Desde enero, en tres ocasiones, los importadores de implementos médicos de bioseguridad y farmacéuticos pidieron al Gobierno iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19 al personal de salud pública. Pero entre enero y marzo no hubo procesos de compras. En abril ya no había stock en las bodegas. Los médicos y enfemeras denuncian la falta de equipos de protección como la principal causa de contagios y muertes de sus colegas. Las autoridades dicen que la demanda mundial complicó las compras, en los tres primeros meses de la pandemia, pero que hoy hay suficiente stock.
Redacción Código Vidrio
Casi al mes de haberse decretado la emergencia por el coronavirus, en Ecuador todavía faltaban implementos de bioseguridad, especialmente para médicos y enfermeras.
Era el 14 de abril. La Dirección Nacional de Medicamentos solicitó un informe urgente a los encargados de la bodega central para confirmar la existencia de medicamentos y dispositivos para enfrentar la pandemia. La respuesta ese día, resumida en cuatro palabras: “No se cuenta con stock”.
Ese informe está registrado en el memorándum MSP-DNA-2020-0803 y fue el disparador para agilitar los procesos de compras en todo el sistema de salud, aunque bajo procesos más expeditos de contratación, por las recurrentes denuncias de negociados y corrupción desde que estalló la pandemia.
La falta de equipos de bioseguridad ha sido un reclamo recurrente del personal de salud en los hospitales, así como de los dirigentes gremiales que denuncian ésa como la principal causa de la muerte de 130 médicos.
Desde enero, en tres ocasiones, los productores e importadores de insumos médicos pidieron a las autoridades de Salud iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19. Las alertas no tuvieron respuesta.
A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de Salud, enviaron al país una alerta titulada “Urgente”, por la propagación del virus originado en China.
El 27 de enero, el comunicado llegó al despacho de la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. El documento, en esencia, pedía que se preparen ante los contagios y sigan varias recomendaciones, como contar con insumos de protección.
Ese mismo día, el Ministerio envió el memorándum MPS-SNVSP-2020-00156 a todas las casas de salud con los lineamientos provisionales para frenar los contagios y atender a los pacientes. Aún no había infestados.
La Coordinación 8 del Ministerio, que abarca a Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, hizo los primeros controles en la llegada internacional del Aeropuerto de Guayaquil. Cuatro trabajadores de Salud, vestidos de blanco y sin mascarillas, entregaban un tríptico de información y recomendaciones a los viajeros que arribaban.
Simultáneamente, la subsecretaria de Salud, Diana Molina, envió un comunicado a los distribuidores de insumos. Solicitaba que en 72 horas informaran la disponibilidad en inventario de 15 productos para enfrentar el virus. También debían especificar la posibilidad de fabricarlos y sus costos, según las cantidades requeridas.
Según ese documento, el Ministerio planeaba hacer una sola compra masiva de insumos. Pedía un estimado de 95 millones de pares de guantes de examinación y quirúrgicos; 8,8 millones de mascarillas quirúrgicas; 871.578 mascarillas N95; 2,3 millones de batas y 6.516 bolsas para cadáveres de adultos y niños.
Pero la respuesta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) fue preocupante. Para entonces, solo contaban con el 10% de lo que pedía el Ministerio.
Por eso, en la comunicación los importadores solicitaron que agilitaran los procesos de contratación, tomando en cuenta el tiempo de los trámites burocráticos, pero sobre todo los plazos para importación de los productos, puesto que el 99% no se fabrica en el país.
El 6 de febrero el Ministerio de Salud comunicó a sus nueve direcciones zonales los lineamientos para la compra de productos y medicamentos para el Covid-19. Pero, en el portal de Servicio de Compras Públicas (Sercop), que revisamos, no existen registros de que se hicieran los procesos contractuales para adquirir esos insumos, ni en febrero ni en la primera quincena de marzo.
Cristina Murgueitio, directora de la Asedim, dijo que el Ministerio de Salud intentó hacer las adquisiciones, pero los procesos contractuales se cayeron porque los precios tomados como base, semanas antes, eran muy inferiores comparados con los que se ofertaban en el mercado.
Pese a no contar con suficientes insumos y medicinas en bodegas, la entonces ministra Andramuño estaba tranquila. El 29 de febrero, cuando se confirmó el caso cero en Guayaquil, dijo que “el Gobierno ha seguido todos los protocolos y ha tomado las medidas de prevención ante la emergencia”.
Un día después se hizo público un audio en redes en el que Andramuño aseguraba a otros funcionarios que tenían los hospitales, insumos y medicamentos listos para afrontar la pandemia.
Ese exceso de confianza caló en el Comité de Operaciones Emergentes (COE), que permitió que en Guayaquil se jugara el partido de fútbol Barcelona-Independiente del Valle, con más de 30.000 espectadores, el 4 de marzo. Hasta entonces, desde Salud se habían hecho dos talleres de socialización de escenarios del coronavirus en el país.
De la calma a la desesperación
En pocos días las autoridades de salud pasaron de la calma al desconcierto y a la desesperación.
Los productores e importadores de insumos escalaron su alerta y preocupación al presidente Lenin Moreno y otros funcionarios de su círculo cercano, advirtiéndoles que las compras no se habían concretado.
En la carta que llegó a Carondelet el 10 de marzo la Asedim exhortaba al mandatario a tomar una decisión urgente para abastecer a los hospitales y adquirir pruebas.
“Es imperiosa la necesidad de que las entidades de las RIPS (Red de Instituciones Públicas de Salud) asignen los recursos económicos necesarios y realizar los procesos de compra con la premura que el caso amerita, para que el país se abastezca y pueda enfrentar la situación”.
Incluso, advertían que así se declarase la emergencia la llegada de los implementos tardaría de 30 a 45 días, pues estaban en lista de espera para las importaciones, disputando las compras con otros países que también buscaban desesperadamente los productos.
Para ese día, el Ministerio certificó el contagio de 17 personas, aunque los especialistas y académicos alertaban de cientos de infectados y de un ocultamiento de información.
Andramuño cierra centros de salud
El 12 de marzo, la ministra Andramuño declaró la emergencia sanitaria y con eso dio luz verde a las compras de emergencia (a dedo), de forma discrecional de cada autoridad en los centros de salud.
Además tomó otra polémica decisión, al margen de la estrategia institucional. Cerró 21 centros médicos de primer nivel, dejando solo cinco operativos en Guayaquil, según Rafael Tamayo, coordinador del Ministerio.
Así, los pacientes de los barrios más populosos de Guayaquil con síntomas de Covid-19 se volcaron a los grandes hospitales de especialidades Monte Sinaín y Guasmo Sur. Este fue uno de los motivos del colapso de la atención, pues las unidades de los barrios cumplen un papel crucial para evitar congestionar los hospitales, son una contención de primer nivel.
En la red de salud pública trabajan 46 mil personas, incluidos los servicios de Fuerzas Armadas y Policía. 9.676 son médicos generales, especialistas y rurales
Esa semana fue especialmente crítica. En pocos días el gobierno confirmó que unas 600 personas estaban contagiadas en 16 provincias, más de 400 solo en Guayaquil. 2.000 personas eran sospechosas de haberse infectado.
Los hospitales, morgues y funerarias empezaron a colapsar.
Decenas de personas que no podían ser atendidas morían en sus casas y sus cadáveres no podían ser recogidos por personal de salud. Guayaquil salió de todo control.
La mayoría de las entidades públicas, incluidos los hospitales, emitió sus resoluciones de emergencia el 16 de marzo. Ese día, el presidente Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública.
Desde ese momento, autoridades de unas 1.000 entidades entraron en apuros, incluidos hospitales, ministerios, juntas parroquiales, cuerpos de bomberos, municipios y prefecturas.
El 18 de marzo, los distribuidores e importadores de dispositivos médicos hicieron su tercera alerta y la dirigieron al COE. “Urgimos a las autoridades establecer sus necesidades y comprar los antes posible para asegurar el abastecimiento a la red de salud”.
También advertían el peligro de firmar contratos al apuro, a dedo, que podían abrir las puertas a sobreprecios y negociados, con proveedores únicos sin permisos.
Andramuño se va y denuncia que no recibió recursos
Temprano en la mañana, el sábado 21 de marzo, Andramuño apareció en su primera y última rueda de prensa por vía telemática. Anunció que dos días después llegarían al país dos millones de pruebas PCR y que el IESS empezaría a aplicarlas a los afiliados.
A las pocas horas, Andramuño renunció. Al anunciar su salida dijo que se iba por la complicación para enfrentar la emergencia sanitaria sin recursos. «El Ministerio de Salud viene preparándose desde diciembre del 2019 para esta crisis, sin embargo enfrentar una emergencia sin recursos es complicado”.
Y como prueba se refirió al oficio MSP-CGAF-2020-0193-M, suscrito por Miguel Guevara, coordinador Financiero de Salud. Certificaba que hasta ese momento no habían recibido ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia.
En el Ministerio la reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien anunció que contaban con un presupuesto inicial de $120 millones para atender la emergencia y comprar el material necesario de protección.
Contactamos a Andramuño y le enviamos un cuestionario que se negó a responder, indicando que estaba enferma.
Entrevistado por Código Vidrio, el ministro Zevallos confirmó que entre enero y marzo el Ministerio no inició ningún proceso de compra de insumos médicos o pruebas diagnósticas.
Dijo desconocer en qué se basó su antecesora para afirmar que habían adquirido 2 millones de pruebas. “Durante la emergencia hemos hecho tres convocatorias: el 21 de marzo, el 16 abril y el 22 de mayo para compra de insumos, y actualmente estamos abastecidos, tenemos stock para dos semanas en promedio”.
El 30 de marzo, Zevallos envió un informe al personal de salud con las recomendaciones de la OMS para la protección de médicos, enfermeras y auxiliares. En ese documento se indica que por cada paciente el equipo debería tener 25 batas; 25 mascarillas quirúrgicas; una mascarilla N95; 50 guantes y un protector facial.
Mensualmente se requieren 936 mil mascarillas para el personal en hospitales y centros públicos. Un promedio de una mascarilla diaria. Sin embargo, hay médicos en áreas críticas de mayor exposición que usan hasta tres mascarillas diarias.
Entre marzo y abril se entregaba a cada trabajador de salud tres cubre bocas para que las usaran durante una semana. El kit se completaba con una mascarilla N95 y guantes desechables, según varios funcionarios consultados, que pidieron la reserva. Ante las insistencias del personal por más equipos, sus jefes respondían que no contaban con los insumos suficientes.
El coletazo mortal para médicos y enfermeras
La sobreexposición al virus por falta de suficientes equipos de protección fue la principal causa del fallecimiento de 130 médicos por el Covid.19, según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador.
Los golpes más severos ocurrieron en Guayas al comienzo de la pandemia. En esta provincia fallecieron 80 galenos y el resto en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Orellana, El Oro y Manabí.
“Desde que empezamos la pandemia la primera exigencia de la Federación Médica fue que todos los equipos de bioprotección para el personal de salud debían estar listos, en la cantidad y calidad necesaria para su trabajo”.
Pero según el dirigente la exigencia no tuvo el eco esperado, generando quejas generalizadas en diferentes provincias, que hasta hoy se quejan por la falta de insumos.
“Además de no tener los equipos suficientes, los disponibles han sido de mala calidad y fueron comprados con sobreprecio y corrupción”.
Carrasco reconoció que el Ministerio de Salud se ha esforzado los últimos meses en cubrir la demanda de los trabajadores de los hospitales.
Hasta fines de junio, según la Federación, hay más de 4.000 contagiados. De ellos, el 55 por ciento es médico y le siguen las enfermeras y auxiliares, odontólogos y psicólogos de las casas de salud. “La mayoría se contagió en sus lugares de trabajo”.
Sobre la vulnerabilidad del personal de salud en los hospitales públicos, por la falta de aditamentos de bioseguridad, el ministro Zevallos dijo que buena parte se contagió fuera de los centros médicos. “Incluso hubo algunos que se infectaron en fiestas en Guayaquil, pues ese momento se desconocía la magnitud del riesgo, porque los contagiados eran asintomáticos”.
Zevallos estima que el 20% de contagios entre médicos, enfermeras y personal administrativo se debió a la falta de equipos de protección.
Para la Federación es importante que el Ministerio de Trabajo reconozca la labor del personal que lucha contra el Covid-19. El gremio propone que se reforme el reglamento de esa Cartera de Estado, que no reconoce al virus como una enfermedad laboral sino como una dolencia comunitaria.
Las muertes del personal siguen
No solo los médicos han denunciado la falta de equipos de protección.
Oswaldo Peralvo está en la primera línea de combate contra el Covid-19 en la maternidad Isidro Ayora de Quito. Coincide en que sus compañeros no tuvieron equipos necesarios para protegerse y denuncia que de los implementos que tenían embodegados en los hospitales desaparecieron.
Eso los obligó a comprar prendas de protección con su propio dinero.
Peralvo es el secretario de Osuntransa, el sindicato que reúne a las enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancias, entre otros trabajadores hospitalarios.
Contó que desde inicios de este año advirtieron a las autoridades de Salud que debían comprar los implementos a tiempo. Pero les respondieron que no había dinero para las adquisiciones.
El 26 de abril pasado, hicieron una primera protesta para denunciar que el poco material que había en bodega fue robado. Aunque su denuncia desencadenó la salida de tres gerentes de hospitales de Quito, los siguientes meses no contaron con material suficiente. “La verdad es que se ha soportado la atención gracias a las donaciones que nos han realizado varios países como de China”.
Esa desatención, según Peralvo, desencadenó la muerte de sus compañeros. Uno de los casos más recientes es el de Pablo Rosero, nutricionista del hospital Docente de Riobamba, quien murió hace pocas semanas.
Washington Maji, trabajador de ese centro, dijo que el Covid-19 complicó una dolencia que tenía en los riñones. Rosero era muy querido por sus colegas.
En Riobamba también murió José Llumicango, conductor de ambulancias. Fue otra de las víctimas de la pandemia. Su situación se complicó porque no recibió los equipos de protección.
Los trabajadores de la Salud aseguran que la entrega de implementos de protección no se normaliza hasta la fecha. Peralvo dijo que el Ministerio les prometió terminar con la escasez a finales de julio, pero aún hay escasez.
Mientras tanto, sus compañeros siguen contagiándose y muriendo. La última víctima fue Patricia Valverde, jefa de enfermeras del Hospital del Seguro Social en Riobamba.
El pasado 1 de agosto, sus colegas la despidieron con una lluvia de petalos de rosas blancas, agobiados con el sentimiento de que enfrentan una guerra sin las suficientes armas para defenderse.
Mucho tiene que ver el gobierno central, su eneptitud, pese a las alertas de la OMS. Como se manejó la pandemia? y además que fue causa total de la corrupción.