La fiscal Jimena Moina, que investigó los presuntos delitos de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado, en los que está involucrado Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, fue separada del caso. Desde el lunes la reemplaza Leonardo Alarcón.
La investigación de la fiscal, que tomó nueve meses, tiene cabos sueltos. No profundiza, por ejemplo, en evidencias documentales entregadas desde abril del año pasado por la Secretaría Anticorrupción, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Lavado de Activos y la Unidad de Análisis Financiero, sobre el origen de los bienes adquiridos por Rivadeneira.
Moina tampoco encontró anomalías o posibles delitos en los nexos entre Jorge Alcívar, quien recibió 670.000 dólares por pagos de arriendos de la empresa Worley Parsons, y Rivadeneira, a quien empleó como administrador en el edificio Flamingo, en Atacames.
Los organismos de control detectaron vacíos y discrepancias que indican, con abundante documentación, supuestos delitos de evasión y lavado, que tampoco fueron recogidos en la acusación de la Fiscal en la audiencia de formulación de cargos, el viernes pasado.
Rivadeneira tuvo ingresos por 213 mil dólares, entre 2011 y 2019. Su empleador y socio, Alcívar, recibió 3,4 millones ese período; mientras el comerciante Mauro Flores percibió 8,6 millones. Hay discrepancias entre lo que tributaron, lo que declararon y el origen de lo que ganaron. Por eso las autoridades sospechan presuntos delitos de lavado y evasión fiscal. Pero esos presuntos ilícitos no se formalizaron, pues la fiscal los desestimó.
Redacción Código Vidrio
El operativo Flamingo no alzó vuelo la noche del jueves 9 de enero cuando fueron arrestados Pedro Rivadeneira, padre de la legisladora Gabriela Rivadeneria, y su socio Mauro Flores.
Empezó nueve meses atrás, el 25 de abril del 2019. Ese día el entonces secretario Anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda, y la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, presentaron una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen supuestos delitos de evasión tributaria y enriquecimiento privado injustificado, por hechos conectados con contratos en Petroecuador, la Refinería de Esmeraldas y la Refinería del Pacífico.
En el informe, de 18 páginas, se establecen conexiones contractuales, económicas y laborales entre la empresa de servicios petroleros Worley Parsons International (WPI), Jorge Alcívar Piña y Pedro Rivadeneira.
Entre 2012 y 2015 la firma australiana WPI recibió 227 millones de dólares en contratos, bajo un esquema de sobornos que está en investigación, y fueron firmados por los ex funcionarios del correísmo Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo, sentenciados por delitos contra la administración pública.
WPI fiscalizó y gerenció proyectos petroleros que alcanzaron los USD 4.000 millones, entre ellos la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas (2.200 millones), la construcción del Acueducto La Esperanza de la Refinería del Pacífico (obra que diseñó y fiscalizó), y la remediación de la planta de gas de Bajo Alto. Para ejecutar estos trabajos, WPI firmó contratos directos con Petroecuador por 400 millones. Simultáneamente, subcontrató al Grupo Azul, del estadounidense Bill Phillips, esposo de la entonces asesora de Rafael Correa, Mónica Hernández.
Mientras seguían la pista de los contratos, los investigadores se toparon con el nombre de Alcívar Peña, que recibió pagos de WPI por el arriendo de 14 departamentos en el complejo Flamingo Exclusive Apartment, en Atacames.
Alcívar, quien se encuentra en Estados Unidos desde mediados del año pasado, es un esmeraldeño de 48 años que alquila bienes inmuebles para comercio y vivienda. Sus familiares sostienen en redes sociales que es un ingeniero que emigró a EE.UU., donde prosperó financieramente y no tiene ninguna relación ilegal con este caso. Es más, aseguran que en julio presentó un escrito notificando el casillero de su defensa, para colaborar con la investigación.
Según informes del SRI, el IESS y la UAFE, a los que accedió Código Vidrio, Alcívar empezó a pagar el Impuesto a la Renta en el 2012, con 9.000 dólares; el siguiente año subió a 11.000, luego bajó su rubro y para el 2015 canceló más de 15.000 dólares. Los años siguientes no declaró un centavo para el pago de tributos.
Tiene 32 bienes, pero solo declaró dos
Sin embargo, sus cuentas no están claras y tienen muchas inconsistencias, según reportes de organismos de control. A su nombre tiene 32 propiedades, avaluadas en más de tres millones, en Guayas, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. Solo en Atacames posee 28 bienes, entre terrenos, casas y el edificio Flamingo. Únicamente dos de los bienes, valorados en un millón de dólares, aparecen en sus registros patrimoniales.
Hay más anomalías. Al cotejar sus declaraciones de Impuesto a la Renta con sus movimientos en el sistema financiero se detectaron inconsistencias entre ingresos y acreditaciones y depósitos a sus cuentas bancarias. Hay diferencias injustificadas por más de dos millones de dólares, según la UAFE y la Secretaría Anticorrupción.
En el edificio de departamentos y suites Flamingo su principal cliente fue la empresa petrolera WP. Entre 2012 y 2016 esa compañía le pagó a Alcívar 673.187 dólares. Los desembolsos se mantuvieron hasta el 2016 y estarían relacionados con el alquiler de departamentos para empleados de la compañía. En ese período, WP tuvo contratos millonarios con Petroecuador, bajo un esquema de coimas y contratos sobrevalorados, firmados sin concursos públicos.
Según registros de la Superintendencia de Compañías, Alcívar no tiene empresas a su nombre ni está registrado como administrador, de lo cual se determina que facturaba el alquiler de los departamentos con su RUC personal.
Entre 2008 y 2011, Alcívar tuvo ingresos en sus declaraciones de IR por solo 45.278 dólares. La UAFE destaca la importancia de este dato en vista de que en ese período construyó el edificio Flamingo. En sus cuentas bancarias tuvo ingresos por 440 mil dólares.»Desde 2012, su declaración de ingresos registra un aumento del 589%».
Entre 2014 y 2019, Alcívar hizo 24 viajes a EE.UU. En los registros de Migración tiene más de 54 salidas del país.
Pedro Rivadeneira, administrador de Flamingo
El administrador del complejo de departamentos Flamingo en Atacames es Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Riovadeneira, asilada en México desde la semana pasada. Él está acusado de supuesta asociación ilícita, junto con Mauro Flores, quien está detenido y adicionalmente se lo acusa de enriquecimiento privado injustificado.
Para Gabriela Rivadeneira, la detención de su padre es una vendetta política. Ella dejó el país pocas horas antes de su arresto. Ella sostuvo que la Fiscalía no pudo encontrar cuentas millonarias a su nombre ni su vinculación en delito alguno, aunque se investiga el movimiento injustificado de 5,8 millones.
Gabriel Rivera, abogado de Rivadeneira, dijo que fue detenido por acusación de asociación ilícita (más de 50.000 dólares), cuando el monto no reúne las condiciones para tal cosa. “Lo asocian con 5 millones de dólares, pese a que ese monto ni siquiera lo aceptó la Fiscalía en la formulación de cargos, pues pertenece al empresario implicado”, sostuvo.
Rivadeneira fue empleado de Alcívar desde 2017 hasta 2018. Ese año fue contratado con un sueldo mensual de USD 1.560. El año siguiente (2018) Alcívar le subió el salario a 4.800 dólares. Bajo la dependencia de Alcívar están siete personas más.
Un mes antes de ser contratado, Rivadeneira abrió una cuenta de ahorros con Alcívar (nro 2203643310), donde se registran depósitos por 40.000 dólares.
Entre 2011 y 2018, Rivadeneira declaró Impuesto a la Renta por 11.084, pero sus ingresos por depósitos y transferencias fueron de 213 mil. Posee tres propiedades, según informes municipales, en Cotacachi y Otavalo. Una hacienda de 25 hectáreas en Cotacachi fue avaluada en 742 mil dólares, pero la valoración bajó a 471 mil al año siguiente, el 2016. Ninguno de los bienes está incluido en su declaración patrimonial.
Código Vidrio pidió una entrevista a la fiscal Moina, el lunes 13 de enero, pero ella prefirió no pronunciarse. En la presentación de cargos, la agente sostuvo que se detectaron movimientos inusuales por 5,9 millones de dólares, mediante la adquisición de bienes inmuebles y de vehículos. Por eso, Rivadeneira y Flores son investigados por presunta asociación ilícita, una figura penal que podría abrir el paraguas para acusaciones por otros delitos, aunque es compleja de probar.
Diego Pozo, defensor de Flores, cuestionó durante la audiencia de formulación de cargos la imputación del Ministerio Público. Sus argumentos fueron que su cliente puede justificar los montos presentados por la fiscal Moina como injustificados, pues son producto de su actividad económica lícita.