Especiales

37 funcionarios, entre médicos y administrativos, eran parte de la red que robaba y clonaba documentos para vender carnets de discapacidad, desde 2014. Operaban en casas de salud de Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Los certificados costaban entre 2.500 y 3.300 dólares y se obtenían en un solo día. Las sospechas de corrupción se extienden al Conadis, que hasta el 2013 otorgaba ese documento. Precisamente, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, fue denunciado por poseer el carnet, que certifica su supuesta discapacidad visual del 81% y obtuvo en 2009. Para obtenerlo adulteró un certificado médico.

Redacción Código Vidrio

Era como un servicio express. La obtención de un carnet de discapacidad fraudulento podía tomar un día, para quienes pudieran pagar por él entre 2.500 y 3.300 dólares. Por la vía normal este trámite tarda, con suerte, varias semanas. En otros casos hasta meses, según han denunciado familiares de personas con discapacidad.

Un equipo de diez especialistas audita en el Ministerio de Salud la entrega de estos documentos desde 2014 hasta 2020, tras las denuncias de su uso indiscriminado para acceder a una serie de beneficios y exoneraciones tributarias, que hoy se investigan en la Fiscalía.

Por lo pronto, la investigación en la cartera de Salud ya arroja los primeros resultados. Uno de los más relevantes es que han sido identificados 37 funcionarios públicos, entre médicos, asistentes de salud y secretarias en Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo y Quito. Ellos participaron directamente en el trámite, aprobación y venta de los carnets expedidos de forma fraudulenta.

Los funcionarios, al parecer, eran parte de una red que usaba el mismo patrón, según Rafael Tamayo, quien coordina la auditoría.

Para clonar los respaldos robaban sellos de los médicos de la red de salud y los certificados que expedían para carnets de otras personas con discapacidad.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en negociados en contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se supo que tenía un carnet de discapacidad con el cual importó un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares,  que en el país cuesta 100.000.

Entre quienes obtuvieron el documento para beneficiarse de exenciones sin tener una discapacidad o con rangos mucho menores de afectación hay funcionarios, alcaldes, jueces, asambleístas, futbolistas, abogados…

Fundaciones y clínicas emitieron certificados falsos

Dentro de este esquema también se identificó que varias fundaciones y clínicas privadas se prestaron para dar certificados fraudulentos, que eran adjuntados a los expedientes que servían de respaldo para solicitar el carnet, indicó Tamayo.

Las irregularidades se detectaron en todo el proceso de calificación, que empieza con un diagnóstico de la discapacidad, exámenes que la prueben y establezcan su grado de afectación, y la revisión de médicos, psicólogos y trabajadores sociales.

Hasta la fecha se descubrieron irregularidades en la entrega de más de 8.000 carnets: 3.000 durante la pandemia, entre marzo y junio, y 5.000 desde 2014 al 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

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En Guayaquil un solo calificador emitió 4.645 carnets, entre fraudulentos y legales. También se descubrió que entre 2013 y 2019 una epemidemóloga aprobó en dos centros médicos de esa ciudad la entrega de 1.985 carnets sin documentos de respaldo.

Las autorides de Salud han presentado unas 30 denuncias penales en la Fiscalía por adulteración de documentos públicos y delincuencia organizada. En una de las últimas demandas interpuestas los últimos días, a la que este portal tuvo acceso, se detalla que en las investigaciones se estableció que los expedientes de calificación y recalificación tenían información adulterada, con  reportes técnicos fraguados, documentos incompletos, puntuación de trabajo social alterada en el sistema informático. En estos casos tampoco se encontraron las justificaciones técnicas para establecer el porcentaje y calificación de la discapacidad.

45%, 51% y 78%, los porcentajes más aplicados

Entre los respaldos hay hojas en blanco o documentos con tachones. En este esquema se expedían carnets con porcentajes recurrentes del 45%, 51% y 78% de supuesta discapacidad, explicó Tamayo. Buena parte se expidió en los hospitales Teodoro Carbo y Luis Vernanza y otros centros de salud de Guayaquil, así como en hospitales de la Policía.

Para las personas con discapacidad o uno de sus familiares, cabeza de hogar, el carnet les permite el acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales y prebendas laborales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Por eso se volvió un documento muy apetecido para las redes de adulteración, con la participación de funcionarios públicos y operadores privados, que, en algunos casos, enganchaban a los interesados en redes sociales. En Quito, según hemos corroborado, hubo un grupo familiar que se dedicó a ofertar carnets de discapacidad, para la importación de vehículos.

Ante las anomalías detectadas, se decidió la anulación de 2.454 carnets fraudulentos otorgados en la emergencia. Hay 22 profesionales que enfrentan expedientes administrativos por sus actuación supuestamente dolosa durante la pandemia. 29.708 carnets emitidos sospechosos están en revisión, dijo la directora de Discapacidades del Ministerio de Salud Lissete Tapia, en un informe a la Asamblea.

La Asamblea mermó la facultad de control de Salud

Para establecer el perjuicio y las responsabilidades, al Contraloría lleva adelante 59 auditorías. El contralor Pablo Celi informó que a partir de 2018 se reformó el artículo 10 de la Ley de Discapacidades, que impide al Ministerio de Salud extinguir el carnet, si se establece dolo o error en su expedición. La norma también prohíbe exigir la recalificación de una discapacidad, con lo cual se blindaron los documentos entregados de manera fraudulenta y se limitó drásticamente la facultad de control.

Adicionalmente -agregó Celi- desde 2019 el Conadis extendió la vigencia de carnets de discapacidad hasta el 2023.

Pese a que la normativa establece que cada equipo de evaluación de discapacidad debe estar integrado por tres profesionales, en la red de Salud a cargo de estos trámites solo trabajan 631 funcionarios en 397 unidades. Menos de dos profesionales por departamento.

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Durante la pandemia los auditores confirmaron que se entregaron 2.283 carnets de discapacidad y 78 personas tramitaron importaciones de vehículos con exoneración de impuestos. Mientras en 2018 con esos documentos se ingresaron 1.479 autos, en el 2019 se importaron 4.022 carros, es decir que hubo un incremento del 162%.

La corrupción se extiende al Conadis

Aunque el Ministerio de Salud expide el documento desde 2013, también se han denunciado irregularidades y posible corrupción antes de esa fecha, cuando el Consejo de Discapacidades, CONADIS, tenía esa competencia.

Hay varios casos en investigación. Destaca el de del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz Larrea.

La consejera María Fernanda Rivadeneira denunció a Cruz por haber obtenido un carnet del Conadis en un solo día presentando un certificado médico adulterado de la Fundación Vista para Todos, con el cual se habría beneficiado de varias exenciones, desde 2009.

El carnet de Cruz le atribuye una discapacidad visual de 81%. Edwin Flores, médico oftalmólogo de esa Fundación, confirmó que ningún certificado ha sido expedido a favor de Cruz, lo cual fue corroborado por Diego Nieto, director de la entidad. “El certificado  que presentó Christian Cruz Larrea al Conadis se encuentra adulterado”.

Ayer 22 de julio el pleno del Consejo resolvió pedir la renuncia de Cruz, con los votos de cinco consejeros, por las presuntas inconsistencias en la obtención del certificado. Sin embargo, Cruz dijo que no dejará el cargo, hasta que le «demuestren» con documentos que cometió un acto irregular.

En una encendida reunión, los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán, Sofía Almeida, votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira, en la que se pide a Cruz que renuncie a la consejería. El consejero Francisco Bravo se abstuvo y lo defendió.

El pleno también pidió que se remita el expediente a la Fiscalía, la Asamblea y al Presidente de la República, para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Un pueblo libre debe tener tanto seguridad como libertad. Ambas son fuerzas antagónicas, en constante conflicto. Sin embargo, el estado no puede tener la una sin la otra. Los agentes secretos, tanto los que espían para recabar información, como los que hacen contrainteligencia, simulando otras identidades y montando fachadas, pueden, en ciertos momentos, infringir la ley. Sus prácticas incluyen escuchas telefónicas, seguimientos, instalación de micrófonos, grabaciones ocultas y el robo de todo tipo de documentos y datos. Esa ha sido una constante en la forma de operar de los aparatos de Inteligencia en todo el planeta, a lo largo de la historia. Pero en Ecuador estas prácticas subterráneas de los servicios secretos se volvieron, de facto, una política de estado durante el gobierno de Rafael Correa. En nombre de la seguridad nacional, los servicios secretos, con la Secretaría de Inteligencia a la cabeza, trampearon y quebrantaron la ley de forma sistemática y premeditada. Sus cabezas, desde el nivel político, degradaron la razón de ser de la Inteligencia, entendida como la información indispensable para precautelar la seguridad del país, y en ese contexto la del gobierno. Correa y sus colaboradores la convirtieron en una policía secreta a su servicio, totalmente fuera de control de otros poderes, como el Legislativo. Sus agentes no solo hicieron seguimientos sino operaciones de hostigamiento, agresiones físicas, montajes para incriminar inocentes, acallar opositores y silenciar bestias salvajes, como nos llamó Correa a los periodistas, haciendo suya, sin atribución, una frase del ex primer ministro inglés Tony Blair, otro enemigo jurado de la prensa.
El periodista Juan Carlos Calderón es un testigo privilegiado de esos tiempos tenebrosos. Quién mejor que él para llevarnos de la mano por los sinuosos laberintos del espionaje criollo, durante el gobierno de Correa. Su apuesta por la memoria esta vez nos llega en su libro Después olvidarán nuestros nombres, la historia del agente Ratón y los espías salvajes.
El Ratón es el agente de inteligencia Raúl Chicaiza, un ex sargento de la policía, sentenciado por el plagio del activista político Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Colombia. En esta investigación Calderón desentraña los entretelones de este suceso (con sus antecedentes y repercusiones), que retrata de cuerpo entero un sistema de espionaje corrompido y decadente. El Ratón y Balda son los personajes centrales de esta trama, ambos tienen luces y sombras, pero ambos son -sobre todo- víctimas del sistema de espionaje político y toda su podredumbre, en tiempos de la así llamada revolución ciudadana. Calderón acaba de lanzar esta semana su obra, rigurosamente documentada, con una narración envolvente, intensa. Como un abreboca publicamos uno de los capítulos más reveladores: Habla el Ratón Chicaiza: la Ugsi me puso la cascarita.

Redacción Código Vidrio

Septiembre del 2019. El exagente Raúl Chicaiza, se reunió con el autor. Sus revelaciones, donde cuenta y argumenta según su juicio lo que “verdaderamente pasó”, quedan para la historia del Ecuador:

El señor Fernando Balda no es una persona honesta. Fue muy difícil para nosotros estar en una relación judicial en la cual sobre todo era contra Correa, y contra toda esa gente que trabajamos con ese Gobierno. Debemos estar claros que fue un mandamás, un Gobierno autoritario, y las instituciones como la Policía debemos acatar porque somos subordinados.

Pertenecí a la Dirección General de Inteligencia y asumí la Unidad de Barridos Electrónicos en todo el Ecuador. Barridos en el país nunca existieron. Los barridos en la Casa Presidencial se hacían con detector de metales. Debo agradecer al Estado que me mandó a capacitar en Estados Unidos. A través del vicealmirante Arellano y anterior a él con el arquitecto Jijón conformamos la Unidad. Les hice ver que la cíber seguridad en el Ecuador no existe, ni seguridad ni defensa. Pero teníamos como antecedente, cuando al coronel Patricio Acosta, secretario de la Administración, fue grabado durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Había antecedentes que los equipos, la radio fonomagnéticas existían ya pero no se había detectado.

Conformamos la Unidad en la Dirección de Inteligencia. Hubo una gran apertura del Ejecutivo y se abrieron las puertas para que se conforme el Servicio de Protección Presidencial, y es cuando en la Presidencia se empiezan los barridos electrónicos, la inspección de alimentos para el Presidente y damos los procedimientos operativos para la Casa Presidencial. Se hizo las normas, por el 2008. Fue una orden que todos los subsistemas de Inteligencia pasamos a pertenecer a la Senain, porque antes era el Consejo de Seguridad. El comandante Lenín Sánchez fue el primer jefe del SPP.

Hacíamos ingeniería social, identificación de IP de todo lo que se hablaba contra el Presidente, fue un trabajo que en el país no se conocía. Es un trabajo en el cual se mete a las redes y comienza a navegar, mi gente era preparada y había solo gente de tercer nivel, gente de la Politécnica Nacional. El primer curso de barridos electrónicos se dio en la Politécnica. Ahí fueron capacitados los del Servicio de Protección Presidencial, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hubo 36 alumnos.

Luego de Arellano, llegó el almirante Yépez y luego Raúl Patiño. Él se presentó y hablamos diez minutos y expusimos lo de barridos electrónicos y trabajos especiales, luego salió Patiño. No sé por qué, ya que en el área de contrainteligencia y espionaje nunca se pregunta. Nosotros nos cuidamos por todo. Pablo Romero era subsecretario de Inteligencia de Patiño. Pero ya lo conocía, había trabajado antes en el proyecto Baba y sabíamos con quien estábamos conversando, porque era una persona allegada al Presidente. No es como dice Correa que no lo conocía, no, él era del comité de negociación del proyecto Baba, de otros proyectos que involucraban a la seguridad nacional.

Cuando Pablo Romero llegó, nos dijo que nosotros no podíamos andar de aquí para allá y le dijimos que necesitábamos una oficina propia, una unidad y así nos dieron todo el piso 17 del edificio Benalcázar Mil, equipos y toda la apertura; trajimos TVO de España, que son proveedores de equipos, que sirven para inteligencia, contrainteligencia y espionaje. Con eso tuvimos buenos resultados.

Mucho insultaban al presidente Correa. Recuerdo que una vez lo habían insultado en Ibarra y a las dos de la mañana me llamó Romero y me dijo: ve, tienes que saber quién es. Y claro, en Facebook al menos la gente del pueblo se pone la foto, la de la familia, y eso es un riesgo para la sociedad, porque de ahí sale la extorsión. Encontré al insultador y todo eso fue quedando en archivos. Siempre se manejó con archivos, por la norma estadounidense, que dice que podemos destruir lo físico, pero lo archivado en discos duros no se puede destruir tan fácil, porque se puede espejear. Con eso nos cuidamos las espaldas.

Comenzamos a dar resultados, justo se dio la marcha indígena contra Correa y comienzan, nos dicen, que nos van a dar una operación especial, de un político. No sabíamos qué político era, porque siempre nos daban políticos. Pero luego nos dicen: se trata de un tal Balda, pero como era una persona desapercibida no le hacíamos caso. Pablo Romero también decía que no hiciéramos mucho caso, porque no tenía ni en qué caerse muerto. Y era verdad, no tenía nexos con políticos, solo con Lupera, Gutiérrez, Borbúa. No era de peso para el Gobierno. Pero un día nos vamos a Manta y un informante, un abogado, nos pregunta si queríamos equipos para hackear. Era porque estábamos atrás de unos israelitas que traían equipos GSM para interceptar llamadas. Y que un informante nos dice esto en Manta y entramos en alerta, se suponía que solo en Quito y Guayaquil había esa tecnología. Así que reclutamos a este abogado y le pedimos que nos diga cuál era el proveedor de los equipos, y nos respondió que era un tipo que se fue del Ecuador y vivía en Colombia; les apuesto que sí le conocen, que saben quién es, nos dijo. Trago viene, trago va y le sacamos: es Balda. Y enseñó información de Gutiérrez y de Balda, y nos pidió dinero por esa información. Le pagamos. Llegué con la información sorprendido: Balda vendiendo equipos interceptadores desde Colombia. No lo creíamos, de eso estábamos hablando en el 2011. Pero no lo parábamos mucha bola en nuestra área porque éramos solo barridos electrónicos y operaciones especiales. Entrábamos cuando las otras áreas no operaban, porque nuestros técnicos eran muy avanzados y más que todo no teníamos una ley que nos respalde. Y no nos queríamos meter directamente, pero alimentábamos con información.

Así que llegamos donde Romero con esa información desde Manta. Eran equipos que ya tenía Borbúa a través de su empresa de seguridad. Y Romero nos dijo: con razón que este tiene plata. Y nos autoriza que hagamos la operación, solo búsqueda de información sobre Balda y vimos que había salido prófugo del Ecuador, con difusión roja, que en Colombia no lo ubicaban. Pasamos el reporte a Romero y dijo que iba a ver lo que pensaba el Presidente. Al ver los equipos todo el mundo decía que nos estaban dando en la cabeza con la información, porque es verdad, sabían todo; y es porque entraron equipos interceptadores de Colombia. Los que estaban escuchando (al gobierno) eran los gutierristas, Borbúa, la gente de Cuenca, mucha gente que estaba haciendo eso. Balda mandó como quince equipos, que en ese entonces el equipo básico valía trescientos cincuenta mil de dólares. Es así de caro porque usted lo pone en la parte de atrás de la camioneta y puede capturar de inmediato unos cien teléfonos al tiempo. Hay equipos de varias categorías. Por ejemplo, el equipo llamado Almada, que se usa en Colombia, lo tiene todo el mundo y cuesta setecientos mil dólares. Por eso, en Manta sabían todo, y eso sucede hasta ahora.

Se pasó la información y mandamos a nuestros agentes en Colombia a que verifiquen, pero no estábamos de lleno en esa operación porque no teníamos la orden de operación especial, solo era levantamiento de información. Luego, Pablo Romero nos dijo que si recibíamos órdenes seguiríamos en el tema. Nosotros nos mantuvimos en nuestras tareas. Luego, nos dan una alerta de que Balda está hablando del Presidente. No le parábamos bola porque no era nuestro campo, pero atrás de él estaban la Dirección General de Inteligencia, la UGSI, el GO de Ecuador, los militares de la Casa Presidencial. Lo habían buscado ya en Colombia pero no dieron con él. Todas estas unidades lo buscaban, pero ellos buscaban a pie, y nosotros lo buscábamos a través de las IP. Es por eso que hubo algo de resentimiento en las demás unidades. Se preguntaban cómo los de barridos electrónicos teníamos buenos resultados. Poca gente, pocos vehículos y éramos más efectivos en la información. Es por eso que el Presidente catalogaba mejor a Pablo Romero. Lo trataba bien: hermano, flaquito… Cuando él volvía feliz de las reuniones de gabinete es porque ya nos tocaba otra operación. Y cuando venía bravo era que algo había fallado.

La operación Guayacán

Como ya las unidades habían estado en Colombia tras Balda sin resultados, me llama Romero un martes en la noche (porque siempre en la Senain nunca nos reuníamos durante el día; primero por la agenda del Secretario y luego por el celo de los jefes de área. Nos reuníamos de noche) y me dice: tenemos una misión y ahora sí vamos a ver qué tan efectivos son ustedes. Lo que Balda ha estado vendiendo equipos, nos dijo, es verdad. Se le ha confirmado al Presidente, está vendiendo equipos y nos dicen que ahora nosotros (la Senain) nos vamos a hacer cargo. Y dijo, vamos a ser más efectivos. Ahí estaban los gorilas, nos dijo (Romero siempre fue algo chabacano), y los chapas, el Rommy también está. Peor ahora tenemos que demostrar; haz rapidito el plan de búsqueda, arma los equipos y me tienes para el viernes qué vamos a hacer, me lo das para revisar y luego presentarle al Presidente. Y así fue; como para nosotros era más rápido porque nuestros policías eran técnicos. Así fue que nos metieron para que demos con Balda, pero no sacaron a las otras unidades del camino.

Así comienza el apadrinado, con la invitación a Medellín. Al capitán Stalin Sacoto también lo invitan y le dicen que averigüe porque también quería irse un compañero (o sea Chicaiza. Nda.); él no estaba en Inteligencia, pero dice voy a consultar y si te invitan te vas. Pero verás que tienes que aportar allá porque es con aporte financiero. Le di parte el Secretario, y le dije ya estoy adentro y le muestro la invitación. Me pide la invitación y dice que le va a mostrar al presidente Correa. Vuelve y me ordena que pida gastos, pasajes y viáticos al financiero de gastos especiales; me ordena que me lleve dos agentes más, una colombiana y otro de aquí. Le advertí que me iba con mi propio pasaporte, porque yo entraba y salía de Colombia porque tenía mi empresa de seguridad, iba a dar cursos y todo eso.

Ingresé a Colombia, entré como empresario, les mostré en Colombia que yo compraba equipos, cámaras… Fui a esa reunión con Uribe como empresario, incluso ahí estuvimos con gente de Petrocolombia, que eran mis amigos porque a ellos les asesoré para poner el circuito cerrado de seguridad en Colombia.

Vamos a la reunión, Balda se presentó: hola, hola. No pasó nada. Conversando. Ahí estuvieron otros dos agentes de la Senaín, Jarrín y Gaibor y entraron como de una fundación. Ellos fueron porque así es Inteligencia. No les conocía, luego supe de ellos. No pasó nada, les grabé, tomamos las fotos; en esa reunión estuvieron Almeida, otros, y Mario Pazmiño. Él es un comandante de Inteligencia del Ejército. Al sabueso el hueso le queda y siendo de Inteligencia él no se dio cuenta cuando le grabamos en el escritorio. Es lamentable que como director de Inteligencia no sabía lo que estaba pasando. Esa reunión nunca fue de nexos democráticos, esa reunión fue para incitar al pueblo ecuatoriano contra la Ley de Seguridad del Estado. Claro que la prensa sólo sacó lo que les correspondía, pero si lo tomamos desde el principio a la raíz, veamos lo que ellos decían: Almeida, Terán, Pazmiño. En esa grabación completa está todo lo que dijeron. El presidente Uribe es una persona muy respetuosa y él respetó la jerarquía de Correa. En esa reunión lo que dijo fue que son actitudes y conocimientos del pueblo, de cada pueblo. Pero él nunca incitó a nada, pero los otros sí. Había sido la tercera reunión.

Yo no tengo dinero para regalar y ese día voy al hotel de Medellín, costeado por la Senain de gastos especiales. Llegué allá, fui presentado pero yo sí sabía quién era Balda, se acerca y me dice: Raúl, te puedo pedir un favor especial, sé que eres empresario y quiero que me ayudes, necesito cancelar el café del receso. Claro, le dije, cuánto es, no era mi plata pues era una operación. Balda se acercó porque ya estuvimos medio día en la reunión, ya habíamos hablado; se dice que hemos roto el círculo de seguridad, y no es cierto; es un expresidente de Colombia y tiene sus anillos de seguridad, ¿un ecuatoriano puede romper los círculos de seguridad de ellos? O sea, los de las FARC entrarían cuando quisieran. No, la situación fue más política. Uribe habló unos 45 minutos, nos tomados las fotos, todo, y se retiró. Salimos a conversar al pasillo, y ahí fue cuando Balda se acercó y me pidió apoyo para pagar el café de todos. Le dije que claro, que pongan eso a la cuenta de mi habitación. Luego también me pidió apoyo para el almuerzo, y estábamos como unas doce personas. Pero Colombia es barato, así que también sume el almuerzo a mi cuenta. Pidieron hasta vino. En el almuerzo, el señor Achig, el que siempre anda con Balda (es un señor muy pilas), se acercó y me pregunta si soy ingeniero en seguridad, sí le contesté, sabes, me dice, Fernando pide que te quedes un rato que te va a indicar unas cosas que te van a interesar. Acabamos de almorzar y me quedo, con Mónica Flores mi compañera. Nos quedamos con Balda, y me dice si tengo empresas de seguridad, y si necesito equipos electrónicos, le dijo que claro. Verás, dijo, yo te puedo facilitar, tengo unas representaciones aquí y si te quedas mañana y te vas a Bogotá conmigo te hago conocer a todos los proveedores; solo te voy a decir que nosotros somos proveedores de equipos para las Fuerzas Armadas y para la Policía de Colombia. ¿Cuáles equipos?, pregunté. Te vas a quedar loco, me dice. Y le pide al Achig que le traiga su computadora. Baja una Mac y una HP, y dice: te voy a hacer una demostración, vamos a romper el correo de los Alvarado. Y nosotros grabamos y en verdad rompió el correo. Sé todo lo de los trolls, dijo. Soy sincero, me quedé quieto. A la Mónica solo le hacía ojitos. Y me dice, tengo de los teléfonos, de los blackberry, ¿crees que el PIN es seguro? Digo no, el PIN nunca es seguro porque eso ya sabía, recibí clases en Estados Unidos. Me dice dame un número y rompamos ahorita, y todos mis agentes tenían un blackberry porque en la Dirección General de Inteligencia les compraron blackberry a toditos, porque decían que el PIN era el más seguro. Yo me reía, en el Ecuador si les venden piedras donde salen números, compran las piedras. Le di todo un listado y los bajaron en verdad. Le digo ¿en serio tienes todos estos equipos? Sí, loco, en Bogotá, pero te voy a ser sincero, dice: tú me apoyas y aquí hacemos los números, tranquilamente, pero sí te voy a decir, si Correa sabe esto me mete preso. Yo no le paré mucha bola, para que no me vea.

Comenzó la reunión de nuevo a las dos y media y a mí me interesaba mandar el PI (Parte Informativo. Nda.) porque ya vi cómo rompe el correo de los Alvarado y tenía eso en vivo, porque le dijo que mande al correo del Alvarado una cosa que diga si el memorando ya está listo, y le manda: amiga, ¿el memorando ya está listo para firmar? y le contesta que sí, que pase por el despacho. Me quedé loco, le dije que nos veamos a las cinco de la tarde, porque estaba mal anochecido del viaje. Mejor veámonos para merendar, para cenar y nos vemos en la parte de atrás, le digo, pero anda pensado, anda haciendo números, me dice. Le digo: ya, pero si es que es efectivo te compro, a mí no me pongas precio porque si valen yo te compro los equipos, yo conozco los equipos, le dije.

En la noche cenamos a las siete, tomamos vino, entre todos, luego nos quedamos. Eso también pagué yo. Yo estaba con Achig, Balda y Mónica en una mesa. Entonces qué fue, te animaste me pregunta. Ya, le digo, hagamos las pruebas. Pero yo no quiero que me hagas pruebas aquí sino pruebas de campo en Ecuador; yo te doy todo. Ya, dice, mañana desayunemos. Pero teníamos que retornar al siguiente día, él a Bogotá y yo a Quito. Tomamos el desayuno y conversando con Balda dice: voy a pedirte un favor especial, voy a perder mi vuelo, ayúdame para la penalidad. ¿Cuánto es? Cuatrocientos dólares. Para el Áchig también, me dice. Le doy mil dólares. ¿En qué vuelo te vas? En el de la noche, me dice, porque yo me voy en el vuelo de las dos de la tarde, le digo. Seguíamos conversando, hablando de que él había ingresado al DAS de Colombia, al TCI, a las instalaciones. Pero antes de eso trabajamos toda la noche. A (Pablo) Romero le mandaba los PI, que es el Parte Informativo. Y Romero me decía, no puede ser Raúl, cómo va a tener esos equipos. Vea, no es mentira, y le mandaba por escrito los PI. Raúl, me dice Romero, no te preocupas por dinero, carta abierta. Por eso le di los mil dólares.

A las once nos despedimos y le digo: Fernando, ¿cuándo nos vemos? Y me dice que nos vayamos a Bogotá, pero desde el cajero ya no podía sacar dinero. Mira Fernando, le dije, bajo al Ecuador y en quince días nos vemos en Bogotá, pero ya ten todo listo. Toma mi número, me da el número.

Llegamos, me voy a presentar en la Secretaría, ahí explicándoles; no puede ser Raúl, estabas bien, no estabas tomado; les digo que no. Dame un informe ejecutivo, el uno de la reunión con Uribe y un PI de la venta de los equipos. Hice el Informe Ejecutivo o Boletín al Instante 001. Fue a presentarle a Correa y el Presidente se raya. Eso era miércoles y jueves a las 12 de la noche me llama Romero a la casa. Me dice que vaya, y me pide el PI de la venta de equipos. Fui a la Secretaría y nos citamos a esa hora, y luego Romero se fue a la Presidencia. El viernes llega a las diez de la mañana y me dice: Raúl, tienes que viajar el sábado a Bogotá, hazte cargo del Balda, luz verde. Sábado viajo a Bogotá con luz verde para conversar con Balda. Pero doctor, le digo, va a ser notorio. Le dije que viajaba en quince días y llegó al sábado siguiente de lo que nos vimos. Sí, aguanta, manéjalo vía telefónica pero pídele una propuesta por escrito. Llamo a Balda y le digo que voy, pero que necesito una propuesta seria, que me haga una presentación completa de los equipos. Te voy a mandar primero un correo, me dice, pero ten cuidado que si esto llega donde Correa me mete preso. Y me manda los costos. Él tenía los equipos en pesos y en dólares. Y me dice, Raúl préstame mil dólares y ya cuando estén los equipos cuadramos y no pasa nada. Y digo ya, pásame tu cédula y te mando. Y me dice, de Vanesa te voy a mandar la copia de la cédula y le mandas a ella. Y le muestro a Romero la cédula; ahora sí le colgamos, me dice, lo ideal hubiera sido que envíe la de él pero de la mujer es lo mismo. Busqué las agencias de envíos a Colombia, pero las registradas en la Superintendencia de Bancos. Solo había DHL y Rexeira. Mandamos mil dólares a nombre de Vanesa Castelló, y guardamos, primera evidencia, más los correos. Juntábamos las evidencias.

Le pregunté a Romero si viajaba a Bogotá. Claro, me dice, si el Presidente quiere para ya, y me preguntó si le habíamos comprado los equipos. Me voy solo, llegué a Bogotá, conversamos, me llevó donde unos proveedores, me mostró varios equipos pero eran unos que Ecuador también tenía. Nos fuimos a Parque Lago, ahí le compramos a Balda dos computadores, con factura a mi nombre. Me pidió uno para mandar a un técnico y el segundo al otro técnico para espejear. Y comenzamos la negociación. Nos quedó mal, a cada rato nos pedía mil dólares; hicimos como cuatro depósitos a Vanesa Castelló. Fueron como seis mil dólares. Luego se hacía negar, y ya me puse grosero: oye, le dije, tanta plata que te damos y tú me dices que no puedes, que tu técnico… mejor preséntame al técnico. El tema era que Balda tenía que presentarme los equipos en Bogotá, hacíamos las pruebas allá, le comprábamos y él se encargaba de pasarlos al Ecuador y entregarnos aquí. Sea en Manta o el Tena. Te voy a presentar al técnico, me dice, pero con una petición: que mientras yo no apruebe no puedes hacer nada con el técnico. Todo pasa por donde mí. Me presenta al técnico, Franklin Herrera, que sí es ingeniero en seguridad y defensa. Entonces, cuando él conversa conmigo se da cuenta, porque le hablaba del radio espectrograma, de los megahertz, de los ciclos, que uno sabe. Sí me dice, a Balda yo le vendo los equipos y me he ido al Ecuador, a Manta. Cuando me dijo en Manta… Como ya me dijo lo del técnico ya no presioné a Balda. Este momento llévate unos equipos, unos GPS imantados, que se le pega a un vehículo y le va siguiendo. Me traje seis al Ecuador. Llegó a la oficina y los muestro a Romero, pero eso no me interesa, dijo, lo que quiero es el interceptador. Al técnico le pido que revise los equipos, y me dice que estos no hay en Ecuador. Y que tampoco había la plataforma informática acá, pero estos equipos sí cogían en Ecuador. Lo que pasaba era que venían los colombianos de inteligencia con estos equipos y nos estaban chequeando. Le digo al técnico que me vea la plataforma, el radio espectrograma porque Colombia se estaba metiendo en el Ecuador y eso es un delito, porque ellos pueden interceptar nuestras señales. Hice un informe que Romero llevó al Presidente.

Vuelvo a Bogotá, le digo a Balda: qué fue de los equipos, ya vengo a hacer las pruebas. El Balda ya se caía, y me dice que el técnico ya tiene los equipos pero están instalándolos. A ver, dime la verdad, ¿tienes los equipos? Sí tenemos, me dice, si al Ecuador ya hemos mandado. Y me dice que en cuando vuelva hacemos las pruebas. Regreso al Ecuador e informo y vuelvo a Colombia, y me presenta a otros técnicos, del ejército, de otros lados, y de verdad funcionaban, pero ya estábamos hablando de millones de pesos. Al regreso le digo al doctor Romero, mire doctor, está listo el equipo, quieren la plata, nos salía como 320 mil dólares, vamos a llevar el dinero, no ha de ser, me dice. Pero el costeño es vivo, cuando hablan de cifras busca la comisión. No me dice, tranquilo, traigan al técnico de Colombia, hacemos las pruebas acá con él y te doy el dinero.

Estaba ya para viajar un viernes. Romero me dice que hay disposiciones de arriba, del jefe, que una persona te acompañe. Escoge a cualquiera, y yo escogí a Huertas, un compañero de confianza. Pero no van a ir dos hombres, dice, van a pensar que son maricones. De tus chicas, de las que son más vivas y entradoras. Bueno, Diana Falcón y una chica Rojas. Escogió a Falcón y viajó conmigo como contadora de la empresa, era la fachada.

Llegábamos al hotel Capital, en Bogotá. No porque fuera de lujo, sino que siempre hacíamos ACT y hablábamos frente a las cámaras, para evidenciar. Nosotros ya habíamos hecho la búsqueda en cuál hotel nos podíamos reunir y este hotel tenía el círculo de seguridad con cámaras. Decía, si aquí nos matan sale en las cámaras y si algo pasa sale en las cámaras también. Es por eso que llegamos a ese hotel. Así llegamos a la negociación, Diana empieza a hacer amistad con Vanesa Castelló, como a Balda le encanta la carne, comimos. A Balda le dije que empezábamos desde cero la negociación, que tenía a mi contadora y si ella decía que te compre ese rato firmo y pago. Llegamos a un acuerdo en el restaurante San Andresito, donde a Balda le gustaba ir. Hay unas grabaciones de eso. Bien, dice Balda, ahora sí estamos en buen camino, te mando a Franklin Herrera al Ecuador; me pagas la salida, el viaje, el vuelo, la estadía en el Ecuador y le das un dinero y hacemos las pruebas de campo. Ningún problema, para mé era tener otra evidencia, pero esta vez con una persona. Así fue, trajimos a Franklin Herrera; lo hospedamos y un sábado hicimos un poco de pruebas. Herrera no supo que eran de la Senain, lo llevamos al Benalcázar Mil y no sospechó porque nuestra fachada era una empresa de ingeniería social. Teníamos ahí las máquinas, los cubículos, como cualquier empresa. El sábado en la tarde dijo que quería irse a Manta a dar mantenimiento a unos equipos, que iba a hacer una visita técnica. Avisamos a Pablo Romero y se dispuso el seguimiento en Manta. Ahí llegó a la casa y se le vio con el hijo del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano. Solo esa visita hizo el domingo. Volvió el lunes, y Herrera estaba sentado en la oficina del Benalcázar Mil. Llamo a Pablo Romero y le digo que Herrera ya estaba en la oficina para hacer las pruebas. Espera, me dice, salgo de gabinete a la una de la tarde y voy. Llega a las dos y media, por primera vez a la oficina. Ahí teníamos una pantalla gigante táctil, nos conectamos a Colombia, hicimos unas llamadas interceptadas y Romero me dijo que estábamos mal, que Balda nos vigilaba todo, nos tenía controlados. Dijo que iba a reportar de inmediato al Presidente, y que diéramos unas vueltas con Herrera para ver qué se hace. Nos llama y nos dice que Balda nos estaba jugando Barcelona, que nos estaban metiendo equipos y nos estaban hackeando. Ese rato se dio la orden de que la Senain cambie todas las terminales, todos los puertos. Al tercer día todos nosotros habíamos cambiado a teléfonos satelitales y los ministros también para hablar con el Presidente. A Herrera, un buen técnico, le ofrecimos un contrato. No iba a saber que era con el Estado. Tocaba abrir una partida en la Senain para contratar con un informático en ingeniería social, y no pasaba nada, como con Ola Bini, sino que en este tema les falló no más. Ola Bini era de gastos especiales. En la Ley de Seguridad Nacional se tiene derecho a eso. Él era contratado por la Senain, es fácil comprobarlo abriendo las IP, es muy fácil, pero eso no lo van a hacer por la Ley de Seguridad Nacional. ¿Para qué se trae a Ola Bini? Hay muchas cuestiones, un hacker no camina de gana.

Bueno, Herrera no quiso y no alcanzó a firmar lo que nosotros llamamos el Pacto de Reserva, porque si no yo mismo lo metía preso. Igual que a Balda, porque al momento que yo le daba el dinero a él y a Herrera, no les pedía factura sino que aplicaba el Pacto de Reserva. Eso es lo que nos falló a nosotros como profesionales de inteligencia y contrainteligencia, porque no se les dio el dinero. Si les dábamos los 320 mil dólares se nos llevaban el dinero también, pero los equipos que ingresaron sí lo hicieron. Ellos vendían equipos. Franklin Herrera no quiso hablar en el testimonio anticipado. Balda cogió plata de gastos especiales que me dio a mi la Senain para la operación. ¿Quién usufructuó del dinero? Balda, que devuelva la plata. Tampoco abrieron un campo de investigación en el tema de los equipos. ¿Porqué Balda y Vanesa Castelló no dijeron en su versión a qué se dedicaban en Colombia? A la compra y venta de equipos.

La UGSI se mete en el baile

Lamentablemente la UGSI había estado metida detrás de nosotros. Rommy Vallejo. Era porque Correa ya no le paraba bola, solo a Pablo Romero. Toda operación era para el flaco por aquí, flaco por allá. La UGSI había estado todo el tiempo tras de nosotros, aquí y en Colombia, viendo que paso dábamos. Nosotros solo hacíamos lo que ellos no podían. Mientras nos seguían no encontraban nada. Nosotros operábamos más técnicamente. Rommy Vallejo se quedó atrás. Fue a Bogotá y armó la primera operación contra Balda, cuando lo quisieron deportar. Ahí ya estábamos nosotros con Balda y me llamó: la UGSI me está siguiendo. Pero a mí no me interesaba, las peleas en la Policía son de todos los días. Porque la jerarquía, por acceder a un puesto, te venden. Pero no sabíamos que estaban detrás de nosotros, sobre todo queriendo hacernos quedar mal, pero nosotros éramos muy eficientes; porque en información espejeábamos: a Pablo Romero le mandábamos un correo ficticio, le mandábamos luego una clave y el correo, imprimía y se llevaba el informe; se llama buzón y es una forma de seguridad.

Qué es lo que pasa. Balda comienza a lanzar la historia de Mameluco y Correa se raya. Pablo Romero me dice, luego de que la UGSI falló el operativo de traer a Balda, Ratón el Presidente quiere que hagas una operación muy sutil, no vas a hacer nada ilegal. No sabe cómo, pero quiere que traigan a Balda, con la misma gente de él. Y si no puedes, ya sabes lo que te pasa. Es que uno cuando está jerarquizado no es si quiero o no quiero. Es que ya conozco al político. Son 25 años en Casa Presidencial yo sé cómo manejan las cosas, se toman los nombres. Frente a mis dudas, Romero dice: espera, este momento lo pongo. Y pone el teléfono en altavoz. Carlitos, dice, aquí estoy con el amigo. Pone el altavoz y dice que tenemos el apoyo político, económico e institucional. Porque nos están haciendo pedazos.

Nuestra misión era ubicar a Balda, localizarlo nada más. Y el equipo de Colombia, estos militares de Colombia, lo iban a traer sano y salvo al Ecuador. Ahí dicen que le querían matar. Querían denunciar por lesa humanidad. Balda, en Colombia, hacía negocios con un empresario, le pide 30 millones de pesos (unos 10 mil dólares), le falla durante treinta días, le dice que le devuelva, devuelve 20 millones y se queda con diez; va donde otro empresario y le pide de nuevo 30 millones, le falla y devuelve 20 millones y se queda con diez. Y así es el juego suyo. Por eso en Colombia le quisieron matar. Y a esta gente a la que afectó Balda se le dice: a Balda lo quieren en el Ecuador porque dejó una chica embarazada. A esta gente se le dice que ha dejado una chica embarazada y les impacta en el sentimiento, y les digo que yo les pago. Por eso les pago a ellos. Yo le pago a Karim, con quien nos conocimos a través de Balda, porque es gente amiga de Balda. Karim es del ejército, y Balda me lo presentó porque dice que tiene un montón de cursos. La operación contra Balda no la hicieron delincuentes, eso tienen que entender. Eran militares, Karim era suboficial del ejército de Colombia, un negro alto. Solo la chica era civil, todos de Puerto Tejada. Yo contacto con Karim en la reunión con Balda, porque nos llevó a una finca donde había búfalos, tomé fotos. Ahí conozco a Karim y converso con él. A Karim, Balda le estaba debiendo como tres millones de pesos, por sueldos. A toda esta gente le quedó debiendo mucho dinero. Franklin Herrera, la última vez que hablamos, me dijo que Balda no le pagaba como tres mil dólares.

¿Quién hizo caer la operación de Raúl Chicaiza y los colombianos? Fue la UGSI, porque si traíamos a Balda a Ecuador el que quedaba bien era Pablo Romero. Ellos hacen caer la operación cuando la denuncian. Como estaban siguiendo al Balda y como ven al taxista que ve cómo secuestran a Balda y les dice que lo secuestraron. Y ellos denunciaron a las autoridades. Así hicieron caer la operación porque era un juego de poderes.

Nosotros, para la operación, solo llevamos el dinero; no sabíamos ni cuando lo iban a traer. No nos interesaba eso, porque esa operación no era nuestra. Lo que hicimos fue seguirlos, buscar allá las fuentes y ellos que lo traigan. La UGSI, como no sabían de esa situación, quemaron el caso. ¿Por qué? Por el poder. Porque ¿cómo era el poder? Correa, José Serrano y Rommy Vallejo. Rommy era “hijo” de Serrano y los dos iban donde Correa y a estos señores nosotros les estábamos dejando en el piso. Romero estaba arriba porque daba resultados. Todos los casos los hacía Romero, y estos señores que tenían Policía, UGSI y todo, no daban resultados. Y eso que tenían mucho dinero. Porque a la UGSI se le daba 300 mil dólares cada semestre, lo mismo a la DGI. Y no había resultado. Nosotros con una operación de 40 mil dólares trajimos a Arcos Peninos desde Panamá. Y ellos gastaron en Colombia, México, Guatemala buscando a Arcos Pepinos. Claro, dándose la buena vida, no para hacer las operaciones. La operación no cae por el taxista.

Nosotros, como policías tenemos el Ameripol. Como policías en servicio activo teníamos que presentarnos en Colombia para la relación de los hechos, pero nunca nos llamaron. Sobre el recibo con el que se pagó el alquiler de los vehículos, nunca hicieron el examen grafológico y no es mi letra, pero me pusieron el nombre. Por eso la Fiscalía de Colombia va a la empresa que rentó los autos, da mi foto y les dicen que no me conocen. Me pusieron el nombre porque así se manejaban allá. Por eso estamos pidiendo en Colombia la nulidad del proceso. Nosotros ya pagamos nuestra pena, pero no es porque hemos matado o robado. Nosotros pagamos para que le traigan al señor Balda, pero no coordinamos el secuestro. No es el primer caso, de toda Latinoamérica se trae gente, y de aquí los americanos se llevan gente. Los buques vienen, se quedan a tres millas de la costa, cogen lanchas rápidas, vienen, matan a la gente y se van.

Cuando secuestraron a Balda yo no estaba con él, yo salí con el gerente de Zonacero, la empresa proveedora en Cedritos, y cogimos el mismo taxi. Balda salió con Franklin Herrera. El gerente le dijo que fuera con nosotros, pero no quiso. Y ahí fue donde lo secuestraron supuestamente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué lo secuestraron? ¿Y por qué no se llevaron a Herrera? Herrera dijo que fue para patearle los tres mil dólares, porque estos eran para pagarle a Herrera. En sí no existió el secuestro, él no estuvo retenido ni 24 horas, y nunca hubo una petición (de los secuestradores); él estuvo como 40 minutos y luego lo sueltan.

Yo fui al hotel Capital a descansar y me llamó Vanesa, la esposa. Me dice: Raúl, hasta qué hora estuviste con Fernando, le digo hasta las nueve más o menos; porque hasta ahora no se asoma, me dice. ¿Le diste dinero? Sí, le di tres mil. Y ella dijo: este se fue a joder. A las tres de la mañana me volvió a llamar: Raúl, sabes que a Fernando le han querido hacer el paseo millonario, pero ya está en la casa, gracias a Dios. Al siguiente día, me llama Vanesa a las siete de la mañana: Raúl, queremos pedirte un favor, que nos prestes mil dólares porque le han robado todo, y está sin un centavo para hacer la denuncia. ¿Y cómo quieres que te haga llegar? A través de un giro, en Bogotá mismo. Yo salgo en un vuelo de la una de la tarde y a las siete de la noche, en Quito, me llaman y me dicen que la operación había fallado.

Cuando el general Mejía me dice que si no son profesionales, para qué se meten. Es un déspota. Y en la noche me llama Romero, me dice tranquilo Ratón, no es nuestra operación, no pasa nada. También me llamó Carlitos en la noche y me dijo que no me preocupe, que vamos a tener el apoyo económico e institucional. Eso pasó en el 2012, en el 2018 que me retiro de la Policía nadie me topaba nada, nadie nos decía nada. Se acaba el 2017, enero o febrero, entra el fiscal Baca, y es porque se pelea con José Serrano. Si no se hubiera dado esta pelea de compadres, no pasaba nada.

Nosotros ya fuimos sentenciados, pagamos la pena, han acabado con nuestra vida profesional, con nuestras familias, somos señalados, tenemos amenazas, no tenemos apoyo del Estado; Correa está fuera del país como prófugo, ¿qué ha ganado el país? ¿Por qué no preguntamos al señor Balda de qué vive? ¿Cuánto declara en impuestos? ¿De dónde tiene oficina y chofer? Yo también puedo decir que me dan donaciones, pero los que donan también deben declarar. ¿De qué vive Balda? Nosotros sabemos, pero no podemos decir porque para nosotros es más grave, porque sus apoyos políticos son fuertes. ¿Qué han sacado? Han acabado con dos policías honestos y profesionales. Estuve en la escuela de Baton Rouge, escuela de barridos electrónicos en Estados Unidos, Perú, Panamá… Diana Falcón, la primera mujer del curso de Garras en Bolivia, más que los del GIR. ¿Qué han sacado de nosotros? Sacaron al populismo de Correa y el que se ha beneficiado es Balda. Tiene seguridad 24 horas y nosotros ¿qué tenemos? ni un perro que nos cuide. El programa de testigos protegidos en el Ecuador es un chiste. Estoy dentro del programa, hay 23 agentes para 115 protegidos. No nos beneficia en nada, solo a jugar con nuestros testimonios. Y por último, ahora nos quitaron la visa de Estados Unidos, a pedido del gobierno. Rommy Vallejo está en Chicago y no pasa nada. La única explicación para quitar la visa es por narcotráfico, desfalco y coyoterismo. Nosotros no estamos en eso. ¿A qué estamos jugando, o es un revanchismo contra Correa y nos hacen pagar? Porque entonces también debiéramos decir qué hacían los americanos en el Ecuador y que la Senain sabe. ¿Por qué no investigan el ahora de Balda? ¿A quién está sirviendo? ¿Al pueblo o al Gobierno de turno?

Yo no admití el secuestro, nosotros somos gente de honor y no vamos a tapar a nadie. Yo pude salvar a Correa, me comía el que yo quería secuestrar a Balda a título personal; pero toda una Inteligencia, que es profesional, tenemos espejeada la información. Ahora en nuestro país no tenemos Inteligencia; ahora se van a Inteligencia porque es hijo de general, y se van allá porque no se uniforman. ¿Qué operaciones de Inteligencia hay ahora en el Ecuador, qué tipo de seguridad tenemos? Nada. Antes teníamos 43 agentes en el Departamento de Información. Después pasamos a 120 agentes a la Dirección de Inteligencia, y ahora es la Dirección General de Inteligencia. Fue un ciclo y toda esa gente fue formada. Pero qué podemos esperar si desde la cabeza estamos mal. Para ser General de la Policía se tenía que comandar previamente el Comando Pichincha, el Comando Guayas y el Comando Especial Lago Agrio. Vayan a ver ahora las hojas de vida de los generales: solo han sido carga maletas de los políticos, de la Comandancia General, secretarios. Ellos no pueden dar seguridad, no saben ordenar a su gente. ¿Cómo puedo exigir inteligencia a mis agentes si yo no sé? Por eso en el testimonio digo que es el pseudo secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo; sin desmerecer su personalidad, pero el profesionalismo. Si es zapatero es zapatero, si es policía es policía. La Senain se acabó, habíamos gente muy preparada. Nadie le pide resultados, a nadie le rinde cuentas. La Senain siempre será la gallina de los huevos de oro para políticos, militares, policías, porque nadie controla.

Yo siempre he tenido mis empresas, tuve una empresa de seguridad y transporte. En este litigio vendí los dos tráilers. Me tocó pagar los honorarios del abogado, míos y de mi compañera. Ahora estoy en cero.

Desde que ingresé a la Policía yo tenía volquetas. Esas me compraron mis padres y trasladábamos material pétreo desde la Mitad del Mundo al sur de Quito. En la Policía, si usted no tiene un negocio se hace ladrón, y si tiene un negocio se hace un buen policía, esa es la ley porque usted no está dependiendo del sueldo. Y luego están los créditos de la Policía. Yo hice un crédito de 60 mil dólares para litigar. Más mi cesantía, que ya no tengo. Solo este proceso me costó 120 mil dólares. Solo en copias se fueron como 3000 dólares.

Yo le pido dinero y le exijo para la defensa a José Serrano. Y el Presidente les ordenó que solucionen el problema. Porque en febrero ya nos notificaron, y le digo que íbamos a tomar como abogados a Diego Chimbo, al doctor Moreno y a la doctora Tania y nos cobraban 65 mil dólares. No le pedí a José Serrano, pedí que se cumpliera la disposición de que la Senain nos apoye en la defensa con gastos especiales. No es algo personal, por eso les pedí que cumplan. Porque Pablo Romero deja el cargo y deja una partida presupuestaria de defensa territorial, para el caso en Colombia. Rommy Vallejo, que vino luego de Romero, no cumplió y me hizo una congeladora. Porque nos tuvo en la Senain sin funciones, no hacíamos nada, no podíamos salir del país, nada. Me hacía volver de cualquier parte a la oficina para tenerme sin hacer nada toda la tarde. Eso era porque le habían dado la orden de que nosotros no podíamos salir de la Senain, no nos podían dar el pase, por este caso.

Ahora vaya a ver a Diana cómo está. No tiene trabajo, está mal económicamente. Ella mantiene a sus padres. Ahora con grilletes no le dan trabajo en ninguna parte, quedó endeudada en la Cooperativa de la Policía y señalada para siempre.

4.879 infectados con Covid-19 en esta capital rompieron el aislamiento en sus domicilios, en contra de las prohibiciones de los médicos que les confirmaron el diagnóstico. En esta ciudad hay 8.132 infectados confirmados. El 60% no acató el asilamiento, según reportes del sistema de georeferenciación, a partir de los datos proporcionados por las empresas de telefonía celular.

Redacción Código Vidrio

Cada vez más contagiados con coronavirus en Quito burlan la cuarentena para moverse libremente por distintos sectores.

Hasta fines de junio, 4.879 infectados con Covid-19 en esta capital rompieron el aislamiento en sus domicilios, en contra de las recomendaciones de los médicos que les confirmaron el diagnóstico, según un informe del Ministerio de Salud.

El último reporte epidemiológico indica que en esta ciudad hay 8.132 infectados confirmados. El 60% no acató el asilamiento, según reportes del sistema de georeferenciación que utilizan los técnicos de salud, a partir de los datos proporcionados por las empresas de telefonía celular.

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La georeferenciación es precisa, arroja datos sólidos. En estos casos se utiliza para ubicar a cualquier contagiado en el mapa de la ciudad, en tiempo real. La información se obtiene a partir de un sistema de referencia de coordenadas en una imagen digital, con la información proveniente del celular de los portadores.

Así, estos datos permiten conocer de forma pormenorizada sus movimientos, los sitios que visitan, los lugares por donde circulan, incluso las redes wifi a las que se conectan. Toda esta información proviene del dispositivo celular y puede ser usada para reconstruir cualquier trayecto que haya realizado.

El rompimiento o violación de la cuarentena se define como un movimiento de más de 5 kilómetros fuera del domicilio del paciente. A su residencia se la denomina “radiobase domiciliar”. Es el sitio donde el usuario monitoreado ha permanecido, al menos, el 45% de su tiempo durante los primeros 15 días, luego de haber sido diagnosticado positivo.

El diagnóstico tiene tres elementos: la encuesta que realiza el médico al paciente para conocer los síntomas y el contexto epidemiológico, la prueba PCR y la georeferenciación, una vez que se confirma el contagio.

“Es muy grave que estas personas no respeten la cuarentena, porque se dispuso su aislamiento, tras confirmar el diagnóstico de coronavirus, con base en un examen completo”, dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, entrevistado por este portal.

Dos estudios de georeferenciación

Entre mayo y junio se hicieron dos estudios para medir el impacto de movilidad, como parte del seguimiento epidemiológico a los positivos.

En mayo, el primer análisis estableció que el 54% de los contagiados no acató el aislamiento y se movilizó, poniendo en riesgo a otras personas.

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Desde marzo, se registró un aumento significativo de violaciones de la cuarentena

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“Es muy irresponsable que quienes están contagiados salgan y pongan en riesgo a otras personas que desconocen su estado”, destacó Zevallos, al comentar que si bien los hospitales están al tope de su atención, la situación no está fuera de control. “El virus está contenido -aseguró- porque fortalecimos las atenciones de primer nivel y las derivaciones a los hospitales están funcionando adecuadamente”.

No obstante, el Ministro advirtió que si seis de cada diez contagiados están circulando el riesgo de un rebrote está latente.

Precisamente, el fin de semana las autoridades de la Policía y el Municipio realizaron operativos en varios sectores de la ciudad. Clausuraron locales donde se celebraban fiestas y reuniones sociales nocturnas, con decenas de personas, que violaron el toque de queda, especialmente en Chillogallo.

Estas dos semanas se estima que Quito estará en el pico de contagios, que se aceleraron cuando se pasó al semáforo amarillo, desde inicios de junio. De hecho, el 1 de julio registró un récord con 711 casos.

Sin embargo, los datos de contagios son un subregistro y apenas muestran un cuadro parcial, según varios especialistas, pues no se han realizado suficientes pruebas PCR en Quito.

La mayoría de infectados habita en Chillogallo, Guamaní, La Magdalena, Chimbacalle, la Ecuatoriana, en el sur, y Belisario Quevedo, Calderón y Cotocollao, en el norte, así como en el Centro Histórico.

La muestra georeferencial es de toda la ciudad y determina que mientras en mayo los contagiados que rompieron la cuarentena se movieron 25 kilómetros semanales, en junio recorrieron 19 kilómetros, cada uno, tres días a la semana, 7 horas al día, en promedio.

¿Cuáles son las zonas de mayor circulación de personas infectadas? La avenida Naciones Unidas, el Centro y el Recreo, al sur, según el análisis.

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El promedio de horas que los casos confirmados en esta ciudad burlaron la cuarentena se ha mantenido con una tendencia marcada al alza, desde marzo.

¿Quiénes son? Buena parte son vendedores informales que trabajan en las calles y no pueden quedarse en sus casas, porque deben mantener a sus familias, comenta Zevallos.

Entre 2013 y 2019, la doctora Sandra B. aprobó en dos centros médicos de Guayaquil la entrega de 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, plagados de irregularidades. Las principales inconsistencias se detectaron en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes técnicos. Daniel Salcedo, su hermano y amigos obtuvieron sus documentos, en el centro médico Cisne II, para intentar evadir el pago de impuestos al importar vehículos de lujo. El Ministerio de Salud presentó denuncias en Fiscalía contra tres funcionarios, Salcedo y su hermano.

Redacción Código Vidrio

La doctora Sandra B. es un eslabón clave en la cadena de corrupción armada para la entrega de carnets adulterados de discapacidad en el Ministerio de Salud.

La especialista es una epidemióloga con más de diez años de experiencia en esa cartera, encargada de calificar y autorizar la entrega de los documentos en Guayaquil, según informes internos de esa cartera y la denuncia penal a los cuales Código Vidrio tuvo acceso.

En el memorando MSP-2020-0606, del 26 de junio, suscrito por Lissete Tapia, directora Nacional de Discapacidades, y en el informe técnico de la Comisión de Monitoreo de esa entidad, se detalla que Sandra elaboró, recalificó y acreditó certificados, entre el 2013 y 2019, elaborados en las unidades calificadoras del Centro de Salud 28 de Febrero y Santiago de Guayaquil.

En total, en este período, la especialista aprobó 1.985 carnets de discapacidad que no tenían documentos de respaldo, y estaban plagados de inconsistencias e irregularidades, especialmente en el registro del nombre de la persona que cada solicitante refería como contacto, así como en los informes de respaldo.

Esta funcionaria fue parte de los equipos médicos del Centro 28 de febrero, ubicado en el callejón P. del Guasmo Sur y, luego, en el Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio portense.

Francisco Pérez, coordinador de la Zonal 8 del Ministerio de Salud, denunció en la Fiscalía que las primeras sospechas se encendieron luego de una auditoría de la Comisión Nacional de Monitoreo y Control de la Dirección de Discapacidades, realizada el 26 de junio pasado.

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La epidemióloga Sandra B. trabajó en los centros médicos Santiago de Guayaquil, en la calle Nobol del suburbio, y 28 de febrero, en el callejón P. del Guasmo Sur. Aprobó la entrega de 1985 carnets de discapacidad. Es investigada por Fiscalía. 

 

En esa inspección se detectó que los certificados de esos dos centros de salud tenían “discrepancias e irregularidades”. Las principales fueron:

• Inconsistencias en los nombres de la personas que se anotaron como contacto y respaldo de la calificación
• Inexistencia de documentos cargados en el sistema
• Documentos de PDF escritos con palabras sin sentido y otras referencias que no cumplieron con el Manual para Calificación de Discapacidades

Pedimos la versión de la doctora Sandra B., pero no respondió a nuestra consulta.

Hoy su caso está en manos de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de la Fiscalía de Guayas, que inició una investigación previa reservada, por una denuncia formalizada por las autoridades del Ministerio de Salud, ante supuestos delitos de falsificación y uso de documentos falsos.

La funcionaria de Salud, según las investigaciones preliminares, sería parte de una red donde también participaron más empleados públicos, que, a cambio de pagos, que oscilarían entre 1.000 y 2.000 dólares, facilitaban los carnets a quienes no tenían una discapacidad.

La fiscal Diana Salazar anunció que en este caso iniciará una investigación por delincuencia organizada. Por lo pronto, se trata de identificar a los responsables de la entrega anómala de los documentos, especialmente utilizados para acceder a beneficios como la importación de vehículos lujosos, exonerados de impuestos.

Entre quienes obtuvieron el documento hay funcionarios, futbolistas, asambleístas, alcaldes y jueces. Pero no todos se han beneficiado de exoneraciones para importar autos.

Según el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), en el país hay 485.000 personas con discapacidad, que tienen esa credencial. El 25 % está en Guayas y el 15,9 %, en Pichincha.

Familiares de ecuatorianos con estos problemas de salud han denunciado estos días lo complejo y engorroso que es obtener una certificación. En general, más de un año transcurre en el proceso para calificar a este documento, porque los aspirantes deben someterse a múltiples evaluaciones y citas médicas con especialistas. Por eso, en el camino, muchos desisten, aunque saben que el carnet les facilita acceso a un bono, la exoneración en el pago de impuestos para importar vehículos, reducción en las tarifas de servicios básicos, devolución de valores pagados por el IVA, disminución en el pasaje de boletos aéreos, para buses urbanos e interprovinciales. El 2019, el Gobierno destinó para estos beneficios 63,3 millones de dólares.

Las primeras evidencias de la corrupción en la entrega de estos documentos aparecieron hace dos semanas, tras la captura de Daniel Salcedo, implicado en casos de corrupción en las contrataciones de los hospitales del IESS en Guayaquil. Luego de su detención se conoció que usó un carnet de discapacidad para importar un vehículo Toyota Sequoia Platinum en 60.000 dólares, que en el país cuesta 100.000.

La cifra de documentos adulterados aún no es exacta. El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró que se comprobaron 2.281 documentos ilegales. Sin embargo, este número puede crecer luego una revisión del sistema que abarcará los últimos siete años. En esta inspección se incluirán los 3.000 carnets entregados durante la emergencia por el Covid-19.

Para evitar el mal uso de los carnets, el presidente Lenin Moreno anunció varias medidas, entre ellas la suspensión momentánea de la reducción de aranceles para vehículos importados por personas con discapacidad. También dispuso la detención de vehículos importados con carnets fraudulentos y solicitó una auditoría del Ministerio de Salud.

Salcedo obtuvo su certificado en Cisne II

El Ministerio de Salud confirmó que Daniel Salcedo, su hermano y sus amigos consiguieron certificados de discapacidad ilegalmente. Esta semana sus autoridades presentaron una segunda denuncia en la Fiscalía de Guayaquil.

Según informes de Salud, Salcedo obtuvo su carnet el 2 de febrero del 2018 en el Centro de Salud Cisne II de Guayaquil. Él fue presuntamente chequeado por la doctora Jéssica S., quien certificó que tenía una discapacidad del 41%, auditiva/física, en grado moderado.

Al revisar nuevamente su documentación se verificó que no existían los informes médicos que certificaran técnicamente el porcentaje de discapacidad señalado en su registro.

Este año, Salcedo intentó importar desde Estados Unidos un vehículo de lujo usando el documento, pero las autoridades de la Aduana no aprobaron el trámite por varias discrepancias.

Su hermano, Noé Salcedo, también consiguió su carnet de discapacidad. Certificó el documento en el Centro de Salud La Victoria de Guayaquil, el 20 de enero de este año. Él presuntamente tenía una discapacidad del 42%, física/visual.

Dos funcionarios del hospital del IESS involucrados

El Ministerio de Salud también denunció por este caso a César Rodríguez y Karla Cárdenas, amigos y empleados del hospital Teodoro Maldonado del IESS. Ellos también obtuvieron su certificado de discapacidad. El primero lo hizo en el Centro de Salud Cisne II, a donde había acudido Salcedo. Allí certificaron que tenía 36% de discapacidad física/auditiva.

En cambio, Cárdenas acudió al centro de salud 28 de Febrero: obtuvo el certificado de 48% de discapacidad física, sin ninguna prueba documental de respaldo.

En esta trama también aparece José Enriques, ex asesor de Dalo Bucaram, quien fue jefe de la unidad de contrataciones del hospital Teodoro Maldonado. Es investigado por aprobar los pagos de los contratos de Salcedo.

En 2018, Enriques obtuvo su carnet de discapacidad, en el centro de Salud Cisne II. Allí certificaron un 41% de discapacidad auditiva.

Por lo pronto, Salud suspendió la entrega de certificados, hasta terminar la auditoría. El ministro Zevallos dijo que el objetivo es hacer una purga, mejorar los procedimientos para conseguir este documento y emprender una recalificación de todos los sospechosos, sin perjudicar a quienes realmente lo necesitan.

El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes al nuevo sistema de compras, que quitó a los hospitales la facultad de contratar directamente. Las autoridades aún no responden.

Redacción Código Vidrio

El Sistema Unificado de Compra de Medicamentos y Bienes Estratégicos para el Sector Salud no convence a los principales actores del sector privado.

El Comité Empresarial Ecuatoriano, que también agrupa a las asociaciones de laboratorios farmacéuticos, los importadores y distribuidores de insumos médicos y los proveedores de medicina prepagada, pide al Gobierno reformas urgentes a su plan de compra de insumos médicos.

La creación de este sistema fue la respuesta del presidente Lenin Moreno ante el fracaso del esquema de compras de medicamentos en el país, permeado por negociados y corrupción, que investiga la Fiscalía.

La pandemia del Covid-19 encontró al país con bodegas vacías en los hospitales, contratos a proveedores no calificados y  compras con sobreprecios en todo tipo de productos.

En mayo pasado, el Ejecutivo emitió el Decreto 1033, donde se establece la licitación corporativa de medicamentos, eliminando la potestad para que cada hospital o centro realice las contrataciones.

El objetivo, dijo la directora del Servicio de Compras Públicas, Silvana Vallejo, es ahorrar 400 millones de dólares para el Estado.

Sin embargo, el Comité estima que se requieren cambios urgentes al decreto. La primera alerta se hizo pública el primero de junio pasado. El ente envió una carta, firmada por su director, Roberto Aspiazu, al presidente Moreno y sus ministros.

En la misiva los empresarios indicaron que el tema era delicado y urgente.  Primero, porque no se tomaba en cuenta la realidad mundial del mercado farmacéutico y de dispositivos médicos, afectado por la crisis del coronavirus.

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“Nos preocupa que ante los cortos tiempos que se aspira en implementar este nuevo modelo de gestión, se imponga un sistema para el cual no todos los actores, tanto públicos como privados, que intervenimos en el proceso estemos preparados”.

Comité Empresarial

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Ocho días después los representantes del Comité se reunieron con autoridades del gobierno para exponerles sus propuestas, pero los días siguientes no tuvieron respuesta.

Por eso, el 16 de junio enviaron otra comunicación al presidente Moreno insisténdole en que considere los cambios planteados. Por ejemplo, para evitar que la figura de “licitación corporativa”, creada en su decreto, sea usada solo en las operaciones logísticas, y que se contemple  la  posibilidad de comprar bienes y servicios para el sistema de salud estatal.

También recalcaron la necisidad de eliminar la entrega de contratos a un solo proveedor como ha ocurrido sistemáticamente en la pandemia. Este portal precisamente denunció que el Ministerio de Salud dio un contrato de más de 4 millones de dólares a Pedro Chicaiza, como persona natural, para la dotación de mascarillas. Eso pese a que no contaba con permisos para comercializar ese tipo de insumos.

Ese contrato fue anulado por mutuo acuerdo y el sistema de salud no recibió más de cinco millones de mascarillas. La Cartera de Estado tuvo que ejecutar otro contrato sobre la marcha para suplir la demanda del personal sanitario.

En su carta, los empresarios proponen al Gobierno que replique las experiencias del sector privado de Argentina y Brasil, que tienen un sistema digital que monitorea cada medicamento e insumo que llega a los hospitales. La idea es gestionar una guía de identificación de medicamentos, que a través de un código de barras siga la presencia, uso y entrega de los insumos.

Para los proveedores privados es importante que cada hospital se encargue de generar esta guía y  de los procesos para adquirir productos. Ese es el punto más crítico de la propuesta, porque el presidente Moreno cuestionó el sistema anterior, que daba esa potestad a cada centro.

Asedim pide fortalecer la transparencia

Para la directora de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Insumos Médicos (Asedim), Cristina Murgueitio, la posibilidad de que cada hospital gestione sus recursos no era mala, pero en el pasado fue “defectuosa por la falta de control y de transparencia”. Por eso, añadió, «nuestras propuestas buscan reforzar la transparencia y el control de las contrataciones de insumos médicos, siguiendo todas las normativas vigentes».

Adicionalmente, el Comité pidió al Gobierno que aplique un proyecto piloto bajo este sistema por dos años, que incluya a los 30 medicamentos que mayores complicaciones hayan registrado en la red pública (falsificados, robados, etc.).

“En esta etapa se deberá tomar en cuenta la necesidad de acondicionar etiquetas a nivel local,  así como la entidad que deberá,  bajo los protocolos más estrictos de seguridad, ser el custodio de la base de datos del sistema”, se explicó en la carta.

Otro punto fundamental es -según los empresarios- que solamente los proveedores que cuenten con todos los permisos y razón social sean contratados. En los últimos dos años se detectó que 433 proveedores no cumplían con las normas establecidas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA.

Entre ellos existían bufetes de abogados, de contadores, papelerías, ferreterías y de venta de comida recibieron contratos en hospitales públicos.

“Se debe exigir los permisos de funcionamiento y certificación de Buenas Prácticas de  Manufactura o de Buenas Prácticas de Almacenamiento Distribución y Transporte, así como también un Registro Único de Contribuyentes (RUC), habilitado para el giro de negocio”.

Finalmente, recomendaron la creación de un comité interinstitucional para la coordinación entre entidades de la red pública. Este  organismo sería liderado por el Ministerio de Salud, con la participación del Servicio de Compras Públicas como vigilante de los procesos.

Dos de los sentenciados por la muerte de Michelle Cobo, tras una cirugía estética, anunciaron que llevarán su caso ante la Corte Constitucional, una vez que su condena fue ratificada en última instancia. Cuando era titular del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García emitió un pronunciamiento contra el fallo. Para los implicados, éste es un argumento para elevar su caso a los jueces constitucionales. Gabriel Cobo, padre de Michelle, estima que García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre fallos que subirán a ese alto tribunal, en cuyo proceso de selección él participó. El ex presidente del gremio también es cuestionado por su supuesta interferencia en otro caso de mala práctica, denunciado por Carlos Iglesias y su familia (foto principal). García rechaza las críticas e insiste en que la gerente de la clínica no podía ser condenada.

 Redacción Código Vidrio

La familia Cobo Vallejo está preocupada. Desconfía del desenlace del juicio penal contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz, quienes fueron sentenciados por la muerte de Michelle Cobo tras una operación estética. 

Este lunes 15 de junio, los ministros de la Corte Nacional Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado) e Iván León, confirmaron en última y definitiva instancia la condena contra los médicos estéticos y contra la gerente de la clínica donde se realizó la operación, a un año de prisión. Y dispusieron que el tribunal de primera instancia ejecute el fallo y disponga las capturas de los implicados, quienes tenían medidas sustitutivas.

El primer pronunciamiento de la Corte Nacional en este caso fue en diciembre pasado. Esa ocasión expidieron la sentencia contra los tres implicados, pero ésta no se ejecutorió en vista de que sus abogados presentaron pedidos de aclaración.

Un mes después, el 24 de enero, Ramiro García, entonces presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, se pronunció públicamente y difundió un comunicado de la entidad, cuestionando duramente el fallo judicial. También divulgó el pronunciamiento a nombre del Colegio en su cuenta en Twitter.

El documento dice en su encabezado:
Pronunciamiento Colegio de Abogados de Pichincha ¿Puede un abogado ser condenado por mala práctica médica?

“Un profesional, entre ellos un abogado, por sus actividades de representación legal en una casa de salud, no podría causar la muerte de una persona por mala práctica profesional, pues la representación legal no es una profesión”, escribió García en el documento.

Y agregó: el fallo es un “absurdo jurídico que atenta contra los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, legalidad y el estado constitucional de derechos”.

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Por lo cual -añadió- “existió un error de subsunción (acción de encuadrar los hechos en los supuestos previstos por la norma jurídica), que debería ser corregido para evitar que se repita en el futuro”.

La sentencia contra los médicos y la gerente fue ratificada por los jueces en tres instancias judiciales. Todos coincidieron. Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados, ni tenía permisos de Salud para ese tipo de intervenciones, lo cual era responsabilidad de su gerente. Determinó, además, que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada en julio de 2016

Los jueces concluyeron que “el edema pulmonar que afectó a Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo (bacteria), luego de la operación”.

Entrevistado por este portal en marzo pasado, cuando aún era presidente del Colegio, García dijo que le parecía “aterrador” que a un agremiado (abogado) se le sancione por “mala práctica médica”, aunque el delito tipificado es de mala práctica profesional.

Para el abogado, su pronunciamiento no es una injerencia ni una presión indirecta sobre la deliberación de los jueces. No obstante, anticipó que estará pendiente del desarrollo del caso, sobre todo en la Corte Constitucional, donde se puede presentar un recurso exraordinario de protección.

Sentenciados se defenderán con pronunciamiento de García

El comunicado del Colegio de Abogados es citado por dos de los sentenciados como un argumento para su defensa en el recurso que plantearán, por una supuesta vulneración de sus derechos, en la Corte Constitucional.

Pablo Encalada, abogado de la gerente de la clínica, coincide con García, “porque María Muñoz es abogada y no médico”. Toscano también destacó el pronunciamiento de García, pues es fundamental para “evidenciar las irregularidades que existieron en el juicio”.

Para Gabriel Cobo, padre de Michelle, García debería abstenerse de hacer pronunciamientos sobre casos que serán conocidos por la Corte Constitucional, pues él fue parte, con otros juristas, de la comisión calificadora que seleccionó en 2018 a sus nueve jueces, al igual que a los ministros de la Corte Nacional.

Desde su nombramiento, los magistrados constitucionales han sido reconocidos por sus fallos ceñidos al derecho y la Constitución.

Cobo destaca, además, que García usó el nombre del Colegio para divulgar el comunicado, sin contar con la aprobación ni conocimiento del Directorio. En enero pasado presentó un pedido escrito para que esa entidad certificara las actas del directorio donde se aprobó que su entonces presidente difundiera ese pronunciamiento. Han pasado seis meses y la entidad aún no responde su solicitud.

Consultado por Código Vidrio, Ángel Orna, actual presidente del gremio de Abogados, confirmó que el pronunciamiento sobre la sentencia por la muerte de Cobo no fue tratado ni conocido por el Directorio.

García reconoció que el comunicado fue su iniciativa como representante legal del organismo, pero que luego informó al directorio, que “estuvo de acuerdo”.

Duro crítico del correísmo, el subdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Central no ha dudado en opinar en redes sobre distintos casos judiciales en marcha, y defender las reformas impulsadas por el Gobierno, que precisamente lo nombró como uno de sus representantes en las comisiones calificadoras, integradas por el Consejo transitorio de Participación.

García dejó la Presidencia del Colegio de Abogados hace pocas semanas, para dedicarse -según anunció-  a la cátedra universitaria, aunque su período prácticamente había concluido y están en suspenso las elecciones para escoger al nuevo directorio, aplazadas por la pandemia.

Críticas por manejo de fondos en el Colegio

García es cuestionado por el también abogado José Alomía, candidato a presidir el Colegio.

El jurista dijo que no es extraño que García “haya usado el nombre del Colegio para su beneficio”, pues usualmente cabildea para favorecer sus litigios. Por eso estima indispensable realizar una auditoría de su gestión, pues “manejó buena parte de los fondos del Colegio en gastos onerosos en restaurantes, pasajes nacionales e internacionales, para traer conferencistas extranjeros”.

Alomía ha presidido en dos ocasiones el Colegio, entre 2012 y 2016.

García negó haber utilizado al Colegio para su beneficio. “Las únicas cuentas de comida que se ha pagado con dineros de la institución, han sido aquellas que se ha solicitado para las reuniones de Directorio cuando se convocó o cuando hemos tenido invitados internacionales, que han venido a los eventos académicos organizados por la institución. De hecho, en los últimos dos años inclusive esos rubros han sido solventados con mi dinero”.

En cuanto a los viajes, dijo que con recursos del Colegio se cubrieron pasajes nacionales de cuatro viajes para reuniones de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. “Muchas otras reuniones o eventos académicos a los que he asistido en representación del Colegio, los he cubierto con mis recursos o porque he sido invitado por los organizadores”.

En el caso de los traslados internacionales, “el  único evento en que se ha emitido un pasaje en mi favor es la reunión que se celebró por parte de la Federación Interamericana de Abogados en Panamá, en 2016. (…). El cargo de Presidente del Colegio es honorario y no recibe pago de ninguna clase. La caja chica no la he manejado jamás, sino el contador de la institución”.

Denuncian interferencia en otro caso

Antes del caso de Michelle Cobo, el entonces titular del Colegio de Abogados también intervino en otro juicio, que involucra a médicos y representantes de una casa de salud.

Se trató de una demanda por daño moral que Carlos Iglesias impulsó contra autoridades de la Clínica Internacional, de Ecuasanitas y los médicos que supuestamente dieron “un mal tratamiento médico a su hijo Carlos”.

El  30 de septiembre de 2011, Carlos Andrés Iglesias, de nueve años, ingresó a la Clínica Internacional con un diagnosticó de Hepatitis B., por lo cual fue transferido a la especialista en gastroenterología para tratarlo.

Al llegar a este centro su cuadro se agravó, por lo cual fue ingresado en unidad de Terapia Intensiva. La crisis comenzó, según su padre, cuando allí recibió un diagnóstico equivocado y el tratamiento consecuente lo puso en serio riesgo.

El niño fue sometido a punciones, drenajes y al corte de su papila digestiva, sin éxito, por lo cual su condición empeoró. Sus padres decidieron pedir un concilio médico para determinar la gravedad de su cuadro. 

Los médicos que lo trataban fueron reemplazados. Entonces, el cirujano pediatra Patricio Vargas estableció con precisión el diagnóstico: “quiste de colédoco”, luego de lo cual se estabilizó y se recuperó, aunque tuvo secuelas, especialmente a nivel emocional.

El Ministerio de  Salud Pública inició un proceso especial sanitario en contra de los médicos Graciela Maggi  y Hayek Tohme, quienes realizaron los primeros chequeos al niño. Ambos recibieron una sanción de 20 salarios básicos unificados, prevista en la ley de Salud vigente en el 2013.

Maggi y Tohme rechazaron la decisión de Salud. Tohme sostuvo, en las cortes, que la sanción fue ilegal. “Yo no he irrogado daño alguno a Carlos Andrés Iglesias; por el contrario siguiendo todos los protocolos he realizado el mayor esfuerzo profesional y técnico para brindarle la debida asistencia médica que todo paciente requiere (…)”. Mientras que la pediatra dijo que fue sancionada, pese a que ella solo transfirió el pequeño.

Iglesias llevó su demanda a los tribunales de justicia. “Como familia nos han cambiado, mi esposa tuvo que renunciar para cuidar a nuestro único hijo. Nos ha unido, pero ha sido un cambio drástico para nosotros”.

Los abogados de los demandados aseguraron en las cortes que como personas jurídicas nunca tuvieron una participación en los hechos ni existe ningún nexo causal para hacerlos responsables.

Por eso, Luis Granja, director Médico de Clínica Internacional, recalcó que en ningún momento  atendió al niño, pues sus funciones eran administrativas.

El juicio tiene seis años y  aún está en trámite.  El 2016, el Colegio de Abogados de Pichincha, presidido por García, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura en contra del perito que había descubierto una presunta manipulación y destrucción de evidencias. 

“García utilizó su poder como presidente del Colegio de Abogados y con manipulaciones logró que el Consejo de la Judicatura descalificara como perito a Ramiro Arévalo. Lo que no logró es que se dejaran sin efecto sus informes periciales”, recalcó Iglesias.

Por eso, él asegura que hubo injerencia de García para favorecer a los acusados. Su sospecha se fundamenta en que la queja que planteó el Colegio se refiere textualmente a la denuncia presentada “por un profesional asociado a nuestra institución, el Dr. Danilo Maggi”.

La Judicatura llevó el caso del perito Arévalo hasta la Fiscalía. En la investigación del Ministerio Público se verificó que sus documentos eran sólidos y que fue separado ilegalmente.

García negó que hubiera presentado una demanda contra el perito Arévalo. Tampoco se refirió a la denuncia del abogado Maggi. Dijo que la queja fue presentada por el gerente de Ecuasanitas, quien denunció por escrito ante el Colegio de Abogados que había casos, como el del perito Arévalo, en que actuaban con acreditaciones falsas, certificando su supuesta experticia.

Enfatizó que la Judicatura determinó los presuntos títulos falsos. “Como Colegio de Abogados, una de nuestras preocupaciones constantes ha sido el correcto funcionamiento de la administración de justicia. Habríamos faltado a nuestras obligaciones si no hubiéramos puesto esta denuncia en conocimiento del órgano competente”.

García negó su injerencia y puntualizó que para remitir a una entidad pública una denuncia presentada en el Colegio no requería la autorización del Directorio. Es decir, que en este caso tampoco existió una decisión colegiada.

La demanda de Iglesias por daño moral estuvo paralizada desde diciembre del año pasado. Hace dos semanas, presentó un escrito para reactivar el proceso, que tuvo respuesta el 20 de mayo, en la Corte de Pichincha, que confirmó haber recibido la notificación.

Ayer lunes, 15 de junio, los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Wilman Terán ratificaron la condena en última y definitiva instancia contra los doctores Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica María Muñoz, por mala práctica profesional, que causó la muerte de Michelle Cobo. Dispusieron que se envíe el juicio al tribunal penal para que aplique el fallo, extienda las boletas y ejecute las órdenes de prisión, en las próximas 48 horas. 

Redacción Código Vidrio

El juicio penal por la muerte de Michelle Cobo llegó a su final. Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia rechazaron los pedidos de aclaración presentados en diciembre pasado y confirmaron la sentencia contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz.

Este lunes 15 de junio, los magistrados Iván Saquicela, Iván León y Wilman Terán ratificaron la condena en última y definitiva instancia y remiteron el proceso al tribunal penal para que extienda las boletas y ejecute las órdenes de prisión, en las próximas 48 horas.

Toscano y Hurtado deberán cumplir una pena de ses años y ocho meses, y Muñoz de tres años. Esta es la sanción más severa que establece el Código Penal para esta infracción. Fue impuesta porque los dos médicos son reincidentes. En 2018 fueron condenados a ocho meses de prisión por homicidio culposo, por la muerte de Yadira Cáceres, en 2015, durante una cirugía estética. Ella tenía 39 años y había procreado una niña, que quedó al cuidado de su padre.

Sobre el fallo dictado ayer no cabe otro recurso judicial.

En diciembre pasado, la Sala había negado el recurso de casación, confirmando la sentencia que, sin embargo, no se pudo aplicar porque los sentenciados pidieron su aclaración.

Los jueces tardaron seis meses en responder este último recurso: establecieron que la condena no ameritaba ninguna aclaración. Además, corrigieron errores formales en la redacción del nombre de María Muñoz, que habían sido advertidos por la parte acusadora.

El domingo, Código Vidrio divulgó que pese a haber recibido dos sentencias por mala práctica profesional por las muertes de Cobo y Muñoz, la clínica Steticus ha seguido promocionando los servicios de cirugías estéticas de Toscano y Hurtado https://www.codigovidrio.com/code/cirujano-sentenciado-quiere-volver-al-negocio-estetico/.

Pablo Encalada, abogado de María Muñoz, dijo que llevarán el caso a la Corte Constitucional, para revertir supuestas violaciones a los derechos de su clienta, que es abogada de profesión y no podía ser sancionada por mala práctica médica. No obstante, el delito juzgado es de mala práctica profesional.

Por su parte, Toscano, antes de conocer esta decisión,  también anunció que acudirá a la Corte Constitucional y de ser el caso a las cortes internacionales.

Gabriel Cobo dijo que la decisión de la Corte sienta un importante precedente y es el resultado de años de lucha constante en los tribunales, en medio del dolor por la trágica partida de su hija. “Este fallo es una señal clara para algunos médicos que sólo ven en las cirugías estéticas un gran negocio”.

Él duda que la Corte Constitucional acepte el pedido de revisión de los sentenciados, pues todos los jueces que conocieron el proceso coincidieron en que hubo una mala práctica y negligencia de los galenos y la gerente de la clínica. “Sería una infamia luego de las decisiones del Tribunal Penal, de la Corte Provincial y de la Corte Nacional”.

En la clínica Steticus, aún promocionan al médico Patricio Toscano como un exitoso cirujano plástico, experto en rinoplastias y lipoesculturas. Difunden sus servicios, aunque desde el 2015 Toscano enfrenta dos juicios en los que fue sentenciado por mala práctica profesional, que desencadenó la muerte de Michelle Cobo y Yadira Cáceres. Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio contra galenos.

Redacción Código Vidrio

Su nombre ha sido sinónimo de éxito en las redes sociales y en algunos medios. Patricio Toscano, de 57 años, se había gando la fama de un respetado médico cirujano ecuatoriano, presidente y accionista mayoritario de la Clínica Steticus, fundada en 1997.

Obtener una cita con él no es fácil. Tiene un récord del cual se enorgullece de 25.000 operaciones con su equipo médico y otras miles de intervenciones en Operación Sonrisa.

Su agenda, hasta antes de la pandemia, estaba copada, por la gran demanda de consultas, como constatamos al requerir una cita en la clínica por teléfono, en marzo pasado.

La secretaria pidió que volviéramos a llamar luego de la emergencia sanitaria, para que Toscano hiciera una revisión médica del paciente que quería practicarse una cirugía en ese centro, pese a que ya fue retirado del registro público de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS).

Michelle hacía voluntariado con los “niños de cristal”

Los ojos negros de Michelle Cobo se apagaron. En 2016 tenía 20 años, estudiaba psicología en la universidad; le gustaba el canto. Incluso grabó un CD con cinco melodías, que reflejan su profunda espiritualidad cristiana.

Todas las semanas compartía su alegría juvenil con los más necesitados: los “niños de cristal” (trastorno genético por fragilidad en los huesos) eran sus consentidos, porque sus delicados cuerpos necesitan más cariño.

A medio año, Michelle se preocupó por un pequeño lipoma que apareció en su torso. Su padre Gabriel y su madre María Soledad la llevaron a un oncólogo para prevenir cualquier riesgo de un tumor. Las pruebas determinaron que era una inofensiva acumulación de grasa.

En agosto del 2016 la familia tenía previsto viajar a Estados Unidos para unas vacaciones. Pero Michelle quería que antes le retiraran el lipoma y que se le practicara una lipoescultura.

Con su madre acudieron a un médico conocido: Patricio Toscano, quien un año antes le había practicado una rinoplastia. En entrevista con este portal, el doctor dijo que tenía una relación amistosa con la familia, y que antes había operado a otros parientes de la joven.

El galeno recibió a Michelle y su madre en su consultorio. Les aseguró que no habría problemas en la cirugía, solo habría un cambio: la intervención ya no sería en Steticus sino en la clínica San Gabriel.

Ese cambio, de último momento, preocupó al padre, que estaba intranquilo porque la operación fue programada 15 días antes de su viaje, lo cual le daba poco tiempo para su recuperación.

También estaba preocupado porque el doctor no puso reparos al peso de su hija, de un poco más de 100 libras.

El vienes 15 de julio, ella ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó.

A las 10 de la mañana, Gabriel Cobo recibió una llamada de su esposa, quien desesperadamente le pedía que fuera a la clínica, pues su hija estaba grave.

Apresurado, abandonó su trabajo y se dirigió a la clínica. Su hija luchaba por sobrevivir. Su estado se complicaba minuto a minuto, pues en ese centro no tenían una sala de terapia intensiva para atenderla ante ese tipo de complicaciones.

El tiempo apremiaba. Intentaron en vano llevarla al Hospital Metropolitano, que estaba más cerca. Tres horas después (a las 13:00) la Novaclínica aceptó admitirla.

Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro. Michelle tenían 28.500 leucocitos por microlitro, que un par de horas llegaron a 29.000.

Los leucocitos son las células de la sangre que defienden al organismo de cualquier infección. Normalmente una persona tiene 5.000 leucocitos.

Amanecía. El 16 de julio, a las 06:45, Michelle murió por una septicemia (infección generalizada).

Abatidos por el dolor, sus familiares trataban de encontrar una explicación al súbito desenlace, en medio del secretismo de los médicos.

Con los meses, empezaron a tener más pruebas sobre las causas de la muerte y los antecedentes desconocidos de Toscano.

Entonces supieron que, precisamente, días antes de operar a Michelle, Toscano y dos médicos de su equipo habían sido sentenciados por homicidio culposo a ocho meses de prisión, por una cirugía de lipoescultura, practicada un año antes a Yadira Cáceres, de 39 años.

Ella había fallecido por una hemorragia y paro cardiorrespiratorio.

Toscano era la cabeza visible

La familia de Michelle también se enteró que Toscano no la operó, sino su colega Carlos Hurtado, quien no la había examinado antes.

Ese precisamente fue el principal argumento de defensa de Toscano, quien en su descargo aseguró que no estuvo en la sala de operaciones.

No obstante, su ausencia, precisamente, atenta contra la relación paciente-médico: el paciente confía en el galeno que la examina, a quien contrató para una intervención.

Toscano defendía fervientemente esa relación paciente-médico en redes sociales, cuando se debatían las sanciones a la mala práctica profesional en el Código Integral Penal del 2014.

“La ley de mala práctica médica va a destruir la relación médico-paciente como ha sucedido en otros países. Esta relación cura al paciente”, escribía en en Twitter.

En el equipo de cirugía había personas sin especialización, que es un requisito obligatorio en el Código de Salud. Una de las asistentes no tenía título universitario.

La fiscal Verónica Murgueytio con las pruebas recabadas evidenció que en la cirugía de Michelle se violaron varios procedimientos. El primero: la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano; no Hurtado.

Por eso, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.

Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, la fiscal señaló la responsabilidad de la clínica, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.

Carlos Pazmiño, abogado de Hurtado, en sus alegatos dijo que no existía un nexo causal directo para aseverar que su cliente tuvo responsabilidad en la muerte.

Alquiler de quirófanos sin suficientes equipos

Durante la investigación, también se supo que la clínica San Gabriel alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.

El alquiler de quirófanos es una práctica que no está prohibida y es común el país.

El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, explica que hay dos tipos de atención en las clínicas privadas.

Unas, abiertas en las que los médicos usan sus instalaciones para realizar cirugías con un acuerdo previo, y otras, cerradas, con acceso solo a sus socios.

En el primer caso, Álvarez aclara que es responsabilidad de los representantes legales de las clínicas contar con las instalaciones y equipamientos adecuados para una operación.

También se comprobó que mientras Michelle era intervenida, otro quirófano era usado para colocarle implantes mamarios a otra paciente.

Precisamente, ese 16 de julio las operaciones estéticas estaban planificadas en seguidilla, una tras otra, en el tiempo justo, como una línea de fábrica.

El organismo de Michelle fue tomado por la bacteria conocida como “come carne”, la más letal de los estreptococos.

Cuando entró en shock, la paciente no pudo ser atendida en la clínica, que no contaba con sala de cuidados intensivos.

Clínica no tenía permisos para operaciones

En el juicio se probó que el centro tampoco tenía los permisos para practicar ese tipo de operaciones.

Por eso, la demanda judicial también fue contra la representante legal de la Clínica, María Eugenia Muñoz.

Su abogado, Pablo Encalada, dijo que existía una ilegalidad al acusar a su cliente con el artículo 146 del Código Penal, preconcebido para los médicos.

Además sostuvo que la clínica sí tenía los permisos necesarios para cirugías en sus instalaciones y que no se conoce con certeza que Michelle hubiera sido contagiada con la mortal bacteria. Ésta también es la tesis de Toscano, quien sostuvo que en ese centro realizaban intervenciones gástricas y ginecológicas.

Dos años después, tras acopiar evidencias y analizar detenidamente lo ocurrido, Toscano y su colega fueron llevados a juicio. El 3 de julio de 2018, se celebró la audicencia de juzgamiento, la Fiscalía se aprestaba a acusar a Toscano y Hurtado por homicido culposo

No era la primera ocasión que Toscano y Hurtado acudían a la sala de audiencias en la Corte Provincial de Pichincha, donde casi siempre salían victoriosos.

Ese día, la diligencia estaba a punto de suspenderse por pedido de los abogados de los galenos.

Toscano se veía despreocupado, confiado. Jugaba con el pañuelo que llevaba en la solapa de su traje.

Repentinamente, a la sala ingresó Andrés Paz, acompañado por dos policías que detuvieron a Toscano y Hurtado, para que cumplieran la sentencia por la muerte de Yadira Cáceres, ocurrida tres años antes.

Una sopresa trágica

Yadira buscaba darle una sorpresa a su esposo Andrés Paz. Corría el año 2015.

Alentada por consejos de algunas amigas, quiso mejorar su figura con una liposucción. Como de costumbre, la clínica de Toscano ofrecía una promoción: dos operaciones por el precio de una.

Su hermana Cristina le acompañó a sus primeras citas, donde fueron recibidas por el propio Toscano, quien confirmó que la primera cita fue en marzo de ese año y que solo regresó a la clínica en julio para la operación.

Yadira pasó todos los exámenes de rutina para someterse a la operación, pero decidió que era mejor no contarle sobre la intervención a su esposo.

La operación se programó para el 16 de julio del 2015, a las 10:00. Un día antes, las dos hermanas almorzaron. En ese momento Yadira recibió la llamada de la clínica para informarle que su operación se había adelantado para las 07:00. Su hermana no la podía acompañar y buscaron a su amiga Karina para que fueran juntas a la casa de salud.

La mañana del 16 de julio del 2015, Yadira, de 39 años, entró al quirófano. Su esposo Andrés no sabía nada, él salió desde su casa sin conocer que ella iba a entrar al quirófano.

Alrededor de las 10:00, sonó su celular, era Karina, la amiga de su cónyuge, quien le pedía que acudiera de urgencia a la clínica, pues Yadira habría sufrido un “accidente”.

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Los accionistas y administradores de la Clínica Steticus, que funciona en Quito

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Andrés Paz entró al centro estético y le dijeron que su esposa había muerto. No sabía lo que pasaba y miró a su cuñada Cristina, que estaba demolida. Ella llegó primero a Steticus y se encontró personalmente con el doctor Toscano, quien supuestamente le dijo: “yo no estuve en la cirugía, verás que yo no estuve ahí”. Su respuesta, que consta en el proceso penal, dice “él (Toscano) le ofreció a su hermana que iba a estar en la cirugía”. Andrés no sabía qué hacer…

Sintió que el mundo se le venía encima. No sabía cómo contarle a su hija Andrea, que tenía 9 años, que nunca más volvería a ver a su madre.

Se puso en contacto con su abogado y junto con varios policías acudieron a la clínica de Toscano, donde retiraron los videos de la operación y los partes médicos, que luego serían evidencias fundamentales en el juicio.

Los médicos que entraron al quirófano con Yadira Cáceres fueron Carlos Hurtado y Ricardo Cevallos, amigos y socios de Toscano. Solo Hurtado tenía un título de cuarto nivel de cirujano plástico. Cevallos no tenía esa especialidad, mientras Toscano dice que legalizó su formación de cuarto nivel, en 2018. Ocho años antes obtuvo una certificación de “Maestro en Cirugía estética”, en México.

Según la ley, para este tipo de intervenciones se requiere la especialización de cirujano plástico, no una especialización cosmética. Es decir que cuando se realizó la intervención no tenía título de cirujano.

Antonio Toro, amigo de Paz, que lo acompañó durante el juicio, aseguró que todo lo que ocurrió en el quirófano evidencia la negligencia que provocó la muerte de la paciente.

Los médicos jugaban en plena cirugía

En un video que tienen en su poder se observa a Hurtado y Cevallos, jugando y bromeando, durante la cirugía. Por eso, no se percataron cuando una de las cánulas (un tubo plástico usado para evacuar o introducir líquidos en el cuerpo) se llenaba de sangre.

Según un peritaje realizado en el juicio, la cánula perforó cinco centímetros el hígado de Yadira; una lesión fatal que le causó la muerte en la mesa de operaciones.

Toscano asegura que el video prueba que no estuvo en la operación. “Solo entré al quirófano pocos minutos para verificar como iba la paciente”.

Paz enjuició a Toscano, Hurtado y Cevallos. El proceso fue tortuoso. Cuatro meses después, perdió a su madre. Luego su socio lo traicionó y le obligó a liquidar la empresa que había levantado desde su juventud.

Muchas ocasiones pensó en quitarse la vida o hacer justicia con sus manos, porque Toscano parecía intocable.

Debió asumir cuantiosos gastos, que lo llevaron por los sinuosos laberintos de corrupción de los operadores de justicia, que le exigían pagos por todo tipo de trámites, que van desde el transporte para los policías, peritos u otros delegados, gastos de las fotocopias de documentos…

Estima que gastó unos 90 mil dólares en el proceso, sumado a las cientos de horas que dedicó para agilizar personalmente las acciones judiciales.

También afrontó el hostigamiento de los abogados de Toscano, que trataban de llegar a un acuerdo extrajudicial. Le ofrecieron un departamento en el edificio del Centro Comercial Naciones Unidas, pero no aceptó. Luego le propusieron entregarle otro departamento en el sector del Quito Tennis, un barrio exclusivo de la capital, y, por último, 120 mil dólares, que serían cancelados en varias cuotas.

Toscano ratificó que solo trataban de obtener un acuerdo amistoso con él, lo cual fue una inciativa de sus colegas.

Pero para Paz la muerte de su esposa no era negociable ni tenía un precio. Su único propósito era que los responsables fueran condenados. Los jueces condenaron a Toscano y Hurtado. Cevallos murió meses antes, por una fuga de gas en su domicilio.

Toscano y Hurtado fueron encarcelados, pero solo cumplieron ocho meses en prisión. Salieron en libertad y siguieron realizando cirugías estéticas, hasta marzo del año pasado, según Toscano, cuando se oficializó su suspensión.

En ese mismo mes, pidió la revisión del fallo de la Corte, que aún no se resuelve.

Esa sentencia fue la primera por mala práctica profesional, bajo las normas del Código Integral Penal, aprobado en 2014.

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Hasta el 2019 se presentaron 577 denuncias de homicidio culposo por mala práctica profesional en general. Pero, a la Función Judicial solo ingresaron 68 casos. La mayoría está en indagación, uno de los principales problemas es la falta de peritos especializados para llevar los casos.

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Luego de salir de prisión, Toscano siguió en su negocio de cirugías estéticas. En la Superintendencia de Compañías aparece como el socio mayoritario de Steticus y de una importadora.

En este período precisamente ocurrió la operación y muerte de Michelle Cobo, que Toscano y sus colegas también trataron de arreglar económicamente con su familia.

Gabriel Cobo recordó que recibió una propuesta para desistir del juicio a cambio de una tentadora compensación económica. Pero tampoco aceptó el arreglo.

Avanzó con el juicio, agobiado por el sufrimiento de la pérdida de su primera hija, que sumió a su familia en depresión y ansiedad. “Vivimos con ese vacío, con ese dolor indescriptible, solo esperamos que se haga justicia”, dice Cobo, quien es abogado y notario.

Para él, la muerte de su hija le obligó a adentrarse en el lado sombrío de las cirugías estéticas, “que es una mina de oro para algunos médicos inescrupulosos, que operan sin ningún control de las autoridades de salud”.

“Solo busco que la muerte de mi hija no sea en vano, quiero evitar, en lo posible, que otras familias sufran el infierno que hemos vivido”.

Durante el proceso se evidenció que la clínica no contaba con los equipos médicos y profesionales adecuados. «Por eso también se demandó a la gerente de la clínica”, dijo José Molina, abogado de Cobo.

En la legislación ecuatoriana no se contempla el delito de mala práctica médica, sino el de mala práctica profesional. “Como gerente, no podía permitir que se practique una cirugía electiva de la forma en que se hizo, que no tenía la autorización del Ministerio de Salud, sin profesionales. Imposible».

Pablo Encalada, abogado de María Muñoz, representante legal de la Clínica, dijo que ella recibió injustamente el coletazo de la demanda contra Toscano y Hurtado.

Seis años de prisión por reincidentes

En febrero de 2019, el tribunal penal de Pichincha confirmó que “el edema pulmonar que afectó a Michelle Cobo se debió a la contaminación sistémica producida por estreptococo, luego de la operación”.

El Tribunal destacó que en la clínica no se podían realizar este tipo de cirugías, ya que solo tenía un certificado de hospital básico. Y que la joven entró en “perfecto estado de salud”, antes de ser operada.

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Las autoridades judiciales embargaron algunos bienes de los médicos sentenciados en Quito

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Los jueces Henry Cáliz, Leonardo Barriga y Patricio Vaca sentenciaron a seis años y ocho meses de cárcel a Toscano, Carlos Hurtado y Edwin Cevallos, a quienes impusieron un año de suspensión del ejercicio profesional. También condenaron a tres años de cárcel a Muñoz y dispusieron el cierre de la clínica.

El fallo de los jueces fue confirmado en las dos instancias superiores y llegó a la Corte Nacional de Justicia. Los ministros Iván Saquicela, Wilman Terán Carrillo (encargado), y Dilza Muñoz negaron el recurso de casación de los condenados, en diciembre del año pasado.

Han pasado seis meses, pero el pronunciamiento de la Corte Nacional aún no está en firme. En la redacción de la resolución se escribió incorrectamente el nombre de la gerente; se puso María Verónica en lugar de María Eugenia.

El error fue advertido por las partes que pidieron que fuera corregido. El reponsable de enmendar es Saquicela, quien fue uno de los jueces que sentenció el caso sobornos donde está acusado el ex presidente Rafael Correa, pero hasta el momento no lo ha hecho.

Molina ha presentado cinco pedidos para que cambien el nombre, sin ninguna respuesta.

La demora preocupa a Cobo porque desde entonces “nuevos y poderosos actores judiciales entraron en el caso, a través de otros abogados, para trabajar a favor de uno de los sentenciados”.

Mientras tanto, las autoridades judiciales embargaron los bienes de los sentenciados. Fueron notificados de esa resolución en sus casas, negocios y clínicas, que, son embargo, aún están abiertas, a pesar de las sentencias.

“Seguiremos trabajando”

En Steticus y su compañía importadora, Toscano invirtió seis millones de dólares. Las dos empresas, según la Superintendencia de Compañías, entraron en liquidación desde septiembre pasado.

“Tuvimos que vender a precio de gallina enferma la clínica, con todos sus aparatos. Por eso se inició la liquidación, pero seguiremos trabajando como un grupo de médicos”, afirma Toscano, convencido de su reputación de hábil cirujano.

Lo entrevistamos el jueves 11 de junio en la clínica, un lujoso edificio al norte de Quito, en la Eloy Alfaro y Portugal.

Vestía informalmente. No admitió ninguna responsabilidad. Insistía en que sus líos judiciales eran producto de una retaliación, luego de que denunciara que un fiscal intentó sobornarlo, exigiéndole el pago de 30 mil dólares para dejarlo fuera de la investigación.

Otra mujer reclama indemnización

Toscano no solo ha sido enjuiciado por las muertes de Cáceres y Cobo. En agosto del 2016, un mes después de la muerte de Michelle, Valeria Burneo fue operada por los colegas de Toscano para agrandar sus senos en la Clínica San Gabriel, que pese a la sentencia seguía funcionando sin contratiempos.

La mujer explicó a los jueces que unas semanas después de la cirugía su dolor aumentaba y la piel de sus mamas se había oscurrecido.

El implante de su seno izquierdo podía verse claramente por una herida que apareció a su cuerpo. Urgentemente volvió donde Toscano para que le ayudara.

Según la demandante, el médico le “cogió ocho puntos en un seno y aproximadamente diez puntos en otro”, lo cual agravó el caso.

Entonces, viajó a Colombia donde la operaron de emergencia: perdió el pezón de su seno derecho y una parte del pezón izquierdo.  Hoy ella reclama una reparación económica a Toscano.

Por su parte, el médico anunció que llevará su caso hasta la Corte Constitucional, porque al sentenciarlo por la muerte de Michelle Cobo se violaron sus derechos humanos. El mismo recurso planteará la gerente de la clínica.

Entre 2014 y 2015, las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) compraron terrenos en Pichincha y Guayas para proyectos de vivienda que aún no se han construido. Por los predios se cancelaron 25,6 millones de dólares, aunque el avalúo catastral fue de 2,9 millones. Estas operaciones fueron denunciadas el miércoles pasado a la fiscal Diana Salazar, quien abrió una investigación previa. El director del Instituto de esa época, general (r) Enrique Espinosa, dijo que esas compras fueron calificadas por el Consejo Directivo y cumplieron las normas internas y leyes vigentes.

Redacción Código Vidrio

“Praderas de Uyumbicho. Siente el placer de vivir”.  Así publicitaba el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) el proyecto inmobiliario que debía construirse en un predio por el cual pagó 14 millones de dólares, aunque estaba avaluado en 500 mil.

Ésa y dos adquisiciones más están bajo la lupa de la Fiscalía, que investiga supuestos delitos penales, denunciados esta semana por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y las autoridades del Isspol.

El bien se compró para construir 1.293 casas en la hacienda Anchamaza, una propiedad rodeada por bosques, montañas y lagunas, en Uyumbicho, una parroquia del cantón Mejía, cercana a Quito. La propiedad tiene 671 lotes, en una superficie de 257.522 metros cuadrados.

Éste fue uno de los proyectos emblemáticos del Isspol el 2015, que no pudo concretarse.

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Las supuestas anomalías en el manejo de los recursos del Instituto empezaron a salir a la luz en agosto pasado. Revista Vistazo denunció que el organismo realizó inversiones de riesgo, muchas de ellas sin garantías, que fueron señaladas en un informe de la Superintendencia de Bancos. En ese reporte se estableció que el Isspol perdió más de $43 millones en las operaciones, denominadas “Pacto de recompra cesión de derechos fiduciarios”, que generaban intereses del 9%. Y se realizaron entre enero el 2016 y el  2018.

El informe fue cuestionado por el entonces director del Instituto, general David Proaño, quien en una carta enviada al ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que este tipo de inversiones se hacía desde el 2015 y que buscaban apoyar al sector productivo, de construcción y comercial del país. Tras las denuncias, Proaño fue reemplazado por el ex comandante de la Policía Jorge Villarroel, actual director, por decisión del Consejo, presidido por Romo.

Desde entonces, el Directorio revisó todo su portafolio de inversiones, detectando cuentas presuntamente opacas y lesivas a las finanzas de la entidad, en distintas operaciones.

Una de las principales irregularidades bajo investigación es la compra de predios. Según el certificado catastral al que accedió este sitio, el avalúo de la hacienda Anchamaza, al 12 de junio de 2015, cuando se concretó la compra, fue de $500.375.

La escritura pública fue celebrada entre los propietarios y el director del Isspol, Enrique Espinosa. El negocio se concretó, según destaca la denuncia, sin contar con un informe de riesgos del Isspol, pero sí tuvo el aval de los directores jurídico, económico, financiero y de riesgos.

Para las actuales autoridades, los costos de la compraventa “fueron exorbitantes”.

Sin embargo, el Consejo Directivo aprobó la compra-venta del predio, pero no pudo avanzar en la construcción del plan de vivienda.

Cinco lotes con supuestos sobreprecios en Chongón

La Fiscalía también investiga la adquisición de otros cinco lotes en el proyecto urbanístico Ciudad Olimpo, previsto para la construcción de 923 viviendas para los uniformados. Esos terrenos están ubicados en Chongón, junto a la autopista Guayaquil-Salinas, en Guayas.

El negocio se realizó en mayo de 2015 con la compra de los lotes en 8,5 millones de dólares a la empresa Ambiensa, de Breston Ramírez Vanegas.

El avalúo catastral de esos terrenos a la fecha fue de $1.6 millones. El lote cinco, con un costo calificado de $419.294; el seis, $379.282; el siete, $266.950; el ocho, con $394.631, y el nueve, con $241.656.

La operación, según informes del Isspol, se realizó sin la aprobación de la Comisión de Inversiones, un requisito que era obligatorio.

Tampoco fue aprobado por el Consejo Directivo del Isspol, “sino que fueron decisiones unilaterales del Director general”, indica la demanda.

“El valor de realización de los bienes inmuebles en un comparativo entre el avalúo catastral y el pagado, es por lo menos ocho veces superior”.

Un terreno para galpones, que no se construyeron

Un tercer caso investigado es el de “Mapreco”. Implicó la compra de un terreno industrial en Pascuales, Guayaquil, en 2015.

El Isspol aceptó una oferta de venta de la empresa Mapreco, gerenciada por Enma Borja Alvear de un predio de 35.620 metros cuadrados.

Para la compra contó con un informe favorable de la Dirección de Riesgos, que determinó que el Instituto “recibiría mayores rendimientos, mejoraría el precio de venta de las soluciones habitacionales ofertadas por AMBIENSA S.A”.

El objetivo de la compra era construir galpones que el Isspol luego proyectaba alquilar en $40.000 mensuales.

No obstante, luego no se pudieron levantar los galpones, en vista de que el terreno tenía una falla que dificltaba la construcción y por problemas legales en la delimitación de sus linderos, lo cual no fue alertado oportunamente.

Por esos terrenos el Isspol pagó $3,1 millones, pese a que el avalúo catastral a la fecha era de $796.472. En este caso tampoco se contó con la aprobación de la Comisión de Inversiones ni del Consejo Directivo.  “El valor de compra del terreno, frente al valor del avalúo catastral, es por menos superior en cuatro veces”.

Espinosa de los Monteros defiende legalidad de las compras

El general (r) Enrique Espinosa de los Monteros aseguró que todavía no conocía los detalles la denuncia que investiga la Fiscalía, por lo cual no podía explicar en detalle lo ocurrido en cada caso. No obstante, aseguró que las inversiones fueron calificadas por el Consejo Directivo del Isspol y cumplieron con todas las normas internas y leyes vigentes.

Uno de los vocales del Consejo fue el comandante de la Policía de la época, general Marcelo Suárez.

“Todas las inversiones están fundamentadas debidamente. Todo está en los archivos. Si van a investigarlo deben hacerlo bien”, dijo Espinosa, quien dejó la Policía el año pasado.

Aseguró que en su gestión el patrimonio del Isspol creció en un 40 por ciento (de 700 a 1.300 millones de dólares).  “Sin echarme flores, pienso que mi administración fue una de las mejores en la historia del Instituto”. Por eso, recordó que incluso fue felicitado por el Ministerio del Interior, que en el 2016 era dirigido por el actual asambleísta gobiernista José Serrano, quien presidía el Consejo directivo.

El oficial (r) dijo que por esa gestión efectiva y transparente superó sin contratiempos los controles de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría. “Mi conciencia está tranquila, ojalá esta denuncia no sea una cortina de humo para tapar las irregularidades que empiezan a salir”.

No obstante, para la ministra María Paula Romo estos manejos podrían tener implicaciones penales. “El manejo del Isspol es un asunto tremendamente delicado (…). Llevamos meses poniendo la casa en orden, revisando su portafolio y en estas investigaciones vemos algunas irregularidades, vinculadas a inversiones de papeles (bonos) y otras a inversiones en inmuebles”, sostuvo el miércoles pasado al anunciar la formalización de las denuncias en una rueda de prensa con la fiscal Diana Salazar.

En mayo pasado, Espinosa de los Monteros fue destituido por María Fernanda Tamayo, Inspectora de la institución a la época. El entonces general fue señalado como responsable de una falta administrativa grave por el uso del helicóptero policial que se accidentó el 4 de marzo de 2019 en la base de Aeropolicial, en el parque Bicentenario (norte de Quito).

Tras su destitución, Espinosa de los Monteros denunció en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que la ministra Romo cometió “un abuso de poder” al realizar viajes en el avión ambulancia de la Policía, para trasladarse con su esposo Iván Granda y sus hijos de Salinas a Esmeladas, en el feriado de Carnaval.

Romo justificó que esos viajes fueron incluidos en sus rutas de traslados oficiales durante la visita de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, lo cual no fue ilegal, según un examen de la Contraloría.

Jorge Luis Zambrano, líder de “Los Choneros”, esperaba a mediados de abril pasado que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, aceptara el pedido de sus abogados de acogerse al régimen semiabierto (excarcelamiento). Alegaba que ya cumplió el 60% de su sentencia, que purga por su participación en un asesinato. Pedía ser excarcelado con base en el fallo de un juez que redujo su condena de 20 a 8 años, pese a que no tenía competencia para hacerlo. Por ese motivo, el juez fue destituido y enfrenta una investigación de la Fiscalía. Hoy 5 de junio Alzira Benítez Tello, que asumió el conocimiento del recurso, le acaba de conceder la prelibertad.

 Redacción Código Vidrio

Jorge Luis Zambrano, “Rasquiña”, está a punto de salir libre. Desde hace meses, cavó un túnel seguro para salir libre, pero no por debajo de la prisión de Latacunga donde estaba preso, sino por la vía judicial.

Hoy, la jueza Alzira Benítez Tello le concedió el régimen abierto, basándose en una fall0 que redujo su condena ilegalmente de 20 a ocho años de prisión. Incluso, el juez que había expedido  ese pronunciamiento fue destituido y es investigado por la Fiscalía.

Rasquiña deberá presentarse semanalmente a la cárcel del Rodeo, en Portoviejo.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, no se ha pronunciado sobre este caso, en medio de graves cuestionamientos y alertas de la ministra de Gobierno,  María Paula Romo, sobre las intenciones de liberar a Rasquiña, desde hace varios meses.

Este portal hizo  un detenido análisis de los expedientes judiciales en torno a Zambrano, considerado por la policía el líder de la banda de “Los Choneros”, uno de los brazos operativos en Ecuador del cartel de Sinaloa

Antes de que su pedido fuera conocido por la jueza Benítez, “Rasquiña” esperaba que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, aceptara el pedido de su abogado de poder acogerse al régimen semiabierto, pues alegaba que ya habría cumplido el 60% de su sentencia, que purga por asesinato.

El abogado de Zambrano es Harrison Salcedo, también defensor del ex vicepresidente Jorge Glas.

La decisión judicial aún no es notificada a las autoridades de la cárcel de Latacunga, según conoció este medio.

El régimen semiabierto es un beneficio que contempla el Código Integral Penal, desde 2014. Consiste en liberar a un sentenciado bajo ciertas condiciones impuestas por el juez, como el uso de un dispositivo electrónico, presentación periódica, prohibición de salida del país, entre otras.

En 2014 “Rasquiña” fue setenciado en primera instancia a 8 años de prisión como cómplice del asesinato de Roddy Figueroa, ocurrido tres años antes en Manta. Tras la apelación del abogado de Zambrano y de la Fiscalía, el Tribunal Penal amplió la condena a 20 años, lo cual fue corroborado en última instancia por la Corte Nacional y se ejecutorió en marzo de 2018.

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Sentencia contra Zambrano, así como su récord delictivo y boleta de excarcelación expedida en caso de tenencia de armas.

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En mayo, el caso 09285-2018-01049 pasó a conocimiento del juez Wilson Castillo (ya fallecido), del juzgado penal de Guayaquil, para que aplique la sentencia y resuelva sobre las garantías penitenciarias, invocadas por los abogados del condenado, buscando que le rebajaran la pena.

“Considerando que el sentenciado Zambrano Jorge Luis fue detenido el 7 de septiembre del 2011, resuelvo que la pena impuesta se cumple el 18 de junio del 2032, ya que se fugó del centro carcelario durante nueve meses once días”, escribió el juez en su fallo. La decisión fue notificada a las autoridades en agosto del 2018 para su aplicación.

Cuatro meses después los abogados del condenado insistieron en que le rebajaran la pena. La petición llegó a manos del juez penal de Guayas José Tamayo, quien aceptó conocer la solicitud, pese a que ninguna autoridad le había trasladado la competencia del juicio, según los registros procesales.

Tamayo debió inhibirse de conocer ese pedido, según la ley. No obstante, en febrero de 2019 rebajó la pena a ocho años de prisión a Zambrano. Por esa decisión, el Consejo de la Judicatura le abrió un expediente disciplinario “por faltas gravísimas a su conducta como juez”.

El sumario en su contra implicó su destitución, el 4 de febrero pasado, y el inicio de la indagación 090101819076044 en la Fiscalía de Guayas, por un supuesto prevaricato, al actuar con dolo.

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Documentos del expediente que establece la destitución del juez Tamayo 

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Con base en ese fallo, la defensa de Zambrano pidió que el juez de Latacunga, Manuel Santamaría, lo liberara. El juez requirió que las autoridades del Centro penitenciario de Cotopaxi, donde está preso, le remitieran un informe de evaluación, que fue favorable a la rebaja por buena conducta.

El informe del  Departamento de Diagnóstico y Evaluación del Centro se realizó con base a la sentencia del juez Tamayo, que redujo la condena a ocho años. Pero no tomó en cuenta la resolución de Castillo, que ratificó la pena de 20 años.

La crisis desatada desde marzo por el coronavirus pospuso la resolución de los jueces. Mientras tanto, los abogados de Rasquiña habían logrado que otro juez expidiera una boleta de libertad en otro juicio por tenencia ilegal de armas.

En febrero pasado, este portal publicó un audio de una conversación telefónica que mantuvieron María Sol Larrea, excoordinadora del IESS sentenciada por enriquecimiento ilícito, y  Zambrano, el año anterior, mientras ambos estaban detenidos en la cárcel de Latacunga. En el diálogo se evidencia la relación estrecha, de extrema confianza y cercanía, entre ambos. También que Larrea planificaba con Zambrano, la forma de intimidar a una guía penitenciaria y de impedir su traslado hacia otro pabellón.

Cuatro bandas libran una guerra sin cuartel

 

“Rasquiña” era uno de los sospechosos de generar violencia y delitos dentro y fuera de las cárceles.

Por eso, las muertes violentas en las cárceles (la última fue la matanza en Cuenca, donde fallecieron seis personas) no son eventos aislados, según informes de Rehabilitación.

Rasquiña lideraba “Los Choneros”, tras la muerte Jorge Veliz España, alias “Teniente España”, abatido en el 2007, en un enfrentamiento con otra banda, que se hacía llamar  “Los Queseros”.

Desde entonces, “Los Choneros” trataron de ejercer dominio. Cuatro años más tarde, en el 2011, se los calificó como la organización delincuencial más peligrosa del país y su captura fue considerada una prioridad. En ese año fueron apresados “Rasquiña” y sus lugartenientes: Ronald  Javier  Macías  Villamar,  alias  “Javi”; Manuel  Cornejo,  alias  “Manuco”;  José  Adolfo Macías  Villamar,  alias  “Fito”; Eder Proaño Pazmiño,  alias  “Narizón”; Maximiliano  López,  alias  “Vieja  Maxi” y  Luis Alberto Ferrín Loor.

Todos han sido condenados por asesinato.  Zambrano debía cumplir su sentencia en La Roca, un complejo penitenciario de Guayaquil. Pero en febrero del 2013, “Rasquiña” y cuatro de sus compañeros evadieron las seguridades y escaparon,  con ayuda de funcionarios penitenciarios.

“Rasquiña” fue el último chonero recapturado por el bloque de búsqueda de la Policía; durante nueve meses estuvo en Colombia y fue detenido en un trabajo conjunto entre las policías de Ecuador y Colombia, gracias a las pistas que dejó su pareja sentimental. “Los Choneros” nuevamente regresaron a prisión, pero eso no ha impedido sigan mandando, dentro y fuera de las prisiones.

Los últimos años, distintas bandas han librado una guerra para controlar las cárceles y el crimen organizado en las calles. Estos enfrentamientos dejaron 32 personas privadas de libertad asesinadas, en el 2019, mientras en 2018 hubo 20 crímenes.

También hay denuncias de torturas y extorsiones en las prisiones, que cuentan con pocos guías penitenciarios y sin políticas de rehabilitación social efectivas.

La crisis del sistema de rehabilitación se evidencia en la sobrepoblación que llega a 44.000 internos, que viven en hacinamiento. El presupuesto del 2019 fue de 95 millones de dólares, siete menos que el año pasado.

“Los Cubanos” y “Los Gorras” se unieron el año pasado para retar el poder de “Rasquiña” y sus cómplices. Crearon la banda “Los Lagartos”, que opera en la Penitenciaría del Litoral, el centro más grande y, presuntamente, más seguro del país.

La disputa empezó el 30 de mayo del año pasado, con el asesinato de Ricardo Iván Mantilla Ceballos, hermano de Geovanny Mantilla, cabeza de “Los Gorras”. En represalia a esta muerte cinco presos que eran parte de “Los Choneros” fueron ejecutados en la Penitenciaría. Fueron abatidos a tiros, y sus verdugos intentaron incinerarlos, quemando colchones sobre sus cuerpos.

Años atrás, “Los Choneros” asesinaron a los cabecillas de “Los Cubanos”, los hermanos Kleber (“Metralla”) y Walter (“Caimán”), y Darwin Corozo (“Negro Jessy”). Sin embargo, su golpe más contundente ocurrió en junio del 2019, cuando asesinaron y decapitaron a William Poveda Salazar,“Cubano”.

Este crimen no aplacó la guerra, las muertes siguieron. “Los Lagartos” tienen como jefe a Geovanny Mantilla, de “Los Gorras”. Inteligencia de la Policía afirma que esta organización se dedica al narcotráfico,  a  través  del  envío  de  droga  al  exterior; al microtráfico, sicariato, robos, entre otros delitos.

Otra organización delictiva, de menor escala, es liderada por Alexander Roldán, “Junior”. Están dedicados al microtráfico en los centros; mientras que en las calles se dedican al robo, cobro de deudas, secuestro, extorsión, sicariato…

Su principal zona de influencia está entre los cantones del Triunfo y la Troncal, en Guayas.

En esa misma línea está la banda de “Pipo”, encabezada por Wilmer Chavarría, cercano a “Rasquiña”. Los informes de Inteligencia aseguran que ambos se unieron para asesinar a Henry Vera, en el 2015, en la Penitenciaría del Litoral.

Desde entonces, la gente de “Pipo” se dedica al microtráfico, extorsión, robo y sicariato. También a este grupo acude “Rasquiña” cuando necesita realizar alguna actividad ilícita en el sector que maneja esta organización.