Los problemas de las empresas chinas en sectores estratégicos en Ecuador van más allá de los señalamientos de corrupción, como el caso de la red de sobornos que operó en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, a cargo de Sinohydro. Las compañías e inversionistas de ese país asiático también son acusadas de provocar severos impactos ambientales, sociales y laborales en los proyectos estratégicos que desarrollan en el país y en la región. Una de las más cuestionadas en la minera Terraearth, que tiene concesiones en Napo, y ha causado severos daños en el ambiente (foto). 

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En el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas sobre la República Popular de China, en Ginebra en noviembre del 2023, la comunidad internacional presentó un informe contundente que da cuenta de los efectos nocivos de las actividades empresariales chinas en materia de Derechos Humanos.

Es un reporte del Colectivo Sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), que documenta graves impactos de las actividades extractivas chinas y su incumplimiento sistemático en materia de tratados y convenios de Derechos Humanos y ambientales.

Si bien las evidencias de las secuelas se enfocan en 28 proyectos en nueve países de América Latina, el mayor número de casos estudiados se concentra en Ecuador con ocho en total.

Los proyectos mineros observados son Mirador, Río Blanco, San Carlos-Panatza y El Napo. También figuran, en el campo energético, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair; la explotación de los bloques Ishpingo ITT y Tarapoa, así como una camaronera en la isla Puná, como focos de daños ambientales.

Todos estos proyectos tienen en común daños ocasionados en los ecosistemas frágiles donde se desarrollan, así como en las afectaciones a la vida cotidiana de las comunidades vecinas, a los derechos de pueblos indígenas y hasta a los derechos laborales de las personas que ellos emplean.

“En diversos proyectos mineros y de infraestructura las comunidades han denunciado procesos de acaparamiento, despojo de tierras y desalojos forzosos, como es el caso de (los proyectos) Mirador y San Carlos-Panantza en Ecuador (…)”, es uno de los impactos descritos en el capítulo del derecho a un nivel de vida adecuado, alimentación y vivienda de las comunidades de las zonas de influencia del mencionado informe.

En el documento se dedica una mención especial al proyecto minero El Napo, donde se conjugan la contaminación con mercurio a fuentes de agua con actividades relacionadas a la minería ilegal. De hecho, en el cuadro donde se detalla la problemática se titula “Minería ilegal de oro en Napo”.

Promesas que nunca se cumplen

El colectivo Napo Resiste es una de las organizaciones que aportaron con insumos para la elaboración del informe de la CICDHA. Su campo de estudio se centró en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, donde posee una concesión la empresa china Terraearth.

“Usan dragas y maquinarias para minar las riveras de los ríos de la zona, incluido el Napo. Todos los desechos mineros y el mercurio que usan en sus procesos contaminan los ríos. Prometen que van a hacer remediación ambiental, pero jamás llega”.

Esta explicación es de M. Muñoz (nombre protegido), del colectivo Napo Resiste, quien agrega que parte de la problemática es la aparente permisividad de la empresa china para que mineros ilegales puedan explotar las tierras que están dentro de su concesión.

Según las estimaciones de Napo Resiste, alrededor de unas 2.000 hectáreas en la zona son explotadas por mineros ilegales, que tienen vínculos con grupos irregulares que se dedican a actividades ilícitas, sin que haya un control efectivo de las autoridades del ramo sobre cómo se opera en la concesión a la empresa china.

Sin embargo, la empresa china ha negado que tenga alguna relación con actividades de minería ilegal o que no haya emprendido procesos de remediación ambiental para mitigar los impactos de la actividad minera. “Terraearth Resources S.A. está comprometida con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social”, indica la empresa en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Enrique Medina, experto en mecanismos de acuerdos comunitarios en proyectos mineros, señala que la causa estructural de estos problemas es la baja calidad de estándares sociales, ambientales y laborales con los que desarrollan sus actividades las empresas chinas.

Por ello –agrega- la gran mayoría de estas empresas dedicadas a la explotación minera tienen problemas de reputación corporativa, por lo que es común que incluso las firmas proveedoras de servicios en este campo prefieran no trabajar con ellas, como una medida para precautelar su imagen.

Como resultado de esas deficiencias técnicas se generan conflictos sociales con las comunidades, que terminan incluso con la paralización de los proyectos. De hecho, de los cuatro casos de estudio en materia minera, solo uno está en operación en la actualidad.

Se trata del proyecto Mirador, ubicado en Zamora Chinchipe. No obstante, sobre él cae una tempestad de cuestionamientos. De hecho, el informe recoge que las tres compañías chinas a cargo de esta explotación de oro, plata y cobre, ha afectado a pueblos de la zona, entre otras razones, por el desplazamiento de comunidades de sus territorios, afectación severa al medio ambiente e incluso el pisoteo de derechos laborales. “Se presentan condiciones de trabajo precarias y bajos salarios”, añade el reporte del CICDHA.

Los cuestionamientos no son exclusivos para las empresas que realizan el trabajo operativo de los proyectos. Los bancos chinos que extienden las líneas de financiamiento para los proyectos en sectores estratégicos también están bajo el escrutinio de la plataforma de agrupaciones de la sociedad civil.

Marco Antonio Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable y secretario técnico de la CICDAH, explica que, al estar los proyectos chinos atados al financiamiento de ese país, los bancos de ese país son corresponsables de las afectaciones de las inversiones.

Exigen reparaciones a empresas chinas

Por esta razón, entre las 12 recomendaciones y conclusiones expuestas en la Oficina de la ONU en Ginebra está “exigir” a las instituciones financieras y a las empresas chinas relacionadas con los 28 proyectos reportados “medidas urgentes de reparación y remediación integral de los impactos negativos”. De igual modo, incluir cláusulas ambientales, sociales, de transparencia y anticorrupción en los contratos de préstamos y obras.

Con el objetivo de facilitar el diálogo, en la ONU se pidió que las embajadas y consulados chinos sean los canales formales de comunicación para abordar las problemáticas generadas por los proyectos. Al respecto, Gandarillas señala que no ha existido una respuesta concretadel gobierno chino. Código Vidrio solicitó por correo electrónico a la Embajada de China en Quito una entrevista para tratar los impactos negativos de estos proyectos. No hubo respuesta hasta el cierre de este reportaje.

EMPRESAS CHINAS SEÑALADAS EN ECUADOR 

En los dos días previos a la reunión extraordinaria de la OEA, la cancillería de Rusia emitió tres comunicados a través de distintas plataformas. En dos de ellos, habla de funcionarios mexicanos heridos, durante la incursión policial a la embajada mexicana.

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“OEA aprueba resolución que condena la intrusión a la Embajada de México en Ecuador”. Así titula la nota periodística de la agencia oficialista RT (Russia Today), que recoge la resolución del consejo permanente de la OEA, convocado en reunión extraordinaria. En ella, 29 países condenaron la intrusión de las fuerzas policiales ecuatorianas a la embajada de México, el pasado viernes 5 de abril, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. El Salvador se abstuvo. México no estuvo presente, igual que Venezuela, en esa cita.

https://actualidad.rt.com/actualidad/505462-oea-resolucion-condena-intrusion-mexico

La nota recoge la “condena a las acciones del gobierno de Daniel Noboa contra la Embajada de México” y despliega con gran amplitud la versión del representante diplomático colombiano. Colombia y México fueron los países que solicitaron la reunión extraordinaria del consejo permanente de la OEA.

Colombia es el país autor de la resolución que fue aprobada este miércoles 10 de abril en el seno de la OEA. En el texto, que RT despliega, se destaca la posición de “respeto absoluto a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al personal diplomático”.

El despacho de la agencia rusa da voz predominante a la tesis colombiana según la cual las “consideraciones de Ecuador no pueden ser aceptadas”.

Entre lo argumentos para sustentar esa tesis, según el delegado diplomático colombiano, si el concierto internacional acepta la posición ecuatoriana, se agregarían excepciones al derecho internacional y a su aplicación.

El despacho de RT no recoge la parte de la resolución en la que insta a los Estados a respetar los requisitos del asilo y el uso de las sedes diplomáticas. Además, insiste en el principio de no interferencia en la política interna de terceros países. Adicionalmente, afirmó que las sedes diplomáticas no pueden tener un uso diferente a aquellos contemplados en el derecho internacional

La tesis rusa

El lunes 8 de abril, el embajador ecuatoriano en Moscú, Juan Fernando Holguín, se reunió con el ministro de Exteriores ruso. En la cita, le expuso la “extrema preocupación” por la irrupción de los uniformados en la sede diplomática mexicana, el primer viernes de abril, en horas de la noche.

Entre el 8 y el 9 de abril, la Cancilleria de Rusia emitió tres comunicados expresando su preocupación frente al tema, en las plataformas de X (antes Twitter) y de Telegram. En uno de los comunicados, expresa los buenos deseos por “los diplomáticos mexicanos heridos”. En otro de sus pronunciamientos, se refiere a diplomáticos mexicanos lesionados.

El comandante general del Ejército, general Fernando Adatty, es claro y contundente en el diagnóstico. Confirma que el avance vertiginoso de la minería ilegal en Orellana, Sucumbíos y Napo ahora tiene un nuevo componente, mucho más peligroso y volátil. En varias zonas fronterizas de esas provincias esa actividad criminal y el narcotráfico están dirigidas por el grupo armado colombiano Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC. Esta organización, con entrenamiento y capacidades militares, tejió alianzas con bandas terroristas locales, especialmente con Los Lobos y Choneros, indistintamente, en diferentes sectores. Por eso, según el general Adatty, la semana pasada hubo operativos de las Fuerzas Armadas en zonas de influencia de estas organizaciones criminales, que han devastado cientos de hectáreas de vegetación y provocado daños y contaminación a las fuentes de agua, vitales para las poblaciones ribereñas. Miembros de ese grupo fueron repelidos, precisamente, el miércoles pasado por militares del Ejército en un operativo contra extracción ilegal de oro, que dejó un armado muerto y seis colombianos detenidos. Esta estructura, que antes era parte del Frente 48 de las FARC, emboscó hace dos semanas a una patrulla de cinco militares en Barranca Bermeja, causando la muerte de un sargento de Inteligencia. Otro fenómeno complicado es el aumento de laboratorios en el cordón fronterizo, por la creciente producción de coca y el aumento de la demanda global. El Comandante del Ejército advierte que Fuerzas Armadas no pueden seguir tapando los huecos que otras instituciones dejan abiertos por falta de gestión. Mientras todas las instituciones estatales no intervengan en conjunto en las zonas más afectadas por estas estructuras criminales híbridas, con planes de recuperación económica y social, de mediano y largo plazo, este problema seguirá agravándose, señala el general Adatty, un oficial destacado, de 58 años, que en 1995 combatió en el Conflicto del Alto Cenepa, defendiendo con las tropas el destacamento “Tnte. Hugo Ortiz”. Este diálogo se desarrolla en su despacho, en la Comandancia del Ejército, en el complejo la Recoleta, en el centro colonial de Quito.

Por Arturo Torres

-La situación en la frontera es cada vez más compleja. Al fenómeno del narcotráfico se suma el aparecimiento de más laboratorios y plantaciones, minería ilegal, así como la dinámica criminal de alianzas entre disidentes colombianos de las FARC y bandas locales, como Los Lobos y Choneros. ¿Cuál es su apreciación de este fenómeno?
Es una zona delicada. Nosotros conocemos esto desde hace muchos años: el problema que tiene Colombia en la frontera con los disidentes de las FARC en Nariño y Putumayo. Al no tener el componente ideológico estos grupos han transformado su accionar en un tema delincuencial vinculado al narcotráfico. Ecuador, por el control que todavía se mantiene, de Fuerzas Armadas ha logrado que en el país casi no existan sembríos de coca. Pero sí hay laboratorios y ahora se incrementa un mecanismo adicional para financiar su actividad ilegal, que es la minería ilegal en Esmeraldas, Sucumbíos, Napo, Orellana (un poco menos) donde el Ejército y Fuerzas Armadas hemos desarrollado operativos. Hemos hecho varias operaciones los últimos días.  Hoy (miércoles 3 de abril) hicimos un operativo en el que apresamos a seis colombianos y un ecuatoriano, hubo un fallecido. Los armados recibieron a tiros al personal militar.

-¿En qué sitio ocurrió el enfrentamiento?
El sitio es en el río Vicuno, en la provincia de Orellana. Entre los detenidos había dos menores de edad, de 16 y 17 años, y una mujer. Tenían alimentadoras, escopetas, un fusil. Estaban en operaciones de minería ilegal, con cinco retroexcavadoras y tres clasificadoras; estamos verificando que uno de ellos, aparentemente, sería una figura de alto valor, un cabecilla.

-¿Sería un integrante de los Comandos de la Frontera?
Asumimos que es de los Comandos de la Frontera (CDF), estamos verificando.

-¿Hay alguna relación de este hecho con lo ocurrido en Barranca Bermeja, cuando un sargento de Inteligencia murió en una emboscada de ese grupo narcocriminal colombiano?
Desde hace algún tiempo personal militar hacía un seguimiento en Barranca Bermeja, Sucumbíos, a un posible sitio de descanso de uno de los cabecillas de este grupo; al parecer este sujeto estaba ahí o estaba acercándose, por eso se dio la emboscada a la patrulla que recogía información. Fue un tema de oportunidad, estábamos atrás, la idea era capturarle o darle de baja a este individuo. En ese sector hay una ruta de movimientos de los CDF hacia zonas mineras en Ecuador, son callejones de paso, de descanso, hay movimiento de combustible, lo necesario para la minería ilegal, inclusive paso de armas y pertrechos. En función de esa información planificamos dos operaciones, una se realizó en Orellana, y que nos dio resultados importantes, pues confirma información que teníamos y da validez al trabajo del personal de Inteligencia.

Es un tema delicado, importante, la minería se está convirtiendo en uno de los sustentos de estos grupos ilegales para el lavado del narcotráfico, la semana pasada en el cantón Ponce Enríquez, en Azuay, se capturó a Vicente Angulo, alias Comandante Vicente, cabecilla de Los Lobos. Observamos que como hay mucho dinero que mueve la minería ilegal estos grupos están buscando adueñarse de este recurso minero para financiar sus actividades. Estamos dedicados a las cárceles, como prioridad, pero también al control de estas operaciones delictivas.

-Entonces en la frontera las Fuerzas Armadas enfrentan dos problemas muy graves, concretamente la incursión acelerada de estos grupos criminales, los últimos años, en la minería ilegal y el narcotráfico con la incautación constante de laboratorios en Ecuador y Colombia.
Así es. Hay tanto laboratorios, inclusive cristalizaderos (para procesar pasta de coca y convertirla en clorhidrato de cocaína), sobre todo al otro lado, en Colombia, y este incremento de la minería ilegal. Son grupos organizados armados que controlan el sistema, son organizaciones armadas, que cobran vacunas y extorsionan a los mineros ilegales.

-¿Estos grupos son más peligrosos, no son solo mineros ilegales, sino armados que controlan territorios o intentan hacerlo?
Pueden entrar mineros ilegales, pero para hacer esa actividad tienen que pagar peaje o dar parte de sus ganancias a esta gente armada, que controla o procura controlar estas actividades, porque se han dado cuenta de que hay mucho dinero.

¿Esto claramente ya se torna más sensible y complejo de enfrentar?
Lógicamente.

 -Porque una cosa es someter a un minero ilegal, pero otra enfrentar a un armado con entrenamiento militar para combate, un miembro de una disidencia de las FARC.
Un minero ilegal se rinde, no recibe a tiros a una fuerza militar, como en este último caso.

-¿Y en los casos recientes ha ocurrido eso?
Sí, el día de hoy (miércoles 3 de abril) ya ocurrió, por eso hubo un fallecido de ese grupo en un enfrentamiento armado con fuerzas del sector del Ejército ecuatoriano.

-Pero los CDF también han tejido alianzas con bandas locales. De lo que ustedes han podido establecer ¿ellos tienen acuerdos con los Lobos o Choneros?
Hay zonas y hay grupos que están relacionados con uno y con otro, o con Lobos y con Choneros, que a veces disputan el territorio en un mismo sector. Incluso llegan a acuerdos con estos grupos para mantener el control, se reparten la zona y con eso no tienen inconvenientes.

-¿Es decir que se han gestado acuerdos delictivos para control territorial de zonas críticas de minería ilegal?
Hay acuerdos o hay disputas dependiendo de los cabecillas. Hay sitios donde algo sucede, alguien comete un error y vienen enfrentamientos violentos. Fotos Código Vidrio.

-¿También hay disputas entre miembros de los CDF, Lobos y Choneros por controlar economías delictivas en la minería y el narcotráfico en provincias fronterizas de la Amazonia?
El 90 por ciento de los fallecidos en estos casos tiene que ver con problemas del narcotráfico, en medio de enfrentamiento entre estructuras criminales. Evidentemente hay víctimas inocentes que se cruzaron en el camino. Pero eso tenía un direccionamiento a un rival de la banda contraria.

-En estos casos, en Sucumbíos y Orellana, ¿los choques armados son entre Choneros y Lobos?
Exacto. A veces también entran los Tiguerones, los R7; en otras zonas, estas mismas bandas pueden estar unidas y en otras enfrentándose a muerte.

-¿Es una dinámica muy variable, con alianzas que tejen y deshacen estas organizaciones de manera constante?
Muy variable. Cae un jefe, e inmediatamente hay otros de sus subalternos, que estaban abajo, que se pelean a muerte por reemplazarlo.

-¿Y qué ocurre con la dinámica del narcotráfico, cada vez se capturan más laboratorios para el procesamiento de hoja de coca en Ecuador y también cristalizaderos?
Son más laboratorios detectados y destruidos. Los cristalizaderos todavía están del lado colombiano. Esas son estructuras más grandes. Para que haya un cristalizadero deben haber muchos laboratorios, eso da el nivel de envergadura del negocio en esa zona y se necesitaría tener el dominio del territorio.

¿Pero podemos ir hacia allá, es decir a que esas operaciones criminales también pasen a Ecuador, con la instalación de cristalizaderos?
Si no tomamos medidas correctas claro, se puede ir hacia allá.

-Claro, porque además hay lógicas que Ecuador no controla como el aumento voluminoso de la demanda de cocaína los últimos tres años, y por ende de más plantaciones y producción de cocaína en Colombia. Así tuvieran la misma cantidad de hectáreas el nivel de producción es mucho más alto.
En Colombia aumentaron las plantaciones en un 400 por ciento. Antes hacían una cosecha al año, ahora tienen cuatro. Con la misma cantidad de hectáreas el nivel de producción es mucho más alto.

-Pero en este caso, del conocimiento de lo que ocurre en la frontera con los grupos armados colombianos, la fortaleza del Ejército ha sido el seguimiento de Inteligencia a todos estos procesos y sus actores en el lado colombiano, la mutación de las FARC en disidencias y hoy en organizaciones narcoterroristas.
En efecto. En la frontera nuestro trabajo de control territorial ha permitido que tengamos esa información, más cuando ha existido un buen trabajo de coordinación con las fuerzas armadas de Colombia. Hemos compartido información para realizar operaciones espejo para presionar a estos grupos para que no pasen de un lado a otro. Podía haber sido mucho mejor pero el sistema de inteligencia fue afectado seriamente por mucho tiempo y se disminuyó su capacidad, desde hace más de una década. Ahora estamos viendo que lo que pudimos hacer fue mermado, estamos retomando desde hace dos años esa prioridad, para tener control efectivo de territorio ante cualquier amenaza que se presente.

-Precisamente, hace pocas semanas fueron capturados en Quito un sargento de Inteligencia del Ejército y dos exmilitares que intentaban sobornar a otro agente para obtener información, que les permita ubicar fuentes del sistema y oficiales al mando de operaciones. ¿Qué implica este caso, porque esos sujetos vinculados a grupos criminales intentaban infiltrar al sistema de inteligencia?
Cuando me informaron que había esta novedad les dije que se debía coordinar con Policía y Fiscalía, determinar quienes estaban involucrados, tratar de neutralizarles. Intentaban llegar al personal de inteligencia que participó en el operativo de la captura de las 22 toneladas de cocaína en Quevedo.

Estos delincuentes no van a tener problema en pagar el dinero que sea necesario para lograr sus fines. Si obtenían la información podían haber habido bajas de nuestro lado, simulando asaltos y eso habría generado un grave problema interno en Inteligencia. Menos mal esto se pudo detectar a tiempo, las autoridades los tienen identificados, estos malos elementos están enjuiciados, ojalá no haya más, y si los hay los vamos a ubicar.

-Hay mucho dinero de por medio y el riesgo de contaminación está latente, estas organizaciones criminales no van a escatimar esfuerzos en involucrar a más personal militar, esto ya ha pasado en México.
Es un proceso de aprendizaje, hay que tomar medidas para que no infiltren a esta institución, que no corrompan a sus miembros. Si un militar de inteligencia es infiltrado, reclutado para dar información, eso puede costarle la vida a una patrulla. No podemos tomarnos esto a la ligera. La ley anterior de personal buscaba mecanismos, pruebas de confianza exclusivamente para ascensos, ahora se requieren estas pruebas de confianza a todo nivel. Las normas de ingreso a la institución deben ser más duras. Ahora se detectó, estamos colaborando en todo, nos interesa ubicar a los malos elementos. Y hay que tomar las lecciones necesarias.

-¿En líneas más estratégicas cómo se puede fortalecer la operatividad del Ejército, se requieren más recursos?
No es solo más recursos. Lo primero es tener un marco legal que permita una organización eficiente, no solo de FF.AA. sino de muchas instituciones que pueden ayudar para recabar y compartir información. Si no existe ese nexo entre todos y esa organización definiendo papeles, para no desperdiciar recursos, porque cada uno está haciendo un papel por separado. Desde mi perspectiva hay que cambiar el concepto, ya no es la década de los 70s, cuando se hablaba de lo interno y externo. Ahora el Estado debe verse en forma global, reorganizar la casa. Cómo optimizamos los pocos recursos que tenemos, cómo la policía y FF.AA. pueden complementar el trabajo de todas las entidades estatales, cuando la situación escale de magnitud. Estamos buscando adaptarnos a normativa existente, pero hay que hacer una planificación a largo plazo como un tema de Estado. Se están dando los primeros pasos. El haber establecido el Bloque de Seguridad es un tema importante, nos permite visualizar un nuevo esquema, que ha sido efectivo.

-¿Ese puede ser un ejemplo de hacia donde tiene que ir Fuerzas Armadas?
 Estamos hablando de FF.AA. y seguridad pero nos falta pulir el tema normativo, lo más importante es optimizar medios y recursos de todas las instituciones estatales involucradas. Hay que fortalecer sistemas interagenciales, entrar todos para formar una fuerza de tarea. Podemos atacar un problema militarmente, en un primer momento, pero luego el Estado debe entrar con otras entidades a dar servicios, acciones posteriores, complementarias, para que FF.AA. puedan salir y esos fenómenos criminales no se repitan.

Hoy interviene FF.AA., controla la situación  y sale, luego vuelven los actores delictivos. Este ya es tema internacional, el narcotráfico opera en varios países con muchos nexos, se necesita mucha colaboración, información oportuna en coordinación con otros países. Creo que en el gobierno hay un concepto que va en esa línea, pero se necesita la colaboración de todos para que esto avance y cuaje.

-¿Es relativamente nueva la dinámica de las bandas locales trabajando estrechamente con las disidencias?
Es nueva también la colaboración con las cárceles. Estuve en un encuentro de comandantes generales de América con gente de Europa. Todos nos preguntaban cómo hicimos para estabilizar y retomar el control de las prisiones; lo que está pasando en Ecuador es fantástico, el trabajo está dando resultados, según comentaron. Entonces este puede ser utilizado como un modelo para aplicar en otros países. Hoy estamos neutralizando a estos grupos, pero mientras el negocio sea lucrativo tendremos más gente ingresando. Puede ser un tema indefinido sino se toman medidas completas e integrales.

-¿Es decir las tareas para Fuerzas Armadas van a volverse más intensas y complejas?El trabajo para FF.AA. no va a parar, mientras siga habiendo este problema no habrá descanso ni tregua en la frontera.

-Pero aumenta la presión por varios frentes y eso implicará tener más personal, más recursos, porque las FF.AA. no solo están en el combate al narcotráfico, sino a la minería, la tráfico de combustibles y explosivos, al control marítimo…
Eso implica que primero tenemos que racionalizar las cosas. Las Fuerzas Armadas no pueden estar en todo. Hay cosas que tenemos que hacer por la emergencia y lo estamos haciendo, pero hay organismos, otros ministerios, que tienen que cumplir sus funciones eficientemente.

-En esa línea es evidente que las FF.AA. también están haciendo las cosas que otras entidades no están haciendo bien; tapan los huecos que otros dejan abiertos.
Usted tiene dos hijos, el que es trabajador y el que no hace nada. Y usted le pide al que trabaja que haga más. Eso le viene pasando a las FF.AA. desde hace muchos años; le toca tapar los huecos que otros dejan. El trabajo en la frontera no es visible, la gente no sabe lo que significa, la gente no valora el trabajo que se hace en la frontera. Estamos haciendo las  tareas de otras instituciones.

-¿Qué requieren las Fuerzas Armadas para contener estás dinámicas que han ido escalando peligrosamente?
Hay un tema que es fundamental. En 2008 se generó una Constitución que brinda todas las facilidades para estos grupos, por un excesivo garantismo para que se den este tipo de situaciones. Las circunstancias del país hoy son diferentes. Es necesario hacer cambios importantes en las leyes, sin alejarnos del respeto a los derechos humanos, pero el Estado debe tener mayor capacidad de control, en todo el territorio nacional.  Se requieren nuevas normas que permitan el accionar eficaz y contundente de la fuerza publica, en un marco que no admita abusos y tampoco la impunidad.

ANÁLISIS. La especulación hizo que ese 1 de abril de 2024 sea un día particularmente malo para el presidente Daniel Noboa, en la esfera digital. Alcanzó un 74% de negatividad. Algo inusual, pues la percepción ciudadana positiva se había convertido en una constate para él, desde el inicio de su mandato.

Por Andrés Jaramillo C.

El primero de abril se aplicó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12% al 15%.  Días antes, el Gobierno anunció que no tendría efecto en los productos de la canasta básica y otros de consumo masivo. Sin embargo, en los mercados y tiendas, los usuarios digitales reportaron una realidad muy distinta.

“Un almuerzo que está $2.50, ahora han puesto a $3.00 y no hay control”, comentó el usuario @juan12_81.  “Si la gasolina sube, todo sube”, agregó Iraldina de Cedeño, en TikTok. “Señores aquí es la gente la sabida que sube. Hoy recién subió el IVA y ya desde la semana pasada estaba subido todo”, se quejó la usuaria @mery🇪🇨.

Esto comenzó a hacer mella en la imagen del Gobierno y, de forma indirecta, también a la iniciativa de la consulta popular promovida por Noboa. Los comentarios abogaban por el NO en las preguntas, como medida de protesta y rechazo al incremento de precios.

Así se mantuvo hasta el 4 de abril, cuando el porcentaje de negatividad bajó al 68%. Entonces, hubo una serie de acciones favorables para el Régimen. La entrega de las primeras 2.500 becas para que los jóvenes puedan acceder a carreras técnicas, la reinauguración del Hospital Alfredo G. Paulson, en Guayaquil, y la #OperaciónLibertad que se dio en varias provincias para desarticular redes de extorsión y que fue capitalizada por el Gobierno.

Pero justo cuando parecía que la administración del presidente Noboa recuperaba espacio en la esfera digital, nuevamente el sentimiento negativo se disparó a un 82%, el pasado 5 de abril.

Ese día, por la noche, se viralizaron las imágenes de la policía de élite ecuatoriana ingresando a la embajada de México en Ecuador para aprehender al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado y requerido por corrupción.

Lo ocurrido opacó rápidamente los temas que habían marcado la coyuntura en los días previos, como el aluvión en La Gasca, que dejó un fallecido y decenas de damnificados y la misma consulta popular.

La conversación digital en torno al asalto a la embajada se volvió global. En Estados Unidos hubo casi 3000 publicaciones. En México casi 2.000, en Argentina se registraron 800 y en España 350.

¿Cuánto puede afectar esto en la consulta popular o la reelección del presidente? Es muy pronto para saberlo considerando que el incidente diplomático aún puede escalar internacionalmente, el correísmo no se quedará de brazos cruzados con el Gobierno y los efectos de los ajustes económicos apenas comienzan a sentirse en el bolsillo de los ecuatorianos.

 

Gracias a los créditos que el país recibía del país asiático, la empresa China CAMC construyó hospitales que casi duplicaron su precio y otras obras que recibieron cuestionamientos desde 2012. Todo quedó reflejado en innumerables informes de Contraloría, pero la compañía siguió recibiendo contratos hasta 2020, sujetos a las condiciones del país asiático y saltándose las normas de contratación ecuatoriana. Todavía hay contratos del proyecto “Casa para todos” que aún no se pueden cerrar. Los créditos permitieron la construcción de seis grandes hospitales, a cargo de CAMC, pero costaron más de lo previsto (foto).

Alianza Código Vidrio – Vistazo

En mayo de 2021, el entonces presidente Lenín Moreno inauguraba el Hospital General Napoleón Dávila Córdova en Chone como un hito de su gobierno y un aporte para este cantón manabita en medio de la pandemia. Agradecía a China porque los fondos para la construcción provenían de una donación del país asiático, y la construcción estuvo a cargo de la empresa China CAMC Engineering. Todo fueron buenas noticias: el hospital que empezó su construcción con un precio de 50 millones de dólares, terminó costando menos: 47,4 millones. Indudablemente un ahorro para los desembolsos de China. Pero fue la única obra de China CAMC que tuvo un ahorro, porque el resto han estado plagadas de problemas y sobrecostos perjudiciales para el Estado ecuatoriano.

Era paradójica la inauguración del hospital a cargo de Moreno porque justamente él, cuando asumió el cargo en 2017, había cuestionado el endeudamiento adquirido con China por su predecesor, Rafael Correa. Además, en 2019 Consejo de Participación Transitorio había emitido un informe sobre los contratos de China CAMC, en el que detallaba “presuntas irregularidades cometidas dentro del sector de la Salud. Específicamente en la alteración del presupuesto técnico e inobservancia a las disposiciones legales y constitucionales”.

Y es que, para ese entonces China CAMC, que aterrizó en Ecuador en 2012 según los registros de la Superintendencia de Compañías, ya había construido cuatro grandes hospitales que casi duplicaron su precio y otra decena obras que le fueron adjudicadas directamente por cientos de millones de dólares. Es decir, sin licitación. Por ejemplo, se le adjudicó el contrato para 14 edificios del Ecu 911 por 68 millones de dólares, pero solo construyó siete. Vistazo y Código Vidrio revisaron varios informes de Contraloría que dan cuenta cómo se inflaron las obras.

Así crecieron los precios

El caso del Hospital “Esmeraldas Sur” quizá sea el más sui géneris. Inicio con un contrato de 40 millones de dólares y terminó en más de 76 millones. La edificación había empezado a levantarse por la empresa ecuatoriana Pallakti en febrero de 2013, pero detuvo la construcción porque a sus representantes llegaron los rumores de que ese y otros hospitales serían adjudicados a empresas chinas. Meses más tarde, China CAMC tomaba posesión de la obra, sin que existiera un contrato de por medio, el cual se firmó el siguiente año, en junio de 2014. Para cerrar el litigio, la empresa china pagó a la ecuatoriana más de dos millones de dólares, por el avance que había hecho.

Una vez finalizado el hospital a cargo de China CAMC, el informe de Contraloría DPE-0013-2020 determinó que se presentaron facturas por 16,64 millones dólares, de las cuales no se pudo determinar “la veracidad, propiedad y legalidad.” Entre otras observaciones, la empresa construyó una línea de subtransmisión eléctrica que fue no aprobada por la CNEL, ocasionando un perjuicio de 2,5 millones de dólares. Por si fuera poco, subcontrató obras por 19,34 millones de dólares, que representó un 42 por ciento cuando la ley dice que puede ser hasta un 30 por ciento.

Esta misma dinámica se repitió en los hospitales de Monte Sinaí. Guasmo Sur y Portoviejo. En este último, a pesar de que su construcción inició con un contrato de 89 millones de dólares y terminó casi en 160 millones, hizo falta un contrato de “obras complementarias” después de que la casa de salud entrara en total funcionamiento en 2019. La razón: se habían olvidado de incorporar o completar varios elementos: instalación de muebles fijos y móviles en consultorios y habitaciones, accesorios y válvulas del sistema de climatización, construcción de cerramiento perimetral, vía principal de acceso e iluminación, caseta de guardianía. 5,3 millones costaron esas nuevas obras.

Solo en estos cuatro hospitales hay una diferencia de 220 millones de dólares, entre lo que inicialmente se contrató y lo que finalmente se facturó. Luego de eso, el gobierno chino decidió hacer una donación para el hospital de Chone, ya que varios países desembolsaron aportes a Ecuador por el terremoto de 2016. La plata para todos estos contratos venía como parte de los créditos de China a Ecuador, y el Estado quedaba obligado a contratar empresas de ese país. Asimismo, todos estuvieron a cargo del Servicio de Contratación de Obras (Secob), institución que fue eliminada por Lenín Moreno en mayo de 2020, y la competencia pasó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Es por esto que, como aún quedaba una quinta línea de crédito para el gobierno de Moreno, no fue el Ministerio de Salud, sino Ministerio de Transporte que firmó el contrato para un sexto hospital de China CAMC en Pedernales, por un valor de 16 millones de dólares, que terminó en más de 20 millones.

Julio Villacreces, quien es fundador de la Comisión Anticorrupción de Manabí, dice que todos los hospitales construidos en esta provincia han presentado irregularidades y problemas que se han denunciado en su momento, no solo los construidos por China CAMC.  Pero las autoridades hacen caso omiso. A pesar de que aplaude que al menos los hospitales sí se terminaron de construir, explica que hay problemas con el de Chone porque el centro hospitalario se construyó en una zona propensa a inundaciones y ya hubo inconvenientes en el invierno pasado. Y señala que han recibido denuncias de que Hospital de Portoviejo seguiría operando al 25 por ciento de su capacidad. “Hay equipamiento que todavía está embodegado”, dice Villacreces. Es el que después de inaugurado se firmó un contrato para obras complementarias.

Condiciones chinas evitan la transparencia

En una revisión de los procedimientos de contratación de China CAMC, esta alianza periodística detectó algunas de las cláusulas que China establecía para estos contratos. Una de ella era la conformación de una “Oficina Conjunta, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Desarrollo de China”, para que revise que todos los participantes en las “licitaciones”, sean de origen chino, “previo a la adjudicación de contratos comerciales”. Lo que China llama licitación, se refiere a que las instituciones contratantes envíen invitaciones a varias empresas chinas, para la construcción de hospitales, por ejemplo. Y la mejor oferta presentada, se llevaba el contrato. Además, en estos procesos, el Ministerio de Finanzas debía hacer los pagos directos de las obras a bancos chinos, a pesar de que China CAMC tiene sus oficinas en Quito.

Otras de las clausulas impedía la formación de consorcios. Es decir, una empresa ecuatoriana que tenía experiencia en el país, no podía asociarse con una empresa china recién llegada y carente de experiencia, para presentar mejores ofertas. Según documentos de procesos de contratación de obras chinas en el portal Contratación Pública, hay incluso intercambios de memorándums diplomáticos entre China y Ecuador aceptando o negando una contratación.

A criterio de Andrés Lozano Haro, experto en Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos, el problema nace en los créditos chinos que tienen sus propios marcos normativos, que se sobreponen a la legislación ecuatoriana. Incluso tienen cláusulas de confidencialidad. Recuerda que el gobierno de Correa rompió relaciones con los multilaterales y, al perder esas fuentes de financiamiento, le quedó solo China. “Es como que tú perdieras acceso a los bancos y tu única alternativa sea el chulco. No importa los intereses o condiciones que te ponga el chulquero, no tienes más alternativa. Eso pasó con los créditos y las obras chinas”, explica Lozano, quien también fue coautor del estudio “Inversiones chinas: ¿Cómo han afectado a la institucionalidad del Ecuador?”, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Las condiciones impuestas y la falta de transparencia han evitado que otras empresas puedan participar de estas obras, lo que hubiera significado ofertas para mejorar los procesos de contratación sin sobrecostos. En todo este esquema, la legislación ecuatoriana sale sobrando. En varias de las contrataciones con China CAMC, la Contraloría determinó que no se ajustaban a las normas nacionales.

A través de correo electrónico a sus funcionarios y su abogado, esta alianza periodística pidió una entrevista con los representantes de China CAMC, pero no obtuvo respuesta.

Glosas, problemas y los últimos contratos

Bajo esta modalidad, esta compañía asiática facturó más de 1.000 millones de dólares en obras desde 2012. Fueron los hospitales en las que más sobrecostes hubo. Y para no repetir ese problema China CAMC y Ecuador optaron por contratos a precio fijo, es decir que no se puede firmar contratos complementarios o rubros extras. Así se construyó la Plataforma Gubernamental Financiera, en Quito, por un costo cercano a 200 millones de dólares. Pero los chinos tenían un as bajo la manga. Según el informe de Contraloría DNA1-0020-2018, se determinó que la contratista modificó el diseño de la infraestructura para ahorrarse 22,6 millones de dólares, argumentado que los diseños iniciales estaban sobredimensionados. El ente de control reclamó ese benefició para el Ecuador a manera de glosa.

Tiempo después, China CAMC apareció involucrada dentro de la una investigación fiscal denominada “Las Torres”, en la que se acusó al Contralor Pablo Celi de haber desvanecido glosas a cambio de sobornos. Una de las glosas desvanecidas fue en la obra de la Plataforma Financiera, que todavía está bajo investigación.

Los últimos contratos provinieron de la quinta línea de crédito de ese país y una parte se asignó al proyecto emblemático “Casa Para Todos” de Lenín Moreno, que comprometió seis grandes proyectos por 97,6 millones de dólares. Aunque Moreno renegó de los créditos y empresas chinas, su gobierno repartió tres contratos para China CAMC y la otra mitad a otras empresas de ese mismo país. Estas tres obras han repetido el mismo patrón que los anteriores. El proyecto consiste en la construcción de varias urbanizaciones de interés social en distintas provincias del país.

La Contraloría revisó el contrato del Grupo 6 de “Casa para todos”, que corresponde a las provincias de Loja, Azuay y Zamora Chinchipe. Determinó algunas inconsistencias como falta de estudios y permisos, y se observó fallas como: humedad en paredes, acabados irregulares, desprendimiento de recubrimiento en losas, acumulación de agua en cajas eléctricas, diferencias en equipamiento, etc., lo que ocasionaría que no se garantice la funcionalidad y vida útil de las urbanizaciones. En Macará, Loja, por ejemplo, se construyó la urbanización sin acceso a alcantarillado, y Zamora hubo problemas con los taludes, por lo que tuvieron que paralizar las obras.

Pero lo más grave: el informe DNA2-0048-2023 encontró que el 88 por ciento de la obra adjudicada a China CAMC había sido, a su vez subcontratada, a empresas ecuatorianas, cuando por ley solo puede hacerlo al 30 por ciento y bajo previo consentimiento de la contratante. Al momento del examen, en 2023, la Contraloría halló pagos por más de cuatro millones de dólares a otras empresas. En varios documentos, encontró que hasta el alcalde del cantón Nangaritza, Zamora Chinchipe, no sabía que la contratista era China CAMC porque otra empresa fue la que pidió los permisos.

Los procesos contractuales del proyecto “Casa para todos” aún no están concluidos, pese a que se otorgaron en 2019 y tenían plazo de apenas ocho meses. Hubo demoras en la pandemia y los cambios de gobierno. De hecho, la administración de Guillermo Lasso heredó eses problema, inauguró algunas obras, pero aún no están cerrados todos los contratos de China CAMC. Por lo que no se puede saber si hubo o no incrementos en los rubros. Por otra parte, en un requerimiento de información que hizo esta alianza periodística, el Ministerio de Transporte reveló los precios finales de estas obras y aseguró que todos están finalizados.

De momento China CAMC no ha recibo nuevas obras desde el 2020, pero es así es como se hizo con contratos valorados en 771 millones de dólares, pero terminó facturando más de 1.000 millones.

DESINFORMACIÓN. Las cadenas Sputnik y RT hablaron sobre ataques digitales, apoyo de países amigos en Latinoamérica y el mundo y supuestas conspiraciones desde Europa, EE.UU. y la OTAN a propósito de los comicios que dejarán a Vladimir Putin seis años más en el poder. La Alianza Código Vidirio-Vistazo analizó las publicaciones de dos medios rusos en sus sitios en español que mencionaban a Vladimir Putin, en el contexto de su reelección (39 cada uno). En Ecuador, medios como Radio Pichincha y La Calle replicaron notas de los medios rusos oficialistas.

 Redacción Código Vidrio

En medio de la última jornada electoral para designar a quien presidiría a Rusia por los próximos seis años, la cadena Rusia Today (RT) difundía en su sitio web en español una nota que apuntalaba la tesis de unos comicios presidenciales en medio de una supuesta guerra cibernética. Según esas notas, ataques digitales o estrategias de “Occidente” para boicotear las votaciones aparecían, a pesar de que el presidente Vladimir Putin fue reelecto, tal como se esperaba.

En Ecuador, medios como Radio Pichincha y La Calle replicaron notas de los medios rusos oficialistas. Por ejemplo, en la página web del primero se publicaron dos notas. La primera es un registro del 17 de marzo donde se difundieron los resultados electorales; fue elaborada por el equipo de su programa Puntonoticias, y que incluye una captura de RT. El 18 de marzo se difundió la nota titulada “La victoria de Putin se confirma tras el escrutinio del 100% de los votos”, que recoge información de RT y se centra especialmente en las tareas pendientes de Putin para su nuevo sexenio en el poder y en su discurso al asumirlo.

Por su parte, La Calle publicó una nota corta bajo el título “Vladimir Putin es reelecto presidente de Rusia por seis años más”. En ella se explica que Putin podría volver a postularse en el 2030, pues la Constitución fue modificada en 2020. Sin embargo, en la nota aparece el subtítulo: “¿Victoria con el camino despejado?” y menciona que la oposición estuvo marginada en este proceso electoral, porque hubo candidatos que tenían apoyo que fueron excluidos por apoyar la paz con Ucrania y porque hubo dudas por la ausencia de observadores occidentales, denuncias por supuestas manipulaciones electorales e inconsistencias en la cifra del electorado.

La supuesta guerra cibernética fue una denuncia de Mijaíl Oseevski, jefe de la empresa rusa de telecomunicaciones Rostelecom, el pasado 17 de marzo. Ese era el último de los tres días para el sufragio presencial como en línea. Allí se afirmaba que hubo ataques hacia la Comisión Electoral Central y al Gobierno de Moscú. Además que, debido a su preparación, el país pudo enfrentar las amenazas. Esta es una de las dos publicaciones donde aparece el nombre de Vladimir Putin en las que se menciona este tema, entre el 17 y el 21 de marzo.

Otra más, del domingo 17, no menciona a Putin, pero sí los supuestos ciberataques. Fue la nota titulada: “Rusia: Washington buscaba aminorar la afluencia electoral en los comicios presidenciales”. Allí se dice que la inteligencia rusa habría descubierto que Estados Unidos intentaría atacar el sistema de votación digital, con la meta de bajar la afluencia electoral y luego cuestionar la legitimidad de los resultados. “Estas tentativas de Washington reflejan el estado precario de las relaciones entre los dos países”, según RT. Nada de eso ocurrió.

Al día siguiente, el tema de los ciberataques cobró mayor importancia. RT decía que a la par de la participación más alta del electorado registrada en la historia, el número de ataques digitales también crecía sin precedentes. De acuerdo con Ela Pamfílova, presidenta de la Comisión Electoral Central, estos superaron los 12 millones durante la campaña presidencia, “150 veces más de lo habitual”. Para ese día Putin tenía la victoria asegurada, pues según fuentes oficiales, alcanzó el 87,28 % de votos.

La temática de una guerra digital también apareció en el sitio en español de Sputnik. Una de su tres notas al respecto menciona que la CEC denunció el 17 de marzo que hubo 12.600 acciones potencialmente peligrosas en contra de su sitio web en 24 horas.

Allí se difundió la nota “Moscú denuncia desinformación sobre el proceso electoral en el extranjero”. Esta vez, la denuncia fue del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Mientras medios y agencias como CNN, France 24, AP News, Euronews, El País, RTVE, Infobae, DW, entre otras difundían noticias sobre las jornadas electorales y protestas en torno a ellas, las cadenas rusas se alineaban con el discurso oficial de unas elecciones limpias y transparentes.

La nota de Sputnik cita un texto difundido por la Cancillería en su canal de Telegram que dice: “En línea se difunden noticias falsas sobre votación en el extranjero, incluido en los canales de Telegram. La tecnología es simple e incluso primitiva: se publican numerosas fotos y videos de colas de los rusos que vinieron a cumplir con su deber cívico en uno de los numerosos colegios electorales establecidos por instituciones extranjeras rusas, y luego estos vídeos se hacen pasar por protestas”.

Tanto en RT y Sputnik como los medios ecuatorianos Radio Pichincha y La Calle, la información sobre las protestas fue omitida. Sin embargo, La Calle sí mencionó que la Comisión Electoral Central no registró a los candidatos que apoyaban un proceso de paz con Ucrania y que hubo denuncias por ausencia de observadores occidentales, que “alimentan las dudas sobre la integridad del proceso electoral”.

Para estas elecciones, una de las misiones de observación fue la llamada Comunidad de Estados Independientes, que de acuerdo con Sputnik concluyó que no se registraron violaciones significativas que pudieran incidir en los resultados. Esta comunidad incluye a algunas de las antiguas repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Sputnik destacó la presencia de observadores de Nicaragua y República Dominicana.

En otros medios ecuatorianos las noticias sobre los comicios rusos tuvieron más matiz y contrastación, pues no solo difundieron la segura victoria de Putin sino las protestas de elecciones manipuladas con el antecedente cercano de la muerte intempestiva del opositor Alexei Navalny, en una prisión rusa donde cumplía una pena de 19 años.

La conspiración de Occidente

Otra teoría que apuntalan constantemente los medios rusos es el de una conspiración desde “Occidente”. Eso incluye, por ejemplo, Estados Unidos, países de Europa e, incluso la OTAN. En el contexto de la guerra, también se menciona a Ucrania dentro de los ‘enemigos’. Sobre ese tema dentro del periodo analizado, Sputnik publicó siete notas y RT, cuatro.

El primero difundió titulares como: “Los intentos de occidente de dividir la unidad del pueblo ruso fracasaron”. Esta noticia recoge declaraciones de Mahdi Dajlalá, miembro del partido gobernante en Siria. Allí se dice que Putin es un “líder histórico que defiende el país contra los ataques de Occidente y la OTAN”. Además, tiene publicaciones que apuntan en contra de “fuerzas belicosas de la OTÁN”, intentos de injerencia de Jens Stoltenberg, su secretario general; supuestas prácticas terroristas desde Kiev, para sabotear las elecciones. También se dijo que Europa habría intimidado a los observadores internacionales que acudieron a vigilar el proceso electoral.

RT, por su parte, también publicó notas sobre Occidente y su supuesto enfoque en desacreditar las elecciones rusas, en lugar de restablecer el diálogo. El 18 de marzo, una nota de RT decía que en Occidente “se fijaron el objetivo de restringir nuestro desarrollo, por supuesto que les dirán cualquier cosa”, fue una frase relacionada con la reacción crítica de varios países sobre su reelección y la calificó de esperable.

Por otro lado, las cadenas rusas también destacaron las reacciones desde Latinoamérica sobre el nuevo triunfo de Putin. Cada uno publicó ocho notas al respecto, en el periodo analizado. En ellas se menciona, por ejemplo, las felicitaciones de Luiz Inácio Lula da Silva, Nicolás Maduro, Xiomara Castro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega presidentes de Brasil, Venezuela, Honduras, Cuba, Nicaragua respectivamente. Entre las felicitaciones se destaca la de Maduro, quien en un comunicado habló del “profundo compromiso con la democracia” de Rusia y en un mensaje en video subrayó que Putin “le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo de Occidente, en una demostración de valores del pueblo ruso. Ha triunfado nuestro hermano mayor, Vladimir Putin. Son buenos presagios par el mundo para este año 2024”.

Los próximos días llegará extraditado desde Chile al país Wilson Cevallos, peligroso integrante de Los Lobos, procesado por un asesinato ocurrido en Durán en 2019. En ese país, Cevallos vivía con otra identidad e incluso obtuvo la nacionalidad. En 2023 también fue capturado en ese país otro miembro de esa banda, que huyó a Santiago donde se mantuvo en la clandestinidad hasta ser extraditado.  

Redacción Código Vidrio

La Corte Suprema de Chile dio luz verde a la extradición del ecuatoriano Wilson Cevallos Cruz, peligroso integrante de Los Lobos, quien fue apresado en ese país en marzo pasado.

Fuentes de la Policía dijeron que Cevallos, de 23 años, será traído al país los próximos días por Los Carabineros y entregado a autoridades ecuatorianas, que requirieron su extradición desde el 1 de abril del 2022. Entonces, el proceso fue oficializado por la Cancillería, a través de la embajada en Chile, que ingresó la solicitud de extradición de la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana.

Cevallos tenía difusión roja de Interpol y está procesado por el asesinato de Bryan Adrián González Muñoz, ocurrido el 28 de febrero de 2109 en la ciudadela El Recreo, ubicada en Durán, Guayas. González fue ejecutado con tres tiros que le descargó Cevallos, quien un mes antes ya había intentado asesinarlo.

Según un reportaje publicado esta víspera por el medio digital BiobioChile, Cevallos llegó a Santiago por tierra cambiándose de identidad a Enrique David Gamarra Cruz, lo que le sirvió para burlar los controles migratorios.

Eso también le permitió obtener su residencia y hasta una cédula de identidad chilena para extranjeros, con lo cual se radicó en el barrio La Cisterna, donde precisamente fue capturado el 6 de marzo pasado por agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de la PDI, unidad que representa a la Interpol en Chile.

Su presencia en Santiago fue alertada por la Policía ecuatoriana a sus pares en Chile, que confirmaron su verdadera identidad al cotejar sus huellas dactilares.

Ese procedimiento fue detallado por el comisario de la Interpol Chile, Ricardo Micaly. “Gracias al análisis criminal de un equipo multidisciplinario de Interpol Santiago, en conjunto con la Policía de Quito y nuestro Laboratorio de Criminalística, obtuvimos las impresiones dactilares de quién era requerido por Ecuador”.

Cevallos fue apresado nuevamente este lunes pasado, luego de que la Corte Suprema acogiera la solicitud de extradición.

“Los antecedentes aportados por el Estado requirente deben ser considerados bastante para justificar la entrega del requerido Cevallos Cruz, con la finalidad de que enfrente a la justicia ecuatoriana”, indica la resolución judicial difundida por el medio chileno.

Otro Lobo fue detenido en Santiago

No es la primera vez que un integrante de Los Lobos es detenido en Chile. En noviembre del 2023, agentes de ese país detuvieron en Santiago a un hombre de 27 años, que tenía una notificación Roja de Interpol por Homicidio, y pertenecía a la banda Los Lobos.

El ecuatoriano, habría ingresado a Chile por un paso no habilitado y se había dedicado a trabajar como peluquero en la comuna Puente Alto.

En Ecuador estaba enjuiciado como autor intelectual de un asesinato.

Según información policial, el 20 de septiembre de 2018 el malhechor citó a la víctima para devolverle dinero. En ese momento uno de los acompañantes del procesado lo asesinó a tiros.

Posteriormente, huyó de Ecuador y viajó a Chile, donde estuvo en la clandestinidad, hasta el 6 de noviembre, cuando fue capturado.

El detenido, quien luego fue extraditado a este país, estaba en la lista de uno de los 10 más buscados de Ecuador, según la policía.

Los Lobos es la banda de mayor expansión y empoderamiento los últimos años. Ha desplazado a Los Choneros, por su vertiginosa y rápida incursión en delitos que van desde el narcotráfico, microtráfico, extorsiones y minería ilegal.

Marcelo Lasso, quien fuera compañero de celda y persona de confianza del narco asesinado Leandro Norero, rindió ayer jueves 28 de marzo su testimonio en el caso Metástasis. Lasso afirmó que Norero tenía conversaciones telemáticas, llamadas y «chateos» con varios cabecillas de bandas y funcionarios, así como con el ex presidente Rafael Correa, quien supuestamente buscaba que intercediera para liberar a Jorge Glas. Desde 2009, el ascenso de ‘El Patrón’ Norero fue vertiginoso. En aquel año, como parte del pacto con el gobierno, 300 líderes de Los Ñetas y Latin Kings se afiliaron Alianza País, en Guayaquil. Luego, buena parte de los expandilleros ocupó cargos públicos.

Redacción Código Vidrio

Eran los primeros años de la «Revolución Ciudadana». Sus líderes, con Rafael Correa y Ricardo Patiño a la cabeza, en uno de sus momentos más delirantes en el poder, no dudaron en afirmar que gobernarían 200 años.

Una de las banderas de su emblemático plan fue el proceso de pacificación con las pandillas de los Latin Kings y Los Ñetas, para reinsertarlos en la sociedad. Un momento clave de ese proceso quedó inmortalizado en una fotografía tomada el 6 de septiembre de 2009 en el Ministerio del Litoral. En el retrato aparecen el entonces presidente Rafael Correa, el nacrotraficante Leandro Norero, y Ricardo Patiño, quien era ministro del Litoral y de Defensa. https://www.elcomercio.com/actualidad/seis-pandillas-firman-acuerdo-paz.html.

Esa fotografía persigue como una sombra a los líderes del correísmo. Este jueves 28 de marzo del 2024 nuevamente se regó como pólvora en las redes sociales, una vez que  se realizó la audiencia para recibir los testimonios anticipados de los testigos protegidos del caso Metástasis.

La primera declaración que provocó un remezón en la sala de la Corte Nacional fue la de Marcelo Lasso, compañero de celda y persona de confianza de Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Las declaraciones de Lasso refuerzan las evidencias de cómo han operado y tejido alianzas en el país políticos de varios partidos, incluidos el correísmo y el Partido Socialcristiano, con capos del narcotráfico para buscar beneficios y burlar a la justicia.

En la parte medular de su testimonio, Lasso afirmó que Norero mantenía conversaciones telemáticas y llamadas, con la aplicación encriptada de mensajería Threema, con Rafael Correa.

Según Lasso, el capo y el ex mandatario discutían la liberación del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue condenado por corrupción y está prófugo, refugiado en la embajada de México. “La verdad que hablaron un par de veces. Hablaban más que todo de la libertad del señor Jorge Glas. Leandro y Daniel Salcedo estaban invirtiendo en la libertad del señor Jorge Glas, con fines políticos, pues sabían que eventualmente podía coger fuerza, podía volver a tener un cargo político y sabían que les iba a servir”, dijo Lasso, a quien la fiscal Diana Salazar le preguntó cómo sabía él que se refería a Correa.

-“Porque yo vi las videollamadas, yo lo escuché hablando. Vi su cara. Lo vi hablándote por teléfono. Yo pasaba en la celda con él (Norero)”.

-¿Cómo le decía al señor Correa?

-Mashi”.

No es la primera vez que los líderes del correísmo buscaban el apoyo de Norero para liberar a Glas. En los chats del caso Metástasis, Norero y sus abogados relatan que para liberar a Glas le pagaron al juez Emerson Curipallo (hoy preso) 250 mil dólares, para recibir a cambio favores políticos.

Según investigadores cercanos al caso, Norero se incorporó a las filas del correísmo como un joven líder desde hace 14 años. Con el tiempo, el Patrón Norero se convirtió en un eslabón entre el narcotráfico y la política.

Desde 2009, cuando lideraba a Los Ñetas, Norero fue parte del acuerdo de paz que esa pandilla y los Latin Kings lograron con el gobierno.

Pese al deriva fracasada de ese acuerdo, pues hoy los Ñetas y los Latin King son peligrosos grupos criminales, ese proceso ha sido defendido por Correa en su cuenta en X. “El acuerdo de pacificación entre las pandillas urbanas Ñetas y Latin King se logró en 2009…¡hace 14 años! Fue un ejemplo para el mundo. Compararlos con organizaciones criminarles vinculadas al narcotráfico, como los Choneros, Lobos o Tiguerones es supina ignorancia o monumental mala fe”, escribió Correa en 2023.

Ascenso vertiginoso

Tras el acuerdo, el ascenso de Norero fue vertiginoso. En 2009, como parte del pacto 300 líderes de Los Ñetas y Latin Kings se afiliaron al movimiento correísta Alianza País, en Guayaquil. Luego, dentro del plan de Reinserción Económica y Social, buena parte de los expandilleros ocupó cargos en las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, así como en la Policía y hasta en las Fuerzas Armadas, según informes de Inteligencia.

Uno de los dirigentes más destacados de los Latin Kings, que ganó protagonismo, fue precisamente el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, defensor acérrimo de Correa, hoy prófugo de la justicia, procesado en Metástasis. Aleaga era al parecer un operador central de Norero en la Asamblea. El «Ruso» es uno de los sospechosos de tramar ataques contra el excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Norero fue durante años un narcolavador invisible, intocable por la protección de sus padrinos políticos. En varias ocasiones, Correa mantuvo reuniones con los líderes de las pandillas, que según anunció en ruedas de prensa  tenían “propuestas para impulsar proyectos para la creación de fuentes de empleo y educación». Para ello, pedían la colaboración del Gobierno.

Otro personaje central de esa estrategia fue el exministro del Interio José Serrano, quien también firmó un acuerdo y compromiso político social con los líderes de la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas, Ñetas y Master Off Street.

Según Serrano, el acuerdo buscaba la convivencia social pacífica por la seguridad ciudadana y poner el fin de la exclusión de los hombres y mujeres del país.https://www.policia.gob.ec/agrupaciones-juveniles-y-ministerio-del-interior-firman-acuerdo-politico-social/

Y una de las decisiones defendidas por el entonces todo poderoso Ministro fue reconocer que existían otras formas de organización y como primer paso reconocer que estas agrupaciones (las pandillas) son de la sociedad civil, que cuentan con estructuras solidas en los territorios donde funcionan y que son actores estratégicos en todo este proceso de cambio que está viviendo el país” se dijo finalmente en la exposición de motivos que logramos captar.

La Justicia ecuatoriana parece no estar dispuesta a permitir más evasivas del exembajador y empresario de China en Quito, Cai Runguo, involucrado en la red de sobornos alrededor de la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Redacción Código Vidrio

La conjueza Gabriela Mier resolverá –el próximo miércoles 27 de marzo- la petición de la Fiscalía General para que se dicte orden de prisión preventiva y orden de difusión roja contra Runguo, quien también fue representante legal de Sinohydro, responsable de la construcción del proyecto hidroeléctrico.

El pedido se dio luego de que el ex representante de China no cumpliese con la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia, dictada desde marzo de 2023. De hecho, la cooperación de Rungao ha sido nula en este caso: no ha cumplido con la presentación periódica, no ha rendido versión y no se conoce con precisión sobre su paradero.

El Gobierno chino tampoco ha colaborado con las autoridades judiciales ecuatorianas en el proceso contra Rungao por su participación en la presunta red de sobornos en la que también está procesado el expresidente Lenín Moreno. Según información oficial de Fiscalía, China no ha atendido ninguna de las 10 solicitudes de asistencia penal requerida por la Justicia ecuatoriana. La Embajada de China en Quito tampoco ha dado respuesta sobre las actuaciones de su antiguo titular. Código Vidrio envió por correo electrónico un pedido de entrevista el 3 de marzo de 2024; hasta la fecha existe alguna respuesta.

En el pedido de prisión preventiva también están incluidos otros dos ciudadanos chinos que trabajaron en Sinohydro. En total 38 personas son investigadas por presuntamente haber participado en una red de sobornos que, según cálculos de Fiscalía llegó a USD 76 millones, entre 2010 y 2018.

Según los elementos de convicción del caso, Rungao supuestamente fue parte de este esquema de corrupción en su doble condición: embajador y empresario. Una de las pruebas periciales deja en evidencia que sus buenos oficios diplomáticos fueron determinantes para destrabar el financiamiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico por parte del Eximbank, a través de su amistad con el expresidente Moreno.

Los elementos de convicción también evidencian su participación en este caso cuando era representante de Sinohydro. Fiscalía presentó un cheque a nombre de él por parte de una de las empresas con las que aparentemente funcionaba el sistema de sobornos y coimas. En total la investigación estima que recibió unos USD 40 000.

Runguo fue Embajador en Quito entre febrero de 2007 y enero de 2011. Luego se convirtió en asesor de Sinohydro y en 2013 fue nombrado como su representante legal.

El juez José Cornejo ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, quien fue acusada de un presunto lavado de activos por la Fiscalía; para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, investigados como colaboradores, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales. Nota actualizada a las 20:15 de este jueves 21 de marzo.

Redacción Código Vidrio

El juez José Cornejo, de la Unidad Especializada en Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, por un presunto lavado de activos.

En este caso se investiga un lavado de activos por 18 millones de dólares. La principal acusada es Hernández por supuestamente de haber creado empresas y un sinnúmero de esquemas societarios y jurídicos para ocultar bienes de origen ilícito.

Tras la formulación de cargos y orden de prisión solicitada por el fiscal David Bermeo quedó abierta la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días, es decir hasta mediados de junio de 2024.

Este 21 de marzo de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Amistad en contra de Hernández, conocida abogada y asesora tributaria y legal en Guayaquil. En este caso también están procesados Luis Ortiz y Ericka Carvajal y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV.

Esta audiencia se ha postergado cerca de un mes y terminó hace pocos minutos con la deliberación del juez Cornejo.

Durante la presentación de cargos penales, la Fiscalía indicó que entre 2016 y 2023 Hernández y sus empresas movieron en el sistema financiero 22,4 millones de dólares. Sin embargo, en sus declaraciones en el SRI solo reportan USD 4,4 millones de ingresos en ese mismo período.

Por ese y otros desfases, la Fiscalía presume un lavado de activos por USD 18 millones. Entre los indicios presentados por la Fiscalía hay facturas inorgánicas, contratos sin objetivo y transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo, así como el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), fechado el 2022, donde se incluyen reportes cruzados del SRI.

Según la UAFE, tanto Hernández como sus empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV tienen relaciones con actividades futbolísticas, en especial con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el Barcelona Sporting Club y Servisky, la empresa del Canal de Fútbol.

La FEF es el cliente principal de Hernández. Entre 2017 y 2019 registró ingresos al SRI por USD 770.085 que esa entidad le pagó. En el sistema financiero se encontraron además depósitos en efectivo por USD 462.739 y transferencias y cheques por USD 467.739.

La defensa desestima argumentos de Fiscalía

Sobre el contrato con la FEF, el abogado de Hernández, Alfonso Zambrano, indicó que el organismo deportivo le pagó por una asesoría que ella entregó junto con un equipo de abogados. Y que de lo cobrado su defendida facturó y tributó. “No hay ninguna irregularidad”, puntualizó.

Según Zambrano, su defendida se graduó de abogada recién en 2021, pese que desde 2016 ya empezó a generar ingresos por asesorías relacionadas al derecho. Pero aclaró que ella nunca firmó un documento o un escrito como abogada antes de graduarse. Se limitaba a entregar el servicio de asesoría financiera, contable y legal.

Dijo que la UAFE no ha reportado ningún movimiento bancario o financiero, relacionado con Hernández, que suponga que está persona o sus compañías recibieron dinero ilícito y lo transformaron. Agregó que tampoco el SRI ha mostrado información que pruebe o evidencie que Hernández y sus compañías hubiesen incurrido en defraudación tributaria. «Si el informe de la UAFE fuera suficiente, entonces no necesitaríamos un proceso. Sino, usted señor juez escucharía el informe e interpondría una sentencia de tantos años», señaló Zambrano.

El informe de la UAFE, para el abogado, no es una prueba por sí sola. “Es un documento con el que la Fiscalía debe trabajar e investigar”.