Las dos últimas décadas, Abdalá Bucaram transó acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados. Bucaram cuajó esos acuerdos pese a no ser una fuerza política gravitante en las urnas, tras su derrocamiento, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en los momentos precisos.

Redacción Código Vidrio

Las alianzas fantasmas se convirtieron en la fórmula preferida de Abdalá Bucaram para mantenerse en la órbita de los poderes de turno y buscar su retorno al país, a toda costa.

Las dos últimas décadas, Bucaram y su hijo Dalo transaron acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados.

Los pactos bajo la mesa se concretaron, pese a que el PRE no era una fuerza política gravitante en las urnas, después del derrocamiento del entonces presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en momentos precisos.

El primer acuerdo fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Uno de los testigos que dan cuenta del pacto y el pago de favores es Pablo Chambers, quien fue presidente del directorio de Pacifictel durante el régimen de Gutiérrez.

Chambers llegó a la telefónica tras un concurso a cargo de la firma internacional Price Waterhouse, que buscaba terminar con la corrupción que se había tomado esa entidad, y era parte de un proceso de reestructuración dispuesto por el entonces presidente Gutiérrez en febrero de 2004, en las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras.

Chambers le contó a este portal que la relación con Gutiérrez era muy buena, pues el entonces presidente estaba dispuesto a dar un giro radicial en el manejo de la empresa de comunicaciones. Para finales del 2004, en esa línea, se preparaba una depuración total, con la separación de 3.000 de sus 3.500 funcionarios.

Repentinamente, a mediados de diciembre, Chambers recibió una llamada de Gutiérrez quien le dijo que debía parar la intervención y depuración de Pacifictel. Le confesó que debía entregar esa empresa para que la manejaran los “Bucaram”, pues había llegado a un acuerdo con el PRE para sostener a su gobierno. “Le dije que no lo hiciera porque Bucaram no era bien visto en Quito, y él me respondió que ya era un tema definido, por lo cual comenté que mi renuncia estaría en su escritorio para fin de año”.

El pago de favores tenía un antecedente. Una semana antes, el Congreso había destituido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una polémica sesión extraordinaria convocada por Gutiérrez. Con el apoyo directo del PRE (15 diputados) Sociedad Patriótica consiguió una alianza con el PRIAN y el MPD, hoy Unidad Nacional. Sumaron 52 votos a su propuesta de reestructuración, que posibilitó la cesación inconstitucional de 31 magistrados del tribunal.

A los pocos días, fue nombrada la ´Pichi Corte´, presidida por Guillermo Castro, afín al roldosismo y amigo de Bucaram, quien anuló sus juicios, abriendo la puerta para su retorno.

Gutiérrez había empezado a concretar su acuerdo con Bucaram cuatro meses antes, en Panamá. Buscaba su respaldo para cerrarle el paso a un supuesto intento del PSC de derrocarlo, a través de supuestas movidas judiciales por el peso que ese partido tenía en el pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia. Ese partido contaba con un respaldo de, al menos, 16 ministros afines, de los 31 que integraban el pleno.

El 5 de enero, una vez aceptada la dimisión de Chambers, asumió como presidente de Pacifictel Walter Romero, quien era uno de los directores. También se mantuvo en el cargo Celso Jijón, secretario del directorio. Jijón era conocido por su cercanía con el PRE y su amistad con Bucaram y sus hijos, especialmente Jacobo.

Chambers recordó que las decisiones de la Pacifictel bucaramista arrancaron luego de su renuncia. Una de ellas fue abrir el candado para contrataciones superiores al medio millón de dólares que estaban suspendidas, pero que luego avalaron millonarios contratos en la telefónica. Estas y otras decisiones  desencadenaron denuncias contra el gerente Alberto Pérez-Llona y contra otros funcionarios.

El exmandatario negó el acuerdo con Bucaram y el supuesto pago de favores en Pacifictel: “Esa la versión es falsa de falsedad absoluta, solo hubo coincidencias coyunturales”, apuntó.

Gutiérrez, hoy candidato presidencial, enfrenta un juicio de repetición para que pague, junto a los 51 exlegisladores, la reparación de 1,7 millones de dólares que el Estado debió cancelar a los ministros cesados. La indemnizacún fue fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la destitución fue inconstitucional. El proceso es impulsado por la Procuraduría, y también abarca la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional.

Gutiérrez reconoció que conversó con Bucaram en Panamá, a quien había atendido por amabilidad, pues se trataba de un expresidente. La amistad entre ambos se remonta al tiempo cuando Bucaram fue presidente de la república: el coronel Gutiérrez era su edecán.

Bucaram volvió pero solo permaneció pocos días en el país.Tuvo que volver a Panamá, en medio de protestas progresivas que se regaron por el país, especialmente en Quito y desencadenaron la caída del gobierno de Gutiérrez, el 20 de abril del 2005.

El plan relámpago de la Revolución Ciudadana

Gutiérrez sabía que el único que podría aplacar el vendaval de la Constituyente de Montecristi, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, era Abdalá Bucaram. Su partido tenía el voto decisivo en la nueva mayoría del Tribunal Supremo Electoral, que se integró con votos de la alianza entre Sociedad Patriótica, el PRE y el PRIAN.

Para entonces, el TSE se conformaba por representantes de las fuerzas políticas más votadas. El PSC y el PRIAN eran oposición de la Revolución Ciudadana, pero lograron el respaldo de René Mauge, de la ID; Hernán Rivadeneira (Partido Socialista) y Jorge Alpino Acosta (Sociedad Patriótica). En ese escenario, el PRE tenía un voto crucial para inclinar la balanza.

Por eso, Gutiérrez no dudó en llamar a Bucaram a Panamá para buscar su respaldo. Le dijo que no diera paso a la aspiración de Correa para ir a la Constituyente, lo cual, a la larga, le permitiría controlar el Parlamento y los organismos de control. Bucaram le respondió que era muy tarde, pues ya “había comprometido su voto (con Correa) a cambio que lo dejaran volver al país”.

Su hermana, Elsa, delegada del PRE, dio uno de los cuatro votos (de un pleno de 7) que aprobó el pedido para la Constituyente y lo remitió para su corroboración final al Congreso.

Tratando de bloquear la consulta, 57 diputados intentaron sustituir al presidente del Tribunal, Jorge Acosta, quien mantuvo su posición y con el apoyo del pleno contraatacó: destituyó a los legisladores por interferir ilegalmente en un proceso electoral en marcha y asumieron sus alternos.

Acosta dijo que fueron hechos que nunca se coordinaron con el Gobierno.

Así, la Revolución Ciudadana tuvo vía libre para la Constituyente, que según Bucaram debía aprobar una amnistía a su favor, a lo cual supuestamente se había comprometido Correa, que no cumplió el acuerdo.

Según Bucaram, precisamente el único acuerdo político que ha hecho en los últimos 20 años fue con Correa. Su hijo Dalo (Abdalá) declaró a la prensa que pactaron el retorno de su padre en tres reuniones consecutivas.

Según Bucaram Pulley, la primera cita fue el 2007, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Durante un almuerzo, en el que se sirvió salmón, Correa le adelantó que la Constituyente daría amnistías a los exmandatarios Gustavo Noboa, Alberto Dahik y a su padre. Correa pidió la amnistía para Noboa, en enero del 2008, para Dahik, en agosto del 2010. Pero nunca cumplió con Bucaram.

Correa no reconoció ningún acuerdo con Bucaram. Pero Chambers recalca que sí hubo un pago de favores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aseguró que escuchó un diálogo de Fabricio Correa, entonces contratista con esa Cartera de Estado, donde se quejaba de que una comisión de sus obras iba para el “loco”, como se conoce a Bucaram.

Chambers investigó los contratos que consiguió Fabricio Correa en el primer tramo del mandato de su hermano. Entre ellos los que se firmaron durante la gestión de Jorge Marún, una de las principales figuras del roldosismo, prefecto y candidato presidencial por ese partido.

Marún llegó a Obras Públicas en diciembre del 2007. Uno de sus principales proyectos fue el Plan Relámpago, una estrategia para construir carreteras con contratos de emergencia, sin concursos públicos, a dedo. Las contrataciones estuvieron envueltas en corrupción, especialmente por los sobreprecios, según denunció la prensa en su momento.

Fabricio Correa le dijo a este portal que Chambers miente. “Es falso como todo lo que dice”, contestó en un escueto mensaje. La rivalidad de Correa con Chambers se desató luego de que como veedor, nombrado por el Consejo se Participación, en 2009 abriera una investigación que confirmó que el hermano mayor del entonces presidente había recibido contratos y subcontratos con el gobierno por más de 400 millones de dólares.

Rafael Correa siempre defendió la gestión de Marún, incluso lo iba a condecorar luego de que dejara el cargo, en septiembre del 2009. Sin embargo, el exministro no acudió al Palacio de Carondelet.  El escándalo por los contratos de su hermano estalló poco antes, en mayo.

Aunque Correa y Bucaram se mostraron públicamente en desacuerdo, la Revolución Ciudadana se alió con otras figuras del roldosismo. Entre ellas, Jimmy Jairala, que ahora con Centro Democrático apoyó su fallida postulación a la Vicepresidencia. Otro roldosista fue Vinicio Alvarado, brazo derecho de Correa en los diez años de sus mandatos, así como otras figuras regionales como Marcos Troya y Jorge Marún.

La luna de miel Moreno-Bucaram terminó en la pandemia

Pese a todas las evidencias, los Bucaram fueron los primeros en negar un acuerdo con el presidente Lenin Moreno. Dalo (Abdalá) Bucaram juró ante los medios de comunicación que no existía un pacto.

Lo hizo en agosto del 2017, luego de que el entonces vicepresidente Jorge Glas, acorralado por las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht, hiciera pública una carta enviada al Primer Mandatario. Denunciaba la entrega de la Corporación Nacional Eléctrica a los Bucaram.

El acuerdo sí existió. Se consolidó con la llegada de Moreno al poder, pero se cuajó antes, en el gobierno de Correa. Durante la campaña de la primera vuelta electoral, entre enero y febrero de 2017, el candidato presidencial Dalo Bucaram denunció sistemáticamente a Glas y su tío, Ricardo Rivera, por sus relaciones ilícitas con Odebrecht.

Los encargados de aplacar las denuncias y acercarse a Bucaram fueron Eduardo Mangas y el asambleísta electo, José Serrano, uno de los hombres de mayor confianza de Correa.

Para buscar un acuerdo hubo dos encuentros, en febrero con la familia Bucaram en Ecuador, y en mayo, en Panamá,  con Abdalá Bucaram, según publicó la revista Vistazo, luego de entrevistar a Mangas y Serrano.

Otra preocupación del buró de Alianza País era el crecimiento de Guillermo Lasso, que también pasó a la segunda vuelta y había recibido el respaldo público de Dalo. La búsqueda de aliados para ganar las elecciones era vital pues se avisoraba una reñida elección.

Los primeros en contactarse fueron los Bucaram -recordó Mangas- quienes buscaban que Moreno garantizara que no influiría en la Corte Nacional, donde estaba pendiente que se dictara la prescripción de los juicios penales contra Abdalá. A cambio, ellos dejarían de atacar al binomio Glas-Moreno.

Dalo decía tener videos y grabaciones del caso Odebrecht y de su relación con el tío de Glas.

Entonces, los ataques cesaron y Moreno alcanzó la presidencia. El 5 de mayo del 2017, antes del cambio de mando, un nuevo encuentro ocurrió en Panamá entre Mangas, Serrano y Abdalá, que volvió al país el mes siguiente.

Tras la ruptura con Moreno, Correa y Glas denunciaron que este gobierno se había aliado con los Bucaram a quienes les entregó la CNEL y los hospitales del Seguro Social para sus negociados. El acuerdo también habría incluido la entrega de cargos públicos, como el del consulado de Arizona, que es ocupado desde el 2017 por Laura Machuca, madre de uno de los nueve hijos de Abdalá Bucaram.

La buena relación entre Moreno y Abdalá Bucaram duró tres años. Inclusive, Bucaram fue invitado a Carondelet para celebrar los 21 años de la firma de la paz con el Perú, en el salón de banquetes.

Un mes después, Abdalá y sus simpatizantes cercaron el aeropuerto de Guayaquil para boicotear el retorno de Correa para la campaña contra el referéndum impulsado por Moreno. El PRE también apoyó esa consulta y las decisiones económicas del Régimen, así como las manifestaciones en Guayaquil de respaldo al Primer Mandatario durante el paro indígena de octubre. Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

El epicentro de estas denuncias fue el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, dirigido por personas allegadas a los Bucaram, como Jorge Henriques, exasesor de Dalo en la Asamblea y legislador alterno de su esposa Gabriela Pazmiño.

La Fiscalía inició procesos judiciales contra Abdalá, Dalo, Jacobo y Michel, quienes hoy tienen ordénes de prisión por distintos delitos.

Desde Miami, donde está prófugo, Dalo Bucaram acusó a Moreno de traidor y de emprender una persecución en contra de toda su familia.

Así, la cuerda que ataba las relaciones con el gobierno se rompió por el lado judicial.

Los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman no improvisaron. Llegaron al país con una fachada de exitosos empresarios. Negociaron la venta de mascarillas y pruebas rápidas. En Guayaquil vendieron 21 mil kits de tests rápidos a la familia Bucaram, en el pico de la pandemia. Un video inédito grabado el 18 de mayo por Dahan, que hoy revelamos, muestra las cajas de pruebas que entregó ese día. Son  idénticas a las que se encontraron en la casa del exmandatario, durante el allanamiento a su domicilio, a inicios de junio. Y corresponden a las que se hallaron en bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la seguridad social. Desde el 27 de julio los abogados de ambos extranjeros, detenidos por falsificar documentos, dijeron que querían proporcionar pruebas relevantes que involucraban a más personas. Luego llegaron las amenazas y el asesinato de Dahan en la cárcel. Aquí los detalles de la organización que armaron los extranjeros, el clímax y desenlace de la operación.

Redacción Código Vidrio

“Sujeto de riesgo, armado y peligroso. Buscado por robo en el casino Clark County (Nevada)”. Así identifican las autoridades estadounidenses al israelí Shy Dahan, quien empleaba indistintamente 11 identidades para evadir a la justicia en varios países. Como Golan Shay era requerido en Estados Unidos por el robo de 562 mil dólares.

Hace unos siete años, Dahan, que luego apareció bajo el nombre de Shai Golan, fue detenido en México con un grupo de sospechosos. Tenían pistolas, binoculares de visión nocturna y armas destinadas solo para uso militar. Entonces la Interpol lo puso en la mira.

En Panamá era considerado un fugitivo de la justicia. En ese país incursionó, desde 2015, en los negocios inmobiliarios. De hecho, fue acusado por estafar a una pareja en 640 mil dólares, por lo cual fue juzgado y encarcelado, tras ser detenido en Barcelona. Estuvo recluido entre enero de 2017 y junio de 2018, cuando escapó de la cárcel de la Joyita, con la complicidad de policías, a quienes sobornó pagando un millón de dólares, según registros de la Interpol. Varios políticos de ese país pedían su cabeza porque tenía pruebas de la corrupción en altas esferas del poder.

En Panamá vivió el ex presidente Abdalá Bucaram, asilado desde 1997 cuando fue depuesto del poder, hasta su retorno a Ecuador, en junio de 2017. Reportes de la prensa local establecen que Dahan era un exagente de inteligencia israelí, que con su ingenio y audacia se había dedicado a los negocios y al contraespionaje.

A Ecuador llegó a fines de noviembre de 2019 con la identidad de Tomer Sheinman. En febrero de 2020, se ingenió para viajar nuevamente hacia Panamá, como un tripulante de vuelo. Eso lo muestran los registros migratorios que revisamos, en los que empleó esa identidad.

En Quito construyó hábilmente la fachada de un acaudalado empresario. Bordeaba los 40. Alto, calvo, de contextura gruesa y ojos de color castaño. Hablaba inglés, hebreo y español.

Chef aficionado, con la faceta de un generoso anfitrión se acercó a los vecinos del exclusivo edificio Yoo, en la avenida González Suárez, una de las zonas más caras de la capital. Vivió en el piso 14, junto con su novia peruana Isabel Marengo, a quien doblaba en edad. También compartía el departamento con su compatriota, el experto informático Oren Sheinman, apodado Tarzán por su melena y figura atlética. Sheinman es australiano e israelí y tenía cinco identidades. Era tal la cercanía entre ambos, que Shy Dahan adoptó el nombre del hermano de Oren. Por eso, a  Shy lo conocían como Tomer Sheinman en Ecuador.

Lo cierto es que los dos israelíes aprovecharon también la pandemia para hacer buenos negocios. Vendieron mascarillas y pruebas rápidas Covid-19. Falsificaron documentos y fueron detenidos y encarcelados en Santa Elena.

La trama era más o menos conocida hasta hace pocos días, cuando este portal reveló que Dahan, desde la prisión, conversó por teléfono con el expresidente Abdalá Bucaram. El audio, de siete minutos, muestra que Bucaram se dirige en tono coloquial a «Tom». Es el diminutivo de Tomer. Bucaram trataba de calmarlo y le ofreció mover sus influencias “en el tribunal”, con la ayuda de una funcionaria de la Judicatura de Santa Elena para liberarlo de los cargos. Le ofreció la visita de su abogado, Walter Vallejo, a la cárcel donde ambos israelíes guardaban prisión.

Del diálogo se desprende que el israelí temía por su vida, que le preocupaba que el exmandatario quisiera únicamente ayudar a su hijo (Jacobo), investigado por su posible participación en los negociados de insumos médicos en hospitales públicos. Su miedo estaba plenamente justificado. Dahan fue asesinado a inicios de agosto en la cárcel.

Después de la publicación en nuestro portal del diálogo, el exmandatario fue vinculado por la Fiscalía al proceso por delincuencia organizada.

Los negocios con los Bucaram

Nueva evidencia, que ahora presentamos, revela que en el pico de la pandemia (mayo de 2020) los israelíes intermediaron en la venta de 21 mil kits de pruebas rápidas Covid-19. Compraron estos insumos a un vecino de su lujoso edificio, a quien estafaron pues nunca le pagaron los valores pactados. A su vez, los extranjeros vendieron los tests en Guayaquil a la familia Bucaram.

Por primera vez sale a la luz la ruta de las pruebas rápidas, adquiridas a la velocidad del rayo en plena pandemia, con dinero en efectivo; embodegadas en un hospital público. Una parte quedó guardada en el domicilio del exmandatario. Las pruebas rápidas, como también reveló este medio, tuvieron venta libre y sin control, durante la crisis sanitaria. No solo son ineficaces para diagnosticar el coronavirus, también pueden conducir a un diagnóstico equivocado (falso negativo). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó su uso en abril. La política, a partir de entonces, debió tender a usar las pruebas moleculares (PCR) junto con la valoración médica, para diagnosticar un cuadro positivo.

El lunes 18 de mayo, a las 07:26 de la mañana, Dahan filmó con su celular las cajas con las pruebas rápidas que estaba a punto de transportar en su vehículo BMW-X5, de color blanco, hacia Guayaquil. En la filmación, de 22 segundos, se observan las cajas blancas con franjas de color rojo, con las inscripciones TestSeaLab y Check, y se escucha al israelí relatar que las pruebas están “listas para entregar” y que la negociación será “solo con efectivo”.

Dos semanas después, el miércoles 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa de Abdalá Bucaram en la Kennedy Norte, en la investigación por peculado en la compra de insumos médicos. Los agentes encontraron en la residencia cajas con dos mil pruebas rápidas.

La fiscal Diana Salazar explicó, luego del allanamiento, que se detuvo a Bucaram porque las pruebas requisadas coinciden con las halladas en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado. El video que hoy revelamos muestra que son idénticas a las cajas de tests que Dahan llevó desde Quito. A continuación revelamos los detalles de la organización que estructuraron los israelíes.

Una estructura de fachada

Fue una operación de relojería. Los extranjeros tenían todo bien planificado, al parecer, con meses de anterioridad. La organización también estaba integrada por la peruana Orietta Isabel Marengo Pita y tres agentes metropolitanos de tránsito, a quienes reclutaron de filas de la escolta vicepresidencial, a inicios de la pandemia.

La peruana, de 22 años, alquiló el departamento 141 en el lujoso edificio. El intermediario de la transacción fue un corredor de bienes raíces, encargado de manejar las propiedades del futbolista Antonio Valencia. En la misma edificación por esa temporada vivía el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él aclaró que no tuvo relación alguna con los implicados, lo cual fue corroborado por el abogado de Dahan, Hernán Ulloa.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explicó que por una normativa vigente 16 policías metropolitanos cumplen el rol de escoltas de autoridades nacionales, aunque ni siquiera él accede a ese tipo de protección. El jefe de seguridad del edificio es un exoficial de la Policía, quien aportó con información importante para esclarecer el caso.

Marengo, morena y delgada, cumplía funciones de logística. Compró un vehículo Ford Explorer azul, en aproximadamente 40 mil dólares en un patio de carros de lujo, ubicado en el norte de Quito, sobre la avenida 6 de Diciembre, cuyo administrador nos confirmó la venta, pero pidió el anonimato. El auto es similar a uno que pertenece a la embajada de Estados Unidos y es utilizado por agentes de la Oficina Antidrogas (DEA).

De esto se habrían percatado, semanas antes, dos de los uniformados que colaboraban con esta organización. Simulando un operativo de control de documentos, interceptaron un vehículo azul, Ford Explorer, que circulaba por el norte de Quito, en el que viajaban dos agentes de la DEA. Les pidieron las credenciales y caminaron hacia la parte posterior para revisar el vehículo, momento que aprovecharon para fotografiar los papeles y el auto, según observaron los funcionarios estadounidenses por sus retrovisores. De esta manera, luego clonaron los documentos. Esto fue corroborado por fuentes

de la Embajada de EE.UU.

Después de la compra, Marengo extendió un poder a uno de los agentes, quien retiró el Ford Explorer. Por lo regular, los extranjeros se movían en el BMW blanco, que circulaba con escolta, libremente por las calles de Quito, en plena cuarentena, contó el exoficial al frente de la seguridad del edificio.

Los negocios y pruebas rápidas

En el departamento 141 del piso 14 se concretaron los negocios, según la bitácora de accesos del portero del edificio. Se reunían los israelíes, Isabel y los agentes metropolitanos, frecuentes comensales. También empezó a compartir su mesa la pareja de quiteños que vivía en el departamento contiguo. Se conocieron desde el 16 de marzo, cuando empezó la pandemia, ya que coincidían en el balcón mientras realizaban ejercicios físicos.

“Durante la cuarentena pasé mucho tiempo con Tarzán, debido a que venía a mi balcón para hacer ejercicio juntos. Estas personas se ganaron mi confianza, nos traían comida porque Tom siempre cocinaba mucho y daba alimentos a todos los guardias del edificio”, relató Bryan, un joven emprendedor a Código Vidrio.

Mientras tanto, algunos de los propietarios y arrendatarios del complejo empezaron a exteriorizar su preocupación por la entrada y salida de extraños que trabajaban con los israelíes. Sobre todo, les llamaba la atención la llegada constante de camiones grandes que se estacionaban al ingreso del inmueble, con decenas de cajas de insumos médicos comercializados por los extranjeros, en medio de la restricción de circulación por la pandemia.

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Se volvieron muy buenos amigos de Bryan y su esposa, se ganaron su confianza, y en una cena al calor de los vinos concretaron la venta de dos mil mascarillas. El negocio fue exitoso y enseguida pactaron otra transacción por diez mil más. A continuación, la propuesta creció: se trataba de colocar cien mil tapabocas en el mercado, pero debían entregar efectivo y venderlas en un tiempo limitado. Al final de cuentas, Bryan les entregó 44.600 dólares, en efectivo. Cuando no recibió la mercadería, se preocupó; en respuesta y para tranquilizarlo, Dahan le envió imágenes de una hacienda en Cotacachi, a donde había viajado para cobrar 600 mil dólares por la venta de insumos a un “político guayaquileño”, cuyo nombre no precisó.

Bryan insistió en recibir las mascarillas o el dinero, alegando que debía pagar a un amigo de infancia, cuyo padre acababa de importar 20 mil pruebas rápidas Covid-19. Dahan le comentó que tenía un comprador asegurado en Guayaquil para esas pruebas. Y nombró a Jacobo Bucaram.

Dahan, jugador empedernido de poker, compartió partidas con Jacobo en Miami, según le contó el mismo israelí a Bryan, en una de las reuniones previas. Por eso, no le extrañó enterarse que el  hijo del exmandatario era su contraparte en la venta de las pruebas rápidas.

En su afán por recuperar la plata de las mascarillas y asegurar la venta de las pruebas, Bryan recibió las 20 mil pruebas rápidas de su amigo, y agregó mil más de otro conocido. Pactó verbalmente el precio de 18 dólares por cada una; no hubo contrato de por medio. Cada test lo recibió a 10,5 dólares; la ganancia proyectada era 7,50 por unidad. El emprendedor quiteño dijo que desconocía que los tests tenían como destino final un hospital público.

Dahan le informó que transportarían las pruebas hacia Guayaquil, donde se encontraba el comprador. Esto ocurrió el lunes 18 de mayo, justamente cuando filmó el video que hoy presentamos. Para cerciorarse de que el negocio se cerrara y recibir su dinero, Bryan también viajó en su carro con su esposa y su amigo.

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Video grabado el 18 de mayo por Dahan, antes de salir desde Quito a Guayaquil

Los extranjeros insistieron en que por tener protección y escolta uniformada -cuyo pago de $3.000 asumió el propio Bryan- era más seguro que embarcaran los tests en su vehículo. La escolta los acompañó hasta la salida suroriente de Quito.

Al llegar a la gasolinera Primax de Santo Domingo -a tres horas de Quito- perdieron de vista al BMW. La pareja quiteña y su amigo no volvieron a verlos, aunque avanzaron hacia Guayaquil, según lo planificado. Dahan les llamó y les pidió no permanecer en esa ciudad porque era inseguro. Con el pasar de las horas recibieron todo tipo de mensajes, amenazas e intimidaciones. Permanecieron en esa ciudad dos días y luego regresaron a Quito.

El 23 de mayo, Bryan formalizó su demanda ante la Fiscalía, por estafa: denunciaba haber perdido más de 400 mil dólares, que reunió de familiares y amigos en su intento por concretar los negocios.

El abogado de los agentes metropolitanos, Harrison Salcedo, insinuó que una alta autoridad tenía la capacidad de generar las credenciales falsas. “Yo estoy diciendo que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner sabía  y los presentó como amigos… ¿Quién más puede generar este tipo de cosas?”. Salcedo es a la vez abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Los tres uniformados hoy están acusados por delincuencia organizada, junto a Abdalá Bucaram y el israelí Sheinman.

“Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad. Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia, esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar”, respondió Sonnenholzner, al tiempo de anunciar que analiza iniciar acciones legales contra quienes lo relacionaron con los uniformados.

 

“El libro de Salmos nos salvó la vida”

A partir de entonces, los extranjeros ya no volvieron al departamento 141, en la capital. Se radicaron en Chipipe (Santa Elena, cerca a la playa), en el penthouse de un lujoso condominio que también rentó la peruana. Ella se había afincado por primera vez en Ecuador en 2015, pero hacía constantes viajes hacia Francia, España y Perú, según sus registros migratorios.

El lunes primero de junio, los israelíes circulaban en el Ford Explorer azul por la vía La Libertad – Salinas. Debieron detener el vehículo con vidrios polarizados en un puesto de control policial, donde dijeron ser agentes de la DEA y presentaron sus credenciales. Al cruzar la información con funcionarios estadounidenses, los policías confirmaron que los documentos eran falsos y detuvieron a los extranjeros, que llevaban 100 mil dólares en efectivo.

Luego, los policías fueron al apartamento en Chipipe, donde encontraron 212 mil dólares, 385 euros y dos vehículos de alta gama. Entre ellos, el auto BMW.

Se les imputaron cargos por falsificación y uso doloso de documentos, además de enriquecimiento ilícito privado. En su versión, los dos relataron cómo vendieron las pruebas a Jacobo Bucaram, quien les pagó en efectivo. “Entramos en la casa (de los Bucaram), frente a las canchas de tenis, al lado de la piscina. Nosotros cerramos en 15 dólares por paquete y él (Jacobo) fue a buscar el dinero, la cantidad total era 321.600 dólares. Trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero, y contamos 321 mil dólares que era nuestra cantidad, él sonrió y me peguntó dónde está tu maleta. Le dije que no tenía y me trajo un cartón para poner el dinero…”, relató Dahan.

En total, Jacobo contó 21.440 cajas de pruebas, q importadas a Quito y adquiridas inicialmente a un costo de $3,75. Compró cada prueba en $15 y revendió al hospital del Seguro Social a $ 68 cada test. Aunque a las pocas horas de su captura los detenidos aseguraron tener pruebas de sus negocios con los Bucaram, no recibieron una respuesta ágil de la justicia.

El lunes 27 de julio, sus abogados, Hernán Ulloa y Héctor Vanegas, firmaron una comunicación conjunta, dirigida a la Fiscal general, a la que accedimos. En ella denuncian que la fiscal del caso no atendió su pedido de entregar información “que posiblemente desencadene en la vinculación y el procesamiento de otras personas”.

Días después, Dahan tuvo la precaución de grabar las conversaciones telefónicas con el expresidente Abdalá Bucaram y con su hijo Jacobo. Presentamos este diálogo en días anteriores. El expresidente le pregunta si le da su palabra de que su vida no corre peligro. A Jacobo, le increpa disgustado porque no le ha respondido ni cumplido sus ofrecimientos. Entonces Abdalá le asegura que  le visitará su abogado, el lunes siguiente (3 de agosto), insinuando que sus amigos en la Penitenciaría del Litoral “le pasarían a saludar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director encargado de ese centro de detención autorizó el ingreso del abogado Vallejo. Ese primer lunes de agosto, un motín en el mismo centro penitenciario dejó 11 muertos y 26 heridos, por la supuesta pugna entre bandas rivales enfrentadas por el control del penal.

Para Dahan, ese motín encubría en realidad el intento por asesinarlos, a él y a Oren Sheinman.

A un rabino con el que chateaba, le escribió que temía por su vida, y que creía que todo era una operación de distracción. “Oren y yo estábamos sosteniendo un libro de Salmos y eso nos salvó”.

A insistencia de su defensa, el viernes 7 de agosto, el contenido del celular de Dahan fue sometido a una pericia para extraer la información. La madrugada del sábado 8 fue asesinado: uno de los presos, al parecer, lo mató golpeándole con una pesa en el cráneo.

Horas más tarde Oren, quien también fue golpeado pero sobrevivió, rindió su versión. En el hospital Abel Gilbert Pontón donde se recuperaba del ataque confirmó que vendieron las pruebas a Bucaram. Ratificó que recibieron amenazas de muerte, a través de llamadas y mensajes, de Abdalá y Jacobo Bucaram. Desconfiaba del director de la prisión, Héctor Reyna, quien le había contado que su cabeza tenía precio, e intentó extorsionarlo.

“Los últimos dos días hubo llamadas y mensajes de Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, que si hablamos y mostramos evidencias nos van a matar, al igual que a nuestra familia, no importa que vivan en ‘otro mundo’… Bucaram quiere nuestras cabezas”.

Las autoridades judiciales decidieron un nuevo allanamiento a la casa del expresidente, el 12 de agosto, y lo detuvieron por segunda ocasión en dos meses. Las siguientes horas fue acusado formalmente de una supuesta delincuencia organizada, al igual que los tres agentes de tránsito Kléver Armijos, Johnny Solís y Leandro Berrones, que fueron trasladados a la cárcel de Latacunga.

Abdalá Bucaram y sus hijos negaron su participación en este entramado, y denunciaron violaciones a sus derechos durante el operativo, pues un camarógrafo de Teleamazonas ingresó con los policías y filmó su captura. Anunciaron acciones legales contra el Estado y el medio que difundió las imágenes.

El expresidente insiste en que se trata de una persecución política del gobierno que busca impedir que se candidatice a la Presidencia de la República. Su esposa Rosa Pulley va más allá y afirma que a “Abdalá lo quieren muerto”.

Los abogados de los uniformados enfatizan que son inocentes.

Los datos contenidos en el celular de Dahan y las evidencias que tiene Sheinman pudieran ser las piezas que faltan para completar este rompecabezas. Por lo pronto, los audios y videos que difundimos relacionan al exmandatario con este caso.

Código Vidrio accedió a dos audios de conversaciones telefónicas que el israelí Shy Dahan mantuvo con el ex presidente Abdalá Bucaram y “Jacobo” desde la Penitenciaría del Litoral. El extranjero fue asesinado ayer por otros presos cuando esperaba ser trasladado a Latacunga. En el primer diálogo se oye a Bucaram ofrecerle a Dahan controlar al tribunal que lo juzgaría, a través de una funcionaria de la Judicatura, en Santa Elena. Además le garantiza los servicios de un abogado, en el juicio que investiga negociados en la compra de insumos médicos en Guayaquil. En el segundo audio, Dahan menciona a “Jacobo” y reclama a su interlocutor porque no le llamó su abogado. Por su parte, Bucaram denunció que es una persecución del gobierno en su contra y de su familia, pues se busca impedir su particpación en las próximas elecciones. Además reconoció haber conversado con Dahan. 

Redacción Código Vidrio

La trama que envuelve al asesinato del israelí Shy Dahan -hallado sin vida este sábado en la penitenciaría de Guayaquil- toma un giro inesperado. El expresidente Abdalá Bucaram mantuvo una conversación telefónica con el detenido, a quien le ofreció que presionaría al tribunal, a través de sus contactos en la Judicatura de Santa Elena y que pondría a su disposición su abogado para tratar de liberarlo.

Según la grabación, le aseguró que apoyaría su defensa. “Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme”, se escucha decir al extranjero, detenido a inicios de junio, por supuestas irregularidades en compras de insumos de salud, que involucran a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario.

En otra conversación se escucha molesto al extranjero reclamar a “Jacobo” porque no recibió la visita del abogado que le había ofrecido. Su interlocutor, “Jacobo” le responde: “ya está arreglado el proceso abreviado”. Las autoridades investigan si se trata del hijo del ex mandatario.

Jacobo Bucaram tiene una orden de captura en su contra, por presuntos negociados en la venta de insumos médicos a la red de salud pública del país, y por el transporte de piezas del patrimonio histórico.

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AUDIO COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL EX PRESIDENTE Y DAHAN

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Código Vidrio accedió a los audios de la conversación telefónica que mantuvo el expresidente Bucaram y “Jacobo”, en distintos momentos, con Dahan en la Penitenciaría.

Dahan fue asesinado este sábado 7 de agosto en la celda 20 en la Penitenciaría del Litoral. El extranjero junto a otro israelí vinculado en el mismo caso, Oren Sheinman, iban a ser trasladados a la cárcel de Latacunga.

Dahan fue detenido en junio pasado en Santa Elena cuando se descubrió que trataba de vender insumos médicos y se hacía pasar como agente del DEA. Luego de unas semanas en prisión el israelí, a través de su abogado, anunció que estaba dispuesto a cooperar con la justicia y sostuvo que realizó un supuesto negocio de pruebas Covid con Jacobo Bucaram por 321.000 dólares. Los dos detenidos coincidieron en que recibieron el dinero de manos del hijo del ex presidente, cuyo domicilio visitaron en la Kennedy Norte.

Héctor Vanegas, abogado de Sheinman, dijo que “hay una mafia que está dispuesta a todo para que su accionar quede impune”.

Luego de que el caso estalló, Bucaram, quien también está procesado y es monitoreado con un brazalete electrónico, denunció que las acusaciones en este caso son una persecución política del gobierno, que trata de impedir su participación en las elecciones presidenciales del 2021. Ofreció difundir su versión completa esta noche, pero anticipó en su cuenta en Twitter que “están matando gente para acusar a mi familia”. “Matan a un pobre chico israelita y quieren obligar al otro a hablar contra Bucaram, y sino lo matan también, quisieron matar a mi abogado”.

En el primer audio, que dura algo más de siete minutos, el ex jefe de Estado le promete a Dahan que le ayudará con su defensa. “Para el día lunes voy a tratar que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado”.

En la conversación, el extranjero se mostraba desconfiado y nervioso.

-“Voy a tratar de que hoy esa persona se presente. Me extraña lo que ha pasado. Las personas que tenían que saludarte, no te saludaron”, le dice Bucaram a Dahan, quien le reclamaba que nadie le había contactado. Segundos después le pide al ex presidente su palabra de que nadie atentaría contra su vida.

-“Sí, ya hablamos lo de la palabra, yo mantengo mi palabra de que en el tribunal te saco”, responde Bucaram.

“¿Y cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti”, dice dos veces Bucaram, ante la desconfianza de Dahan frente a sus ofrecimientos.

-“Entiende, tú eres inteligente. Tú me das la mano, yo te doy la mano”.

Además, le asegura que podía ayudarlo a salir de prisión, luego de que se realizara la audiencia de juzgamiento que se suspendió el pasado 31 de julio.

-“Yo mantengo mi palabra, que en el tribunal te saco”, le promete a continuación al extranjero. Y afirma que tiene cómo hacerlo desde el Consejo de la Judicatura. En ese instante le pide a otra persona que está a su lado, a quien identifica como su abogado, que le explique cómo será su proceso judicial.

Entonces el abogado le detalla que el juez no dio paso a la nulidad de su proceso penal, pero que la audiencia se aplazó para otra fecha. Bucaram interviene y asegura que cuando el caso llegue al Tribunal Penal en Guayaquil lo liberarán de sus cargos: “En ese tribunal es donde nosostros podemos actuar”.

Para darle más confianza, le hace escuchar el audio de una mujer que le cuenta el resultado de la diligencia judicial:

-“Sí, buenos días. Se resolvió que no hay ninguna nulidad. Y de ahí se suspendió, entonces me acaba de llamar para decirme que pilas con eso de ahí”.

Dahan pregunta quién es la mujer y el abogado responde:

-“Ella es nuestra persona en el Consejo de la Judicatura, de Santa Elena».

Y Bucaram agrega:

-“El Consejo de la Judicatura manda a los jueces, lograron evitar que se dé la nulidad. El que quería la nulidad es Vanegas”.

La conversación termina con unas palabras amigables para el extranjero.

 “Jacobo” entra en escena

En otro audio al que accedimos se recoge otra llamada donde participa Jacobo Bucaram. «Jacobo yo no soy mentiroso. Nadie llegó, nadie habló», dice el extranjero.

El diálogo dura apenas 48 segundos y “Jacobo”, quien al parecer es el hijo mayor del ex Mandatario, le dice “el abreviado está arreglado”.

El abreviado es una figura de beneficio judicial al que se puede acoger un implicado si acepta su responsabilidad para colaborar con la justicia. A cambio recibe un juicio rápido y una sentencia más corta.

El extranjero no escucha claramente lo que dice Bucaram. Y le reclama molesto que no había sido contactado antes por ningún abogado ni otras personas.

La madrugada del sábado 8 de agosto, Dahan fue encontrado muerto en su celda.

El día anterior se realizó el peritaje al contenido de su teléfono celular y el de su compatriota también detenido y que fue herido en el atentado criminal. Su abogado pidió esa diligencia.

Los últimos cinco años, 433 proveedores de productos médicos que no tienen permisos de operación ni almacenamiento de la Arcsa ganaron contratos públicos por 491 millones de dólares. Entre las compañías que recibieron los convenios más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, que construye carreteras, puentes y hospitales. Obtuvo 7 millones por la venta de insumos de salud y fue parte del consorcio que edificó el hospital del IESS en el sur de Quito, por $206 millones. Mientras tanto, la venta de pruebas rápidas se expande sin control, ante la falta de controles, causando la proliferación del virus por falsos negativos. Estos tests no sirven para diagnosticar el coronavirus, según alertó la OMS en abril, pero ese mes la autoridad sanitaria importó cientos de miles. Sin embargo, incluso se venden por redes sociales, y los empleadores las piden como requisito para volver al trabajo.

Redacción Código Vidrio

La corrupción y los negociados millonarios en las compras públicas de salud tienen un patrón recurrente: la adjudicación a proveedores que no tienen permisos para comercializar insumos médicos y que se dedican a actividades totalmente distintas a las de salud.

Los últimos cinco años, 433 proveedores que no tenían permisos de funcionamiento ni almacenamiento ganaron contratos por 491 millones de dólares, según información que recabamos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop).

Esos proveedores participaron y ganaron en 54.574 procedimientos de compras. El monto mayor, 315 millones de dólares, se adjudicó a través de subastas inversas, es decir un concurso entre varios oferentes, donde se han presentado casos recurrentes de supuesta corrupción.

Esos vendedores no tienen una licencia de establecimiento farmacéutico ni certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distibución y transporte, requisitos obligatorios para contratar con el estado.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), confirma que ninguno de los 491 proveedores de dispositivos médicos (de un total de 898 adjudicados), tiene el permiso de funcionamiento expedido de establecimiento farmacéutico de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Ese requisito está establecido en la Ley de Salud, pero no ha sido exigido ni verificado por las autoridades de control, en la última década.

Tampoco el Sercop ni Arcsa han relizado un control sistemático sobre esos proveedores, que en realidad importan más del 95% de insumos. “Entre los organismos de control no hay coordinación para atacar e impedir esas prácticas ilegales”, subraya Murgueitio.

En los casos denunciados, la cadena de irregularidades empieza con la entrega del Registro Único de Proveedores en el Sercop. Para extender el documento, que habilita a cualquier persona o empresa a participar en las compras públicas, el Servicio de Contratación solo les exigió a los proveedores la cédula de indentidad, sin una verificación del cumplimiento de otros requisitos exigidos por Arcsa.

En julio del año pasado, la Asedim entregó el listado con los vendedores de insumos que no tienen permisos a la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. No obstante, Andramuño ni otras autoridades a las que han enviado comunicaciones respondieron a sus pedidos ni han hecho correctivos.

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Adjudicaciones a proveedores sin permisos de Arcsa

 

Pedimos una entrevista a Andramuño, pero no contestó a nuestra solicitud.

En entrevista con Código Vidrio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que precisamente ante la serie de irregularidades y negociados denunciados en las compras de salud, tras su llegada a esa cartera, a fines de marzo, decidió eliminar las compras por emergencia y pasar al régimen común de contratación. En este esquema se efetúan concursos abiertos para la puja de varias empresas y se siguen todos los pasos que exige la Ley. Desde el 18 de mayo, inclusive, un equipo de la Contraloría acompaña al personal de Salud en los procesos de contratación, recalcó Zevallos.

Ante la insistencia de Asedim, el 7 de febrero pasado la entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, envió un comunicado a los responsables de compras públicas y de las entidades contratantes para exigir el cumplimiento de las normas, pero las irregularidades persisten, según pudimos constatar.

Constructora china de carreteras vende insumos médicos

Entre las compañías que recibieron los contratos más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, sucursal de la mega empresa estatal China  Railway Engineering Corporation, cuya línea de actividad incluye la construcción de ferrocarriles, carreteras, puentes, túneles, vías urbanas, obras municipales y construcción de viviendas.

China Railway First Group fue constituida como empresa en abril del 2014. Aunque su razón social es la construcción de carreteras, tendido de tuberías y la contratación de estudios de topografía, es la firma que obtuvo más ingresos entre los 433 proveedores observados sin permisos.

Entre 2016 y 2017, ganó más de 7 millones de dólares por la venta de insumos médicos a entidades públicas de salud. Le siguen Ortopedia Médica Ormedic CIA. (4,5 millones). Gammaic (4,3 millones), Andinamedical (3,9 millones) y Optimedic (3,6 millones).

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Página oficial de la empresa estatal china en Internet

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La compañía tuvo en 2018 un patrimonio de 862 mil dólares. Al revisar sus registros en la página de la Superintendencia de Compañías constatamos que no tiene accionistas, tampoco un presidente ni gerente. Solo aparece como apoderado Xiaokang Jiao, quien es su representante legal.

Llamamos a los números de la compañía, que tiene un capital de 30 mil dólares, en Quito y enviamos un correo electrónico a sus representantes para conocer los detalles del contrato, pero no nos han repondido.

En el anterior gobierno, China Railway First Group formó el consorcio NHQ, junto a la constructora ecuatoriana Semaica y el Grupo Puentes, de España. El consorcio construyó y equipó el hospital IESS Quito Sur. El contrato fue de 206 millones de dólares. De ese valor, aproximadamente 40 millones corresponden a equipamiento, cubierto con financiamiento (deuda).

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El hospital del IESS tiene 83 mil metros de construcción, incluye cinco torres de diez pisos cada una; siete en altura y tres en subterráneos. La obra fue contratada en la administración de Richard Espinosa Guzmán, cuando presidía el Consejo Directivo del IESS.

Inmobiliarias, empresas aéreas, papelerías entran en el negocio

Este portal revisó los contratos entregados a 20 proveedores con mayor monto adjudicado, entre 2019 y 2020. Estos registran 1.930 procedimientos de contratación pública, adjudicados por $ 39,8 millones.

De los 20 proveedores principales, 8 no operan como establecimientos o distribuidores de salud. Esa no es su razón social. Se dedican a otras actividades económicas: son empresas inmobiliarias, de construcción, transporte aéreo e industriales.

Uno de los proveedores que recibió las mayores adjudicaciones es BKB Maquinaria Industrial, con RUC 1791254511001. Ganó $4,5 millones por venta de productos médicos, aunque se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de maquinaria industrial, como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras y cintas para sierras.

Otro contratista que tiene inconsistencias en su historial es Carlos Alberto Figallo Segovia (RUC 0913265526001). Como persona natural declara como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería.

Sin embargo, en 2018, Figallo firmó un contrato con el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para vender dispositivos médicos. MONTO

Luego volvió a participar en compras públicas, en febrero de este año, pero no como persona natural, sino como presidente de Corporation Premier Global, Premiglob, una empresa dedicada a la venta, exportación y construcción de implementos de vivienda.

A inicios de este año, el Hospital Provincial Doctor Verdi Cevallos, de Portoviejo, adjudicó contratos a la corporación de Figallo, para adquirir reactivos e insumos para laboratorio. En total ganó contratos por $2,2 millones.

La empresa Diguercorp (RUC 0992708360001) ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 proveedores con mayores montos adjudicados. Se ubica también entre los proveedores que realizan actividades ajenas a salud. Pese a que sus principales actividades son la compraventa y arriendo de bienes inmuebles, participó y ganó 11 contratos durante un año por $ 3.2 millones.

José Jalil & Hijos representaciones y Comercio ganó 56 procesos de contratación en salud por más de $2 millones. Sin embargo, su razón social corresponde a la representación de personas naturales o jurídicas, en gestión o administración de negocios y gerencia de proyectos de cualquier índole.

La firma Ceroriesgo se dedica a actividades inmobiliarias y es presidida por Stalin Apolinario Delgado, quien también consta como persona natural contratada por el estado (con RUC 0918760141001). Su razón social  es la venta de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. La empresa y Apolinario ganaron 15 contratos por más de 3 millones, durante la emergencia por el Covid-19.

La venta de insumos también fue lucrativa para la empresa aérea Aeromaster Airways: obtuvo 9 contratos por $1,5 millones para proveer productos médicos. Su actividad son los vuelos panorámicos y turísticos, incluyendo actividades generales de aviación.

Otro proveedor de salud es Víctor Hugo Tello, quien usualmente se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles. Recibió más de 900 contratos por más de un millón de dólares, por la venta de insumos médicos.

Según el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, “los establecimientos farmacéuticos autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los productos elaborados por sus representados, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Ninguno de los proveedores analizados cumple estos requisitos.

Pruebas rápidas COVID-19:  negocio para unos, engaño para otros

A inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la efectividad de las pruebas rápidas Covid-19. Aseguró que podrían “categorizar falsamente” a personas que padecen la enfermedad. Pese a la alerta, el sistema de salud pública y el privado importaron estos insumos sin control. Hasta fines de julio de 2020, 53 entidades públicas mantenían contratos de compras de tests rápidos.

En total se adquirieron 531.644 tests a escala nacional. De ese número, la mayoría, un 82%, pertenece a la matriz del Ministerio de Salud, es decir, 440.800. Otros compradores de pruebas rápidas fueron hospitales y centros de la salud de la red pública nacional; la prefecturas de Guayas, Manabí y Pichincha; 30 municipios y el cuerpo de bomberos del cantón Samborondón.

El Ministerio de Salud apostó por la compra de un millón de pruebas rápidas. El Gobierno anunció que sería una medida para paliar la crisis sanitaria.

El proceso para esta adquisición se inició el 20 de abril, a pesar de que ya se conocía la alerta de la OMS. Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dan cuenta que el contrato se adjudicó a la empresa MV Asociados. Del millón de exámenes finalmente llegaron al país 430.000, cantidad con la que se finalizó el contrato por acuerdo mutuo con su arribo el 16 de mayo. Adicionalmente, se ingresaron 10.800 test más con la empresa Dimprokel S.A. En total se compraron 440.800 pruebas.  A partir de entonces, el Gobierno pausó la ejecución de este tipo exámenes.

A fines de abril, el Ministerio de Salud difundió por primera ocasión las estadísticas de pruebas rápidas y las pruebas de diagnóstico molecular, PCR. Éstas últimas son las recomendadas para diagnosticar el coronavirus. Por esas fechas, las autoridades informaron que se practicaron 31.134 pruebas PCR (16.130 descartados y 15.004 descartados); mientras que se registraron 17.158 pruebas rápidas (8.922 con sus resultados fueron negativos y 8.236 con diagnóstico positivo).

Cuatro meses después, el conteo de pruebas rápidas subió a 20.572; mientras que las PCR llegaron a 184.045, entre negativos y positivos.

La OMS establece que “deben validarse en las poblaciones y entornos apropiados”. Incluso menciona que las “pruebas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a los pacientes con la enfermedad cuando no la tienen, lo que dificulta aún más los esfuerzos de control de la enfermedad”.

El principal problema de las pruebas rápidas es que no tienen la sensibilidad para  discernir la producción de anticuerpos, que varía según la edad, peso y sistema inmunológico de cada persona y que cambia durante los 13 días de contagio. A esto se refiere la OMS con “pruebas inadecuadas”, porque una persona puede tener el virus, pero si no ha transcurrido el período mínimo para generar sustancias detectables, como anticuerpos, la prueba resulta en un falso negativo para el paciente.

El Ministerio de Salud emitió un protocolo para la realización de estas pruebas. En ese documento se especifica que se deben practicar en pacientes que acudan al servicio de emergencia o ingresen con más de cinco días de evolución de la enfermedad y que se encuentren dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha.

Adicionalmente como un mecanismo de seguimiento de la “respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas”. También para investigación epidemiológica y clínica. Finalmente, para inferir “seroprevalencia en una localidad o población determinada”. En ese protocolo se específica que deben realizarse en profesionales de primera línea (sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos), “lo que ayudaría a identificar a aquellos que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población”.

Baratillo de pruebas rápidas

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) alertó desde marzo la necesidad de regular la importación y venta de pruebas para Covid-19. Sus temores tenían sustento, porque pocos días después se desencadenó un baratillo de esos exámenes en las redes sociales.

En abril, el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos aseguró que la importación y comercialización de las pruebas se sometería a un reglamento. Esta norma permitía para entonces la venta de 25 marcas, las cuales pasaron una selección. Por ejemplo, se analizaron los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas y, además, las  certificaciones o aval de instituciones de control sanitario de Estados Unidos, China o de la Unión Europea.

Sin embargo, los controles para frenar la venta informal fueron insuficientes. A inicios de junio, en el sector del Bicentenario, en el norte de Quito, la Policía allanó una imprenta donde se adulteraban las fechas y otras indicaciones de las pruebas. En ese operativo se incautaron 17.000 tests que habían llegado desde China.

La incautación se cumplió luego de una denuncia de los perjudicados que compraron esas pruebas y se percataron que el empaque original fue modificado. Ese mismo mes, la Policía en Santa Elena arrestó a dos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA estadounidense, pero que estaban vinculados a la venta irregular de pruebas rápidas de Covid-19.

Ambos declararon a la Fiscalía que no son los únicos involucrados en este negocio, sino que la cola llega hasta Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram.

En el intento de frenar esta comercialización irregular, la Agencia de Control Sanitario extendió el número de pruebas que pueden ser vendidas y de las personas o empresas que pueden importar esos productos. Su último listado es del 12 de junio y se registraron 83 permisos para marcas estadounidenses, europeas; pero especialmente, de fabricación china.

El Arcsa sostuvo que este permiso es temporal. Además, prohibió la llegada al país y venta de seis marcas. La lista de pruebas certificadas por el Arcsa se puede encontrar en este link https://www.controlsanitario.gob.ec/nuevos-registros-sanitarios-arcsa/

El ministro Zevallos confesó en la Asamblea el jueves último la dificultad de seguir la pista de las pruebas rápidas que se comercializaron en el país. “Las pruebas rápidas que valoran anticuerpos no son recomendadas para la detección del virus, las únicas son las PCR”.

Sin embargo, por desconocimiento, muchos empleadores del sector privado aún exigen a sus colaboradores realizarse tests rápidos (que son hasta 10 veces más baratos que un test molecular o PCR), como requisito para reincorporarse a su jornada laboral. Las pruebas se compran en línea, a través de redes sociales. Los resultados negativos causan que personas infectadas por coronavirus, en fases tempranas del contagio, sigan diseminando la enfermedad. Muchos comerciantes se han enriquecido con la venta de estos insumos; mientras suben los contagios, a causa de diagnósticos engañosos.