Estos son los diez jueces que multiplicaron su patrimonio  

JUSTICIA ACORRALADA. Diez jueces de siete provincias multiplicaron sus patrimonios, sin justificación, los últimos cinco años, según la Contraloría. Hay irregularidades e inconsitencias en sus cuentas. La entidad emitió informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) en su contra, que ya son investigados por la Fiscalía y llamó a redir versiones a los jueces indagados por un presunto enriquecimiento ilícito. Este medio buscó el pronunciamiento de los diez judiciales, pero solo cuatro repondieron y aseguraron que no han cometido delito alguno.  

Por Fernando Medina
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Los hallazgos son parte de un estudio aleatorio y de riesgos que la Contraloría realizó desde enero del 2022. Un equipo de auditores analizó los patrimonios de 30 jueces a nivel nacional.

El proceso culminó en marzo pasado. Los auditores concluyeron que diez de los jueces (un 40% de la muestra) tienen irregularidades, y presumen que se cometieron delitos penales de perjuicio y enriquecimiento ilícito.

Código Vidrio accedió a las identidades de los funcionarios señalados con IRP. Y revisó sus  declaraciones juramentadas, que son públicas en el sitio web de la Contraloría. Así confirmamos que en todos los casos hubo un aumento de sus patrimonios. Estas diferencias no pudieron ser justificadas ante los auditores, que si establecieron como consitentes las declaraciones de 20 jueces.

En la lista observada constan seis hombres y cuatro mujeres. Los funcionarios trabajan en los juzgados de Guayas, Los Ríos, Manabí, Azuay, Cañar, Loja y Pastaza.

Según los datos de la Judicatura, son jueces provinciales, multicompetentes y de primer nivel. Se trata de:

• Milton Napoleón Morales Morales, juez multicompetente de Los Ríos.

• Mercy Carolina León Cruz, jueza penal de Guayaquil.

• Ángel José Briceño Castillo, juez de Loja

• Juan Giovani Sailema Armijo, juez provincial de Pastaza

• Luis Alberto Guerrero, juez de Azuay.

• Grace Antonela Cevallos Tagle, jueza de Manabí.

• María Soraya Quintero López, jueza de Azuay.

• Mauro Alfredo Flores González, juez de Cañar.

• Gilda del Pilar Gómez Rivera, jueza de Babahoyo

• José Antonio Intriago Williams, juez de Guayaquil.

La Fiscalía tiene en su poder los informes de responsabilidad penal para investigar los presuntos delitos que habrían cometido al incrementar injustificadamente sus patrimonios, entre 2018 y 2022. De hecho, ya ha avanzado en las investigaciones y ha llamado a dar versiones a algunos de los jueces. Contactamos a todos los jueces investigados. Cuatro accedieron a dar su versión y aseguraron que no han cometido ningún delito, que justificaron sus patrimonios en la auditoría del ente control y que actualmente ejercen su defensa en la Fiscalía. Los seis restantes no se pronunciaron: algunos dijeron que al ser un proceso reservado pereferían no dar declaraciones y otros estaban ausentes o de vacaciones.

El año pasado, la Contraloría hizo un examen a las declaraciones de bienes del mando de la Policía, integrado por 25 generales, y estableció reportes de  IRP para tres oficiales, dos salieron de la entidad y un tercero está activo. Se trata del general Fausto Buenaño Castillo, comandante de la Zona especial de Esmerladas, a quien la Fiscalía le abrió una indagación por un supuesto enriquecimiento ilícito. Tras ocho meses de indagación, la Fiscalía archivó el proceso porque el oficial descargó y aclaró todos los indicios penales que inicialmente se señalaron en su contra.

¿Quiénes son los jueces con IRP? 

Milton Morales Morales es el juez que más incrementó su patrimonio, desde el 2018. En ese año, según su declaración juramentada, sus posesiones apenas alcanzaban un valor de USD 929. Dos años más tarde, su patrimonio se multiplicó, llegando a 405 mil dólares. En tanto que para el 2022 su patrimonio volvió aumentar otros USD 32.970. Morales es juez multicompetente del cantón Montalvo, en Los Ríos. Sus ingresos son de USD 4.164 y entre sus bienes figuran cuatro propiedades en Guayas y Santa Elena. Dos de las viviendas están valoradas en USD 154.700 y USD 200.000.

Ocupa el cargo de juez desde el 2014 y en el sistema de la función judicial tiene un proceso de recusación, que fue inadmitido por otro juez.

Al buscar su versión, un funcionario de su despacho dijo que el juez no atenderá ninguna entrevista a medios de comunicación. Que los procesos que se están investigando son de carácter reservado y que los jueces están prohibidos de emitir declaraciones por disposición del Consejo de la Judicatura.

Mercy León Cruz es jueza de primer nivel de Guayaquil. Según su declaración de bienes, ha trabajado en el complejo judicial La Florida. Es funcionaria desde el 2014 y su patrimonio actual asciende a USD 260.586.

Sus posesiones también registran un importante incremento desde el 2018. Ese año, reportó bienes por USD 32.767. En cinco años, la jueza multiplicó su patrimonio hasta ocho veces más. Tiene dos casas en Guayas, valoradas en USD 115.000. Su sueldo actual es de USD 4.164. Ha sido recusada en seis ocasiones. Pero ninguna causa prosperó.

Al ser consultada por Código Vidrio la jueza se mostró sorprendida por la apertura de la investigación fiscal. Dijo que la Contraloría se comunicó con ella hace un año y le pidió que justifique su patrimonio. Asegura que entregó todos los documentos de forma física y digital. Pensó que con eso sería suficiente hasta que le informaron que existe un informe de responsabilidad penal, al cual señala que no ha tenido acceso. Cuenta que a principios de abril la Fiscalía le
informó el inicio de la investigación previa por un presunto enriquecimiento ilícito y que fue llamada a dar su versión pero pidió un diferimiento por motivos de trabajo.
Ahora, señala que recopilará toda la información necesaria para presentar ante la Fiscalía. “Soy cristiana y una persona íntegra. Por mi trabajo he recibido bastantes demandas de recusación, pero es porque la gente no se conforma cuando pierde. Yo he resuelto cada caso bajo derecho y eso a veces no se entiende”, señaló.

Ángel Briceño Castillo es juez de primer nivel de Loja. Los reportes señalan que es el jurista con el tercer patrimonio que más se incrementó en los últimos años. Pasó de tener USD 5.856, el 2018, a USD 223.090 en 2022.

Tiene una casa de USD 200.000 y una finca valorada en USD 140.000. Las dos propiedades están en Loja. Briceño es juez desde el 2012 y su sueldo actual es de USD 4.164. No cuenta con demandas en su contra.

Contactamos al juez por vía telefónica, pero dijo que el proceso está en investigación y que es reservado. Por lo tanto manifestó que no va a dar declaraciones.

Juan Sailema Armijo es el único juez provincial que está en la lista de los funcionarios observados por la Contraloría. Desde el 2020 preside la Corte Provincial de Pastaza. Llegó a ese cargo luego de ser juez de la sala provincial multicompetente. Además, ha ocupado otras dignidades en Ambato y en Napo. En esta última también fue juez provincial. A su llegada a Pastaza señaló que “la honestidad y la transparencia son principios inherentes a los administradores y operadores de Justicia” y que en su administración no habrá influencias internas o externas.

Dos años después, el judicial deberá enfrentar una investigación de la Fiscalía por irregularidades en su patrimonio. Según la Contraloría, el juez en el 2018 declaró tener posesiones por USD 85.604. Hoy su patrimonio es de USD 285.661. En la lista de sus bienes consta un departamento en Pastaza y otras cuatro propiedades en Tungurahua. Entre todas suman USD 132.702. En tanto que, en dos vehículos, marca Toyota, el avalúo es de USD 40.000.

Según el Sistema de la Función Judicial también tiene seis recusaciones, pero ninguna prosperó. Su salario sobrepasa los USD 5.000.

El juez provincial de Pastaza dijo a este medio que realizó los descargos a su debido tiempo en Contraloría, pero los auditores no los acogieron, dando paso a su informe de IRP. Sailema cuenta que la entidad le pidió que justifique el pago de USD 130.000 de una tarjeta que le pertenece a su cónyuge. El magistrado afirma que está separado de su esposa, pero legalmente sigue casado.
Y afirma que los ingresos de su expareja provienen de tres casas renteras que posee. Sin embargo, los contratos de arrendamiento son verbales y por eso la Contraloría no los acepta. “En la ley establece que los contratos de arrendamientos pueden ser verbales o escritos”,
dice el juez.

Afirma que hace seis meses realizó la disolución de la sociedad conyugal para evitar problemas. “Todo mi patrimonio está justificado en mis declaraciones juramentadas”, señala.

Luis Alberto Guerrero es juez de Familia, Mujer y Adolescencia en Azuay. Llegó al cargo en 2014.Los datos que proporcionó en el 2018 son bajos. Ese año, el funcionario indicó que su patrimonio llegaba a USD 6.564. Pero en el 2022 esa cifra sobrepasó los USD 154.000. Guerrero es conocido en Cuenca por un fallo judicial que expidió en 2019. Dio paso a la acción de protección presentada por las concejalas Paola Flores y Marisol Peñaloza, en relación a la elección del vicealcalde de Cuenca, al considerar que la misma violaba derechos de equidad y paridad de género. Por esa decisión fue duramente cuestionado desde la administración municipal. La Defensoría del Pueblo salió en defensa del magistrado y denunció que sufrió hostigamiento

Hoy Guerrero deberá enfrentar una investigación penal por las inconsistencias en su patrimonio. Entre sus bienes están una oficina, una casa y un departamento, en Azuay. Los tres inmuebles tienen un avalúo de USD 230.000.

El juez dice que la Contraloría le notificó el año pasado que harían un análisis de su patrimonio. Le solicitaron documentación de respaldo de sus tarjetas, estados de cuenta y bienes. Posteriormente, le pidieron que justificara cómo logró pagar parte de sus deudas y que justificara el origen lícito del dinero que utilizó para reducir sus pasivos. “Yo cumplí con todo a cabalidad. Entregué documentos que justifican mi patrimonio”, señaló. “Pero la Contraloría determinó que este aumentó por el hecho que disminuyeron algunas obligaciones que tenía con familiares cercanos. Todo lo he justificado con documentación, pero a la Contraloría no le sirvió e hizo caso omiso. Yo estoy tranquilo, no tengo nada que ocultar”.

La Fiscalía ya recibió su versión donde presentó los mismos documentos que entregó a la Contraloría. Según el magistrado, la semana pasada un perito de la Fiscalía ya terminó un informe sobre su patrimonio. Espera que con esa pericia se aclare el caso. Por otro lado, dice que el día que la Contraloría leyó el informe él no pudo estar presente. El equipo auditor realizó la presentación por zoom, pero él nunca pudo conectarse por fallas en el sistema.

Grace Cevallos Tagle fue posesionada como jueza de primer nivel en junio del 2021. Trabaja en Pedernales, Manabí. A pesar de que lleva poco tiempo en el cargo, la Contraloría también identificó irregularidades en sus declaraciones juradas.

Según sus informes patrimoniales, el 2020 reportó un patrimonio de USD 13.566 y un año después registró un incremento que llegó hasta los USD 151.648. Cevallos no es funcionaria judicial de carrera. De hecho, en el historial de la Contraloría desde el 2017 ha pasado por al menos seis instituciones públicas, como la Comisión de Tránsito del Ecuador, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Municipio de Guayaquil, la Universidad de Guayaquil, entre otras.

Entre sus bienes más costosos está una casa en Guayas valorada en USD 150.000. La funcionaria gana USD 4.164 de salario.

Código Vidrio envió un correo electrónico a su mail oficial de la Judicatura y se contactó con su oficina. En esta última, una funcionaria afirmó que la jueza estaba delicada de salud y que había indicado que se comunicaría con este medio para pronunciarse. Hasta el cierre de esta edición, eso no ocurrió.

María Quintero López es jueza desde 2013. Es parte del grupo de magistrados de Azuay con sede en Cuenca. También maneja procesos relacionados a familia, mujer y adolescencia.

En 2018, la jueza reportó un patrimonio de USD 2.400. Ahora, la cifra supera los USD 120.000. Esto llamó la atención de la Contraloría pues significa que su patrimonio se multiplicó ocho veces, en cinco años.

Entre los bienes a su nombre hay dos terrenos y una casa en Azuay. Según el reporte del 2022, esos bienes fueron adquiridos mucho antes de ser jueza. Sin embargo, en 2018 no los reportó. Las últimas adquisiciones que realizó son dos vehículos valorados en USD 49.000. Quintero también gana USD 4.164.

Hasta el cierre de edición, la jueza no respondió el pedido de entrevista que se le realizó a través de su correo electrónico de la función judicial. Tampoco respondió al número telefónico de su despacho.

Mauro Flores González pertenece a la judicatura de Azogues, en Cañar. Es juez provincial multicompetente y funcionario de carrera. Ha trabajado en la función judicial por más de 30 años.

Su nombre en la lista de inconsistencias patrimoniales aparece porque también existe un desbalance importante entre el 2018 y 2022. Según los informes, su patrimonio entre esos dos años pasó de USD 6.000 a USD 120.050.

En 2020 compró una casa valorada en USD 120.000. Sin embargo, en los registros de deudas también existe un préstamo al IESS por el mismo valor.

La Fiscalía deberá indagar si existen o no irregularidades en su patrimonio.

Al ser consultado el juez enfatiza: “jamás ha sido amonestado por actos de corrupción o multas”.

No niega que en la Función Judicial exista corrupción, pero afirma que no es parte de ella.
Comenta que es juez provincial de Cañar desde el 2008 y que la Contraloría le indicó que debería justificar la adquisición de dos vehículos que están a nombre de su esposa y un terreno. Según el
magistrado, él se casó en 2014 y esos bienes son de su esposa desde mucho antes.
Además, indica que le hicieron observaciones por dos depósitos que recibió a sus cuentas por aproximadamente USD 20.000.

Afirma que son dineros lícitos y que tienen su justificación. Uno de ellos estaría relacionado con la compra de una casa que realizó, con  un saldo a su favor. Por eso, en la Fiscalía ha explicado que las personas que realizaron los depósitos pueden dar su testimonio para comprobar la legalidad del dinero. “A la Contraloría incluso les ha llamado la atención un viaje que realicé a Tumbes (Perú), hace cinco años. Me pidieron que justifique con qué dinero me fui. Por sentido común les dije que como juez si he de tener unos USD 200 o USD 300 de mi sueldo para ir de viaje como
cualquier persona. Yo no tengo pasaporte ni visa. Jamás he salido del país como otras personas que van y salen para ir a dejar el dinero en cuentas offshore. Soy honesto”, afirma.

Otro de los patrimonios señalados por irregularidades es el de la jueza de Babahoyo (Los Ríos), Gilda Gómez. Los reportes muestran registros inusuales entre 2018 y 2022. En este último año reportó posesiones por USD 150.000. Cinco años antes tenía USD 16.000 en bienes.

Según los datos oficiales, la jueza adquirió en 2019 una casa en Los Ríos por USD 130.000. Pero mantiene en deudas un monto de USD 6.000.

En el despacho de la jueza, personal judicial informó que se encuentra de vacaciones y evitaron dar más información. Este portal también envió un pedido de entrevista formal a su correo electrónico
institucional. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

José Intriago Williams, el juez que presenta el incremento patrimonial más bajo, de la lista de los 10 observados. En 2018 tenía posesiones valoradas en USD 18.856 y en 2022 la cotización de sus bienes aumentó a USD 78.651. Es decir, hay una diferencia de USD 60.000. El magistrado deberá justificar esos montos a la Fiscalía. La entidad analizará sus actividades desde que inició labores en el 2015 como juez de primer nivel en Guayaquil.

Actualmente, Intriago enfrenta un proceso judicial por calumnia y otro por recusación. Esta última fue archivada.

Ante la llamada de este medio, el juez inicialmente indicó que sí se pronunciaría sobre los procesos en Contraloría y Fiscalía. Pero posteriormente no respondió las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos que le enviamos.