Xavier Jordán estaba perturbado. Expresó sus miedos extremos en repetidas ocasiones, desbordado y colérico, en muchas de las conversaciones que mantuvo con Leandro Norero, en junio de 2022. Los mensajes entre ambos esclarecen lo que era un secreto a voces: la relación del narcotráfico con la política, en particular con el correísmo. Entre sus blancos estuvieron el empresario Nahin Massuh, por sus supuestas filtraciones,  y el expresidente de la Asamblea, César Litardo, considerado un traidor en el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Jordán fue llamado a juicio por la venta de insumos médicos en la pandemia y será vinculado al caso Metástasis el 3 de enero.

Redacción Código Vidrio

Xavier Jordán y el Patrón Leandro Norero operaron en varias ocasiones, subrepticiamente, a favor de líderes del correísmo, especialmente de Jorge Glas, y en contra de quienes eran un obstáculo para su estrategia de impunidad. Eso se desprende de la cadena de chats develada en el caso Metástasis.

Desde su lujosa residencia en Miami, Jordán dedicaba buena parte del día a chatear con el narco, preso en la cárcel de Cotopaxi. Esos días, él vivía momentos personales complejos: padecía de insomnio y migrañas constantes. Se había vuelto dependiente compulsivo del celular, lo cual le preocupaba a su familia que lo obligó a consultar a un médico e iniciar un tratamiento.

En el país, el gobierno de Guillermo Lasso sufría ataques constantes del correísmo y la Conaie, con Leonidas Iza a la cabeza. Ese mes de junio el gobierno soportó una violenta paralización del movimiento indígena, que buscaba defenestrarlo, mientras en el Legislativo el movimiento del expresidente Rafael Correa, también estuvo a punto de destituirlo, tras un primer juicio político en su contra.

Jordán estaba muy molesto por la exposición en los medios de su relación con militantes cuestionados del correísmo y sus investigaciones de corrupción, denunciadas sin tregua por el entonces legislador y presidente de la Comisón de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

El 20 de junio del 2022, los mensajes entre Norero y Jordán (que tenía como usuario Ravioli) pusieron al descubierto otro plan criminal para eliminar a uno de sus blancos más incómodos: “ya lo tengo a tu pana (Nahín) Massuh, mordió la carnada”. Y Jordán complementa: “Ese hp es el causante de todo el daño”.

Norero había logrado infiltrar  a Massuh través de una mujer, quien había sido candidata a Miss Ecuador, que le compartiría la ubicación “y ahí comienza la fiesta”. Ambos intercambiaron números de teléfono que aparentemente usaría Massuh, a quien apodaban El Turco. Jordán le envió uno de ellos y dijo: “Me lo pasó Boscán, pero yo no quiero hablar con ese sapo”.

Estaban dolidos con Massuh porque afirmaban que él tenía que ver en filtraciones de fotos e información que los involucraban. Mencionaban varias veces a Andersson Boscán, de La Posta, y a Villavicencio, quien constantemente difundía información sobre presuntas vinculaciones entre Norero y Jordán. “Ya se les acaba, ñaño. Y con ese Massuh es todo, apagamos esa prensa”.

El 21 de junio, el plan entró en marcha. Norero escribió: “Ñaño, estoy en eso que te comenté ayer. Esta reunión con Litardo”. Jordán le envía unas capturas de pantalla y un número de teléfono y le dice: “Ese es el del de Litardo. Ese sapo es, reviéntalos a todos”. Código Vidrio confirmó que efectivamente ese número aún pertenece al exlegislador.

Norero se reía, mientras Jordán le daba más datos sobre los presentes en la reunión, especialmente sobre Massuh, su vehículo, y el de su esposa, además del «Argentino». Le daba muchos detalles para que identifiquen plenamente a quienes estaban ahí. Norero planeaba concretar el crimen, una vez que los asistentes salieran de la oficina al final del encuentro.

Según el chat, ese día todos estaban en el edificio Arcos Plaza, en la oficina 203, que era parecida a una que tenía Norero en el mismo lugar, pero más pequeña. El plan era ejecutar inicialmente a Massuh, pero al enterarse de que estaría Litardo también decidieron asesinarlo, usando armas con silenciadores.

Litardo, enemigo jurado del correísmo

A Litardo lo querían matar porque lo consideraban un “sapo”. Litardo llegó a la Asamblea como candidato de Alianza País en 2017, cuando Lenín Moreno y Jorge Glas se posesionaron como presidente y vicepresidente de la República.

A los pocos meses se produjo un quiebre inesperado entre Moreno y su antecesor Rafael Correa que cambiaría radicalmente el escenario político nacional. La ruptura ocurrió cuando Moreno no siguió la directriz de Correa y su partido. Correa quería que su sucesor respaldara a Glas, que para entonces ya estaba enjuiciado por su participación en el caso Odebrecht, por el cual fue sentenciado meses más tarde.

Este caso fracturó a Alianza País, lo cual se evidenció en la Asamblea donde un grupo de legisladores siguió fiel a Correa defendiendo a Glas y otro respaldó a Moreno, con Litardo a la cabeza. Desde entonces él entró en la lista negra del correísmo, tachado en adelante como traidor.

Los chats de Norero con Jordán, en este caso, evidencian una vez más que ambos estaban alineados con las tesis e intereses del correísmo. En la mira, al igual que muchos otros políticos y periodistas, estuvo Litardo. En julio de 2019, Litardo, como presidente de la Asamblea, fue un actor determinante para que el pleno negara un pedido de la jueza Daniela Camacho, de la sala penal de la Corte Nacional, quien solicitó que la Asamblea se pronunciara sobre si cabía o no el enjuiciamiento penal de Correa y Glas, pese a que ya no ostentaban ningún cargo público. “Una vez que ha concluido el período presidencial o vicepresidencial de un mandatario, en caso de que sea procesado por la justicia, no requiere la autorización legislativa para que sea vinculado dentro de un proceso penal, según prescriben las normas constitucionales y legales… el Pleno de la Asamblea no debe pronunciarse de manera expresa sobre intervenir en el enjuiciamiento de un ex presidente o vicepresidente”, señaló Litardo en su respuesta a Camacho.

Este tema cobró actualidad la semana anterior cuando la Asamblea recibió y trató una consulta del juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, quien pidió que le autorizaran iniciar el enjuiciamiento de Glas por el supuesto abuso de fondos públicos en la reconstrucción de los daños por el terremoto en Manabí. La Asamblea no consiguió lo votos para autorizar el enjuiciamiento, por una jugada política del correísmo y su aliado el Partido Socialcristiano. Sin embargo, las horas siguientes el juez fijó fecha para la audiencia donde se dará inicio al proceso contra Glas.

Norero y la coima al juez Curipallo 

El 20 de junio pasado, el intercambio de mensajes entre el narco Norero y Jordán también devela que buscaban a como dé lugar que Glas, quien estaba apresado cumpliendo una sentencia por el caso Sobornos, fuera liberado, a cualquier costo.

A las 21:43, Jordán le decía a Norero: “Se fue a la v**** todo. Negaron lo de JG. Se unen al pito estos manes. A las calles todos. Ya dieron la orden, a las calles a nivel nacional”.

Por esos días Norero también tenía una audiencia de Hábeas Corpus para intentar dejar la cárcel, lo cual no se concretó por las alertas de las autoridades del gobierno de Guillermo Lasso.

El Patrón estaba resignado a quedarse apresado, pero no dejaría de tratar de sacar a sus familiares de la cárcel. Su esposa portaba un grillete y sus hermanos estaban presos.

Glas logró salir de prisión con su tercer Hábeas Corpus junto a Daniel Salcedo, en noviembre, por decisión del juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo. Él también fue apresado en el caso Metástasis, por cobrar sobornos a Norero para liberar a líderes de Los Lobos. En los chats precisamente queda claro que el narco pagó 250 mil dólares por la liberación de Glas.

Jordán y Norero intentaban camuflar sus negocios

La mansión de Riberas del Batán, en Samborondón, era el único cabo suelto que creían que necesitaban atar Norero y Jordán para recuperar la paz. Eso y la foto de la piscina, donde aparecían, entre otras personas, Jordán y el entonces asambleísta Ronny Aleaga, del correísmo, eran la piedra en el zapato que les molestó durante meses. Eso queda claro en los chats que la Fiscalía encontró en el iPhone 13 de El Patrón, entre mediados de junio y el 3 de octubre de 2022.

“Podrán sacar todo, pero mientras no vinculen nada, no pasa nada”, le escribía Jordán a un tal Vivanco, un abogado que se estaba encargando del traspaso de varios bienes pero que dejó de contestarle a él y a Norero durante unas semanas. Hablaban de una propiedad en la vía a la Costa, un bote, un carro, una casa en Salinas y otra mansión, El Cortijo, que estaría ubicada también en Samborondón.

Todo eso pertenecía a Jordán, pero Norero lo había comprado. A partir de su detención, en mayo, los trámites quedaron parados. El narco estaba desesperado por venderlas, porque necesitaba dinero para buscar su liberación a como dé lugar. A Jordán también le preocupaba la situación jurídica de su amigo y le ayudó en varias ocasiones, incluso interviniendo con sus abogados ante los jueces.

Pero a él lo que más le preocupaba era que a Norero le quitaran su celular y su estrecha relación quedara finalmente expuesta. Por eso le repetía constantemente que borrara los chats, que estaba paniqueado y que “no vaya a ser que lo vayan a ver y nos encuentren hablando”. Él le respondía que sí había borrado, pero evidentemente no cumplió.

Vivanco estaba aterrado. Solo les contestó luego de que Jordán le advirtiera “o me llamas o te mando a buscar y jamás le he dicho eso. Me llamó llorando, hay gente que no aguanta la presión”. Lo hizo porque Norero estaba presionando para cambiar los dueños lo más pronto posible. “así no nos involucramos más en nada y yo recupero mi dinero (…) “Debemos romper el hilo. Donde cae Vivanco por un pito, ñaño, yo le aprieto acá adentro y es peor. Pudiendo hacer las cosas rápido”.

Aunque en los chats hablan directamente de un negocio entre los dos, de sus celulares hacia afuera muy poca gente conocía sobre esos tratos. De hecho, en conversaciones con algunos de sus abogados y en el chat con Andersson Boscán, de La Posta, Norero intenta negar cualquier vínculo con él y con un tal JP. “Hay una amistad lejos de todo. Ellos en lo suyo y yo en lo mío”, le decía.

Chateaban constantemente, hasta ocho horas diarias. Incluso un día se pusieron de acuerdo en la versión que ambos darían sobre la casa. Jordán recapitulaba la historia: “Belleza, no hay nada ilegal ahí. Tenías contrato, pero está a nombre de una compañía. Me pasas esa resolución para decir lo mismo cuando me llamen a preguntar. Si es que me llaman. Todo ese pito es por ese Turco hp (Nahim Massuh) y Villa. Hicieron todo mediático. Si no, no pasa nada”, le dice Jordán y le aconseja solucionar tema por tema, evitando que se haga mediático.

Para Norero, su detención, la historia de la casa de Riberas del Batán y la foto de la piscina eran las causantes de su desgracia. Durante años, Norero se esmeró en ser invisible, pero los hechos recientes y su fingida muerte en Perú, todas las luces voltearon sobre él… y sobre Jordán.

Por eso, ambos hablaron en varias ocasiones de lo inconvenientes que eran las publicaciones de Fernando Villavicencio (+), que en la época también era asambleísta. Jordán quería directamente eliminarlo, pero Norero era más cauto: lo mandó a seguir, conocía sus rutinas, su casa, su vehículo, sus movimientos migratorios y sus relaciones afectivas. En medio del paro y las violentas manifestaciones que se vivieron en Ecuador entre el 13 y el 30 de junio de 2022, ambos se divertían respondiendo tuits de Villavicencio. Según Norero, él subió la foto de una mujer y el mensaje: “Hablemos de moral y respeto, señor pulcro. ¿Ya presentó a su moza a su familia?”. Su plan era atacar su reputación, para que perdiera credibilidad.

Les urgía librarse de ese problema y también salir del ojo público: “Estos locos, esa puta, esa p*** foto en la piscina la cagan”. Aunque en el chat negaban las acusaciones de que estaban financiando el paro, la coyuntura les favorecía, estaban seguros de que el entonces presidente Guillermo Lasso caería. De hecho, Jordán estaba confiado y decía: “Ponte pilas, ahora sí vamos a poder resolver en paz”.

Cuando cayó preso, en mayo de 2022, a Norero se le incautaron 42 lingotes de oro, más de USD 6 millones en efectivo, 12 inmuebles, entre casas, departamentos y locales comerciales. Pero la única propiedad que le quitaba el sueño era la suntuosa casa ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón, Guayas. La propiedad perteneció al prófugo Xavier Jordán, con quien Norero tiene una estrecha amistad, según se desprende de los chats hallados en el celular del narco.

Por Ana María Carvajal

Cuando fue apresado en 2022, el Patrón Norero tenía a la vista un patrimonio cuantioso. Sumaba la bicoca de 15 millones de dólares. Ademas tenía seis empresas y unas nueve cuentas bancarias, todas a su nombre. Pero había mucho más de su fortuna en manos de sus familiares, de su esposa y una tropa de testaferros.

Sin embargo, la única propiedad que le quitaba el sueño era la suntuosa casa ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón, Guayas. La propiedad perteneció al prófugo Xavier Jordán, que las traspasó a varias empresas y por último a su amigo Norero. Allí, precisamente, lo apresaron el 25 de mayo de 2022.

En sus intentos por recuperarla y por proteger todo lo que había en ella, gastó mucha plata, repartida entre policías, abogados, jueces… Incluso se valió de su amistad con el periodista de La Posta Anderson Boscán para difundir fotos y videos de un intento de robo, protagonizado por personal de Inmobiliar.

Sus principales operadores fueron los abogados Helive Angulo Bravo, alias Larry; Cristian Romero, alias Global Pax; y Kevin Prendes. Romero hizo tan bien su trabajo que consiguió el aliado ideal para mantener vigilada la mansión del Patrón: el coronel Lenin Mazón Simaleza, jefe de la Policía de Samborandón. Todo quedó registrado en los chats que la Fiscalía y la Policía extrajeron del celular de Norero, luego de su asesinato.

Mazón, un policía de alto vuelo

De acuerdo con los chats incluidos en el parte de la Policía, el abogado Angulo le informó a Norero que el coronel Mazón “empezó a copiar”. “Más gente se está sumando”, complementó el capo. Fabián Yilmar Campusano Bustamante, alias Yankee, le había contado que Eddin Iza, otro policía, le escribió que estaba para “las buenas y las malas”.

Así, unos por voluntad propia y contactos previos y otros por disposición de Mazón, permanecían todos los días cuidando la casa de Norero. Todos recibieron jugosas compensaciones.

Entre julio y octubre del 2022, el coronel Mazón recibió 83 000 dólares. El coronel se identificaba con el usuario Táctico. En los chats se sobreentiende que era una relación de dando y dando. El comandante no tenía empacho en insinuar o pedir directamente dinero por sus servicios. En varios chats los abogados de Norero le decían que el coronel “se portó calidad”, que “está alineado” o que “ya copió”.

El 31 de julio le dijo a Romero, el abogado del capo, que al día siguiente le daban el alta a su esposa y que la factura sumó USD 15.860, pero hasta ese momento solo logró juntar 4.850. Entonces le pidió un préstamo enviándole sin reparos la foto de su pareja en una camilla de hospital. Tras ver la captura dipone que le den algo.

Ese mismo día, Norero y el oficial coordinaron la entrega de los fondos en un estacionamiento de Plaza Batán. Ese lugar pronto se convirtió en el sitio oficial de entrega altas cantidades de dinero para Mazón.

De hecho, en varios chats y en sus registros de ingresos y egresos de dinero, el narco llama al policía ‘El amigo Batán’. Además de la seguridad permanente en su casa, al policía le pidió en varias ocasiones que permitiera a sus gente ingresar para llevarse “unas cositas de la casa”, como la ropa de su esposa e hijos, porque los sacaron sin nada.

Sin embargo, las insinuaciones sobre los pagos se vuelven más evidentes. Mazón le cuenta a Norero que tendrá que buscar un trabajo extra porque su sueldo no le alcanza para cubrir emergencias de sus seres queridos. “Bien duro, la verdad, por eso uno tiene que inventar de vez en cuando. Jajaja”.

“Mi sueldo es de 3.450 dólares. De eso me descuentan 599 dólares de seguro Ispol, 399 de cesantía, 323 del impuesto que puso Lasso. Cojo líquido 2.250 dólares más o menos. De eso debitan créditos y apenas queda para los estudios de mi hijo que está en Rusia y mi otro hijo en la escuelita, más alimentación”.

Luego acepta ayudarle a sacar la ropa: “¿Con quién coordino para que ingrese y haga la vuelta?”. El encargado era el abogado  Kevin Prendes. El oficial, por su parte, no  solo recibiría su pago sino que se encargaría de velar por los pagos a los policías que colaboren en esta y otras visitas a la mansión.

Pero él no pidió dinero solo para él sino también para reparar los carros de la Policía. En al menos dos ocasiones le contó al Patrón que se le complicaba brindar seguridad a su casa o hacer patrullajes, que le permitan alertarle de operativos,  porque los patrulleros estaban parados, por daños que no tenían una solución pronta por falta de presupuesto. Le enviaba proformas detalladas de lo que se necesitaba o tomaba el ejemplo del costo para reparar un vehículo y lo multiplicaba por 15, para sacar un total. Norero cubría sus exigencias sin mayores reparos. El efectivo completo o por partes llegaba a Mazón en el estacionamiento de Plaza Batán.

Un cariño para Jorge Glas

Además de la seguridad de la vivienda, el oficial le filtrana información importante a Norero. El 9 de agosto, el narco le pidió ayuda para “darle un empujón” al teniente coronel Marlon Karolys, que creía que estaba en el Snai, para que les permita hacerle llegar “un cariño” al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo. Esa vez no funcionó, porque el oficial ya había salido de esa institución.

La relación fue cada vez más cercana, al punto de que Norero le envió una captura de pantalla a Mazón en la que aparecía una videollamada con su hija. Allí le contaba que la menor no comía, solo vomitaba, por la tristeza que estaba sintiendo desde su detención.

El coronel, en cambio, le enviaba fotos de su hijo que estudiaba en Rusia y luego una de su familia, cuando el joven llegó al Ecuador. Tanto su estancia en ese país como el viaje para visitar a sus seres queridos, fueron financiados por el Patrón.

El intento de robo de funcionario de Inmobiliar

El 23 de junio, al menos 12 personas, incluidos funcionarios de Inmobiliar, fueron detenidos porque intentaron sacar cajas con whisky Buchanans, ropa y otros objetos de la vivienda de Norero, fingiendo que tenían una orden de un juez. No les importó que cinco días antes el juez Ángel Lindao, de La Concordia, había ordenado devolvérsela al capo, por medio de una acción de protección. El juez fue suspendido por la turbiedad del proceso. Estaba molesto, según el chat, pero aún así ofreció subir la sentencia al sistema en 20 minutos y también pidió que no lo abandonaran.

En medio de los conflictos legales, Norero contó con varios policías, su abogado y el Comandante de Samborondón para recuperar cosas que guardaba allí: dinero en efectivo, vehículos y armas. El 15 de junio, ordenó directamente a Angulo recuperar un bolso café que contenía fajos de billetes de USD 20 y armas de fuego.

Él cumplió con su misión y lo reportó. Luego, las cosas recuperadas se guardaban en varios lugares. Especialmente en un galpón en Santo Domingo. Todo movimiento significaba pagar más dinero para lograr sus objetivos.

El Patrón organizaba personalmente los pagos para la gente que le ayudaba. El 15 de junio desembolsó USD 18.000  a Brulio Mera Ordóñez para que pagara “a los muchachos”, abogados y policías. Recibió un vuelto de 2.625.

El plan era usar argucias jurídicas para conseguir que le devolvieran el bien y cambiar el registro de su dueño inmediatamente. Así esperaban protegerlo para el futuro. Además, el capo se preocupaba por cubrir las espaldas de los involucrados. El 19 de junio, cuando sacaron el bolso café, los policías estaban nerviosos pues abrieron la casa sin la presencia de personal de Inmobiliar y legalmente debían esperar a que estuvieran presentes todas las partes del caso. Yankee estaba coordinando ese día y le contó a Norero que los policías dijeron que “se van a jalar el problema”, pero los vincularon y pidieron que no los dejaran solos. Eran Eddin Iza y Fernando Andrés Álava, del GOM. En el chat se registró una foto de ellos, mientras esperaban tras su retención.

Norero lo solucionó fácilmente: mandó una ‘liga’ (dinero) y obtuvieron medidas sustitutivas. Romero se encargó del proceso legal. Pero su jefe siempre estaba un paso adelante, pues le envió un extracto de una información preliminar sobre la aprehensión de Iza y García, que se dio por presunta violación al artículo 292 del COIP. Estaban imputados por alteración de evidencias como servidores públicos.

Cuando salieron libres los uniformados, los abogados de Norero le dieron USD 1000 a cada esposa y luego pidieron más dinero para que pudieran pagar a los abogados que los defenderían en el proceso.

 

El Patrón Leandro Norero y Andersson Boscán empezaron su amistad desde 2021. Se trataban de “hermano” o “ñaño”. Hablaron de hacer una serie de reportajes similares al documental Paz o Plomo, que La Posta difundió en 2021, pero con una productora en el extranjero. El protagonista de ese especial sobre la situación en las cárceles fue precisamente Norero. El capo, asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi, y el periodista también querían publicar un libro juntos, cuando saliera en libertad. La fiscal Diana Salazar considera que la cadena de chats hallados en el celular del narco evidencian una cercanía y sesgo que fueron más allá de lo periodístico. Boscán enfrenta dos indagaciones previas en la Fiscalía, por supuesto lavado de activos y por presunta extorsión.  

Redacción Código Vidrio

Con el operativo Metástasis la Fiscalía devela los tumores malignos que se han regado en distintos niveles de la sociedad. Este caso, que empezó el jueves pasado con intervenciones policiales en varias provincias, se originó en los miles de chats encontrados en uno de los celulares Iphone del narcotraficante y lavador Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022. Tras su captura, en mayo de ese año se abrió un juicio de lavado de activos, que avanzó en medio de presiones y fallos favorables a los intereses de Norero y su familia. Esa es la matriz del caso Metástasis.

Un año antes del asesinato de Norero, el 4 de octubre del 2021 precisamente el periodista Andersson Boscán difundió en La Posta un documental, denominado Paz o Plomo, sobre la situación dentro de las cárceles ecuatorianas. Sus principales protagonistas fueron los cabecillas de las bandas criminales. Y uno en especial: el Patrón Leandro Norero, quien para entonces era un narco invisible, estaba prófugo. Había huido de Perú donde fue apresado el 2020 por narcotráfico, pero fingió su muerte para no ser extraditado al Ecuador que lo requería.

Para 2021, lejos del radar de las autoridades, Norero era un muerto que gozaba de muy buena salud, tanto que acordó una entrevista con Boscán en una hacienda en las afueras de Guayaquil. En la entrevista Norero se explaya al responsabilizar de la crisis de inseguridad y violencia al establecimeinto político, al gobierno, niega que sean causados por su relación con el narcotráfico o el microtráfico, ni siquiera por la delincuencia. El cierre del video es antológico: “Quien quiere arreglar el problema de las muertes violentas (en las cárceles) es el crimen organizado”, concluye Boscán.

En adelante Boscán estrechó sus contactos y cercanía con Norero. Eso queda claro en los mensajes que ambos intercambiaban y que están incluidos en las más de 30.000 páginas que forman parte del expediente por delincuencia organizada. En este juicio, donde hay 16 personas detenidas, y 20 más con medidas sustitutivas, se destapan conexiones a todo nivel, que también incluyen oficiales de policía, políticos, delincuentes prófugos, jueces y abogados. Una megaestructura criminal.

Esa relación data precisamente de 2021. Boscán también es mencionado en otros mensajes y conversaciones entre Norero y el prófugo Xavier Jordán, enjuiciado por el caso de corrupción en la compra de insumos médicos. Está prófugo y vive en Miami. En esos diálogos se identifica al periodista como “El de la Boina”, a quien ambos ven como un aliado.

En el chat con Norero, a través de la apicación encriptada Threema, Boscán tiene el usuario: SNTURDDZ. El Patrón Norero queda identificado como Owner.

La cadena de mensajes recabada por la Fiscalía fue entre el 15 de junio y el 1 de octubre de 2022, apenas dos días antes de que Norero fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Los datos estaban intactos en el celular de Norero hallado en su celda.

En las conversaciones virtuales, ambos se tratan como “hermano” o “hermanito” y hacen planes para trabajar juntos. “Siempre a las órdenes”, le menciona Boscán en un mensaje.

El 25 de julio, Norero estaba optimista. Creía que “en cualquier momento tendrá buenas nuevas” sobre su caso.

Boscán le responde: “Me alegra mucho. Tenemos que tomarnos un café cuando salgas para que me cuentes la novela”.

Pero el periodista fue más allá: “Estamos presentando un proyecto a una productora internacional para hacer algo como lo que hicimos en ‘Paz o Plomo’ pero en Venezuela, México, El Salvador y otros países. Si sale eso, nos lanzamos internacionalmente”. Se refería a la serie de cuatro reportajes del video que se difundió semanalmente en octubre del 2021, en el canal de YouTube de La Posta. Tras el asesinato de Norero, Boscán reveló que él era uno de sus principales entrevistados, antes de que fuera detenido.

El capo se emocionó con la idea del documental. Aunque por años se esmeró en mantenerse en el anonimato para lavar dinero y otras funciones propias de los líderes de bandas criminales, ahora pensaba en lo que haría cuando saliera en libertad. Su escuela delictiva inicial fue la pandilla de Los Ñetas, a mediados de la década del 2000. Con la llegada del gobierno de Rafael Correa empezaron los diálogos con los cabecillas de las pandillas, uno de ellos era Norero, quien aprovechó del paraguas gubernamental de la reinserción pactada desde 2009. 200 pandilleros entraron a las filas del gobierno. En ese terreno fértil Norero empezó a recorrer la frenética ruta para encumbrarse como capo del narcotráfico.

“Jajaja. Belleza, ñaño, avise qué hacemos acá y de una ahí está la gente.  Ufff quiero hacer un libro, para que me ayudes. Jajaja, ñaño, ya las cosas se están dando de la mejor manera. Solo esa fiscal (Lidia Sarabia) es una puerca, ñaño. Imagínate, me quiere vincular a mi mamá, una señora de 65 años”, escribe Norero.

“Dale, con gusto. Estoy terminando mi primer libro. Te lo paso cuando publique”, le responde el venezolano.

Norero le pide que le autografíe el libro cuando lo publique.

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Algunos chats entre Norero y Boscán

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La vitrina para Norero

Para María Paula Romo, exministra de Gobierno, los chats develados son una pieza fundamental para entender cómo opera el crimen organizado. “Cuando se graba ese especial, Norero se daba por muerto para la administración de justicia (…). Por eso el que es entrevistado, el que relata, el que habla mal de la Policía, de los ministros de Seguridad, me incluyo, de la justicia, de los encargados de la seguridad, es Norero. El que amplifica eso es Boscán. Luego terminan convenciéndole al país, al que se deje convencer, por supuesto, que había que hacer una comisión de pacificación para Norero, el sujeto que vimos cómo perseguía a fiscales, autoridades y mandaba a matar personas”, relató Romo en una entrevista para el portal digital El Tablón Popular.

Para entonces, El Patrón movía cielo y tierra desde su celda con acceso a Internet para conseguir un hábeas corpus para él, sus hermanos y algunos miembros de su banda. Boscán le preguntaba sobre cómo iban sus procesos judiciales. El narco se mostraba confiado: “Victoria, hermano”, le respondió Norero mientras aseguraba tener todo bajo control, pues sus abogados pidieron a la Fiscalía que asignara los peritos y las puertas de sus empresas estaban abiertas.

Boscán no dudaba en mostrarse condescendiente. “Ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay dos errores que tu defensa debería ver. Y que te están sacando plata”.

“¿Cuál, jajaja, mis abogados? Jajaja. Esos locos lo hacen por la camiseta. Hasta ahora nada de plata, ñaño. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una. O si te pongo a mi abogado que le explique, ñaño, bacán”, repllica el capo.

 “Una muy cercana a tu pana Rafa”, le responde  Boscán, pero le aclara que no le recomienda a ninguno.

Villavicencio desata la ira de Norero

Otro tema central de sus conversaciones fue el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023 por sicarios de Los Lobos, una banda también financiada por Norero mientras estuvo vivo. En esa época, Villavicenio presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Norero estaba harto de que el legislador lo mencione y lo vincule con Xavier Jordán, con quien también mantenía constantes chats.

Le decía que con Jordán apenas tenían una amistad “lejos de todo”, por lo cual buscaba descareditar a Villavicencio a toda costa. “Me tocó buscarle la verdadera imagen de pulcro”, dice en el mensaje acompañado con unas fotografías de dos mujeres.

Entonces Norero le pidió a Boscán que le hiciera llegar una advertencia al legislador. “O usted me aconseja, ¿dejo eso no más hasta q se aburra? Dígale, como amigo, no quiero cometer errores, de verdad, lo único q busco es la libertad de mi familia”.

 “No se aburre de los temas hermano -replica Boscán- Él es así. ¿Qué sabes de la calle hermano? ¿Qué te dicen que va a pasar?”.

Meses después Villavicencio empezó a denunciar el sesgo de Boscán y La Posta como operadores del crimen organizado. Eso desató un sinnúmero de ataques desde ese medio al excandidato presidencial, lo cual también fue respondido por el periodista Christian Zurita, con severos cuestionamientos por sus procedimientos periodísticos.

Norero y Boscán también hablaban de política y bromeaban sobre temas en coyuntura, como las elecciones que se avecinaban y la famosa foto de la piscina en la casa de Jordán en Miami, difundida en mayo del 2022 por Villavicencio. Allí aparecen el exasambleísta correísta y líder de los Latin Kings, Ronny Aleaga, junto a Jordán, Leonardo Cortázar, Pablo Mendoza y Freddy Garay.

“Este infeliz de Villavicencio me mete ahora en ese tema de Aduanas. Hasta a ese que mataron. Es un blindado que es operador mío”,indica Norero.

Boscán le dice que hay informes de inteligencia y que le va a pasar un cuadro. Norero jura por la vida de sus hijos que jamás se ha involucrado en el tema aduanero. El cuadro aparece en un tuit de Villavicencio del que también hablan, junto a la foto de la piscina:

“URGENTE| Cuadro de vínculos y relaciones de una de las estructuras de corrupción aduanera. Entre los principales relacionados aparece el prófugo de la justicia Xavier Jordán y el procesado por narcotráfico Leandro Norero. 👇”

Antes, Boscán le había contado a Norero que tenía una comparecencia en una sesión de la Comisión de Fiscalización para tratar el caso Danubio. Boscán se iba a presentar con personal de la Policía, Aduana, Fiscalía y Presidencia de la República. Antes de acudir, le contó al capo:

“Voy a decir que si tú y Jordán controlan la Aduana, como dice el Gobierno, es porque un funcionario se las tuvo que dar. Ni que ustedes fueran ministros”.

Ese mismo 19 de agosto, Boscán le pasa una foto:

“Dicen que ese es Boscán”.

Y Norero le responde: “Que ese es Norero decían primero. Jajaja, ¿y sabes lo peor? Que ni visa tengo, jajaja, nunca he viajado allá”.

“Y yo no estoy tan gordo como ese man”, replica Boscán.

Según el periodista, Villavicencio insistía con esa foto porque era una “campaña ordenada por Aparicio y Pozo”, en ese entonces funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Eso ya lo hablan en la madrugada del 20 de agosto.

La conversación se conecta con mensajes previos. Por ejemplo, unos del 30 de julio cuando Boscán le contaba a Norero que estaba investigando temas de Aduanas y Petroecuador.

“Jajaja lo que necesite avise, que activo ojos oídos por todos lados”, le ofrece Norero.

“Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo. Estoy detrás de la parte política: Carola Ríos, Eljuri, el ministro Fabián Pozo. De ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa”.

Norero le ofrece sacar datos de Aduana con un procurador que tiene allí. Días después, el periodista le pide también informarle si se entera algo sobre los funcionarios Aparicio Caicedo, Francisco Gottifredi y Juan José Pons, también dentro del tema de aduanas.

A este punto se refirió la fiscal general Diana Salazar en una entrevista en Teleamazonas, este 18 de diciembre de 2023: “Está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información (…). Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto, necesito esta información,  estoy trabajando en un caso fuerte, voy a la Asamblea a entregar estos datos pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante, solamente la información sesgada de lo que a mi me interesa”.

La versión de Boscán en la Posta

Al referirse a los chats y las denuncias de la Fiscalía, Boscán se defendió en su programa en La Posta. Dijo que le parece bien que se haya despertado un debate de si tenían que haber hablado ”con gente del lado maligno”. Y agregó que él hizo público que Norero era uno de los entrevistados en su especial ‘Paz o Plomo’ y que en ese entonces se presentó como un expandillero que había participado en el proceso de pacificación de Los Ñetas. “No teníamos que haber hablado con el arzobispo para entender cómo funciona el mundo criminal, teníamos que hablar con el mundo criminal”.  A su lado tenía el libro que él y su esposa, Mónica Velázquez, presentaron recientemente sobre el caso Encuentro, y que se titula ‘El Gran Padrino’.

Para ese libro hablaron con “otros narcotraficantes, por ejemplo el señor Chérres, a quien asesinaron. ¿Sabes a qué lleva eso? A revelar la corrupción. ¿Sabes a qué llevó hablar con gente del mundo carcelario? A entender cómo funcionaba el sistema de cobros en las cárceles”, dijo.

“¿Sabes qué nos generó eso? Ser parte del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. He tenido que vivir tres años con mi familia, metidos en eso. ¿Que hay gente que cree que no se debe? Pues muy bien, les aplaudo, pero es parte del periodismo”, sostuvo Boscán, quien enfrenta dos demandas penales por enriquecimiento ilícito privado injustificado y por extorsión.

Ambos casos están en indagación previa en la Fiscalía. En el primero se investigan supuestas transferencias a cuentas de Boscán y Vivanco en paraísos fiscales. Fuentes cercanas a la defensa de los periodistas dijeron que no hay evidencias sólidas de esas transferencias, que serían documentos fraguados para perjudicarlos. La Fiscalía pidió información sobre las supuestas transferencias a través de una cooperación penal internacional.

En la segunda denuncia, por una presunta extorsión de 5.000 dólares, Robert B. detalló que desde la empresa Levascán, propiedad de Andersson Boscán, le exigieron el pago de una coima para no aparecer en una de sus denuncias. Por no acceder al pago, según el denunciante, fue incluido tres meses después en un esquema de supuesta corrupción, denunciado por la Posta en el caso León de Troya. Sobre este caso, en la denuncia consta la factura que le enviaron de Levascán, que consta en los registros del Servicio de rentas Internas.

Los abogados de Boscán analizan esta última denuncia.

Este medio intentó tener la versión de Anderson Boscán, pero no respondió a nuestros mensajes a su celular.

Mientras este lunes Boscán intentaba justificar los contactos con Norero por motivos periodísticos, el sábado había indicado en un tuit que los chats de la Fiscalía eran falsos.

“Montajes, cuadros falsos, videos con voces generadas, mensajes masivos de whatsapp y cuentas pescando a río revuelto para echarnos lodo. El choro o la chora que financia la campaña se lo está tomando en serio”.

Antes de que estos se conocieran, Boscán dijo que las dudas a su alrededor se basaban en una distorsión de 10 segundos de la intervención de la fiscal Salazar durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Metástasis, sin mencionar que había un diálogo mucho más extenso entre él y Norero, mientras estuvo en prisión.

La mansión de Norero

Uno de los temas que más molestaban a Norero mientras estuvo preso era la incautación de sus bienes, pero especialmente de una mansión que tenía en la urbanización La Ribera del Batán, en Samborondón. Al respecto, hay cientos de mensajes, que cruzaba con varios de los implicados en el caso, como sus abogados y el coronel Lenin Mazón Simaleza y que recibieron o prisión preventiva, medidas cautelares o están prófugos.

También lo conversó con Boscán, el 15 de junio. Norero empezó  bromeando y le dijo que se preparara para cuando él saliera de la cárcel, para hacer un documental. “Así veo. Que tienes más fama que Julio Jaramillo”. El narco le contó que fueron a verle “los de la mesa de diálogo. A conocer al patrón. Jajajaja”. Le agradeció a Boscán por “no darle palo” en su medio.

Norero consideró que era “el colmo de los colmos” lo que pasó con los animales que estaban en su casa, cuando fue incautada. Le compartió este tuit, de la Corte de Justicia del Guayas y dijo: “jajaja hasta mis animalitos pagaron las consecuencias”

Y también reclamó que sus hermanos hayan caído con él: “Ñaño, que yo haya caído o vinculado con los muchachos, los Chone Killers, los Latin, Los Lobos o Tiguerones, acepto. Pero con mi familia, me dieron donde más me dolía”.

Le contó que supo del allanamiento a las 21:30 por “un correo de Fiscalía”, pero que esperó que llegaran hasta las 03:40, porque “no tenía nada que esconder”. Boscán le respondió: “Valiente”.

Para el 23 de junio, Norero estaba molesto y le envió varias fotos y videos a Boscán sobre el día en que funcionarios de Inmobiliar, acompañados por otras personas, intentaron llevarse cosas de la casa fingiendo que tenían una autorización. El Patrón le dijo lo indignado que estaba porque hasta sacaron los juguetes de su hija. Minutos después, el periodista le envía este link de consuelo:

“12 personas, entre ellos funcionarios de Inmobiliar, fueron detenidas llevándose lujos de la casa incautada del caso Norero”.

Norero le respondió: “Belleza, mi hermano”.

De este fragmento de la conversación existen registros en el análisis de Policía y Fiscalía. Por ejemplo, en el parte integral, se ve que el emoji que identificaba a Boscán en el celular de Norero.  Muestra una “cara con la boca cerrada con cremallera”. Ese día, el narco también le envió el contacto de Kevin Prendes y le dice: “el número del abogado, si lo quiere”.

El Patrón le envió una captura de pantalla a un chat de grupo que tenía con algunos de sus abogados: “El chat de la captura es de la prensa digital La Posta”.

Al respecto, Romo se preguntó: ¿Quién era el ministro de Seguridad cuando se logra detener a Norero, cuando va a la cárcel. Incautan sus bienes, lo encuentran en la casa que era de Xavier Jordán, el señor de la Piscina? Patricio Carrillo. Entonces muchas piezas empiezan a ponerse en su lugar. ¿por qué esta enemistad declarada, por qué casi un proyecto profesional de La Posta sacarme del Ministerio del Interior, sacar a Carrillo, arruinar nuestra reputación, asociarnos con quienes ahora vemos que eran sus amigos, sus contactos? Es gravísimo”.

La Fiscalía armó el rompecabezas de una organización criminal que estaba encabezada por el capo del narcotráfico y lavador Leandro, El Patrón Norero, asesinado en octubre del 2022.

El operativo denominado Metástasis marca el inicio de un proceso judicial sin precedentes, pues involucra a cabezas y funcionarios de varias instituciones, incluidas la Corte Nacional, el sistema penitenciario, la Policía, abogados, políticos…

Mensajes, documentos y fotos comprometedores hallados en su celular los tienen contra las cuerdas. Este viernes 15 de diciembre el juez Felipe Córdova ordenó la prisión de Wilman Terán y otros 15 implicados.

Norero fue un narcolavador, parte de la camada de jóvenes pandilleros de Los Ñetas y Latin Kings, que hace más de 14 años firmaron un acuerdo fallido de paz con el gobierno de la revolución ciudadana.

Redacción Código Vidrio

En minutos los mensajes alarmantes del expresidente Rafael Correa y del titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, coparon la red X. Todavía faltaban muchas horas para que la Fiscalía ejecuatara el megaoperativo Metástasis.

A las 11:31 del miércoles 13, Correa escribía: “Tenemos esta información: Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada, un allanamiento nacional grande  contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”.

Terán fue más allá. A las 19:50 del mismo día subió un video musicalizado en el que dijo que la Fiscalía y ciertos sectores de la Corte Nacional de Justicia se “fraguaban” allanamientos a decenas de predios en un proceso que, según él, obedecía a intereses para golpear a la justicia y a la democracia. Aunque repitió varias veces: “aquí estoy”, desde su despacho en la Presidencia de la Judicatura, la hora de los allanamientos y de su detención aún tardaría en llegar. Ocurrió en su casa, en el valle De los Chillos, en la madrugada.

En las fotografías y videos sobre el operativo se aprecia una vivienda grande, con pisos y paredes forrados por porcelanato y mármol, piscina, mesa de billar y futbolín, muebles y acabados aparentemente costosos y otros elementos. Pero lo que más llamó la atención de lo que encontraron los encargados de la diligencia fueron los voluminosos fajos de dinero que, según Fiscalía, sumaban USD 25.000 en billetes de 100 y 20 dólares. Mientras tanto, según su declaración patrimonial, la casa de Terán tiene un valor de USD 80 000, su patrimonio es de USD 322.934 y tiene deudas por USD 87.965. Su salario bordea los 4.500 dólares.

Mientras los mensajes de Correa y Terán se regaban como pólvora en redes sociales entre sus seguidores hasta entradala noche, en la madrugada del 14 de diciembre la Fiscalía confirmó que algo grande estaba ocurriendo. En un video oficial la fiscal Diana Salazar anunció la detención de Terán y explicó que se trataba de una investigación sin precedentes, que alcanzaba a 37 personas.

En una extenuante audiencia, que se inició a las 16:00 del jueves y continuó hasta el viernes 15, Salazar pidió prisión preventiva para los 31 acusados que fueron capturados en la operación. Todos se acomodaron en tres salas de la Corte Nacional. Solo para uno de los detenidos, Salazar solicitó arresto domiciliario. Se trata del exjuez Ronald Guerrero, pues es de la tercera edad. Para todos pidió también prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país y congelamiento de sus cuentas.

Otro implicado en el caso, sin orden de prisión, es el juez nacional Luis Antonio Rivera. Su despacho es parte de la lista de lugares que debían ser allanados durante el megaoperativo. En cambio, otros como el general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exjefe antinarcóticos y exdirector del SNAI; los jueces Álex Palacios, Carlos Alfredo Zambrano, Johan Marfetán, Glenda Ortega, Paúl Zumba, José Luis Segovia, María José Aguirre y Emerson Curipallo; los exjueces Ángel Lindao, Adolfo Richart Gaibor y Ronald Guerrero, sí fueron detenidos, al igual que otros funcionarios judiciales, fiscales y policiales.

El juez nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva para 16 de los detenidos en el operativo Metástasis. Se trata de Wilman Terán, Emerson Curipallo, Hélive Angulo Bravo, Alexander Novillo, Álex Palacio, Adolfo Gaibor, Mayra Salazar, Santiago Paúl Zumba, José Luis Segovia, Sofía García, María José Aguirre, Héctor Paredes Flores, Genaro García, Christian Sánchez, Neycer Mazón y César Acaro, en la Cárcel 4 de Quito. Otros como el general (SP) Pablo Ramírez recibieron medidas sustitutivas y podrán defenderse en libertad en esta causa por delincuencia organizada.

La tónica de las intervenciones de los abogados y de los acusados durante toda la madrugada fue señalar que no hay elementos suficientes para que sea necesaria la prisión preventiva. Por lo cual solicitaban medidas sustitutivas como arresto domiciliario o presentación periódica ante las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, Terán no había dado su versión. Pero en un video difunido en sus redes horas antes denunció un supuesto interés de ciertos sectores por interferir en la justicia. De hecho, esta semana hubo tensión porque el funcionario decidió continuar con el cuestionado concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional. Respondía a acusaciones de irregularidades en el proceso asegurando que era transparente y legal.

En la diligencia se conoció que su implicación en este proceso se debía a que entró en una cadena de beneficios y coimas cuando era juez de la Corte Nacional.

Esta historia, que ha causado un remezón a todo nivel, comenzó hace 19 meses. Exactamente el 25 de mayo de 2022, cuando Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, sus hermanos y su pareja fueron detenidos, por una investigación de lavado de activos.

La información que recabó la Fiscalía junto a la Policía se extiende desde esa fecha hasta el 3 de octubre del mismo año, día en el que Norero fue una de las 15 víctimas de una nueva masacre en el Centro carcelario de Cotopaxi. Cuando lo asesinaron, tenía 36 años.

Parte de la información medular del caso fue extraída de celulares que Norero usaba en ese centro. Ahí se encontraron indicios sobre una “empresa criminal que tenía por finalidad garantizar la integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad; y, la impunidad de Norero y sus familiares, a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel”, según reza el documento de Fiscalía.

Los 38 implicados están entre los cabecillas de esta organización, que circulaba información reservada y tenía planes para amenazar, atacar o hasta asesinar a funcionarios, policías y periodistas. Altas sumas de dinero circularon de por medio.

Miles de explosivos mensajes

La Fiscalía llegó a esa teoría del caso luego de revisar  más de 14 000 páginas donde constaban miles de mensajes entre Norero, sus abogados y varios de los implicados. Uno de los principales blancos de los planes de Norero era la agente fiscal Lidia Sarabia.

En los chats encontraron datos personales, fotos suyas, de su casa y su familia, y varias ideas de cómo afectarla. Una de ellas implicaba depositar dinero desde el extranjero en sus cuentas bancarias para luego despertar sospechas sobre Sarabia, difundiendo esa información en el medio La Posta.

En la lista de este grupo que buscaría “paraísos jurídico-penales” hay altos oficiales de la Policía, funcionarios judiciales y fiscales, jueces, ex jueces y miembros de grupos delictivos que estaban vinculados principalmente con Norero.

Sus primeros pasos delictivos los dio como miembro de Los Ñetas, grupo con el que participó de un fracasado plan de pacificación con el gobierno de Rafael Correa desde el 2008. Una foto suya junto a Correa y a Ricardo Patiño, uno de los principales coidearios del exmandatario, es parte de la corta historia de este capo, en sus primeros años.

Los celulares de Norero contenían información que permitió a la Fiscalía construir un caso y, tras meses de preparación, más de 900 personas de la Policía y la Fiscalía allanaron 86 inmuebles desde la madrugada, en Riobamba, Guano, Guayaquil, Daule, Latacunga, Santo Domingo, Manta, Quito, Samborondón, Salcedo, El Guabo, La Concordia, Portoviejo, Durán, Rumiñahui, Salitre, Loja y Manta.

En la lista de lugares registrados no están únicamente casas y departamentos. También unidades policiales y judiciales. Otros lugares privados investigados fueron despachos jurídicos, un patio de venta de autos y otro de renta y una farmacia.

Entre las acciones previstas, y autorizadas por el juez Felipe Córdova está la incautación de joyas, dinero, armas, celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos, entre otros. Pero también hay una orden para detener 27 vehículos de distintos dueños, entre ellos uno de marca Audi. Resalta en la lista un nombre, el del juez de la CJ Byron Guillén Zambrano. Si bien él no está en la lista de acusados por Fiscalía, su vehículo de marca Mitsubishi sí tiene orden de registro, aprehensión y detención. Todo el proceso se levanta bajo la sospecha que deberá ser probada en la Corte de que “varios individuos se habrían concertado para formar una estructura delictiva, con el fin de ejecutar conductas que lesionan el eficiente funcionamiento de la administración pública, la tutela judicial efectiva y la economía nacional”.

Aunque apenas ahora se conoce algo más sobre la explotación los teléfonos de Norero, tras su muerte ya empezaron los rumores sobre su contenido. Cuando Fernando Villavicencio (+) presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dio una pista de lo que 14 meses después estallaría: “se conoce que hace pocos días se realizó la explotación del teléfono y se habrían encontrado contactos con varios líderes políticos”. La información en ese entonces fue desmentida por Fiscalía, que señaló que el teléfono y su información se encontraban resguardados en cadena de custodia. Según la investigación, Villavicencio también estuvo entre los objetivos de Norero, pues habría ordenado seguirlo y también habría intentado contactarlo a él y a su esposa, Verónica Sarauz, con la idea de hablar con ellos.

De acuerdo con Salazar, los líderes entregaban dinero ilegalmente obtenido a funcionarios que estaban a cargo de los procesos legales en contra de miembros de bandas criminales. “El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través de dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”.

En la audiencia hubo más revelaciones. Por ejemplo, Norero escribió en mensajes que él ordenó asesinar al abogado Harrison Salcedo, en abril de 2022. Salcedo había insultado a su madre y se habría aliado con sus enemigos para atacarlo, pero El Patrón se le adelantó. El fallecido fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas y de Daniel Salcedo, quien también está implicado en el caso Metástasis. Otra de sus víctimas sería el periodista y candidato a concejal de Manta, Gerardo Delgado, asesinado en agosto de 2022, aparentemente por error, aunque se hablaba en los mensajes de la intención de secuestrarlo.

La fiscal Salazar envió un escrito sobre la Actuación Fiscal Urgente No. 1456 AA AUFDO-16. El caso tuvo un antecedente el 1 de noviembre de 2023 y se inicio por un presunto delito de sicariato. Allí se determinó que había una presunta organización delictiva de gran impacto.

La audiencia de formulación de cargos arrancó cerca de las 16:00 y se alargó entre los elementos que presentó la parte acusadora y las respuestas de los acusados. Terán, por ejemplo, dijo que ha sito sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como limitaciones en su alimentación, hidratación, aseo y descanso. Incluso pidió la recusación del juez Córdova. Lo dijo en la audiencia y lo repitió en su cuenta de X, a pesar de que en declaraciones a los medios señaló que estaba incomunicado.

Al respecto, Salazar señaló que la organización investigada acostumbra a presentar recusaciones, con el fin de conseguir impunidad. Ella respondió así a los abogados que argumentaban que los detenidos no sabían la razón por la que fueron detenidos y por ello trataron de señalar que fue ilegal.

JusticiaAcorralada. Solo uno de cada 10 procesados por delincuencia organizada recibe una pena de entre 7 y 10 años. El 64% de casos de narcotráfico termina siendo sancionado como delincuencia organizada y bajo el procedimiento abreviado que garantiza penas leves. Los delincuentes y sus abogados aplican la fórmula a discreción con el espaldarazo de fiscales. 28 integrantes de la banda de Los Lobos se beneficiaron en julio pasado de este esquema.

Redacción Código Vidrio

“Acabe rápido la audiencia, ya sabemos cuántos años nos van a dar. Somos Los Lobos”. El destinatario de este mensaje es uno de los jueces de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizada que opera desde diciembre de 2022.

Se pudiera pensar que este mensaje con tono desafiante fue enviado de forma directa y personal al juzgador, a través del servicio de mensajería WhatsApp. Pero no. El recado fue escrito en la opción de chat que tiene la plataforma Zoom, cuya licencia usa la Función Judicial para la celebración de audiencias telemáticas y al que tienen acceso todos los sujetos procesales participantes.

De hecho, el Juez leyó el mensaje durante el desarrollo de la audiencia en la que se dictaría sentencia a los 28 integrantes de la banda de Los Lobos, acusados de delincuencia organizada, tipificado con pena máxima privativa de libertad de 7 a 10 años en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), redactado en el gobierno de Rafael Correa.

¿Por qué estos ‘Lobos’ escribieron que conocían el tiempo la sentencia que iban a recibir?

Ellos habían aceptado el planteamiento del fiscal para someterse al procedimiento abreviado, previsto en el art. 635 del COIP, que se puede aplicar en infracciones sancionadas con hasta 10 años de prisión; precisamente el caso de estos 28 delincuentes.

En resumen, esa normativa permite que el procesado acepte este procedimiento, admita los cargos y, en recompensa, reciba un castigo menor. “La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal”, detalla el art. 636.

En este caso, después de analizar el caso, el fiscal resolvió que 2 años y 2 meses era la pena adecuada para el principal autor de este caso de delincuencia organizada, mientras que para los 27 restantes una condena de un año y 8 meses era más que suficiente. Una ganga para los condenados.

En el día de la audiencia el fiscal intervino, expuso el cumplimiento de los requisitos legales del procedimiento abreviado y presentó la pena para que el juez anticorrupción la acoja. En estos casos, el juez no tiene margen de maniobra, pues el COIP determina que debe acoger la propuesta del fiscal después de revisar que cumpla las formalidades que establece la ley.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este caso es que los 28 habían sido detenidos después de un prolongado y sistemático trabajo investigativo, que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos, entre septiembre de 2022 a febrero de 2023. Y que, además, como resultado de esa operación policial se evidenciaron que existían indicios de otras posibles infracciones, con castigos más severos que el de delincuencia organizada.

Un botón de muestra. En el expediente se lee que hubo actividades relacionadas con tráfico de drogas. “Existiría un grupo organizado (…) con el propósito de cometer varios delitos entre los cuales está el tráfico de drogas a máxima escala”, señala el relato de los hechos atribuidos a los sentenciados.

Según el art. 220 del COIP, el tráfico de drogas a gran escala tiene una pena de 10 a 13 años. Si se hubiera abierto otro proceso por esa infracción, simplemente resultaba imposible que estos 28 ‘lobos’ se acogieran al procedimiento abreviado para recibir una condena ínfima.

“Bien se podía haber señalado que hay concurso de otros delitos o investigar alguno más en particular”, apunta un abogado penalista que prefiere el anonimato.

La feria de los abreviados

Una investigación del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en el que se analizaron 149 causas por delincuencia organizada, entre 2015 y 2020, establece que el 56% de procesos recibieron sentencia con un  procedimiento abreviado. El estudio también revela que el 33% no recibió ninguna condena, ya sea porque se ratificó el estado de inocencia, faltó acusación o hubo sobreseimiento (ver cuadro).

 

 

De este modo, la estadística revela que solo uno de cada 10 procesados por delincuencia organizada recibe una pena de entre 7 y 10 años. Y deja en evidencia que en ningún caso de este universo se abrió una nueva investigación por otros delitos conexos, ya sea tráfico de droga a gran escala o sicariato, que llevan a condenas más elevadas.

Si una constante es que las causas por crimen organizado no se deriven a procesos por infracciones más graves, la investigación del Observatorio arroja otra conclusión reveladora: cuando existen acusaciones por delitos que no permiten acogerse al procedimiento abreviado, como es el caso de tráfico de drogas a gran escala, hay un porcentaje importante de reformulación de cargos a la figura de delincuencia organizada, que facilita que los acusados accedan a ese beneficio y, por ende, obtengan penas leves. En pocas palabras, el traje se ajusta a la medida de los clientes (los condenados) con puntadas del sastre (el fiscal).

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, señala que el 64% de causas que empezó por narcotráfico fue objeto de una reformulación de cargos por parte del fiscal del caso y terminó convirtiéndose en procesos por delincuencia organizada, que sí permite el procedimiento abreviado.

La reformulación de cargos consta en el COIP y es una facultad de exclusivo ejercicio de los fiscales. Puede concretarse solo si los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha cuando se argumentan las acusaciones. Solo bajo esas condiciones, la o el fiscal puede pedir al juez audiencia para la reformulación.

Si bien ese instrumento es perfectamente legal, ante la arremetida del crimen organizado en los últimos dos años, se abre el debate si hay algunas motivaciones externas al proceso que hagan posible una reformulación de cargos, que en estos casos es muy conveniente para los procesados.

Al ser consultado sobre este punto, Rivera señala que una de las explicaciones posibles son las intimidaciones y amenazas de las que serían objeto agentes fiscales por parte de bandas delincuenciales.

De acuerdo con información oficial, entre 2021 y 2023 91 fiscales han recibido protección por amenazas contra su vida.

¿Un freno al procedimiento abreviado?

El primer trimestre del 2023, el Legislativo aprobó un paquete de reformas al COIP. Entre ellas, el aumento de la pena para la infracción de delincuencia organizada, que ahora se sanciona hasta con 13 años de cárcel.

En teoría, con esta reforma, los procesados por delincuencia organizada ya no tienen la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado y recibir penas leves, como la sentencia de 20 meses que recibieron 27 de los 28 ‘lobos’ en la audiencia del 28 de julio de 2023. Ese día ellos estaban muy apurados. Conocían exactamente la pena que recibirían, pues fue “sugerida por la Fiscalía y acordada con las defensas técnicas de los procesados”, señala el expediente.

De ahí se entiende que con tanta tranquilidad le escribieran al juez en el chat de la plataforma Zoom, que “acabe rápido la audiencia”.

 

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Desde el mirador turístico “El Ceibo”, en Tena, se ve cómo una docena de volquetas y excavadoras de oruga mueven y acarrean tierra en la zona de Yutzupino, a orillas del río Napo. Allí se vivió la fiebre del oro ilegal entre finales de 2021 y principios de 2022, cuando cientos de maquinarias y miles de personas entraron buscando fortuna y dejaron un daño ambiental sin precedentes. Cerca de 200 hectáreas de vegetación fueron devastadas.

El lugar es turístico y se encuentra a solo unos metros de distancia de la Troncal Amazónica que conecta las provincias de Napo y Pastaza, lo que deja serias dudas de porqué las autoridades demoraron tanto en hacer la intervención que finalmente se dio en febrero de 2022.

Después de más de un año de la intervención, los colectivos sociales denuncian que las actividades ilegales en esa y otras zonas de la provincia no han cesado. Incluso aducen que la empresa china Terraearth Resourses estaría trabajando con mineros ilegales, lo que la compañía ha negado rotundamente. La empresa argumenta que trabaja en la remediación ambiental y que sus directivos hacen constantes denuncias de las invasiones de mineros ilegales.

Precisamente las máquinas que se ve operar ahora en Yutzupino son de Terraearth, puesto que hace menos de un año la empresa consiguió una licencia para el “Proyecto Minero Tena” en cuatro de sus seis concesiones que abarcan más de 7.000 hectáreas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho. Estas se encuentran a orillas del río Napo y sus afluentes. Terraearth dice que trabaja legalmente por el desarrollo de la industria minería  y ayuda a las comunidades, pero colectivos sociales afirman que esto ha incentivado la expansión de la minería ilegal y el daño ambiental, incluso se ha denunciado que Terraearth compró el oro ilegal que salió de Yutzupino.

Un informe de Contraloría, que audita las concesiones mineras en Napo entre 2019 y 2022, presentado en octubre de este año, concluye que tres de las concesiones de Terraearth: El Icho, Anzu Norte y Talag, presentan frentes de explotación sin rehabilitación, acumulación de aguas sin tratamiento, áreas no rehabilitadas ni reforestadas y actividades mineras antitécnicas.

Por otro lado, el “Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas”, de julio de 2023, que observó 28 proyectos chinos en América Latina en los que se evidenciaron afectaciones a los derechos humanos y la naturaleza, puso el ojo en 8 proyectos en Ecuador, uno de ellos es Terraearth, ubicándolo como un foco de minería ilegal. El informe, emitido desde Ginebra, alerta también sobre la inacción de Estado, la falta de consulta previa en este proyecto. Incluso, pone sobre el tapete la muerte de 15 personas al colapsar dos frentes cuando miles de personas llegaron a hacer minería ilegal en Yutzupino, concesiones de Terraearth.

El cuestionado “Proyecto Minero Tena”

En 2020, Terraearth presentó su estudio de impacto ambiental con miras a hacer realidad su proyecto, pero el documento recibió la oposición de varios colectivos que hicieron observaciones como, por ejemplo, inconsistencias en el manejo del agua de los ríos, falta de consulta a las comunidades, la ausencia de funcionarios de las instituciones estatales en la socialización del proyecto, entre otras. Por lo que el Ministerio de Ambiente suspendió el trámite y pidió a Terraearth volver a presentar la documentación en 2021. Pero mientras se hacían todos estos papeleos estalló la fiebre del oro ilegal en Yutzupino en la concesión Confluencia.

Posterior al escándalo, el Ministerio de Ambiente aceptó los argumentos de Terraearth de que no tuvo nada que ver en las actividades ilegales y aprobó el estudio de impacto ambiental; le otorgó la licencia el 1 de noviembre de 2022, según la resolución con código MATE-SCA-2022-0032-R. Sin embargo, la licencia fue solamente para la restauración y remediación ambiental de tres frentes afectados por la minería ilegal: uno en Naranjalito y dos en Yutzupino, antes de pasar a la explotación de oro. Según los videos y comunicados que Terraearth promociona constantemente a sus redes sociales, esas son las únicas actividades que está realizando.

A mediados de año, el exministro de Ambiente, José Dávalos, se refirió al tema: “Cuando la minería ilegal ocurre dentro de concesiones, lo único que podemos hacer es iniciar un proceso sancionatorio contra el titular minero. Con eso la empresa debe demostrar que no fue culpable del daño ambiental. Y aunque no hay sanción, debe implementar un plan de restauración del sitio, porque está a su cargo”, dijo a la revista Minergía. Agregó que ese plan de restauración tomaría todo el año 2023.

No obstante, según José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama La Vida, Terraearth aprovechó la licencia para expandir las operaciones de extracción de oro en las concesiones de denominado “Proyecto Minero Tena” a través de contratistas y subcontratistas. De hecho, en febrero de este año, el colectivo hizo un sobrevuelo y encontró operaciones de minería, lo cual denunció ante los medios, por lo cual la empresa recibió un llamado de atención de las autoridades de control.

Un mes después, una operación de las autoridades en la concesión Talag de Terraearth, desarticuló un campamento de minería ilegal. Eso motivo para que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables enviara un informe “de calificación técnica” para que se diera inició al proceso de caducidad de la concesión “TALAG COD 400409” al Ministerio de Ambiente. En ese operativo, Moreno fue agredido por los mineros, según quedó registrado en un video.

El dirigente dice que ya está acostumbrado a las amenazas y que seguirá denunciado, porque lo que está pasando en Napo es muy grave y parece ser que las operaciones ilegales se siguen expandiendo a vista y paciencia de las autoridades. En noviembre, Napo Ama La Vida hizo una nueva denuncia sobre frentes de minería ilegal en las concesiones Talag y El Icho, en las comunidades kichwas Nueva Jerusalén y San Gabriel de Chumbiyacu, pero hasta ahora las autoridades no se han pronunciado (hipervínculo.

Esta alianza periodística dirigió un pedido de entrevista a los directivos y voceros de Terraearth a través de sus correos electrónicos, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Sin embargo, se pudo constatar que, entre el 30 de junio y el 19 de octubre, Terraearth presentó cinco denuncias en Fiscalía por casos de minería ilegal en sus concesiones, la última en Talag, donde habían estado trabajando dos maquinarias.

De todos modos, lo que causa preocupación para los críticos del Proyecto Minero Tena es que la licencia se haya otorgado después de tantos antecedentes de Terraearth. En octubre de 2020, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Agua realizó la suspensión total de las operaciones en otra de sus concesiones: Regina 1S, tras identificar que estaba haciendo descargas de agua sin tratar al río Chumbiyacu. El Ministerio había llamado la atención a la empresa meses antes, pero hizo caso omiso.

Por ese mismo motivo, Alexandra Borja, una moradora del sector puso una denuncia contra Terraearth, canalizada a través de la Defensoría del Pueblo, por causar devastación ambiental en terrenos de su propiedad donde había hecho operaciones mineras. Por otra parte, Pedro Recalde, un habitante del sector Nueva Esperanza, demando penalmente a Terraearth por el delito de incumplimiento de contrato. Él arrendó sus propiedades a Terraerth para que extrajera oro. Le ofrecieron un dinero a cambio y le prometieron que dejarían reforestando. La empresa no le pagó lo acordado y solo hubo destrucción. Una jueza de Tena sentenció a Terraearth pagar una suma de 43 mil dólares para Recalde, pero apeló y otro juez archivó la causa. Como Recalde hay una docena de casos que han demandado por daños ambientales.

Depende de la Justicia

Napo se caracteriza por ser un ecosistema privilegiado para el turismo. En el río Yatunyaku, que alimenta al Napo, por ejemplo, se practica rafting, pero esa actividad se ha visto mermada por la minería ilegal que se asienta a orillas del río. En un descenso en estos botes se puede ver claramente los desbroces de selva, las maquinarias procesando el material y canales de aguas sin tratamiento que van directo al río. “Es una pena, porque algunos turistas nos dicen: “yo no he pagado para ver esto, yo quería ver la naturaleza pura”. Se van decepcionados”, comenta Miriam Robles, una operadora turística que se dedica a esa actividad por más de 20 años y desde hace casi una década ha visto cómo poco a poco la actividad extractiva se ha ido tomando el río. Incluso afirma que han recibido agresiones de los mineros.

Todo esto provocó que activistas, operadores turísticos y líderes indígenas se unieran para presentar una acción de protección, junto con la Defensoría del Pueblo, para que las autoridades estatales se hagan responsables de las actividades antitécnicas de los mineros con concesiones legales y de la minería ilegal. Eso fue en 2021, antes de que estallara la fiebre del oro en Yutzupino. Para ese entonces, un estudio de la Universidad IKIAM, ya había detectado altos niveles de contaminación en la cuenca del río Napo, en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. Se detectó concentración de metales pesados tóxicos en las cuencas hídricas con, hasta un 500 por ciento por encima de los límites permitidos por la norma ambiental. Además, se había comprobado la muerte del río Chumbiyacu, lo que significa la perdida de ecosistemas acuáticos. Justamente en 2020, Terraerarth recibió una notificación en 2020 por hacer descargar de aguas sin tratar a eses río. También se encontró que las lagunas de desechos mineros iban a parar a los ríos sin ningún tratamiento ni control.

La denuncia detallaba las posibles ilegalidades en la otorgación de concesiones, no solo de Terraearth, sino de otro centenar de concesionarios, ya que ninguna había contado con la consulta previa a las comunidades, como manda la Constitución. El 13 de abril de 2022, un tribunal de Napo falló a favor de los demandantes y exigió al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación. Para ello, la sentencia también exigió ejercer el derecho de repetición contra varias concesionarias, entre ellas Terraearth. Eso quiere decir que asuman los gastos. E incluso podría significar la reversión de las licencias y concesiones. Pero casi nada de eso se ha hecho aún, las autoridades se han excusado diciendo que no hay el personal ni los recursos necesarios, pero que se han realizados intervenciones puntuales.

 

Por eso, para Andrés Rojas, quien fue delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, es necesario que el Estado central declare la emergencia ambiental para Napo, así como también la declaratoria de estado de excepción focalizado, antes de que estale otro Yutzupino. Para que la sentencia sea cumplida se elevó a Corte Constitucional, pero eso demorará en resolverse.

Pero mientras eso pasa, en las audiencias de las acciones de protección, ha llamado la atención la presencia de los abogados de Terraearth, puesto que la empresa no es accionada, es decir, no es acusada. Los accionados son las autoridades estatales que debían hacer cumplir la ley. Según una persona cercana al proceso, el juez puede llamar a la empresa como tercero afectado, pero los argumentos que presente no pueden ser tomados para la resolución del proceso judicial. El pasado miércoles 29 de noviembre se realizó una audiencia, pero tuvo que ser cancelada porque, con el cambio de gobierno, llegó un abogado del Ministerio de Ambiente que dijo no estar todavía al tanto de caso.

No se sabe todavía qué postura vaya a tomar el nuevo gobierno, pero los demandantes esperan que al fin los jueces dicten una resolución para remediar los problemas ambientales y que se inicien investigaciones penales.

Según el Cuarto Informe de Naciones Unidas, “la actividad minera ilegal en la provincia del Napo demuestra que existen 48 frentes mineros activos, que impactan directamente en la deforestación de la selva amazónica en las comunidades: Yutzupino, Naranjalito, Nueva Jerusalén, Pioculin, Limonchicta, Moretecocha, Shiguacacho, Santa Mónica, Ishkayacu, Punino, Galeras y Huambuno.” Pero nadie sabe si será posible sanear todo eso, mucho menos si las autoridades no toman acciones urgentes.

Ni la muerte del exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio detuvo los procesos que en su contra y de su familia se iniciaron en el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde noviembre de 2018. En septiembre de 2023, menos de un mes después de su asesinato, funcionarios del SRI presentaron una nueva denuncia dentro de un caso denominado El Leñador en la Fiscalía.

Redacción Código Vidrio

El 6 de septiembre de 2023 por impulso de las autoridades del SRI se abrió la indagación previa 170101823090901, que se suma a una larga lista de señalamientos, denuncias y procesos judiciales de las que han sido blanco, tanto Villavicencio como dos de sus hermanos, y su tío. Incluso, sobre el medio digital Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio junto con Christian Zurita, hasta antes de entrar de lleno al mundo de la política.

Este medio buscó un pronunciamiento de Germán Villavicencio, hermano del exlegislador, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su teléfono celular, proporcionado por sus familiares. Él también enfrenta otra denuncia por supuesta defraudación, a pesar de que el SRI previamente le había dado la razón, de forma parcial, a través de un recurso de revisión, en otro caso.

En enero pasado, las acciones del SRI, que tiempo atrás Villavicencio calificó como persecución desde el Estado, también fueron más allá del ámbito tributario. Una nueva denuncia por el supuesto delito de revelación ilegal de bases de datos fue interpuesta por representantes de esa entidad. Fue formalizada a través de la investigación 170101823010637, según fuentes de la Fiscalía.

Funcionarias del SRI pidieron que en este proceso se realizará una pericia informática a los medios digitales La Historia EC y Periodismo de Investigación, sin que hasta el momento quede claro el porqué de esos pedidos, lo cual tampoco ha sido explicado por el SRI.

La denuncia estaría relacionada con una publicación conjunta que hicieron ambos medios el 25 de julio de 2021, bajo el titular “La persecución de los Inapapers”. En ese informe se describe cómo se llevaron a cabo las acciones del SRI, dentro de una estrategia del gobierno de Lenin Moreno que buscaba “desacreditar al mensajero (Villavicencio), anulando su mensaje”.

En resumen, se trataba de una estrategia para golpear la reputación de Villavicencio y así mermar sus denuncias sobre los supuestos negociados en la contratación de Coca Codo Sinclair y sobre los casos Inapapers y Arroz Verde, que salpicaban a exautoridades, especialmente al entonces presidente Lenín Moreno, hoy procesado penalmente, y a su círculo cercano. Eso lo denunció constantemente el experiodista y exlegislador.

Este medio buscó un pronunciamiento del SRI sobre los procesos y las denuncias que se mantienen abiertas en casos que relacionan al excandidato presidencial y algunos de sus familiares cercanos, así como acerca de la solicitud que hizo la entidad a la Fiscalía de peritajes a los dos medios digitales.

La entidad respondió escuetamente, sin referirse a la denuncia: “No es posible entregar información relacionada con planes y programas de control. Los mismos son de carácter reservado, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno”.

La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, desconoce esos nuevos casos. Ella cree que “los procesos que se tramitaban en contra de Fernando se extinguieron cuando murió. Los que se abrieron en el SRI no fueron propiamente contra él sino contra su familia y entiendo que sobre eso se llevó un proceso interno en el SRI”, indicó.

Al ser consultado sobre el pedido de peritaje, Marlon Puertas, director de La Historia, dijo que no ha recibido ninguna notificación y que también desconocía la investigación previa, impulsada por la coordinadora penal Natalia Endara.

Cuesta revela información reservada de Villavicencio

Sarauz también recordó que cuando el exasesor de Lenin Moreno, Santiago Cuesta, acusó a Villavicencio de supuestamente lavar dinero a través de la pizzería de su hermano, se llegó a la conclusión de que se utilizaron documentos falsos para perjudicarlo”, con apoyo de funcionarios del SRI.

Agregó que las cuentas de Villavicencio siempre estuvieron claras y abiertas al proceso. “Una vez que Fernando no está aquí, será la familia la que tendrá que responder sobre los manejos de sus negocios. Si es que hay o no un proceso en contra de Villavicencio, en el momento de su muerte se extinguió”.

El 30 de diciembre de 2022, Villavicencio alertó en su cuenta en X la operación de Cuesta. “ATENCIÓN| El @SRIoficialEc confirmó la manipulación y difusión de información falsa sobre mi familia, realizada en 2019 por orden de Santiago Cuesta. El operador interno de este delito fue José Almeida, quien salió del país…”.

Se refería a una entrevista en el programa de Carlos Vera, “Veraz”, el 9 de mayo de 2019, con el consejero Santiago Cuesta. El entonces influyente funcionario hizo varios señalamientos y presentó documentos, incluido un Informe Ejecutivo Ampliado del SRI sobre Villavicencio. Mencionó también que accedió a información bancaria que catalogó como “pública” sobre los movimientos en las cuentas de familiares del exlegislador.

Cuando Vera le consultó si era legal esta exposición, dijo: “Uso las mismas armas, tengo derecho a reprimir el ataque. Legítima defensa es utilizar las mismas armas que usas contra mí, para defenderme. Villavicencio saldrá a decir con mi familia no te metas y aquí hablamos de cuentas de las hijas y la esposa. Es un negocio muy raro, porque produce cero de pago de impuesto a la renta”.

Cuesta pidió públicamente a Villavicencio que abriera cinco cuentas repartidas en tres bancos, “así como él le pidió a Moreno que abriera las suyas”.

En varios espacios informativos y en sus redes sociales, Villavicencio se defendió diciendo que sus declaraciones de impuestos no podían tener valores, pues durante varios años enfrentó nueve procesos judiciales, vivió en el exilio, para evitar ser apresado. Además indicó fue declarado insolvente cuando no lograba pagar USD 47.306 que le fueron impuestos por un juez, para entregárselos al expresidente Rafael Correa, tras un juicio por supuestas injurias. Sumas similares debían pagar el exlegislador Cléver Jiménez y el médico y activista Carlos Figueroa.

Además, Villavicencio recordó en ese entonces que la Corte Nacional de Justicia ordenó que se le restablecieran sus derechos políticos, pero eso tardó en concretarse. Según él, durante su exilio y su tiempo en la clandestinidad recibió apoyo económico de instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú, de empresarios pequeños y logró recaudar algo de dinero por medio de la venta de los libros de su autoría.

En julio de 2021, Fundamedios publicó una alerta cuando el SRI entregó una serie de documentos a Villavicencio, quien los solicitó en su calidad de legislador. Según el texto de Fundamedios y las aseveraciones de Villavicencio, quien demandó a Cuesta en la Fiscalía por revelación de información reservada, esa información probó la persecución que el Gobierno de Moreno realizó en su contra como una reatlización por sus denuncias periodísticas.

Los procesos se reactivan

Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, en mayo del 2021, las investigaciones y controles alrededor de Villavicencio y su gente cercana se frenaron, pero se reactivaron luego de que él criticó los acuerdos que hizo el Ejecutivo con las bancadas de la Asamblea, incluyendo la abstención del bloque correista, que permitió que la Ley de Desarrollo Económico se aprobara por el Ministerio de la Ley, a fines del mismo 2021.

En el contexto de sus denuncias sobre el caso Encuentro y El Gran Padrino, que involucraban al Gobierno,  también se activaron estos procesos tributarios luego de poco tiempo, pese a que entonces estaban en marcha mediaciones para llegar a acuerdos de desestimiento entre la familia Villavicencio y el SRI. Además, se activó una denuncia y se abrió una indagación previa en contra de Villavicencio y otras personas ajenas.

Entre fines de 2018 y la actualidad, al menos ocho altos funcionarios que han ocupado distintos cargos en los tres últimos gobiernos participaron y motivaron los procesos en contra de Villavicencio. Lo hicieron desde distintas divisiones del SRI como Cumplimiento Tributario, Inteligencia Tributaria, Control Tributario, Riesgos Tributarios, Coordinación Penal.

Así, el excandidato presidencial que fue perseguidos por distintos engranajes del estado mientras vivía continúa siendo blanco de investigaciones. Tampoco sus familiares que aún lo lloran y exigen que su crimen no quede en la impunidad.

 

REPORTAJE. A menos de una semana de que termine el período de gobierno de Guillermo Lasso, EcuaCorriente obtuvo el permiso para la ampliación progresiva de su presa de desechos mineros, más conocida como relavera Tundayme; la proyección es que llegue a 320 metros de altura, convirtiéndola en la más alta del mundo. Esto permitirá que el proyecto Mirador que extrae cobre de una mina a cielo abierto, duplique su producción. Los capitales chinos también esperan el éxito de su segundo proyecto en la Cordillera del Cóndor: San Carlos-Panantza, que está detenido por un fallo de la Corte Constitucional, en espera de una consulta previa a las comunidades indígenas.

Por Alejandro Pérez y Bastian Kaiser
Alianza Código Vidrio – Vistazo

En las últimas semanas, la presa de desechos mineros del proyecto Mirador, más conocida como relavera Tundayme, ha sido motivo de controversia porque un estudio de una consultora internacional y promovido por organizaciones ambientalistas pronostica el fallo de la infraestructura, lo que podría ocasionar severos daños ambientales. Sin embargo, la empresa de capitales chinos EcuaCorriente desestimó ese informe. El debate se producía cuando esa presa estaba proyectada con 260 metros de altura. Pero el 17 de noviembre pasado, a menos de una semana de que termine el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Energía y Minas aprobó la “ingeniería detallada” para el “recrecimiento”. La proyección es que progresivamente alcance los 320 metros de altura, lo que la convertirá en la relavera más alta de mundo. Según el portal especializado Global Tailings, la que actualmente ostenta ese puesto es la relavera de Cerro Verde, en Perú, con 265 metros y construida en 2015. No hay ninguna que supere los 300 metros.

Es primordial el permiso para aumentar el tamaño de la relavera porque Mirador se prepara para una expansión. Actualmente, con una mina a cielo abierto, el proyecto extrae 60 mil toneladas diarias de roca para procesarla y obtener cobre. De ese material, solo el dos por ciento se convierte en concentrado de cobre, que se exporta a las refinerías en China. El resto va a parar las relaveras. El plan de expansión plantea la excavación de una segunda montaña o “tajo de mina”, como llaman los mineros, para elevar la producción a 140 mil toneladas diarias.

Es la primera mina a cielo abierto en Ecuador, que firmó contrato con el estado ecuatoriano en 2012, empezó a producir en 2019 y tiene una vida útil de 30 años. Está asentada sobre la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, una zona de alta biodiversidad. Los capitales chinos también tienen otro proyecto denominado San Carlos Panantza, en la vecina provincia de Morona Santiago, que sería el doble de grande que Mirador, pero todavía se encuentra en fase de exploración avanzada y está detenido por un fallo de la Corte Constitucional que pidió se haga una consulta previa a las comunidades indígenas.

El dilema en la Cordillera

La Cordillera del Cóndor es el escenario de un dilema global. La protección del clima y de la naturaleza parecen estar irreconciliablemente enfrentadas aquí. El mundo necesita cobre para avanzar en la transición energética. En promedio, un vehículo eléctrico contiene casi tres veces más cobre que un vehículo de combustión interna. Un solo aerogenerador moderno puede consumir hasta 30 toneladas. Según las previsiones de la consultora McKinsey & Company, la demanda mundial de cobre podría aumentar a 36,6 millones de toneladas anuales para 2031. El gobierno ecuatoriano quiere participar en este negocio, pues se beneficia de las regalías e impuestos que paga la mina. ¿Pero a qué precio? Expertos, ambientalistas e indígenas como Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), advierten sobre daños ambientales irreversibles. EcuaCorriente dice que quienes se oponen solo intentan retrasar el desarrollo de la industria minera.

Hace 20 años Tundayme era una parroquia olvidada con unos cientos de habitantes dedicados a la agricultura. No imaginaban que de la tierra saldrían miles de millones de dólares, aunque muy poco se queda ahí. Cada año, Mirador exporta más de mil millones de dólares en concentrado de cobre. En 2022 generó más de 280 millones de dólares en impuestos para el Estado.  Y en Tundayme, la empresa, dice haber aportado poco más de un millón de dólares en promedio durante la última década para gestión social.

En el centro del pueblo está la plaza central con un letrero en mayúsculas de aproximadamente un metro y medio de altura con el nombre de la parroquia, frente al cual rara vez alguien se saca fotos. Justo encima, la empresa que lo controla todo en este lugar se ha inmortalizado en letras color cobre: ECSA, la abreviatura del operador minero EcuaCorriente S.A., que también patrocina el Wi-Fi público. En la entrada del pueblo, un letrero indica a quién debe su iluminación pública Tundayme: ECSA.

Muchos están a gusto con la minería, pues trabajan directa o indirectamente para EcuaCorriente. Pero hay otro sector que rechaza el proyecto. En septiembre de 2015, las casas de 16 familias que vivían en el sector de San Marcos, en el área donde ahora se asienta la primera piscina de desechos mineros, denominada “Quimi”, fueron destruidas, ya que sus pobladores no querían salir y el Estado declaró al proyecto de interés nacional. Y los desalojos continuaron.

Los indígenas liderados por Luis Sánchez continúan luchando contra el proyecto. En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una demanda que acusa al Estado ecuatoriano de no haber protegido adecuadamente el medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto minero Mirador. Argumenta que el Estado ecuatoriano otorgó licencias y permisos para la minería sin considerar adecuadamente los impactos ambientales y sociales. Se señala que el proyecto minero afectó la calidad de vida, la biodiversidad y la calidad del agua en la región.

Para el Estado y para la minera esto no tiene fundamento porque ya un Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de Pichincha rechazó una demanda contra el proyecto Mirador en marzo de 2013, que presentó un grupo de defensores de los derechos humanos, ambientalistas e indígenas. Por eso recurrieron a la CIDH. Uno de los firmantes de la petición ante la fue el líder shuar José Tendetza, quien fue encontrado muerto en el río Zamora en 2014. Su asesinato sigue sin resolverse.

Las observaciones y el acelerador

El proyecto no ha estado exento de problemas. En 2018, el Ministerio de Ambiente ordenó la paralización de varios frentes de Mirador porque el plan de manejo ambiental no se habría estado cumpliendo. Los informes hacían referencia a una escombrera y la segunda piscina de desechos mineros, más conocida como relavera Tundayme, que ahora provoca el temor de los sectores ambientalistas. EcuaCorriente habría iniciado obras sin contar los permisos para la construcción de esa relavera que recién se aprobaron en 2019 con una altura de 260 metros. Y el 17 de noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución MEM-CZS-2023-0543-RM aprobó el “recrecimiento”, que implicaría un aumento progresivo hasta llegar a 320 metros. El trámite empezó septiembre a pedido de la empresa. Entre algunos aspectos técnicos, el informe señala que frente a una eventual erupción del volcán Sangay, “no existe falla de riesgo estructural. También pide “desarrollar reuniones de socialización, simulacros y talleres” para tener protocolos de alerta temprana y rutas de evacuación.

A inicios de noviembre, EcuaCorriente invitó a un grupo de periodistas para visitar la mina y asegurar que la relavera cuenta con todos los estándares mundiales y permisos de las autoridades ecuatorianas que descartan un fallo o rotura de la presa en el futuro. En ese momento Wilma Pazmiño, gerente de Gestión Ambiental de Mirador, dijo que estaban analizando la ampliación de la relavera. Sobre las observaciones dijo que tuvieron que parar unos frentes de la mina, pero afirmó que todas esas “no conformidades” que presentaron las autoridades en 2018 se fueron resolviendo una a una. Además, cree que hubo un “tema político”, pues se recogieron “no conformidades” desde 2014 a 2018.

Según los técnicos de la empresa, a medida que se eleva la altura de la presa, se fortalece su resistencia y se vuelve más segura. “El cuerpo de la presa se hace mucho más robusto y el embalse tiene mayor capacidad de soportar precipitaciones máximas probables”.

La Contraloría emitió un informe que alertaba que los ríos Tundayme, Quimi y Wawayme, que están dentro del proyecto, habían superado los límites permisibles de concentración de metales. Pazmiño aseguró que se han hecho canales para todos los afluentes, grades y pequeños, para que no entren en contacto con partes de la mina que podrían contaminar las aguas. Además, dijo que, de las 1.400 hectáreas intervenidas, ya han revegetado 300 y reforestado 100. Pero asimismo ya empezó el desbroce de otras 600 hectáreas para el segundo “tajo de mina”.

Eso supone una inversión de 600 millones de dólares y apresura la construcción de una segunda planta de procesamiento. También urge la autorización para la fábrica de explosivos que quedó construida, pero no cuenta con los permisos para operar. Desde 2017, EcuaCorriente empezó a construir aquella fábrica sin el permiso del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas. En 2019 lo requirió cuando prácticamente la planta estaba lista. Las organizaciones ambientales, dicen que, así como pasó con la fábrica, ha sido el denominador común con las otras obras de infraestructura de la mina: primero se construyen las obras y luego los permisos.

Cada día a las seis de la tarde se colocan explosivos en el primer tajo de mina para seguir excavando el gigantesco hueco. Para eso importan semanalmente toneladas de explosivos desde Perú. Cuando esté listo el segundo tajo, necesitarán la fábrica in situ. Pazmiño dijo que todas las obras tienen los permisos correspondientes y que están tramitando el que habilite la fábrica, pues nunca ha sido utilizada.

EcuaCorriente también tiene en carpeta la construcción de una hidroeléctrica, que estaba proyectada cuando inició el proyecto para abastecerse de su propia electricidad. Además, ofreció la construcción de su propio puerto en el cantón costero de Machala, para llevar el material directo a China. Para ello, los capitales chinos constituyeron dos empresas que todavía están activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías: Proyecto Hidroeléctrico Santa Cruz S.A. y Puertocobre S.A. Y eso se vuelve urgente si China conquista el segundo proyecto a cielo abierto en la Cordillera del Cóndor.

La conquista de la Cordillera

A pesar de que Mirador es el primer y más grande proyecto de minería a cielo abierto en Ecuador, en unos años es posible que se inaugure el segundo, que será el doble de grande. Se trata de San Carlos Panantza, ubicado en la provincia de Morona Santiago, en fase de exploración, pero que está detenido porque un fallo de la Corte Constitucional le dio la razón al pueblo Shaur Arutam. La sentencia emitida en 2022 negó la licencia que el Ministerio de Ambiente otorgó a la empresa china ExploCobres en 2011, por falta de consulta previa a las comunidades indígenas.

ExploCobres, empresa que tiene los mismos accionistas que EcuaCorriente, espera a que el Estado organice la consulta previa y salir victoriosa para pasar a la fase de explotación en San Carlos-Panantza. Según el Ministerio de Finanzas, se espera que los chinos inviertan más de 3.000 millones de dólares en ese proyecto.

Por otra parte, Jaime Palomino, presidente del Pueblo Shuar Arutam, dice que el proyecto Mirador ha implicado persecución, despojo y contaminación para los habitantes, lo que teme se repetiría en San Carlos Panantza. En esa línea, el activismo de Luis Sanchéz hizo que en noviembre organizara un evento informativo junto a las organizaciones Acción Ecológica y Latinoamérica Sustentable en Limón Indanza, aproximadamente 120 kilómetros al norte de Tundayme.

«Yo no vengo a contar nada, compañeros. Yo vengo aquí a dar testimonio de lo que está pasando en el territorio,» gritó Sánchez al micrófono. Unas docenas de personas estaban en el salón del evento en las afueras de la ciudad. Indígenas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago respaldan su lucha, pero no son todos. Los pueblos han quedado divididos entre quienes respaldan la minera y quienes se oponen.

La empresa china dice que no persigue a nadie. Que, por el contrario, aporta el desarrollo. Es el caso de Segundo Toledo y su esposa. Tienen un restaurante justo en la plaza de Tundayme, a donde llegan los empleados de EcuaCorriente con sus camisas azules: la bandera ecuatoriana bordada en el hombro izquierdo y la bandera china en el derecho. Toledo cuenta cómo llegó a Tundayme en 1999. Su empresa trabajaba por encargo del operador minero, que en ese momento todavía estaba en manos canadienses. Vio su oportunidad en Tundayme, luego trajo a su esposa. Hoy en día, es el jefe de una empresa constructora con más de 20 empleados. Además del restaurante, la pareja administra dos hoteles en Tundayme, donde trabajan alrededor de 14 personas. «Prácticamente ha movido la economía estos últimos años no solamente para la zona del sector, sino para el sur del país y lógicamente para el país. La gente puede vivir un estilo de vida un poco mejor».

Pero la suerte no es para todos. Jaime Palomino dice que las comunidades indígenas siguen empobrecidas y ahora divididas, y que la minería no puede ni debería ser el único motor de las comunidades de la Cordillera del Cóndor, porque cuando eso se acabe, quedará contaminación. EcuaCorriente dice que nada de eso pasará, que minería y cuidado de la naturaleza pueden convivir.

REPORTAJE. Lo que hasta hace unos años era la cuenca del río Tundayme, en una zona remota de la provincia de Zamora Chinchipe, ahora es una gigantesca presa de desechos mineros. Esos residuos, en buena medida tóxicos, son producidos por el proyecto cuprífero Mirador, de la china EcuaCorriente, desde hace cuatro años. La empresa seguirá sacando y procesando material por otros 26 años. Es decir, esa presa, más conocida como relavera en leguaje minero, seguirá creciendo hasta posiblemente alcanzar los 320 metros de altura, lo que la convertiría en la más grande del mundo. Ambientalistas y consultores afirman que las características del diseño y las condiciones geográficas vaticinan un desastre ambiental. Sin embargo, los ingenieros de EcuaCorriente confían en sus diseños. Incluso dicen que, mientras más alta se hace la presa, se genera más estabilidad.

Por Alejandro Pérez y Bastian Kaiser
Alianza Código Vidrio – Vistazo

Tundayme es un pequeño pueblo que en los últimos años ha crecido gracias al proyecto Mirador, que empezó a sacar cobre en 2019 y llevarlo a refinerías en China. Unos 600 kilómetros separan Quito, la capital del Ecuador, de Tundayme, provincia de Zamora Chinchipe, al extremo sur del país, lo que significa casi medio día de viaje en auto. En el pueblo ha crecido el comercio, sus calles están asfaltadas e, incluso, hay hoteles. Pero su economía gira en torno a la mina que está del otro lado del río Quimi: el proyecto Mirador, que ocupa 1.400 hectáreas en plena Cordillera del Cóndor, una zona de la Amazonía ecuatoriana de rica biodiversidad.

Un equipo periodístico de esta alianza estuvo en la zona. En el proyecto hay un sinnúmero de edificaciones del campamento minero y sus oficinas; por allí transitan decenas de obreros chinos y ecuatorianos con sus chalecos y casos. Hay una infraestructura con unos enormes molinos, que es la planta donde se procesan las rocas para extraer el concentrado de cobre. Hay un hueco en una montaña a lo que llaman el “tajo de la mina” que, mientras más material sacan, más grande y profundo se hace; desde arriba del tajo, las volquetas parecen hormigas.

Hay también una “pequeña” relavera junto al río Quimi, que se levanta a nivel de la carretera asfaltada que conduce a la entrada del proyecto minero y tiene las paredes en forma de una pirámide; alberga 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros. Y hay una enorme relavera que está en construcción sobre lo que fue el cauce del río Tundayme, que albergará 370 millones de metros cúbicos. Es una cifra a todas luces imposible de imaginar, pero a eso se le llama minería a gran escala. Literalmente, se trata de excavar una montaña, procesar el material del cual solo el dos por ciento sirve, y el resto depositarlo en las relaveras. Mirador es uno de los ciclos proyectos emblemáticos que impulsó el gobierno del expresidente Rafael Correa, la década pasada.

Las críticas más graves radican en lo que pueda pasar con las relaveras y los ríos. El Quimi y el Tundayme que desembocan en el río Zamora, que atraviesa toda la provincia y es fuente de agua y pesca para muchas poblaciones. El Zamora, a su vez, es tributario del Santiago y luego va el Marañón, que atraviesa Perú, y el gran Amazonas, que lleva las aguas al Atlántico. Y aquí es donde radica el problema. Desde hace varios años organizaciones ambientales, temen el colapso de las dos presas, sobre todo de la relavera Tundayme, que es la más grande. Este temor creció a partir del desastre de Brumadinho en la región minera de Minas Gerais, en Brasil, en 2019, donde una relavera se derrumbó y derramó miles de metros cúbicos de agua y barro tóxico. La tragedia dejó 250 muertos y 20 desaparecidos.

En ese entonces, la relavera Tundayme estaba en construcción. EcuaCorriente, la empresa ecuatoriana de capitales chinos a cargo del proyecto, dice que no hay de qué preocuparse, porque su relavera cumple con todos los estándares mundiales y permisos de las autoridades ecuatorianas, a diferencia de la presa de Brumadinho que estaba construida con el método aguas abajo, el peor de todos, que está prohibido en la mayoría de países, incluido Ecuador. Entonces, ¿todo estará bien?

Cuando el río suena…

Luis Sánchez se abre paso entre las cañas y los helechos que han crecido en esta parte de la Cordillera del Cóndor, en la ladera oriental de la cuenca del río Tundayme, desde donde se ve la relavera. En medio de un arbusto se detiene y dibuja con las manos los contornos de algo que solo existe en su memoria. “Una casa de madera con todas las cosas para vivir”, dice. El 16 diciembre de 2015, Sánchez y sus vecinos fueron expulsados para dar paso al proyecto Mirador. Tanto la empresa como el Estado aseguraron que los desalojos se hicieron en respeto a la ley. Pero Sánchez dice que llegaron y destruyeron todo sin contemplación. Hoy, en el lugar donde estaba su hogar, hay un letrero de color marrón rojizo con letras blancas: “Propiedad en servidumbre minera a favor de EcuaCorriente S.A.”

Detrás del verde follaje, pocos metros cuesta abajo, la relavera Tundayme se llena gradualmente con los residuos fangosos del proyecto Mirador. Cuando la mina haya cumplido su vida útil, es decir, en 2050, allí se erigirá uno de los mayores depósitos de relaves del mundo, con una altura que podría alcanzar los 320 metros. De hecho, el lugar donde estaba la casa de Sánchez, con el tiempo quedará bajo los desechos mineros.

Según el portal Global Tailings, que reúne la información de todas las relaveras del mundo, de las más de 2.000 que tiene registradas, solo 10 superan los 200 metros de altura y no existe registro de alguna de más de 300. Tundayme sería la primera, lo que quizá nos dé un récord Guinness. Hasta ahora la más alta es Cerro Verde, en Perú, con 265 metros y construida en 2015. Las relaveras de Mirador aún no aparecen en Global Tailings.

Y esto es lo que teme Luis Sánchez: que todo ese lodo que se está acumulando se desparrame y se lleve consigo el pueblo de Tundayme, y otros poblados, además de contaminar los ríos Tundayme, Quimi y Zamora. «Da bastante pena», dice Sánchez. El hombre de 49 años es presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi). Su vida la ha encausado a la lucha contra el proyecto Mirador. Asegura que ha recibido amenazas. Tiene el pelo largo y gris oscuro recogido en un moño. Lleva una bolsa de tela marrón y beige cruzada sobre el hombro. Se considera cañari-kichwa. Sus abuelos llegaron a la Cordillera del Cóndor, como la mayoría de las familias indígenas que ahora viven en Tundayme, desde la provincia de Azuay a mediados del siglo XX.

Es justamente Sánchez quien ha trabajado de cerca con el geógrafo americano Steven Emerman, contratado por la consultora E-Teach International que, en un estudio advierte sobre el posible colapso de las relaveras de Mirador. “Mi evaluación, basada en la trayectoria actual, es que el fallo de estas represas de relaves es inevitable», dijo Emerman en una presentación que dio a la prensa en Quito y luego en un recorrido que hizo por la Amazonía, patrocinado por las organizaciones ambientalistas Acción Ecológica y Latinoamérica Sustentable.

Según el científico, “Mirador es el peor escenario para una presa de relaves”, por los siguientes factores físicos: alta sismicidad, alta precipitación (lluvias), topografía empinada y valles estrechos deslizamientos de tierra frecuentes, entre otros términos muy técnicos. También asegura que la presa no estaría construida con el método aguas arriba, que es el más seguro, ya que EcuaCorriente no ha hecho públicos los diseños. EcuaCorriente “rechaza enérgicamente las falsas afirmaciones carentes de fundamento técnico expresadas por dichos autodenominados científicos, que lo único que buscan es detener el avance de la industria minera en el país”, reaccionó la empresa en un comunicado.

Mirador desde adentro

En la ladera oriental de la relavera, frente a donde estaba la casa de Luis Sánchez, los técnicos de Mirador explican los milagros de la ingeniería a un grupo de periodistas para demostrar que todo está bajo control, días después de la presentación de Emerman. Orgullosos, los empleados chinos y ecuatorianos -en mandarín y español- describen todo el proceso de construcción de la relavera. No se guardan nada y sacan todo su arsenal técnico: hablan de batimetría, inclinómetros, piezómetros, acelerómetros… ¿Y el río Tundayme? Dicen que está bien, que para construir la relavera encima, hicieron un túnel por debajo de la montaña para desviarlo y conducirlo a una desembocadura más abajo, para que así sus aguas no se contaminen con los desechos acumulados en la relavera.

Desde lo alto de la ladera que sirve como una de las paredes de la relavera Tundayme se puede ver la maquinaria acarreando el material. Parte de la roca procesada y desechada en Mirador sirve para seguir erigiendo el dique. El resto va al hueco que se forma entre las laderas de la cuenca del Tundayme y la presa que, hasta noviembre este año, ya tiene una altura de 118 metros, informa César Vásquez, gerente del departamento de Gestión de Depósito de Relave en Mirador.

¿Y si hay un terremoto? Que no hay peligro dicen los técnicos porque el dique aguantaría hasta un sismo de más de 8 grados en la escala de Richter, pero que en la Amazonía Sur de Ecuador es muy improbable un suceso así. Tres estudios sísmicos les habrían afirmado que solo puede haber temblores de máximo 7,5°. Y para las torrenciales lluvias y deslizamientos de tierra también hay estudios y respuestas, según EcuaCorriente.

Más tarde la empresa reúne a los jefes de departamento en una sala de conferencias para explicar las bondades de la minería a los periodistas. Dicen que el proyecto da trabajo directo a 3.910 personas y otras miles se benefician indirectamente, la mayoría de la zona. Que ahora la minería es el cuarto producto de exportación del Ecuador y genera millones de dólares en impuestos…

Pero lo más importante para los técnicos es que quede claro que la relavera Tundayme está construida con el método aguas abajo, que es el más seguro. En minería existen tres tipos: el primero es “aguas arriba”, cuando los cimientos de la presa se construyen encima de los desechos, lo que provoca que sea poco resistente. Es lo que sucedió en Brasil en 2019. El más confiable es el que se construye “aguas abajo”, colocando todos los cimientos a nivel de la base, lo que hace que la presa sea más ancha y resistente. Y el de eje central que es un intermedio entre aguas arriba y abajo, explican los técnicos. Obviamente, las diferencias radican en el costo. Aguas abajo es lo más barato y es un método que no está permitido por la legislación ecuatoriana.

Al ser consultados sobre la negativa de hacer públicos los diseños de las relaveras, que es una de las críticas de Emerman y las organizaciones ambientalistas, Andrés Vásquez Ponce, uno de los subgerentes, dijo que los estudios fueron entregados y aprobados por las autoridades de control, Ministerio de Ambiente y Ministerio de Energía, pero hay algunas cláusulas de confidencialidad que permiten mantenerlos en reserva. Dice que no tendrían problema en divulgarlos, pero no saben qué usos les puedan dar los grupos que se oponen al proyecto Mirador.

Sin embargo, una de las revelaciones que hicieron es que la relavera podría ser más alta de lo que se planeó. En principio, la relavera Tundayme fue diseñada con una altura de 260 metros y así fue aprobada por el Ministerio de Ambiente en 2019. Pero, ahora EcuaCorriente analiza la posibilidad de aumentar unos 60 metros más, conforme vaya creciendo la producción de la mina, ya que en los próximos años Mirador empezará a excavar una segunda montaña.

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Con 320 metros de altura, Tundayme se convertiría en la presa de desechos mineros más grande del mundo. La alternativa sería construir una tercera relavera, pero es la opción menos probable. Según los estudios, dicen los gerentes de la empresa, a medida que se eleva la altura de la relavera, se fortalece su resistencia, lo que la vuelve más segura. “Se hace más segura porque el cuerpo de la presa se hace mucho más robusto y el embalse tiene mayor capacidad de soportar precipitaciones máximas probables. Todo eso gana en factores de seguridad de una presa. No necesariamente el hecho de que la presa sea grande la vuelve insegura. En este caso se vuelve más segura”.

El gran dilema

Poco menos de media hora tardaría el lodo en llegar al pueblo de Tundayme, en caso de que se rompiera la presa, según un estudio denominado “Simulación de la Falla Potencial de las presas de Relave del Proyecto Mirador con el Modelo FLO-2D”, de Karen O’Brien y Noemi González, que acompañaron al geólogo Emerman en su presentación. González dice que la empresa y el Estado deben tener un plan de evacuación que debe ser comunicado a los pobladores, sea cual sea el escenario.

Los gerentes de EcuaCorriente son cautos en no señalar nadie, pero desestiman todos los estudios críticos con el proyecto. Confían en que los 15 millones de dólares que la empresa ha invertido en contratos de estudios para ingeniería, sondajes geotécnicos, ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y líneas geofísicas para sus relaveras, han sido suficientes para prevenir cualquier catástrofe. Además, dicen que monitorean la relavera constantemente. En total, según el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, EcuaCorriente invertirá más de 2.000 millones de dólares en Mirador.

Quizá solo el tiempo y más estudios puedan determinar si hay un riesgo inminente o la ingeniería de Mirador es a prueba de todo. De un lado está Luis Sanchéz, quien dice que seguirá luchando y haciendo conocer los estudios al resto de comunidades que pueden verse afectadas, por la contaminación de los ríos en caso de un fallo de la presa. De otro lado, Marco Segovia, un empleado de EcuaCorriente y morador de Tundayme dice que no hay de qué preocuparse; confía en los ingenieros y los permisos que dio el Estado para construir las relaveras. Mientras tanto, la mina sigue produciendo 60 mil toneladas por día y la relavera sigue creciendo.

El gigante asiático importa el 72% del crustáceo de Ecuador. Las exportaciones a China se dispararon desde el 2018. Para abrir piscinas se han destruido manglares. Estos ecosistemas cubrían 350 mil hectáreas en la Costa; hoy quedan 108 mil hectáreas; 200 mil fueron taladas para hacer camaroneras y construcciones. En el golfo de Guayaquil es evidente el avance de las piscinas que acabaron con el mangle (foto Galo Paguay)

Mientras Ecuador es el mayor exportador mundial de camarones, casa adentro los pequeños productores asumen costos que no les permiten desarrollarse ni tener ganancias.

Se desconoce si se han incorporado regulaciones ambientales en el TLC con China o si se han previsto controles de calidad o la responsabilidad del fabricante para maquinaria y equipos electrónicos, que podrán ingresar de China sin aranceles.

Por: Franklin Vega, alianza Código Vidrio – Vistazo con Bitácora Ambiental 

“El mejor camarón del mundo”, así lo promociona el Ministerio de Producción del Ecuador al crustáceo producido en el país. La industria acuícola ecuatoriana es la responsable de la alta calidad de los camarones que ingresan a mercados muy regulados como Estados Unidos o Europa, acompañada por el impulso estatal directo como el subsidio a los combustibles (diésel para generar electricidad) o la concesión de piscinas camaroneras en playas y bahías; algunas cuestionadas por talar manglares para abrir las camaroneras.

En este camino de desarrollo camaronero, los gobiernos de turno han desarrollado varias iniciativas para reducir la huella ecológica de producir camarón. Una muestra es el crédito firmado con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en septiembre del 2023, para electrificar las camaroneras y disminuir el uso de diésel en el funcionamiento de las bombas de aireación y otras necesidades energéticas de las camaroneras.

El electrificar las camaroneras fue uno de los anhelos del expresidente Lenin Moreno, quien dispuso que se implemente un plan en el 2018. Sin embargo, solo se concretará con el préstamo de la CAF.(https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2023/09/caf-y-el-gobierno-de-ecuador-firman-contrato-de-prestamo-por-usd-200-millones-para-usar-energias-limpias-en-el-sector-camaronero-de-ecuador/ )

El otro puntal para el éxito del camarón ecuatoriano es la inversión en tecnología y desarrollo. En esta industria, desde los 90 los laboratorios de larvas de camarón mantienen investigaciones y mejora genética, la mayoría privada; se puede decir que es un esfuerzo de particulares. Una muestra, fue el anuncio del Ministerio de Producción del Skretting Aquaculture Guayas Center para el desarrollo e innovación del camarón, una multinacional presente en 10 países (https://x.com/Produccion_Ecu/status/1582098332746674176?s=20)

Al revisar las cifras del comercio exterior del Ecuador, se puede afirmar que a los exportadores de camarón les ha ido muy bien. Lejos quedaron las secuelas de la mancha blanca, una enfermedad que en 1998 devastó las piscinas camaroneras y contribuyó a la crisis económica que terminaría dos años más tarde con la dolarización.

Para septiembre del 2023, el Banco Central del Ecuador (BCE) anunció que las exportaciones de camarón superaron a las petroleras y, por supuesto, al banano. Entre enero y julio del 2023, el BCE publicó que las exportaciones de camarón alcanzaron los USD 4.396 millones de dólares, mientras las exportaciones de petróleo fueron de 4.082 millones; USD 314 millones más por camarones. El 2023 terminará sobre los 7.000 millones de dólares

En los siguientes gráficos se puede divisar el incremento de las exportaciones de camarón, tanto en toneladas como en dólares. Se puede observar un incremento constante de aproximadamente el 15% anual, entre los años 2000 y 2014; desde esta fecha, las exportaciones a China empiezan a crecer de forma casi exponencial.

El mayor salto se produjo entre 2017 y 2019, pasando de 100.000 toneladas a dos millones de toneladas. Y en el 2022 fueron 3,9 millones de toneladas.

Actualmente desde Ecuador se exporta a casi el triple que a Estados Unidos (20%) y este país representó en el 2022 el 59% de las exportaciones.

Destino de las exportaciones de camarón del Ecuador:

 

China, el principal mercado

 ¿Qué pasó para que Ecuador pase de ser una “Banana Republic” a “Camarón Republic” “Shrimp republic” un tigre exportador de camarones? La respuesta pasa por China, el principal mercado de los crustáceos ecuatorianos con una escala en Vietnam. La reducción de aranceles en China y una mayor tecnificación ayudaron a que la industria camaronera se convierta en un tsunami exportador.

En enero del 2017, Ecuador se adhirió al Acuerdo Comercial Global de la Unión Europea con Colombia y Perú, pero las exportaciones se han mantenido sin grandes incrementos. Uno de los factores son las regulaciones a los productos y la trazabilidad. Una muestra de los requisitos férreos de la UE es la tarjeta amarilla que se impuso a los productos pesqueros ecuatorianos por no controlar la cadena de la pesca ilegal; ante la cual hay avances, pero no los suficientes para levantar esta amonestación.

En 2017, China también anunció que reduciría el arancel de importación para 186 productos entre ellos el camarón(https://www.proecuador.gob.ec/china-reduce-los-aranceles-en-187-productos-entre-ellos-el-camaron/) al 2%, una rebaja considerable si se tiene en cuenta que en el 2006 ese arancel era del 6,2%. Esta reducción de aranceles coincide con la mayor presencia de China en América del Sur y en especial en Ecuador, tanto en obras de infraestructura, compras anticipadas de petróleo e incursiones de su flota de aguas distantes a Galápagos.

La eliminación del arancel coincidió con la abrupta disminución de las exportaciones de camarones a Vietnam. Al revisar las estadísticas, se observa que las exportaciones a ese país cayeron en picada, una vez que China controló el contrabando de camarón ecuatoriano que se vendía como producido en Vietnam. Los datos de las exportaciones del Banco Central, así lo confirman.

El apetito de China por camarones de calidad, buen sabor y más grandes, disparó la producción y las exportaciones. Para hacerle frente a este incremento de la demanda se utilizaron nuevas formas de producir camarones que estaban ensayándose desde el 2014. Desde ese año, las camaroneras ecuatorianas, que desarrollan tecnología desde 1980, aplicaron una novedosa forma de producción camaronera en condiciones controladas al milímetro, en áreas cubiertas.

Camaroneras se expanden a tierras altas

El camarón se cultiva en piscinas similares a los invernaderos que se observan en la Sierra del Ecuador; igual que en ellos se vigila la humedad, la temperatura del agua, acidez y salinidad… Estas nuevas camaroneras se instalaron en zonas altas, lejos de las playas y para esto los investigadores cambiaron las condiciones naturales del camarón como su necesidad de agua salada, la cual suplieron con alimentación y larvas adaptadas a ese entorno.

Una muestra de esta expansión a tierras altas: en el 2014 estaban registradas 704 camaroneras en tierras altas y abarcaban 78.017 hectáreas; para el 2022, estas camaroneras de tierras altas pasaron a ser 1.477 con 140.423 hectáreas. Esto según los datos del Ministerio de Producción disponibles, no se consideran las camaroneras que no están regularizadas tanto en tierras altas como en zonas de playa y bahía y que no se tienen datos.

Ante la informalidad, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) impulsó la emisión del Decreto Ejecutivo No. 876, promulgado el 15 de septiembre por el presidente saliente Guillermo Lasso, en el cual se modifica el artículo Nro 34.1 del Reglamento General de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca (Lodap).

En esta normativa se establece que para desarrollar actividades acuícolas (producción, procesamiento o comercialización) se debe presentar el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Producción previo a la obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).

A pesar de que se habla de trazabilidad de la producción camaronera, no hay disponible información pública sobre cuanto camarón se produce en zonas altas y cuanto en áreas de playa y bahía. Tampoco de las tasas de producción por hectárea, es claro que se produce más de lo que se exporta, pero ¿cuánto?

Un negocio con mucha competencia

 Además de incrementarse el volumen de las exportaciones, también aumentaron los actores. De acuerdo con los registros del BCE, en el 2022 se realizaron 1.077 exportaciones de camarón por 115 empresas y 30 personas naturales; mientras que en el 2010, fueron 336 exportaciones realizadas por 87 exportadores.

En cuanto a la forma de producir camarón, las camaroneras están clasificadas por el Ministerio de Producción en pequeños hasta 50 hectáreas, medianos entre 50 y 250 ha y grandes mayores a 250 has. Sin embargo, si se analizan los datos con un poco más de detalle, tenemos que las pequeñas representan el 73% de propietarios con el 21% del área dedicada a esta actividad. Las medianas suman el 23% de propietarios y abarcan el 40% de las hectáreas dedicadas a las camaroneras, y las camaroneras mayores a 250 hectáreas están en manos de 147 personas y cubren el 38% de superficie.

Para conocer este y otros detalles solicitamos una entrevista en la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), sin que nos respondan hasta la publicación de este reportaje. Se trata de gremio creado en 1993 de la fusión de las asociaciones más fuertes del ramo: Federación de Camaroneros (FEDECAM), Cámara de Productores de Camarón y Asociación de Laboratorios (ALAB). Los laboratorios son el puntal para el desarrollo de la industria, ya que de ellos provienen las larvas que se emplean en la industria y que tienen un trazado genético desde hace casi 40 años, lo que se expone en mayores productividades que en otros países.

Desde el 2015, en las provincias de la Costa se vivió una fiebre del “oro rosado” (como le califican al camarón) en la cual las ofertas de ganancias cuantiosas se multiplicaron, al punto que muchos camaroneros se volcaron a producir bajo la promesa de ganancias garantizadas en camaroneras tipo invernadero.

“Conocí esta nueva forma de producir camarón y al analizar los números calculé que tendría más ganancias y menos dolores de cabeza en una camaronera que con mi empresa. Decidí vender todo y cambiar de actividad. No ha sido fácil, pero no todos han tenido el mismo éxito”, señala David propietario de una camaronera de 400 hectáreas que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

El otro lado de la moneda

El otro lado de la moneda la tienen los productores pequeños. Ellos no cuentan con una cadena de distribución directa y que venden a intermediarios que les compran en fincas a menos de un dólar la libra de camarón y que se vende en los mercados de Quito o Guayaquil entre 3,6 y 6,0 dólares la libra, de acuerdo con el tamaño. “El beneficio es para los comerciantes y distribuidores. Cuando tenemos una buena producción y no nos roban, logramos hasta 1.600 libras de camarón por hectárea. Los invernaderos para las camaroneras son demasiado caros, la alimentación es más costosa y las larvas más caras. También e necesita más diésel o electricidad para estas fincas”, relata Karina, una camaronera mediana de El ORO (nombre protegido) y agrega que “con el precio en finca a veces no se cubren ni los costos, sé de varios emprendedores que están quebrados”.

Toda una paradoja. Mientras en el ámbito internacional Ecuador es el mayor exportador mundial de camarones, casa adentro los productores pequeños asumen costos que no les permiten desarrollar y un proceso rentable.

Más camaroneras extinguen los manglares

 Los manglares en el Ecuador cubren 157.801 hectáreas según datos del Ministerio del Ambiente; mientras que las camaroneras abracan 202.113 hectáreas según el Ministerio de Producción, la autoridad nacional de acuacultura. Sin embargo, la cifra de camaroneras puede ser mayor, por las instalaciones irregulares que se han abierto sin permiso.

Uno de los mayores cuestionamientos es que para abrir las piscinas se han talado significativas zonas de manglar. Líder Góngora, activista por la conservación de este ecosistema, es enfático. Señala que los manglares cubrían 350.000 hectáreas en la Costa del Ecuador y hoy solo quedan 108.000 has, las 200.000 hectáreas de manglar taladas corresponden a las taladas para hacer camaroneras y construcciones.

Ahora ya no se producen talas masivas de manglar; la expansión es paulatina y se realiza cada vez que se realiza mantenimiento a las piscinas camaroneras. La maquinaria limpia los bordes de las piscinas en un trabajo que termina desplazando todo el muro de la camaronera hacia el manglar.

Los manglares en el Ecuador cubren 157.801 hectáreas

Una muestra de esta modalidad de tala sistemática fue denunciada el 19 de octubre pasado en Puerto Jelí, provincia de El Oro. Allí Víctor Quinde, vocero de la Asociación de Mariscadores y Anexos 11 de Enero de Puerto Jelí denunció, ante el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la tala del manglar por parte de una camaronera. (https://x.com/BitacoraEc/status/1715097203352457678?s=20).

Hasta la fecha no se conocen las acciones realizadas por el MAATE ante esta denuncia. Sin embargo, hemos podido constatar que existen más de 500 procesos administrativos iniciados por guardaparques en áreas protegidas de la Costa del Ecuador, que no han podido ser judicializados por falta de apoyo de las autoridades seccionales y nacionales.

La mitad del manglar, protegido por la comunidad

Desde 1999, con un Decreto de Jamil Mahuad, se estableció el Acuerdo de Uso Sustentable y Custodia de Manglar del Ecuador (AUSCME), que es una “concesión” de áreas de manglar y a la vez una herramienta de conservación, la cual permite que las comunidades ancestrales y usuarios de este ecosistema protejan y aprovechen los recursos (como cangrejos, conchas) para ,su sustento.

Hasta el 2022, los AUSCME cubren 75.529 hectáreas de manglares, lo que representa el 49% de la superficie manglar del Ecuador. Sin embargo, lograr estos Acuerdos de Uso y Custodia no ha sido una tarea fácil y empezó con el trabajo del biólogo Manuel Bravo, quien hizo el primer planteamiento oficial de los AUSCME en 1996. Desde entonces y luego de varios intentos logró junto con las comunidades que se establezca esta categoría de protección de los manglares. Pese al avance que implicó este manejo compartido entre la comunidad y las autoridades, desde el 2017, la falta de recursos y personal ha entorpecido el desarrollo de estos Acuerdos.

Las comunidades se quejan de retrasos en los trámites y la falta de recursos para hacer patrullajes con seguridad. “Ya no podemos salir a patrullar por miedo a que los piratas se lleven la lancha, los moteres o nos maten. Esta falta de apoyo y recursos de los ministerios empezó en el Gobierno de Lenin Moreno hasta vivir el abandono de hoy”, relata un ex dirigente de una agrupación de cangrejeros del Golfo de Guayaquil.

TLC: Más dudas que certezas sobre controles ambientales

El 20 de noviembre, con la instalación de la nueva Asamblea, empieza el camino para que el Tratado de Libre Comercio firmado con China, el 10 de mayo de 2023, entre en vigencia. Esto se produce una vez que la Corte Constitucional emitió el 1 de noviembre su dictamen favorable a este acuerdo comercial, que es el quinto en la región.

De esta forma, Ecuador se integra a Nicaragua, Costa Rica, Perú, Chile que ya han firmado TLC con China. De estos cinco países, Ecuador ocupa el tercer puesto en cuanto al volumen de comercio bilateral, con un estimado de 12.000 millones de dólares; después de chile con 35.000 millones y Perú con 34.000.

Del total del comercio bilateral Ecuador-China, aproximadamente 4.000 millones corresponden a las exportaciones de camarón ecuatoriano y según las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, “las exportaciones se incrementarán entre 3.000 y 4.000 millones de dólares adicionales” https://www.comunicacion.gob.ec/ecuador-concreta-acuerdo-comercial-con-china-su-principal-socio-comercial/).

Si con la reducción del arancel, las exportaciones de camarón a China pasaron de 220 millones en el 2017 a 3.900 millones en el 2022, se puede esperar un incremento adicional del volumen del crustáceo a ese país; siempre y cuando, la producción se mantenga y se incorporen cada vez más zonas de producción camaronera.

En septiembre pasado, la Corte Constitucional puso un freno a la pretensión de entregar en propiedad 65.000 hectáreas que están asentadas en zonas de playas y bahías, que era una de las pretensiones del Decreto de Emergencia para enfrentar el fenómeno de El Niño. Por cada hectárea se pagaría entre 6.000 y 12.000 dólares.

A pesar de que en dos ocasiones hemos solicitado al Ministerio de Producción el texto del Tratado de Libre Comercio con China, no lo hemos podido conseguir; solo están disponibles los comunicados del Ministerio de Producción.

Se desconoce si se han incorporado regulaciones ambientales en el TLC con China o si se han previsto controles de calidad o la responsabilidad del fabricante para maquinaria y equipos electrónicos, que podrán ingresar de China sin aranceles. Una muestra, en la parte alta de la isla Santa Cruz, Galápagos. Ahí se pueden ver decenas de autos electrónicos chinos que están arrumados por fallas en sus baterías, no se exigió que se mantenga una cadena de repuestos y se desconoce la disposición final de esas baterías.

Por declaraciones de los ministros de Producción se conoce que 800 productos quedaron fuera del TLC: línea blanca, calzado, vestido, cerámicas, entre otros. No se sabe, por ejemplo, cómo se gestionarán las baterías de los vehículos eléctricos, de los cuales China es líder mundial en cuanto a su producción y desarrollo de tecnología.