.
Una fuente que estuvo al tanto de la operación contó que otra ecuatoriana, enviada en avanzada por Romero, ingresó a la sede diplomática y conversó con el embajador, Mario Isea, quien estaba muy nervioso, pues sospechaba que la Policía los estaba siguiendo.
Entonces, los agentes de la División de Cooperación Internacional alertaron a la Fiscalía que Romero Quezada intentaba llegar la embajada venezolana en Madrid, pues necesitaba papeles para moverse en el extranjero o pedir el asilo.
Al verse expuesto, Romero desistió de ir a la embajada. Ls siguientes días se reunió con Santiago, quien había sido elegido diputado por IU. Le dijo que no tenía de que preocuparse, pues todavía había posibilidad de insistir con el asilo.
En enero del 2020, IU y Podemos llegaron al poder en alianza con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que fue nombrado presidente e Iglesias vicepresidente.
Para entonces también había entrado en el juego José María Guijarro, Chema, ex asesor de Ricardo Patiño, quien ganó un escaño en el legislativo por Podemos. “Nos dio largas un año, no se quería involucrar”, contó una fuente del entorno bolivariano.
Confiado en el paraguas político de Unidas Podemos, Romero festejó su cumpleaños en un restaurante de Madrid, en noviembre.
Los servicios secretos españoles estaban al tanto de todos sus movimientos y planes, gracias a los seguimientos que realizaban por datos proporcionados por varios informantes. Una parte relevante de esa información también era conocida por Inteligencia ecuatoriana, en especial por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y por el Ministerio de Gobierno.
Así, en febrero pasado los planes de Romero y Correa fracasaron. Aunque sus pasos eran bien conocidos por los sistemas de espionaje de ambos países, otro factor fue determinante y se conjugó en su contra. Una vez en el poder, Pablo Iglesias y los integrantes de Podemos tomaron distancia y prefirieron mantenerse al margen; traicionó -según medios españoles- a Correa para evitar un desgaste político mayor, pues enfrentaba duras críticas por los pagos que habría recibido por consultorías en Venezuela, años antes.
El 4 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la extradición de Romero y estrechó su vigilancia.
Y dos semanas después, la madrugada del 17 de febrero, Romero fue capturado en las afueras de la capital española por la Policía, que conoció un nuevo plan de fuga. En esta ocasión trataría nuevamente de cruzar a Marruecos, para desde ahí dirigirse a Bélgica o Venezuela, relató una fuente que estaba al tanto de sus movimientos.
El expresidente Correa dijo que la información relativa los supuestos contactos y acciones para impedir la extradición era falsa y sesgada, orquestada por VOX y Balda. «Resulta que Lenin sucumbió totalmente a la ultraderecha. La noticia es que dos representantes de Vox trabajan con Fernando Balda en la creación de denuncias falsas en Ecuador, con el patrocinio del Gobierno. Dios los cría y sus mañas les juntan», escribió en su cuenta en Twitter.
El plan de fuga y asilo
El servicio secreto español también conoció que otra alternativa era el escape de Romero hacia Rusia, donde pediría el asilo en calidad de perseguido político. La cercanía de Correa con el presidente Vladimir Putin garantizaría, al parecer, su protección.
En su gobierno, Correa estrechó relaciones con Putin a todo nivel, incluido el ámbito de Inteligencia. Precisamente, en abril de 2013, el embajador de Rusia en Quito, Yan A. Burliay, fue el puente para concretar una reunión del entonces secretario de Inteligencia, Pablo Romero, con el representante oficial del servicio Federal de Seguridad de Rusia, coronel Alexander Y. Kazalupov, y su adjunto, Igor N. Lebedev.
El encuentro se fijó para el 4 de abril, a las 10:00, y el tema central era la cooperación bilateral, según la carta remitida por el embajador a la que accedimos.
Seis meses después, Correa hizo una visita oficial a Rusia. En Moscú firmó acuerdos energéticos y de transporte con Putin.
Rusia se convirtió en un socio comercial estratégico, en medio del distanciamiento con Estados Unidos, desde 2009, cuando Correa estuvo por primera vez en ese país en una gira oficial en Moscú.
Otro punto de conexión con los rusos fue Julian Assange, quien mientras estuvo asilado en la embajada en Londres se reunió con hackers, espías y periodistas, operadores del Kremlin, según los informes de la empresa UC Global, encargada de la seguridad.
Assange trabajó en 2012 con el canal oficialista ruso RT, que hoy también emplea a Correa, que tiene un programa de entrevistas.
En diciembre de 2017 hubo un plan para que Assange pudiera salir de la embajada y dirigirse a Rusia, para lo cual había sido nombrado secretario de la embajada de Ecuador en Moscú, una vez que el gobierno le había concedido la nacionalidad ecuatoriana.
Rusia reclama a Romero
Con la captura, los planes de fuga fracasaron, pero los incidentes en medio de extradición continuaron. Al menos eso se desprende de la providencia expedida el 19 de febrero por los magistrados Félix Guevara, Carolina Rius Alarco y Carlos Fraile Coloma, de la Audiencia Nacional, a la que Código Vidrio tuvo acceso.
“Visto el contenido de la anterior diligencia y habiéndose puesto a ‘disposición de esta Sección Tercera el reclamado por las autoridades rusas, Pablo Humberto ROMERO QUEZADA, en «virtud de lo dispuesto en el auto de 18.02.2020, oficiese al Centro Penitenciario para ratificar dicha situacion según lo solicitado”.
ORGANIGRAMA DE LOS CASOS QUE INVOLUCRAN A ROMERO
“Asímismo, diríjase oficio a INTERPOL a efectos de que procedan a la entrega material del reclamado referido a las autoridades de la Republica del Ecuador, conforme a lo dispuesto en auto de fecha 14.01.2019 por esta Sala”.
“Déjense sin efecto las órdenes de busca y captura así como cualquier otra medida cautelar vigente que pudiese obstaculizar la entrega”.
Para conocer los motivos por los cuales Rusia reclamaba a Romero contactamos por vía telefónica a Andrey Shcedryn, agregado de prensa de la embajada de Rusia en Quito. El diplomático dijo que no tenía ninguna información sobre un pedido formal de las autoridades judiciales de su país para reclamar al ex jefe de la Senain.
También buscamos esclarecer las causas en España. Enviamos dos correos electrónicos y llamamos solicitando información a la Audiencia Nacional, pero no nos han respondido.
Stalin Oviedo, abogado de Romero, dijo que desconocía la solicitud de las autoridades rusas.
Fuentes del gobierno ecuatoriano comentaron que conocieron el documento donde se indica el reclamo de Rusia mientras sus representantes realizaban las gestiones para extraditarlo en Madrid. “Es un documento oficial y consta en el proceso”.
Tras percatarse del reclamo, los funcionarios ecuatorianos aceleraron las acciones para traer a Romero lo antes posible. Prefirieron no pedir ninguna aclaración o explicación a los jueces sobre la solicitud rusa, pues eso demoraría varias semanas la extradición.
A las pocas horas de recibir la notificiación de la captura, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se puso en contacto con la presidenta de la Corte Nacional, Paulina Aguirre, y con el entonces Canciller José Valencia.
Aguirre emitió la providencia pidiendo que se designara a los custodios de la oficina central de Interpol, para ejecutar de extradición activa.
Interpol Ecuador coordinó con su similar de España y con Cancillería para que emitiera el salvoconducto, documento necesario para el traslado de Romero.
El 20 de febrero, el coronel de la Policía, Holguer Cortez y el capitán Frank Ávalos recibieron la disposición de ejecutar la orden de extradición. Viajaron a Madrid y al siguiente día lo embarcaron en un vuelo que llegó a Quito. Los pasajes fueron pagados por Ecuador.
A inicios de marzo llegaron a Ecuador los euro diputados Hermann Tertsch y Víctor González, del partido derechista español Vox, quienes habían investigado los contactos de Correa y Romero. Junto a Fernando Balda hicieron públicos audios y chats que evidenciaban los planes para gestionar el asilo e impedir su extradición.
Carta enviada por el embajador ruso a Pablo Romero, en abril de 2013
“Quería consultarte si ha habido algún contacto con el soviético porque si no ha habido, él no se ha comunicado conmigo”, se escucha en uno de los audios telefónicos de Romero, que recibía constantes mensajes de Correa. Entre otras cosas le pedía denunciar el caso en instancias y medios afines al correísmo.
En los audios se escucha constantemente sobre la puesta en marcha de las operaciones Salida y Pacífico, con el apoyo de políticos venezolanos.
A la mafia correista, desde hace un tiempo le sale mal las cosas. Espero que todos estos malandrines sean apresados y paguen sus delitos.
La justicia debe hacer su trabajo, ya es hora de q haya un baño de verdad, esto por el bien del país, ya que en el exterior nos ven como un país muy retrasado en asuntos de justicia, por los órganos Judiciales deben actuar como manda la ley y no proteger a políticos y delincuentes.