El gerente de la empresa minera, que tiene seis concesiones en Imbabura, Carlos de Miguel, es investigado por supuesto tráfico ilegal de armas. Como respuesta demandó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una jueza, un fiscal y siete policías. Hace dos semanas en su domicilio se incautaron cuatro armas de fuego y 9.500 municiones. El último capítulo de esta trama es la contratación de la firma internacional Kroll, que investiga una supuesta campaña de desprestigio.
Redacción Código Vidrio
La empresa minera Hanrine escala su ofensiva. Contrató a una empresa internacional para que investigue a dos funcionarios (a los que no identificó) por una supuesta persecución.
En un comunicado, la compañía, que tiene seis concesiones mineras en Imbabura, aseguró que hay una “campaña en su contra para desprestigiarla”.
Hanrine anunció que contrató a Kroll, una compañía internacional especializada en investigaciones de “cuello blanco” y que ha operado en 25 países. Incluso, en el 2017 el gobierno de Lenin Moreno confió en esta empresa para seguir el rastro de funcionarios del régimen de Rafael Correa.
Hace dos semanas, el 26 de julio, el gerente de Hanrine, Carlos de Miguel, fue detenido en su domicilio en Puembo, en un allanamiento policial. En el operativo, ordenado por un juez, uniformados de la Policía Judicial, junto con un fiscal, encontraron dos armas de fuego cortas y dos armas largas, alimentadoras y 9.500 municiones.
Tras el operativo de Miguel fue detenido y al siguiente día participó en una audiencia de flagrancia. El juez dispuso su libertad y ordenó que se inicie una investigación previa por un supuesto tráfico ilegal de armas.
La ministra María Paula Romo, quien la víspera había informado sobre la captura, mostró su inconformidad por la decisión judicial y anunció que la investigación seguirá.
Las siguientes horas, de Miguel demandó a la Ministra, una jueza, un fiscal y siete policías por un supuesto fraude procesal. Considera que fue detenido ilegalmente, ya que tiene permisos otorgados por el Comando Conjunto de FF.AA. para tener las armas, que son de uso deportivo, aunque tres no han sido renovados y caducaron entre 2016 y 2017. Además indica que las armas fueron importadas legalmente de EE.UU., lo cual también fue autorizado por las autoridades correspondientes del .
La Fiscalía abrió formalmente una indagación sobre este caso este lunes 10 de agosto.
“Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores», dijo Romo, tras conocer la denuncia”.
Carlos de Miguel, quien tiene doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, también es propietario de la empresa de seguridad Blue Cell. En 2012 fue contratada para dar seguridad a la embajada en Londres, luego de que el gobierno le concediera el asilo a Julian Assange. Brindó ese servicio hasta fines del 2014, cuando fue contratada UC Global.
De Miguel dijo que agotará todos los recursos legales para defender su honra y la de su empresa, propiedad de la transnacional minera Hancock, cuyo prestigio “se busca menoscabar”, en medio de supuestas disputas por concesiones mineras que están en juego.