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La pista más sólida para entender la relación de Daniel Salcedo con los Bucaram conduce a los contratos que recibieron en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. En el 2017, con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades, que dieron paso a los supuestos negociados que investiga la Fiscalía. Desde ese año la amistad entre Salcedo y los Bucaram se estrechó. 

 Redacción Código Vidrio

En 2017, antes de su despegue empresarial, Daniel Salcedo conoció a Abdalá Bucaram Pulley, el tercer hijo del ex Mandatario, más conocido como Dalo. En ese año, él aspiraba a la Presidencia y Salcedo lo vio en el programa de entrevistas del peruano Jaime Bayly.

El click fue inmediato, lo escuchó y pensó que debería dirigir el país. Por eso, lo buscó y le ofreció apoyarlo en su campaña con los equipos de audio y todo su aparataje para comunicación. Dalo le dio la bienvenida, no así su esposa, Gabriela Pazmiño, que lo miraba con recelo, según contó Salcedo en su juicio.

Ese desaire no lo alejó de los Bucaram. Con Michel, otro de los herederos del ex jefe de Estado, luego montó un restaurante que cerró a los seis meses, pero en el interín le permitió conocer al patriarca de la familia, que lo miró con ojos de afecto.

Bucaram cree que Salcedo repite su historia: un joven que se “inició desde abajo” y  que es una víctima colateral de la persecución a su hijo Dalo, por el temor de que pueda llegar al Palacio de Gobierno.

Hay indicios de que no solo tenían nexos de amistad sino que también hicieron lucrativos negocios, aprovechando su influencia para obtener contratos en el sector público.

Lo cierto es que desde el 2018 la vida de Salcedo, conocido entre algunos de sus amigos como el Rey Midas Millennial, dio un vuelco. Ese año registró en su declaración al Servicio de Rentas (SRI) $459.433 en el rubro de ingresos; mientras que en el 2019 fueron $472.000. Ese período marcó su ingreso a los negocios de la comunicación y mejoró su relación con empresas vinculadas al sector de salud.

En ese lapso su compañía HDC mantuvo ingresos en el sistema financiero nacional por $8 millones; SalNoedan, fundada con su hermano Noé, de $1.4 millones; Prodmas alcanzó $885.266 y Ecap-Mediq $238.000. Además, creó otras compañías como Mareworld; Paliye, Importadora Sevmac, Higctem e Incomfra.

Salcedo declaró un patrimonio de $993.806, en 2019. Desde este año de sus tributos se conoce poco, él no ha podido cumplir con su obligación legal de tributar porque está preso, enjuiciado penalmente por supuesto peculado, lavado de activos y asociación ilícita.

Esa prisión ha sido destinada por detenidos de “cuello blanco”, banqueros y políticos han pasado por sus instalaciones. Salcedo sostiene que es un perseguido, una víctima de los ataques contra la familia del ex presidente Abdalá Bucaram.

Los investigadores tratan de esclarecer el papel de Salcedo

La sospecha de los investigadores de la Fiscalía es que Salcedo era un intermediario para conseguir los contratos con hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud, donde los Bucaram también realizaron negociados.  Y que podría ser el testaferro de quien tenía contactos en el gobierno para facilitar las contrataciones.

Luigi García, abogado de Salcedo, sostiene que no se puede comprobar esos vínculos y que las empresas de su cliente no tuvieron ningún contrato con una casa de salud.

La ruta más fácil para llegar a los contratos cuestionados está en el hospital Teodoro Maldonado. En el 2017 con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades.  En esa casa de salud se estrenaron como gerente, Luis  Jairala Zunino, y Luis Henrique, como su mano derecha en el área administrativa.

Los dos tenían una relación cercana con los Bucaram Pulley.  Jairala era amigo de la familia,  mientras Henrique trabajaba como asesor de Dalo y asambleísta alterno de su esposa. También fungió como gerente general de la empresa Enterprice Guayas, fundada por Michel Bucaram.

Henrique estuvo tres años dando los vistos buenos a los contratos del Teodoro Maldonado. La Comisión Anticorrupción de Guayas lo acusó de cancelar bajo la figura de convenios de pago, un camino de emergencia en el sistema de compras públicas: más de cinco millones de dólares en su solo día.

Uno de los beneficiarios de esos convenios de pago fue Luis Llerena, cuñado de Jacobo Bucaram. Él tiene 24 años y era uno de los proveedores del Teodoro Maldonado, con un contrato de 800.000 dólares para la entrega de insumos.

Salcedo también tenía vía libre en el Teodoro Maldonado. Un video que se hizo público registra la celebración del cumpleaños del ex gerente Luis Jairala, hoy también detenido por delincuencia organizada. En la fiesta, Salcedo lo abraza y le canta el cumpleaños feliz.

Ese video evidenciaría, según sospechan los investigadores, que Salcedo hacía el trabajo de campo en los hospitales, mientras los Bucaram pasaban desapercibidos.

Para García, este análisis no tiene sustento. Dice que no pueden procesar penalmente a una persona por sus relaciones y tampoco por peculado, porque su cliente no firmó los acuerdos bajo lupa.

Indica que existió un error en los pago de sus impuestos, no con el propósito de cometer un dolo sino por errores de contabilidad que serán subsanados durante el proceso penal.

La Unidad de Análisis Financiero detectó ingresos a sus cuentas personales por más de un millón de dólares que no fueron justificados. Lo mismo sucede con los hermanos Bucaram Pulley. Jacobo no ha podido justificar ingresos por $178.000. Dalo y su esposa, Gabriela, más de 200.00 que no declararon para tributar. Mientras que en el caso de Michelle la cifra sube a más de un millón de dólares.

Francisco Onofa, abogado de los hermanos Bucaram Pulley, dijo que demostrarán su inocencia.

Los hermanos concuerdan en que son perseguidos del gobierno. Por el momento, Dalo y Michel fugaron a Estados Unidos, mientras que el paradero de Jacobo es desconocido, aunque se estima que aún está en el país o habría viajado a Colombia. En su contra se abrió otro proceso judicial para indagarlo por la muerte del israelita Shy Dahan, quien aseguró que vendió pruebas rápidas de Covid-19 a Jacobo Bucaram.

Como lo reveló este portal, el extranjero temía por su vida; por eso grabó sus conversaciones con Jacobo y su padre, donde le ofrecen ayudarlo. También grabó un video con los test por los que recibió 321.000 dólares en efectivo. Posteriormente, pruebas idénticas fueron encontradas en la bodega del hospital Teodoro Maldonado y en la casa del expresidente Bucaram.

Las conexiones con la empresa Silverti

Otra pista para resolver este dilema es la empresa Silverti. A esta compañía también le empezó a ir bien en los negocios desde 2017. En 2016 sus ingresos registrados en el SRI para cancelar el Impuesto a la Renta fueron por 2´130.871. Un año después  subió a  5´598.947; al siguiente llegó a 6´383.830 y en el 2019 fueron 7´135.908.

Silverti pertenece al grupo español Paz Salinas y a dos socias ecuatorianas, Sandra Ortega y Cristina Benavides, investigadas por la Fiscalía por presuntamente perjudicar al estado en la venta de insumos médicos en el hospital de Los Ceibos.

Los principales compradores de sus productos fueron los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos, del Instituto de Seguridad Social. Además, centros de salud del Guasmo Sur, Valdivia y Tarqui, del Ministerio de Salud.

Antes de 2017, Silverti no tenía esa llegada en los hospitales públicos. En 2016 tuvo contratos por $494.000 con centros de salud públicos, su mejor ingreso, desde 2013.

A partir de esa fecha su crecimiento es astronómico. Sólo por los contratos con el Teodoro Maldonado y de Los Ceibos recibieron $9,7 millones hasta el 2020.

Para encontrar el origen de esos convenios de los hospitales públicos desenredamos un enmarañado tejido empresarial. Lo hicimos puntada por puntada, institución por institución, nombre por nombre.

Norma Guerrero era la jefa de enfermeras del Hospital Los Ceibos de Guayaquil durante el período más cruento por el Covid-19, en Guayaquil. Se acababa marzo y el virus había cobrado 280 vidas en ese centro de salud, su morgue apenas tenía espacio para seis personas.

Guerrero pedía los recursos para mejorar las condiciones de la morgue que empezó a recibir decenas de cuerpos. El 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno declaró la emergencia nacional y la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, dio paso a las compras a dedo.

Entonces la directora del centro, Susana Mera, adjudicó un contrato relámpago, que tomó dos días, entre la selección del oferente y la firma del covenio. La escogida fue Silverti por $872.000 por la entrega de 4.000 fundas para envalar cadáveres. Su costo unitario fue de 148 dólares, cuando en el mercado costaban 12 dólares.

Por esas bolsas, Silverti pagó 48 dólares a la Casa Médica Bunces, una empresa guayaquileña. Roberto Bunces reconoció que vendió esos insumos a Silverti. Las primeras 500 bolsas a 48 dólares y el resto a 16 dólares.

Sandra Ortega, principal de Silverti, reconoció que no pudieron importar los insumos por problemas en el flete aéreo, por eso acudieron al mercado local. Sobre la investigación fiscal aseguró que la etapa precontractual “es responsabilidad de las autoridades del hospital Los Ceibos” y que no ha recibido dinero por ese contrato ni pudo completar todo el material ofertado. Solo entregó 2.150 fundas.

Ortega dijo que su empresa perdió la representación internacional por la investigación penal en marcha. Reconoció que conoció a Salcedo por la realización de eventos médicos, alquilaba equipos de sonido.

Salcedo dijo que mantuvieron una relación comercial, pues ambos fundaron ECUAP-MEDIQ, aunque el nombre de Ortega no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías.

Salcedo traspasó todas sus acciones en esta empresa a Jorge San Lucas, una persona de su confianza, en mayo pasado, cuando se avecinaban las acusaciones por la venta de insumos médicos en el hospital Los Ceibos.

Adicionalmente, según los archivos financieros de Silverti, HDC Producciones, la compañía de Salcedo fue uno de sus proveedores en 2019. Le pagó $196.850.

Pero hay otro nexo que los une. Aparentemente, el empresario fue clave para los contratos en el hospital Los Ceibos. Él conocía a su gerenta Susana Mera desde que trabajó en la “estatal” e incluso estuvo en la fiesta de 15 años de su hija.

Otra pista de la Fiscalía es la empresa BIOIM de Lenín Ortega, primo de Sandra Ortega. Esta empresa con cinco  años en el mercado ganó un contrato de 1´559.845 en Los Ceibos y otro de 578.000 con el Guasmo Sur.

Ambas, BIOIM y ECAP-MEDIQ también recibieron transferencias por parte de Silverti, según la acusación de la Fiscalía por la venta con sobreprecios de las bolsas por los fallecidos por el Covid.

El presidente de BIOIM, Susana Mera y Jorge San Luca también son investigados por presunto peculado, al igual que las autoridades que autorizaron el contrato para los insumos por la pandemia.

Las dos últimas décadas, Abdalá Bucaram transó acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados. Bucaram cuajó esos acuerdos pese a no ser una fuerza política gravitante en las urnas, tras su derrocamiento, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en los momentos precisos.

Redacción Código Vidrio

Las alianzas fantasmas se convirtieron en la fórmula preferida de Abdalá Bucaram para mantenerse en la órbita de los poderes de turno y buscar su retorno al país, a toda costa.

Las dos últimas décadas, Bucaram y su hijo Dalo transaron acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados.

Los pactos bajo la mesa se concretaron, pese a que el PRE no era una fuerza política gravitante en las urnas, después del derrocamiento del entonces presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en momentos precisos.

El primer acuerdo fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Uno de los testigos que dan cuenta del pacto y el pago de favores es Pablo Chambers, quien fue presidente del directorio de Pacifictel durante el régimen de Gutiérrez.

Chambers llegó a la telefónica tras un concurso a cargo de la firma internacional Price Waterhouse, que buscaba terminar con la corrupción que se había tomado esa entidad, y era parte de un proceso de reestructuración dispuesto por el entonces presidente Gutiérrez en febrero de 2004, en las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras.

Chambers le contó a este portal que la relación con Gutiérrez era muy buena, pues el entonces presidente estaba dispuesto a dar un giro radicial en el manejo de la empresa de comunicaciones. Para finales del 2004, en esa línea, se preparaba una depuración total, con la separación de 3.000 de sus 3.500 funcionarios.

Repentinamente, a mediados de diciembre, Chambers recibió una llamada de Gutiérrez quien le dijo que debía parar la intervención y depuración de Pacifictel. Le confesó que debía entregar esa empresa para que la manejaran los “Bucaram”, pues había llegado a un acuerdo con el PRE para sostener a su gobierno. “Le dije que no lo hiciera porque Bucaram no era bien visto en Quito, y él me respondió que ya era un tema definido, por lo cual comenté que mi renuncia estaría en su escritorio para fin de año”.

El pago de favores tenía un antecedente. Una semana antes, el Congreso había destituido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una polémica sesión extraordinaria convocada por Gutiérrez. Con el apoyo directo del PRE (15 diputados) Sociedad Patriótica consiguió una alianza con el PRIAN y el MPD, hoy Unidad Nacional. Sumaron 52 votos a su propuesta de reestructuración, que posibilitó la cesación inconstitucional de 31 magistrados del tribunal.

A los pocos días, fue nombrada la ´Pichi Corte´, presidida por Guillermo Castro, afín al roldosismo y amigo de Bucaram, quien anuló sus juicios, abriendo la puerta para su retorno.

Gutiérrez había empezado a concretar su acuerdo con Bucaram cuatro meses antes, en Panamá. Buscaba su respaldo para cerrarle el paso a un supuesto intento del PSC de derrocarlo, a través de supuestas movidas judiciales por el peso que ese partido tenía en el pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia. Ese partido contaba con un respaldo de, al menos, 16 ministros afines, de los 31 que integraban el pleno.

El 5 de enero, una vez aceptada la dimisión de Chambers, asumió como presidente de Pacifictel Walter Romero, quien era uno de los directores. También se mantuvo en el cargo Celso Jijón, secretario del directorio. Jijón era conocido por su cercanía con el PRE y su amistad con Bucaram y sus hijos, especialmente Jacobo.

Chambers recordó que las decisiones de la Pacifictel bucaramista arrancaron luego de su renuncia. Una de ellas fue abrir el candado para contrataciones superiores al medio millón de dólares que estaban suspendidas, pero que luego avalaron millonarios contratos en la telefónica. Estas y otras decisiones  desencadenaron denuncias contra el gerente Alberto Pérez-Llona y contra otros funcionarios.

El exmandatario negó el acuerdo con Bucaram y el supuesto pago de favores en Pacifictel: “Esa la versión es falsa de falsedad absoluta, solo hubo coincidencias coyunturales”, apuntó.

Gutiérrez, hoy candidato presidencial, enfrenta un juicio de repetición para que pague, junto a los 51 exlegisladores, la reparación de 1,7 millones de dólares que el Estado debió cancelar a los ministros cesados. La indemnizacún fue fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la destitución fue inconstitucional. El proceso es impulsado por la Procuraduría, y también abarca la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional.

Gutiérrez reconoció que conversó con Bucaram en Panamá, a quien había atendido por amabilidad, pues se trataba de un expresidente. La amistad entre ambos se remonta al tiempo cuando Bucaram fue presidente de la república: el coronel Gutiérrez era su edecán.

Bucaram volvió pero solo permaneció pocos días en el país.Tuvo que volver a Panamá, en medio de protestas progresivas que se regaron por el país, especialmente en Quito y desencadenaron la caída del gobierno de Gutiérrez, el 20 de abril del 2005.

El plan relámpago de la Revolución Ciudadana

Gutiérrez sabía que el único que podría aplacar el vendaval de la Constituyente de Montecristi, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, era Abdalá Bucaram. Su partido tenía el voto decisivo en la nueva mayoría del Tribunal Supremo Electoral, que se integró con votos de la alianza entre Sociedad Patriótica, el PRE y el PRIAN.

Para entonces, el TSE se conformaba por representantes de las fuerzas políticas más votadas. El PSC y el PRIAN eran oposición de la Revolución Ciudadana, pero lograron el respaldo de René Mauge, de la ID; Hernán Rivadeneira (Partido Socialista) y Jorge Alpino Acosta (Sociedad Patriótica). En ese escenario, el PRE tenía un voto crucial para inclinar la balanza.

Por eso, Gutiérrez no dudó en llamar a Bucaram a Panamá para buscar su respaldo. Le dijo que no diera paso a la aspiración de Correa para ir a la Constituyente, lo cual, a la larga, le permitiría controlar el Parlamento y los organismos de control. Bucaram le respondió que era muy tarde, pues ya “había comprometido su voto (con Correa) a cambio que lo dejaran volver al país”.

Su hermana, Elsa, delegada del PRE, dio uno de los cuatro votos (de un pleno de 7) que aprobó el pedido para la Constituyente y lo remitió para su corroboración final al Congreso.

Tratando de bloquear la consulta, 57 diputados intentaron sustituir al presidente del Tribunal, Jorge Acosta, quien mantuvo su posición y con el apoyo del pleno contraatacó: destituyó a los legisladores por interferir ilegalmente en un proceso electoral en marcha y asumieron sus alternos.

Acosta dijo que fueron hechos que nunca se coordinaron con el Gobierno.

Así, la Revolución Ciudadana tuvo vía libre para la Constituyente, que según Bucaram debía aprobar una amnistía a su favor, a lo cual supuestamente se había comprometido Correa, que no cumplió el acuerdo.

Según Bucaram, precisamente el único acuerdo político que ha hecho en los últimos 20 años fue con Correa. Su hijo Dalo (Abdalá) declaró a la prensa que pactaron el retorno de su padre en tres reuniones consecutivas.

Según Bucaram Pulley, la primera cita fue el 2007, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Durante un almuerzo, en el que se sirvió salmón, Correa le adelantó que la Constituyente daría amnistías a los exmandatarios Gustavo Noboa, Alberto Dahik y a su padre. Correa pidió la amnistía para Noboa, en enero del 2008, para Dahik, en agosto del 2010. Pero nunca cumplió con Bucaram.

Correa no reconoció ningún acuerdo con Bucaram. Pero Chambers recalca que sí hubo un pago de favores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aseguró que escuchó un diálogo de Fabricio Correa, entonces contratista con esa Cartera de Estado, donde se quejaba de que una comisión de sus obras iba para el “loco”, como se conoce a Bucaram.

Chambers investigó los contratos que consiguió Fabricio Correa en el primer tramo del mandato de su hermano. Entre ellos los que se firmaron durante la gestión de Jorge Marún, una de las principales figuras del roldosismo, prefecto y candidato presidencial por ese partido.

Marún llegó a Obras Públicas en diciembre del 2007. Uno de sus principales proyectos fue el Plan Relámpago, una estrategia para construir carreteras con contratos de emergencia, sin concursos públicos, a dedo. Las contrataciones estuvieron envueltas en corrupción, especialmente por los sobreprecios, según denunció la prensa en su momento.

Fabricio Correa le dijo a este portal que Chambers miente. “Es falso como todo lo que dice”, contestó en un escueto mensaje. La rivalidad de Correa con Chambers se desató luego de que como veedor, nombrado por el Consejo se Participación, en 2009 abriera una investigación que confirmó que el hermano mayor del entonces presidente había recibido contratos y subcontratos con el gobierno por más de 400 millones de dólares.

Rafael Correa siempre defendió la gestión de Marún, incluso lo iba a condecorar luego de que dejara el cargo, en septiembre del 2009. Sin embargo, el exministro no acudió al Palacio de Carondelet.  El escándalo por los contratos de su hermano estalló poco antes, en mayo.

Aunque Correa y Bucaram se mostraron públicamente en desacuerdo, la Revolución Ciudadana se alió con otras figuras del roldosismo. Entre ellas, Jimmy Jairala, que ahora con Centro Democrático apoyó su fallida postulación a la Vicepresidencia. Otro roldosista fue Vinicio Alvarado, brazo derecho de Correa en los diez años de sus mandatos, así como otras figuras regionales como Marcos Troya y Jorge Marún.

La luna de miel Moreno-Bucaram terminó en la pandemia

Pese a todas las evidencias, los Bucaram fueron los primeros en negar un acuerdo con el presidente Lenin Moreno. Dalo (Abdalá) Bucaram juró ante los medios de comunicación que no existía un pacto.

Lo hizo en agosto del 2017, luego de que el entonces vicepresidente Jorge Glas, acorralado por las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht, hiciera pública una carta enviada al Primer Mandatario. Denunciaba la entrega de la Corporación Nacional Eléctrica a los Bucaram.

El acuerdo sí existió. Se consolidó con la llegada de Moreno al poder, pero se cuajó antes, en el gobierno de Correa. Durante la campaña de la primera vuelta electoral, entre enero y febrero de 2017, el candidato presidencial Dalo Bucaram denunció sistemáticamente a Glas y su tío, Ricardo Rivera, por sus relaciones ilícitas con Odebrecht.

Los encargados de aplacar las denuncias y acercarse a Bucaram fueron Eduardo Mangas y el asambleísta electo, José Serrano, uno de los hombres de mayor confianza de Correa.

Para buscar un acuerdo hubo dos encuentros, en febrero con la familia Bucaram en Ecuador, y en mayo, en Panamá,  con Abdalá Bucaram, según publicó la revista Vistazo, luego de entrevistar a Mangas y Serrano.

Otra preocupación del buró de Alianza País era el crecimiento de Guillermo Lasso, que también pasó a la segunda vuelta y había recibido el respaldo público de Dalo. La búsqueda de aliados para ganar las elecciones era vital pues se avisoraba una reñida elección.

Los primeros en contactarse fueron los Bucaram -recordó Mangas- quienes buscaban que Moreno garantizara que no influiría en la Corte Nacional, donde estaba pendiente que se dictara la prescripción de los juicios penales contra Abdalá. A cambio, ellos dejarían de atacar al binomio Glas-Moreno.

Dalo decía tener videos y grabaciones del caso Odebrecht y de su relación con el tío de Glas.

Entonces, los ataques cesaron y Moreno alcanzó la presidencia. El 5 de mayo del 2017, antes del cambio de mando, un nuevo encuentro ocurrió en Panamá entre Mangas, Serrano y Abdalá, que volvió al país el mes siguiente.

Tras la ruptura con Moreno, Correa y Glas denunciaron que este gobierno se había aliado con los Bucaram a quienes les entregó la CNEL y los hospitales del Seguro Social para sus negociados. El acuerdo también habría incluido la entrega de cargos públicos, como el del consulado de Arizona, que es ocupado desde el 2017 por Laura Machuca, madre de uno de los nueve hijos de Abdalá Bucaram.

La buena relación entre Moreno y Abdalá Bucaram duró tres años. Inclusive, Bucaram fue invitado a Carondelet para celebrar los 21 años de la firma de la paz con el Perú, en el salón de banquetes.

Un mes después, Abdalá y sus simpatizantes cercaron el aeropuerto de Guayaquil para boicotear el retorno de Correa para la campaña contra el referéndum impulsado por Moreno. El PRE también apoyó esa consulta y las decisiones económicas del Régimen, así como las manifestaciones en Guayaquil de respaldo al Primer Mandatario durante el paro indígena de octubre. Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

El epicentro de estas denuncias fue el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, dirigido por personas allegadas a los Bucaram, como Jorge Henriques, exasesor de Dalo en la Asamblea y legislador alterno de su esposa Gabriela Pazmiño.

La Fiscalía inició procesos judiciales contra Abdalá, Dalo, Jacobo y Michel, quienes hoy tienen ordénes de prisión por distintos delitos.

Desde Miami, donde está prófugo, Dalo Bucaram acusó a Moreno de traidor y de emprender una persecución en contra de toda su familia.

Así, la cuerda que ataba las relaciones con el gobierno se rompió por el lado judicial.

Los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman no improvisaron. Llegaron al país con una fachada de exitosos empresarios. Negociaron la venta de mascarillas y pruebas rápidas. En Guayaquil vendieron 21 mil kits de tests rápidos a la familia Bucaram, en el pico de la pandemia. Un video inédito grabado el 18 de mayo por Dahan, que hoy revelamos, muestra las cajas de pruebas que entregó ese día. Son  idénticas a las que se encontraron en la casa del exmandatario, durante el allanamiento a su domicilio, a inicios de junio. Y corresponden a las que se hallaron en bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la seguridad social. Desde el 27 de julio los abogados de ambos extranjeros, detenidos por falsificar documentos, dijeron que querían proporcionar pruebas relevantes que involucraban a más personas. Luego llegaron las amenazas y el asesinato de Dahan en la cárcel. Aquí los detalles de la organización que armaron los extranjeros, el clímax y desenlace de la operación.

Redacción Código Vidrio

“Sujeto de riesgo, armado y peligroso. Buscado por robo en el casino Clark County (Nevada)”. Así identifican las autoridades estadounidenses al israelí Shy Dahan, quien empleaba indistintamente 11 identidades para evadir a la justicia en varios países. Como Golan Shay era requerido en Estados Unidos por el robo de 562 mil dólares.

Hace unos siete años, Dahan, que luego apareció bajo el nombre de Shai Golan, fue detenido en México con un grupo de sospechosos. Tenían pistolas, binoculares de visión nocturna y armas destinadas solo para uso militar. Entonces la Interpol lo puso en la mira.

En Panamá era considerado un fugitivo de la justicia. En ese país incursionó, desde 2015, en los negocios inmobiliarios. De hecho, fue acusado por estafar a una pareja en 640 mil dólares, por lo cual fue juzgado y encarcelado, tras ser detenido en Barcelona. Estuvo recluido entre enero de 2017 y junio de 2018, cuando escapó de la cárcel de la Joyita, con la complicidad de policías, a quienes sobornó pagando un millón de dólares, según registros de la Interpol. Varios políticos de ese país pedían su cabeza porque tenía pruebas de la corrupción en altas esferas del poder.

En Panamá vivió el ex presidente Abdalá Bucaram, asilado desde 1997 cuando fue depuesto del poder, hasta su retorno a Ecuador, en junio de 2017. Reportes de la prensa local establecen que Dahan era un exagente de inteligencia israelí, que con su ingenio y audacia se había dedicado a los negocios y al contraespionaje.

A Ecuador llegó a fines de noviembre de 2019 con la identidad de Tomer Sheinman. En febrero de 2020, se ingenió para viajar nuevamente hacia Panamá, como un tripulante de vuelo. Eso lo muestran los registros migratorios que revisamos, en los que empleó esa identidad.

En Quito construyó hábilmente la fachada de un acaudalado empresario. Bordeaba los 40. Alto, calvo, de contextura gruesa y ojos de color castaño. Hablaba inglés, hebreo y español.

Chef aficionado, con la faceta de un generoso anfitrión se acercó a los vecinos del exclusivo edificio Yoo, en la avenida González Suárez, una de las zonas más caras de la capital. Vivió en el piso 14, junto con su novia peruana Isabel Marengo, a quien doblaba en edad. También compartía el departamento con su compatriota, el experto informático Oren Sheinman, apodado Tarzán por su melena y figura atlética. Sheinman es australiano e israelí y tenía cinco identidades. Era tal la cercanía entre ambos, que Shy Dahan adoptó el nombre del hermano de Oren. Por eso, a  Shy lo conocían como Tomer Sheinman en Ecuador.

Lo cierto es que los dos israelíes aprovecharon también la pandemia para hacer buenos negocios. Vendieron mascarillas y pruebas rápidas Covid-19. Falsificaron documentos y fueron detenidos y encarcelados en Santa Elena.

La trama era más o menos conocida hasta hace pocos días, cuando este portal reveló que Dahan, desde la prisión, conversó por teléfono con el expresidente Abdalá Bucaram. El audio, de siete minutos, muestra que Bucaram se dirige en tono coloquial a «Tom». Es el diminutivo de Tomer. Bucaram trataba de calmarlo y le ofreció mover sus influencias “en el tribunal”, con la ayuda de una funcionaria de la Judicatura de Santa Elena para liberarlo de los cargos. Le ofreció la visita de su abogado, Walter Vallejo, a la cárcel donde ambos israelíes guardaban prisión.

Del diálogo se desprende que el israelí temía por su vida, que le preocupaba que el exmandatario quisiera únicamente ayudar a su hijo (Jacobo), investigado por su posible participación en los negociados de insumos médicos en hospitales públicos. Su miedo estaba plenamente justificado. Dahan fue asesinado a inicios de agosto en la cárcel.

Después de la publicación en nuestro portal del diálogo, el exmandatario fue vinculado por la Fiscalía al proceso por delincuencia organizada.

Los negocios con los Bucaram

Nueva evidencia, que ahora presentamos, revela que en el pico de la pandemia (mayo de 2020) los israelíes intermediaron en la venta de 21 mil kits de pruebas rápidas Covid-19. Compraron estos insumos a un vecino de su lujoso edificio, a quien estafaron pues nunca le pagaron los valores pactados. A su vez, los extranjeros vendieron los tests en Guayaquil a la familia Bucaram.

Por primera vez sale a la luz la ruta de las pruebas rápidas, adquiridas a la velocidad del rayo en plena pandemia, con dinero en efectivo; embodegadas en un hospital público. Una parte quedó guardada en el domicilio del exmandatario. Las pruebas rápidas, como también reveló este medio, tuvieron venta libre y sin control, durante la crisis sanitaria. No solo son ineficaces para diagnosticar el coronavirus, también pueden conducir a un diagnóstico equivocado (falso negativo). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó su uso en abril. La política, a partir de entonces, debió tender a usar las pruebas moleculares (PCR) junto con la valoración médica, para diagnosticar un cuadro positivo.

El lunes 18 de mayo, a las 07:26 de la mañana, Dahan filmó con su celular las cajas con las pruebas rápidas que estaba a punto de transportar en su vehículo BMW-X5, de color blanco, hacia Guayaquil. En la filmación, de 22 segundos, se observan las cajas blancas con franjas de color rojo, con las inscripciones TestSeaLab y Check, y se escucha al israelí relatar que las pruebas están “listas para entregar” y que la negociación será “solo con efectivo”.

Dos semanas después, el miércoles 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa de Abdalá Bucaram en la Kennedy Norte, en la investigación por peculado en la compra de insumos médicos. Los agentes encontraron en la residencia cajas con dos mil pruebas rápidas.

La fiscal Diana Salazar explicó, luego del allanamiento, que se detuvo a Bucaram porque las pruebas requisadas coinciden con las halladas en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado. El video que hoy revelamos muestra que son idénticas a las cajas de tests que Dahan llevó desde Quito. A continuación revelamos los detalles de la organización que estructuraron los israelíes.

Una estructura de fachada

Fue una operación de relojería. Los extranjeros tenían todo bien planificado, al parecer, con meses de anterioridad. La organización también estaba integrada por la peruana Orietta Isabel Marengo Pita y tres agentes metropolitanos de tránsito, a quienes reclutaron de filas de la escolta vicepresidencial, a inicios de la pandemia.

La peruana, de 22 años, alquiló el departamento 141 en el lujoso edificio. El intermediario de la transacción fue un corredor de bienes raíces, encargado de manejar las propiedades del futbolista Antonio Valencia. En la misma edificación por esa temporada vivía el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él aclaró que no tuvo relación alguna con los implicados, lo cual fue corroborado por el abogado de Dahan, Hernán Ulloa.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explicó que por una normativa vigente 16 policías metropolitanos cumplen el rol de escoltas de autoridades nacionales, aunque ni siquiera él accede a ese tipo de protección. El jefe de seguridad del edificio es un exoficial de la Policía, quien aportó con información importante para esclarecer el caso.

Marengo, morena y delgada, cumplía funciones de logística. Compró un vehículo Ford Explorer azul, en aproximadamente 40 mil dólares en un patio de carros de lujo, ubicado en el norte de Quito, sobre la avenida 6 de Diciembre, cuyo administrador nos confirmó la venta, pero pidió el anonimato. El auto es similar a uno que pertenece a la embajada de Estados Unidos y es utilizado por agentes de la Oficina Antidrogas (DEA).

De esto se habrían percatado, semanas antes, dos de los uniformados que colaboraban con esta organización. Simulando un operativo de control de documentos, interceptaron un vehículo azul, Ford Explorer, que circulaba por el norte de Quito, en el que viajaban dos agentes de la DEA. Les pidieron las credenciales y caminaron hacia la parte posterior para revisar el vehículo, momento que aprovecharon para fotografiar los papeles y el auto, según observaron los funcionarios estadounidenses por sus retrovisores. De esta manera, luego clonaron los documentos. Esto fue corroborado por fuentes

de la Embajada de EE.UU.

Después de la compra, Marengo extendió un poder a uno de los agentes, quien retiró el Ford Explorer. Por lo regular, los extranjeros se movían en el BMW blanco, que circulaba con escolta, libremente por las calles de Quito, en plena cuarentena, contó el exoficial al frente de la seguridad del edificio.

Los negocios y pruebas rápidas

En el departamento 141 del piso 14 se concretaron los negocios, según la bitácora de accesos del portero del edificio. Se reunían los israelíes, Isabel y los agentes metropolitanos, frecuentes comensales. También empezó a compartir su mesa la pareja de quiteños que vivía en el departamento contiguo. Se conocieron desde el 16 de marzo, cuando empezó la pandemia, ya que coincidían en el balcón mientras realizaban ejercicios físicos.

“Durante la cuarentena pasé mucho tiempo con Tarzán, debido a que venía a mi balcón para hacer ejercicio juntos. Estas personas se ganaron mi confianza, nos traían comida porque Tom siempre cocinaba mucho y daba alimentos a todos los guardias del edificio”, relató Bryan, un joven emprendedor a Código Vidrio.

Mientras tanto, algunos de los propietarios y arrendatarios del complejo empezaron a exteriorizar su preocupación por la entrada y salida de extraños que trabajaban con los israelíes. Sobre todo, les llamaba la atención la llegada constante de camiones grandes que se estacionaban al ingreso del inmueble, con decenas de cajas de insumos médicos comercializados por los extranjeros, en medio de la restricción de circulación por la pandemia.

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Se volvieron muy buenos amigos de Bryan y su esposa, se ganaron su confianza, y en una cena al calor de los vinos concretaron la venta de dos mil mascarillas. El negocio fue exitoso y enseguida pactaron otra transacción por diez mil más. A continuación, la propuesta creció: se trataba de colocar cien mil tapabocas en el mercado, pero debían entregar efectivo y venderlas en un tiempo limitado. Al final de cuentas, Bryan les entregó 44.600 dólares, en efectivo. Cuando no recibió la mercadería, se preocupó; en respuesta y para tranquilizarlo, Dahan le envió imágenes de una hacienda en Cotacachi, a donde había viajado para cobrar 600 mil dólares por la venta de insumos a un “político guayaquileño”, cuyo nombre no precisó.

Bryan insistió en recibir las mascarillas o el dinero, alegando que debía pagar a un amigo de infancia, cuyo padre acababa de importar 20 mil pruebas rápidas Covid-19. Dahan le comentó que tenía un comprador asegurado en Guayaquil para esas pruebas. Y nombró a Jacobo Bucaram.

Dahan, jugador empedernido de poker, compartió partidas con Jacobo en Miami, según le contó el mismo israelí a Bryan, en una de las reuniones previas. Por eso, no le extrañó enterarse que el  hijo del exmandatario era su contraparte en la venta de las pruebas rápidas.

En su afán por recuperar la plata de las mascarillas y asegurar la venta de las pruebas, Bryan recibió las 20 mil pruebas rápidas de su amigo, y agregó mil más de otro conocido. Pactó verbalmente el precio de 18 dólares por cada una; no hubo contrato de por medio. Cada test lo recibió a 10,5 dólares; la ganancia proyectada era 7,50 por unidad. El emprendedor quiteño dijo que desconocía que los tests tenían como destino final un hospital público.

Dahan le informó que transportarían las pruebas hacia Guayaquil, donde se encontraba el comprador. Esto ocurrió el lunes 18 de mayo, justamente cuando filmó el video que hoy presentamos. Para cerciorarse de que el negocio se cerrara y recibir su dinero, Bryan también viajó en su carro con su esposa y su amigo.

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Video grabado el 18 de mayo por Dahan, antes de salir desde Quito a Guayaquil

Los extranjeros insistieron en que por tener protección y escolta uniformada -cuyo pago de $3.000 asumió el propio Bryan- era más seguro que embarcaran los tests en su vehículo. La escolta los acompañó hasta la salida suroriente de Quito.

Al llegar a la gasolinera Primax de Santo Domingo -a tres horas de Quito- perdieron de vista al BMW. La pareja quiteña y su amigo no volvieron a verlos, aunque avanzaron hacia Guayaquil, según lo planificado. Dahan les llamó y les pidió no permanecer en esa ciudad porque era inseguro. Con el pasar de las horas recibieron todo tipo de mensajes, amenazas e intimidaciones. Permanecieron en esa ciudad dos días y luego regresaron a Quito.

El 23 de mayo, Bryan formalizó su demanda ante la Fiscalía, por estafa: denunciaba haber perdido más de 400 mil dólares, que reunió de familiares y amigos en su intento por concretar los negocios.

El abogado de los agentes metropolitanos, Harrison Salcedo, insinuó que una alta autoridad tenía la capacidad de generar las credenciales falsas. “Yo estoy diciendo que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner sabía  y los presentó como amigos… ¿Quién más puede generar este tipo de cosas?”. Salcedo es a la vez abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Los tres uniformados hoy están acusados por delincuencia organizada, junto a Abdalá Bucaram y el israelí Sheinman.

“Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad. Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia, esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar”, respondió Sonnenholzner, al tiempo de anunciar que analiza iniciar acciones legales contra quienes lo relacionaron con los uniformados.

 

“El libro de Salmos nos salvó la vida”

A partir de entonces, los extranjeros ya no volvieron al departamento 141, en la capital. Se radicaron en Chipipe (Santa Elena, cerca a la playa), en el penthouse de un lujoso condominio que también rentó la peruana. Ella se había afincado por primera vez en Ecuador en 2015, pero hacía constantes viajes hacia Francia, España y Perú, según sus registros migratorios.

El lunes primero de junio, los israelíes circulaban en el Ford Explorer azul por la vía La Libertad – Salinas. Debieron detener el vehículo con vidrios polarizados en un puesto de control policial, donde dijeron ser agentes de la DEA y presentaron sus credenciales. Al cruzar la información con funcionarios estadounidenses, los policías confirmaron que los documentos eran falsos y detuvieron a los extranjeros, que llevaban 100 mil dólares en efectivo.

Luego, los policías fueron al apartamento en Chipipe, donde encontraron 212 mil dólares, 385 euros y dos vehículos de alta gama. Entre ellos, el auto BMW.

Se les imputaron cargos por falsificación y uso doloso de documentos, además de enriquecimiento ilícito privado. En su versión, los dos relataron cómo vendieron las pruebas a Jacobo Bucaram, quien les pagó en efectivo. “Entramos en la casa (de los Bucaram), frente a las canchas de tenis, al lado de la piscina. Nosotros cerramos en 15 dólares por paquete y él (Jacobo) fue a buscar el dinero, la cantidad total era 321.600 dólares. Trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero, y contamos 321 mil dólares que era nuestra cantidad, él sonrió y me peguntó dónde está tu maleta. Le dije que no tenía y me trajo un cartón para poner el dinero…”, relató Dahan.

En total, Jacobo contó 21.440 cajas de pruebas, q importadas a Quito y adquiridas inicialmente a un costo de $3,75. Compró cada prueba en $15 y revendió al hospital del Seguro Social a $ 68 cada test. Aunque a las pocas horas de su captura los detenidos aseguraron tener pruebas de sus negocios con los Bucaram, no recibieron una respuesta ágil de la justicia.

El lunes 27 de julio, sus abogados, Hernán Ulloa y Héctor Vanegas, firmaron una comunicación conjunta, dirigida a la Fiscal general, a la que accedimos. En ella denuncian que la fiscal del caso no atendió su pedido de entregar información “que posiblemente desencadene en la vinculación y el procesamiento de otras personas”.

Días después, Dahan tuvo la precaución de grabar las conversaciones telefónicas con el expresidente Abdalá Bucaram y con su hijo Jacobo. Presentamos este diálogo en días anteriores. El expresidente le pregunta si le da su palabra de que su vida no corre peligro. A Jacobo, le increpa disgustado porque no le ha respondido ni cumplido sus ofrecimientos. Entonces Abdalá le asegura que  le visitará su abogado, el lunes siguiente (3 de agosto), insinuando que sus amigos en la Penitenciaría del Litoral “le pasarían a saludar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director encargado de ese centro de detención autorizó el ingreso del abogado Vallejo. Ese primer lunes de agosto, un motín en el mismo centro penitenciario dejó 11 muertos y 26 heridos, por la supuesta pugna entre bandas rivales enfrentadas por el control del penal.

Para Dahan, ese motín encubría en realidad el intento por asesinarlos, a él y a Oren Sheinman.

A un rabino con el que chateaba, le escribió que temía por su vida, y que creía que todo era una operación de distracción. “Oren y yo estábamos sosteniendo un libro de Salmos y eso nos salvó”.

A insistencia de su defensa, el viernes 7 de agosto, el contenido del celular de Dahan fue sometido a una pericia para extraer la información. La madrugada del sábado 8 fue asesinado: uno de los presos, al parecer, lo mató golpeándole con una pesa en el cráneo.

Horas más tarde Oren, quien también fue golpeado pero sobrevivió, rindió su versión. En el hospital Abel Gilbert Pontón donde se recuperaba del ataque confirmó que vendieron las pruebas a Bucaram. Ratificó que recibieron amenazas de muerte, a través de llamadas y mensajes, de Abdalá y Jacobo Bucaram. Desconfiaba del director de la prisión, Héctor Reyna, quien le había contado que su cabeza tenía precio, e intentó extorsionarlo.

“Los últimos dos días hubo llamadas y mensajes de Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, que si hablamos y mostramos evidencias nos van a matar, al igual que a nuestra familia, no importa que vivan en ‘otro mundo’… Bucaram quiere nuestras cabezas”.

Las autoridades judiciales decidieron un nuevo allanamiento a la casa del expresidente, el 12 de agosto, y lo detuvieron por segunda ocasión en dos meses. Las siguientes horas fue acusado formalmente de una supuesta delincuencia organizada, al igual que los tres agentes de tránsito Kléver Armijos, Johnny Solís y Leandro Berrones, que fueron trasladados a la cárcel de Latacunga.

Abdalá Bucaram y sus hijos negaron su participación en este entramado, y denunciaron violaciones a sus derechos durante el operativo, pues un camarógrafo de Teleamazonas ingresó con los policías y filmó su captura. Anunciaron acciones legales contra el Estado y el medio que difundió las imágenes.

El expresidente insiste en que se trata de una persecución política del gobierno que busca impedir que se candidatice a la Presidencia de la República. Su esposa Rosa Pulley va más allá y afirma que a “Abdalá lo quieren muerto”.

Los abogados de los uniformados enfatizan que son inocentes.

Los datos contenidos en el celular de Dahan y las evidencias que tiene Sheinman pudieran ser las piezas que faltan para completar este rompecabezas. Por lo pronto, los audios y videos que difundimos relacionan al exmandatario con este caso.

Código Vidrio accedió a dos audios de conversaciones telefónicas que el israelí Shy Dahan mantuvo con el ex presidente Abdalá Bucaram y “Jacobo” desde la Penitenciaría del Litoral. El extranjero fue asesinado ayer por otros presos cuando esperaba ser trasladado a Latacunga. En el primer diálogo se oye a Bucaram ofrecerle a Dahan controlar al tribunal que lo juzgaría, a través de una funcionaria de la Judicatura, en Santa Elena. Además le garantiza los servicios de un abogado, en el juicio que investiga negociados en la compra de insumos médicos en Guayaquil. En el segundo audio, Dahan menciona a “Jacobo” y reclama a su interlocutor porque no le llamó su abogado. Por su parte, Bucaram denunció que es una persecución del gobierno en su contra y de su familia, pues se busca impedir su particpación en las próximas elecciones. Además reconoció haber conversado con Dahan. 

Redacción Código Vidrio

La trama que envuelve al asesinato del israelí Shy Dahan -hallado sin vida este sábado en la penitenciaría de Guayaquil- toma un giro inesperado. El expresidente Abdalá Bucaram mantuvo una conversación telefónica con el detenido, a quien le ofreció que presionaría al tribunal, a través de sus contactos en la Judicatura de Santa Elena y que pondría a su disposición su abogado para tratar de liberarlo.

Según la grabación, le aseguró que apoyaría su defensa. “Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme”, se escucha decir al extranjero, detenido a inicios de junio, por supuestas irregularidades en compras de insumos de salud, que involucran a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario.

En otra conversación se escucha molesto al extranjero reclamar a “Jacobo” porque no recibió la visita del abogado que le había ofrecido. Su interlocutor, “Jacobo” le responde: “ya está arreglado el proceso abreviado”. Las autoridades investigan si se trata del hijo del ex mandatario.

Jacobo Bucaram tiene una orden de captura en su contra, por presuntos negociados en la venta de insumos médicos a la red de salud pública del país, y por el transporte de piezas del patrimonio histórico.

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AUDIO COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL EX PRESIDENTE Y DAHAN

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Código Vidrio accedió a los audios de la conversación telefónica que mantuvo el expresidente Bucaram y “Jacobo”, en distintos momentos, con Dahan en la Penitenciaría.

Dahan fue asesinado este sábado 7 de agosto en la celda 20 en la Penitenciaría del Litoral. El extranjero junto a otro israelí vinculado en el mismo caso, Oren Sheinman, iban a ser trasladados a la cárcel de Latacunga.

Dahan fue detenido en junio pasado en Santa Elena cuando se descubrió que trataba de vender insumos médicos y se hacía pasar como agente del DEA. Luego de unas semanas en prisión el israelí, a través de su abogado, anunció que estaba dispuesto a cooperar con la justicia y sostuvo que realizó un supuesto negocio de pruebas Covid con Jacobo Bucaram por 321.000 dólares. Los dos detenidos coincidieron en que recibieron el dinero de manos del hijo del ex presidente, cuyo domicilio visitaron en la Kennedy Norte.

Héctor Vanegas, abogado de Sheinman, dijo que “hay una mafia que está dispuesta a todo para que su accionar quede impune”.

Luego de que el caso estalló, Bucaram, quien también está procesado y es monitoreado con un brazalete electrónico, denunció que las acusaciones en este caso son una persecución política del gobierno, que trata de impedir su participación en las elecciones presidenciales del 2021. Ofreció difundir su versión completa esta noche, pero anticipó en su cuenta en Twitter que “están matando gente para acusar a mi familia”. “Matan a un pobre chico israelita y quieren obligar al otro a hablar contra Bucaram, y sino lo matan también, quisieron matar a mi abogado”.

En el primer audio, que dura algo más de siete minutos, el ex jefe de Estado le promete a Dahan que le ayudará con su defensa. “Para el día lunes voy a tratar que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado”.

En la conversación, el extranjero se mostraba desconfiado y nervioso.

-“Voy a tratar de que hoy esa persona se presente. Me extraña lo que ha pasado. Las personas que tenían que saludarte, no te saludaron”, le dice Bucaram a Dahan, quien le reclamaba que nadie le había contactado. Segundos después le pide al ex presidente su palabra de que nadie atentaría contra su vida.

-“Sí, ya hablamos lo de la palabra, yo mantengo mi palabra de que en el tribunal te saco”, responde Bucaram.

“¿Y cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti”, dice dos veces Bucaram, ante la desconfianza de Dahan frente a sus ofrecimientos.

-“Entiende, tú eres inteligente. Tú me das la mano, yo te doy la mano”.

Además, le asegura que podía ayudarlo a salir de prisión, luego de que se realizara la audiencia de juzgamiento que se suspendió el pasado 31 de julio.

-“Yo mantengo mi palabra, que en el tribunal te saco”, le promete a continuación al extranjero. Y afirma que tiene cómo hacerlo desde el Consejo de la Judicatura. En ese instante le pide a otra persona que está a su lado, a quien identifica como su abogado, que le explique cómo será su proceso judicial.

Entonces el abogado le detalla que el juez no dio paso a la nulidad de su proceso penal, pero que la audiencia se aplazó para otra fecha. Bucaram interviene y asegura que cuando el caso llegue al Tribunal Penal en Guayaquil lo liberarán de sus cargos: “En ese tribunal es donde nosostros podemos actuar”.

Para darle más confianza, le hace escuchar el audio de una mujer que le cuenta el resultado de la diligencia judicial:

-“Sí, buenos días. Se resolvió que no hay ninguna nulidad. Y de ahí se suspendió, entonces me acaba de llamar para decirme que pilas con eso de ahí”.

Dahan pregunta quién es la mujer y el abogado responde:

-“Ella es nuestra persona en el Consejo de la Judicatura, de Santa Elena».

Y Bucaram agrega:

-“El Consejo de la Judicatura manda a los jueces, lograron evitar que se dé la nulidad. El que quería la nulidad es Vanegas”.

La conversación termina con unas palabras amigables para el extranjero.

 “Jacobo” entra en escena

En otro audio al que accedimos se recoge otra llamada donde participa Jacobo Bucaram. «Jacobo yo no soy mentiroso. Nadie llegó, nadie habló», dice el extranjero.

El diálogo dura apenas 48 segundos y “Jacobo”, quien al parecer es el hijo mayor del ex Mandatario, le dice “el abreviado está arreglado”.

El abreviado es una figura de beneficio judicial al que se puede acoger un implicado si acepta su responsabilidad para colaborar con la justicia. A cambio recibe un juicio rápido y una sentencia más corta.

El extranjero no escucha claramente lo que dice Bucaram. Y le reclama molesto que no había sido contactado antes por ningún abogado ni otras personas.

La madrugada del sábado 8 de agosto, Dahan fue encontrado muerto en su celda.

El día anterior se realizó el peritaje al contenido de su teléfono celular y el de su compatriota también detenido y que fue herido en el atentado criminal. Su abogado pidió esa diligencia.