Que Odebrecht corrompía al poder político para acceder a contratos de obra pública se conocía desde mediados de los 80 en el Ecuador.
El trasvase en la península de Santa Elena (caso CEDEGÉ) fue el primer escándalo en nuestro país, que evidenciaba prácticas corruptas de la empresa brasileña. Sus contratos tenían un denominador común: se entregaban a dedo y el costo final duplicaba el valor inicial.
El financiamiento iba atado a préstamos de Brasil a intereses altos, del 8% en promedio. La relación entre Odebrecht y las figuras de poder político en la región, con los años, se volvió más sofisticada.
Por esos años el tema era debatido en el Congreso porque con este procedimiento se “estaba favoreciendo a unas pocas constructoras extranjeras inmiscuidas en negociados de otras obras” como la vía Perimetral de Guayaquil, el Trasvase de la Península San Elena, el contrato de los Poliductos en la costa, la contratación de la Presa La Esperanza, el proyecto de agua potable Papallacta, entre otros. Esto está reseñado en un informe de 26 páginas que el entonces legislador socialista Víctor Granda presentó en 1991 a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Uno de los casos denunciados fue la contratación del trasvase en Santa Elena adjudicado a Odebrecht por 198 millones de dólares. El acuerdo tuvo sobreprecios y se concretó a través de un concurso direccionado para favorecer a la constructora brasileña, según los documentos que respaldan del informe.
Por eso la carta de Granda, que no tuvo eco en la clase política ni en los gobiernos siguientes, es premonitoria. “No podemos propiciar la fuga de dólares, bajo conceptos tan peregrinos como una supuesta incapacidad técnica, para obras que muchas veces no pasan de simples movimientos de tierras y colocación de carpetas asfálticas, o admitir que bajo el pretexto de falsos financiamientos de gobierno a gobierno, se contrate sin licitación”. Todos sus temores con los años se cumplieron al pie de la letra.
El entonces presidente Rafael Correa actuó como un encantador de serpientes. En abril de 2017, sostuvo en uno de sus últimos enlaces ciudadanos que el pago de una coima de un millón de dólares de Odebrecht a su exministro Alecksey Mosquera no era ilegal sino antiético. Y que a lo mucho cometió un delito de evasión. Otra perla: No hubo -según él- una coima sino un acuerdo entre privados. Mosquera, agregó Correa, ya no era Ministro cuando recibió el pago en un banco de Andorra en 2011. Los siguientes días, la investigación judicial desbarató la eufórica defensa de Correa. Mosquera recibió el pago del soborno en 2008, cuando era Ministro, según reveló la asistencia penal desde Andorra.
Estos cuatro documentos desbaratan el discurso del ex presidente Correa:
Asistencia penal desde Andorra confirma que las transacciones se hicieron en 2008.
El Ex gerente de Hidrotoapi, Byron Granda, reconoce que si bien el Consejo Provincial de Pichincha estaba a cargo de los procesos, hubo una “comisión técnica” pedida por el Gobierno central apoyando la contratación. El ex ministro Mosquera integraba la comisión.
Primera pista. El nombre o apodo de este personaje apareció en el audio que el fiscal Carlos Baca divulgó el lunes 26 de febrero de una conversación telefónica grabada aparentemente en noviembre pasado, entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.
Baca denunció que el diálogo es una prueba de que Serrano tenía acuerdos con el prófugo Pólit para sacarlo del cargo, lo cual ya es investigado por la Fiscalía.
En una parte del audio se escucha a Pólit: “Pepe… te acuerdas el Chiquito, él te va a entregar todo, podrías indicarle todo y él va directamente a donde me digan ustedes. Podría ser inmediatamente a donde me digan ustedes, tú ya lo conoces…”.
Para entonces, Pólit ya estaba prófugo en Miami preparando una contraofensiva para posicionar su versión, luego de que se confirmara la orden de prisión en su contra por el supuesto delito de concusión en el caso Odebrecht. Está procesado por recibir 10,1 millones de dólares, según denuncias del delator José C. Santos
Las siguientes semanas se divulgó un supuesto informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal por malos manejos en la Secretaría de Inteligencia, que salpicaba al fiscal Carlos Baca. Ese documento, según las autoridades de la Fiscalía y la Contraloría, no existe entre sus archivos.
[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la conversión telefónica entre José Serrano y Carlos Pólit
Segunda pista. En la Contraloría, Pólit tuvo un círculo hermético de colaboradores internos y externos, de extrema confianza. Algunos eran sus parientes. Uno de ellos es Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor. Rodríguez es accionista de Consultasesoría, que en 2015 recibió un contrato de Odebrecht por 500 mil dólares por una asesoría. La propietaria de esa firma es Karina Sáenz, ex gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte en el gobierno de Rafael Correa.
Rodríguez Chiquito ha recibido favores económicos de Pólit. De uno de ellos quedó huella en las declaraciones patrimoniales del excontralor. Pólit le prestó 150 000 dólares a Rodríguez. Cuando dejó el cargo, en junio pasado, el exjuez de cuentas ya no incluyó esa deuda en sus pasivos.
Tercera pista. Parte del grupo de incondicionales de Pólit salió a la luz cuando la subcontralora Sabeth Chamoun quiso ponerse al frente de la institución en reemplazo de Pablo Celi. La acompañaba el secretario de la institución, Adrián Bustos. En un video que por esos días se difundió en las redes Bustos aparece tratando de hacerle firmar su dimisión a Celi, que furioso rompe los papeles. Bustos acababa de asumir las funciones de Secretario General por delegación de Pólit. Semanas antes ocupó el cargo de director regional de la Contraloría en Esmeraldas.
Antes trabajó en el Consejo de Participación Ciudadana: fue asesor del entonces consejero y hoy asambleísta de CREO, Luis Pachala. Esa entidad escogió a Carlos Pólit como contralor. Él obtuvo una calificación de 100/100, tras un concurso público, en medio de cuestionamientos por la afinidad del organismo con el Gobierno. Bustos fue enrolado luego en Contraloría.
Contactado por nosotros, Bustos negó enfáticamente ser el «Chiquito» a quien se refiere el excontralor. «Ni siquiera soy chiquito, mido 1,68 m. Están tratando de dañar mi buen nombre», dijo Bustos, quien es abogado de John Pólit, hijo del excontralor. Si bien trabajó en el Consejo de Participación, no integró la comisión que seleccionó al contralor. Y en el ente de control trabajó en la regional de Esmeraldas. «Estuve apenas un día como secretario de la Contraloría, me destituyó Pablo Celi». Pidió no ensuciar su buen nombre y su honra.
Aquí Pólit explica cómo llegó al cargo en 2007 de la mano de Rafael Correa
Durante el concurso, Pólit fue impugnado por el exasambleísta Leonardo Viteri. Lo acusaba de haber trabajado solo el 47% de los días laborables, desde cuando fue posesionado en 2007. La gestión de Pólit se extendió por 1 095 días, pero solo habría laborado 281 días, según Viteri. El resto del tiempo encargó sus funciones por viajes al exterior, asuntos particulares, oficiales y vacaciones.
Pedimos un informe sobre los días que Pólit estuvo ausente en la última década. Según ese reporte, mientras fue contralor Pólit no laboró más de un año: exactamente se ausentó 383 días del cargo, para asistir a citas internacionales y con licencias de trabajo.
Es paradójico. En la mayoría de reuniones en decenas de países en varios continentes Pólit disertaba sobre temas anticorrupción y control de recursos públicos. Ese era su fuerte. En sus exposiciones, recalcaba la necesidad de mejorar las condiciones económicas de los servidores. “Cómo exigir al empleado público que siempre y en todo lugar rechace la coima, el soborno, la gratificación por el cumplimiento de su deber, si gana un salario que no cubre la canasta básica familiar”, indica en una de sus ponencias recogidas en una publicación institucional.
El despacho de Carlos Pólit era un cofre de secretos. Informes aprobados que establecían irregularidades de altas autoridades del anterior gobierno de Alianza País y debían seguir su curso para el establecimiento de glosas se guardaban bajo llaves de forma indefinida. Allí estuvo congelado, por ejemplo, el examen a la contratación del bloque Singue, y el establecimiento de indicios de responsabilidad penal. Salió a la luz luego de que Pólit dejara abruptamente el cargo en junio pasado, una vez que empezaron a destaparse sus relaciones con Odebrebrecht.
Hernán Ulloa, abogado de Pólit, dice que cuando viajó a Miami para tratarse, el excontralor se preparaba a divulgar informes sobre diferentes temas, entre ellos el de la Seguridad Social y el sector petrolero, otros no han salido y seguramente están archivados.
En el caso Singue uno de los principales involucrados es el exvicepresidente Jorge Glas. Como ministro de Sectores Estratégicos aprobó junto a otras autoridades de Petroecuador la entrega del bloque petrolero al consorcio DGC, q0ue estuvo plagada de irregularidades. También está salpicado el exministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, quien sostiene que el informe de Contraloría busca desprestigiar las contrataciones petroleras del anterior gobierno y carece de fundamentos legales y técnicos.
En varias oportunidades, Pólit recibió llamadas de Glas, para averiguarle el curso de algunas investigaciones. El 2 de octubre del 2016 al mediodía Glas llamó a su celular al entonces Contralor, quien interrumpió súbitamente una entrevista que mantenía con un periodista para atenderlo. Para entonces la auditoría de Singue (2011-2016) había concluido pero no era pública.
Otro de los temas represados, según fuentes de Contraloría, fue el informe sobre las irregularidades en la construcción de la vía Collas-Tababela. En este caso se fijaron dos glosas por 111 millones de dólares contra la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, una de las funcionarias de mayor confianza de Rafael Correa. Esas sanciones se desprenden del examen final que estableció que la obra tuvo un sobreprecio de 142 millones de dólares. Esa vía fue inaugurada el 31 de julio del 2014 por el entonces presidente Correa y fue financiada íntegramente por el Fisco.
Tras la salida de Pólit también se publicaron informes contra el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, por recibir bonos además de su salario como presentador en Gamavisión; contra el extitular del IESS, Richard Espinosa, por extinguir de los balances del IESS la deuda del Gobierno con el IESS. Y también se difundió el examen especial sobre el manejo de la deuda, que estableció una glosa de 70 millones de dólares en contra de los exministros Patricio Rivera y Marcelo Herrera, por el pago con bonos del 40 por ciento de las pensiones de salud.
De Carlos Pólit puede decirse todo, menos que no tiene dónde caerse muerto. Las referencias en sus declaraciones patrimoniales muestran la foto de un funcionario empeñado en no dejar pistas.
De la revisión de todas sus declaraciones, entre 2003 y 2017, mientras ocupó cargos públicos, uno de los datos que salta a la vista es que Pólit empezó a vender o traspasar la mayoría de sus bienes desde el 2013.
Desde 2003 cuando fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez, Pólit tuvo variables significativas en su patrimonio, que extrañamente fue disminuyendo.
En este lapso, Pólit declaró poseer siete propiedades: dos casas en Urdesa, un departamento en Salinas, un terreno en esa misma ciudad, un lote funerario en Parques de La Paz en Daule, un terreno en la urbanización Río Lago y una suite en el Swissotel. Acciones en dos empresas. Cuentas en cinco bancos en Ecuador y EE.UU. por unos 50.000 dólares en promedio.
En su última declaración de bienes -junio del 2017- reportó un patrimonio de 176.957 dólares. Dos cuentas en el Banco del Pacífico (20.693 dólares) y Regions Bank-Miami (25.317 dólares). No tenía inversiones, ni acciones en empresas; tampoco registró vehículos a su nombre. Solo decía poseer un lote funerario en el Parque de La Paz y la suite en el Swissotel. Según estos documentos su paso el sector público dejó su patrimonio en soletas.
Hernán Ulloa, abogado del excontralor Carlos Pólit, afirma que el juicio por concusión impulsado por la Fiscalía no tiene prueba sólida alguna. El único elemento de convicción en el cual se sustenta el juicio –explica- es la declaración de José C. Santos, que se basa en grabaciones ilícitas sin el consentimiento del excontralor. Según la ley, una grabación puede ser válida si se entrega de manera inmediata al fiscal, pero es de 2014. Aparte de ese elemento, no hay una sola transacción o depósito que corrobore lo que dice el exejecutivo de Odebrecht.
Según Ulloa, en el proceso tampoco se ha establecido que John Pólit hiciera alguna transacción, “es una interpretación de la Fiscalía porque él es un bróker de seguros, un intermediario internacional financiero”.
La Fiscalía adiestró a funcionarios de Odebrecht para que hicieran declaraciones posteriores y se inventó que el doctor Pólit exigía dinero a alcaldes, prefectos y asambleístas, lo cual fue desmentido categóricamente, agrega.
“Efectivamente el doctor Pólit tenía a su nombre dos empresas desde hace más de 30 años, de negocios absolutamente lícitos; ha sido espulgado por Fiscalía y no se halló ninguna vinculación de él con su gestión como Contralor. Por eso en el proceso ni siquiera se menciona su vinculación con esas empresas, que eran manejadas por sus familiares”.
“Entiendo que en el caso de Sabeth Chamoun, ella es muy amiga de él y es obvio que en esos cargos un funcionario del nivel del Contralor quería tener personas de absoluta confianza; ya en la Contraloría no hubo una relación empresarial ni de negocios, lo cual tampoco se ha probado, ni que ella haya tenido un manejo ilícito o relación con Odebrecht”. Por lo demás, agrega, no es ilegal tener una pequeña empresa que comience a prosperar. Hasta el momento, no se ha probado “ningún ilícito de Pólit ni de ninguna persona vinculada a él”.
En el delito de concusión -prosigue Ulloa- un funcionario público exige dinero a un particular para favorecerlo con algún informe. En este caso no hay objetividad de la Fiscalía, “Nos sentimos agredidos porque hay persecución evidente, ellos sabían que tenía varios informes con indicios de responsabilidad penal que estaban por salir, y por eso no lo querían en el cargo”.
Para su defensor, Pólit no es prófugo porque el salió a EE.UU. para atenderse de una urgencia de salud, la justicia no le ha permitido regresar. “No quieren que él venga a contar sus verdades en Ecuador. Hemos impugnado violaciones del debido proceso”. Hubo una conspiración para no permitirle volver.
Pese a que recogemos la versión de su abogado, desde hace cinco meses tratamos de concretar una entrevista con el excontralor. Le enviamos solicitudes por correo electrónico y conversamos con una de sus allegadas para concretar el diálogo. No hubo ninguna respuesta. En esa entrevista, queríamos consultarle sobre su relación con el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, así como su proximidad con el expresidente Rafael Correa y con el ex vicepresidente, Jorge Glas Espinel.
Primera pista. El nombre o apodo de este personaje apareció en el audio que el fiscal Carlos Baca divulgó el lunes 26 de febrero de una conversación telefónica grabada aparentemente en noviembre pasado, entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit.