JUSTICIA ACORRALADA. Los jueces José Luis Alarcón y Mary Quintero, quienes declararon inocentes a 18 imputados por narcotráfico, volvieron a sus cargos, luego de cumplir tres meses de suspensión, que dictó el Consejo de la Judicatura. No obstante, el proceso para su destitución avanza por su actuación en el caso que fue investigado por más de un año por agencias antidrogas de varios países. La Fiscalía investiga a los jueces por asociación ilícita.   

Por Ana María Carvajal
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Procesos de cooperación internacional, participación de varios países en un megaoperativo, incautación de 20 toneladas de cocaína y decenas de testimonios, incluido el de un investigador de la DEA que participó de una investigación inédita. Nada de eso pesó a la hora de que dos jueces decidieran dictar una sentencia absolutoria por el caso conocido como ‘Pangueros locos’.

La mayoría de tribunal, conformado por los jueces José Luis Alarcón Bowen, Mary Quintero Prado y Carlos Fuentes, declaró inocentes a 18 procesados por narcotráfico, en un polémico fallo de mayoría emitido el 16 de diciembre pasado. Fuentes dio su voto salvado. El 23 de diciembre, la unidad provincial de Control Disciplinario de Manabí del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció la denuncia que la Fiscalía puso en contra de los jueces por esta decisión solicitando su suspensión.

El documento, firmado por la fiscal Diana Salazar, consiguió su objetivo: Alarcón y Quintero fueron suspendidos por haber “incurrido en infracciones gravísimas en el ejercicio de sus funciones (…), por  transgredir el principio de responsabilidad”, según el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el pasado 21 de marzo, el Consejo de la Judicatura (CJ) revocó la suspensión para ambos. Faltaban dos días para que se cumplieran los tres meses de sanción. Este pronunciamiento fue expedido por el pleno del CJ, presidido por Wilman Terán. En este se dispuso “que se continúe con la sustanciación del expediente disciplinario”. Del resultado del trámite de ese expediente dependerá la sanción final para los jueces, que podría ser su destitución.

Error inexcusable

En enero, tres jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí decidieron que la sentencia que emitieron en contra de los 18 imputados por narcotráfico incurría en un error inexcusable.

El 10 de marzo pasado, Marcelo Villegas, director Provincial de Manabí de la Judicatura, emitió el informe y recomendó que la sanción definitiva sea la destitución. Alarcón y Quintero, sin embargo, buscan la forma de defenderse. El 13 de marzo solicitaron que se fije día y hora para exponer sus argumentos sobre el sumario.

La Judicatura informó a Código Vidrio que el expediente disciplinario se encuentra en trámite, en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El 22 de marzo pasado se realizó la audiencia solicitada por Quintero y Alarcón. “Se está elaborando el proyecto de resolución correspondiente para conocimiento del Pleno”.

Volvieron a sus cargos

Mientras, Alarcón sigue al frente del Tribunal de Garantías Penales de Manta y Quintero, en el Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo. Ambos también enfrentan una investigación previa de la Fiscalía por asociación ilícita.

Alarcón y Quintero consideraron que los 18 imputados, entre ellos un exmarino que era propietario de una embarcación, eran inocentes del delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de drogas. Esto a pesar de que hay una abundante evidencia testimonial, documental y de peritajes sobre la participación de los 18 procesados en este delito, según Fiscalía.

Para los jueces, en este caso solo se probó que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de las lanchas que transportaban la droga.  Sin embargo, en vista de que ellos supuestamente no eran los dueños de la droga o quienes la financiaban, solo podrían ser imputados como colaboradores, responsables de delincuencia organizada o asociación ilícita. Pero, por el principio de congruencia, no podían condenarlos por esos delitos.

El transporte de la cocaína y las coordinaciones fueron documentadas en detalle

La decisión de los jueces generó la reacción del presidente Guillermo Lasso, quien en febrero pasado dijo que ellos y otros magistrados eran “una amenaza para la justicia y la paz”. Según el mandatario, esta decisión terminó con una investigación de la Policía y con más de un año de trabajo coordinado con la DEA, de Estados Unidos.  El Gobierno anunció que presentaría la queja en el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía.

¿Quiénes son los jueces?

Mary Quintero es esmeraldeña. Ha sido jueza del Tribunal de Garantías Penales desde 2015.  Entre 2009 y 2015, fue secretaria de fiscales y agente en la Fiscalía General. Se graduó como doctora en Jurisprudencia y abogada en la Universidad Central, con especialidad en Derecho Penal. Además, es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2013 y 2021, hubo un incremento en la declaración del impuesto a la renta de la jueza: de USD  1.607 iniciales pasó a montos que oscilaban entre los USD 2.500 y 2.900. El año pasado, su declaración subió a USD 5 775.

Además de la denuncia de Fiscalía en el caso Pangueros locos, Quintero solo tiene una causa en el sistema del Consejo de la Judicatura. Se trata de una recusación que no prosperó. Coincidencialmente, uno de los jueces que estuvo a cargo de este proceso fue José Luis Alarcón, como ponente del tribunal.

Su patrimonio alcanza los USD 128.059, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial en la Contraloría. En sus pasivos constan créditos hipotecarios, quirografarios, personales y con tarjetas suman USD 194.093. En cuanto a bienes inmuebles, valorados en USD 270.029, se incluyen un terreno, una casa y una construcción en Esmeraldas y una casa en Manabí.

En el rubro de obras de arte, joyas y colecciones declaró un monto de USD 15.000 e informó de dos vehículos (del 2016 y 2012), por un avalúo de USD 8.000 cada uno y son los mismos autos que declaró en 2018. En ese año ya era propietaria de dos terrenos y una casa en Esmeraldas.

Como conductora, Quintero tiene siete multas pendientes de pago que suman USD 814, por estacionarse mal, manejar a exceso de velocidad e irrespetar señales de tránsito. Esas infracciones se registraron entre mayo de 2019 y marzo de 2023. Además, en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito constan seis multas anuladas y dos pagadas. Conserva 29 de 30 puntos en su licencia vehicular.

En declaraciones a la prensa, Quintero dijo que le indignó que desconocieran su trabajo como juez y se criminalizara su facultad de absolver, por la polémica en el caso Pangueros locos. “No se verifica ni se nos da la oportunidad de defendernos a través de la sentencia”, pues según su testimonio, la denuncia de la Fiscalía General se dio luego de que el Tribunal emitiera el fallo oral, pero el escrito tardaría alrededor de un mes en estar listo y allí constaría la explicación de su fallo.

Por otro lado, ella presentó el pasado 13 de marzo una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, que por sorteo recayó en la jueza Hilda Nuques. Ella deberá resolver si le concede este pedido. Quintero interpuso este recurso por otro tema: en septiembre de 2022 fue notificada de una acción de personal que la designaba como jueza del Tribunal Penal de Portoviejo y la retiraba de un cargo similar en Manta.

La Judicatura de Manabí argumentó su decisión de trasladarla en los resultados de un informe remitido por unidades de Estudios Jurimétricos y Gestión Procesal. Estos revelaron que Quintero tenía una tasa muy baja de de resolución y un alto índice de causas pendientes, en trámite, entre 2019 y 2022.

Las conversaciones entre los involucrados se realizaron con equipos satelitales

Polémica por baja productividad

La jueza Quintero considera que el traslado administrativo vulnera la seguridad jurídica, porque ella no aceptó el cambio, porque la productividad no es un parámetro legal para realizar cambios administrativos y porque no se realizó el sorteo previsto en la ley para conformar el Tribunal de Manta.

En su acción de protección aclara, además, que en 2019 y 2022 sus tasas resolutivas fueron mayores, pero que bajó su sproductividad, entre 2020 y 2021, porque tuvo licencia de maternidad, por un parto múltiple y lactancia. Agrega que esta licencia garantiza una protección especial, de acuerdo con disposiciones constitucionales. Por otro lado, subraya que para trasladarla no se consideró paridad de género ni se tomaron acciones afirmativas por su etnia afroecuatoriana.

La acción de protección en la Corte Constitucional llegó luego de que la jueza Ingrid Mera le negara su demanda, en octubre de 2022, y luego de que en diciembre también perdiera en la apelación ante los jueces provinciales Dolores Garda, Gina Mora y Mauro Pinargoty, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí. Por eso, el 23 de diciembre la acción de personal fue ejecutoriada.

Quintero vive en Manta pero ahora trabaja en Portoviejo, a pesar de que es madre de tres niños, dos de ellos menores de tres años. Además, es la única responsable del cuidado de sus hijos, pues está separada. Ella pide que se acepte la acción extraordinaria de protección, pues se habrían vulnerado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso. Por este motivo, pide que se dejen sin efecto las sentencias de la justicia ordinaria y su traslado del Tribunal de Manta al de Portoviejo. Además solicita que se disponga reparación material por haberla enviado a trabajar en una ciudad distinta a su residencia sin que ella haya aceptado ese cambio.

Cada integrante de la red tenía roles específicos en los embarques

A la sombra del correísmo

El juez José Luis Alarcón fue funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.

Fue esposo de Estefanía Grunauer, concejal electa al Municipio de Quito, por la lista del exalcalde Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella era cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Está a punto de posesionarse como concejala de la capital.

Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.

En 2010, Alarcón fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, entonces liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.

Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.

Los jueces, al banquillo 

A pesar de que Lasso pidió al resto de funciones del Estado “sumarse a esta cruzada por la seguridad, enseguida y con acciones concretas en contra de quienes defienden a los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas y demás actores del crimen organizado”, las decisiones de los jueces causan alarma y molestia.

Por ejemplo, tras un amplio operativo en la Guacharaca, un violento barrio de la ciudad de Esmeraldas, policías y militares capturaron a alias ‘Elbi’, uno de los cabecillas de la banda de Los Tiguerones. Sin embargo, en menos de 24 horas quedó en libertad, pues un juez decidió aplicar medidas sustitutivas, en lugar de detención. El juez fue suspendido temporalmente por tres meses.

En Ecuador, a diario salen titulares de prensa sobre sanciones preventivas o destituciones a jueces por fallos controversiales. Este mes, los jueces Carlos B, Byron O y Urvano R. fueron suspendidos. Ellos están señalados por el caso de Gordo Lucho, quien fue liberado pese a ser considerado como el segundo al mando de Los Lobos. También están en la mira por sobreseer a imputados por el caso Big Money.

Estas decisiones judiciales polémicas preocupan por el incremento de delitos relacionados con narcotráfico. Para Renato Rivera, Coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se está abriendo una ventana de oportunidad a los delincuentes para tener relación directa con jueces o fiscales. Además, en casos como este, los jueces usan argumentos jurídicamente débiles para sentenciar.

En el de los pangueros, por ejemplo, se ha ignorado una gran cantidad de pruebas que son producto de un trabajo de cooperación internacional con Estados Unidos y eso genera que otros jueces en el futuro actúen de la misma manera. Cada decisión de este tipo deja un precedente y puede derivar en que otros juzgadores emitan sentencias similares en causas distintas, dice Rivera. Detalla que en el Observatorio han visto esta tipología en varios casos y que tienen una particularidad: la justificación que dan los jueces sobre la tipología penal es “bastante mecánica”.

Esos patrones se dan especialmente en cortes como las de Manabí o Guayas. Otras cosas repetitivas que han detectado es que los jueces que reciben casos por sorteo luego se excusan de conocerlos. En esas situaciones se puede presumir amenazas e historias similares: mientras el juez ponente se hace a un lado, luego los otros jueces sobreseen o declaran inocentes a los imputados.

Según el Resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador, d el Observatorio, del 11 % de personas que recibieron condenas mediante procedimiento ordinario, solo el 2 % fueron sentenciadas por
delincuencia organizada en concurso y el 9 % restante recibió una sentencia condenatoria únicamente por delincuencia organizada como delito autónomo.

Cerca de la mitad de estos casos reciben penas mínimas por este delito y que las condenas por delincuencia organizada se dividen en cuatro bloques: sentencias por delitos por delincuencia organizada, con penas que van entre 10 a 17 años; penas para líderes, de entre siete y 10 años; fallos para colaboradores, con penas entre cinco y seis años; y cómplices, con penas de entre 28 y 48 meses.

Otro dato importante de este informe revela que 8,5 de cada 10 condenas por delincuencia organizada se obtienen bajo procedimiento abreviado y el 1,15 de casos restantes, se realizan por proceso ordinario.

El abogado penalista Xavier Andrade, subraya que los dictámenes polémicos, equivocados u osados que emiten ciertos jueces en casos complejos pueden responder a varios factores: son amedrentados, son presa de la corrupción, ignoran la legislación al respecto o, finalmente, su decisión depende de la suma de estos tres factores.

Para Rivera es importante escuchar a los operadores de justicia que denuncian amenazas en algunas provincias y que no hay garantías para ejercer su trabajo. Además, las organizaciones delincuenciales ya conocen a los jueces y ellos requieren de cierta protección. Por eso, sugiere que se deben tomar en serio las alertas de fallos erróneos, sea por corrupción, amenazas o desconocimiento y tomar más precauciones.

Ahora que están iniciando las labores de los nuevos jueces anticorrupción y delincuencia organizada, dice Rivera, ellos deberían tomar conocimiento de causas complicadas dentro de sus competencias, pues ellos pueden actuar con garantías adicionales, al trabajar desde Quito y no directamente en territorio.

Rivera y Andrade coinciden en que si las sanciones son relativamente bajas o nulas, aportan a que se normalice este tipo de sentencias polémicas y ocurran cada vez con mayor frecuencia, pues no se sientan precedentes. La decisión final sobre los jueces Alarcón y Quintero podría aportar a que se perpetúen prácticas dudosas o convertirse en un paso para que las medidas disciplinarias en el sistema de justicia sean ejemplificadoras.

Ecuador, desde 2015, es el primer exportador mundial de balsa (Ochroma pyramidale). El 84% proviene de la tala de árboles silvestres; el resto, de plantaciones. A inicios de 2017 la industria ecuatoriana exportó por primera vez paneles flexibles de balsa para la construcción de aspas de las turbinas eólicas chinas. Desde 2018 ese país asiático compra el 95% de la balsa que se exporta de Ecuador. En 2020, la elevada demanda de China subió los precios de este producto en la pandemia de COVID para luego caer abruptamente. Hoy el mercado se restablece y China se consolida como el socio comercial más importante del Ecuador bajo un Tratado de Libre Comercio. Sus alcances en materia forestal aún son desconocidos.

Franklin Vega, Alianza Código Vidrio – Vistazo con Bitácora Ambiental

Ecuador, una historia de balsa. “Estas motas que flotan cerca del camino (pequeñas madejas de una especie de lana blanquecina) son semillas de balsa (Ochroma pyramidale). Los frutos liberan sus semillas y el viento las dispersa. Cuando caen en un terreno descampado pueden germinar”, explicaba Jaime Jaramillo, uno de los botánicos más reconocidos del Ecuador, en las salidas de campo a sus estudiantes de la Universidad Católica. Luego el ‘Máster Jaramillo’, como le conocían sus estudiantes, proseguía: “la balsa es una especie pionera, crece donde el suelo se ha desnudado -necesita mucha luz- como los derrumbes o junto a los caminos o las chacras; sirve para recuperar terrenos degradados”.

La balsa tiene muchos usos, desde las canoas con las que los huancavilcas surcaban el Océano Pacífico y cuyos viajes fueron recreados por el navegante español Vital Alsar en la década del 1970 (https://youtu.be/ze8pqMGbCOA). Alsar recorrió tres veces de Guayaquil hasta Australia en embarcaciones, hechas con troncos de balsa. Esa, tal vez, sea una de las pruebas irrefutables de la resistencia de la balsa, una madera tan ligera como fuerte.

Durante la segunda Guerra Mundial, desde Ecuador empezó la exportación de madera de balsa. En las fotos antiguas de Guayaquil es posible encontrar estibadores cargando dos y hasta tres troncos de balsa en el muelle. Ésa era una muestra de su bajo peso. En ese entonces la balsa se utilizó para hacer las estructuras de las alas y el fuselaje de los aviones de combate.

La fiebre de balsa, precios de locura, robos y mala calidad

En 2017, China dio marcha a un ambicioso programa de descarbonización de la energía, eléctrica cuyo enfoque principal es la construcción de parques eólicos. La carrera por descarbonizar vino acompañada de subsidios para las empresas chinas. Esto, en Ecuador, se tradujo en un enjambre de intermediarios comprando balsa en la Costa y Amazonía. Sin importar las restricciones por la pandemia del COVID 19, las exportaciones llegaron a un techo inesperado en 2020 de 65 mil toneladas, 40 mil toneladas de diferencia con respecto a 2019, cuando se exportaron apenas 23 mil toneladas.

 

Debido a la alta demanda, los precios por cada árbol crecieron exponencialmente. Lo mismo pasó con la madera de balsa tratada, que se exporta en forma de bloques. “El precio en 2018 y 2019 rondaba los 140 dólares por metro cúbico y se llegó a pagar hasta 500; más que otras maderas que son consideradas finas. Fue una locura que dañó el mercado”, explica Wilmer Peña, ingeniero forestal de Babahoyo.

Peña califica lo sucedido en el 2020 como una fiebre de la balsa. “La fiebre de la balsa no es un problema ambiental, es un problema social. La balsa ayuda a recuperar los terrenos deforestados, no se encuentra balsa en los bosques maduros, solo en los bordes de estos espacios. Pero las negociaciones desiguales en las comunidades trajeron muchos inconvenientes”, destaca.

Para plantar balsa hay que tener en cuenta muchos factores, uno es la cantidad de lluvias y que el suelo no se inunde frecuentemente, si está anegado demasiado tiempo, la balsa muere. “Por eso, según Peña, las plantaciones en la Amazonía requieren de un análisis previo y no es factible deforestar bosque para plantar balsa en cualquier lugar, eso lo conocen bien quienes están en el negocio”.

Robos sistemáticos

Otro problema que se generó fue el robo de balsa. Christian Riofrío, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera (AIMA), recuerda que se reportaron robos sistemáticos en las 16.000 hectáreas de balsa que están plantadas en el Ecuador. “En el 2020 se denunciaron robos hasta por el 5% de las plantaciones”, dice.

“La alta demanda hizo que se cometieran varios errores en la comercialización. Por ejemplo, se exportaron las trozas recién cortadas sin ningún tratamiento. Un sin sentido completo; ya que, si no se procesa en los 15 días luego de la corta, la balsa se pudre”, indica Riofrío.

Luego de varios meses, llegaron varios contenedores a China con la madera completamente dañada. “Eso afectó la reputación del país. Sin embargo, Ecuador tiene consolidados los mercados con balsa de calidad, por eso hemos recuperado las exportaciones”, reflexiona Riofrío.

Otro impacto del fenómeno generado por China fue la aparición de resinas sintéticas que se utilizan para reemplazar los tableros flexibles de balsa en las aspas de las turbinas. “Al subir el precio, la resina sintética se puso a un precio competitivo con los de balsa, a pesar de que las características físicas de la resina no son iguales a la madera, su precio ya no fue un impedimento para su utilización”, recalca Riofrío.

Con un precio que bordee los USD 500 por metro cúbico se logrará el punto de equilibrio y la industria podrá mantenerse saludable.

Más balsa, por si acaso

La distorsión del mercado causada por los altos precios alentó a muchas personas a plantar balsa. “En mayo de 2022, me decidí a sembrar balsa. Ese año pagaban USD 30 por cada árbol en pie”, comenta Paulina Vivanco, agroexportadora de la parroquia La Unión, en Quinindé, Esmeraldas, mientras señala su plantación de balsa, que se divisa desde la casa de la finca.

La finca de Vivanco está ubicada a 200 kilómetros al noroccidente de Quito en la Costa. El clima tropical con abundantes lluvias y horas de sol, brindan las condiciones adecuadas para que la balsa crezca y alcance los 25 ó 30 metros de alto, en cinco o seis años.

En la carretera se divisan varios rótulos con la leyenda “se compra balsa o se compra boya”, el nombre local de la balsa. Vivanco cree que su plantación estará lista para cosecharse en tres o cuatro años. “Los intermediarios suelen preguntar quién tiene balsa, buscan plantaciones y a veces hasta piden comprar los árboles que crecen en los caminos de acceso”.

---

En promedio, invertí mil dólares por hectárea la plantación de balsa sin contar con la tierra; es decir, solo las plántulas, los fertilizantes, el pago de los trabajadores, la herramienta y los insecticidas. Paulina Vivanco, agroexportadora de La Unión.

---

En la actualidad, el mercado de la balsa se está “normalizando”. “En 2019 ofrecieron USD 6 por árbol, al año siguiente la me pagaron USD 16 y los vendí”, acota Vivanco, que no es ajena a las fluctuaciones del mercado y señala que “los precios actuales son competitivos y se mantendrán en los niveles de 2019, antes del boom, con eso tendré utilidad”.

¿Qué hacen con la balsa en China?

La balsa se utiliza básicamente en la construcción de las aspas de las turbinas eólicas (molinos de viento), como aislante térmico y acústico. China es el principal productor y constructor mundial de sistemas de energía eólica, según informes del Global Wind Energy Council (GWEC); y, abastece sus necesidades internas y de toda Asia.

Para dimensionar el poder de China en energía generada con el viento, el World Energy Trade publicó, en diciembre de 2021, que China añadió 17 gigavatios (GW) de capacidad eólica marina, para un total de 26 GW, es decir, más de lo que el resto del mundo construyó en los últimos cinco años”. (https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/electricidad/china-supera-al-resto-del-mundo-en-energia-eolica-y-solar ).

La balsa se exporta de dos maneras: en bloques y en tableros flexibles. En 2022, el destino de las exportaciones fue en un 95% para China, en lo que se refiere a bloques y en 66% en lo referente a paneles flexibles. El segundo mercado es Estados Unidos, pero para los bloques es completamente marginal, solo el 4%, mientras que para los paneles flexibles que requieren mayor tecnología y valor agregado Estados Unidos y Europa representan el 34% en conjunto. Estos paneles flexibles se empezaron a exportar desde hace seis años, luego que dos empresas extranjeras incursionaron en el mercado ecuatoriano trayendo nueva tecnología.

Sin un monitoreo coordinado

Rastrear los robos de balsa mencionados previamente fue una tarea imposible. Al igual que el atún que se importa de alta mar, no existe un sistema de trazabilidad para la madera del Ecuador.

La madera de balsa que sale de las plantaciones requiere una autorización del Ministerio de Agricultura; mientras que la que se colecta o tala de forma silvestre requiere una autorización del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

Hasta el 20 de agosto de 2021, el MAATE emitió los “formularios de recolección de balsa”, y luego de esa fecha se expidió la norma que regula el aprovechamiento de balsa a través de los Programas de Corta. Según el MAATE estos programas buscan “regular la gestión, aprovechamiento, movilización y establecer lineamientos técnicos de productos forestales de las especies de los géneros Heliocarpus y Ochroma (balsa)”.

Sin embargo, al analizar la información proporcionada, el registro de la balsa recolectada de forma silvestre es ínfimo para los años 2021 y 2022 (ver cuadro); a pesar de que las exportaciones se han mantenido a los niveles de 2019. Si se considera que la balsa procedente de las plantaciones es solo una fracción, surge la pregunta si se está registrando o no la corta de balsa en el MAATE. Pedimos que las autoridades del Ministerio del Ambiente esclarezcan esta duda, pero no respondieron.

Danza de intermediarios

En la práctica esta tramitología que representa obtener los papeles para movilizar madera, se traduce en una venta directa de los propietarios de los árboles, ya sean comunidades o de forma individual, a intermediarios. Son los comerciantes quienes pueden pagar los costos que implican “legalizar” la madera como son el pago a los profesionales que tienen que firmar los documentos.

Las comunidades no pueden cortar madera cumpliendo todos los requisitos legales porque implica un alto costo, por eso venden a intermediarios y estos venden a los grandes compradores o las empresas.

Dado que la balsa se corta y se transporta en trozas hasta los centros de procesamiento solo con la guía de movilización, es imposible saber de dónde proviene. Si es de plantación o si es recolectada de forma silvestre, pues es el mismo producto.

Lo que sí se conoce por información del MAATE es que la balsa talada o recolectada en el campo (la que no proviene de plantaciones) alcanzó los 4.000.000 de metros cúbicos entre 2017 y 2023. Este valor equivale aproximadamente a 610.000 toneladas.

Sin embargo, los datos del Ministerio de Agricultura indican que para el mismo período se han movilizado 604.537 metros cúbicos de madera de balsa; lo cual equivale a 92.192 toneladas. No se dispone el dato de la producción anual de balsa en las plantaciones.

Esto implica que la balsa que se movilizó y procesó en el Ecuador proviene en un 86 por ciento de la recolección que se realiza en los bordes de los bosques, los caminos y chacras de la Costa y la Amazonía y el restante de plantaciones.

---

LA FICHA. Ochroma pyramidale: balsa, madera de balsa, boya o guaguaripo. Son árboles que pueden alcanzar hasta 30 m de altura, siempre verdes, son de tronco liso de madera muy suave y resistente. Es una madera fácil de trabajar que no desgasta las herramientas  por su baja densidad. Su aserrado es fácil. Su proceso de secado es lento y se requieren cámaras de secado para garantizar su calidad.Es una especie pionera, aparece en los bordes de los bosques y las áreas descubiertas de vegetación. Generalmente no se encuentra balsa al interior de los bosques primarios.

---

Un secreto: el Acuerdo de Libre Comercio con China

 El 3 de enero de 2023 el Ministerio de Producción anunció que concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China. Sin embargo, no se conocen los detalles de este acuerdo y al preguntar a fuentes allegadas a la Cancillería la respuesta fue que este es aún es “reservado”.

El Ministerio de Producción anunció en un boletín que: “La firma del Tratado de Libre Comercio Ecuador-China se dará luego del cumplimiento de los respectivos procesos de formalización de las ofertas, la traducción y revisión jurídica, fecha que será anunciada por ambos gobiernos oportunamente”.(https://www.produccion.gob.ec/concluye-exitosamente-negociacion-del-acuerdo-comercial-entre-ecuador-y-china/ ).

Mientras tanto, se desconocen las implicaciones para varios sectores como el forestal, sector en el cual la injerencia de China es cada vez mayor.  “El Tratado de Libre Comercio Ecuador-China se negoció de forma eficiente a lo largo de 10 meses, siguiendo la hoja de ruta planteada por el presidente Guillermo Lasso en la visita oficial a Beijing en febrero 2022”, según la versión oficial.

Esta firma, a nivel técnico, se produjo después de cuatro rondas de negociación y decenas de reuniones técnicas, en las que los equipos de China y Ecuador cerraron el proceso de negociación. Con la vigencia del TLC con China, el 99% de los productos ecuatorianos tendrán un ingreso preferencial especialmente los productos agrícolas y agroindustriales como el camarón, banano, rosas y flores, cacao, café.

La participación de China en la economía mundial es visible y sus inversiones en el sur global para acaparar recursos también. En 2022, China se convirtió en el principal socio comercial no petrolero del Ecuador, con un comercio conjunto entre Ecuador y China que supera los USD 10.000 millones. ¿Qué significará esto para los recursos naturales? ¿Está el país en capacidad de controlar esa arrolladora y descomunal presión?

La Contraloría fijó una glosa de USD 1,7 millones por la compra de 203 cámaras de la empresa china Hikvision, en la época en que Jorge Yunda fue alcalde de Quito. Adrián Haro, Exgerente de Emseguridad, es uno de los glosados junto a tres funcionarios más. Esos equipos, con reconocimiento facial, nunca funcionaron. La adquisición estuvo plagada de anomalías, según la auditoría. Con la intermediación de Sebastián, el Baby Yunda, quien está procesado penalmente por este caso, una de las oferentes habría sido beneficiada.

Por Fernando Medina

Las cámaras chinas nunca funcionaron. Eran 203 equipos que prometían identificar los rostros y las identidades de sospechosos y prófugos que caminaban por las calles de Quito. Su alta tecnología fue precisamente el argumento en el que se sustentó la administración del removido exalcalde, Jorge Yunda, para comprarlas.

Todo el plan denominado “Ojos de Dios” significó para los quiteños una inversión de USD 1,9 millones. De hecho, este programa era una de las estrategias más importantes dentro del plan que tenía el Municipio para mejorar la seguridad de la capital.

La empresa municipal Emseguridad fue la encargada de firmar los contratos de compra, entre los años 2019 y 2020.

Hoy la Contraloría confirma que en esos procesos hubo irregularidades y perjuicios para el Cabildo. Determinó una glosa de USD 1,7 millones por un perjuicio a las arcas del Municipio de Quito.

Tras una investigación a los procesos de adjudicación, la entidad ha señalado indicios de responsabilidad civil en contra de cuatro personas. En la lista de implicados están el entonces gerente de Emseguridad, Adrián Haro; el director de Planificación, Freddy Cano y Ramiro Espinoza, director de la Información y telecomunicaciones de la misma empresa pública municipal. La identidad de la cuarta persona aún no se ha hecho pública.

El informe de Contraloría determina el perjuicio al Municipio porque las cámaras no están funcionando para el objetivo que fueron adquiridas. En este caso específicamente se refieren a la identificación de los sospechosos, prófugos o personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.

Un equipo de auditores lo comprobó. Ellos realizaron tres inspecciones físicas en los centros de monitoreo del Municipio. Las visitas se realizaron el 29 de junio, el 16 de julio y el 22 de julio de 2021. En esta última estuvieron presentes el Supervisor de Equipos de Seguridad de Emseguridad, como administrador del contrato y el delegado de Andean Trade, empresa proveedora de las cámaras.

“Desde la recepción (de las cámaras) hasta la presente fecha (de las visitas) no se tiene evidencia que la funcionalidad de reconocimiento facial ha sido utilizada”. Además, corroboraron que para la fecha de las visitas el uso de los dispositivos “se limita a ser cámaras de visualización”.

Esto quiere decir que solo eran utilizadas como dispositivos para vigilar como cualquier otra cámara de video. Esto sucedió a pesar de que cada equipo le costó al Municipio USD 2.500, un valor equivalente al doble de lo que costaría una cámara sencilla con las mismas funciones de vigilancia.

Nadie da la cara por las cámaras

Han pasado cerca de dos años desde la última inspección física que realizó la Contraloría al centro de monitoreo. Hoy la funcionalidad de las cámaras chinas es una total incertidumbre.

Este medio intentó conocer quién está manejando los dispositivos y cómo están siendo utilizados. Pero tanto la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito como la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano aseveraron que el único responsable de esas cámaras es el ECU 911. Según las entidades, la competencia de las cámaras salió de su control en 2022.

Pero el ECU 911 tampoco se hace responsable de los equipos. Su director, Bolívar Tello, se negó a dar una entrevista sobre el tema. No obstante, a través de un documento escrito respondió que en octubre del año pasado el ECU 911 y Emseguridad firmaron un contrato de comodato. Esto permitió que Emseguridad habilite “un enlace para poder visualizar en el ECU 911 las imágenes que generan las cámaras (chinas). En otras palabras, se ha creado una sala espejo”.

De allí que el ECU 911 recalca que ellos no han recibido cámaras de reconocimiento facial de Emseguridad y por lo tanto no están incluidas en el sistema de video vigilancia nacional.

Mientras las instituciones se contradicen, actualmente Quito vive una ola de violencia por la inseguridad.  La gente tiene miedo y las muertes violentas en la capital se han disparado.

Crímenes se disparan

Los datos oficiales del Gobierno muestran que los crímenes están en el punto más alto de los últimos 14 años. La cifra de asesinatos llegó a 50 en los dos primeros meses del año. Esa estadística duplica a los 21 que se reportaron en el mismo periodo del 2022.

De allí que la percepción de los quiteños es que la inseguridad en la ciudad creció de forma abismal. Una reciente encuesta de la consultora Oikonomics reveló que el 88% de los capitalinos no se siente seguro de caminar en las calles.

Para evitar esto el Municipio ha seguido apostando por la compra de nuevas cámaras. Hace un mes, la administración de Santiago Guarderas entregó 250 nuevos dispositivos para repotenciar el sistema de videovigilancia. Además, anunció que implementarán otras 400 cámaras en una segunda fase.

Este nuevo plan se realiza sin tener en cuenta a las cámaras chinas adquiridas en la época de Yunda y en donde la Contraloría encontró más irregularidades.

Por ejemplo, los auditores confirmaron que las compras de las cámaras se hicieron a pesar de que “no existía un modelo de gestión y protocolos para el uso de las cámaras”.

Faltan operadores especializados

Entre las irregularidades detectadas están que Emseguridad compró las cámaras de reconocimiento facial a pesar de saber que no contaban con personal suficiente y capacitado para su manejo.

Eso se evidenció el 22 de abril del 2020. Ese día, el coordinador logístico de Emseguridad informó al gerente General, Adrián Haro, que el Centro de Monitoreo (CMC) no tenía personal para la vigilancia.

“El promedio de personal por cada turno es de 3 personas, las cuales también realizan actividades de radio despacho, con esta doble función que cumple el limitado personal disponible se evidencia que las actividades de video vigilancia no se realizan de manera eficiente y existe capacidad instalada subutilizada”.

En otros oficios se señala que “el personal asignado al CMC es insuficiente, ya que no se logra completar para que las 8 consolas implementadas estén monitoreadas en cada tumo”. Se identificó que el déficit de personal era de 17 personas.

También detalló que las cámaras con reconocimiento facial fueron implementadas en el Centro 41 Histórico y Corredor Panecillo en 2019. Pero no se reportó hasta esa fecha que el sistema tuviera datos de los análisis faciales porque esa tecnología no había sido utilizada.  Esto sucedió “principalmente porque no se dispone de la base de datos para el funcionamiento óptimo del reconocimiento facial y por falta de configuración para este tipo de análisis”.

Esto quiere decir que las cámaras nunca arrojaron datos de sospechosos o prófugos debido a que no tenían una base de datos para corroborarlo. En el país, la Policía tiene un sistema Biométrico con los datos de identificación de fugados y prófugos.

Este medio habló con agentes de esa unidad especializada. Dijeron que el Municipio nunca podría tener la información para cotejar las identificaciones porque ninguna ley les faculta tener esos archivos. Es por eso que no comprenden cómo pensaban aplicar la tecnología.

El informe de Contraloría tiene suficientes sustentos para señalar que las cámaras no han arrojado información de prófugos o sospechosos. Incluso, la propia Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, encargada de los equipos,  el 11 y 17 de junio de 2021, remitió al equipo auditor un informe del uso de las cámaras de reconocimiento facial durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.

En ese documento se concluye “que los sistemas de video vigilancia implementados en Quito permiten realizar actividades de prevención en el espacio público. Sin embargo, no detallan ningún resultado a la fecha producto de la aplicación de las funcionalidades de la analítica de video y reconocimiento facial”.

Además, la Contraloría identificó en las inspecciones que “la falta de operación del sistema y el desconocimiento de los operadores de cómo funciona no permitió validar que el sistema pueda realizar la función de reconocimiento facial”.

Irregularidades desde el arranque

Las irregularidades que rodean la compra de las cámaras chinas aparecieron desde el inicio. Las primeras anomalías identificadas por la Contraloría tienen que ver con la elección de la empresa que fue adjudicada. En este caso la firma Andean Trade S.A.

Los investigadores descubrieron que en un inicio se invitó a participar al proceso de selección a tres empresas: Telcok, Fulltec y Andean Trade. Pero lo que llamó la atención de los auditores fue que el director de Tecnologías de Emseguridad, Ramiro Espinoza, solicitó las proformas a las firmas desde su correo electrónico. Además, se identificó que las cotizaciones se realizaron “sin contar aún con las especificaciones técnicas finales y la autorización de director general”.

Para ese entonces, Sebastián Yunda ya intercambiaba chats con dos empresarios chinos y su tío César Yunda. Todos fueron investigados por la Fiscalía. En las conversaciones, que hacen parte de un expediente judicial, ‘Baby Yunda’ ya hablaba de la compra de las cámaras y se refería sobre reuniones en las instalaciones de Andean Trade.

Por otro lado, los auditores de la Contraloría indagaron a las tres empresas invitadas y descubrieron que Andean Trade y Telcok hasta ese momento nunca tuvieron relaciones comerciales con Emseguridad y tampoco eran distribuidores autorizados de Hikvision, la marca china de las cámaras que fueron adquiridas posteriormente.

Incluso, el equipo investigador reveló que en el caso de Telcok también existía otra irregularidad. El director Metropolitano de Informática del Municipio de Quito figuraba como Gerente General de esa empresa en el 2018. Según la Secretaría General de Seguridad, el funcionario fue parte del equipo que desarrolló el proyecto en todas sus etapas.

A pesar de esto, el 15 de agosto del 2019 se autorizó el inicio del proceso de adjudicación a través de subasta inversa. Allí se oficializó las ofertas de seis empresas, pero Andean Trade ganó la licitación tras bajar su cotización de USD 626.803 a USD 602.976.

El 4 de octubre del 2019 se firmó el contrato entre la firma elegida y Emseguridad. Pero para la Contraloría Andean Trade debió ser descalificada en la fase de ofertas tras verificar las características técnicas, pues los equipos que ofrecían no coincidían con lo estipulado en los pliegos.

Error de buena fe

Esto se confirmó un mes después de la firma del contrato. El 20 de noviembre, el equipo de Andean Trade informó al administrador del contrato que recibió un oficio de Hikvision. En el documento, la marca china señaló que el equipo de almacenamiento de las cámaras, cuyo modelo era DS-A81024D, estaba descontinuado y proponía el reemplazo por el modelo DS-A80624S.

El informe de Contraloría señala que Andean Trade no detalló en su oferta este último modelo que era requerido en los pliegos. De allí que los auditores señalan que “en el proceso de calificación de ofertas la comisión técnica debió descalificarla y adjudicar el contrato a la empresa que ofertó el equipo requerido”.

Pero para los analistas de tecnologías y los directores de telecomunicaciones y financiero de Emseguridad, que eran parte de la comisión técnica, esta irregularidad no fue más que un “lapsus calami”. Es decir, un error tipográfico.

“Puede interpretarse que el oferente Andean Trade tuvo un error tipográfico en el formulario de la oferta presentada (…) Esta situación en la etapa de convalidación de errores, no significó favorecer a un determinado oferente para ser habilitado, sino que fue un “ERROR DE BUENA FE” por parte de la comisión técnica”, indicaron.

El presidente de Andean Trade dijo que “para el llenado de las especificaciones técnicas, así como para la entrega de los bienes se consideró el equipo DS-A80624S”.

Pero la Contraloría considera que ninguna de esas respuestas justifica lo comentado por la auditoría y se ratifica en que la firma debió ser descalificada. Al final eso no ocurrió y la empresa entregó las cámaras a Emseguridad y de esta forma se cumplió la primera fase del proyecto “Ojos de Dios”.

Más anomalías

La segunda fase del proyecto tenía que ver con la instalación de las cámaras. Y para esto Emseguridad determinó que se debía instalar los equipos en el centro de Quito y se especificaron 47 lugares.

Para marzo del 2020, se oficializaron siete ofertas de distintas empresas. En la lista de postulantes estaba nuevamente Andean Trade. También apareció entre los ofertantes el Consorcio Reconocimiento Facial Quito, que estaba integrado por dos firmas llamadas Megsupply y Fulltec. Esta última al igual que Andean Trade pujaron en el contrato de la fase 1.

Esto llamó la atención del equipo de investigadores de la Contraloría. De allí que, tras un análisis de todas las empresas, los auditores descubrieron que entre todas había algún tipo de relación directa.

Por ejemplo, los informes oficiales detallaron que el RUC de la empresa Megasupply tenía la misma dirección correspondiente al edificio de Andean Trade. De igual forma, las dos empresas contaban con la misma contadora con RUC 1713700019001. Todos los datos fueron corroborados por el Registro Único de Contribuyentes.

Pero eso no fue todo. El Procurador Común del Consorcio Reconocimiento Facial Quito también figuraba en la Superintendencia de Compañías como Gerente General de Andean Trade, por el período comprendido entre el 28 de marzo y el 17 de abril de 2019. Además, en una comunicación del 1 de julio de 2021, remitido por el Presidente Ejecutivo de Andean Trade se certifica que también era Gerente de Procesos en esa empresa desde el 1 de junio de 2017 y que continuaba en funciones.

Por todos estos hechos, la Contraloría indicó en su informe que la Comisión debió descalificar tanto al Consorcio como a Andean Trade en cumplimiento del artículo 64.2 de la Resolución del Servicio de Contratación Pública.

Pero esto tampoco sucedió. Por el contrario, los miembros de la Comisión adjudicaron al Consorcio el contrato para la instalación de las cámaras el 24 de marzo de 2020. Se proclamó ganador luego de que bajara USD 60.000 de su oferta inicial. Es decir, el Consorcio redujo su proforma de USD 1’170.611 a USD 1’110.910.

Lo que significó que finalmente Andean Trade esté involucrado en los contratos de las dos fases. Incluso, la Contraloría concluyó que esta firma fue quien “terminó gestionando (el contrato) y proveyendo los insumos tecnológicos” al Consorcio.

De allí que si se suma los gastos de la fase 1 con la fase dos dan los USD 1,7 millones que se ha determinado en la glosa.

Tanto los miembros de las Comisiones Técnicas de Emseguridad, su director y los representantes de las empresas adjudicadas niegan las irregularidades. En los documentos de respaldo que enviaron a la Contraloría aclaran que todos los equipos finalmente fueron entregados con las características específicas. Ese argumento se describe en gran parte del informe de la auditoría. Sin embargo, el equipo de investigadores rechaza cada una de esas aseveraciones y determinan que “no justifica” las irregularidades.

Esta compra llamó la atención de la Contraloría en abril del 2021. En ese mes, miembros del entonces Concejo Metropolitano denunciaron la injerencia de Sebastián Yunda, hijo del alcalde, en esa contratación. De allí que pidieron a la entidad que investiguen el caso y se determinen responsabilidades.

El mismo pedido le hicieron a la Fiscalía. Esta última entidad ha mantenido silencio con respecto si existen investigaciones abiertas por este caso.

Lo que si se conoce es que en el radar penal estaba Sebastián Yunda, su tío César Yunda y un empresario chino llamado Yinlog Wang.

La Fiscalía en un inicio señaló que tenía pruebas que señalaban que entre los tres implicados existían diferentes transferencias por montos superiores a USD 20.000.

Incluso, la entidad informó que el empresario chino era conocido en los chats como papá ‘Dalong’.

Él, su esposa y su cuñada fueron rastreado por los agentes y se determinó que movieron entre sus cuentas unos USD 210.000.

Pero el juez Máximo Ortega sobreseyó al empresario chino y a sus familiares. El magistrado dijo que no se demostró que el dinero era producto de un negocio ilícito.

Por su parte, los abogados de la familia Yunda han señalado que no existen procesos penales por el caso de las cámaras y desconocen el informe de la Contraloría. 

 

La mayoría de sentencias por delincuencia organizada promedia los dos años y solo alcanza a los eslabones más débiles de la cadena. Los miembros de bandas usan procesos abreviados o juicios rápidos para reducir sus penas. Las economías ilícitas y sus cabecillas tampoco han sido desarmadas, siguen intactas, según un informe del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.   

Redacción Código Vidrio

Las penas que se imponen por delincuencia organizada (DO) son bajas. La mayoría de estos procesos es sancionado con condenas que no superan los dos años de cárcel, pese a que la ley establece penas que van desde los 5 a los 10 años de prisión.

¿Por qué la norma no se acata? El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) realizó un estudio sobre la delincuencia organizada en el país. Analizó las sentencias que se emitieron por este delito entre 2015 y 2020. La muestra para el análisis fue de 149 procesos por este tipo de delito.

En el 56% de esos casos, los acusados fueron sentenciados a través de un proceso abreviado o juicio rápido. Optaron por un benefiicio normativo que se basa en admitir su culpa para obtener una reducción importante de la condena.

Para el Observatorio estos hechos dan cuenta de que en el país existe una “utilización excesiva del procedimiento abreviado, lo cual facilita un esquema de corrupción ante blancos estratégicos criminales que negocian para acceder a este tipo de proceso”.

Por ende, se requiere una actualización de la política criminal, alertan expertos del Observatorio. Especialmente, se recomienda reformas de tipos penales para estas alternativas y evitar la impunidad.

En el informe apenas un 11% de los casos es sancionado por la vía ordinaria. Su proceso se basó en una investigación fiscal. Más del 85% partió de un informe policial. Por esa línea tampoco se sanciona a los sospechosos con penas altas. La mayoría recibe una sentencia de 5 a 6 años, que son las condenas mínimas.

 

Eso significa que en Ecuador cada vez es más difícil tener una pena en contra de las personas que se unen para cometer delitos graves. Al final en buena parte de los casos solo se condena a un integrante de la organización, recalcó Renato Rivera, uno de los responsables del informe del OECO.

§ En la lista de ilícitos enmarcados como delincuencia organizada están la extorsión, los secuestros, los sicariatos, los robos con armas de fuego, la estafa, la trata de personas, el tráfico de inmigrantes, el peculado y el narcotráfico. §

El narcotráfico es el delito de mayor incidencia. Según las estadísticas del Observatorio, el 64% de los casos por DO tiene relación con tráfico de drogas. Además, la mayoría de sentencias fue para los colaboradores de las estructuras criminales, no para los cabecillas. Para estos últimos, el Código Penal establece sanciones que van entre los 7 y los 10 años de cárcel. Por eso Alicia Contero, otra de las encargadas de presentar el estudio, advirtió que el fenómeno del narcotráfico sigue fortaleciéndose, dentro y fuera de las cárceles.

 

Miles de procesados, pocos sentenciados   

Código Vidrio accedió a una base de datos de la Fiscalía. Allí se indica que desde el 2014 (año que entró en vigencia el COIP) hasta octubre del 2022, han sido procesadas por tráfico de drogas 59.720 personas.

Pero las cifras de sentenciados no llegan ni al 50%. Las estadísticas muestran que 29.174 personas recibieron una condena. El resto está en otras etapas como investigación previa, instrucción fiscal o en juicio.

Según los reportes de Fiscalía, hay casos que llevan en los juzgados nueve años y no han podido ser despachados. Un ejemplo es lo que sucede con los procesos del 2014. Ese año se judicializaron a 657 personas, pero hasta finales del año pasado solo 396 fueron condenados. El resto está libre por la caducidad de la prisión preventiva, otros han sido sobreseídos o simplemente sus casos están represados.

El año con más detenciones por tráfico de drogas fue el 2021. Hubo 9.010 detenidos, pero apenas fueron sentenciados 3.244. Los procesos son lentos, los datos lo corroboran. Entre 2017 y 2019 el tiempo de resolución de las causas era de 13 meses. En 2020, aumentó a 32 meses.

El OECO señala que para conseguir penas por casos de narcotráfico se debe esperar hasta 24 meses y por lavado 20 meses.

Entre sus conclusiones, el informe indica que “el aumento de causas, sumado a un incremento en la temporalidad de resolución de casos, genera un efecto de impunidad ante el crimen organizado”.

Las mafias con sus fortunas intactas  

Otro factor que llama la atención es es el alto nivel de impunidad económica para los imputados. Del análisis, entre 2015 y 2020, en el 70% de las causas no se solicitó medidas cautelares de bienes, retención de cuentas bancarias u otros mecanismos para desmantelar las economías criminales.

Un claro ejemplo son los operativos que se realizan en haciendas o terrenos donde la Policía encuentra droga. Los fiscales generalmente acusan a los detenidos, pero no toman acciones sobre los bienes que fueron utilizados para esconder los cargamentos. Incluso, en esos bienes se han encontrado pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves que llevan la droga a Centroamérica o EE.UU.

Uno de estos casos ocurrió en febrero del 2020. La Policía incautó 696 kilos de cocaína en una hacienda en el cantón Pueblo Viejo, en Los Ríos. Los agentes confirmaron que en el predio había una pista ilegal. También encontraron autos, dinero y armas.

Pero en el juicio solo fueron incautados estos últimos elementos y la droga. La hacienda no fue retenida, ni expropiada.

Policías de Antinarcóticos dicen que es difícil que el Estado tome control de esos bienes porque en su mayoría son de personas que no están relacionadas con los detenidos. O en otros casos, como las pistas clandestinas, no se conoce a los dueños de los terrenos.

Eso ocurrió cuando la Policía encontró tres toneladas de droga en una pista clandestina en agosto del 2020. El cargamento estaba en unos terrenos de Manantiales, en Manabí.

La pista estaba en una zona selvática, cuyos propietarios se desconocen. Lo único que pudieron hacer fue destruir parte del campo, inutilizarlo. Lo mismo hicieron con otra pista en Jama. Allí tampoco se obtuvo la identidad del propietario, en junio del 2020.

Escasos bienes y cuentas se incautan

Los casos evidencian que en general la Fiscalía no ha podido incautar los bienes o las cuentas bancarias de los procesados. Apenas en el 30% de los casos los fiscales pidieron a los jueces mecanismos para inmovilizar los dineros de los sospechosos y sus estructuras. Sin embargo, se comprobó que, de ese menor porcentaje, solo en el 7% se evidenció un comiso real de los bienes.

El resto eran medidas para hacerse con el control de los objetos o bienes que fueron incautados durante los operativos de detención, en la flagrancia. Entre la lista de esos bienes están celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo, motos y vehículos. Es decir, artículos de menor cuantía. Así en Ecuador hay una impunidad económica real del 93% en casos de delincuencia organizada.

La corrupción de funcionarios judiciales empeora el panorama. Uno de los casos más claros y polémicos fue la devolución de una mansión a la familia de Leandro Norero, financista y coordinador del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Él fue detenido en mayo del 2022. La Fiscalía incautó una casa ubicada en una urbanización del kilómetro 8,5 de la av. Samborondón. Su valor sería de USD 2,4 millones. Ahí se hallaron unos USD 6 millones en efectivo, lingotes de oro y otros artículos.

Un mes después, la casa que estaría a nombre de la esposa de Norero fue devuelta por orden del juez Ángel L. de la unidad judicial de la Concordia, en Guayas. Ahora, el magistrado es indagado por ese hecho.

Clanes familiares y policías traquetos

La Fiscalía descubrió que Norero cometió los delitos con cooperación de miembros de su familia. Por eso, fueron procesados por lavado de activos dos de sus hermanos y su madre. El proceso aún está en trámite.

Pero en Ecuador esta no sería la única familia que se organiza para delinquir. El informe del OECO señala que en al menos el 34% de casos se evidenció la participación de familiares del círculo cercano o ampliado, especialmente en las provincias costeras.

Antinarcóticos también lo confirma. En la mayoría de casos de ecuatorianos detenidos por el transporte de droga en alta mar hay familias enteras. “Son familias que se dedican a la pesca, reclutadas por los narcos. Una vez que ingresa un miembro, le siguen los hermanos, cuñados, sobrinos y esposos”, indica un agente.

En Carchi y El Oro, en cambio, las familias se unen para el contrabando.

Otro dato alarmante es la participación de policías en bandas delictivas. En 1 de cada 10 casos analizados de DO en la muestra existe la colaboración de un policía en servicio activo. La mayoría de uniformados (85%) se relaciona con narcotráfico.

Provincias fronterizas con alta impunidad

La mayoría de casos se concentra en Guayas y Pichincha, con el 70% de procesos.

En el resto del país hay porcentajes inferiores al 8%. Extrañamente en esa lista aparecen Esmeraldas, Sucumbíos y Los Ríos. Todas acumulan el 6% de las causas, a pesar de ser zonas fronterizas, con tasas representativas de homicidios por disputas de poder del narcotráfico y otros delitos. La impunidad es elocuente y destaparía un problema de corrupción sistémica en el sistema judicial.

También llama la atención el alto índice de sobreseimientos de imputados en Manabí, Cotopaxi y Sucumbíos, concluye el informe.

Durante 11 años se ingenió para vivir en Ecuador como un fantasma, en las sombras. Sin ser notado. Pero desde noviembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021, Milan Milovac ya era un muerto viviente. Los últimos 60 días de su vida se convirtieron en un enigma; sin embargo, esto no es nada comparado con el misterio de sus actividades clandestinas en Guayaquil.

Por Maria Belén Arroyo (Ecuador) y Jelena Zoric (Serbia)

Investigación con el apoyo de Global Initiative against Organized Crime y el Instituto Prensa y Sociedad, en alianza con Vistazo y Código Vidrio

Fue sentenciado a cumplir una condena de 11 años por cargos de narcotráfico en Serbia; pero logró evitar la prisión. Se escabulló de Interpol que estaba tras su pista y finalmente aterrizó en Guayaquil, después de 2009.

El tiempo de su llegada era perfecto. Las autoridades ecuatorianas desmantelaban el esquema de control migratorio, bajo el ideario garantista de la ciudadanía universal, declarada en la Constitución aprobada en 2008. El Ministerio del Interior de la época se convirtió en el representante legal de la Policía y como consecuencia, funcionarios civiles de ese ministerio terminaron a cargo del control migratorio en aeropuertos. La seguridad no era una prioridad, tampoco el uso de tecnología para prevenir la llegada de visitantes con pasado criminal.

Milovac sacó ventaja de esa atmósfera benevolente hacia los visitantes extranjeros. En Ecuador, obtuvo una identidad falsa como ciudadano ecuatoriano, bajo el nombre de Marko Patricio Markovic Gómez. Aunque había nacido en 1974, en el documento ecuatoriano declaró ser cinco años más joven, como si hubiera nacido en 1979.

Obtuvo la identidad y documentos ecuatorianos en forma fraudulenta. Con certeza pagó por este servicio. Sus huellas digitales no coinciden con la tarjeta índice de la oficina del Registro Civil. Esto se estableció luego de su muerte, en enero de 2021. Por cierto, en sus documentos ecuatorianos declaraba ser soltero.

Cabeza de un cartel serbio

Todo indica que Milovac era el representante local de un cartel Serbio, dirigido por el barón de la cocaína Darko Sarik, según las investigaciones oficiales en ese país de los Balcanes.

Milovac tenía experiencia en el trato con distribuidores colombianos, porque en el pasado había trabajado para una organización criminal italiana. Inclusive, estaba familiarizado con el castellano por este trabajo previo. Desde Guayaquil, estaba a cargo de tratar con un proveedor colombiano, probablemente asentado en el municipio de Pasto. Entre sus obligaciones constaba el envío de la droga desde el puerto de Guayaquil, camuflada entre productos de exportación perecibles en contenedores.

Los reportes muestran que para inicios de 2020, Darko Saric recibió una voz de alarma por parte de otro colaborador (Petar Cosic). Le reportaba que Milovac empezó a trabajar por su cuenta, había establecido vínculos directos con el proveedor. Para Saric, esto era un acto de traición. Entonces ordenó ejecutar al fantasma escondido en Ecuador.

Su vida secreta en Guayaquil

Milovac no sabía que su sentencia de muerte estaba firmada desde Belgrado, donde Saric cumplía arresto domiciliario por drogas.

Bajo la fachada de un exitoso empresario, desde 2020 vivía en una villa rentada en una urbanización exclusiva, entre Guayaquil y Samborondón. Esta zona cuenta con guardianía privada, acceso controlado con dispositivo electrónico (tag). Vivía en una de las 150 casas, algunas de las cuales están avaluadas en más de 400 mil dólares. Vivía solo, aunque frecuentemente era visitado por una mujer a la que presentó como su novia y por un amigo, un empresario de la construcción. Su círculo de amigos era pequeño. Sin embargo, de vez en cuando frecuentaba bares y cosumía licores costosos.

La Superintendencia de Compañías no tiene registro de Milovac (ni tampoco de Markovik) como representante, gerente o accionista de compañía alguna en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) lo registra como contribuyente; sin embargo, el único impuesto que llegó a pagar en cinco años fue el impuesto de salida de capitales. La cantidad es insignificante: 70 centavos de dólar en 2019. La información de sus ingresos no está reportada, no llegó a declarar sus cifras de 2021.

Este caso muestra la debilidad del sistema de control de lavado de activos en el país, explica un experto para este informe. La normativa nacional exige que personas naturales y jurídicas que realicen transacciones inusuales e injustificadas a partir de los diez mil dólares sean rastreadas. Él se las arregló para pasar debajo del radar. Entre enero de 2016 y marzo de 2020, en Ecuador se obtuvieron 12 sentencias condenatorias por lavado de activos, según un estudio especializado del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, de la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF). “El promedio de tres sentencias condenatorias por año ubica al Ecuador como uno de los países con menor cantidad de resoluciones de la región”, concluye el reporte, al citar que hay un “alto grado de impunidad”. De hecho, el sistema judicial es débil, vulnerable y corrompible.

Aún podría votar

Que Milovac se fraguó una identidad falsa en Ecuador solo saltó a la luz tras su muerte, cuando su familia envió desde los Balcanes la copia de su pasaporte. Este muestra que tuvo la nacionalidad croata.

Por eso no deja de ser irónico que como ciudadano ecuatoriano Marko Patricio Markovic Gómez estaba habilitado para votar en las últimas elecciones de febrero de 2023. Los registros electorales reflejan que aunque murió hace dos años sigue inscrito en Empalme (provincia de Guayas) en la junta 42. En la zona donde está registrado hay presencia de actividades relacionadas con carteles de la droga.

Este caso muestra a un fantasma de los Balcanes, vinculado con narcotráfico, en pleno uso de sus derechos políticos.

 El hombre que sobrevivió dos veces

“Planeo enviar un sicario menor de edad, de tal manera que luego de liquidarlo (a Milovac) si es capturado, el joven sicario salga fácilmente de la prisión”.  Queda claro que los autores intelectuales del crimen de Milovac estaban muy al tanto de las vulnerabilidades judiciales del Ecuador. Un asesino sale fácilmente de la cárcel.

Los chats citados, encriptados en la plataforma Sky, fueron conocidos por las autoridades serbias cuando el zar de la cocaína de ese país, Darko Saric, fue condenado nuevamente en abril de 2022, acusado de ser la cabeza de una organización de narcotráfico. Fue entonces cuando los investigadores de los Balcanes se dieron cuenta que él fue el mentalizador del crimen de Milovac en un país lejano.

Milovac (alias Markovic) tuvo la suerte de sobrevivir dos veces. El primer ataque en su contra fue el 13 de noviembre de 2020. Era un viernes, pero él no era supersticioso. Cerca de la una de la tarde manejaba su carro 4 x 4 Ford Explorer, cuando dos sicarios en una motocicleta se acercaron y le dispararon. Recibió heridas en el cuello y el brazo izquierdo. Perdió el control del carro y se estrelló contra un poste. Una ambulancia del sistema 911 lo condujo a un hospital privado de Guayaquil.

Seis días luego del primer atentado, los autores intelectuales estaban desesperados y decidieron terminar el trabajo. dos semanas más tarde entraron en pánico. “Nos escriben que el hijo de puta tiene custodia de 24 horas, hay que matarlo y a los guardias, de ser necesario”. El último día de noviembre, los sicarios estaban listos para rematarlo, según se lee en los chats.

El 5 de diciembre era un día sábado. El colombiano Herley Perlaza entró a la clínica privada usando una cédula falsa. La identidad correspondía al ciudadano ecuatoriano Johnny Piguave. La policía lo capturó con dos teléfonos celulares y dos identificaciones diferentes. Él declaró que su único objetivo era advertir a Milovac que debía mantener la boca cerrada. Los agentes no le creyeron, pensaron que iba a liquidar al herido. 24 horas más tarde, la información de la nueva fallida ejecución llegó hasta Serbia. “Uno de los chicos está detenido en la estación de policía, pero está limpio, sin armas, sin celular, está preso por uso de documento falso”.

En primera instancia, Perlaza fue juzgado por intento de asesinato y detenido en una cárcel de Guayaquil. Pero el fiscal no halló evidencia sólida para sostener la teoría del crimen y reformuló cargos. Así, el acusado fue procesado por el uso de un documento falso. Diez meses después fue condenado a 18 meses en prisión, ya que aceptó los cargos de uso de documento falso y el procedimiento fue abreviado.

El desenlace

Las investigaciones locales revelan que Milovac estaba consciente en el hospital. Fue interrogado por la policía el 8 de diciembre de 2020. Aseguró no tener enemigos. Como no podía firmar su declaración, para hacerlo oficial estampó su huella dactilar. Siete días más tarde los investigadores hicieron un análisis de riesgo. La hipótesis de su participación en una organización de narcotráfico estaba justificada. Como consecuencia fue incluido en el Programa Nacional de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Pero poco antes de Navidad, el 21 de diciembre, su novia informó a las autoridades locales que él voluntariamente renunciaba a su estatus de protección. Supuestamente, todo estaba listo para que viajara a Europa.

Todo parece indicar que en su residencia se instaló una especie de clínica equipada para su recuperación, con servicio de médico y enfermera. Hacia las 6 de la tarde del lunes 11 de enero de 2021, el paciente dejó el hospital privado y fue conducido a su vivienda. Pero, horas más tarde (3 de la mañana del día 12), el servicio del ECU-911 recibió la llamada de emergencia. Una ambulancia lo llevó de regreso al hospital que había dejado horas antes. Al arribar fue declarado muerto.

El documento oficial de autopsia fue emitido a las 6 de la mañana, ese 12 de enero. Confirmaba heridas en la parte posterior del cuello, la parte posterior del hombro izquierdo y estableció una tercera herida: una cicatriz de diez centímetros en el abdomen. Un investigador comentó, a condición de anonimato, que la hipótesis del trabajo final (ejecución) no puede ser descartada.

El caso aún se investiga en Ecuador, bajo extrema reserva. En enero, autoridades judiciales de Croacia requirieron toda la información, basándose en la figura de una Asistencia Penal Internacional.

Un ciudadano albanés, nacido en 1976 y afincado en Ecuador desde 2013, es uno de los personajes claves en el caso que la policía investigó, en forma reservada, en 2021. El entramado involucra a Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. Cherres, hoy prófugo de la justicia, fue socio comercial del albanés Dritan Gjika en varias empresas.

María Belén Arroyo en Quito, Fatjona Medjini y Dorjana Bezat, desde Tirana (Albania).
Alianza Vistazo-Código Vidrio

Dritan Gjika, según los registros de su país, alcanzó estudios en bachillerato. Sin embargo, en Ecuador sus finanzas despuntaron en la pandemia.

Entre 2015 y 2018, el albanés no pagó impuesto a la renta, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). En 2019 y 2020, el valor que tributó superó los 500 dólares, en cada uno de esos años. Pero en 2021, pagó 15.342 dólares por concepto de impuesto a la renta, en tanto que el impuesto a la salida de divisas ese año superó los 3.700 dólares. En 2022, no pagó impuesto a la renta; pero sí contribuyó con 1.805 dólares por salida de divisas.

¿Cuál era la lucrativa actividad de Gjika en Ecuador? Gjika constituyó una docena de empresas, el mismo día, 17 de junio de 2021, en conjunto con Rubén Cherres

Lo curioso de las empresas constituidas en forma simultánea es que tienen un amplio rango de objetos sociales, van desde la producción de cárnicos, pasando por turismo y promoción de espectáculos, según documentos que constan en la investigación que realizó el despacho del asambleísta Ricardo Vanegas.

Cherres, en su registro de identidad, consta como discapacitado y cita como su profesión la de “petrolero”, sin mayor explicación.

Según la policía estatal albanesa, Gjika no tiene un registro criminal y no ha sido arrestado por la policía de ese país. En septiembre de 2021, sin embargo, la policía italiana lo deportó desde Treviso (Italia), por no reunir la documentación necesaria para entrar en ese país.

Los registros indican que viajó entre Albania y Dubai. Para investigadores especializados, Dubai, uno de los siete emiratos árabes, es un destino privilegiado para el lavado de activos. Eso lo explica, desde la capital albanesa Tirana, la periodista Fatjona Medjini, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.

El siete de enero de este año, en víspera de la difusión de los primeros audios que destaparon el caso, el albanés Gjika partió hacia Turquía. Desde entonces, no se conoce de su paradero. La falta de continuidad en la investigación policial ecuatoriana le permitió esfumarse.

Radiografía de la llegada de albaneses y su fachada de empresarios

 

El escándalo sobre posible actos de corrupción (tráfico de influencias y sobornos) de la estructura integrada por Cherres generó una investigación en el legislativo. Pero el remezón que provocó la denuncia contra el Gobierno entró en pausa forzada, por cuenta de los errores de fondo y forma que cometió la Asamblea en su intento, hasta ahora fallido, de llevar al presidente Lasso a juicio político.

Con apoyo de Global Initiative Against Organized Crime 

El debate sobre el proyecto Hotel Quito debe ser amplio, advierten sectores ciudadanos. Se trata de una edificación emblemática de hace más de medio siglo. Vendida a la empresa china CRBC, ésta proyecta levantar dos torres de más de 20 pisos  en el predio. No obstante, todo el entorno está protegido como patrimonio.

Alianza Vistazo – Código Vidrio

En menos de tres meses, el alcalde electo Pabel Muñoz asumirá la administración de la capital. Uno de los temas candentes que deberá enfrentar se relaciona con una edificación emblemática, construida hace más de medio siglo, que se asienta en una zona de alta plusvalía. El alcalde electo tiene una papa caliente entre manos: el futuro del hotel Quito.

En 2016, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) vendió el hotel a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC), sucursal Ecuador, mediante una subasta de oferta pública bursátil, en 30,8 millones de dólares.

CRBC, que a la época mantenía una decena de contratos con el Estado ecuatoriano y con el Municipio de Quito, por casi cien millones de dólares, anunciaba que la compra generaría el desarrollo inmobiliario y dinamizaría la actividad hotelera en general.

La historia de este proyecto explica las razones por las cuales es emblemático. Su diseño se realizó en 1956, junto el del Palacio Legislativo, como parte de la infraestructura prevista para la decimoprimera Conferencia Panamericana, que debió realizarse en Quito en 1960. La Conferencia no se reunió, pero los edificios quedaron en pie. La construcción del hotel empezó en 1958, por parte de la entonces llamada Caja del Seguro Social.

En particular, el hotel se convirtió en ícono de la modernidad: su fachada tiene una estructura paraboloide hiperbólica. Por su singularidad, por décadas acogió a los visitantes ilustres

El área total del terreno bordea los 30 mil metros cuadrados, que ocupan diez lotes. El edificio y la infraestructura ocupan 22 mil metros. La edificación principal ocupa seis pisos.

En 2011, las acciones de su administrador Quito Lindo S.A. pasaron del IESS al BIESS y un año más tarde (2013) el directorio del BIESS autorizó la desinversión de acciones.

Hasta 2013, el hotel Quito, con 215 habitaciones que representaban el cuatro por ciento de la capacidad hotelera total de la capital, recibía el siete por ciento del total de ingresos del negocio hotelero de la ciudad. En 2014 generó nueve millones de dólares. Ese año se incorporaron al patrimonio de Quito Lindo los nueve lotes de terreno aledaños al hotel, donde se encuentran los parqueaderos.

Para 2013, de los 8,6 millones de dólares en ingresos que generó, el 49,5 por ciento provino de habitaciones; el 41,9 de alimentos y bebidas; el 8,6 por ciento de locales comerciales, estacionamientos y el club recreativo.

Los balances de resultados de 2013 a 2015 reflejan el aumento de gastos de administración, “como consecuencia de actividades de mantenimiento, ajustes de provisión de jubilación patronal, desahucio, retiro voluntario y gastos de depreciación”, según presentado por el gerente general y representante legal de Quito Lindo, de la época, ingeniero Washington Muñoz. Él es padre del alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz.

La controversia

La valoración del bien fue uno de los puntos de controversia. El segundo, no menos polémico, fue la revelación de que la ficha patrimonial había sido modificada en 2014, sin criterios técnicos, dejando por fuera del patrimonio un ala del predio, para facilitar la venta y posterior intervención.

Dos fichas técnicas sustentan la declaración patrimonial. La de 1998 protege la integralidad del predio. La de 2014 excluye de la protección patrimonial al ala sur. A la época de la reforma, el ministro de Cultura era Francisco Velasco.

La controversia fue zanjada el 28 de diciembre de 2020. Mediante resolución, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) reconoció el inventario preexistente del hotel Quito y de otros siete mil bienes patrimoniales. Definió que la ficha de 1998 estaba vigente; en consecuencia, todo el predio es un bien patrimonial.

Colectivos protestan

Por esto, a los colectivos barriales y organizaciones ciudadanas de La Floresta les llamó la atención la noticia de que la construcción de dos torres de más de 20 pisos de altura, áreas no patrimoniales del predio, según la empresa, estuviera prevista para este año.

En un comunicado emitido dos días antes de las elecciones seccionales, el barrio La Floresta explicó que a inicios de febrero de este año, el comité promejoras de La Floresta fue invitado por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda para retomar la elaboración del Plan Urbanístico Complementario para La Floresta. Esta normativa regirá al barrio durante los siguientes 12 años. “La invitación viene después de más de dos años de buscar marginar del proceso a las organizaciones barriales constituidas, en favor de la participación de empresas inmobiliarias y del sector del entretenimiento. Para ello no han dudado en emprender campañas de desprestigio y fomentar la división barrial”.

Según la organización, la convocatoria buscaba validar lo elaborado “a puerta cerrada en medio de apuros electorales y la reactivación de un gigantesco proyecto inmobiliario que acabaría con el valor patrimonial del hotel Quito y sus alrededores”. El comunicado remarca que la factibilidad del proyecto deberá definirse en el plan.

Rocío Bastidas, veedora ciudadana del barrio La Floresta y residente en la zona desde hace 50 años, explicó que en los próximos días los dirigentes se reunirán con el alcalde electo para exponer sus preocupaciones.

Andrés Vallejo, vicepresidente del comité barrial, alerta que debe haber una discusión amplia que involucre a autoridades, actores sociales y academia sobre el proyecto, por sus implicaciones, partiendo del hecho de que todo el predio es patrimonial.

Quien ha investigado la historia del predio es el arquitecto independiente Andrés Núñez, que participa en la veeduría por pedido del Colegio de Arquitectos. Alerta que las torres de varios pisos alterarán el entorno paisajístico.

Virginia Andrade, quien lidera una organización social que construye políticas públicas desde la organización social, advierte que la comunidad está vigilante de la marcha de este proyecto.

En tanto, la empresa propietaria del bien -y administradora del hotel- ratifica que reestructuró la propuesta arquitectónica para respetar el contexto arquitectónico y que no afectará áreas patrimoniales.

El Municipio tiene la última palabra. Es decir, la administración entrante.

La empresa china Terraearth es denunciada por diferentes organizaciones, dirigentes, moradores y operadores turísticos por los severos daños ambientales que ha causado en Napo. Esta empresa tiene seis concesiones y estaría operando de la mano con mineros ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente le concedió una licencia ambiental para operar el proyecto Tena, pues no existiría ninguna prohibición legal. Terraearth niega las acusaciones y asegura que se trata de una campaña premeditada de desprestigio.

Redacción Código Vidrio

Los habitantes de la comunidad de Talag y sus alrededores, a orillas del río Jatunyacu, en Napo, esperan con ansiedad la lluvia. Es el líquido que hoy deben beber, sobre todo desde que empezaron a sentir malestares estomacales y respiratorios por ingerir y cocinar con agua del río.

Raras enfermedades, nunca antes vistas, afectan a niños y adultos.

Talag es considerado uno de los puntos turísticos más hermosos de Napo, por su riqueza en flora y fauna, así como por sus cascadas, lagunas de aguas cristalinas y centros comunitarios, donde se practican deportes acuáticos.

Desde hace dos años, las comunidades asentadas a orillas del río Napo y sus afluentes (el Jatunyacu es uno de ellos), sufren severas secuelas por la devastación provocada por cientos de mineros ilegales y sus redes de apoyo, a todo nivel. Estas estructuras involucran autoridades de gobiernos locales hasta funcionarios del régimen, según alertan pobladores, expertos, representantes de organizaciones ambientalistas, Defensoría del Pueblo, hoteleros, dirigentes e informes de Inteligencia.

Las denuncias no solo apuntan a los mineros ilegales. Otro foco de las demandas de los pobladores es la minera china Terraearth Resources S.A. Desde hace una década, esa firma posee seis concesiones mineras en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena, en Napo. Estas son: Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Entre 2013 y 2015 la firma china se hizo con esas concesiones, que inicialmente fueron otorgadas a la canadiense Merendon. Esos títulos mineros comprenden una superficie de 9.800 hectáreas. La concesión en Talag, expedida en 2001, expiró en el registro minero el 30 de septiembre pasado.

Las concesiones restantes están vigentes hasta el año 2031. Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, especialista en minería, llama la atención que les hayan entregado esas concesiones por 30 años, cuando el límite es 25 años.

Hasta 2020, cuando por iniciativa de Benalcázar se expidió el reglamento que establece requisitos y justificativos técnicos para el cambio de régimen minero, las autoridades de turno, especialmente entre 2009 y 2017, aprobaron a varias empresas las modificaciones de sus títulos mineros de gran a mediana y pequeña minería. Tuvieron una gran facilidad, sin necesidad de presentar justificativos sustentados de cambios en sus niveles de producción. En la práctica -según explica Benalcázar- esas compañías se beneficiaron directamente ya que al obtener el título de pequeña minería, pudieron realizar actividades de exploración y explotación simultáneamente.

Con el reglamento vigente desde hace dos años, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de gran o mediana minería, para cambiar de régimen.

En esos años hubo un desfile de abogados que tenían sus contactos en el Gobierno y lograron su cometido, en medio de irregularidades, según fuentes del sector.

Borra y va de nuevo

En 2020, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) suspendió todas las actividades de Terraearth por incumplimientos a la normativa ambiental. Identificó afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas de químicos tóxicos sin tratamiento previo y modificación al cauce hídrico, además de no contar con los documentos habilitantes para operar. Meses antes, también había ordenado que la empresa corrigiera las fallas. Pero no lo hizo, según varias denuncias.

No obstante, Terraearth indicó que ha sido blanco de una campaña de desprestigio y fue excluida de las reuniones entre autoridades y la sociedad civil para tratar la problemática de la minería ilegal. “Hay ciertos personajes que distorsionan la verdad de los hechos y sin sustento pretenden inculparnos, sin permitirnos el derecho a la defensa a cada falsa acusación”, indicó la compañía en un comunicado.

Según la firma, la campaña pretende vincularlos con la minería ilegal, “cuando hemos sido firmes en la lucha contra este mal que nos afecta a todos; las denuncias y amparos solicitados a los entes de control así lo demuestran”.

En este sentido, la empresa asegura que los daños ambientales fueron causados por mineros ilegales, que sin embargo ha remediado, en apego a las normas vigentes.

“Presentamos nuestra predisposición para en conjunto con las comunidades y las autoridades delinear estrategias para erradicar la minería ilegal que pulula en el sector”, señaló.

Minera china, “la principal amenaza”

Los daños por la explotación minera en los caseríos asentados a los largo del río Napo son más visibles entre las familias, pues las madres han debido llevar a los hospitales a sus hijos que presentan problemas en la piel y el sistema respiratorio. “Aún en los centros de salud, los médicos no logran diagnosticar qué pasa”, comentó Leonardo Cerda, de la ONG Napo Resiste, durante su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, el 16 de febrero pasado. “Debe ser culpa del mercurio que se mezcla con el agua y usan los mineros para extraer el oro”.

La magnitud de las afectaciones salió a la luz desde febrero del año pasado cuando el gobierno realizó una intervención con cientos de militares y policías en Yutzupino, Napo, donde trabajaban más de 600 operarios en más de 200 máquinas retroexcavadoras, en cuencas hídricas para extraer oro ilegalmente. A raíz del operativo fueron detenidos varios involucrados, incluidos funcionarios públicos, que están enjuiciados.

Luz verde para Terraearth

En 2020, el Maate suspendió los trabajos de Terraearth en sus concesiones, porque identificó descargas directas de agua contaminada producto de la extracción en Regina 1S, al cauce del río Chumbiyacu.

---

Mientras en Napo y otras provincias amazónicas se ha explotado la riqueza mineral durante 25 años, la pobreza y pobreza extrema son altas. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, estos dos indicadores llegan al 80%.

---

Estudios de la Universidad Ikiam descubrieron altos índices de contaminación por los materiales arrojados por Terraearth en los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Hatun Yaku. Tres de ellos han sido declarados muertos.

En 2022, Terraearth recibió notificaciones e insistencias porque se verificó que varias áreas no habían sido rehabilitadas ni revegetadas, restaurando la corteza vegetal dañada.

Esa empresa debía presentar al Maate un plan de remediación y determinar el daño, pero no lo hizo. Para esos días estaba concentrada en tramitar la nueva licencia ambiental para el proyecto Tena.

Tampoco probó que llevó adelante los procesos de participación ciudadana, que incluyeran la intervención de operadores turísticos. En las reuniones que la empresa realizó apenas justificó la asistencia del 19% del total de convocados.

El problema, para Sandra Ruales, procuradora común de los accionantes, es que Napo ha sido abandonada por las autoridades que no están llamadas solo a otorgar concesiones y licenciamientos. “También  deben proteger, prevenir, controlar, mitigar y realizar acciones que permitan su conservación, restauración y reparación”.

Ruales subraya que Terraearth no solo está obligada a recuperar los ecosistemas sino indemnizar a las comunidades afectadas.

Por la cadena de incumplimientos, María Gabriela Manosalvas, subsecretaria de Calidad Ambiental, emitió una sanción administrativa en contra de Terraearth, que incluyó la suspensión total de las operaciones en Carlos Julio Arosemena Tola.

 

ZONAS ASOLADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN CONCESIONES
DE TERRAEARTH

 

No obstante, el 31 de octubre del 2022 sucesivamente emitió un informe favorable aprobando la licencia ambiental para que la firma china operara el proyecto Tena.

Preocupadas por esta decisión, varias organizaciones sociales, incluidas Napo por la vida, Napo Resiste, Puerto Napo, comités de defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la Defensoría del Pueblo, han buscado la forma de frenar las operaciones de esa minera.

Andrés Rojas, delegado provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo, exige que se suspenda la licencia ambiental que recibió Terraearth. Dijo que la con la experiencia de lo ocurrido en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola nada garantiza que no vuelva a incurrir en malas prácticas.

Actividad depredadora en Napo

Un año después, los mineros siguen con sus actividades depredadoras en Napo. “Una mujer cayó al río, que está muy contaminado, y sufrió quemaduras. Seres humanos y animales se están quedando sin agua para el consumo, enferman”, aseguró José Moreno, dirigente de Talag.

Líderes de organizaciones sociales, habitantes, defensores del agua y medioambiente y operadores turísticos, han reclamado por la inacción del Gobierno, desde el año pasado, agobiados por las graves afectaciones de la minería.

Cerda, de la ong Napo Vive, insiste en que una de las principales amenazas es Terraearth. Con él coinciden operadores turísticos y pobladores de comunidades indígenas, que han visto con preocupación el avance de sus operaciones, que irían de la mano con minería ilegal. “El estero Zapallo esá sucio, no hay como lavarse ni siquiera las manos, está muy contaminado, no entiendo porqué las autoridades no pueden parar estas acciones”, dijo un indígena de la zona.

Ambiente defiende su decisión

Según las autoridades del Maate, no se puede confundir lo ocurrido en Vista Anzu y Regina S1 con las operaciones aprobadas en el proyecto Tena. Las dos primeras están activas desde 2012 y han sido sujetos de control, dijo José Dávalos, viceministro de Ambiente, en su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, dirigida por el asambleísta Washington Varela. Representa a la provincia de Napo.

Las dos concesiones también fueron suspendidas como otros 154 frentes mineros por incumplimientos. Eso incluye un proceso de 2015 que actualmente está en cobro por coactiva y otros que están en trámite.

Pero las suspensiones y sanciones a Terraearth en otras concesiones -dijo- no impiden que reciba una nueva. En su momento podría revocarse la licencia ambiental si se detecta algún incumplimiento; pero según Dávalos en esta etapa era imposible, porque ahora la empresa solo puede entrar “para realizar un plan de acción que permita remediación”.

En este caso se han hecho 43 inspecciones en ese territorio, se solicitó 24 planes de acción, 16 en la actual administración. Ocho fueron para el proyecto Tena y ocho para Regina 1 S y Vista Anzu. El proyecto Tena tiene una suspensión vigente porque se detectó presencia de minería ilegal y solo se levantará cuando exista una ejecución cabal del plan de acción, según el delegado de Ambiente.

En buena parte de los casos, sino en todos, las actuaciones de las autoridades han sido tardías y ocurrieron meses después de las denuncias constantes de los afectados. No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros, que intervienen con la complicidad directa de las autoridades, denuncia Francisco Rodríguez, emprendedor turístico, dueño de Anaconda Lodge, ubicado en una pequeña isla entre los ríos Napo y Arajuno. “Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de autoridades locales, que apoyan con su maquinaria a la depredación”, indicó Rodríguez.

¿La consulta previa, a medias?

Aunque desde las comunidades y movimientos que rechazan la minería denuncian que la empresa china tampoco cumplió el proceso de consulta previa, el Maate y Terraearth entregaron a la Asamblea los listados  de invitaciones a las comunidades de las zonas de influencia, incluyendo barrios, cooperativas y organizaciones.

Las respuestas de las autoridades no convencieron al titular de la Comisión legislativa, Washington Varela. Él preguntó, entre otras cosas, “qué potestad legal tiene el Ministerio para haber determinado que la empresa no estaba involucrada en minería ilegal”, pues hay un proceso legal en marcha, máquinas retenidas.  Es más, “tenemos conocimiento que esta empresa contrató a los mismos mineros ilegales para hacer la remediación ambiental, eso no puede ser, no puede seguir ocurriendo”, denunció.

Daños severos

Según los registros fotográficos y videos de los defensores del agua opuestos a la minería, los daños ambientales son severos. Hay imágenes de niños bañándose en aguas visiblemente contaminadas, en pozas de sedimentación de Terraearth. Luego, las crecidas arrasan con piscinas rudimentarias que terminan por afectar a los ríos.

Las autoridades del Maate dijeron que al 1 de febrero Terraearth ya llevaba 12 días trabajando en remediación ambiental en El Icho, uno de los frentes de minería ilegal.

La extracción de oro no es nueva en la zona, dice Cerda, de Napo Resiste. Pero antes la gente hacía procesos artesanales y tradicionales, como sacar oro y lavarlo únicamente en bateas, en ríos como el Jatun Yaku. Ahora, se calcula que solo para este nuevo proyecto Tena ya se han abierto seis puntos de extracción graves y se han destrozado hasta 600 hectáreas de selva, con maquinaria pesada.

“Terraearth tiene conexiones directas con mafias que están operando. No quieren cumplir los pasos necesarios para hacerlo de forma legal, entonces hablan con mineros ilegales y les compran”, subraya Cerda.

No reconoce entre quienes dirigen las palas mecánicas a los vecinos de la zona. Entre los lugareños se conoce que la gente que se dedica a la minería ilegal llega desde otros frentes abiertos en Esmeraldas, el Podocarpus (Loja y Zamora Chinchipe), Sucumbíos o Buenos Aires (Imbabura). Cerda cree que hay indicios suficientes para concluir que este tipo de actividad ilegal está también conectada con el narcotráfico y bandas delictivas.

UN ESTIMADO DE 638 MILLONES DE DÓLARES ANUALES PIERDE EL ESTADO POR MINERÍA ILEGAL

El Estado inoperante

Todos los detractores de la minería se preguntan porqué el Estado no ha frenado la minería ilegal, si la maquinaria que ingresa es grande y no se puede camuflar; si para operar necesita abastecerse de combustible que compra públicamente en gasolineras. Esos equipos operan día y noche.

Los daños en los ríos Anzu, Jatun Yaku, Yutzupino son más visibles día a día. El Anzu “antes era transparente, grande y eso ya quedó así. La gente está tomando esa agua, pesca los peces que sobreviven en ese río, al igual que los otros animales que caza y que se hidratan en esa agua. Las camas de las piscinas ya no son suelos cultivables», apunta Cerda.

Desde meses atrás los moradores de esta región ya no usan el agua del río Napo porque está sucia y contaminada con mercurio y otros químicos, que se emplean en la minería ilegal

“Por allá ya se espera a la lluvia para tomar agua porque la del río es mala”, cuenta José Moreno, representante de la comunidad Talag. Y esta vez los defensores de la naturaleza creen que las afectaciones no se quedarán en la selva sino que están cada vez más cerca de las zonas urbanas. Ahora mismo las operaciones de minería ilegal están cada vez más cerca de Tena, la capital de Napo.

Mientras esperan la atención estatal, las comunidades se organizan y han formado yuturi warmi (grupos de mujeres que dan alerta temprana a la comunidad) y guardias comunitarias para saber lo que está pasando. No quieren seguir siendo testigos de pasivos ambientales en los que poca o ninguna remediación se hace.