Esta alianza mapeó el listado de las principales contratistas chinas con el Estado ecuatoriano, aparte de Sinohydro. Se trata de una veintena de empresas, de las cuales la mayor parte ejecutó obras en sectores estratégicos. Hay sorpresas: firmas que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años. Tensiones y conflictos legales; obras retrasadas con sobreprecios importantes, incumplimientos. También hay compras inútiles. En síntesis: los proyectos no fueron buenos, bonitos, ni baratos.
Alianza Código Vidrio-Vistazo.
Siete años después del terremoto de Manabí, y luego de varios retrasos, a fines de julio debería estar en funcionamiento el hospital de Pedernales. La ejecutora es la empresa China CAMC, que desde 2012 ha recibido al menos mil millones de dólares en contratos de obra pública. Fue privilegiada durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y ese favoritismo se mantuvo en el mandato de Lenín Moreno, que le otorgó el contrato para el hospital manabita, en octubre de 2020.
Esto, pese a que en abril de 2019 un informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) señalaba a esa firma. Según el CPCCS-T, la contratista China CAMC Engineering Co. LTD. habría integrado una lista de entidades inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por el Banco Mundial, por haber incumplido normas y regulaciones sobre fraude y corrupción.
No pagó renta. Según descubrió esta alianza, no ha pagado el Impuesto a la Renta (IR) desde 2020 hasta 2022. Reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI) indican que el último año fiscal en el cual pagó este impuesto fue en 2019; entonces canceló 3,8 millones de dólares. Esto es casi la mitad del valor tributado del año previo (2018) cuando pagó la cifra más alta de su historial en Ecuador, USD 7,3 millones. Por concepto del Impuesto a la salida de divisas, en 2021, tributó USD 15 mil.
No es el único foco de tensión con esta firma. Un reporte de inteligencia económica al que accedió esta alianza revela que ha sido una proveedora relevante para el Estado ecuatoriano, bajo la figura de régimen especial. “Es un tipo de contratación cuyo denominador común son los procesos contractuales sin concursos ni estudios de mercado”.
Subcontratan obras completas en tres proyectos
De hecho, la misma empresa ganó un contrato por USD 40 millones, en el marco del proyecto Casa para Todos, publicitado por el gobierno de Lenín Moreno. Para la construcción de 4.608 casas, el Banco de Desarrollo de China prestó al país USD 109,3 millones. China CAMC fue una de las tres escogidas, sin concurso, de un listado de 19 firmas impuestas por el gobierno asiático.
Debía edificar 2.095 unidades habitacionales pero ilegalmente subcontrató a una firma ecuatoriana para cumplir todos esos trabajos. La Ley de Contratación prohíbe que un subcontratista reciba más del 30 por ciento del total de un proyecto. Esa no fue la única irregularidad. Hubo demoras de varios meses en la ejecución del proyecto estrella del gobierno de Moreno. Según informes de Contraloría, la firma ya había incurrido en la práctica de subcontratar, en la ejecución de los hospitales Monte Sinaí y Zofragua.
La firma se defendió en su momento, indicando que -por el contrario- había sido perjudicada por la contraparte local. Según su argumento, ésta abandonó las obras e incumplió con sus obligaciones contractuales.
Hasta 2018, la firma había sido contratada para 17 obras, según el informe del CPCCS-T, con base en datos del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Algunos de los proyectos emblemáticos eran:
- 5 hospitales públicos en Manabí, Guayas y Esmeraldas por 346, 3 millones de dólares
- La plataforma gubernamental norte, cuyo valor final superó los 220 millones de dólares.
- 12 centros regionales del ECU-911, por 61 millones de dólares.
La plataforma gubernamental al norte de Quito tuvo problemas por mal funcionamiento del alcantarillado y presentó inundaciones. A esas fallas estructurales se sumó el hecho de que la contratista habría pagado 1,3 millones de dólares, en forma irregular, con el fin de que Contraloría desvaneciera una glosa por 22,5 millones por problemas en esa obra.
Para la empresa, sin embargo, los procesos contractuales fueron transparentes. Cuando se presentaron las inundaciones en la plataforma gubernamental, sus voceros deslindaron responsabilidades.
La firma china ha construido en todo el país. En su objeto social, afirma que es la construcción de todo tipo de edificios residenciales, edificios de alturas elevadas, viviendas para ancianatos, casas para beneficencia, orfanatos, carteles, cárceles, conventos, casas religiosas, lo que incluye remodelación, renovación o rehabilitación de estructuras existentes.
Seguridad, pero a qué costo
China National Electronics Import & Export Co. Ltd. (CEIEC) entra en el ranking levantado por esta alianza.
A inicios de noviembre de 2012 se suscribió el contrato 945-DE-DCP-2012, para la adquisición, instalación e implementación de 55 juegos (kits de seguridad); adquisición, licenciamiento e implementación de una plataforma informática. El proyecto, llamado Transporte Seguro, tenía dos responsables: la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre y la firma CEIEC. Esta sería la encargada de proveer e instalar los kits de seguridad.
Para los primeros meses de 2013 se anunciaba la instalación de los dispositivos en taxis y en buses. Cámaras grababan lo ocurrido en la unidad de transporte; si el botón de pánico se activaba, la información llegaría hasta el centro de auxilio en el ECU-911, a través de una plataforma tecnológica. Un dispositivo GPS identificaba la localización. El proyecto estaba cuantificado en USD 73 millones.
En 2015 se firmó el contrato para la Fase 2, que implicaba la ampliación del data center del proyecto. El monto: USD 36 millones. Para 2016, se anunció que más de 70 mil unidades contaban con el sistema. Hasta 2019 el funcionamiento fue relativamente normal. Hoy, la plataforma que comunica el sistema con el ECU911 se encuentra inactiva.
En 2016 la firma CEIEC firmó el contrato con el Ministerio de Justicia (hoy Mujer y Derechos Humanos) por USD 13,7 millones. El objeto: la adquisición e implementación de la Plataforma Informática y dispositivos de geo-posicionamiento electrónico. En otras palabras, los grilletes para ubicar a las personas que cumplen penas no privativas de libertad.
Documentos reservados en poder de esta alianza muestran que el contrato fue perjudicial para el Estado, por cuanto fue financiado “con crédito chino oneroso, pagado con petróleo a precios descontados”. CEIEC habría ganado el 800 por ciento como intermediaria en la venta de los grilletes, si se considera el precio del fabricante. “Se simuló un concurso abierto”, advierte el informe. Según esta fuente, el crédito estuvo atado a la contratación de esta empresa. Durante el correísmo, la firma habría recibido 12 contratos por 424 millones Del total, nueve habrían sido atados a endeudamiento con petróleo.
Los voceros de la firma china se han defendido en entrevistas de prensa. Argumentaron que no hubo sobreprecio en los grilletes, ya que quienes comparan usan como referencia dispositivos muy baratos que aparecen en páginas de internet. Defendieron la idoneidad de los dispositivos de localización, pues explicaron que estos emiten alertas cuando son manipulados. Así salieron al paso de acusaciones y críticas, que se hicieron públicas cuando el exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado se retiró el grillete y huyó del país.
No pagó renta. La empresa no pagó impuesto a la renta desde 2020. En 2019 tributó 45 mil dólares por este rubro. En 2017 y 2018 tampoco tributó. Su año récord para el pago de impuesto a la renta fue 2014: contribuyó con 977 mil dólares. En 2015 pagó USD 89 mil por salida de divisas.
Hidroeléctricas
A un costo de USD 670 millones fue construido el proyecto hidroeléctrico Paute Sopladora, con capacidad de 487 megavatios. La responsable: la empresa China Gezhouba Group.
La obra fue entregada en 2016. Está entre las provincias de Azuay y Morona Santiago. En abril de 2021 fue recibida definitivamente por Celec. Contraloría estableció multas y glosas por 248 millones de dólares.
La misma empresa firmó en 2012 con la Secretaría del Agua un contrato para la ejecución de obras para evitar las inundaciones del río Bulubulu, por un monto de 55 millones de dólares. Por la entidad estatal firmó el contrato Walter Solís Valarezo, quien fue sentenciado por el caso Sobornos, por el delito de cohecho. También fue procesado el representante de la empresa en Ecuador, pero presentó un recurso constitucional de acción extraordinaria de protección, al considerar que su derecho fue violentado.
No paga renta. La firma china pagó impuesto a la renta hasta 2017, cuando tributó USD 840 mil por ese rubro. En 2016 había pagado USD 2,6 millones, su año récord de tributación. Eso sí, ha pagado impuestos a la salida de divisas, en lo que va del 2023 por USD 24 mil. Y en 2022 tributó por ese rubro USD 56 mil.
Hydrochina corp. es el nombre acortado de China Electricidad Ingeniería Consultorio Grupo Co. La firma recibió el contrato para la ejecución de la central hidroelétrica Delsitanisagua, que aprovecha las aguas del río Zamora. El contrato fue firmado en 2011 y el monto pactado fue de USD 195 millones. Problemas técnicos y de diversa índole provocaron que el valor se incrementara a 258 millones de dólares. Aunque debió estar operativa en 2016, recién empezó a trabajar en 2018. Entre los imprevistos que afectaron la marca de los trabajos, en julio de 2014 tras una lluvia torrencial, parte de una montaña se desprendió y aplastó parte del campamento. Tres funcionarios chinos murieron, entre ellos, el jefe del campamento.
La central tiene una capacidad instalada de 180 MW, y beneficia directamente a más de medio millón de pobladores del sur del país, según CELEC.
No paga renta. 2017 fue el último año fiscal en que Hydrochina pagó 400 mil dólares por impuesto a la renta. En lo que va de 2023, ha pagado una cifra similar por concepto de impuesto a la salida de capitales.