Los bailes y piruetas de Bucaram con el poder

Las dos últimas décadas, Abdalá Bucaram transó acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados. Bucaram cuajó esos acuerdos pese a no ser una fuerza política gravitante en las urnas, tras su derrocamiento, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en los momentos precisos.

Redacción Código Vidrio

Las alianzas fantasmas se convirtieron en la fórmula preferida de Abdalá Bucaram para mantenerse en la órbita de los poderes de turno y buscar su retorno al país, a toda costa.

Las dos últimas décadas, Bucaram y su hijo Dalo transaron acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados.

Los pactos bajo la mesa se concretaron, pese a que el PRE no era una fuerza política gravitante en las urnas, después del derrocamiento del entonces presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en momentos precisos.

El primer acuerdo fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Uno de los testigos que dan cuenta del pacto y el pago de favores es Pablo Chambers, quien fue presidente del directorio de Pacifictel durante el régimen de Gutiérrez.

Chambers llegó a la telefónica tras un concurso a cargo de la firma internacional Price Waterhouse, que buscaba terminar con la corrupción que se había tomado esa entidad, y era parte de un proceso de reestructuración dispuesto por el entonces presidente Gutiérrez en febrero de 2004, en las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras.

Chambers le contó a este portal que la relación con Gutiérrez era muy buena, pues el entonces presidente estaba dispuesto a dar un giro radicial en el manejo de la empresa de comunicaciones. Para finales del 2004, en esa línea, se preparaba una depuración total, con la separación de 3.000 de sus 3.500 funcionarios.

Repentinamente, a mediados de diciembre, Chambers recibió una llamada de Gutiérrez quien le dijo que debía parar la intervención y depuración de Pacifictel. Le confesó que debía entregar esa empresa para que la manejaran los “Bucaram”, pues había llegado a un acuerdo con el PRE para sostener a su gobierno. “Le dije que no lo hiciera porque Bucaram no era bien visto en Quito, y él me respondió que ya era un tema definido, por lo cual comenté que mi renuncia estaría en su escritorio para fin de año”.

El pago de favores tenía un antecedente. Una semana antes, el Congreso había destituido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una polémica sesión extraordinaria convocada por Gutiérrez. Con el apoyo directo del PRE (15 diputados) Sociedad Patriótica consiguió una alianza con el PRIAN y el MPD, hoy Unidad Nacional. Sumaron 52 votos a su propuesta de reestructuración, que posibilitó la cesación inconstitucional de 31 magistrados del tribunal.

A los pocos días, fue nombrada la ´Pichi Corte´, presidida por Guillermo Castro, afín al roldosismo y amigo de Bucaram, quien anuló sus juicios, abriendo la puerta para su retorno.

Gutiérrez había empezado a concretar su acuerdo con Bucaram cuatro meses antes, en Panamá. Buscaba su respaldo para cerrarle el paso a un supuesto intento del PSC de derrocarlo, a través de supuestas movidas judiciales por el peso que ese partido tenía en el pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia. Ese partido contaba con un respaldo de, al menos, 16 ministros afines, de los 31 que integraban el pleno.

El 5 de enero, una vez aceptada la dimisión de Chambers, asumió como presidente de Pacifictel Walter Romero, quien era uno de los directores. También se mantuvo en el cargo Celso Jijón, secretario del directorio. Jijón era conocido por su cercanía con el PRE y su amistad con Bucaram y sus hijos, especialmente Jacobo.

Chambers recordó que las decisiones de la Pacifictel bucaramista arrancaron luego de su renuncia. Una de ellas fue abrir el candado para contrataciones superiores al medio millón de dólares que estaban suspendidas, pero que luego avalaron millonarios contratos en la telefónica. Estas y otras decisiones  desencadenaron denuncias contra el gerente Alberto Pérez-Llona y contra otros funcionarios.

El exmandatario negó el acuerdo con Bucaram y el supuesto pago de favores en Pacifictel: “Esa la versión es falsa de falsedad absoluta, solo hubo coincidencias coyunturales”, apuntó.

Gutiérrez, hoy candidato presidencial, enfrenta un juicio de repetición para que pague, junto a los 51 exlegisladores, la reparación de 1,7 millones de dólares que el Estado debió cancelar a los ministros cesados. La indemnizacún fue fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la destitución fue inconstitucional. El proceso es impulsado por la Procuraduría, y también abarca la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional.

Gutiérrez reconoció que conversó con Bucaram en Panamá, a quien había atendido por amabilidad, pues se trataba de un expresidente. La amistad entre ambos se remonta al tiempo cuando Bucaram fue presidente de la república: el coronel Gutiérrez era su edecán.

Bucaram volvió pero solo permaneció pocos días en el país.Tuvo que volver a Panamá, en medio de protestas progresivas que se regaron por el país, especialmente en Quito y desencadenaron la caída del gobierno de Gutiérrez, el 20 de abril del 2005.

El plan relámpago de la Revolución Ciudadana

Gutiérrez sabía que el único que podría aplacar el vendaval de la Constituyente de Montecristi, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, era Abdalá Bucaram. Su partido tenía el voto decisivo en la nueva mayoría del Tribunal Supremo Electoral, que se integró con votos de la alianza entre Sociedad Patriótica, el PRE y el PRIAN.

Para entonces, el TSE se conformaba por representantes de las fuerzas políticas más votadas. El PSC y el PRIAN eran oposición de la Revolución Ciudadana, pero lograron el respaldo de René Mauge, de la ID; Hernán Rivadeneira (Partido Socialista) y Jorge Alpino Acosta (Sociedad Patriótica). En ese escenario, el PRE tenía un voto crucial para inclinar la balanza.

Por eso, Gutiérrez no dudó en llamar a Bucaram a Panamá para buscar su respaldo. Le dijo que no diera paso a la aspiración de Correa para ir a la Constituyente, lo cual, a la larga, le permitiría controlar el Parlamento y los organismos de control. Bucaram le respondió que era muy tarde, pues ya “había comprometido su voto (con Correa) a cambio que lo dejaran volver al país”.

Su hermana, Elsa, delegada del PRE, dio uno de los cuatro votos (de un pleno de 7) que aprobó el pedido para la Constituyente y lo remitió para su corroboración final al Congreso.

Tratando de bloquear la consulta, 57 diputados intentaron sustituir al presidente del Tribunal, Jorge Acosta, quien mantuvo su posición y con el apoyo del pleno contraatacó: destituyó a los legisladores por interferir ilegalmente en un proceso electoral en marcha y asumieron sus alternos.

Acosta dijo que fueron hechos que nunca se coordinaron con el Gobierno.

Así, la Revolución Ciudadana tuvo vía libre para la Constituyente, que según Bucaram debía aprobar una amnistía a su favor, a lo cual supuestamente se había comprometido Correa, que no cumplió el acuerdo.

Según Bucaram, precisamente el único acuerdo político que ha hecho en los últimos 20 años fue con Correa. Su hijo Dalo (Abdalá) declaró a la prensa que pactaron el retorno de su padre en tres reuniones consecutivas.

Según Bucaram Pulley, la primera cita fue el 2007, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Durante un almuerzo, en el que se sirvió salmón, Correa le adelantó que la Constituyente daría amnistías a los exmandatarios Gustavo Noboa, Alberto Dahik y a su padre. Correa pidió la amnistía para Noboa, en enero del 2008, para Dahik, en agosto del 2010. Pero nunca cumplió con Bucaram.

Correa no reconoció ningún acuerdo con Bucaram. Pero Chambers recalca que sí hubo un pago de favores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aseguró que escuchó un diálogo de Fabricio Correa, entonces contratista con esa Cartera de Estado, donde se quejaba de que una comisión de sus obras iba para el “loco”, como se conoce a Bucaram.

Chambers investigó los contratos que consiguió Fabricio Correa en el primer tramo del mandato de su hermano. Entre ellos los que se firmaron durante la gestión de Jorge Marún, una de las principales figuras del roldosismo, prefecto y candidato presidencial por ese partido.

Marún llegó a Obras Públicas en diciembre del 2007. Uno de sus principales proyectos fue el Plan Relámpago, una estrategia para construir carreteras con contratos de emergencia, sin concursos públicos, a dedo. Las contrataciones estuvieron envueltas en corrupción, especialmente por los sobreprecios, según denunció la prensa en su momento.

Fabricio Correa le dijo a este portal que Chambers miente. “Es falso como todo lo que dice”, contestó en un escueto mensaje. La rivalidad de Correa con Chambers se desató luego de que como veedor, nombrado por el Consejo se Participación, en 2009 abriera una investigación que confirmó que el hermano mayor del entonces presidente había recibido contratos y subcontratos con el gobierno por más de 400 millones de dólares.

Rafael Correa siempre defendió la gestión de Marún, incluso lo iba a condecorar luego de que dejara el cargo, en septiembre del 2009. Sin embargo, el exministro no acudió al Palacio de Carondelet.  El escándalo por los contratos de su hermano estalló poco antes, en mayo.

Aunque Correa y Bucaram se mostraron públicamente en desacuerdo, la Revolución Ciudadana se alió con otras figuras del roldosismo. Entre ellas, Jimmy Jairala, que ahora con Centro Democrático apoyó su fallida postulación a la Vicepresidencia. Otro roldosista fue Vinicio Alvarado, brazo derecho de Correa en los diez años de sus mandatos, así como otras figuras regionales como Marcos Troya y Jorge Marún.

La luna de miel Moreno-Bucaram terminó en la pandemia

Pese a todas las evidencias, los Bucaram fueron los primeros en negar un acuerdo con el presidente Lenin Moreno. Dalo (Abdalá) Bucaram juró ante los medios de comunicación que no existía un pacto.

Lo hizo en agosto del 2017, luego de que el entonces vicepresidente Jorge Glas, acorralado por las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht, hiciera pública una carta enviada al Primer Mandatario. Denunciaba la entrega de la Corporación Nacional Eléctrica a los Bucaram.

El acuerdo sí existió. Se consolidó con la llegada de Moreno al poder, pero se cuajó antes, en el gobierno de Correa. Durante la campaña de la primera vuelta electoral, entre enero y febrero de 2017, el candidato presidencial Dalo Bucaram denunció sistemáticamente a Glas y su tío, Ricardo Rivera, por sus relaciones ilícitas con Odebrecht.

Los encargados de aplacar las denuncias y acercarse a Bucaram fueron Eduardo Mangas y el asambleísta electo, José Serrano, uno de los hombres de mayor confianza de Correa.

Para buscar un acuerdo hubo dos encuentros, en febrero con la familia Bucaram en Ecuador, y en mayo, en Panamá,  con Abdalá Bucaram, según publicó la revista Vistazo, luego de entrevistar a Mangas y Serrano.

Otra preocupación del buró de Alianza País era el crecimiento de Guillermo Lasso, que también pasó a la segunda vuelta y había recibido el respaldo público de Dalo. La búsqueda de aliados para ganar las elecciones era vital pues se avisoraba una reñida elección.

Los primeros en contactarse fueron los Bucaram -recordó Mangas- quienes buscaban que Moreno garantizara que no influiría en la Corte Nacional, donde estaba pendiente que se dictara la prescripción de los juicios penales contra Abdalá. A cambio, ellos dejarían de atacar al binomio Glas-Moreno.

Dalo decía tener videos y grabaciones del caso Odebrecht y de su relación con el tío de Glas.

Entonces, los ataques cesaron y Moreno alcanzó la presidencia. El 5 de mayo del 2017, antes del cambio de mando, un nuevo encuentro ocurrió en Panamá entre Mangas, Serrano y Abdalá, que volvió al país el mes siguiente.

Tras la ruptura con Moreno, Correa y Glas denunciaron que este gobierno se había aliado con los Bucaram a quienes les entregó la CNEL y los hospitales del Seguro Social para sus negociados. El acuerdo también habría incluido la entrega de cargos públicos, como el del consulado de Arizona, que es ocupado desde el 2017 por Laura Machuca, madre de uno de los nueve hijos de Abdalá Bucaram.

La buena relación entre Moreno y Abdalá Bucaram duró tres años. Inclusive, Bucaram fue invitado a Carondelet para celebrar los 21 años de la firma de la paz con el Perú, en el salón de banquetes.

Un mes después, Abdalá y sus simpatizantes cercaron el aeropuerto de Guayaquil para boicotear el retorno de Correa para la campaña contra el referéndum impulsado por Moreno. El PRE también apoyó esa consulta y las decisiones económicas del Régimen, así como las manifestaciones en Guayaquil de respaldo al Primer Mandatario durante el paro indígena de octubre. Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

El epicentro de estas denuncias fue el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, dirigido por personas allegadas a los Bucaram, como Jorge Henriques, exasesor de Dalo en la Asamblea y legislador alterno de su esposa Gabriela Pazmiño.

La Fiscalía inició procesos judiciales contra Abdalá, Dalo, Jacobo y Michel, quienes hoy tienen ordénes de prisión por distintos delitos.

Desde Miami, donde está prófugo, Dalo Bucaram acusó a Moreno de traidor y de emprender una persecución en contra de toda su familia.

Así, la cuerda que ataba las relaciones con el gobierno se rompió por el lado judicial.