Armamento y municiones de las Fuerzas Armadas peruanas llegan ilegalmente a Ecuador para sostener las acciones criminales de las bandas del narcotráfico que operan y asesinan en este país. Un análisis al que se tuvo acceso para esta investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Vistazo y Código Vidrio revela que el 52% de todos los explosivos incautados en Ecuador el 2023 proceden del Perú. En base a información de los sistemas de inteligencia ecuatorianos se identifican las vías que utilizan las organizaciones criminales para traficar las armas que han ocasionado las muertes y acciones terroristas en Ecuador.

Alianza OjoPúblico, Revista Vistazo y Código Vidrio

El hombre encapuchado aparece con una pistola en medio de la emisión en directo del programa “Después del Noticiero”, de TC televisión, de Ecuador. Es alrededor de las dos de la tarde, del segundo martes de enero del año que empieza. Otros dos pistoleros apuntan con una escopeta y una subametralladora a los periodistas. “Todos al piso. Estamos al aire pa’ que sepan que no se puede jugar con la mafia”, grita uno de los armados, mientras muestra un explosivo y lo coloca en el bolsillo de la chaqueta de uno de los reporteros cautivos. El terror se apodera de todos en el canal y de las miles de personas que siguen la transmisión en vivo.

En el asalto al canal participaron 13 encapuchados, de entre 16 y 32 años, integrantes de la banda Los Tiguerones, vinculados a los poderosos Los Lobos. De acuerdo a información policial de Ecuador y Perú, este grupo criminal vinculado al narcotráfico extendió sus violentas acciones hasta la capital peruana, en Lima, desde el año 2022. En esta ciudad, de acuerdo a la información policial, esta banda disputa el control del territorio para el microtráfico de drogas con bandas locales y con el Tren de Aragua.

El ataque y secuestro del medio ecuatoriano expuso el origen del armamento utilizado y el serio problema del tráfico de armas procedente de las Fuerzas Armadas peruanas. Las armas y explosivos empleados en el ataque a la televisora eran de origen peruano, confirma el general Víctor Herrera, jefe policial del distrito de Guayaquil, entrevistado para este informe.

Los fusiles de asalto y granadas tienen los sellos de las Fuerzas Armadas de Perú. Del mismo modo, los tacos que usaban los criminales son emulsiones de elaboración industrial, producidas por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de Perú (FAME), destinados para la explotación minera, explica el general Herrera. La expansión transnacional de Los Tiguerones y Los Lobos hacia Perú facilitó el tráfico de armamento desde este país hacia Ecuador.

El catálogo de explosivos y materiales relacionados, emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios y Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), de Perú, detalla 1.035 ítems. Entre ellos, constan una docena de emulsiones encartuchadas de alto poder detonante. Son este tipo de artefactos fabricados por la industria militar peruana los que están actualmente circulando fuera del territorio peruano y es usado por narcoterroristas en las calles de Ecuador.

Las vías del tráfico de armamento

Un documento clasificado del sector Inteligencia, al que OjoPúblico, Código Vidrio y Vistazo tuvieron acceso, revela que existen cuatro rutas para el contrabando de armas, municiones y explosivos desde Perú hacia Ecuador.

La primera sale desde Aguas Verdes (distrito fronterizo de Perú), desde donde el cargamento se transporta en taxis y motos hacia un grupo de fincas de la frontera en Ecuador. La segunda parte de la ciudad de Tumbes hacia Huaquillas, luego Guayaquil, Quevedo, Ambato, Tena, Lago Agrio y el Putumayo, antes de llegar a Colombia.

La tercera ruta incorpora la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego Quito, Ibarra y Tulcán. Y la cuarta variante incorpora el centro andino, al pasar por Latacunga, Ambato y Baños.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala uno de los informes clasificados revisados por esta alianza. Y establece que la procedencia es, mayoritariamente la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército peruano (FAME), la principal proveedora de armamento para las Fuerzas Armadas.

Durante los últimos años, la violencia urbana ejercida por las bandas de narcotraficantes se ha incrementado en Ecuador y en gran parte de estas acciones se han usado estas armas de origen peruano.

Un análisis al que se tuvo acceso esta investigación revela que el 52% de los explosivos incautados en todo Ecuador se fabrican en Perú, según explicó el general Herrera en entrevista. Al igual que las armas y otros pertrechos bélicos, estos ingresan clandestinamente por la frontera, según informes del Comando de Inteligencia Militar Conjunto de Ecuador.

La sustancia explosiva predominantemente usada por las mafias del narcotráfico es Emulnor. En el catálogo del ente de control peruano, Sucamec, corresponde al ítem 423. La unidad de medida es el kilogramo y es definido como un explosivo secundario, consistente en una emulsión o hidrogel encartuchada.

El año 2007 Ecuador tenía tres organizaciones delictivas: Los Choneros, Ñetas y Latin Kings; y este año, con la reciente ola de violencia, se han identificado por lo menos 22 organizaciones. El gobierno de este país ha declarado el Conflicto Armado Interno y ha calificado a estas organizaciones terroristas, de acuerdo al Decreto 111, firmado el segundo martes de enero, por el presidente Daniel Noboa.

El poder de las organizaciones criminales se sostiene en gran parte en su capacidad de fuego y violencia. Utilizan artefactos explosivos improvisados (AEI) que usan la sustancia explosiva citada Emulnor.

El ingreso ilegal de armamento desde Perú, de acuerdo a las fuentes consultadas, se intensificó desde el año 2022. En enero de ese año, las autoridades incautaron alrededor de diez mil municiones en Huaquillas, y en Tulcán (norte andino), otras 798 cajas de explosivos. Todo este material tenía como origen de fábrica la empresa de armas del Ejército Peruano (FAME).

Municiones incautadas en Ecuador, según país de procedencia 

El diez de marzo, en el cantón Camilo Ponce –una zona donde se realiza mucha actividad minera de oro ilegal controlada por la organización criminal Los Lobos– se detectó un arsenal de dinamita también producido en Perú. La historia se ha repetido en los meses siguientes en otras regiones.

El 2022, el Perú, con 33 millones de habitantes, tenía registradas 127 mil armas de fuego. Ecuador, con 18 millones de habitantes, tenía 160 mil armas registradas.

Cooperación militar ineficaz

El general Luis Altamirano, excomandante del Ejército de Ecuador entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, señala que existen dificultades para lograr la trazabilidad de armamento incautado.

Las permanentes incautaciones y capturas son reportadas mensualmente y analizadas en las reuniones ordinarias de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), que realizan los militares de los países en la frontera. Y en estos espacios es frecuente observar las cifras de incautaciones de pertrechos procedentes de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército Peruano.

En Huaquillas los militares ecuatorianos han capturado cargamentos con cajas de explosivos, dinamita y fusiles de la misma fábrica que abastece a la Policía y al Ejército peruanos. Sin embargo, “la cooperación de las fuerzas peruanas es escasa y desarticulada, poco efectiva”, señala un oficial del Ejército de Ecuador que ha participado en las reuniones binacionales.

Patricio Carrillo, general de policía retirado, excomandante de Policía y exministro de Gobierno ecuatoriano, explica que el sistema de inteligencia nacional fue incapaz de alertar la magnitud del problema de narcoviolencia que se incubaba durante los últimos años.

La institucionalidad de seguridad pública no logró anticiparse a los hechos.
Hugo Espín, experto en seguridad, destaca que el enfoque en las capturas y detenciones se centra en las flagrancias, pero que esto “no frena el ingreso del arsenal que aumentó el poder armado y la peligrosidad de las organizaciones delictivas”.

Las armas, explosivos y precursores ingresan por Tumbes
y 80 pasos clandestinos 

“Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía han hecho una trazabilidad efectiva (rastreo) que permita romper las cadenas logísticas que tienen las organizaciones criminales en la frontera con Perú”, dice Espín. La Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía, según el experto, debía encargarse de esa tarea, pero sobre la marcha los mandos policiales cambiaron sus objetivos de búsqueda hacia las estructuras delictivas, en lugar de la trazabilidad inversa.

El traslado cuenta con el apoyo de pobladores locales. En muchas zonas se camuflan entre frutas, hortalizas y legumbres. Una de las modalidades recurrentes es el tráfico hormiga, que consiste en pasar el arma pieza por pieza y por unidades, para luego acopiarlas en bodegas o talleres. Posteriormente son rearmadas.

Municiones homicidas y minería ilegal

La Jefatura Zonal de Criminalística de Guayaquil realizó un análisis forense a casi diez mil vainas (la parte de un cartucho que contiene la carga de pólvora) recogidas en las escenas de asesinatos por sicariato, durante el 2022, y determinó que la munición procedente del Perú era la tercera en importancia.

El 12 de agosto de 2023, apenas tres días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito, la Policía de Perú anunció la captura de un presunto sicario, de origen ecuatoriano, en Tumbes.

Se trataba de Bryan Maza Pardo, quien en 2019 fue sentenciado por robo en Arenillas, provincia de El Oro, al sur del Ecuador, según el expediente judicial revisado para este reportaje. Según la Policía peruana, Maza Pardo ingresó a Perú para asesinar a un empresario a pedido de Los Lobos.

Los Lobos es uno de los 22 grupos del narcotráfico, la extorsión y el sicariato que operan en Ecuador, y que ha extendido su influencia y violencia hacia el Perú.

“Tumbes está a dos horas de distancia del cantón ecuatoriano de Camilo Ponce Enríquez. Éste se está convirtiendo en un centro de operaciones para la minería ilegal predominante, por parte de Los Lobos, y ellos se desplazan con facilidad, a través de la provincia de El Oro, hacia el norte peruano, donde realizan el lavado de activos”, detalla un oficial de Inteligencia que no puede ser identificado.

La relación entre la minería ilegal del oro y explosivos no es nueva. A fines de julio de 2022, una operación de control de armas, municiones y explosivos en el sector Bella Rica, del cantón Ponce Enríquez, incautó 1.900 tacos de explosivos Emulnor, fabricados en Perú. Además, 512 tacos de un explosivo que es producido comercialmente en ese país desde el año 2021. Tiene el mismo poder de la dinamita, a diferencia de ésta, no usa nitroglicerina.

Dos días después de la violencia desatada el segundo martes de enero, en el extremo norte de la zona andina la policía capturó a siete personas, bajo cargos de vinculación con Los Lobos. Tenían 13 cartuchos de explosivos de origen peruano.

Un documento clasificado de la Inteligencia ecuatoriana –al que se tuvo acceso para este reportaje– define a Los Lobos como parte de una trilogía integrada también por los Chone Killers y Los Tiguerones.

“Esta trilogía nace con la muerte de [José Luis Zambrano] alias JL o Rasquiña, a raíz de una alianza entre varios grupos emancipados de los Choneros para facilitar a los grupos organizados transnacionales un servicio logístico. Esta alianza contaba con el financiamiento de Leandro Norero”, precisa la fuente.

Los Tiguerones son otro de los grupos identificados como terroristas por el decreto presidencial. Sus integrantes, según la policía de Ecuador, fueron quienes secuestraron a los periodistas del set de TC televisión. Su fundador, Wiliam Alcívar Bautista, conocido como Negro Willy, fue originalmente un agente de seguridad penitenciaria.

El tráfico de armas procedentes del Perú a Ecuador es conocido hace tiempo: múltiples incautaciones en este país así lo confirman.

El general Luis Altamirano, quien fue comandante del Ejército ecuatoriano entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 y hoy está en retiro, señala que Ecuador pasó de ser zona de paso, a destino de las armas peruanas.

“El origen y la fabricación pueden ser determinados en el armamento, a menos de que sea artesanal. Los sellos o improntas son un distintivo, entiendo que parte del armamento tiene colocado el logo del Ejército del Perú. Ahora bien, Ecuador fue considerado como parte de la ruta en el tráfico de armas hacia Colombia, década de los 90 y 2000. Inclusive en 2010 se comprobó la venta de armamento a grupos irregulares de Colombia y hay militares que cumplen condena hasta el presente”, sostiene Altamirano.

El general Altamirano explica sobre los armamentos, “estos pueden estar bajo custodia para uso; bajo depósito, es decir, está destinado para reservas; o en fase previa a ser desmilitarizado, esto implica destrucción por obsolescencia. La posibilidad es la sustracción en una de las tres fases. En Ecuador se detectó en algunos casos que armamento que constaba como destruido se vendió, esto también puede ocurrir. La numeración genera la trazabilidad, es como el registro de vida del armamento, esto permite saber quién tenía posesión del armamento la última vez que fue visto”. El oficial menciona que no se puede descartar que la numeración o los sellos en el material bélico sean borrados, para dificultar el rastreo efectivo.

Una vez en Ecuador, las armas que ingresan en forma ilegal, tienen seis destinos identificados: los grupos de delincuencia organizada; las bandas delictivas locales; la frontera norte donde operan grupos de narcotraficantes; los grupos articulados con minería ilegal; los centros carcelarios donde operan los grupos de delincuencia organizada; y localidades costeras, articuladas al transporte marítimo de drogas.

El aparato de propaganda y desinformación que levantó Moscú en la región habría incidido en que la mayoría de gobiernos asumiera inicialmente una posición de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. El presidente Daniel Noboa dio un giro sorpresivo. Anunció que intercambiará con Estados Unidos equipo de uso militar, de origen ruso, por armamento de última generación. El equipamiento serviría para enfrentar las arremetidas criminales, en el contexto del Plan Fénix. Rusia amenazó con considerar a Ecuador un país hostil por ese intercambio.

Alianza periodística Código Vidrio – Vistazo

El presidente Daniel Noboa dio un giro inesperado. A inicios de enero confirmó que entregará material bélico, de origen ruso y ucraniano, al que llamó “chatarra” a Estados Unidos. A cambio, el país recibirá equipo de última generación por 200 millones de dólares. El anuncio generó la respuesta furibunda de Moscú, que amenazó con considerar hostil esta operación de intercambio.

Para Rusia, la decisión de Ecuador cambiaría la posición neutral que ha mantenido el país frente a la confrontación bélica, desatada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Según declaraciones del embajador ruso en Ecuador, recogidas por el medio estatal de ese país Sputnik, “El envío de esta supuesta ‘chatarra’ será una contribución al conflicto por una parte. La posición declarada por el Estado –sobre la neutralidad y la búsqueda de oportunidades para la mediación entre Rusia y Ucrania o para una resolución pacífica por medios diplomáticos de este asunto- será violada”.

¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Rusia habría construido un engranaje de propaganda, durante una década en la región latinoamericana, según Douglas Farah, coautor del estudio “Campañas de Influencia Rusas en Latinoamérica”. A partir de ese esquema, habría conseguido en la región una respuesta de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. Cuando el presidente Noboa anunció que daría paso al canje de equipo militar, al que denominó “chatarra”, rompió el guión de lo esperado por Rusia.

Moscú da por hecho que el material intercambiado será entregado a Ucrania, para que pueda repotenciar y reparar el armamento, con el fin de aumentar su capacidad bélica. La agencia noticiosa Sputnik resaltaba, el segundo jueves de enero, que “en 2023, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov expresó su esperanza de que Ecuador no suministrara armas a Ucrania”.

Los coqueteos de Rusia

Habían transcurrido apenas tres días desde el triunfo, en segunda vuelta, de Daniel Noboa como Presidente del Ecuador. La agencia Sputnik Mundo sugería que impulsar el comercio con Rusia sería “muy positivo” para el próximo gobierno de Ecuador, liderado por Noboa.

La nota destacaba que Ecuador exporta a Rusia varios productos: banano, camarón, flores y café, eso suma ingreso por unos 1.000 millones de dólares anuales. Y a su vez, nuestro país importa principalmente gasolina refinada, “cuyo precio final se encarece debido a las sanciones por el conflicto con Ucrania”. El texto sugería que el entrante gobierno ecuatoriano pudiera tener “voluntad política” para operar en otras monedas, fuera del dólar, en intercambio comercial.

Noboa, como asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico hasta mayo de 2023, propuso la creación del Grupo Interparlamentario de Amistad con Rusia. A finales de 2022 organizó un viaje a Moscú, “acompañado de varios legisladores”, recordaba esa nota. El periplo habría tenido otras implicaciones: su padre Álvaro encabeza la bananera Noboa, según refiere ese artículo, una de las empresas que más vende banano a ese país.

No obstante, en entrevista con periodistas de Vistazo, a mediados de 2023, el entonces candidato Noboa separó aguas. Afirmó que ese desplazamiento no respondió a una agenda particular pues el conglomerado familiar al que pertenece no vende banano a Rusia. Y enfatizó que fue duro crítico de la invasión a Ucrania, durante la visita mencionada, en foros públicos a los que visitó.

La publicación del 18 de octubre, por parte del medio oficialista Sputnik, coincidió con el pronunciamiento del Kremlin. No era una casualidad.

“Rusia saluda el exitoso ejercicio de la libertad de expresión y de la voluntad democrática en Ecuador. Confirmamos el enfoque de principios en el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

La reacción de Noboa

Noboa ya dio pistas de un giro. A inicios de diciembre pasado, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante el cambio de mando en Argentina. En la reunión, el ecuatoriano expresó sus deseos por una pronta y pacífica solución al conflicto.

El 20 del mismo mes de diciembre, el presidente ecuatoriano se reunió con el embajador ruso Vladimir Sprinchan. En la cita, se analizaron las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación ruso-ecuatoriana en diversas esferas, según un comunicado de la embajada.

Sin embargo, 48 horas más tarde el presidente ecuatoriano emitió un corto video dando pistas sobre el plan de seguridad Fénix. “Tenemos cooperación con países como Estados Unidos, con el cual hay un intercambio de chatarra con armamento de última generación. Esto es un valor de 200 millones”.

Y la primera semana de enero, en una entrevista radial, en Quito, el presidente ratificó que Ecuador planeaba intercambiar con Estados Unidos “chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno”. Es algo que terminaremos de completar a fines de este mes, advirtió el mandatario ecuatoriano.

El Comando Sur impulsaba el canje

Desde enero de 2023, la comandante general del comando Sur, Laura Richardson, exploró la posibilidad de intercambiar equipo militar obsoleto –básicamente helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú- por equipamiento nuevo, de fabricación estadounidense. Esto lo detalla el informe “Campañas de Influencia Rusa en América Latina”, de Douglas Farah y Román D. Ortiz. “El equipo ruso en la región no puede ser mantenido a causa de sanciones y en muchos casos se encuentra realmente inoperativo”, menciona el documento. “Mientras que es relativamente inútil para la región latinoamericana mantener el equipo militar desgastado, tiene alto valor para las fuerzas ucranianas, que tienen capacidad y infraestructura para mantenerlo. El intercambio sería beneficioso”, según el documento. En sus conclusiones destaca que la propuesta no tuvo el eco esperado. Colombia y México rechazaron la oferta de plano, con declaraciones altisonantes de sus respectivos presidentes, sobre la inconveniencia de la operación.

Ecuador prioriza lucha antiterrorista

La reacción positiva del gobierno de Noboa se produce en una coyuntura particular, cuando Ecuador se enfrenta con una explosiva ola de violencia, provocada por la actividad narcodelictiva y sus bandas aliadas. El país cerró el año 2023 con una tasa de 45 muertes violentas por cada cien mil habitantes. El número de crímenes se multiplicó en 500 por ciento, entre 2019 y 2023. Por esto, subió 20 puntos en el índice que mide la incidencia del crimen organizado y está entre los diez países más violentos del planeta, según la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional.

El intercambio permitirá al Ecuador acceder a armamento de última generación, para enfrentar la crisis interna, desatada por el violento accionar de 22 bandas narcocriminales. Estos grupos violentos fueron identificados mediante un decreto presidencial, el segundo martes de enero.

El viernes pasado la canciller Gabriela Sommerfeld expuso en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la grave situación interna por las arremetidas violentas del crimen organizado y los esfuerzos del gobierno por enfrentarla. En la reunión regional de Washington, el gobierno obtuvo un espaldarazo de la comunidad internacional que aprobó la resolución propuesta de “Defensa de la democracia, la soberanía y la paz en la República del Ecuador”.

El equipo canjeable

El material a ser entregado comprendería “seis sistemas lanzacohetes DM-21 y seis RM-70, 34 sistemas antiaéreos ZU-23-2 (Tipo 85) de 23 mm, los cuales fueron comprados en 1994 a Nicaragua”, explicó el medio especializado Pucará Defensa. “Además, se prevé la entrega de los seis helicópteros Mi-171 (matrículas A.A.E.480 a 486) de la Brigada de Aviación del Ejército que no vuelan desde 2021 y no han podido ser recuperados debido a la guerra en Ucrania. No se indicó si además se entregarán los dos Mi-171E matriculados A.A.E.487 y 488 que se mantienen operativos”. Ecuador recibió en 2010, dos helicópteros Mi-171E de fabricación rusa, con capacidad para transporte de 23 pasajeros.

Rusia ha especificado que la transferencia de material militar a terceros países suele estar prohibida por las condiciones de los contratos.

La tesis de Rusia frente al conflicto

La potencia rusa maneja un discurso, que fue ratificado por el presidente Vladimir Putin, a mediados de diciembre de 2023, en un mensaje a la Nación. “Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos”. Esos objetivos son la “desnazificación, desmilitarización” y lograr “una situación neutral” de Ucrania. Con estos términos, Putin afirma que el gobierno ucraniano está infuenciado por nacionalistas radicales y grupos neonazis, con el apoyo de las potencias occidentales.

Poco después de las declaraciones de Putin, desde Moscú, el embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan, publicó una columna de opinión en el un medio virtual local afín al correísmo. “Rusia ha subrayado en repetidas ocasiones que está lista para llevar a cabo las tareas de desnazificación y desmilitarización de Ucrania y eliminar las amenazas de su territorio, tanto por medios diplomáticos como en el marco de una operación especial. Todos esos objetivos se cumplirán. Cuanto antes lo entiendan los dueños del régimen de Kiev en bancarrota, mejor será tanto para los propios ucranianos como para el espacio europeo en su conjunto”.

Desinformación frente a la guerra

El estudio “Campañas de Influencia Rusas en Latinoamérica”, de los investigadores Douglas Farah y Román D. Ortiz, publicado en octubre de 2023 menciona que la estrategia de desinformación rusa aumentó durante las invasiones de Rusia a Ucrania, en 2014 y 2022.

Desde esta perspectiva, el aparato propagandístico levantado por Rusia a partir de un engranaje de medios rusos estatales que transmiten en español, aliados en países de América Latina y actores que difunden los mensajes, contribuyó a posicionar la tesis rusa frente a Ucrania.

Rusia plantea que “Estados Unidos apoya a grupos nazis en Ucrania, y estos grupos cometen atrocidades contra soldados rusos”, de acuerdo con el documento mencionado.

La región está en el radar de Rusia desde 2013. En una década, el aparataje aumentó en alcance y potencia, según el documento. El hallazgo cita un estudio realizado a través de la herramienta de análisis de data Meltwater.

Dos medios medios públicos rusos difundieron, entre 2014 y 2015, informaciones referentes a Ucrania y Crimea. Las notas tuvieron 1.352 entradas. Pero en el período comprendido entre 2021 y 2022, los mismos medios públicos tuvieron 14.744 entradas en temas relacionados con la guerra. “Esta diferencia muestra la expansión dramática de la infraestructura, las habilidades y alianzas que ha logrado la plataforma de desinformación de Rusia”, determina la investigación.

Los grupos criminales que inicialmente crecieron por sus servicios para los carteles del narcotráfico en Ecuador han diversificado rápidamente su portafolio de actividades criminales. Los Lobos, la banda de mayor expansión los últimos años, ha extendido sus operaciones a la explotación de oro ilegal por su
facilidad para el lavado de activos.

Como parte de un alianza periodística, integrada por Código Vidrio, Vistazo y OjoPúblico, de Perú, accedimos a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia nacional y expedientes judiciales, que ayudan a conocer, por primera vez, la magnitud de la influencia y operaciones en la minería ilegal de una de las bandas criminales más violentas del país.

Esta organización criminal explota directamente 20 minas de oro, extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controla a 40 grupos de mineros ilegales. Estas actividades criminales les dejan a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Reportes oficiales sugieren que El Tren de Aragua también operaría como aliado de esa megabanda en estas zonas en actividades logísticas.

Los documentos del caso Metástasis, alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que fingió su muerte por Covid-19 en Perú, también alertan las conexiones políticas, los métodos del lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. Norero era financista de Los Lobos. En su domicilio tenía 43 lingotes de oro.

Alianza Vistazo, Código Vidrio y OjoPúblico (Perú)

El crimen organizado, impulsado por la violencia del narcotráfico, diversifica su portafolio de actividades ilegales en Ecuador. La banda Los Lobos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal en una de las zonas mineras más importantes de este país: el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, al sur del Ecuador.

Esta alianza periodística transnacional accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia ecuatoriano, que ayudan a entender la magnitud de su influencia y operaciones. En Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan y operan directamente unas veinte minas de oro ilegal. Además, realizan extorsiones (vacunas) en otras 30 minas de empresas privadas y controlan a 40 grupos de mineros ilegales, llamados sableros. Esta maquinaria criminal genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los tres últimos años.

El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.

Como sucede en otras zonas, según los documentos a los que tuvimos acceso, la estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad.

De acuerdo con los mismos documentos, las investigaciones actualmente apuntan a uno de los líderes de la estructura delictiva, un político que ha sido asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario, cuya identidad aún no se puede difundir porque las investigaciones están en marcha, registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La vía del terror del oro ilegal

La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”.

En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados.

Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población. El cantón Ponce Enríquez registró oficialmente 26 crímenes entre 2022 y 2023, según registros policiales. De entre las víctimas, sobresalen titulares de concesiones legales de minería de oro.

La violencia alcanzó también a las autoridades locales. En febrero de 2023, el alcalde saliente Baldor Bermeo fue atacado con disparos de un grupo de desconocidos pero sobrevivió. Previamente había sufrido otro atentado. Además, en junio de 2022, un ataque contra una mina de su propiedad dejó tres muertos y cinco heridos.

Su sucesor en la alcaldía, José Sánchez Reyes, también denunció un ataque armado a su vivienda a inicios de octubre de 2023. No hubo víctimas en esta ocasión.

En agosto de 2023, en un hecho que no se conoció públicamente, pero que consta en los documentos de inteligencia a los que se accedió para esta investigación, las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en la zona minera de Camilo Ponce Enríquez.

En el operativo se hallaron, además de un arsenal, libretas con anotaciones reveladoras. Según los registros, solo de esta zona se extraen ilegalmente entre “16 y 20 kilos de oro al mes”, un volumen que no es reportado ante autoridad alguna. El “valor promedio por cada kilo bordea los 58 mil dólares”. El material extraído era llevado hacia una planta procesadora (molino) en la zona de Portovelo, un enclave minero tradicional del país. Eso representa 1 millón 660 mil dólares al mes en ingresos para ese grupo criminal.

 

En la intervención realizada, y que ahora detallamos en esta investigación, también se encontraron registros del cobro de vacunas en distintas zonas. Los montos variaban según la producción mensual de oro, que oscilaba entre 5 y 50 kilos, dependiendo de la mina.

Una millonaria maquinaria criminal

Los Lobos no solo operan y extraen oro, también extorsionan a las concesiones mineras legales. Además, cobran entre 300 y 900 dólares a cada minero ilegal que quiera entrar a trabajar, a manera de “acción”. A estos operadores se les denomina “sableros”, y se los considera leales a la organización. Según los cálculos mencionados en los reportes a los que tuvimos acceso, la operación minera les deja a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Las estructuras armadas alrededor de las zonas mineras controladas por Los Lobos tienen un brazo bélico (con armas de largo y corto alcance); un brazo operativo (con mineros ilegales) y un brazo de seguridad, que a su vez comprende tres anillos, detalla uno de los documentos. Tienen conexiones con políticos y funcionarios judiciales, que están en su nómina de cooperantes. estos actores boicotean los operativos.

Los primeros registros de violencia de este grupo se remontan a octubre de 2022, con el secuestro de 70 trabajadores de una mina formal en el sector Bella Rica, por parte de delincuentes y “sableros”. Los secuestros continuaron hasta diciembre de ese mismo año, cuando se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales.

A inicios de 2023, los grupos armados obligaron a los mineros legales a extraer oro bajo amenazas de muerte. En marzo del 2023, en una nueva incursión, asesinaron a un guardia de seguridad y en los primeros días de abril del mismo año robaron cinco barras (lingotes de oro) de un kilo cada una.

“Están infiltrados en concesiones mineras y reclutan a figuras claves de las entidades de control y justicia, como fiscales, jueces y uniformados”, advierte un oficial de Inteligencia. En uno de los operativos militares se detectó que un detenido tenía radios de comunicación con la frecuencia policial activada; conocían de posibles operativos y buscaban evadirlos. En otra intervención se detuvo a un miembro activo de la policía que colaboraba con la estructura ilegal.

El Tren de Aragua se habría aliado con Los Lobos

Ecuador dolarizó su economía el año 2000 y para los especialistas el uso de esta moneda facilita la venta del oro de origen ilegal, y atrae también a mineros de otros países. Uno de los informes señala que en las zonas mineras de Ecuador se encuentran mineros peruanos, colombianos y, recientemente, un importante número de venezolanos.

Los documentos de Inteligencia sugieren que en estas zonas mineras estaría operando también un grupo de integrantes del Tren de Aragua –la violenta organización criminal de origen venezolano–, y que ellos estarían trabajando junto a Los Lobos en Ponce Enríquez.

En uno de los documentos de inteligencia, se menciona, a modo de hipótesis, que de acuerdo a la forma en la que actúan estos grupos criminales, una vez que los miembros del Tren de Aragua consoliden su trabajo en la minería ilegal, luego intentarían desplazar a las cabezas de Los Lobos. “Un gran número de colaboradores, de origen venezolano, podría ser integrante de otros grupos delictivos, como el Tren de Aragua. A futuro podrían aplicar su modus operandi, esto es, eliminar a Los Lobos y tomar el control de las áreas mineras, considerando el alto rédito económico”, se lee en uno de los informes.

Los Lobos es la organización criminal con mayor presencia territorial en Ecuador. El grupo surgió en 2019, en la cárcel de Turi, en Cuenca. Su matriz fueron Los Choneros, la organización dedicada al narcotráfico que nació a inicios de los años 90 en el puerto de Manta y que es el brazo logístico del cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de la fragmentación, el cabecilla de Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como Pipo o Tuerto, era leal a José Luis Zambrano (llamado JL o Rasquiña), jefe de Los Choneros.

Pero todo cambió a fines del 2020, con el asesinato del jefe de Los Choneros. José Luis Zambrano fue acribillado en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Su muerte generó una disputa que terminó en la guerra de bandas.

Esta escisión hizo que Los Lobos se conectaran con otro socio para el tráfico de drogas en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces varios grupos delictivos encabezados por Los Lobos se han unido para disputarle a Los Choneros el control de plazas y rutas del tráfico.

La historia del avance y escisión de estas bandas criminales consta en el informe Evaluación situacional del narcotráfico en Ecuador, elaborado por la Policía de Ecuador con el apoyo técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). “La relación con alias JL o Rasquiña determinó el ascenso de Los Lobos durante esos años, al punto que Pipo proporcionaba hombres para la seguridad personal de Rasquiña”, se lee.

Según el informe citado, Pipo o Tuerto, líder de “Los Lobos”, habría fallecido por efectos del Covid-19 a inicios de 2021. O, al menos, eso habría simulado. “Se presume que habría falsificado el acta como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”.

El patrón Norero, la conexión con Los Lobos y la minería

A mediados de diciembre de 2023, la Fiscalía ecuatoriana difundió las piezas de un rompecabezas que muestra las conexiones del narcotráfico con actores políticos en Ecuador. El caso fue conocido como Metástasis y tiene como figura central a un narcotraficante y procesado por lavado de activos de origen ecuatoriano que evadió la justicia peruana: Leandro Norero Tigua.

Norero Tigua había sido detenido en mayo de 2022, durante un operativo en el cual las autoridades le incautaron 42 lingotes de oro; 6,4 millones de dólares; joyas y relojes finos.

Él era buscado por la justicia peruana desde febrero de 2020, por el presunto delito de tráfico de drogas agravado, cometido en 2014, pero durante la pandemia por Covid-19, sus abogados presentaron un certificado de defunción falso peruano con el fin de evadir a la justicia. Una vez libre, operó clandestinamente en Ecuador.

Tras su detención fue conducido hasta la cárcel de Cotopaxi. Cinco meses más tarde, en octubre de 2022, se produjo una masacre en esa cárcel, en la que murieron 16 internos. Entre ellos, Norero.

Leandro Norero constituyó un conglomerado de siete empresas, en tres provincias. Con las ganancias financiaba la operación de las bandas criminales Los Lobos y los Chone Killers, enemigos de Los Choneros. Luego del asesinato del cabecilla de Los Choneros, a fines de 2020, Norero quiso sucederlo en el liderazgo, pero otros dirigentes lo desconocieron. Por eso, en venganza, financió a los grupos rivales, en particular a Los Lobos, relataron dos agentes investigadores entrevistados para este reportaje.

El contenido del teléfono celular de Norero, desencriptado en el contexto de la investigación fiscal por lavado de activos del caso Metástasis, arroja pistas sobre sus conexiones con la esfera judicial, la policía, abogados del sector privado, fiscales y político

La obsesión de Norero, en la celda desde donde chateaba por celular, era confundir a las autoridades que seguían la ruta de sus activos. En las conversaciones –a las que se tuvo acceso para esta investigación– se observa que una de sus preocupaciones era encontrar una manera para justificar la posesión de los lingotes de oro que habían sido encontrados en una caja fuerte detrás de una pared falsa de su lujosa vivienda.

En las conversaciones, su abogado le propone una fórmula para salir del problema.

“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.

Ante las dudas de Norero, que cuestiona si el mecanismo está blindado, su brazo derecho le explica que “tienen 54 hectáreas totalmente autorizadas para la explotación (minera). Declararon durante los últimos ocho años, 45 millones en ventas”.

Norero no se decide. Pero el interlocutor le explica que a esa planta se le incendió su fábrica y el centro de procesamiento de materia prima y que con eso pueden justificar la pérdida del molde con que se marcaron los lingotes, en forma de L.

En un mensaje posterior, Norero recibe el borrador de un documento según el cual él prestó una alta suma al empresario, quien habría entregado los lingotes como garantía. Los diálogos tuvieron lugar a inicios de agosto de 2022. Dos meses más tarde, Norero fue asesinado en la cárcel.

La difusión de miles de documentos que contienen los chats de Norero Tigua con su círculo de operadores generó un tsunami en Ecuador, a mediados de diciembre de 2023.

La Fiscalía difundió los mensajes durante las audiencias para sustentar las acusaciones contra alrededor de 30 personas, entre jueces, autoridades, oficiales de la policía, fiscales y abogados, que habrían actuado a favor del narcotraficante detenido en el penal de Cotopaxi.

Entre mayo y octubre de 2022 buscó recuperar la libertad y esconder el rastro de sus activos. Una vez asesinado, su equipo celular fue desencriptado para descubrir qué conversaciones mantuvo a través de la plataforma Threema.

La fiscal general, Diana Salazar Méndez, calificó a ésta como la operación más grande en contra de una estructura criminal por sus amplias conexiones políticas. Y denominó al caso como Metástasis, nombre que grafica la gravedad del cáncer de corrupción que afecta a la esfera judicial en Ecuador.

Sobre el oro encontrado en poder de Norero, Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), señala que “si bien la explotación [de oro] puede realizarse de manera ilegal, una vez que pasa por la etapa de procesamiento o en las chancadoras que hacen la limpieza del oro ya pierde la trazabilidad, no se puede saber de donde salió”.

Rivera advierte que la dinámica de los lingotes responde a su uso como “método de pago a funcionarios corruptos, que los sacan del país para ser lavados».

Las investigaciones policiales y fiscales revelan que Norero era como un “patrón” para Los Lobos. Los cabecillas de esta organización criminal lo reconocían como su financista. Lo más probable es que una de las vías que usaba para lavar dinero proveniente del narcotráfico era la inversión en explotación de oro en Camilo Ponce Enríquez, los dos últimos años, apoyando la logística de Los Lobos. No solo en esa zona sino en Buenos Aires, donde el Ejército también detectó actividades delictivas de esta banda el año pasado.

 

Xavier Jordán estaba perturbado. Expresó sus miedos extremos en repetidas ocasiones, desbordado y colérico, en muchas de las conversaciones que mantuvo con Leandro Norero, en junio de 2022. Los mensajes entre ambos esclarecen lo que era un secreto a voces: la relación del narcotráfico con la política, en particular con el correísmo. Entre sus blancos estuvieron el empresario Nahin Massuh, por sus supuestas filtraciones,  y el expresidente de la Asamblea, César Litardo, considerado un traidor en el movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. Jordán fue llamado a juicio por la venta de insumos médicos en la pandemia y será vinculado al caso Metástasis el 3 de enero.

Redacción Código Vidrio

Xavier Jordán y el Patrón Leandro Norero operaron en varias ocasiones, subrepticiamente, a favor de líderes del correísmo, especialmente de Jorge Glas, y en contra de quienes eran un obstáculo para su estrategia de impunidad. Eso se desprende de la cadena de chats develada en el caso Metástasis.

Desde su lujosa residencia en Miami, Jordán dedicaba buena parte del día a chatear con el narco, preso en la cárcel de Cotopaxi. Esos días, él vivía momentos personales complejos: padecía de insomnio y migrañas constantes. Se había vuelto dependiente compulsivo del celular, lo cual le preocupaba a su familia que lo obligó a consultar a un médico e iniciar un tratamiento.

En el país, el gobierno de Guillermo Lasso sufría ataques constantes del correísmo y la Conaie, con Leonidas Iza a la cabeza. Ese mes de junio el gobierno soportó una violenta paralización del movimiento indígena, que buscaba defenestrarlo, mientras en el Legislativo el movimiento del expresidente Rafael Correa, también estuvo a punto de destituirlo, tras un primer juicio político en su contra.

Jordán estaba muy molesto por la exposición en los medios de su relación con militantes cuestionados del correísmo y sus investigaciones de corrupción, denunciadas sin tregua por el entonces legislador y presidente de la Comisón de Fiscalización, Fernando Villavicencio.

El 20 de junio del 2022, los mensajes entre Norero y Jordán (que tenía como usuario Ravioli) pusieron al descubierto otro plan criminal para eliminar a uno de sus blancos más incómodos: “ya lo tengo a tu pana (Nahín) Massuh, mordió la carnada”. Y Jordán complementa: “Ese hp es el causante de todo el daño”.

Norero había logrado infiltrar  a Massuh través de una mujer, quien había sido candidata a Miss Ecuador, que le compartiría la ubicación “y ahí comienza la fiesta”. Ambos intercambiaron números de teléfono que aparentemente usaría Massuh, a quien apodaban El Turco. Jordán le envió uno de ellos y dijo: “Me lo pasó Boscán, pero yo no quiero hablar con ese sapo”.

Estaban dolidos con Massuh porque afirmaban que él tenía que ver en filtraciones de fotos e información que los involucraban. Mencionaban varias veces a Andersson Boscán, de La Posta, y a Villavicencio, quien constantemente difundía información sobre presuntas vinculaciones entre Norero y Jordán. “Ya se les acaba, ñaño. Y con ese Massuh es todo, apagamos esa prensa”.

El 21 de junio, el plan entró en marcha. Norero escribió: “Ñaño, estoy en eso que te comenté ayer. Esta reunión con Litardo”. Jordán le envía unas capturas de pantalla y un número de teléfono y le dice: “Ese es el del de Litardo. Ese sapo es, reviéntalos a todos”. Código Vidrio confirmó que efectivamente ese número aún pertenece al exlegislador.

Norero se reía, mientras Jordán le daba más datos sobre los presentes en la reunión, especialmente sobre Massuh, su vehículo, y el de su esposa, además del «Argentino». Le daba muchos detalles para que identifiquen plenamente a quienes estaban ahí. Norero planeaba concretar el crimen, una vez que los asistentes salieran de la oficina al final del encuentro.

Según el chat, ese día todos estaban en el edificio Arcos Plaza, en la oficina 203, que era parecida a una que tenía Norero en el mismo lugar, pero más pequeña. El plan era ejecutar inicialmente a Massuh, pero al enterarse de que estaría Litardo también decidieron asesinarlo, usando armas con silenciadores.

Litardo, enemigo jurado del correísmo

A Litardo lo querían matar porque lo consideraban un “sapo”. Litardo llegó a la Asamblea como candidato de Alianza País en 2017, cuando Lenín Moreno y Jorge Glas se posesionaron como presidente y vicepresidente de la República.

A los pocos meses se produjo un quiebre inesperado entre Moreno y su antecesor Rafael Correa que cambiaría radicalmente el escenario político nacional. La ruptura ocurrió cuando Moreno no siguió la directriz de Correa y su partido. Correa quería que su sucesor respaldara a Glas, que para entonces ya estaba enjuiciado por su participación en el caso Odebrecht, por el cual fue sentenciado meses más tarde.

Este caso fracturó a Alianza País, lo cual se evidenció en la Asamblea donde un grupo de legisladores siguió fiel a Correa defendiendo a Glas y otro respaldó a Moreno, con Litardo a la cabeza. Desde entonces él entró en la lista negra del correísmo, tachado en adelante como traidor.

Los chats de Norero con Jordán, en este caso, evidencian una vez más que ambos estaban alineados con las tesis e intereses del correísmo. En la mira, al igual que muchos otros políticos y periodistas, estuvo Litardo. En julio de 2019, Litardo, como presidente de la Asamblea, fue un actor determinante para que el pleno negara un pedido de la jueza Daniela Camacho, de la sala penal de la Corte Nacional, quien solicitó que la Asamblea se pronunciara sobre si cabía o no el enjuiciamiento penal de Correa y Glas, pese a que ya no ostentaban ningún cargo público. “Una vez que ha concluido el período presidencial o vicepresidencial de un mandatario, en caso de que sea procesado por la justicia, no requiere la autorización legislativa para que sea vinculado dentro de un proceso penal, según prescriben las normas constitucionales y legales… el Pleno de la Asamblea no debe pronunciarse de manera expresa sobre intervenir en el enjuiciamiento de un ex presidente o vicepresidente”, señaló Litardo en su respuesta a Camacho.

Este tema cobró actualidad la semana anterior cuando la Asamblea recibió y trató una consulta del juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, quien pidió que le autorizaran iniciar el enjuiciamiento de Glas por el supuesto abuso de fondos públicos en la reconstrucción de los daños por el terremoto en Manabí. La Asamblea no consiguió lo votos para autorizar el enjuiciamiento, por una jugada política del correísmo y su aliado el Partido Socialcristiano. Sin embargo, las horas siguientes el juez fijó fecha para la audiencia donde se dará inicio al proceso contra Glas.

Norero y la coima al juez Curipallo 

El 20 de junio pasado, el intercambio de mensajes entre el narco Norero y Jordán también devela que buscaban a como dé lugar que Glas, quien estaba apresado cumpliendo una sentencia por el caso Sobornos, fuera liberado, a cualquier costo.

A las 21:43, Jordán le decía a Norero: “Se fue a la v**** todo. Negaron lo de JG. Se unen al pito estos manes. A las calles todos. Ya dieron la orden, a las calles a nivel nacional”.

Por esos días Norero también tenía una audiencia de Hábeas Corpus para intentar dejar la cárcel, lo cual no se concretó por las alertas de las autoridades del gobierno de Guillermo Lasso.

El Patrón estaba resignado a quedarse apresado, pero no dejaría de tratar de sacar a sus familiares de la cárcel. Su esposa portaba un grillete y sus hermanos estaban presos.

Glas logró salir de prisión con su tercer Hábeas Corpus junto a Daniel Salcedo, en noviembre, por decisión del juez de Santo Domingo, Emerson Curipallo. Él también fue apresado en el caso Metástasis, por cobrar sobornos a Norero para liberar a líderes de Los Lobos. En los chats precisamente queda claro que el narco pagó 250 mil dólares por la liberación de Glas.

Jordán y Norero intentaban camuflar sus negocios

La mansión de Riberas del Batán, en Samborondón, era el único cabo suelto que creían que necesitaban atar Norero y Jordán para recuperar la paz. Eso y la foto de la piscina, donde aparecían, entre otras personas, Jordán y el entonces asambleísta Ronny Aleaga, del correísmo, eran la piedra en el zapato que les molestó durante meses. Eso queda claro en los chats que la Fiscalía encontró en el iPhone 13 de El Patrón, entre mediados de junio y el 3 de octubre de 2022.

“Podrán sacar todo, pero mientras no vinculen nada, no pasa nada”, le escribía Jordán a un tal Vivanco, un abogado que se estaba encargando del traspaso de varios bienes pero que dejó de contestarle a él y a Norero durante unas semanas. Hablaban de una propiedad en la vía a la Costa, un bote, un carro, una casa en Salinas y otra mansión, El Cortijo, que estaría ubicada también en Samborondón.

Todo eso pertenecía a Jordán, pero Norero lo había comprado. A partir de su detención, en mayo, los trámites quedaron parados. El narco estaba desesperado por venderlas, porque necesitaba dinero para buscar su liberación a como dé lugar. A Jordán también le preocupaba la situación jurídica de su amigo y le ayudó en varias ocasiones, incluso interviniendo con sus abogados ante los jueces.

Pero a él lo que más le preocupaba era que a Norero le quitaran su celular y su estrecha relación quedara finalmente expuesta. Por eso le repetía constantemente que borrara los chats, que estaba paniqueado y que “no vaya a ser que lo vayan a ver y nos encuentren hablando”. Él le respondía que sí había borrado, pero evidentemente no cumplió.

Vivanco estaba aterrado. Solo les contestó luego de que Jordán le advirtiera “o me llamas o te mando a buscar y jamás le he dicho eso. Me llamó llorando, hay gente que no aguanta la presión”. Lo hizo porque Norero estaba presionando para cambiar los dueños lo más pronto posible. “así no nos involucramos más en nada y yo recupero mi dinero (…) “Debemos romper el hilo. Donde cae Vivanco por un pito, ñaño, yo le aprieto acá adentro y es peor. Pudiendo hacer las cosas rápido”.

Aunque en los chats hablan directamente de un negocio entre los dos, de sus celulares hacia afuera muy poca gente conocía sobre esos tratos. De hecho, en conversaciones con algunos de sus abogados y en el chat con Andersson Boscán, de La Posta, Norero intenta negar cualquier vínculo con él y con un tal JP. “Hay una amistad lejos de todo. Ellos en lo suyo y yo en lo mío”, le decía.

Chateaban constantemente, hasta ocho horas diarias. Incluso un día se pusieron de acuerdo en la versión que ambos darían sobre la casa. Jordán recapitulaba la historia: “Belleza, no hay nada ilegal ahí. Tenías contrato, pero está a nombre de una compañía. Me pasas esa resolución para decir lo mismo cuando me llamen a preguntar. Si es que me llaman. Todo ese pito es por ese Turco hp (Nahim Massuh) y Villa. Hicieron todo mediático. Si no, no pasa nada”, le dice Jordán y le aconseja solucionar tema por tema, evitando que se haga mediático.

Para Norero, su detención, la historia de la casa de Riberas del Batán y la foto de la piscina eran las causantes de su desgracia. Durante años, Norero se esmeró en ser invisible, pero los hechos recientes y su fingida muerte en Perú, todas las luces voltearon sobre él… y sobre Jordán.

Por eso, ambos hablaron en varias ocasiones de lo inconvenientes que eran las publicaciones de Fernando Villavicencio (+), que en la época también era asambleísta. Jordán quería directamente eliminarlo, pero Norero era más cauto: lo mandó a seguir, conocía sus rutinas, su casa, su vehículo, sus movimientos migratorios y sus relaciones afectivas. En medio del paro y las violentas manifestaciones que se vivieron en Ecuador entre el 13 y el 30 de junio de 2022, ambos se divertían respondiendo tuits de Villavicencio. Según Norero, él subió la foto de una mujer y el mensaje: “Hablemos de moral y respeto, señor pulcro. ¿Ya presentó a su moza a su familia?”. Su plan era atacar su reputación, para que perdiera credibilidad.

Les urgía librarse de ese problema y también salir del ojo público: “Estos locos, esa puta, esa p*** foto en la piscina la cagan”. Aunque en el chat negaban las acusaciones de que estaban financiando el paro, la coyuntura les favorecía, estaban seguros de que el entonces presidente Guillermo Lasso caería. De hecho, Jordán estaba confiado y decía: “Ponte pilas, ahora sí vamos a poder resolver en paz”.

Cuando cayó preso, en mayo de 2022, a Norero se le incautaron 42 lingotes de oro, más de USD 6 millones en efectivo, 12 inmuebles, entre casas, departamentos y locales comerciales. Pero la única propiedad que le quitaba el sueño era la suntuosa casa ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón, Guayas. La propiedad perteneció al prófugo Xavier Jordán, con quien Norero tiene una estrecha amistad, según se desprende de los chats hallados en el celular del narco.

Por Ana María Carvajal

Cuando fue apresado en 2022, el Patrón Norero tenía a la vista un patrimonio cuantioso. Sumaba la bicoca de 15 millones de dólares. Ademas tenía seis empresas y unas nueve cuentas bancarias, todas a su nombre. Pero había mucho más de su fortuna en manos de sus familiares, de su esposa y una tropa de testaferros.

Sin embargo, la única propiedad que le quitaba el sueño era la suntuosa casa ubicada en la urbanización Riberas del Batán, en Samborondón, Guayas. La propiedad perteneció al prófugo Xavier Jordán, que las traspasó a varias empresas y por último a su amigo Norero. Allí, precisamente, lo apresaron el 25 de mayo de 2022.

En sus intentos por recuperarla y por proteger todo lo que había en ella, gastó mucha plata, repartida entre policías, abogados, jueces… Incluso se valió de su amistad con el periodista de La Posta Anderson Boscán para difundir fotos y videos de un intento de robo, protagonizado por personal de Inmobiliar.

Sus principales operadores fueron los abogados Helive Angulo Bravo, alias Larry; Cristian Romero, alias Global Pax; y Kevin Prendes. Romero hizo tan bien su trabajo que consiguió el aliado ideal para mantener vigilada la mansión del Patrón: el coronel Lenin Mazón Simaleza, jefe de la Policía de Samborandón. Todo quedó registrado en los chats que la Fiscalía y la Policía extrajeron del celular de Norero, luego de su asesinato.

Mazón, un policía de alto vuelo

De acuerdo con los chats incluidos en el parte de la Policía, el abogado Angulo le informó a Norero que el coronel Mazón “empezó a copiar”. “Más gente se está sumando”, complementó el capo. Fabián Yilmar Campusano Bustamante, alias Yankee, le había contado que Eddin Iza, otro policía, le escribió que estaba para “las buenas y las malas”.

Así, unos por voluntad propia y contactos previos y otros por disposición de Mazón, permanecían todos los días cuidando la casa de Norero. Todos recibieron jugosas compensaciones.

Entre julio y octubre del 2022, el coronel Mazón recibió 83 000 dólares. El coronel se identificaba con el usuario Táctico. En los chats se sobreentiende que era una relación de dando y dando. El comandante no tenía empacho en insinuar o pedir directamente dinero por sus servicios. En varios chats los abogados de Norero le decían que el coronel “se portó calidad”, que “está alineado” o que “ya copió”.

El 31 de julio le dijo a Romero, el abogado del capo, que al día siguiente le daban el alta a su esposa y que la factura sumó USD 15.860, pero hasta ese momento solo logró juntar 4.850. Entonces le pidió un préstamo enviándole sin reparos la foto de su pareja en una camilla de hospital. Tras ver la captura dipone que le den algo.

Ese mismo día, Norero y el oficial coordinaron la entrega de los fondos en un estacionamiento de Plaza Batán. Ese lugar pronto se convirtió en el sitio oficial de entrega altas cantidades de dinero para Mazón.

De hecho, en varios chats y en sus registros de ingresos y egresos de dinero, el narco llama al policía ‘El amigo Batán’. Además de la seguridad permanente en su casa, al policía le pidió en varias ocasiones que permitiera a sus gente ingresar para llevarse “unas cositas de la casa”, como la ropa de su esposa e hijos, porque los sacaron sin nada.

Sin embargo, las insinuaciones sobre los pagos se vuelven más evidentes. Mazón le cuenta a Norero que tendrá que buscar un trabajo extra porque su sueldo no le alcanza para cubrir emergencias de sus seres queridos. “Bien duro, la verdad, por eso uno tiene que inventar de vez en cuando. Jajaja”.

“Mi sueldo es de 3.450 dólares. De eso me descuentan 599 dólares de seguro Ispol, 399 de cesantía, 323 del impuesto que puso Lasso. Cojo líquido 2.250 dólares más o menos. De eso debitan créditos y apenas queda para los estudios de mi hijo que está en Rusia y mi otro hijo en la escuelita, más alimentación”.

Luego acepta ayudarle a sacar la ropa: “¿Con quién coordino para que ingrese y haga la vuelta?”. El encargado era el abogado  Kevin Prendes. El oficial, por su parte, no  solo recibiría su pago sino que se encargaría de velar por los pagos a los policías que colaboren en esta y otras visitas a la mansión.

Pero él no pidió dinero solo para él sino también para reparar los carros de la Policía. En al menos dos ocasiones le contó al Patrón que se le complicaba brindar seguridad a su casa o hacer patrullajes, que le permitan alertarle de operativos,  porque los patrulleros estaban parados, por daños que no tenían una solución pronta por falta de presupuesto. Le enviaba proformas detalladas de lo que se necesitaba o tomaba el ejemplo del costo para reparar un vehículo y lo multiplicaba por 15, para sacar un total. Norero cubría sus exigencias sin mayores reparos. El efectivo completo o por partes llegaba a Mazón en el estacionamiento de Plaza Batán.

Un cariño para Jorge Glas

Además de la seguridad de la vivienda, el oficial le filtrana información importante a Norero. El 9 de agosto, el narco le pidió ayuda para “darle un empujón” al teniente coronel Marlon Karolys, que creía que estaba en el Snai, para que les permita hacerle llegar “un cariño” al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo. Esa vez no funcionó, porque el oficial ya había salido de esa institución.

La relación fue cada vez más cercana, al punto de que Norero le envió una captura de pantalla a Mazón en la que aparecía una videollamada con su hija. Allí le contaba que la menor no comía, solo vomitaba, por la tristeza que estaba sintiendo desde su detención.

El coronel, en cambio, le enviaba fotos de su hijo que estudiaba en Rusia y luego una de su familia, cuando el joven llegó al Ecuador. Tanto su estancia en ese país como el viaje para visitar a sus seres queridos, fueron financiados por el Patrón.

El intento de robo de funcionario de Inmobiliar

El 23 de junio, al menos 12 personas, incluidos funcionarios de Inmobiliar, fueron detenidos porque intentaron sacar cajas con whisky Buchanans, ropa y otros objetos de la vivienda de Norero, fingiendo que tenían una orden de un juez. No les importó que cinco días antes el juez Ángel Lindao, de La Concordia, había ordenado devolvérsela al capo, por medio de una acción de protección. El juez fue suspendido por la turbiedad del proceso. Estaba molesto, según el chat, pero aún así ofreció subir la sentencia al sistema en 20 minutos y también pidió que no lo abandonaran.

En medio de los conflictos legales, Norero contó con varios policías, su abogado y el Comandante de Samborondón para recuperar cosas que guardaba allí: dinero en efectivo, vehículos y armas. El 15 de junio, ordenó directamente a Angulo recuperar un bolso café que contenía fajos de billetes de USD 20 y armas de fuego.

Él cumplió con su misión y lo reportó. Luego, las cosas recuperadas se guardaban en varios lugares. Especialmente en un galpón en Santo Domingo. Todo movimiento significaba pagar más dinero para lograr sus objetivos.

El Patrón organizaba personalmente los pagos para la gente que le ayudaba. El 15 de junio desembolsó USD 18.000  a Brulio Mera Ordóñez para que pagara “a los muchachos”, abogados y policías. Recibió un vuelto de 2.625.

El plan era usar argucias jurídicas para conseguir que le devolvieran el bien y cambiar el registro de su dueño inmediatamente. Así esperaban protegerlo para el futuro. Además, el capo se preocupaba por cubrir las espaldas de los involucrados. El 19 de junio, cuando sacaron el bolso café, los policías estaban nerviosos pues abrieron la casa sin la presencia de personal de Inmobiliar y legalmente debían esperar a que estuvieran presentes todas las partes del caso. Yankee estaba coordinando ese día y le contó a Norero que los policías dijeron que “se van a jalar el problema”, pero los vincularon y pidieron que no los dejaran solos. Eran Eddin Iza y Fernando Andrés Álava, del GOM. En el chat se registró una foto de ellos, mientras esperaban tras su retención.

Norero lo solucionó fácilmente: mandó una ‘liga’ (dinero) y obtuvieron medidas sustitutivas. Romero se encargó del proceso legal. Pero su jefe siempre estaba un paso adelante, pues le envió un extracto de una información preliminar sobre la aprehensión de Iza y García, que se dio por presunta violación al artículo 292 del COIP. Estaban imputados por alteración de evidencias como servidores públicos.

Cuando salieron libres los uniformados, los abogados de Norero le dieron USD 1000 a cada esposa y luego pidieron más dinero para que pudieran pagar a los abogados que los defenderían en el proceso.

 

El Patrón Leandro Norero y Andersson Boscán empezaron su amistad desde 2021. Se trataban de “hermano” o “ñaño”. Hablaron de hacer una serie de reportajes similares al documental Paz o Plomo, que La Posta difundió en 2021, pero con una productora en el extranjero. El protagonista de ese especial sobre la situación en las cárceles fue precisamente Norero. El capo, asesinado en octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi, y el periodista también querían publicar un libro juntos, cuando saliera en libertad. La fiscal Diana Salazar considera que la cadena de chats hallados en el celular del narco evidencian una cercanía y sesgo que fueron más allá de lo periodístico. Boscán enfrenta dos indagaciones previas en la Fiscalía, por supuesto lavado de activos y por presunta extorsión.  

Redacción Código Vidrio

Con el operativo Metástasis la Fiscalía devela los tumores malignos que se han regado en distintos niveles de la sociedad. Este caso, que empezó el jueves pasado con intervenciones policiales en varias provincias, se originó en los miles de chats encontrados en uno de los celulares Iphone del narcotraficante y lavador Leandro Norero, asesinado en octubre de 2022. Tras su captura, en mayo de ese año se abrió un juicio de lavado de activos, que avanzó en medio de presiones y fallos favorables a los intereses de Norero y su familia. Esa es la matriz del caso Metástasis.

Un año antes del asesinato de Norero, el 4 de octubre del 2021 precisamente el periodista Andersson Boscán difundió en La Posta un documental, denominado Paz o Plomo, sobre la situación dentro de las cárceles ecuatorianas. Sus principales protagonistas fueron los cabecillas de las bandas criminales. Y uno en especial: el Patrón Leandro Norero, quien para entonces era un narco invisible, estaba prófugo. Había huido de Perú donde fue apresado el 2020 por narcotráfico, pero fingió su muerte para no ser extraditado al Ecuador que lo requería.

Para 2021, lejos del radar de las autoridades, Norero era un muerto que gozaba de muy buena salud, tanto que acordó una entrevista con Boscán en una hacienda en las afueras de Guayaquil. En la entrevista Norero se explaya al responsabilizar de la crisis de inseguridad y violencia al establecimeinto político, al gobierno, niega que sean causados por su relación con el narcotráfico o el microtráfico, ni siquiera por la delincuencia. El cierre del video es antológico: “Quien quiere arreglar el problema de las muertes violentas (en las cárceles) es el crimen organizado”, concluye Boscán.

En adelante Boscán estrechó sus contactos y cercanía con Norero. Eso queda claro en los mensajes que ambos intercambiaban y que están incluidos en las más de 30.000 páginas que forman parte del expediente por delincuencia organizada. En este juicio, donde hay 16 personas detenidas, y 20 más con medidas sustitutivas, se destapan conexiones a todo nivel, que también incluyen oficiales de policía, políticos, delincuentes prófugos, jueces y abogados. Una megaestructura criminal.

Esa relación data precisamente de 2021. Boscán también es mencionado en otros mensajes y conversaciones entre Norero y el prófugo Xavier Jordán, enjuiciado por el caso de corrupción en la compra de insumos médicos. Está prófugo y vive en Miami. En esos diálogos se identifica al periodista como “El de la Boina”, a quien ambos ven como un aliado.

En el chat con Norero, a través de la apicación encriptada Threema, Boscán tiene el usuario: SNTURDDZ. El Patrón Norero queda identificado como Owner.

La cadena de mensajes recabada por la Fiscalía fue entre el 15 de junio y el 1 de octubre de 2022, apenas dos días antes de que Norero fuera asesinado en la cárcel de Cotopaxi. Los datos estaban intactos en el celular de Norero hallado en su celda.

En las conversaciones virtuales, ambos se tratan como “hermano” o “hermanito” y hacen planes para trabajar juntos. “Siempre a las órdenes”, le menciona Boscán en un mensaje.

El 25 de julio, Norero estaba optimista. Creía que “en cualquier momento tendrá buenas nuevas” sobre su caso.

Boscán le responde: “Me alegra mucho. Tenemos que tomarnos un café cuando salgas para que me cuentes la novela”.

Pero el periodista fue más allá: “Estamos presentando un proyecto a una productora internacional para hacer algo como lo que hicimos en ‘Paz o Plomo’ pero en Venezuela, México, El Salvador y otros países. Si sale eso, nos lanzamos internacionalmente”. Se refería a la serie de cuatro reportajes del video que se difundió semanalmente en octubre del 2021, en el canal de YouTube de La Posta. Tras el asesinato de Norero, Boscán reveló que él era uno de sus principales entrevistados, antes de que fuera detenido.

El capo se emocionó con la idea del documental. Aunque por años se esmeró en mantenerse en el anonimato para lavar dinero y otras funciones propias de los líderes de bandas criminales, ahora pensaba en lo que haría cuando saliera en libertad. Su escuela delictiva inicial fue la pandilla de Los Ñetas, a mediados de la década del 2000. Con la llegada del gobierno de Rafael Correa empezaron los diálogos con los cabecillas de las pandillas, uno de ellos era Norero, quien aprovechó del paraguas gubernamental de la reinserción pactada desde 2009. 200 pandilleros entraron a las filas del gobierno. En ese terreno fértil Norero empezó a recorrer la frenética ruta para encumbrarse como capo del narcotráfico.

“Jajaja. Belleza, ñaño, avise qué hacemos acá y de una ahí está la gente.  Ufff quiero hacer un libro, para que me ayudes. Jajaja, ñaño, ya las cosas se están dando de la mejor manera. Solo esa fiscal (Lidia Sarabia) es una puerca, ñaño. Imagínate, me quiere vincular a mi mamá, una señora de 65 años”, escribe Norero.

“Dale, con gusto. Estoy terminando mi primer libro. Te lo paso cuando publique”, le responde el venezolano.

Norero le pide que le autografíe el libro cuando lo publique.

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Algunos chats entre Norero y Boscán

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La vitrina para Norero

Para María Paula Romo, exministra de Gobierno, los chats develados son una pieza fundamental para entender cómo opera el crimen organizado. “Cuando se graba ese especial, Norero se daba por muerto para la administración de justicia (…). Por eso el que es entrevistado, el que relata, el que habla mal de la Policía, de los ministros de Seguridad, me incluyo, de la justicia, de los encargados de la seguridad, es Norero. El que amplifica eso es Boscán. Luego terminan convenciéndole al país, al que se deje convencer, por supuesto, que había que hacer una comisión de pacificación para Norero, el sujeto que vimos cómo perseguía a fiscales, autoridades y mandaba a matar personas”, relató Romo en una entrevista para el portal digital El Tablón Popular.

Para entonces, El Patrón movía cielo y tierra desde su celda con acceso a Internet para conseguir un hábeas corpus para él, sus hermanos y algunos miembros de su banda. Boscán le preguntaba sobre cómo iban sus procesos judiciales. El narco se mostraba confiado: “Victoria, hermano”, le respondió Norero mientras aseguraba tener todo bajo control, pues sus abogados pidieron a la Fiscalía que asignara los peritos y las puertas de sus empresas estaban abiertas.

Boscán no dudaba en mostrarse condescendiente. “Ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay dos errores que tu defensa debería ver. Y que te están sacando plata”.

“¿Cuál, jajaja, mis abogados? Jajaja. Esos locos lo hacen por la camiseta. Hasta ahora nada de plata, ñaño. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una. O si te pongo a mi abogado que le explique, ñaño, bacán”, repllica el capo.

 “Una muy cercana a tu pana Rafa”, le responde  Boscán, pero le aclara que no le recomienda a ninguno.

Villavicencio desata la ira de Norero

Otro tema central de sus conversaciones fue el excandidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado en agosto del 2023 por sicarios de Los Lobos, una banda también financiada por Norero mientras estuvo vivo. En esa época, Villavicenio presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Norero estaba harto de que el legislador lo mencione y lo vincule con Xavier Jordán, con quien también mantenía constantes chats.

Le decía que con Jordán apenas tenían una amistad “lejos de todo”, por lo cual buscaba descareditar a Villavicencio a toda costa. “Me tocó buscarle la verdadera imagen de pulcro”, dice en el mensaje acompañado con unas fotografías de dos mujeres.

Entonces Norero le pidió a Boscán que le hiciera llegar una advertencia al legislador. “O usted me aconseja, ¿dejo eso no más hasta q se aburra? Dígale, como amigo, no quiero cometer errores, de verdad, lo único q busco es la libertad de mi familia”.

 “No se aburre de los temas hermano -replica Boscán- Él es así. ¿Qué sabes de la calle hermano? ¿Qué te dicen que va a pasar?”.

Meses después Villavicencio empezó a denunciar el sesgo de Boscán y La Posta como operadores del crimen organizado. Eso desató un sinnúmero de ataques desde ese medio al excandidato presidencial, lo cual también fue respondido por el periodista Christian Zurita, con severos cuestionamientos por sus procedimientos periodísticos.

Norero y Boscán también hablaban de política y bromeaban sobre temas en coyuntura, como las elecciones que se avecinaban y la famosa foto de la piscina en la casa de Jordán en Miami, difundida en mayo del 2022 por Villavicencio. Allí aparecen el exasambleísta correísta y líder de los Latin Kings, Ronny Aleaga, junto a Jordán, Leonardo Cortázar, Pablo Mendoza y Freddy Garay.

“Este infeliz de Villavicencio me mete ahora en ese tema de Aduanas. Hasta a ese que mataron. Es un blindado que es operador mío”,indica Norero.

Boscán le dice que hay informes de inteligencia y que le va a pasar un cuadro. Norero jura por la vida de sus hijos que jamás se ha involucrado en el tema aduanero. El cuadro aparece en un tuit de Villavicencio del que también hablan, junto a la foto de la piscina:

“URGENTE| Cuadro de vínculos y relaciones de una de las estructuras de corrupción aduanera. Entre los principales relacionados aparece el prófugo de la justicia Xavier Jordán y el procesado por narcotráfico Leandro Norero. 👇”

Antes, Boscán le había contado a Norero que tenía una comparecencia en una sesión de la Comisión de Fiscalización para tratar el caso Danubio. Boscán se iba a presentar con personal de la Policía, Aduana, Fiscalía y Presidencia de la República. Antes de acudir, le contó al capo:

“Voy a decir que si tú y Jordán controlan la Aduana, como dice el Gobierno, es porque un funcionario se las tuvo que dar. Ni que ustedes fueran ministros”.

Ese mismo 19 de agosto, Boscán le pasa una foto:

“Dicen que ese es Boscán”.

Y Norero le responde: “Que ese es Norero decían primero. Jajaja, ¿y sabes lo peor? Que ni visa tengo, jajaja, nunca he viajado allá”.

“Y yo no estoy tan gordo como ese man”, replica Boscán.

Según el periodista, Villavicencio insistía con esa foto porque era una “campaña ordenada por Aparicio y Pozo”, en ese entonces funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Eso ya lo hablan en la madrugada del 20 de agosto.

La conversación se conecta con mensajes previos. Por ejemplo, unos del 30 de julio cuando Boscán le contaba a Norero que estaba investigando temas de Aduanas y Petroecuador.

“Jajaja lo que necesite avise, que activo ojos oídos por todos lados”, le ofrece Norero.

“Si tu gente sabe algo de aduanas, de lujo. Estoy detrás de la parte política: Carola Ríos, Eljuri, el ministro Fabián Pozo. De ahí la parte de contrabando y drogas no me interesa”.

Norero le ofrece sacar datos de Aduana con un procurador que tiene allí. Días después, el periodista le pide también informarle si se entera algo sobre los funcionarios Aparicio Caicedo, Francisco Gottifredi y Juan José Pons, también dentro del tema de aduanas.

A este punto se refirió la fiscal general Diana Salazar en una entrevista en Teleamazonas, este 18 de diciembre de 2023: “Está la participación presunta de medios de comunicación que tenían contacto directo con Leandro Norero y que incluso le pedían que entregue información (…). Le pedían, le suplicaban información. No te olvides, hermano, me queda pendiente esto, necesito esta información,  estoy trabajando en un caso fuerte, voy a la Asamblea a entregar estos datos pero no me interesa el narcotráfico. Es que esa frase es muy importante, solamente la información sesgada de lo que a mi me interesa”.

La versión de Boscán en la Posta

Al referirse a los chats y las denuncias de la Fiscalía, Boscán se defendió en su programa en La Posta. Dijo que le parece bien que se haya despertado un debate de si tenían que haber hablado ”con gente del lado maligno”. Y agregó que él hizo público que Norero era uno de los entrevistados en su especial ‘Paz o Plomo’ y que en ese entonces se presentó como un expandillero que había participado en el proceso de pacificación de Los Ñetas. “No teníamos que haber hablado con el arzobispo para entender cómo funciona el mundo criminal, teníamos que hablar con el mundo criminal”.  A su lado tenía el libro que él y su esposa, Mónica Velázquez, presentaron recientemente sobre el caso Encuentro, y que se titula ‘El Gran Padrino’.

Para ese libro hablaron con “otros narcotraficantes, por ejemplo el señor Chérres, a quien asesinaron. ¿Sabes a qué lleva eso? A revelar la corrupción. ¿Sabes a qué llevó hablar con gente del mundo carcelario? A entender cómo funcionaba el sistema de cobros en las cárceles”, dijo.

“¿Sabes qué nos generó eso? Ser parte del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. He tenido que vivir tres años con mi familia, metidos en eso. ¿Que hay gente que cree que no se debe? Pues muy bien, les aplaudo, pero es parte del periodismo”, sostuvo Boscán, quien enfrenta dos demandas penales por enriquecimiento ilícito privado injustificado y por extorsión.

Ambos casos están en indagación previa en la Fiscalía. En el primero se investigan supuestas transferencias a cuentas de Boscán y Vivanco en paraísos fiscales. Fuentes cercanas a la defensa de los periodistas dijeron que no hay evidencias sólidas de esas transferencias, que serían documentos fraguados para perjudicarlos. La Fiscalía pidió información sobre las supuestas transferencias a través de una cooperación penal internacional.

En la segunda denuncia, por una presunta extorsión de 5.000 dólares, Robert B. detalló que desde la empresa Levascán, propiedad de Andersson Boscán, le exigieron el pago de una coima para no aparecer en una de sus denuncias. Por no acceder al pago, según el denunciante, fue incluido tres meses después en un esquema de supuesta corrupción, denunciado por la Posta en el caso León de Troya. Sobre este caso, en la denuncia consta la factura que le enviaron de Levascán, que consta en los registros del Servicio de rentas Internas.

Los abogados de Boscán analizan esta última denuncia.

Este medio intentó tener la versión de Anderson Boscán, pero no respondió a nuestros mensajes a su celular.

Mientras este lunes Boscán intentaba justificar los contactos con Norero por motivos periodísticos, el sábado había indicado en un tuit que los chats de la Fiscalía eran falsos.

“Montajes, cuadros falsos, videos con voces generadas, mensajes masivos de whatsapp y cuentas pescando a río revuelto para echarnos lodo. El choro o la chora que financia la campaña se lo está tomando en serio”.

Antes de que estos se conocieran, Boscán dijo que las dudas a su alrededor se basaban en una distorsión de 10 segundos de la intervención de la fiscal Salazar durante la audiencia de formulación de cargos en el caso Metástasis, sin mencionar que había un diálogo mucho más extenso entre él y Norero, mientras estuvo en prisión.

La mansión de Norero

Uno de los temas que más molestaban a Norero mientras estuvo preso era la incautación de sus bienes, pero especialmente de una mansión que tenía en la urbanización La Ribera del Batán, en Samborondón. Al respecto, hay cientos de mensajes, que cruzaba con varios de los implicados en el caso, como sus abogados y el coronel Lenin Mazón Simaleza y que recibieron o prisión preventiva, medidas cautelares o están prófugos.

También lo conversó con Boscán, el 15 de junio. Norero empezó  bromeando y le dijo que se preparara para cuando él saliera de la cárcel, para hacer un documental. “Así veo. Que tienes más fama que Julio Jaramillo”. El narco le contó que fueron a verle “los de la mesa de diálogo. A conocer al patrón. Jajajaja”. Le agradeció a Boscán por “no darle palo” en su medio.

Norero consideró que era “el colmo de los colmos” lo que pasó con los animales que estaban en su casa, cuando fue incautada. Le compartió este tuit, de la Corte de Justicia del Guayas y dijo: “jajaja hasta mis animalitos pagaron las consecuencias”

Y también reclamó que sus hermanos hayan caído con él: “Ñaño, que yo haya caído o vinculado con los muchachos, los Chone Killers, los Latin, Los Lobos o Tiguerones, acepto. Pero con mi familia, me dieron donde más me dolía”.

Le contó que supo del allanamiento a las 21:30 por “un correo de Fiscalía”, pero que esperó que llegaran hasta las 03:40, porque “no tenía nada que esconder”. Boscán le respondió: “Valiente”.

Para el 23 de junio, Norero estaba molesto y le envió varias fotos y videos a Boscán sobre el día en que funcionarios de Inmobiliar, acompañados por otras personas, intentaron llevarse cosas de la casa fingiendo que tenían una autorización. El Patrón le dijo lo indignado que estaba porque hasta sacaron los juguetes de su hija. Minutos después, el periodista le envía este link de consuelo:

“12 personas, entre ellos funcionarios de Inmobiliar, fueron detenidas llevándose lujos de la casa incautada del caso Norero”.

Norero le respondió: “Belleza, mi hermano”.

De este fragmento de la conversación existen registros en el análisis de Policía y Fiscalía. Por ejemplo, en el parte integral, se ve que el emoji que identificaba a Boscán en el celular de Norero.  Muestra una “cara con la boca cerrada con cremallera”. Ese día, el narco también le envió el contacto de Kevin Prendes y le dice: “el número del abogado, si lo quiere”.

El Patrón le envió una captura de pantalla a un chat de grupo que tenía con algunos de sus abogados: “El chat de la captura es de la prensa digital La Posta”.

Al respecto, Romo se preguntó: ¿Quién era el ministro de Seguridad cuando se logra detener a Norero, cuando va a la cárcel. Incautan sus bienes, lo encuentran en la casa que era de Xavier Jordán, el señor de la Piscina? Patricio Carrillo. Entonces muchas piezas empiezan a ponerse en su lugar. ¿por qué esta enemistad declarada, por qué casi un proyecto profesional de La Posta sacarme del Ministerio del Interior, sacar a Carrillo, arruinar nuestra reputación, asociarnos con quienes ahora vemos que eran sus amigos, sus contactos? Es gravísimo”.

La Fiscalía armó el rompecabezas de una organización criminal que estaba encabezada por el capo del narcotráfico y lavador Leandro, El Patrón Norero, asesinado en octubre del 2022.

El operativo denominado Metástasis marca el inicio de un proceso judicial sin precedentes, pues involucra a cabezas y funcionarios de varias instituciones, incluidas la Corte Nacional, el sistema penitenciario, la Policía, abogados, políticos…

Mensajes, documentos y fotos comprometedores hallados en su celular los tienen contra las cuerdas. Este viernes 15 de diciembre el juez Felipe Córdova ordenó la prisión de Wilman Terán y otros 15 implicados.

Norero fue un narcolavador, parte de la camada de jóvenes pandilleros de Los Ñetas y Latin Kings, que hace más de 14 años firmaron un acuerdo fallido de paz con el gobierno de la revolución ciudadana.

Redacción Código Vidrio

En minutos los mensajes alarmantes del expresidente Rafael Correa y del titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, coparon la red X. Todavía faltaban muchas horas para que la Fiscalía ejecuatara el megaoperativo Metástasis.

A las 11:31 del miércoles 13, Correa escribía: “Tenemos esta información: Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada, un allanamiento nacional grande  contra gente que está molestando a la 10/20. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso de concurso del Consejo de la Judicatura”.

Terán fue más allá. A las 19:50 del mismo día subió un video musicalizado en el que dijo que la Fiscalía y ciertos sectores de la Corte Nacional de Justicia se “fraguaban” allanamientos a decenas de predios en un proceso que, según él, obedecía a intereses para golpear a la justicia y a la democracia. Aunque repitió varias veces: “aquí estoy”, desde su despacho en la Presidencia de la Judicatura, la hora de los allanamientos y de su detención aún tardaría en llegar. Ocurrió en su casa, en el valle De los Chillos, en la madrugada.

En las fotografías y videos sobre el operativo se aprecia una vivienda grande, con pisos y paredes forrados por porcelanato y mármol, piscina, mesa de billar y futbolín, muebles y acabados aparentemente costosos y otros elementos. Pero lo que más llamó la atención de lo que encontraron los encargados de la diligencia fueron los voluminosos fajos de dinero que, según Fiscalía, sumaban USD 25.000 en billetes de 100 y 20 dólares. Mientras tanto, según su declaración patrimonial, la casa de Terán tiene un valor de USD 80 000, su patrimonio es de USD 322.934 y tiene deudas por USD 87.965. Su salario bordea los 4.500 dólares.

Mientras los mensajes de Correa y Terán se regaban como pólvora en redes sociales entre sus seguidores hasta entradala noche, en la madrugada del 14 de diciembre la Fiscalía confirmó que algo grande estaba ocurriendo. En un video oficial la fiscal Diana Salazar anunció la detención de Terán y explicó que se trataba de una investigación sin precedentes, que alcanzaba a 37 personas.

En una extenuante audiencia, que se inició a las 16:00 del jueves y continuó hasta el viernes 15, Salazar pidió prisión preventiva para los 31 acusados que fueron capturados en la operación. Todos se acomodaron en tres salas de la Corte Nacional. Solo para uno de los detenidos, Salazar solicitó arresto domiciliario. Se trata del exjuez Ronald Guerrero, pues es de la tercera edad. Para todos pidió también prohibición de enajenar bienes, prohibición de salida del país y congelamiento de sus cuentas.

Otro implicado en el caso, sin orden de prisión, es el juez nacional Luis Antonio Rivera. Su despacho es parte de la lista de lugares que debían ser allanados durante el megaoperativo. En cambio, otros como el general en servicio pasivo Pablo Ramírez, exjefe antinarcóticos y exdirector del SNAI; los jueces Álex Palacios, Carlos Alfredo Zambrano, Johan Marfetán, Glenda Ortega, Paúl Zumba, José Luis Segovia, María José Aguirre y Emerson Curipallo; los exjueces Ángel Lindao, Adolfo Richart Gaibor y Ronald Guerrero, sí fueron detenidos, al igual que otros funcionarios judiciales, fiscales y policiales.

El juez nacional Felipe Córdova dictó prisión preventiva para 16 de los detenidos en el operativo Metástasis. Se trata de Wilman Terán, Emerson Curipallo, Hélive Angulo Bravo, Alexander Novillo, Álex Palacio, Adolfo Gaibor, Mayra Salazar, Santiago Paúl Zumba, José Luis Segovia, Sofía García, María José Aguirre, Héctor Paredes Flores, Genaro García, Christian Sánchez, Neycer Mazón y César Acaro, en la Cárcel 4 de Quito. Otros como el general (SP) Pablo Ramírez recibieron medidas sustitutivas y podrán defenderse en libertad en esta causa por delincuencia organizada.

La tónica de las intervenciones de los abogados y de los acusados durante toda la madrugada fue señalar que no hay elementos suficientes para que sea necesaria la prisión preventiva. Por lo cual solicitaban medidas sustitutivas como arresto domiciliario o presentación periódica ante las autoridades.

Hasta el cierre de esta edición, Terán no había dado su versión. Pero en un video difunido en sus redes horas antes denunció un supuesto interés de ciertos sectores por interferir en la justicia. De hecho, esta semana hubo tensión porque el funcionario decidió continuar con el cuestionado concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional. Respondía a acusaciones de irregularidades en el proceso asegurando que era transparente y legal.

En la diligencia se conoció que su implicación en este proceso se debía a que entró en una cadena de beneficios y coimas cuando era juez de la Corte Nacional.

Esta historia, que ha causado un remezón a todo nivel, comenzó hace 19 meses. Exactamente el 25 de mayo de 2022, cuando Leandro Norero Tigua, alias El Patrón, sus hermanos y su pareja fueron detenidos, por una investigación de lavado de activos.

La información que recabó la Fiscalía junto a la Policía se extiende desde esa fecha hasta el 3 de octubre del mismo año, día en el que Norero fue una de las 15 víctimas de una nueva masacre en el Centro carcelario de Cotopaxi. Cuando lo asesinaron, tenía 36 años.

Parte de la información medular del caso fue extraída de celulares que Norero usaba en ese centro. Ahí se encontraron indicios sobre una “empresa criminal que tenía por finalidad garantizar la integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad; y, la impunidad de Norero y sus familiares, a través de actos de corrupción que permearon a todo nivel”, según reza el documento de Fiscalía.

Los 38 implicados están entre los cabecillas de esta organización, que circulaba información reservada y tenía planes para amenazar, atacar o hasta asesinar a funcionarios, policías y periodistas. Altas sumas de dinero circularon de por medio.

Miles de explosivos mensajes

La Fiscalía llegó a esa teoría del caso luego de revisar  más de 14 000 páginas donde constaban miles de mensajes entre Norero, sus abogados y varios de los implicados. Uno de los principales blancos de los planes de Norero era la agente fiscal Lidia Sarabia.

En los chats encontraron datos personales, fotos suyas, de su casa y su familia, y varias ideas de cómo afectarla. Una de ellas implicaba depositar dinero desde el extranjero en sus cuentas bancarias para luego despertar sospechas sobre Sarabia, difundiendo esa información en el medio La Posta.

En la lista de este grupo que buscaría “paraísos jurídico-penales” hay altos oficiales de la Policía, funcionarios judiciales y fiscales, jueces, ex jueces y miembros de grupos delictivos que estaban vinculados principalmente con Norero.

Sus primeros pasos delictivos los dio como miembro de Los Ñetas, grupo con el que participó de un fracasado plan de pacificación con el gobierno de Rafael Correa desde el 2008. Una foto suya junto a Correa y a Ricardo Patiño, uno de los principales coidearios del exmandatario, es parte de la corta historia de este capo, en sus primeros años.

Los celulares de Norero contenían información que permitió a la Fiscalía construir un caso y, tras meses de preparación, más de 900 personas de la Policía y la Fiscalía allanaron 86 inmuebles desde la madrugada, en Riobamba, Guano, Guayaquil, Daule, Latacunga, Santo Domingo, Manta, Quito, Samborondón, Salcedo, El Guabo, La Concordia, Portoviejo, Durán, Rumiñahui, Salitre, Loja y Manta.

En la lista de lugares registrados no están únicamente casas y departamentos. También unidades policiales y judiciales. Otros lugares privados investigados fueron despachos jurídicos, un patio de venta de autos y otro de renta y una farmacia.

Entre las acciones previstas, y autorizadas por el juez Felipe Córdova está la incautación de joyas, dinero, armas, celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentos, entre otros. Pero también hay una orden para detener 27 vehículos de distintos dueños, entre ellos uno de marca Audi. Resalta en la lista un nombre, el del juez de la CJ Byron Guillén Zambrano. Si bien él no está en la lista de acusados por Fiscalía, su vehículo de marca Mitsubishi sí tiene orden de registro, aprehensión y detención. Todo el proceso se levanta bajo la sospecha que deberá ser probada en la Corte de que “varios individuos se habrían concertado para formar una estructura delictiva, con el fin de ejecutar conductas que lesionan el eficiente funcionamiento de la administración pública, la tutela judicial efectiva y la economía nacional”.

Aunque apenas ahora se conoce algo más sobre la explotación los teléfonos de Norero, tras su muerte ya empezaron los rumores sobre su contenido. Cuando Fernando Villavicencio (+) presidía la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dio una pista de lo que 14 meses después estallaría: “se conoce que hace pocos días se realizó la explotación del teléfono y se habrían encontrado contactos con varios líderes políticos”. La información en ese entonces fue desmentida por Fiscalía, que señaló que el teléfono y su información se encontraban resguardados en cadena de custodia. Según la investigación, Villavicencio también estuvo entre los objetivos de Norero, pues habría ordenado seguirlo y también habría intentado contactarlo a él y a su esposa, Verónica Sarauz, con la idea de hablar con ellos.

De acuerdo con Salazar, los líderes entregaban dinero ilegalmente obtenido a funcionarios que estaban a cargo de los procesos legales en contra de miembros de bandas criminales. “El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través de dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos”.

En la audiencia hubo más revelaciones. Por ejemplo, Norero escribió en mensajes que él ordenó asesinar al abogado Harrison Salcedo, en abril de 2022. Salcedo había insultado a su madre y se habría aliado con sus enemigos para atacarlo, pero El Patrón se le adelantó. El fallecido fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas y de Daniel Salcedo, quien también está implicado en el caso Metástasis. Otra de sus víctimas sería el periodista y candidato a concejal de Manta, Gerardo Delgado, asesinado en agosto de 2022, aparentemente por error, aunque se hablaba en los mensajes de la intención de secuestrarlo.

La fiscal Salazar envió un escrito sobre la Actuación Fiscal Urgente No. 1456 AA AUFDO-16. El caso tuvo un antecedente el 1 de noviembre de 2023 y se inicio por un presunto delito de sicariato. Allí se determinó que había una presunta organización delictiva de gran impacto.

La audiencia de formulación de cargos arrancó cerca de las 16:00 y se alargó entre los elementos que presentó la parte acusadora y las respuestas de los acusados. Terán, por ejemplo, dijo que ha sito sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como limitaciones en su alimentación, hidratación, aseo y descanso. Incluso pidió la recusación del juez Córdova. Lo dijo en la audiencia y lo repitió en su cuenta de X, a pesar de que en declaraciones a los medios señaló que estaba incomunicado.

Al respecto, Salazar señaló que la organización investigada acostumbra a presentar recusaciones, con el fin de conseguir impunidad. Ella respondió así a los abogados que argumentaban que los detenidos no sabían la razón por la que fueron detenidos y por ello trataron de señalar que fue ilegal.

JusticiaAcorralada. Solo uno de cada 10 procesados por delincuencia organizada recibe una pena de entre 7 y 10 años. El 64% de casos de narcotráfico termina siendo sancionado como delincuencia organizada y bajo el procedimiento abreviado que garantiza penas leves. Los delincuentes y sus abogados aplican la fórmula a discreción con el espaldarazo de fiscales. 28 integrantes de la banda de Los Lobos se beneficiaron en julio pasado de este esquema.

Redacción Código Vidrio

“Acabe rápido la audiencia, ya sabemos cuántos años nos van a dar. Somos Los Lobos”. El destinatario de este mensaje es uno de los jueces de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizada que opera desde diciembre de 2022.

Se pudiera pensar que este mensaje con tono desafiante fue enviado de forma directa y personal al juzgador, a través del servicio de mensajería WhatsApp. Pero no. El recado fue escrito en la opción de chat que tiene la plataforma Zoom, cuya licencia usa la Función Judicial para la celebración de audiencias telemáticas y al que tienen acceso todos los sujetos procesales participantes.

De hecho, el Juez leyó el mensaje durante el desarrollo de la audiencia en la que se dictaría sentencia a los 28 integrantes de la banda de Los Lobos, acusados de delincuencia organizada, tipificado con pena máxima privativa de libertad de 7 a 10 años en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), redactado en el gobierno de Rafael Correa.

¿Por qué estos ‘Lobos’ escribieron que conocían el tiempo la sentencia que iban a recibir?

Ellos habían aceptado el planteamiento del fiscal para someterse al procedimiento abreviado, previsto en el art. 635 del COIP, que se puede aplicar en infracciones sancionadas con hasta 10 años de prisión; precisamente el caso de estos 28 delincuentes.

En resumen, esa normativa permite que el procesado acepte este procedimiento, admita los cargos y, en recompensa, reciba un castigo menor. “La pena sugerida será el resultado del análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes, conforme lo previsto en este Código, sin que la rebaja sea menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal”, detalla el art. 636.

En este caso, después de analizar el caso, el fiscal resolvió que 2 años y 2 meses era la pena adecuada para el principal autor de este caso de delincuencia organizada, mientras que para los 27 restantes una condena de un año y 8 meses era más que suficiente. Una ganga para los condenados.

En el día de la audiencia el fiscal intervino, expuso el cumplimiento de los requisitos legales del procedimiento abreviado y presentó la pena para que el juez anticorrupción la acoja. En estos casos, el juez no tiene margen de maniobra, pues el COIP determina que debe acoger la propuesta del fiscal después de revisar que cumpla las formalidades que establece la ley.

Sin embargo, lo que más llama la atención en este caso es que los 28 habían sido detenidos después de un prolongado y sistemático trabajo investigativo, que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos, entre septiembre de 2022 a febrero de 2023. Y que, además, como resultado de esa operación policial se evidenciaron que existían indicios de otras posibles infracciones, con castigos más severos que el de delincuencia organizada.

Un botón de muestra. En el expediente se lee que hubo actividades relacionadas con tráfico de drogas. “Existiría un grupo organizado (…) con el propósito de cometer varios delitos entre los cuales está el tráfico de drogas a máxima escala”, señala el relato de los hechos atribuidos a los sentenciados.

Según el art. 220 del COIP, el tráfico de drogas a gran escala tiene una pena de 10 a 13 años. Si se hubiera abierto otro proceso por esa infracción, simplemente resultaba imposible que estos 28 ‘lobos’ se acogieran al procedimiento abreviado para recibir una condena ínfima.

“Bien se podía haber señalado que hay concurso de otros delitos o investigar alguno más en particular”, apunta un abogado penalista que prefiere el anonimato.

La feria de los abreviados

Una investigación del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, en el que se analizaron 149 causas por delincuencia organizada, entre 2015 y 2020, establece que el 56% de procesos recibieron sentencia con un  procedimiento abreviado. El estudio también revela que el 33% no recibió ninguna condena, ya sea porque se ratificó el estado de inocencia, faltó acusación o hubo sobreseimiento (ver cuadro).

 

 

De este modo, la estadística revela que solo uno de cada 10 procesados por delincuencia organizada recibe una pena de entre 7 y 10 años. Y deja en evidencia que en ningún caso de este universo se abrió una nueva investigación por otros delitos conexos, ya sea tráfico de droga a gran escala o sicariato, que llevan a condenas más elevadas.

Si una constante es que las causas por crimen organizado no se deriven a procesos por infracciones más graves, la investigación del Observatorio arroja otra conclusión reveladora: cuando existen acusaciones por delitos que no permiten acogerse al procedimiento abreviado, como es el caso de tráfico de drogas a gran escala, hay un porcentaje importante de reformulación de cargos a la figura de delincuencia organizada, que facilita que los acusados accedan a ese beneficio y, por ende, obtengan penas leves. En pocas palabras, el traje se ajusta a la medida de los clientes (los condenados) con puntadas del sastre (el fiscal).

Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, señala que el 64% de causas que empezó por narcotráfico fue objeto de una reformulación de cargos por parte del fiscal del caso y terminó convirtiéndose en procesos por delincuencia organizada, que sí permite el procedimiento abreviado.

La reformulación de cargos consta en el COIP y es una facultad de exclusivo ejercicio de los fiscales. Puede concretarse solo si los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha cuando se argumentan las acusaciones. Solo bajo esas condiciones, la o el fiscal puede pedir al juez audiencia para la reformulación.

Si bien ese instrumento es perfectamente legal, ante la arremetida del crimen organizado en los últimos dos años, se abre el debate si hay algunas motivaciones externas al proceso que hagan posible una reformulación de cargos, que en estos casos es muy conveniente para los procesados.

Al ser consultado sobre este punto, Rivera señala que una de las explicaciones posibles son las intimidaciones y amenazas de las que serían objeto agentes fiscales por parte de bandas delincuenciales.

De acuerdo con información oficial, entre 2021 y 2023 91 fiscales han recibido protección por amenazas contra su vida.

¿Un freno al procedimiento abreviado?

El primer trimestre del 2023, el Legislativo aprobó un paquete de reformas al COIP. Entre ellas, el aumento de la pena para la infracción de delincuencia organizada, que ahora se sanciona hasta con 13 años de cárcel.

En teoría, con esta reforma, los procesados por delincuencia organizada ya no tienen la posibilidad de acogerse al procedimiento abreviado y recibir penas leves, como la sentencia de 20 meses que recibieron 27 de los 28 ‘lobos’ en la audiencia del 28 de julio de 2023. Ese día ellos estaban muy apurados. Conocían exactamente la pena que recibirían, pues fue “sugerida por la Fiscalía y acordada con las defensas técnicas de los procesados”, señala el expediente.

De ahí se entiende que con tanta tranquilidad le escribieran al juez en el chat de la plataforma Zoom, que “acabe rápido la audiencia”.

 

Alianza Código Vidrio – Vistazo

Desde el mirador turístico “El Ceibo”, en Tena, se ve cómo una docena de volquetas y excavadoras de oruga mueven y acarrean tierra en la zona de Yutzupino, a orillas del río Napo. Allí se vivió la fiebre del oro ilegal entre finales de 2021 y principios de 2022, cuando cientos de maquinarias y miles de personas entraron buscando fortuna y dejaron un daño ambiental sin precedentes. Cerca de 200 hectáreas de vegetación fueron devastadas.

El lugar es turístico y se encuentra a solo unos metros de distancia de la Troncal Amazónica que conecta las provincias de Napo y Pastaza, lo que deja serias dudas de porqué las autoridades demoraron tanto en hacer la intervención que finalmente se dio en febrero de 2022.

Después de más de un año de la intervención, los colectivos sociales denuncian que las actividades ilegales en esa y otras zonas de la provincia no han cesado. Incluso aducen que la empresa china Terraearth Resourses estaría trabajando con mineros ilegales, lo que la compañía ha negado rotundamente. La empresa argumenta que trabaja en la remediación ambiental y que sus directivos hacen constantes denuncias de las invasiones de mineros ilegales.

Precisamente las máquinas que se ve operar ahora en Yutzupino son de Terraearth, puesto que hace menos de un año la empresa consiguió una licencia para el “Proyecto Minero Tena” en cuatro de sus seis concesiones que abarcan más de 7.000 hectáreas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho. Estas se encuentran a orillas del río Napo y sus afluentes. Terraearth dice que trabaja legalmente por el desarrollo de la industria minería  y ayuda a las comunidades, pero colectivos sociales afirman que esto ha incentivado la expansión de la minería ilegal y el daño ambiental, incluso se ha denunciado que Terraearth compró el oro ilegal que salió de Yutzupino.

Un informe de Contraloría, que audita las concesiones mineras en Napo entre 2019 y 2022, presentado en octubre de este año, concluye que tres de las concesiones de Terraearth: El Icho, Anzu Norte y Talag, presentan frentes de explotación sin rehabilitación, acumulación de aguas sin tratamiento, áreas no rehabilitadas ni reforestadas y actividades mineras antitécnicas.

Por otro lado, el “Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas”, de julio de 2023, que observó 28 proyectos chinos en América Latina en los que se evidenciaron afectaciones a los derechos humanos y la naturaleza, puso el ojo en 8 proyectos en Ecuador, uno de ellos es Terraearth, ubicándolo como un foco de minería ilegal. El informe, emitido desde Ginebra, alerta también sobre la inacción de Estado, la falta de consulta previa en este proyecto. Incluso, pone sobre el tapete la muerte de 15 personas al colapsar dos frentes cuando miles de personas llegaron a hacer minería ilegal en Yutzupino, concesiones de Terraearth.

El cuestionado “Proyecto Minero Tena”

En 2020, Terraearth presentó su estudio de impacto ambiental con miras a hacer realidad su proyecto, pero el documento recibió la oposición de varios colectivos que hicieron observaciones como, por ejemplo, inconsistencias en el manejo del agua de los ríos, falta de consulta a las comunidades, la ausencia de funcionarios de las instituciones estatales en la socialización del proyecto, entre otras. Por lo que el Ministerio de Ambiente suspendió el trámite y pidió a Terraearth volver a presentar la documentación en 2021. Pero mientras se hacían todos estos papeleos estalló la fiebre del oro ilegal en Yutzupino en la concesión Confluencia.

Posterior al escándalo, el Ministerio de Ambiente aceptó los argumentos de Terraearth de que no tuvo nada que ver en las actividades ilegales y aprobó el estudio de impacto ambiental; le otorgó la licencia el 1 de noviembre de 2022, según la resolución con código MATE-SCA-2022-0032-R. Sin embargo, la licencia fue solamente para la restauración y remediación ambiental de tres frentes afectados por la minería ilegal: uno en Naranjalito y dos en Yutzupino, antes de pasar a la explotación de oro. Según los videos y comunicados que Terraearth promociona constantemente a sus redes sociales, esas son las únicas actividades que está realizando.

A mediados de año, el exministro de Ambiente, José Dávalos, se refirió al tema: “Cuando la minería ilegal ocurre dentro de concesiones, lo único que podemos hacer es iniciar un proceso sancionatorio contra el titular minero. Con eso la empresa debe demostrar que no fue culpable del daño ambiental. Y aunque no hay sanción, debe implementar un plan de restauración del sitio, porque está a su cargo”, dijo a la revista Minergía. Agregó que ese plan de restauración tomaría todo el año 2023.

No obstante, según José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama La Vida, Terraearth aprovechó la licencia para expandir las operaciones de extracción de oro en las concesiones de denominado “Proyecto Minero Tena” a través de contratistas y subcontratistas. De hecho, en febrero de este año, el colectivo hizo un sobrevuelo y encontró operaciones de minería, lo cual denunció ante los medios, por lo cual la empresa recibió un llamado de atención de las autoridades de control.

Un mes después, una operación de las autoridades en la concesión Talag de Terraearth, desarticuló un campamento de minería ilegal. Eso motivo para que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables enviara un informe “de calificación técnica” para que se diera inició al proceso de caducidad de la concesión “TALAG COD 400409” al Ministerio de Ambiente. En ese operativo, Moreno fue agredido por los mineros, según quedó registrado en un video.

El dirigente dice que ya está acostumbrado a las amenazas y que seguirá denunciado, porque lo que está pasando en Napo es muy grave y parece ser que las operaciones ilegales se siguen expandiendo a vista y paciencia de las autoridades. En noviembre, Napo Ama La Vida hizo una nueva denuncia sobre frentes de minería ilegal en las concesiones Talag y El Icho, en las comunidades kichwas Nueva Jerusalén y San Gabriel de Chumbiyacu, pero hasta ahora las autoridades no se han pronunciado (hipervínculo.

Esta alianza periodística dirigió un pedido de entrevista a los directivos y voceros de Terraearth a través de sus correos electrónicos, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Sin embargo, se pudo constatar que, entre el 30 de junio y el 19 de octubre, Terraearth presentó cinco denuncias en Fiscalía por casos de minería ilegal en sus concesiones, la última en Talag, donde habían estado trabajando dos maquinarias.

De todos modos, lo que causa preocupación para los críticos del Proyecto Minero Tena es que la licencia se haya otorgado después de tantos antecedentes de Terraearth. En octubre de 2020, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Agua realizó la suspensión total de las operaciones en otra de sus concesiones: Regina 1S, tras identificar que estaba haciendo descargas de agua sin tratar al río Chumbiyacu. El Ministerio había llamado la atención a la empresa meses antes, pero hizo caso omiso.

Por ese mismo motivo, Alexandra Borja, una moradora del sector puso una denuncia contra Terraearth, canalizada a través de la Defensoría del Pueblo, por causar devastación ambiental en terrenos de su propiedad donde había hecho operaciones mineras. Por otra parte, Pedro Recalde, un habitante del sector Nueva Esperanza, demando penalmente a Terraearth por el delito de incumplimiento de contrato. Él arrendó sus propiedades a Terraerth para que extrajera oro. Le ofrecieron un dinero a cambio y le prometieron que dejarían reforestando. La empresa no le pagó lo acordado y solo hubo destrucción. Una jueza de Tena sentenció a Terraearth pagar una suma de 43 mil dólares para Recalde, pero apeló y otro juez archivó la causa. Como Recalde hay una docena de casos que han demandado por daños ambientales.

Depende de la Justicia

Napo se caracteriza por ser un ecosistema privilegiado para el turismo. En el río Yatunyaku, que alimenta al Napo, por ejemplo, se practica rafting, pero esa actividad se ha visto mermada por la minería ilegal que se asienta a orillas del río. En un descenso en estos botes se puede ver claramente los desbroces de selva, las maquinarias procesando el material y canales de aguas sin tratamiento que van directo al río. “Es una pena, porque algunos turistas nos dicen: “yo no he pagado para ver esto, yo quería ver la naturaleza pura”. Se van decepcionados”, comenta Miriam Robles, una operadora turística que se dedica a esa actividad por más de 20 años y desde hace casi una década ha visto cómo poco a poco la actividad extractiva se ha ido tomando el río. Incluso afirma que han recibido agresiones de los mineros.

Todo esto provocó que activistas, operadores turísticos y líderes indígenas se unieran para presentar una acción de protección, junto con la Defensoría del Pueblo, para que las autoridades estatales se hagan responsables de las actividades antitécnicas de los mineros con concesiones legales y de la minería ilegal. Eso fue en 2021, antes de que estallara la fiebre del oro en Yutzupino. Para ese entonces, un estudio de la Universidad IKIAM, ya había detectado altos niveles de contaminación en la cuenca del río Napo, en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. Se detectó concentración de metales pesados tóxicos en las cuencas hídricas con, hasta un 500 por ciento por encima de los límites permitidos por la norma ambiental. Además, se había comprobado la muerte del río Chumbiyacu, lo que significa la perdida de ecosistemas acuáticos. Justamente en 2020, Terraerarth recibió una notificación en 2020 por hacer descargar de aguas sin tratar a eses río. También se encontró que las lagunas de desechos mineros iban a parar a los ríos sin ningún tratamiento ni control.

La denuncia detallaba las posibles ilegalidades en la otorgación de concesiones, no solo de Terraearth, sino de otro centenar de concesionarios, ya que ninguna había contado con la consulta previa a las comunidades, como manda la Constitución. El 13 de abril de 2022, un tribunal de Napo falló a favor de los demandantes y exigió al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación. Para ello, la sentencia también exigió ejercer el derecho de repetición contra varias concesionarias, entre ellas Terraearth. Eso quiere decir que asuman los gastos. E incluso podría significar la reversión de las licencias y concesiones. Pero casi nada de eso se ha hecho aún, las autoridades se han excusado diciendo que no hay el personal ni los recursos necesarios, pero que se han realizados intervenciones puntuales.

 

Por eso, para Andrés Rojas, quien fue delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, es necesario que el Estado central declare la emergencia ambiental para Napo, así como también la declaratoria de estado de excepción focalizado, antes de que estale otro Yutzupino. Para que la sentencia sea cumplida se elevó a Corte Constitucional, pero eso demorará en resolverse.

Pero mientras eso pasa, en las audiencias de las acciones de protección, ha llamado la atención la presencia de los abogados de Terraearth, puesto que la empresa no es accionada, es decir, no es acusada. Los accionados son las autoridades estatales que debían hacer cumplir la ley. Según una persona cercana al proceso, el juez puede llamar a la empresa como tercero afectado, pero los argumentos que presente no pueden ser tomados para la resolución del proceso judicial. El pasado miércoles 29 de noviembre se realizó una audiencia, pero tuvo que ser cancelada porque, con el cambio de gobierno, llegó un abogado del Ministerio de Ambiente que dijo no estar todavía al tanto de caso.

No se sabe todavía qué postura vaya a tomar el nuevo gobierno, pero los demandantes esperan que al fin los jueces dicten una resolución para remediar los problemas ambientales y que se inicien investigaciones penales.

Según el Cuarto Informe de Naciones Unidas, “la actividad minera ilegal en la provincia del Napo demuestra que existen 48 frentes mineros activos, que impactan directamente en la deforestación de la selva amazónica en las comunidades: Yutzupino, Naranjalito, Nueva Jerusalén, Pioculin, Limonchicta, Moretecocha, Shiguacacho, Santa Mónica, Ishkayacu, Punino, Galeras y Huambuno.” Pero nadie sabe si será posible sanear todo eso, mucho menos si las autoridades no toman acciones urgentes.

Ni la muerte del exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio detuvo los procesos que en su contra y de su familia se iniciaron en el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde noviembre de 2018. En septiembre de 2023, menos de un mes después de su asesinato, funcionarios del SRI presentaron una nueva denuncia dentro de un caso denominado El Leñador en la Fiscalía.

Redacción Código Vidrio

El 6 de septiembre de 2023 por impulso de las autoridades del SRI se abrió la indagación previa 170101823090901, que se suma a una larga lista de señalamientos, denuncias y procesos judiciales de las que han sido blanco, tanto Villavicencio como dos de sus hermanos, y su tío. Incluso, sobre el medio digital Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio junto con Christian Zurita, hasta antes de entrar de lleno al mundo de la política.

Este medio buscó un pronunciamiento de Germán Villavicencio, hermano del exlegislador, pero no respondió a nuestras llamadas y mensajes a su teléfono celular, proporcionado por sus familiares. Él también enfrenta otra denuncia por supuesta defraudación, a pesar de que el SRI previamente le había dado la razón, de forma parcial, a través de un recurso de revisión, en otro caso.

En enero pasado, las acciones del SRI, que tiempo atrás Villavicencio calificó como persecución desde el Estado, también fueron más allá del ámbito tributario. Una nueva denuncia por el supuesto delito de revelación ilegal de bases de datos fue interpuesta por representantes de esa entidad. Fue formalizada a través de la investigación 170101823010637, según fuentes de la Fiscalía.

Funcionarias del SRI pidieron que en este proceso se realizará una pericia informática a los medios digitales La Historia EC y Periodismo de Investigación, sin que hasta el momento quede claro el porqué de esos pedidos, lo cual tampoco ha sido explicado por el SRI.

La denuncia estaría relacionada con una publicación conjunta que hicieron ambos medios el 25 de julio de 2021, bajo el titular “La persecución de los Inapapers”. En ese informe se describe cómo se llevaron a cabo las acciones del SRI, dentro de una estrategia del gobierno de Lenin Moreno que buscaba “desacreditar al mensajero (Villavicencio), anulando su mensaje”.

En resumen, se trataba de una estrategia para golpear la reputación de Villavicencio y así mermar sus denuncias sobre los supuestos negociados en la contratación de Coca Codo Sinclair y sobre los casos Inapapers y Arroz Verde, que salpicaban a exautoridades, especialmente al entonces presidente Lenín Moreno, hoy procesado penalmente, y a su círculo cercano. Eso lo denunció constantemente el experiodista y exlegislador.

Este medio buscó un pronunciamiento del SRI sobre los procesos y las denuncias que se mantienen abiertas en casos que relacionan al excandidato presidencial y algunos de sus familiares cercanos, así como acerca de la solicitud que hizo la entidad a la Fiscalía de peritajes a los dos medios digitales.

La entidad respondió escuetamente, sin referirse a la denuncia: “No es posible entregar información relacionada con planes y programas de control. Los mismos son de carácter reservado, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno”.

La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, desconoce esos nuevos casos. Ella cree que “los procesos que se tramitaban en contra de Fernando se extinguieron cuando murió. Los que se abrieron en el SRI no fueron propiamente contra él sino contra su familia y entiendo que sobre eso se llevó un proceso interno en el SRI”, indicó.

Al ser consultado sobre el pedido de peritaje, Marlon Puertas, director de La Historia, dijo que no ha recibido ninguna notificación y que también desconocía la investigación previa, impulsada por la coordinadora penal Natalia Endara.

Cuesta revela información reservada de Villavicencio

Sarauz también recordó que cuando el exasesor de Lenin Moreno, Santiago Cuesta, acusó a Villavicencio de supuestamente lavar dinero a través de la pizzería de su hermano, se llegó a la conclusión de que se utilizaron documentos falsos para perjudicarlo”, con apoyo de funcionarios del SRI.

Agregó que las cuentas de Villavicencio siempre estuvieron claras y abiertas al proceso. “Una vez que Fernando no está aquí, será la familia la que tendrá que responder sobre los manejos de sus negocios. Si es que hay o no un proceso en contra de Villavicencio, en el momento de su muerte se extinguió”.

El 30 de diciembre de 2022, Villavicencio alertó en su cuenta en X la operación de Cuesta. “ATENCIÓN| El @SRIoficialEc confirmó la manipulación y difusión de información falsa sobre mi familia, realizada en 2019 por orden de Santiago Cuesta. El operador interno de este delito fue José Almeida, quien salió del país…”.

Se refería a una entrevista en el programa de Carlos Vera, “Veraz”, el 9 de mayo de 2019, con el consejero Santiago Cuesta. El entonces influyente funcionario hizo varios señalamientos y presentó documentos, incluido un Informe Ejecutivo Ampliado del SRI sobre Villavicencio. Mencionó también que accedió a información bancaria que catalogó como “pública” sobre los movimientos en las cuentas de familiares del exlegislador.

Cuando Vera le consultó si era legal esta exposición, dijo: “Uso las mismas armas, tengo derecho a reprimir el ataque. Legítima defensa es utilizar las mismas armas que usas contra mí, para defenderme. Villavicencio saldrá a decir con mi familia no te metas y aquí hablamos de cuentas de las hijas y la esposa. Es un negocio muy raro, porque produce cero de pago de impuesto a la renta”.

Cuesta pidió públicamente a Villavicencio que abriera cinco cuentas repartidas en tres bancos, “así como él le pidió a Moreno que abriera las suyas”.

En varios espacios informativos y en sus redes sociales, Villavicencio se defendió diciendo que sus declaraciones de impuestos no podían tener valores, pues durante varios años enfrentó nueve procesos judiciales, vivió en el exilio, para evitar ser apresado. Además indicó fue declarado insolvente cuando no lograba pagar USD 47.306 que le fueron impuestos por un juez, para entregárselos al expresidente Rafael Correa, tras un juicio por supuestas injurias. Sumas similares debían pagar el exlegislador Cléver Jiménez y el médico y activista Carlos Figueroa.

Además, Villavicencio recordó en ese entonces que la Corte Nacional de Justicia ordenó que se le restablecieran sus derechos políticos, pero eso tardó en concretarse. Según él, durante su exilio y su tiempo en la clandestinidad recibió apoyo económico de instituciones como el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), de Perú, de empresarios pequeños y logró recaudar algo de dinero por medio de la venta de los libros de su autoría.

En julio de 2021, Fundamedios publicó una alerta cuando el SRI entregó una serie de documentos a Villavicencio, quien los solicitó en su calidad de legislador. Según el texto de Fundamedios y las aseveraciones de Villavicencio, quien demandó a Cuesta en la Fiscalía por revelación de información reservada, esa información probó la persecución que el Gobierno de Moreno realizó en su contra como una reatlización por sus denuncias periodísticas.

Los procesos se reactivan

Cuando Guillermo Lasso llegó al poder, en mayo del 2021, las investigaciones y controles alrededor de Villavicencio y su gente cercana se frenaron, pero se reactivaron luego de que él criticó los acuerdos que hizo el Ejecutivo con las bancadas de la Asamblea, incluyendo la abstención del bloque correista, que permitió que la Ley de Desarrollo Económico se aprobara por el Ministerio de la Ley, a fines del mismo 2021.

En el contexto de sus denuncias sobre el caso Encuentro y El Gran Padrino, que involucraban al Gobierno,  también se activaron estos procesos tributarios luego de poco tiempo, pese a que entonces estaban en marcha mediaciones para llegar a acuerdos de desestimiento entre la familia Villavicencio y el SRI. Además, se activó una denuncia y se abrió una indagación previa en contra de Villavicencio y otras personas ajenas.

Entre fines de 2018 y la actualidad, al menos ocho altos funcionarios que han ocupado distintos cargos en los tres últimos gobiernos participaron y motivaron los procesos en contra de Villavicencio. Lo hicieron desde distintas divisiones del SRI como Cumplimiento Tributario, Inteligencia Tributaria, Control Tributario, Riesgos Tributarios, Coordinación Penal.

Así, el excandidato presidencial que fue perseguidos por distintos engranajes del estado mientras vivía continúa siendo blanco de investigaciones. Tampoco sus familiares que aún lo lloran y exigen que su crimen no quede en la impunidad.