La vigencia del nuevo Código de la Salud está en una fase decisiva. En menos de una semana, el presidente Lenin Moreno debe enviar su pronunciamiento sobre el texto aprobado por la Asamblea, que ha levantado varias críticas desde  los sectores involucrados.

Redacción Código Vidrio

El Comité Empresarial Ecuatoriano y Juntos por la Salud, que reúne a farmacéuticos, importadores y productores de insumos médicos, aseguradoras de salud y compañías de alimentos, pidió al Primer Mandatario que vete parcialmente el Código.

Más de 50 normas del Código son cuestionadas, no solo por su forma sino también por su fondo. Caterina Costa, presidenta de la Comité, explicó que su pedido pretende enmendar los errores, que a su criterio cometieron los legisladores en la aprobación de la ley. Por ejemplo, sostuvo que no tomaron en cuenta la nueva realidad que vive el mundo por la Covid-19.

Uno de sus cuestionamientos es por la creación del Consejo Nacional de Salud, que se convertirá el organismo rector de las políticas en el país. Para los empresarios se deben aclarar las competencias de rectoría y prestación de servicios que tendrá este Consejo y el rol de los representantes de las farmacéuticas y de importación de dispositivos.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim),  está preocupada por la disposición para el ingreso de nueva tecnología al país. Según el Código, se abrirá la autorización cada dos años, lo cual para ella es un despropósito, no solo porque la tecnología se actualiza permanentemente sino porque se pone en riesgo a los pacientes.

La razón principal es que el 99 por ciento de insumos médicos vienen del exterior y esperar dos años para actualizarlos afectaría directamente a las personas que requieren ese tratamiento. Además, en el Código persisten problemas como las compras mediante subasta inversa.

Murgueitio recalcó que este sistema no ha permitido acabar con la corrupción ni ahorrar recursos al Estado. Por el contrario -apuntó- es usada para entregar contratos a sectores no autorizados y los productos no son los mejores del mercado.

El sector farmacéutico protesta por la norma que busca que realicen un nuevo etiquetado a las medicinas.  Santiago Salguero, representante de esta agrupación, sostuvo que eso representará un enorme gasto, que no necesariamente es justificado.

Adicionalmente, el gremio protesta por las normas que buscan que se fabrique o importe cada prescripción médica y que la actualización de precios se haga cada dos años, excepto los de venta libre.

Para Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, sus representados también se verán afectados por el Código de la Salud, especialmente las industrias de alimentos.

El principal cuestionamiento es porque la norma deja la puerta abierta a restricciones que no fueron debatidas ni aprobadas. Zambrano puso como ejemplo la disposición para el semáforo de alimentos que desde el 2013 se incluye en cada producto.  Y la posible inclusión de nuevos parámetros solo dependerá del criterio de la autoridad sanitaria y no de un estudio científico que lo respalde.

El texto aprobado por los asambleístas, además de las notificadas por cantidades de grasa, sal y azúcar, incluye la palabras “y otros” que puede ser usado para incluir más regulaciones.

También hay preocupación por la disposición de productos sucedáneos leche materna  no se vendan libremente y por la prohibición de usar varios componente que dificultaría llegada a los mercados.

El director ejecutivo del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu,  enfatizó que el veto presidencial es fundamental para reparar los errores del texto aprobado por la Asamblea y recalcó que es necesario escuchar los planteamientos de los empresarios.

Mikla Construcciones es la firma estandarte del grupo societario que levantó el legislador Eliseo Azuero, quien tiene orden de prisión preventiva por una supuesta repartición de fondos en obras de reconstrucción en Manabí y hoy, 8 de septiembre, acaba de presentar su carta de renuncia a la Asamblea. Azuero posee un patrimonio de 5,7 millones. En 2015 creó Mikla, que recibió contratos con el estado, tras el terremoto de 2016. En sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejarían en su declaración patrimonial.

Investigación de Código Vidrio y revista Vistazo

Está en el ojo de la tormenta. Enfrenta una orden de prisión dictada el viernes 17 de julio por el juez Marco Rodríguez dentro de la investigación fiscal por su posible participación en una trama de pagos irregulares en obras en Manabí, que salpica al Legislativo. Una radiografía a la actividad empresarial del asambleísta Eliseo Azuero Rodas -aquí revelada- muestra que tiene una fortuna amasada en firmas que han tenido contratos millonarios con el Estado, especialmente tras el terremoto, en 2016.

El conglomerado empresarial que levantó está estrechamente ligado a sus relaciones familiares cercanas. Fuentes del sistema financiero informaron que en sus cuentas habría recibido depósitos de 1,5 millones de dólares, entre 2012 y 2020, sin un registro de la identidad de los depositantes. Sus movimientos financieros, entre 2017 y 2019, no se reflejan en la declaración patrimonial, que presentó en Contraloría.

Transporte de Carga Sol de Oriente, Mikla Construcciones y Rocaoriental encabezan su grupo societario.

Contactamos al abogado del legislador, José Luis Ortega, para que explique todas las irregularidades que detectamos, pero no se pronunció.

Azuero, del BADI, tiene orden de prisión junto a 11 personas más, dentro de la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, en la que también está involucrado el legislador de PAIS, Daniel Mendoza. Este martes 8 de septiembre acaba de presentar su renuncia a la Asamblea, alegando que no tiene garantías para preservar su salud si es llevado a prisión. Además, asegura que no tuvo ninguna participación en los supuestos negociados para construcciones hospitalarias en Manabí y en un reparto de cargos públicos.

Declaración presentada en la Contraloría

La bonanza tras el terremoto 

2016 fue el año del terremoto en Manabí. Para entonces Azuero aún no era asambleísta (si bien su carrera política empezó en 1990); pero sí era conocido como un empresario de la construcción y el transporte pesado. En 2015 constituyó Mikla Construcciones, con sede en Sucumbíos, firma que ganó contratos de emergencia con el gobierno de Rafael Correa para ejecutar obras en Manabí y Esmeraldas. Fuentes cercanas aseguraron que sus contactos políticos con el correísmo gravitaron a su favor. Sus acciones las transfirió en 2016 a nombre de su hijo Carlos Alexis.

Ese fue el año de su mayor bonanza. Por el ejercicio económico de 2016 declaró ingresos por 7,3 millones de dólares y una utilidad de $622 mil. En contraste, en 2015 registró ingresos por $97 mil y 13 mil de utilidad. Esto consta en su declaración de Impuesto a la Renta.

Pero al contrastar sus declaraciones del Impuesto a la Renta con sus ingresos bancarios, hay discrepancias en 5 años: 2013, 2014, 2016, 2018 y 2019. En este último, la diferencia es de 211 mil dólares. Entre 2012 y 2020 tiene depósitos bancarios por $1,5 millones, pero sin especificación del depositante, según fuentes de entidades de control.

Entre 2016 y 2017, facturó a la dirección distrital del Ministerio de Obras Públicas nueve millones de dólares.

En 1990 fue diputado por Sucumbíos; luego postuló para prefecto por esa provincia, consiguiendo la victoria en urnas y una reelección, a la cual renunció para optar por una curul legislativa. Volvió al Congreso, con el auspicio de la Democracia Popular.

En 2004 corrió con el PRIAN para la prefectura pero quedó en tercer lugar. Para 2006, con la misma divisa se catapultó nuevamente al Congreso, que en cuestión de meses el entonces presidente Correa defenestró. Entre 2007 y 2017 su vida pública entró en pausa (no consiguió la alcaldía de Nueva Loja a la cual se postuló en 2009).

En 2017 llegó a la Asamblea, con la Izquierda Democrática de la que marcó distancia. Actualmente apoya al Bloque de Acción Democrática Independiente, BADI.

Su patrimonio de 5,7 millones

Al inicio de su gestión, en mayo de 2017, declaró a la Contraloría un patrimonio de 5,7 millones de dólares, resultado de la diferencia entre sus activos (7 millones) y pasivos (1,2 millones). Para 2019, esto es, para la declaración de mitad de período legislativo, reportó una reducción, tanto en activos como en pasivos (deudas). Los activos bajaron a 5,8 millones, y sus deudas bajaron a 18 mil dólares. Su patrimonio, para 2019, continuaba en $5,7 millones, con una leve variación al alza de $54 mil.

Sin embargo, según registros financieros, en ese período tuvo acreditaciones por 5,8 millones de dólares y débitos por 4,9 millones de dólares, lo cual no es coherente con su declaración jurada.

Azuero, al parecer, no cumplió con la normativa tributaria que obliga a quienes tengan bienes que superen 226.200 dólares a presentar una declaración patrimonial ante el Servicio de Rentas Internas. El objetivo de esa declaración es controlar los incrementos patrimoniales injustificados de personas nacionales o extranjeras que viven en el Ecuador.

En 2017 actualizó su Registro Único de Contribuyente (RUC), cuya actividad económica es la de “alquiler de maquinaria y equipo de construcción”. Se encuentra activo. A su nombre se registran seis vehículos: un jeep, dos camionetas, un trailer, un camión y una volqueta, por un monto total estimado en más de 350 mil dólares.

En Pichincha tiene tres predios; además de propiedades en Nueva Loja. Dos de los predios en Pichincha los adquirió en 2004, se encuentran en Guayllabamba y en La Delicia, Comité del Pueblo. En septiembre de 2019, fue uno de los 30 asambleístas que se abstuvo de votar a favor de una reforma penal que viabiliza incautar bienes relacionados con actos de corrupción.

Sus intereses empresariales

La esposa, hijos y hermanos tienen participación societaria en entidades relacionadas con el asambleísta Azuero. Según una investigación preliminar, crea empresas que luego transfiere sus familiares, y luego reciben contratos con el Estado.

Transporte de carga Sol de Oriente:
Azuero compró en 2017 el paquete accionario de esta empresa, cuyo objeto social es la carga pesada a nivel nacional e internacional. Su esposa, Nelly Arias, es accionista. Constituida en 2012, la empresa es proveedora del Estado y se encuentra domiciliada en Sucumbíos.
Su hermano, Aristóteles Melquesedec Azuero Rodas, consta como accionista, adquirió participación en 2014 e incrementó capital en 2015. Su hijo Carlos Alexis Azuero Rodas es accionista.

Mikla Construcciones:
Constituida en 2015. Se volvió contratista del Estado en 2016, este año transfiere sus acciones a favor de su hijo Carlos Alexis, quien figura como presidente. Entre 2018 y 2020, el asambleísta facturó 535 mil dólares a esta empresa. Según información de esta empresa, trabajó en demolición y desalojo en Quinindé, Tonsupa y Atacames (Esmeraldas); y en Manta, Manabí. También tiene contratos en el sector petrolero, en la Amazonía.

Rocaoriental:
Empresa de construcciones y servicios, liquidada en noviembre de 2019. Dedicada a la construcción de edificios, y constituida el 2000. En 2010, su hermana Maribel Azuero Rodas tenía acciones de esta empresa. Su representante legal es, a su vez, representante de la firma Construcciones y Servicios Aguaricocha, que aparece como contratista en obras de emergencia tras el terremoto, junto con Milka.

ENTREVISTA. Este lunes 7 de septiembre se reinicia en Londres, Inglaterra, el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Desde el año pasado sus abogados impulsan una demanda contra David Morales, CEO de UC Global, que se encargaba de la seguridad de la embajada ecuatoriana en la capital británica. Lo acusan de haber espiado al australiano para la CIA. En esa misma línea, en junio pasado el expresidente Rafael Correa también demandó a Morales por hacerle seguimientos de sus encuentros con el abogado de Assange, Baltasar Garzón, y por elaborar supuestos informes en inglés sobre otras reuniones mantenidas en Bélgica. Entrevistamos a Morales, quien asegura que las denuncias son solo un distractor que busca victimizar a Assange, antes del inicio del proceso de extradición. Y que la denuncia de Assange en su contra no supera la etapa de investigación por falta de pruebas.

Redacción Código Vidrio

¿En qué estado está el juicio que impulsan en su contra los abogados de Julián Assange por un supuesto espionaje a sus actividades en la embajada de Ecuador en Londres?
Está en fase de Instrucción o investigación judicial. Después de casi un año de investigación, todavía no hay ninguna prueba de captación y venta de información a la inteligencia norteamericana. En definitiva, esto todavía no es un juicio, sino una investigación que se ha desarrollado de una forma muy irregular, en mi opinión, que no tiene base ni sustento alguno, que atenta contra mis derechos fundamentales.

¿Pero cuáles son, en concreto, las pruebas aportadas por exempleados de UC Global?
Los indicios presentados contra mi y mi compañía se basan en unas declaraciones de unos testigos que tienen conflictos legales graves con la compañía, por violación de la confidencialidad, intento de venta de información privada y confidencial, apropiación indebida de materiales y dinero. Por eso, fueron despedidos y expulsados de la compañía el trabajador que estaba al frente del área informática y de mi exsocio Manuel Domínguez. Ellos, junto con la defensa de Assange, crean una historia, que convenientemente articulada, uniendo piezas sueltas sobre distintos comunicados, emails y otras conversaciones privadas y confidenciales, nada tienen que ver con los hechos a los que hacen alusión.

¿Se ha podido probar la denuncia de que la información recabada por UC Global en la embajada se enviaba a la CIA?
No, porque en mi declaración inicial ante el Juez instructor expliqué y desmentí esas falacias. Nunca he tenido contacto con agencias de inteligencia norteamericanas. Todo eso pretenden acomodarlo solo porque yo mantenía relaciones laborales y de representación con empresas norteamericanas, lo cual siempre ha sido público: en la web de la compañía se indicaban las compañías con las que teníamos contratos laborales. Esto, en lo absoluto, significa que exista una relación con servicios de inteligencia norteamericanos.

¿Pero en la demanda se presentan correos y testimonios, información proporcionada por sus exempleados?
Una cosa es el relato literario jurídico que se realiza en la querella escrita y otra muy diferente cuando toca justificarlo delante del juez, que hasta ahora no ha recibido ninguna evidencia clara sobre el supuesto espionaje para EE.UU. Se me ha acusado de transferir información de múltiples maneras, dando distintas versiones, mediante el empleo de un servidor que enlazaría directamente con Londres, mi oficina y USA. Todo ese cuento se basa en un proyecto que nunca se puso en marcha, tal y como confirman los propios testigos de la defensa en sus declaraciones.

En el proceso se presentaron evidencias de que con la llegada del nuevo gobierno de Lenin Moreno el pedido de aumentar la vigilancia de las actividades de Assange, sus abogados y visitantes, fue del mismo embajador, ya fallecido, Carlos Abad.
Así es, y es lo que no terminan de comprender o prefieren obviar los abogados de Assange, ya que no les interesa la verdad, sino el ruido mediático y la capacidad de interferir en el juicio de extradición que se reiniciará desde mañana lunes 7 de septiembre en Inglaterra. Esos mails, en los que se pide extremar la vigilancia, son fácilmente comprobables, no solo por qué las cuentas de correo son oficiales, sino porque en los mismos se refleja el número de referencia del comunicado que consta en los archivos del ministerio correspondiente. Dichos correos se han presentado al juzgado para su análisis. Especialmente significativos son los comentarios dolosos, cargados de odio personal en mi contra, que realiza el excónsul Fidel Narvaez, quien es incapaz de asimilar que existiera ese contacto a nivel profesional con el propio embajador. Abad, actuando en nombre de Cancillería, nos pidió trabajar en un escenario confidencial y que se excluyera a ciertos a funcionarios, como Narváez, sobre quienes se sospechaba que filtraban información o no respondían a las órdenes del gobierno.

¿Entonces algunos funcionarios como Narváez realmente servían a Assange y no al Gobierno?
Así es. Podemos discutir sobre la condición, métodos o sobre las razones que han llevado a Assange a su situación actual, pudiendo estar de acuerdo o no. Pero no se puede negar que sus acciones, por las cuales va a ser juzgado y muy probablemente extraditado, han puesto en peligro, no solo a personas, sino que han afectado la defensa nacional de un país, ha filtrado y difundido información privada y confidencial.

¿En esta línea, las acciones que realizaban Assange y sus seguidores desde la embajada atentaban contra Ecuador?
Esto ha quedado claro cuando la propia defensa de Assange ha confirmado en la investigación que su defendido trabajaba de forma independiente, ajeno a las órdenes del gobierno de Ecuador, es decir se consideraban una célula autónoma. Ese fue el caso de la concesión de su nacionalidad y pasaporte diplomático y el plan con el que pretendían que Assange abandonara la embajada para refugiarse en un tercer país. Ese plan, tal como han reconocido los abogados en el juzgado, solo lo conocían ellos y fue desarticulado por Ecuador, no por EE.UU.

“Baltasar Garzón admitió que el 21 de diciembre del 2017 la Cancillería ecuatoriana remitió una nota verbal de prohibición de sacar de la embajada a Assange con pasaporte diplomático. Reconoció que el gobierno cambió de opinión y prohibió formalmente darle el pasaporte diplomático”.

¿Qué nuevos elementos aportaron al juicio los testimonios que rindieron Garzón, Stella Morris y Fidel Narváez?
Ninguno. Solo se dedicaron a realizar reivindicaciones políticas sobre la situación de Assange, lectura del guión sobre la defensa de derechos civiles y humanos. Sorprende que Stella Morris dijera que no tenía privacidad total en ninguna habitación con Assange, lo cual es totalmente falso y ridículo. La prueba es que Assange y Morrison mantuvieron relaciones intimas en las habitaciones privadas del asilado. Fruto de ello concibieron dos criaturas, en el interior de la embajada. Assange disponía de espacios privados, donde no solo mantenía sus encuentros íntimos sino que además realizaba reuniones con su equipo. Sobre Narvaéz, lo más destacable de sus declaraciones, además de sus recurrentes ataques a Global, sus empleados, y los gobiernos ecuatoriano y estadounidense, es que reconoce que ellos no tenían obligación de informar  a la Presidencia ni a la nueva Senain. Confirma que él participó en la concesión del pasaporte diplomático a Assange, y que supone -ya que no tiene pruebas- de que UC Global informaba de sus movimientos a EEUU. Por ello, era importante para el Gobierno ecuatoriano saber qué estaba ocurriendo en su sede y solicitaban más información, a través de las peticiones del embajador.

¿Entonces, los abogados de Assange corroboraron que hubo un plan para extraerlo en diciembre de 2017 de la embajada y llevarlo a Rusia, con la coordinación del entonces jefe de la Senain, Rommy Vallejo?
Garzón, Stella y Narváez no nombran directamente a Rusia, siempre declaran que la salida se realizaría a un tercer país, pero todo ello apuntaba a Rusia como destino. La participación del exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, a espaldas del Gobierno, es confirmada por sus afirmaciones, así como por el equipo legal de Assange que participó en dicha negociación. Dicha operación se planifico y se estuvo a punto de ser ejecutada sin conocimiento del Gobierno, que tan pronto tuvo conocimiento de la operación envió un comunicado a los implicados para que cesaran en sus intenciones, desaprobando la continuación del plan.

¿Entonces, cuál fue el papel de Narváez, quien hoy colabora activamente con los abogados de Assange?
Las actuaciones de Narváez y el resto de diplomáticos no fueron de interés específico para nosotros. Yo entiendo que tendría sus funciones como cónsul ecuatoriano, pero lo que es innegable es su extrema vinculación y dedicación a la misión de Assange. Por eso perdimos la confianza en sus actuaciones, que entraban en conflicto directo con el Gobierno actual. Nuestra labor, en líneas generales, era simplemente prestar asesoramiento y consultoría, servicios de control de accesos y apoyo técnico, todo ello recogido en un contrato legal con la Senain y reafirmado por Cancillería y Presidencia. No sé porque se habla de actuaciones ilegales cuando todas se realizaron en territorio ecuatoriano, bajo la legislación ecuatoriana.

“El entonces canciller Ricardo Patiño fue asesorado por españoles que hoy son parte del partido Podemos, que trabajaban en Ecuador y fueron quienes negociaron la entrada de Assange a la embajada. Todo fue conocido por el excónsul Fidel Narváez, quien actuaba más como miembro del equipo de WikiLeaks, recibiendo órdenes del australiano y participando en acciones a espaldas del gobierno ecuatoriano, como los abogados de Assange han reconocido”.

¿Morris aportó algo nuevo? Ella ha reconocido que tuvo sus hijos con Assange mientras pernoctaba en la embajada.
Contó que concibió sus dos hijos con Assange en la embajada y que contrató al actor John Hoo para que los llevara  a la sede, para visitar al asilado, sin el conocimiento del personal diplomático, pese a la insistencia y preocupación del embajador por conocer el porqué ingresaba un menor, sin conocer su identidad. El hecho de que procreara sus hijos en la sede evidencia que el trato era de todo menos opresor para el huésped y su equipo, al menos durante el tiempo en el que UC Global presto sus servicios, hasta el 2018.

Por otro lado, el expresidente Rafael Correa acaba de demandarle a usted porque supuestamente Global lo espiaba para la CIA, y se hacían seguimientos secretos, no consentidos, a sus hijas y esposa. 
Ha sido una gran sorpresa que este Señor (Correa), al cual hemos prestado servicio y conoce bien que mi trabajo con él y su familia siempre se ha basado en mi independencia y protección de la intimidad y confidencialidad, ahora intente sacar provecho para apoyar a su amigo Garzón y distraer de las acusaciones que se realizan contra él por sus problemas legales en Ecuador. Veo que, al igual que Assange, solo busca victimizarse ante la opinión publica para aparecer como un perseguido político de EE.UU. Durante todos los años de servicio no hemos tenido ni una sola queja o problema suyo. Todas nuestras operaciones de seguimiento y vigilancia a su familia fueron consentidas por él.

¿A qué se debe está arremetida de ataques judiciales de los abogados de Assange y Correa?
Esta claro que todo esto corresponde a un ataque coordinado y premeditado de la defensa de Assange, que ha pretendido presentar una teoría basada en una serie de acusaciones creadas “ad hoc” infundadas, tergiversadas, articuladas y difundidas mediante la colaboración de unas personas que se han ofrecido a participar en esta trama. Así, Assange y Correa solo buscan aparecer como víctimas de la “super potencia”. La realidad es que el destino de Assange estaba ya escrito desde cuando entró en la embajada, pese a que no lo quiso ver, se equivocó de estrategia y de escenario. Así mismo han pretendido que estas acusaciones interfieran y distraigan el juicio de extradición.

¿Hay algún plazo para que esta etapa del juicio termine? ¿Qué otras diligencias están previstas para que los jueces deliberen?
Espero que todo esto acabe pronto, soy consciente de que se ha querido mantener la investigación hasta el inicio del proceso de extradición este lunes y así seguir explotando su faceta mediática. Pero prácticamente todas las diligencias están realizadas, los informes de la investigación de la policía sobre los distintos cargos de los que se me acusó han demostrado que no se ha realizado ningún tipo de actividad ilícita o delincuencial. Mientras tanto las actuaciones desarrolladas contra mí solo han perseguido mi “muerte civil”. Nunca pensaron que un “ratón cazara gatos”.

El expresidente Abdalá Bucaram tiene nueve hijos. Cuatro con Rosa Pulley, con quien está casado, y cinco más que procreó con otras parejas, mientras estuvo asilado en Panamá, hasta junio de 2017. Uno de los hijos desconocidos de Bucaram salió del anonimato el pasado 26 de agosto. Se trata de Abdalá Bucaram Machuca, quien esa noche suplicaba que dejaran que su padre fuera trasladado a Estados Unidos, para ser atendido por una supuesta dolencia cardíaca. Su madre es Laura Machuca, cónsul de Ecuador en Arizona. Sus otros cuatro descendientes directos, según pudimos corroborar, son Abdalá Jheralla Bucaram Guillén, Zherezade Nadira Bucaram Guillén, Martha Bucaram Castro y Shamir Bucaram Silva (foto).

Redacción Código Vidrio

Abdalá Bucaram estaba seguro de que su futuro político no tendría  sobresaltos. Con esa confianza,  en junio del 2017, días antes de regresar al país, tramitó en la embajada ecuatoriana en Panamá la nacionalidad de tres de sus cinco hijos procreados fuera del matrimonio: Abdalá Jacobo Bucaram Machuca; Abdalá Jheralla Bucaram Guillén y Zherezade Nadira Bucaram Guillén.

Ellos son los tres hijos menores del expresidente, que junto a Martha Bucaram Castro y Shamir Bucaram Silva nacieron en Panamá. Los procreó con otras parejas, por fuera del matrimonio que le une con Rosa Pulley, desde 1977. De su primera unión nacieron Jacobo, Linda, Abdalá, más conocido como Dalo, y Michel.

El exmandatario presentía que, tarde o temprano, la noticia de sus hijos fuera del matrimonio podría ser usada en su contra por sus adversarios. Sus temores aparentemente tenían sustento: en el 2013, agentes de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), el aparato de espionaje político de Rafael Correa, lo espiaron en Panamá.

El seguimiento fue reseñado en un análisis al que tuvimos acceso, denominado “Informe 001”. En el documento se detalla cómo los agentes se infiltraron en la fiesta de cumpleaños de Bucaram, en marzo del 2013.  Además, como días después, el exmandatario pidió a los funcionarios del consulado que le ayudaran a tramitar la visa de unos de sus hijos panameños que se encontraba ilegalmente en Ecuador.

Esa fiesta fue en el Hotel Paitilla Plaza, ubicado a cerca de la playa y con una vista panorámica de la bahía. El salón fue decorado con manteles rojos y amarillos, los colores característicos del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que lo llevó a Carondelet en 1996.

Entre los invitados estuvieron dirigentes de ese partido y algunos ecuatorianos residentes en Panamá. También los hijos que tiene con Rosa Pulley: Michel,  Dalo; su esposa Gabriela Pazmiño. Sólo del mayor de todos, Jacobo, no acudió.

El expresidente pidió un aplauso para su hijo Dalo, que había ganado un lugar en la Asamblea. Por esos días, uno de los hechos que marcó el rompimiento con Rafael Correa, fue el desplante que le hizo Dalo al no darle la mano en la ceremonia de entrega de credenciales para los nuevos legisladores.

Según el relato del infiltrado,  Dalo aseguró que se mantendría con perfil bajo. También dijo que su partido tenía mucho en común, ideológicamente, con el Presidente (Correa) y que le gustaría sostener nuevamente un acercamiento con él. Aseguró que no estaba de acuerdo con los insultos de su padre y que él alguna vez tuvo un problema con Alexis Mera, pero que no lo había agraviado.

Mientras Bucaram insistió que el entonces presidente Correa lo había traicionado, porque no podía volver al Ecuador desde Panamá.

Una vida entre dos países

Shamir y Martha son muy activos en redes sociales. Sus mensajes recuerdan que tienen dos patrias: Ecuador y Panamá, donde crecieron y estudiaron. El mayor es administrador de empresas, graduado en la Universidad Interamericana de Panamá.

En marzo de 2013 se festejó en Panamá el cumpleaños del expresidente. Estuvieron algunos de sus hijos

Mientras que Martha estudió en el Colegio La Salle, de la capital de la nación centroamericana, se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Católica Santa María La Antigua.  Vive y trabaja en Estados Unidos.

Bucaram escogió Panamá para asilarse luego de ser destituido por el Congreso, en febrero de 1997. Permaneció 23 años seguidos en ese país, que solo fueron interrumpidos unos días, en  2005, cuando la Corte Suprema de Justicia, llamada “Pichi Corte”, anuló los juicios por peculado en su contra.

Retornó a Guayaquil, pero desencadenó una oleada de protestas en varias ciudades, especialmente en Quito, que tras varias semanas provocaron la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Bucaram debió volver a Panamá.

Vivía en el segundo piso del Bayside Tower, también ubicada en la Punta Paitilla, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. Martha es la que tiene más fotos con su padre. Lo fotografió en su departamento, cuando tocaba la guitarra y cuando se casó en 2015.

Ella cuenta con cariño que su madre le cantaba “la niñita de Abda” y como muchas jovencitas, su padre fue su primer amor y ejemplo. Por eso, hasta ahora es activista de su movimiento político. Ella festejó cuando volvió a Ecuador, en junio del 2017, y acusa al gobierno por sus problemas de salud, luego de que fuera implicado junto a sus hermanos Jacobo, Dalo y Michel en una presunta asociación ilícita para perjudicar al Estado, en el supuesto tráfico de bienes patrimoniales y de armas.

Shamir es más cauteloso y en su cuenta de Facebook tiene agregados como hermanos a Martha y a los dos Abdalá: Machuca y Guillén. En sus archivos mantiene en sola una fotografía de su padre, que es un collage con una foto del líder del PRE junto a las banderas de Ecuador y Panamá.

El hijo de Bucaram y la cónsul en Arizona

Sorpresivamente, Abdalá Bucaram Machuca hizo público su parentesco, el pasado 26 de agosto, cuando el exmandatario sufrió una recaída de salud y fue trasladado desde su casa, donde guarda arresto domiciliario, hasta la Clínica Alcívar. “Mi nombre es Abdalá Bucaram Junior, soy uno de los hijos menores de Abdalá. Mi papá está súper mal. Tiene más del 40 por ciento del corazón muerto ahorita. Está súper mal. Allá adentro hay como 40 policías y ni un solo doctor”, reclamaba entre llantos

Bucaram se recuperó de ese malestar y esa misma noche volvió a su casa.

Bucaram Machuca vive en Guayaquil y permanece muy cerca de su padre. “Escribe el hijo de Abdalá…la última intervención de mi padre en Facebook, tiene un millón 200.000 personas entre alcanzadas y reproducciones…ese es el pavor y envidia contra mi padre…VIVA LA PATRIA..!”, escribió en su cuenta en Twitter, el 30 de agosto pasado.

Su madre es la cónsul de Ecuador en Arizona, Laura Machuca, según registros públicos a los que accedimos. Ella llegó a este puesto aunque no es diplomática de carrera. Fue nombrada en agosto de 2017 como consejera  y tres meses después fue declarada cónsul. Según revista Vistazo, entre febrero y mayo de ese año, dos altos delegados de Alianza País (el secretario presidencial Eduardo Mangas y el asambleísta José Serrano) se reunieron en dos ocasiones con la familia Bucaram. La primera, luego de las elecciones en las que quedaron finalistas los binomios Moreno-Glas y Lasso-Páez. En esa cita, la familia habría pedido que el patriarca pudiera volver al país cuando las causas penales en su contra prescribieran. La segunda reunión fue en Panamá, a inicios de mayo. Según los dos delegados, se trató de un pacto de caballeros, y la promesa del clan Bucaram consistía en bajar el tono de las «acusaciones infundadas» contra el entonces vicepresidente.

El nombramiento de Machuca es parte de la cuota política que mantiene el gobierno de Lenin Moreno en el servicio exterior del país y evidencia la buena relación que mantenía en ese entonces con  el líder del Partido Roldosista, por el apoyo que le dio durante la campaña su hijo Dalo.

Laura Machuca hizo parte de su carrera en el área judicial. Fue jueza del Segundo Tribunal Penal de Pichincha del 2011 al 2013, luego ganó un concurso público para ejercer como fiscal, donde tuvo una  mayor visibilidad.

Fue la fiscal que impulsó el caso contra los responsables de la muerte del boxeador Jaime Quiñónez. Además estuvo al frente de la investigación por la desaparición del universitario David Romo. Justamente,  su salida de ese proceso, en el 2015, motivó la protesta de los familiares de las personas desaparecidas.  Sin embargo, fue nombrada fiscal en la parroquia de Tumbaco.  Además, participó en los concursos para ser notaria y fue directora suplente del Colegio de Abogados de Pichincha.

A su llegada a Phoenix, Arizona, aseguró que trabajaría en beneficio de los ecuatorianos residentes en ese país. Según sus registros  migratorios, Estados Unidos es su destino favorito, incluso antes de ser cónsul. A esa nación viajó 12 veces en los últimos ocho años. También estuvo en Perú y en Panamá en el 2012.

Otro de los hijos del expresidente que lleva su nombre es Abdalá Bucaram Guillén. Tiene un gran parecido con Dalo. Él solo ha hecho pública en redes sociales su afición por los videojuegos y la música.

La faceta oculta

El expresidente ha mantenido esa faceta de su vida oculta. No obstante en una de sus últimas declaraciones en la Fiscalía contó un detalle poco conocido de su vida. Sostuvo que en 2014, cuando era perseguido por el entonces presidente Correa, su relación se complicó. Su esposa Rosa Pulley lo acusó de mujeriego y desató un problema conyugal.

Pulley viajaba esporádicamente a Panamá, porque el precio de los boletos aéreos se había incrementado. La viajes que eran semanales, pasaron a ser trimestrales y esporádicos. En ese período pidió que su pensión como ex Jefe de Estado sea transferida íntegramente a las cuentas de su esposa.

Dijo que vivía de la ayuda de sus amigos, especialmente Eduardo Azar y Alfredo Adum, que le apoyaban con dinero. Sobre todo Adum, quien le regaló el vehículo Mitsubishi con el cual se movilizaba por Panamá, valorado en 46.000 dólares. “No me duele decir que durante 20 años vivía de la caridad de mis amigos”, dijo.

Bucaram reclamaba a sus contrincantes políticos haberse perdido la crianza de sus hijos con Rosa Pulley. Jacobo, Linda, Dalo y Michel siempre estuvieron en Ecuador. Con los años, solo Linda emigró a Estados Unidos y formó un hogar.

Ahora, por sus problemas con la justicia, sus hermanos Dalo y Michel también se encuentran en ese país. En su casa solo se quedó su padre con su esposa Rosa.

En esa ocasión ella reclamó por su vida y aseguró que intentan “matarlo”. En cambio, él está convencido que el gobierno los persigue porque mantienen el afecto de la mayoría de votantes y conseguirá un puesto en la Asamblea. Abdalá Bucaram padre confía que al inscribir su candidatura tendrá un respiro hasta las elecciones de febrero del próximo año. Según las leyes electorales, los candidatos no pueden ser detenidos.

“Mi padre es el más grande…lo quiere el pueblo, lo amamos sus hijos, su familia lo ama y millones de votos lo esperan. Todo el mundo lo va a buscar en la papeleta. Abdalá sin elecciones es como Argentina sin Messi en el mundial”, escribió Abdalá Bucaram Machuca.

Decenas de habitantes destruyeron y quemaron esta semana dos campamentos de Hanrine en Imbabura. Los moradores impiden desde hace dos semanas el ingreso de trabajadores de la empresa. La concesión de la compañía en esta área, denominada Imba 2, está suspendida desde julio de 2019, cuando empezó a regir un amparo administrativo. Las alertas sobre los asentamientos ilegales y los pedidos de intervención de las FF.AA. llegaron a las autoridades mineras locales desde diciembre de 2017, pero no tuvieron respuestas oportunas. Se estima que la reparación del daño ambiental, causado entre 2017 y 2019 por mineros ilegales, le costaría al Estado 1,2 millones de dólares. 

Redacción Código Vidrio

La fiebre del oro enciende nuevamente los conflictos en Buenos Aires, Imbabura. Las últimas semanas los moradores de este pequeño poblado en el norte de Imbabura han impedido el acceso de empleados de la empresa Hanrine a las zonas donde mantiene dos concesiones mineras.

El miércoles 25 agosto pasado, más de 100 bonaerenses y 10 personas de la comunidad AWA, provenientes de Palmira, se trasladaron temprano en la mañana por la llamada Ciudad de Plástico, hasta el campamento Imba 2 (en Santa Lucia) de Hanrine. Una vez ahí, cerca de las 09:00, destruyeron las áreas administrativas y de vivienda y se llevaron equipos y otros enseres, según un informe de la Policía Judicial.

En medio de violentas amenazas, 14 personas, entre trabajadores e ingenieros de Hanrine, fueron amedrentados por los lugareños y debieron abandonar el sitio y dirigirse hacia la parroquia Buenos Aires, al otro lado de la montaña.

Luego de quemar el campamento, el grupo se trasladó caminado por un trecho de herradura hasta el sector del Jordán, donde se levanta el campamento Imba 1, también de Hanrine. Al llegar al asentamiento, cerca de las 16:00, destruyeron y quemaron las instalaciones, incluidos varios contenedores con combustible, sin acatar las alertas que les hacían policías que vigilaban el lugar y llegaron desde Buenos Aires.

En julio de 2019, 2.400 policías y militares realizaron un megaoperativo en Buenos Aires, coordinado por el Ministerio de Gobierno, para desalojar a  10.000 mineros ilegales, entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, que trabajaban en la zona desde fines de 2017. En esta región también operaron grupos armados y bandas delictivas. Hubo decenas de ejecuciones, según familiares de algunas de las víctimas.

Los habitantes de Buenos Aires hoy controlan el ingreso a los sitios donde años antes se habían instalado los mineros ilegales para extraer grandes cantidades de material con oro, que luego era transportado en camiones a plantas de procesamiento en El Oro e Imbabura, en algunos casos con la complicidad de uniformados. En la zona también han empezado a llegar nuevamente mineros, organizados en cooperativas, que piden la salida de Hanrine, el retiro y reasignación de la concesión, por supuestos abusos y excesos de sus empleados.

La semana pasada, los habitantes de Buenos Aires se reunieron en asambleas comunitarias. La presidenta de la Junta Parroquial, Alexandra Benavides, dijo que no permitirán que en la zona se realicen actividades mineras legales o ilegales. Las autoridades del Coe de Urcuquí también decretaron la suspensión de las actividades mineras de Hanrine y Solgold, lo cual preocupa a sus representantes.

Obligan a retirar maquinaria

Según reportes policiales, en el sector conocido como el Jordán, el 21 de agosto trabajadores de Hanrine realizaban trabajos en la vía, lo cual generó manifestaciones de moradores del sector, a favor y en contra de la empresa.

En el lugar estaban unas 40 personas con una retroexcavadora, un rodillo y una volqueta, al mando de Luis Sánchez, encargado del Área de Operaciones de Hanrine. Él explicó que la empresa estaba realizando el lastrado de seis kilómetros de vía, y que durante esa semana no han visto personas realizando actividades de minería ilegal, pero que tuvieron inconvenientes con lugareños opuestos al ingreso de la empresa.

Ese mismo día llegaron dos camiones, cada uno con 40 personas aproximadamente y varias motocicletas, que exigían la salida de los empleados de la compañía. Luego llegó otro grupo de 60 manifestantes en camionetas, para sacar la maquinaria, que según el informe de la Policía eran supuestamente liderados por: Ruperto B, Simón N, Patricio R y José F, entre otros.

Para enfrentar la arremetida, se conformó el grupo de comuneros del sector de Santa Lucía, quienes estaban dispuestos a enfrentarse a los manifestantes para evitar que saquen la maquinaria. En los dos grupos hay familiares y amigos enfrentados a favor y en contra de la empresa.

Tras las fricciones, Hanrine retiró la maquinaria hacia Buenos Aires, en medio de intentos de conciliación dirigidos por el coronel de Policía, Marco Narváez.

La Policía estima que la confrontación escalará los próximos días, pues los grupos beligerantes buscan expulsar a Hanrine de la zona y volverán con más gente, ante lo cual pide que se refuerce el personal de vigilancia policial en Buenos Aires

La concesión está suspendida

Hanrine tiene, desde noviembre de 2017, seis concesiones mineras, localizadas entre Imbabura y Carchi, para actividades de exploración y explotación minera, con miras a la extracción de oro. Los procesos para acceder a las concesiones tomaron entre 9 y 20 meses y se inciaron desde el anterior Gobierno, en marzo de 2016.

Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, dijo que al mes de obtener las cinco concesiones, en Buenos Aires (Imba 2), identificaron asentamientos donde ya trabajaban entre 60 y 300 mineros ilegales. Desde diciembre de ese año, aseguró de Miguel, notificaron de sus actividades a las autoridades del gobierno, y presentaron un amparo administrativo al Ministerio de Energía y Minas para que se suspendan los efectos de la concesión, en los plazos de cumplimiento de los planes de exploración y explotación para la empresa.

Hasta julio pasado, por todos los delitos sucedidos en Buenos Aires se abrieron 38 investigaciones previas en Fiscalía, 98 instrucciones fiscales y hubo 500 detenidos. La Arcom presentó 13 acusaciones particulares por delitos conexos, además de minería ilegal, como lavado, extorsión, trata de personas, explotación laboral y narcotráfico.

El 5 de enero de 2018, Hanrine envió el oficio HE-002-2018 dirigido a Óscar Garzón, coordinador de Arcom-Ibarra, solicitándole el amparo. “Estamos atentos a que la Arcom lleve a cabo el respectivo operativo de desalojo con el apoyo de FF.AA. Después del desaolojo de los mineros ilegales y grupos ilícitos  presentes en nuestra concesión, la compañìa aportará con seguridad privada, que incluirá personal de seguridad armada y equipada bajo permisos de ley. Requerimos que se mantenga un contingente de soldados del CC.FF.AA. presentes en la zona por 60 días”.

No obstante, el amparo no fue otorgado. Los meses siguientes la conflictividad en la zona escaló, con la llegada de cientos de mineros ilegales. Hasta mediados del 2019 en la Ciudad de Plástico, mina vieja y

mina nueva se asentaron unas 10.000 personas, dedicadas a la extracción ilegal de material mineralizado.

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, confirmó que el amparo se concedió finalmente el 19 de julio de 2019, desde cuando la concesión Imba 2 está suspendida. Esto implica que todos los compromisos asumidos por la firma están en suspenso, incluido el plazo de cuatro años para la exploración y explotación. Entre tanto, los trabajos de exploración y perforación en otras áreas concesionadas a Hanrine continúan, pese a los incidentes de las últimas semanas.

“Esto quiere decir que trabajaron 19 meses, desde diciembre de 2017 hasta el primer semestre de 2019. Esto debe deducirse de la ventana de 48 meses que la ley les da para los trabajos y sus inversiones”, explicó Benalcázar.

Este año, las autoridades iniciaron el proceso para levantar la suspensión, con lo cual la empresa podrá retomar oficialmente sus operaciones. Esto, sin embargo, implica que se cumplan varios requisitos. Sobre todo, que el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), terminen sus informes con el inventario de los daños ambientales causados por la minería ilegal, para así dar paso a la remediación.

Lugareños indicaron que desde hace varias semanas grupos pequeños de mineros están nuevamente en la zona, extrayendo material mineralizado en bultos, que luego son transportados en camiones hacia Portovelo para su procesamiento.

Xavier Subía, coordinador técnico de control y Regulación Minera de Arcom, dijo que hace varias semanas realizaron una inspección en la ciudad de Plástico, Mina Vieja, Mina Nueva, y no detectaron ninguna actividad ilegal.

Informó que el Ministerio de Ambiente aún no ha realizado una evaluación de los daños, porque no cuenta con 200 mil dólares necesarios para integrar el equipo de auditoría y el trabajo de campo. Por el momento, se estima que la remediación de las afectaciones le costaría al Gobierno $1,2 millones.

Tras la incursión y el desalojo de julio de 2019, las autoridades se incautaron de 13.000 bultos de material con oro, que fueron traslados a las bodegas de la Arcom, para su posterior entrega a la Empresa Nacional Minera (Enami). Ese material contiene entre 8 y 100 gramos de oro por cada tonelada. En total suman 1.200 toneladas de material mineralizado incautadas. Es decir que una vez procesado ese material podría dejar una rentabilidad de 7 millones de dólares para Enami, según Subía.