El rey Midas millennial y sus nexos con los Bucaram

La pista más sólida para entender la relación de Daniel Salcedo con los Bucaram conduce a los contratos que recibieron en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. En el 2017, con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades, que dieron paso a los supuestos negociados que investiga la Fiscalía. Desde ese año la amistad entre Salcedo y los Bucaram se estrechó. 

 Redacción Código Vidrio

En 2017, antes de su despegue empresarial, Daniel Salcedo conoció a Abdalá Bucaram Pulley, el tercer hijo del ex Mandatario, más conocido como Dalo. En ese año, él aspiraba a la Presidencia y Salcedo lo vio en el programa de entrevistas del peruano Jaime Bayly.

El click fue inmediato, lo escuchó y pensó que debería dirigir el país. Por eso, lo buscó y le ofreció apoyarlo en su campaña con los equipos de audio y todo su aparataje para comunicación. Dalo le dio la bienvenida, no así su esposa, Gabriela Pazmiño, que lo miraba con recelo, según contó Salcedo en su juicio.

Ese desaire no lo alejó de los Bucaram. Con Michel, otro de los herederos del ex jefe de Estado, luego montó un restaurante que cerró a los seis meses, pero en el interín le permitió conocer al patriarca de la familia, que lo miró con ojos de afecto.

Bucaram cree que Salcedo repite su historia: un joven que se “inició desde abajo” y  que es una víctima colateral de la persecución a su hijo Dalo, por el temor de que pueda llegar al Palacio de Gobierno.

Hay indicios de que no solo tenían nexos de amistad sino que también hicieron lucrativos negocios, aprovechando su influencia para obtener contratos en el sector público.

Lo cierto es que desde el 2018 la vida de Salcedo, conocido entre algunos de sus amigos como el Rey Midas Millennial, dio un vuelco. Ese año registró en su declaración al Servicio de Rentas (SRI) $459.433 en el rubro de ingresos; mientras que en el 2019 fueron $472.000. Ese período marcó su ingreso a los negocios de la comunicación y mejoró su relación con empresas vinculadas al sector de salud.

En ese lapso su compañía HDC mantuvo ingresos en el sistema financiero nacional por $8 millones; SalNoedan, fundada con su hermano Noé, de $1.4 millones; Prodmas alcanzó $885.266 y Ecap-Mediq $238.000. Además, creó otras compañías como Mareworld; Paliye, Importadora Sevmac, Higctem e Incomfra.

Salcedo declaró un patrimonio de $993.806, en 2019. Desde este año de sus tributos se conoce poco, él no ha podido cumplir con su obligación legal de tributar porque está preso, enjuiciado penalmente por supuesto peculado, lavado de activos y asociación ilícita.

Esa prisión ha sido destinada por detenidos de “cuello blanco”, banqueros y políticos han pasado por sus instalaciones. Salcedo sostiene que es un perseguido, una víctima de los ataques contra la familia del ex presidente Abdalá Bucaram.

Los investigadores tratan de esclarecer el papel de Salcedo

La sospecha de los investigadores de la Fiscalía es que Salcedo era un intermediario para conseguir los contratos con hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud, donde los Bucaram también realizaron negociados.  Y que podría ser el testaferro de quien tenía contactos en el gobierno para facilitar las contrataciones.

Luigi García, abogado de Salcedo, sostiene que no se puede comprobar esos vínculos y que las empresas de su cliente no tuvieron ningún contrato con una casa de salud.

La ruta más fácil para llegar a los contratos cuestionados está en el hospital Teodoro Maldonado. En el 2017 con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades.  En esa casa de salud se estrenaron como gerente, Luis  Jairala Zunino, y Luis Henrique, como su mano derecha en el área administrativa.

Los dos tenían una relación cercana con los Bucaram Pulley.  Jairala era amigo de la familia,  mientras Henrique trabajaba como asesor de Dalo y asambleísta alterno de su esposa. También fungió como gerente general de la empresa Enterprice Guayas, fundada por Michel Bucaram.

Henrique estuvo tres años dando los vistos buenos a los contratos del Teodoro Maldonado. La Comisión Anticorrupción de Guayas lo acusó de cancelar bajo la figura de convenios de pago, un camino de emergencia en el sistema de compras públicas: más de cinco millones de dólares en su solo día.

Uno de los beneficiarios de esos convenios de pago fue Luis Llerena, cuñado de Jacobo Bucaram. Él tiene 24 años y era uno de los proveedores del Teodoro Maldonado, con un contrato de 800.000 dólares para la entrega de insumos.

Salcedo también tenía vía libre en el Teodoro Maldonado. Un video que se hizo público registra la celebración del cumpleaños del ex gerente Luis Jairala, hoy también detenido por delincuencia organizada. En la fiesta, Salcedo lo abraza y le canta el cumpleaños feliz.

Ese video evidenciaría, según sospechan los investigadores, que Salcedo hacía el trabajo de campo en los hospitales, mientras los Bucaram pasaban desapercibidos.

Para García, este análisis no tiene sustento. Dice que no pueden procesar penalmente a una persona por sus relaciones y tampoco por peculado, porque su cliente no firmó los acuerdos bajo lupa.

Indica que existió un error en los pago de sus impuestos, no con el propósito de cometer un dolo sino por errores de contabilidad que serán subsanados durante el proceso penal.

La Unidad de Análisis Financiero detectó ingresos a sus cuentas personales por más de un millón de dólares que no fueron justificados. Lo mismo sucede con los hermanos Bucaram Pulley. Jacobo no ha podido justificar ingresos por $178.000. Dalo y su esposa, Gabriela, más de 200.00 que no declararon para tributar. Mientras que en el caso de Michelle la cifra sube a más de un millón de dólares.

Francisco Onofa, abogado de los hermanos Bucaram Pulley, dijo que demostrarán su inocencia.

Los hermanos concuerdan en que son perseguidos del gobierno. Por el momento, Dalo y Michel fugaron a Estados Unidos, mientras que el paradero de Jacobo es desconocido, aunque se estima que aún está en el país o habría viajado a Colombia. En su contra se abrió otro proceso judicial para indagarlo por la muerte del israelita Shy Dahan, quien aseguró que vendió pruebas rápidas de Covid-19 a Jacobo Bucaram.

Como lo reveló este portal, el extranjero temía por su vida; por eso grabó sus conversaciones con Jacobo y su padre, donde le ofrecen ayudarlo. También grabó un video con los test por los que recibió 321.000 dólares en efectivo. Posteriormente, pruebas idénticas fueron encontradas en la bodega del hospital Teodoro Maldonado y en la casa del expresidente Bucaram.

Las conexiones con la empresa Silverti

Otra pista para resolver este dilema es la empresa Silverti. A esta compañía también le empezó a ir bien en los negocios desde 2017. En 2016 sus ingresos registrados en el SRI para cancelar el Impuesto a la Renta fueron por 2´130.871. Un año después  subió a  5´598.947; al siguiente llegó a 6´383.830 y en el 2019 fueron 7´135.908.

Silverti pertenece al grupo español Paz Salinas y a dos socias ecuatorianas, Sandra Ortega y Cristina Benavides, investigadas por la Fiscalía por presuntamente perjudicar al estado en la venta de insumos médicos en el hospital de Los Ceibos.

Los principales compradores de sus productos fueron los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos, del Instituto de Seguridad Social. Además, centros de salud del Guasmo Sur, Valdivia y Tarqui, del Ministerio de Salud.

Antes de 2017, Silverti no tenía esa llegada en los hospitales públicos. En 2016 tuvo contratos por $494.000 con centros de salud públicos, su mejor ingreso, desde 2013.

A partir de esa fecha su crecimiento es astronómico. Sólo por los contratos con el Teodoro Maldonado y de Los Ceibos recibieron $9,7 millones hasta el 2020.

Para encontrar el origen de esos convenios de los hospitales públicos desenredamos un enmarañado tejido empresarial. Lo hicimos puntada por puntada, institución por institución, nombre por nombre.

Norma Guerrero era la jefa de enfermeras del Hospital Los Ceibos de Guayaquil durante el período más cruento por el Covid-19, en Guayaquil. Se acababa marzo y el virus había cobrado 280 vidas en ese centro de salud, su morgue apenas tenía espacio para seis personas.

Guerrero pedía los recursos para mejorar las condiciones de la morgue que empezó a recibir decenas de cuerpos. El 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno declaró la emergencia nacional y la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, dio paso a las compras a dedo.

Entonces la directora del centro, Susana Mera, adjudicó un contrato relámpago, que tomó dos días, entre la selección del oferente y la firma del covenio. La escogida fue Silverti por $872.000 por la entrega de 4.000 fundas para envalar cadáveres. Su costo unitario fue de 148 dólares, cuando en el mercado costaban 12 dólares.

Por esas bolsas, Silverti pagó 48 dólares a la Casa Médica Bunces, una empresa guayaquileña. Roberto Bunces reconoció que vendió esos insumos a Silverti. Las primeras 500 bolsas a 48 dólares y el resto a 16 dólares.

Sandra Ortega, principal de Silverti, reconoció que no pudieron importar los insumos por problemas en el flete aéreo, por eso acudieron al mercado local. Sobre la investigación fiscal aseguró que la etapa precontractual “es responsabilidad de las autoridades del hospital Los Ceibos” y que no ha recibido dinero por ese contrato ni pudo completar todo el material ofertado. Solo entregó 2.150 fundas.

Ortega dijo que su empresa perdió la representación internacional por la investigación penal en marcha. Reconoció que conoció a Salcedo por la realización de eventos médicos, alquilaba equipos de sonido.

Salcedo dijo que mantuvieron una relación comercial, pues ambos fundaron ECUAP-MEDIQ, aunque el nombre de Ortega no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías.

Salcedo traspasó todas sus acciones en esta empresa a Jorge San Lucas, una persona de su confianza, en mayo pasado, cuando se avecinaban las acusaciones por la venta de insumos médicos en el hospital Los Ceibos.

Adicionalmente, según los archivos financieros de Silverti, HDC Producciones, la compañía de Salcedo fue uno de sus proveedores en 2019. Le pagó $196.850.

Pero hay otro nexo que los une. Aparentemente, el empresario fue clave para los contratos en el hospital Los Ceibos. Él conocía a su gerenta Susana Mera desde que trabajó en la “estatal” e incluso estuvo en la fiesta de 15 años de su hija.

Otra pista de la Fiscalía es la empresa BIOIM de Lenín Ortega, primo de Sandra Ortega. Esta empresa con cinco  años en el mercado ganó un contrato de 1´559.845 en Los Ceibos y otro de 578.000 con el Guasmo Sur.

Ambas, BIOIM y ECAP-MEDIQ también recibieron transferencias por parte de Silverti, según la acusación de la Fiscalía por la venta con sobreprecios de las bolsas por los fallecidos por el Covid.

El presidente de BIOIM, Susana Mera y Jorge San Luca también son investigados por presunto peculado, al igual que las autoridades que autorizaron el contrato para los insumos por la pandemia.