El canje se decidió cuando los #Rehenes habían muerto

El 10 de abril de 2018, el presidente Lenín Moreno se reunió por primera vez con los familiares del equipo de El Comercio, en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno en Quito. Foto: Presidencia de la República.

El Gobierno ecuatoriano decidió formalmente el canje de los tres rehenes por tres hombres que Guacho reclamaba, quienes se encontraban detenidos, el lunes 9 de abril de 2018. Pero los tres secuestrados fueron ejecutados 48 horas antes, según testimonios y documentos, aquí revelados.

Por Arturo Torres

Ese sábado 7 de abril el cautiverio llegó a su fin. Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, murieron por disparos en la selva de Los Cocos, en Colombia.

Hasta ese día, Guacho y el canal de negociación oficial llevaban una semana exacta de diálogos, sin resultados. Habían intercambiado mensajes el último día de marzo; el 1, 2 y 3 de abril. En todos los diálogos por chat de WhatsApp el líder del grupo narcodelictivo pedía la liberación de sus tres hombres, Cuco, Tobón y Cuajiboy, detenidos en Mataje el 12 de enero de 2018.

Familiares del equipo periodístico protestan en las afueras del Palacio de Gobierno.

El interlocutor oficial ecuatoriano (a quien Guacho identificaba como Maldonado, fachada detrás de la cual actuaban tres delegados estatales) pedía tiempo. Respondía con evasivas. Nunca explicó que el canje implicaba un proceso judicial abreviado para liberar a los tres acusados por tenencia de armas y explosivos, según los documentos de la negociación a los que tuvimos acceso.

Eso significaba que primeramente debían ser sentenciados, para recibir el indulto (perdón) presidencial que facilitaría la excarcelación y el canje con los rehenes. Los tres hombres que reclamaba Guacho estaban detenidos en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga, en Cotopaxi, en la zona andina central. Los lentos resortes de la justicia habían fijado la audiencia de juzgamiento para el 18 de abril de 2018. Guacho no recibió una sola palabra al respecto, según corroboramos.

En el curso de esta investigación revisamos en detalle el cruce de mensajes, a través de la plataforma de WhatssApp, entre los interlocutores oficiales ecuatorianos y Guacho, para entender cómo fue la negociación para liberar a Paúl, Javier y Efraín. Accedimos a los documentos oficiales que registran estas conversaciones para entender el tono de los diálogos. La voluntad de negociar el canje fue solamente una estrategia para ganar tiempo, de acuerdo con el resultado de nuestra reportería documental y testimonial.

La mañana del sábado 7 de abril se rompió la línea de contacto por teléfono celular. El diálogo -el último que mantuvieron Guacho y el negociador a través del chat- duró apenas 32 minutos.

(Guacho) -Vea malparido. Diga cuándo me los libera.

(Negociador) -No nos da la oportunidad de escucharnos.

(Guacho) -O le mato a esos periodistas.

(Negociador) -No amigo no haga eso, estamos trabajando.

(Guacho) -Entonces para cuando me tiene la liberación de ellos. No sé ustedes por qué no quieren negociar.

(Negociador) -Tenga paciencia.

(Guacho) -A mí me da lo mismo tenerlos vivos o matarlos.

(Negociador) -Usted los tiene a ellos, tenga paciencia.

(Guacho) -Dígale a ese ministrillo del Interior que lo tengo en la mira. Y mis ataques y bombas van a continuar…

El captor perdía la paciencia. Pedía filmaciones que mostraran a sus tres colaboradores, imágenes de vídeo en las cuales ellos confirmaran que se encontraban bien. En el fondo era una treta. Uno de los detenidos (Cuco) mantenía un celular en la celda de la cárcel de Latacunga, y se comunicaba con el líder de la disidencia. El aparato recién le fue confiscado el 12 de abril de 2018. Cuco (Patrocinio Cortez) se rehusaba aparecer en los vídeos, a pesar de la insistencia de los negociadores ecuatorianos que viajaron durante dos horas desde Quito para intentar convencerlo.

Cuco, afrodescendiente igual que Guacho, nació en Esmeraldas en 1983 y era su lugarteniente en Mataje. En este poblado vivía la familia materna del líder de las disidencias.

Walther Patricio Arízala Vernaza es la verdadera identidad de Guacho. Nació en Limones (Esmeraldas, en Ecuador) en 1989 y desde su adolescencia vistió el uniforme militar de las FARC de Colombia. Como muchos afrodescendientes de la frontera norte, no encontró oportunidades de estudio ni de empleo en su tierra. Por eso abrazó la causa guerrillera.

Fue explosivista, mando medio, recibió formación política y capacitación en manejo de masas. Intentó, pero no por mucho tiempo, acogerse al pacto de paz con el Gobierno de Colombia. Esto ocurrió en 2016, cuando inclusive tramitó un documento que lo acredita como ciudadano colombiano (con el nombre de Luis Alfredo Pai Jiménez). Pero volvió a las andanzas, porque era más lucrativo vigilar el «submarino» que llevaba el cargamento de droga por el océano Pacífico. Con el nombre del frente Oliver Sinisterra, la organización narcodelictiva coordinaba acciones con carteles mexicanos, entre ellos, Sinaloa. Temido, odiado y amado con igual intensidad, Guacho practicaba brujería y mataba sin piedad. En el chat anunciaba ese 7 de abril que se había acabado su paciencia y el destino de los rehenes ya estaba escrito con sangre.

(Guacho) -Los liberan o no. Dígame de una vez o si no para matar a estos manes.

(Negociador) -Estamos trabajando. Usted está viendo los resultados.

(Guacho) -Vea gonorrea. Hoy a las 3 le mando el vídeo de uno de ellos muerto. Ok.

(Negociador) -No amigo, no haga eso, estamos negociando bien y transparente.

(Guacho) -Pero usted no me dice nada concreto y eso no me sirve, entonces así quedamos.

(Negociador) -Amigo le estoy demostrando lo que estamos haciendo.

(Guacho) -Le quedó grande, a mí eso no me sirve.

(Negociador) -Amigo es lo que Ud. nos está pidiendo.

(Guacho) -No sea mal parido. Lo que digo es la liberación de ellos.

(Negociador) -Sí, estamos trabando para eso, paciencia.

(Guacho) -¿Paciencia? Usted dice eso cuando su gente está encadenada y dice que paciencia? Cuando usted se muera va a descansar Hpta.

Ese fue el último mensaje de Guacho. Las palabras del negociador quedaron sin respuesta.

(Negociador) -Créame amigo estamos haciendo todo por conseguir la mejor solución para todos. Estamos hablando con la verdad, sabemos lo delicado que es esto y queremos lo mejor y si Dios quiere tranquilidad para lado y lado.

Esa noche de sábado llovía en la selva de Los Cocos, en Colombia. Los hombres de Guacho, según la Fiscalía colombiana y dos testigos, asesinaron a los tres cautivos. Recién dos días más tarde, el Gobierno ecuatoriano decidía formalmente canjear los rehenes por los tres hombres de Guacho. Era demasiado tarde.

La decisión tardía

César Navas (izquierda) estuvo al frente de la negociación para liberar a los secuestrados.

El Gobierno ecuatoriano desconocía cómo actuar en una situación de este tipo: un secuestro sin una petición económica de por medio, según el entonces ministro del Interior, César Navas y otros funcionarios consultados. Su par colombiano aconsejaba no negociar con una organización narcoterrorista. El vocero de esa tesis era el propio ministro de Defensa de la época: Luis Carlos Villegas, cuya hija había permanecido tres meses secuestrada por el frente 53 de las FARC, pero fue liberada en el Caquetá, con vida. Esta versión la confirmamos con fuentes oficiales colombianas.

Al inicio del secuestro el Estado ecuatoriano conformó un comité de crisis, cuya primera sugerencia hacia los familiares resultó nefasta: les pidió no difundir los nombres de los rehenes, para precautelar su seguridad. Durante casi una semana muchas voces pusieron en duda la veracidad del hecho.

Las autoridades ocultaron la primera prueba de vida, enviada por los captores. Frente a la inacción, los secuestradores enviaron un video del equipo periodístico, con cadenas en el cuello, a la prensa colombiana para que los difundiera. Esto ocurrió el lunes 2 de abril.

Dos días después, ya era el 4 de abril, el presidente Moreno pidió confidencialmente al comité de crisis trabajar en varios escenarios. César Navas, por entonces ministro del Interior, presentó las siguientes probabilidades:

-Negociar el canje

-Incursión para intentar liberarlos

-Liberación voluntaria

-Asesinato del equipo periodístico

El secuestro de Javier, Paúl y Efraín ocurrió en Mataje, el 26 de marzo de 2018.

Monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se reunió con los familiares de los periodistas, pidió públicamente al Gobierno considerar el canje como una opción y anunció su apoyo. Había trabajado como misionero en San Lorenzo; conoció a Guacho en su infancia.

El sábado 7 de abril, en la tarde, Navas convocó a una reunión informal a los familiares. Les habló de cuatro escenarios (no los describió) y les aseguró que los tres rehenes estaban bien, según testimonios que recogimos. Sin embargo, ese sábado, el representante del Ministerio del Interior ante el comité de crisis dejó de pertenecer a esa instancia. Pocos días después se enrolaba en la Secretaría de Inteligencia, de acuerdo con reportes a los que accedimos.

En el curso de varias entrevistas que mantuvimos, Navas nos aseguró insistentemente que no conoció que la muerte de los rehenes ocurrió el sábado 7 de abril.

No obstante, el lunes 9 de abril Navas reveló ante la prensa que “No estamos en ningún proceso de negociación” y se refirió a un perímetro de seguridad alrededor de los secuestrados, afirmando que estaban en el lado colombiano de la frontera. Mencionó que se realizaba una “operación técnica policial para garantizar la vida de los secuestrados”.

La noche de ese lunes 9 de abril, con la autorización de su agrupación política que a la fecha tenía mayoría en el Legislativo, el Gobierno de Lenín Moreno tomó la decisión formal del canje. El martes 10 de abril Navas convocó al viceministro del Interior, al comandante de la Policía, al director de Inteligencia y al jefe de la Unidad Antisecuestros para informarles de la resolución. Documentos oficiales que recabamos en el curso de esta reportería confirman todas esas fechas.

A las seis de la tarde del miércoles 11 de abril, en un centro de retiros espirituales, los agentes de la Unidad Antisecuestros se reunieron en forma reservada con Monseñor Arellano para pedirle su intermediación. Los detalles de esa reunión los documentamos en esta reportería.

Sin embargo, desde esa mañana ya circulaba un comunicado, firmado en las montañas de Colombia y atribuido al Frente Oliver Sinisterra con el logo de las FARC-EP. El escueto texto revelaba que por desembarcos “en varios puntos donde estaban los señores retenidos” se produjo la muerte de los periodistas y el conductor.

A través del chat de comunicaciones con Guacho, los negociadores le preguntaron la veracidad de ese documento. No hubo respuesta, porque él ya había roto la línea de contacto. También le informaron que ya estaba resuelto el canje y por primera vez en dos semanas de cautiverio le proporcionaban un dato concreto: el Obispo de Esmeraldas iba a ser el intermediario del canje.

El desenlace trágico fue el sábado 7 de abril

Varios elementos confirman la fecha de la muerte de los periodistas, que a través de este portal revelamos.

  1. El testimonio de un disidente que, detenido en Colombia, menciona que el asesinato ocurrió un sábado por la noche cuando llovía. El vídeo que los muestra encadenados fue filmado el lunes 2 de abril, por lo que el sábado previo aún estaban con vida.
  2. El sábado 7 de abril se rompen las negociaciones por chat entre el interlocutor oficial y Guacho. Eso es tan cierto que dos días más tarde el entonces ministro del Interior, César Navas, afirma que no hay negociación.
  3. El delegado del Ministerio del Interior ante el comité de crisis de desvincula de esta instancia el mismo sábado 7 de abril.
  4. El lunes 9 de abril, en conferencia con medios de prensa extranjeros, Navas explica vagamente sobre un perímetro alrededor de los secuestrados, estableciendo que están en territorio colombiano. Y advierte que hay una operación técnica policial para garantizar su vida, dejando entrever que sí conocían su ubicación.

El Gobierno ecuatoriano aceleró las gestiones desde el 9 de abril de 2018

Repentinamente, a partir del lunes 9 de abril el Gobierno ecuatoriano empezó a dar señales aceleradas de preocupación. Realizó una serie de reuniones con directores de medios de comunicación, representantes diplomáticos, gremios empresariales, cúpula de la Iglesia… Por primera vez, el martes 10 de abril, el Presidente Moreno se reunió con los familiares de los cautivos.

En las citas reapareció un personaje que estuvo ausente durante los días previos, la entonces canciller María Fernanda Espinosa. Desde el 26 de marzo se mantuvo ajena, dedicada de lleno a promocionar su candidatura a un cargo en la ONU que a la larga obtuvo.

César Navas, a la época ministro del Interior, sorprendió a los medios el lunes 9 de abril, al declarar que no había negociaciones con los captores. Sin embargo, esa noche, el buró de Alianza PAÍS resolvió formalmente iniciar el canje de los tres de Guacho por los rehenes.

Dos días después empezó a circular por redes sociales el comunicado del frente Sinisterra, en el cual anunciaba las muertes de los cautivos. Y horas más tarde los disidentes difundieron las fotos de sus cuerpos sin vida.

Ante la contundencia de las evidencias, el 13 de abril el presidente Moreno confirmó la ejecución del equipo periodístico y anunció que se levantaría la reserva de toda la información sobre la negociación para liberarlos. Ese ofrecimiento aún no se ha cumplido.

María Alejandra Vicuña recibió depósitos de otra asesora en su cuenta bancaria

Además de los pagos de su exasesor Ángel Sagbay, en la cuenta corriente de la vicepresidenta Alejandra Vicuña también hay más desembolsos de otra de sus excolaboradoras. Se trata de Karla Obando, quien le depositó en total 14.650 dólares en el Banco de Machala, mientras Vicuña era asambleísta. Desde 2008, las transferencias y depósitos a su cuenta suman 400 mil dólares. La mandataria sostiene que los pagos de sus subalternos fueron voluntarios para su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). El pleno de la Asamblea le pidió su renuncia. 

Por Arturo Torres R.

No fueron los únicos pagos. La cuenta bancaria de la entonces asambleísta María Alejandra Vicuña no solo recibió depósitos de quien era su colaborador, Ángel Sagbay. Otra asesora del despacho, Karla Obando Ortiz, también depositó dinero en la cuenta personal de Vicuña.

Registros del sistema financiero, a los que accedió Código Vidrio, revelan que Obando Ortiz realizó depósitos por 14.650 dólares en la cuenta corriente 1070535218 del Banco de Machala, perteneciente a la hoy Vicepresidenta. Para la fecha, Obando ostentaba el cargo de asesora de nivel 2, en el despacho de Vicuña, quien entonces era asambleísta de Alianza País.

Obando fue servidora judicial. Se desvinculó para enrolarse en la Asamblea.  Para fines de 2012 ya apoyaba a Vicuña quien por esos días buscaba su reelección como asambleísta. A inicios de 2013, Obando se declaraba firme defensora de la Revolución Ciudadana, y en particular, admiradora del entonces presidente Rafael Correa. Tuvo oportunidad de conocerlo personalmente en febrero de ese año.

La carrera de Vicuña tuvo un giro inesperado a fines de 2017. Jorge Glas salió de la Vicepresidencia de la República y ella encabezó la terna para su reemplazo, dejando atrás ocho años como legisladora. En tanto, Obando volvió a la función judicial, esta vez para ocupar un cargo administrativo en el departamento Jurídico del Consejo de la Judicatura.

La cuenta de Vicuña en la entidad bancaria registra en total 1,2 millones de dólares en movimientos. Desde 2008 las transferencias y depósitos suman 400 mil dólares. En ese valor se incluyen los ingresos que recibió por concepto de salarios en el sector público, al que está enrolada desde 2007. Entre 2009 y 2017, Vicuña fue asambleísta por la coalición ABA-Alianza País.

En los documentos que forman parte de la  investigación previa, se detectan transferencias de ordenantes no identificados en 2009 y en 2011. Ambas suman 26 mil dólares.

“Yo era la responsable de recaudar para ABA (Alianza Bolivariana Alfarista) las contribuciones de los militantes”, admitió la Vicepresidenta Vicuña, esta mañana del jueves 29 de noviembre en una entrevista en Radio Majestad. Aclaró que estos aportes no deben ser satanizados, pues «no son ilegales ni ilegítimos». Son contribuciones voluntarias de los militantes, “sin las cuales el movimiento no podría subsistir”.

Pedimos la versión de la Vicepresidenta a la Dirección de Comunicación para que comentara sobre los pagos de Obando y el manejo de los recursos de ABA en sus cuentas personales. Personal de esa Dirección indicó que Vicuña ya había explicado en la radio el porqué de los depósitos de los militantes en su cuenta. También buscamos el pronunciamiento de Obando para que confirmara el motivo de los depósitos. Contestó su celular pero dijo que atendería nuestro requerimiento de entrevista este viernes, pues tenía que atender un problema familiar.

A diferencia de Alianza País, un movimiento político reconocido legalmente y que recibe fondos partidarios del erario público, Alianza Bolivariana Alfarista es una organización de hecho. Por tanto, no tiene personería jurídica, ni cuentas bancarias a su nombre. Así, Vicuña justificó haber recibido los pagos en su cuenta personal para la organización política que creó su padre, Leonardo Vicuña, cercano a Rafael Correa, expresidente del directorio del Banco del Pacífico.

En su declaración de bienes Vicuña también registra una cuenta en el Banco Bolivariano. Toda esta información forma parte de la investigación previa que la Fiscal Ruth Palacios aperturó para confirmar la posible comisión de delitos. Esto, tras la denuncia periodística que difundió Teleamazonas el último martes de noviembre, con base en la declaración notarizada del exasesor Ángel Sagbay.

El denunciante aseguró que cuando trabajaba en el despacho de Vicuña en la Asamblea, fue obligado a contribuir parte de su sueldo, mediante depósitos a la cuenta personal de la entonces legisladora. Sagbay aportó con 20.600 dólares a la cuenta de Vicuña, según los registros bancarios entre 2011 y 2016.

El 13 de noviembre, el Pleno destituyó a las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo. Espín había visitado en la cárcel de mujeres a una persona vinculada con el caso Balda. Según la denuncia en su contra, le pidió alterar su versión a cambio de protección. Antes de iniciarse la votación de los legisladores para decidir la destitución de Espín, ella se acercó a la curul de su coidearia Ximena Peña con un documento en la mano. Imágenes del noticiero Ecuavisa dan cuenta de que lo que exhibía era la declaración juramentada del exasesor Sagbay, respecto a los pagos a la Vicepresidenta.

Vallejo fue removida por cobros indebidos a sus asesores, luego de que se volviera viral en redes sociales un audio en el que se le escuchaba pedir dinero a sus subalternos.

Según el informe de la Comisión legislativa que estudió las denuncias, se demostró que la asambleísta gestionó un cargo público en favor de Martín Campos, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Campos, precisamente, denunció a Vallejo por cobros indebidos y adicionalmente dijo que ella le ofreció un cargo en el IESS.

Vicuña se defiende y dice que no renunciará

Vicuña se defiende. En conferencia de prensa el último miércoles de noviembre, sin preguntas de los asistentes, aseguró que se trata de la retaliación de un excolaborador que intentó pedir cargos públicos. Después, culpó al exlegislador Andrés Páez y a los correístas de crear un ambiente de confusión para atacar al gobierno actual. Afirmó tener como prueba la captura de un chat del 10 de septiembre, en el cual el denunciante planifica el supuesto complot.

Explicó que Sagbay propuso ser promovido del cargo de asistente 1 a la función de asesor 1, con un mayor sueldo. Eso habría implicado el pago de 1.400 dólares mensuales a la organización política. Según la Vicepresidenta, fue una contribución voluntaria. Antes de ser ascendido, mientras fue asistente, Sagbay entregaba como diezmo unos 200 dólares mensuales a Vicuña.

La Vicepresidenta dijo que no renunciará ni pedirá licencia para defenderse del proceso judicial en la Fiscalía. Mientras tanto, con 77 votos, la Asamblea Nacional resolvió pedir su renuncia este jueves en la  noche.

El presidente Moreno, de su lado, afirmó que la justicia tiene independencia para investigar este caso. Alianza PAÍS, basada en el artículo 339 del Código de la Democracia, estaba facultada para pedir un porcentaje de sus sueldos a los servidores públicos militantes. Para ello, debía cumplirse una formalidad: las contribuciones y aportes debían quedar registrados en un comprobante de la organización política. Pero todo indica que la práctica degeneró en el cobro de diezmos para beneficio personal a todo  nivel.

Esto fue revelado en febrero de este año por Revista Vistazo. En ese reportaje, los exasambleístas Christian Viteri y Osvaldo Larriva explicaron que cada despacho debía contribuir obligatoriamente con 400 dólares mensuales para el movimiento. El propio presidente Correa habría estado a cargo de hacer seguimiento a esas contribuciones. Si bien Viteri y Larriva dejaron en claro que ellos cubrían con el aporte, mencionaron que Correa sugería que quienes hicieran esos pagos fueran los subalternos, asesores y asistentes de cada legislador. En la práctica ellos cubrieron esa obligación.

Entre 2013 y 2017, Alianza País tuvo 100 legisladores. Por tanto, cada mes solo la Legislatura contribuía con 40 mil dólares para el funcionamiento de esa organización política. Unos 480.000 dólares al año, cerca de 2 millones de dólares en el período legislativo 2013-2017.

 

Militares vendían municiones y armas a disidentes de las FARC, al mando de Guacho

Siete militares activos y un funcionario del Ministerio de Defensa, así como seis civiles más, eran los principales eslabones de la cadena que servía para supuestamente abastecer de municiones y armas al grupo de Guacho que sembró terror en la frontera norte, desde enero pasado. Varias unidades de la Policía encabezaron las operaciones reservadas con la Fiscalía y allanaron siete dependencias militares, incluida la Comandancia General del Ejército. La investigación tomó nueves meses en cinco provincias. El ministro de Defensa, general Oswaldo Jarrín, detalló que hasta el momento solo se ha detectado la sustracción  de munciones.

Arturo Torres R.

Era un secreto a voces que tomó cuerpo en julio de este año, a partir del revelador testimonio de un disidente de la organización narcoterrorista del Guacho. La red de abastecimiento del Frente Oliver Sinisterra se aprovisiona del arsenal de Fuerzas Armadas, a través de la colaboración de uniformados ecuatorianos y civiles, incluido un funcionario del Ministerio de Defensa.

Un operativo sorpresa a primeras horas de hoy miércoles 17 de octubre, denominado Camaleón, y realizado simultáneamente en Esmeraldas, Santo Domingo, Loja, Pichincha y Guayas, capturó a los principales miembros de la estructura.

En la operación se detuvo a Leonardo M., a quien se identificó como el vínculo entre los miembros del grupo de Guacho y “militares en servicio, activo, pasivo y civiles encargados de conseguir municiones”, según el informe de la investigación, encabezada por la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ).

Las actividades de inteligencia detectaron que una mujer, de apellido Quiñónez, es la encargada de la parte financiera y del suministro del arsenal. A través de Leonardo M. y de otro ciudadano, de apellido Angulo, hacían contacto con militares en servicio activo. Ellos recolectaban el arsenal y lo entregaban a tres miembros del frente Oliver Solarte, identificados hasta ahora con sus alias, David, don Plaza y Pata. El sitio de enlace era Borbón, en Esmeraldas. Luego el material se llevaba a Colombia.

La investigación estuvo a cargo de varias unidades policiales, y puso bajo la lupa de Inteligencia a militares en servicio activo y pasivo. Los resultados fueron expuestos el miércoles por la Ministra del Interior, María Paula Romo, ante la prensa.

Siete militares en servicio activo y un funcionario civil del Ministerio de Defensa fueron detenidos en la operación Camaleón. Además, seis civiles que apoyaban al frente delictivo de Guacho.

Los involucrados vendían el arsenal a los narcoterroristas, que vestían uniforme como una fachada.

Como antecedentes, a fines de julio, la Policía capturó en el operativo Borbón I material explosivo: 275 Cartuchos calibre 16, 146 cartuchos calibre 38 largo, 150 cartuchos calibre 38 corto, 1000 fulminantes, 21/2 libras de perdigones, 180 fulminantes para dinamita, 60 tacos de dinamita, 6m de mecha lenta, 20 gramos de pólvora. Dos personas, hoy detenidas, almacenaban el arsenal en un local comercial.

En Esmeraldas, la Fiscalía formuló cargos contra 13 involucrados, acusados de delincuencia organizada y tráfico de armamento.

En septiembre, un ciudadano ingresó en el cuartel Cabo Minacho de Loja, y se embarcó en un bus hacia Cuenca: llevaba 5.040 municiones calibre 5,56 mm en una maleta.

En octubre, a la salida de Quinindé, se encontró en un taxi Kia Río, de color amarillo, un cargamento de dos quintales de arroz, que en realidad escondían 2.500 municiones, calibre 9 mm. Cinco personas fueron detenidas y se identificó que el arsenal iba para el grupo de Guacho.

Los militares en servicio activo acopiaban el material bélico. Con la ayuda del funcionario civil del Ministerio de Defensa, quien era Analista de Información 2 en esa cartera de Estado, manipulaban el sistema de inventarios logísticos de las Fuerzas Armadas.

De esta manera, se confirma que las municiones, y explosivos en poder del frente disidente Oliver Sinisterra provenían del arsenal del Ejército ecuatoriano.

La organización narcoterrorista empezó a sembrar el terror en ambos lados de la frontera, a partir de fines de enero de este año. La detonación de un coche bomba en el cuartel de policía en San Lorenzo fue el primero de sus actos de violencia. Posteriormente hubo, al menos, siete incidentes de magnitud, entre ellos, la explosión de un tanque en Mataje que cobró la vida de cuatro marinos.

El momento más trágico en esta escalada de violencia fue la captura, secuestro y muerte de tres periodistas de diario El Comercio, por parte del grupo de Guacho. Además, dos civiles –Óscar Villacís y Katty Velasco- fueron retenidos en Puerto Rico y asesinados luego de torturas.

Julian Assange, entre la espada y la pared

Un protocolo de 10 páginas que se aplica desde este fin de semana regula drásticamente los pronunciamientos, las visitas, las comunicaciones y los controles médicos de Julian Assange en la embajada en Londres. Este documento, extendido por la diplomacia ecuatoriana, rige desde el último sábado 13 de octubre, cuando le fue entregado al activista de WikiLeaks. Si él incumple esa normativa interna perderá el asilo y deberá, por lo tanto, abandonar la embajada y entregarse a las autoridades inglesas. Los abogados del australiano dicen que el protocolo viola sus derechos, vulnera acuerdos internacionales y agrava su condición de ‘encierro indefinido’.  

Por: Arturo Torres R.

El gobierno ecuatoriano puso a Julian Assange entre la espada y la pared. Empezó a aplicar desde este sábado 13 de octubre un Protocolo especial de visitas, comunicaciones y atención médica al asilado australiano en la embajada de Ecuador en Londres.

El documento, de 10 páginas, al que tuvo acceso Código Vidrio, le prohíbe al líder de WikiLeaks realizar pronunciamientos políticos y ejecutar actividades que pudieran ser consideradas como de interferencia en los asuntos internos de otros Estados, “o que puedan causar perjuicio a las buenas relaciones de Ecuador con cualquier Estado (…)”.

Si Assange incumple esta disposición perderá automáticamente el asilo, lo que implica su entrega a las autoridades de Gran Bretaña, que mantienen una orden de prisión en su contra por haber evadido su arresto domiciliario en 2012.

El año pasado, Assange se pronunció a favor de la independencia de Cataluña y se reunió con líderes separatistas españoles. Antes, WikiLeaks jugó un rol determinante en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Filtró miles de correos del Partido Demócrata y de la entonces candidata Hillary Clinton. Esto provocó malestar y generó quejas de los gobiernos de España, EE.UU. y Gran Bretaña.

En marzo, el Gobierno cortó la conexión de Internet de Assange y restringió sus visitas, limitándolas a su equipo de abogados. También terminó el contrato con la empresa española UC Global, encargada de su seguridad.

El protocolo que acaba de aprobar la diplomacia ecuatoriana, y le fue notificado al australiano el sábado, también restringe drásticamente el régimen las visitas que recibe. Para empezar, toda persona ajena a la Embajada o al gobierno ecuatoriano, sin excepción, que desee visitarlo, deberá solicitar previamente una autorización por escrito al embajador, con al menos tres días de anticipación. La única excepción es el caso de una asistencia médica.

La Embajada tiene la potestad de aprobar o negar cualquier ingreso, sin mediar ninguna explicación sobre los motivos. Assange solo podrá recibir tres visitantes a la vez.

Vea aquí el protocolo completo que se aplica en la Embajada para Julian Assange

El asilado tendrá acceso a Internet solo conectándose al Wifi de la Embajada. Utilizará su propio computador y celular, en ningún caso el Gobierno cubrirá estos costos. No podrá acceder a otros equipos de comunicación. Si Assange o alguno de sus visitantes instalan u operan equipos no autorizados por escrito, estos serán incautados.

Los abogados de Assange rechazaron la “unilateral decisión del gobierno de Lenin Moreno”, pues consideran que “viola los instrumentos internacionales que protegen al asilado”. Indicaron que el documento no fue consultado a Assange, quien tampoco tiene la posibilidad de negarse a su cumplimiento, pues esto implicaría su salida inmediata de la sede diplomática. «Se le está imponiendo un régimen carcelario». El protocolo, además, establece la obligación para el activista de someterse a chequeos médicos trimestrales, lo cual será cubierto con sus recursos.

La situación de Assange se agravó las últimas semanas, luego de que el diario británico The Guardian difundiera un supuesto plan para extraerlo de la embajada, orquestado por las autoridades rusas con el supuesto apoyo de funcionarios ecuatorianos. El plan debía ejecutarse la noche de Navidad, pero fue abortado por complicaciones de último momento.

La madrugada del 21 de diciembre Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia de la Senain, Rommy Vallejo, para conversar sobre su seguridad. Días antes, el gobierno ecuatoriano le había otorgado la nacionalidad y lo nombró primer secretario de la embajada en Moscú, pero no obtuvo el beneplácito de los ingleses. La delegación diplomática ecuatoriana en Rusia desde 2015 está al mando del embajador Julio Prado Espinosa, primo de la ex canciller María Fernanda Espinosa.

La desclasificación de los documentos

Esta semana, la Asamblea debatirá la posibilidad de levantar la reserva de los documentos sobre el proceso de naturalización de Assange. La legisladora Paola Vintimilla, que impulsa la desclasificación, pidió esos informes a la anterior canciller Espinosa nueve meses atrás, sin obtener una respuesta.

El actual canciller José Valencia remitió a la asambleísta parte de esa información, que evidenciaría irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para la naturalización.

Este miércoles 17 de octubre llegará al Ecuador, Baltazar Garzón, uno de los abogados de Assange, quien junto con el jurista ecuatoriano Carlos Poveda presentará una acción de protección, que busca frenar el levantamiento de la reserva. Ellos estiman que la divulgación de los documentos atenta contra la seguridad del asilado.

La decisión del gobierno ocurre en medio de las negociaciones que venía manteniendo la defensa del australiano con diferentes autoridades de Reino Unido.

Esencialmente, negociaban su entrega a la policía de Gran Bretaña, con una sola condición: el compromiso de no ser extraditado hacia Estados Unidos, donde corre el riesgo de ser enjuiciado por atentar contra su seguridad nacional, según revelaron fuentes de WikiLeaks.

De concretarse ese acuerdo, el australiano dejaría la embajada en Londres, donde ha permanecido recluido desde 2012. Sus defensores están encabezados por Jennifer Robinson.

Fotos confirman cita Assange-Vallejo, 72 horas antes de fallida extracción

Julian Assange se reunió con el entonces jefe de Inteligencia, Rommy Vallejo, el 21 de diciembre pasado*. La cita se concretó tres días antes de que el gobierno ruso intentara sacar al líder de WikiLeaks de la sede diplomática ecuatoriana, según divulgó el 21 de septiembre de 2018 el diario inglés The Guardian. Durante la reunión, documentada por este portal con una serie de fotografías, Vallejo y Assange charlaron por varias horas en la madrugada en secreto. 24 horas antes, el gobierno ecuatoriano pidió a las autoridades inglesas que le concedieran al australiano el estatus diplomático, para dejar la embajada y no ser detenido por la policía británica.

Por: Arturo Torres

Las piezas de este rompecabezas encajan. El periódico inglés The Guardian denunció que Rusia planeaba extraer a Julian Assange de la embajada de Ecuador en Londres, la noche de Navidad de 2017. Y que en la operación pudo participar el entonces zar de Inteligencia, Rommy Vallejo.

En julio pasado, Código Vidrio reveló que Vallejo se reunió con Assange el 22 de diciembre en la embajada en Londres por varias horas, lo cual documentamos en una serie de fotografías desplegadas en esta investigación a las que tuvimos acceso. Pudimos revisar nuevamente el video y las fotos confirmamos que la cita fue realmente el 21 de diciembre*.

En la nota publicada por el diario británico se menciona que Vallejo habría llegado a Londres a partir del 15 de diciembre, para finiquitar esa operación, en la que participaron varios diplomáticos rusos y el entonces primer secretario de la embajada, Fidel Narváez.

Según The Guardian, “Vallejo aparentemente llegó a Londres para supervisar la ‘operación rescate’, que fue cancelada en el último momento, por una serie de inconvenientes”. Pero el diario no pudo confirmar esa visita, ni accedió a ninguna prueba documental de la cita.

Lo cierto es que los últimos días de diciembre fueron intensos para el cerebro de WikiLeaks.

El 20 de diciembre anterior el gobierno ecuatoriano había pedido a Gran Bretaña que le concediera al australiano el estatus diplomático, como una alternativa para que pudiera abandonar la embajada sin ser apresado por la policía inglesa.

Al día siguiente, a las 03:42 de la madrugada, llegó a la sede diplomática el entonces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. El coronel (r) vestía un traje azul oscuro y un saco celeste. La cita, que tuvo lugar en la sala de reuniones fue registrada en un video y en fotografías a las que Código Vidrio tuvo acceso.

Horas más tarde, entrada la mañana, las autoridades británicas negaron la solicitud. La justicia de ese país mantiene vigente una orden de prisión, desde junio del 2012, cuando Assange evadió su arresto domiciliario y se refugió en la embajada ecuatoriana.

El ingreso de Vallejo no se registró en las bitácoras de la embajada

Extrañamente, la visita de Vallejo a la embajada no fue registrada en las bitácoras por motivos de seguridad, según conoció este portal. Pero la huella del encuentro no se pudo borrar. Tras su ingreso, el ex zar de Inteligencia se saca la chaqueta, espera de pie un par de minutos y luego llega Assange, que viste una sudadera negra y un blue jean, acompañado de una traductora trigueña, de cabello oscuro.

Como de costumbre, antes de empezar una conversación en esa sala, Assange, conocedor que está siendo grabado por las cámaras de seguridad, se dirigió hacia un equipo de sonido, lo encendió, sintonizó una emisora y subió el volumen, para impedir que se escuche el diálogo (en el argot de espionaje esto se conoce como ruido blanco).

Secuencia fotográfica de la reunión entre Vallejo y Assange en la embajada, tres días antes de que los rusos trataran de sacarlo, según denunció el periódico inglés The Guardian.  

Aunque Assange sufre delirio de persecución y tiene ataques de paranoia, por el prolongado encierro, está seguro de que en el último piso de un edificio ubicado al frente de la embajada hay agentes estadounidenses de la CIA que permanentemente lo monitorean con sofisticados equipos. La mayoría de quienes ingresan y permanecen varias horas en la sala de reuniones de la embajada sufren inexplicables dolores de cabeza, lo cual puede deberse a una excesiva carga electromagnética de aparatos de vigilancia electrónica, comenta un especialista que ha estado varias ocasiones en ese lugar.

En la cita con Vallejo, el australiano llevaba una carpeta con documentos; a los pocos minutos los dos tomaron asiento con la intérprete. Luego Assange le pidió su celular a Vallejo y lo dejó fuera de la habitación. Breves segundos después regresó y empezó a conversar con el funcionario. Ambos se veían preocupados. La reunión duró unas tres horas.

VALLEJO CONFIRMA EL ENCUENTRO CON ASSANGE

El ex secretario de Inteligencia, que actualmente está fuera del país, ratificó en julio pasado a este medio digital la reunión. Reveló que antes estuvo en España, en una visita oficial con el presidente Moreno, y que aprovechando ese desplazamiento también acudió a Londres. La única razón de su estancia en ese país fue la reunión con Assange. Fue la única vez que se encontró con él, subrayó.

El 22 de diciembre de 2017, usted se reunió en la Embajada de Ecuador en Reino Unido con Julian Assange. La cita está documentada: Hay un vídeo y fotos.
Está dentro de las actividades cuando yo era Secretario de Inteligencia. El Señor Julian Assange se encontraba en la embajada del Ecuador en Inglaterra y yo fui a hacer una inspección de cómo estaba funcionando el sistema de seguridad.

Días más tarde, a Assange le concedieron la nacionalidad ecuatoriana. ¿Ustedes hablaron del tema en la reunión que duró más de una hora?
No recuerdo qué tiempo duró la reunión, pero yo no sabía que le habían concedido la nacionalidad. Ese es un tema de la Cancillería.

En una fotografía se ve que Assange le pide a Ud su celular y lo saca de la habitación. ¿A qué se debió eso?
Son normas de seguridad que se empleaban en la Embajada.

El trabajo de la Inteligencia durante el correísmo es satanizado. ¿Qué responde usted?
El accionar de la Senain en mi administración se hizo al amparo de la Ley. Lastimosamente, todos los pronunciamientos en contra del accionar de esta dependencia provienen de actores políticos más no es el sentir de la ciudadanía.

Efectivamente, pudimos confirmar que una comitiva, encabezada por el presidente Lenin Moreno, y la canciller María Fernanda Espinosa estuvo en esos días en España. Fue parte de una misión de ocho altos funcionarios ecuatorianos; además la esposa del mandatario Rocío González. La comitiva estuvo en Italia, El Vaticano y España, entre el 13 y 19 de diciembre. Al revisar el decreto presidencial en que se amparó la misión, confirmamos que en la lista de viajeros no está Vallejo.

Según The Guardian, varios diplomáticos rusos participaron en las conversaciones para llevar a cabo la operación de rescate de la embajada ecuatoriana la noche de Navidad del 2017. Sin embargo, fue abortada en el último momento.

El plan incluía la salida de Assange en un vehículo oficial y con documentos que certificaran su inmunidad diplomática aprovechando que ya no tenía el dispositivo de vigilancia electrónico al que le sometió Scotland Yard durante años. Un empresario ruso no identificado y al menos dos diplomáticos ecuatorianos pudieron ejercer de intermediarios. El destino final podría haber sido Rusia, aunque también se estudió la posibilidad de un traslado en barco hasta Ecuador.

Fidel Narváez, uno de los dos diplomáticos identificados por The Guardian, negó su papel en el supuesto plan. Aseguró que sus contactos con la embajada rusa han sido siempre por los cauces oficiales y en citas públicas.

Dos bitácoras para registrar a los visitantes

Los nombres de los visitantes de Assange se registraban en dos bitácoras: una manejada por la empresa de seguridad española UC Global y otra por el personal de la embajada. Los seis años que Assange ha permanecido asilado, lo han visitado más de cien personajes de diferentes países, entre políticos de izquierda, periodistas, abogados, familiares, actrices y cantantes, anarquistas, hackers, académicos, magnates, que apoyan sus causas.

Sobre los visitantes, UC Global hacía un perfil para establecer sus conexiones y nivel de peligrosidad. Es decir, la compañía no solo se encargaba de la seguridad del huésped sino de espiarlo y elaborar informes mensuales de inteligencia sobre todas sus reuniones. Los reportes incluían: estudios de riesgo de los personajes, país de origen, detección de amenazas, orientación del personal desplazado. Además asesoramiento y apoyo a las operaciones de la Senain en UK: búsqueda y selección de sedes y alojamientos. Asignación al personal y alquiler de vehículos, conductores y personal, y cualquier elemento de logística. Cobertura y estabilización del personal a expatriar, plan de crisis…

Informe de todas las actividades de espionaje y seguridad que se realizaban en la embajada de Ecuador en Londres sobre las visitas a Julian Assange desde el 2012.

Por estas tareas, la empresa recibió desde 2013 hasta marzo pasado, cuando se le notificó la terminación del contrato, 5,7 millones de dólares. Un promedio de 84.100 mensuales, según documentos de pago de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SIN), que cubría esos gastos con fondos especiales.

Hace pocas semanas la SIN decidió demandar a la empresa española por supuestos incumplimientos del contrato, aunque todos los pagos fueron aprobados en conformidad por el administrador, Alejandro Cisneros.

Ecuador insistió en que el australiano firme un compromiso de silencio

Ante la negativa de que se le otorgara el estatus diplomático a Assange, con el cargo de secretario político, la entonces canciller Espinosa echó mano de otra carta. En enero le otorgó la nacionalidad, sin el conocimiento del presidente Lenín Moreno. La medida también fue un fiasco para el Gobierno, que con la llegada del nuevo canciller Valencia decidió estrechar el cerco a Assange y apagar el incendio por las severas críticas a la decisión. Aún no se conoce si Espinosa conocía del plan para extraer a Assange de la Embajada y si tomo las decisiones en esa línea.

Tras esas polémicas medidas de la excanciller, el gobierno de Moreno decidió mantener y extremar el aislamiento del activista, cabeza de WikiLeaks, en medio del rechazo de sus abogados por supuestos tratos inhumanos.

La tensión en la embajada escaló desde marzo pasado. Entonces, el gobierno ecuatoriano decidió cortar las comunicaciones de Internet al huésped, restringir sus visitas al mínimo (solo sus abogados pueden ingresar) y prohibirle hacer declaraciones públicas sobre temas que afecten la política exterior de otros países. Se espera un desenlace los próximos días, indicaron fuentes del Gobierno. Incluso impulsan las conversaciones de sus abogados encabezados por Stella Morris con las autoridades de Gran Bretaña. Buscamos «hacer cuanto de nuestra parte esté para que ese entendimiento y esa conversación se produzca», sostuvo el canciller José Valencia el lunes pasado, al reconocer que la presencia del australiano agrietó la relación con Reino Unido.

El Canciller debía plantear al presidente Lenín Moreno una posible solución que propicie un acuerdo para la salida de Assange.

Por lo pronto, fuentes de WikiLeaks confirmaron que el Gobierno ha tomado nuevas medidas que agravan su condición. Hace pocos días le pidieron a Assange que firmara un documento comprometiéndose a no dar declaraciones públicas sobre política internacional. El activista se negó a firmar, alegando que es una violación a su elemental derecho de libre expresión como periodista.

Espinosa dejó la Cancillería, para asumir la Presidencia de la Asamblea General de la ONU. Tras la llegada de Valencia, «es evidente que el Gobierno ecuatoriano le retiró el apoyo político a Assange, quien teme ser entregado a las autoridades inglesas y luego ser deportado a Estados Unidos”, dijo un miembro del círculo cercano del australiano.

Assange es el enemigo público número uno de EE.UU. Hace dos semanas el vicepresidente Mike Pence visitó al presidente Moreno en Quito. Días antes, senadores demócratas le pidieron al segundo mandatario que le expresara a Moreno las preocupaciones del establecimiento político de Washington por el apoyo ecuatoriano al australiano.

Narváez, el alfil de confianza de Assange, fuera de juego

Otra decisión sintomática fue la remoción del primer cónsul Fidel Narváez, quien terminó sus funciones en la embajada este 15 de julio. El funcionario jugó un papel destacado en la entrega del asilo a Assange, con quien mantuvo una estrecha relación desde 2012.

Al ser consultado por Código Vidrio, Narváez confirmó que le notificaron el término de sus funciones antes del cambio de Canciller. “De momento procuraré quedarme en este país, pues mi esposa e hijos son británicos y nuestros proyectos están acá por ahora. Yo debo solucionar el tema de mi visado, porque cuando decidí aceptar la propuesta de ser Cónsul, renuncié a mi residencia en Gran Bretaña“”.

Fidel Narváez ocupará el cargo de Primer Secretario de la embajada en Londres hasta el próximo 15 de julio. El Gobierno decidió removerlo del cargo.

Narváez, quien trabajó como funcionario diplomático en Londres desde julio del 2010, llegó al cargo por su afinidad con el gobierno de Rafael Correa. Un año después conoció a Assange cuando intervino para solicitarle los cables de WikiLeaks sobre la correspondencia diplomática de Estados Unidos sobre Ecuador.

Se ganó su confianza a los pocos días del ingreso del activista australiano a la embajada. Durante dos meses lo acompañó, día y noche, junto a sus colaboradores, pues se temía una incursión de la policía británica para desalojarlo. Es el único ecuatoriano que ha tenido acceso a las tres habitaciones que Assange tiene en la embajada, y las que solo se puede entrar con una tarjeta magnética.

El ex analista de la CIA, Edward Snowden, recibió el 2013 un salvoconducto firmado por Fidel Narváez para tratar de que pudiera llegar al Ecuador desde Hong Kong. Hoy está asilado en Rusia.

Narváez también tuvo un rol determinante pero fallido al tratar de que el ex analista de la CIA, Edward Snowden, pudiera llegar al Ecuador, en su vertiginosa huida de los agentes estadounidenses, que lo buscaban como perros de presa para capturarlo por filtrar informes sobre el espionaje a ciudadanos de ese país a mediados del 2013.

En su función de cónsul, elaboró el documento especial para garantizar protección a Snowden, en caso de que tuviera que trasladarse, cuando el ex agente norteamericano aún se encontraba en Hong Kong, y no había oficializado su petición de asilo en Rusia, donde vive actualmente.

“Sí, viajé días antes y luego estuve con él en el aeropuerto. El salvoconducto ya lo tenía, se lo enviamos electrónicamente, era para ayudarle en los puestos migratorios. Su siguiente destino sería La Habana”, explicó Narváez.

El ex cónsul reconoció que en la operación pecaron de ingenuos, ya que «no solo con ese documento le iban a dejar pasar, no tenía visas ni pasaporte, estaba escapando, pese a que de Hong Kong salió con su pasaporte. Vivió en aeropuerto de Moscú más de un mes. Cuando lo vi no estaba solo, estaba vigilado por funcionarios de seguridad rusos, estaba secuestrado en la práctica. Ana Albán era la embajadora ese momento. Ella no conocía de esto, se dio un fin de semana de forma emergente. Lo hice sin informarle a ella».

Aunque el entonces presidente Correa negó que él hubiera autorizado la entrega del documento, luego se conoció por denuncias de la prensa que de la decisión estuvo al tanto su canciller, Ricardo Patiño.

El fundador de Wikileaks también estuvo detrás de esta operación. Intentó por diferentes formas que Snowden pudiera salir de Hong Kong para buscar un lugar más seguro. Incluso gestionó ante el gobierno de Islandia un asilo para el americano, que voló a Moscú acompañado por Sarah Harrison, asistente de Assange.

¿Dos agentes de la Senain con cargo diplomático?

Otro de los cambios significativos en la embajada fue la reciente salida de la primera secretaria Gabriela Páliz. Desde 2014, además de cargo diplomático también trabajaba para la Senain (SIN), junto a Vicente M, según fuentes de Inteligencia.

Ella recibía los informes mensuales que entregaba UC Global sobre el espionaje a Assange y los enviaba al jefe de la Senain en Quito.

Consultado sobre el papel de Páliz, Vallejo dijo que trabajaba para la Cancillería y no para la SIN. No obstante, dos fuentes de la embajada y la Secretaría de Inteligencia confirmaron que era los ojos de la SIN en la sede diplomática.

“Su labor era coordinar las tareas de seguridad, pero, además de recibir los informes de UC Global, realmente no hacía nada en concreto; la mayor parte del tiempo navegaba en Internet, y faltaba mucho, casi siempre llegaba tarde, era imprevisible”, contó una fuente que laboró con la embajada.

Este portal pidió la versión de Páliz a su correo electrónico. También requirió un pronunciamiento del embajador Carlos Abad. No obtuvo ninguna respuesta.

Luego de dejar de trabajar en la embajada hace varias semanas, Páliz se quedó en Londres y espera que Gran Bretaña le conceda el asilo político, junto a sus dos hijos y su esposo. Fuentes de Inteligencia del Gobierno ecuatoriano sospechan que habría filtrado los informes que UC Global elaboraba sobre el huésped.

*En las notas publicadas en julio y septiembre por este portal inicialmente indicamos que la cita fue el 22 de diciembre del 2017. Luego, pudimos revisar nuevamente el video y descubrimos que se grabó el 21 de diciembre, a las 03:42. Ofrecemos disculpas por el error.

Los mismos ojos vigilaron a Correa, Assange y dos hijas del presidente Moreno en Barcelona y Nueva York

Los contratos para la seguridad de Rafael Correa, su familia, dos de las hijas del presidente Lenín Moreno y Julian Assange costaron hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. Estuvieron a cargo de la empresa española Undercover Global. Los fondos provinieron del Servicio de Protección Presidencial y de gastos especiales de la Senain. Este portal accedió a documentos del monitoreo y vigilancia en la embajada.

Por: Arturo Torres

Duros críticos del imperialismo estadounidense, pero amigos del zar del siglo XXI, Vladimir Putin. Rafael Correa y Julian Assange no solo comparten sus afinidades ideológicas. También recibieron seguridad y estuvieron bajo la mira aguzada de la misma empresa: la española Undercover UC Global SL, que mantuvo contratos con el gobierno ecuatoriano desde fines del 2013.

Esta compañía firmó una serie de convenios con los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. El anterior régimen la escogió para brindar seguridad y realizar actividades de inteligencia a Julian Assange, desde fines del 2013, en la embajada en Londres; también vigiló al expresidente Rafael Correa y a su familia, a partir del 24 de mayo del año anterior.

Con el cambio de Gobierno, a esa empresa además se le encargó la seguridad de dos de las tres hijas del presidente Lenín Moreno: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona, donde viven desde el año pasado.

Por los contratos para Correa, su familia, las hijas de Moreno y Assange el estado ecuatoriano desembolsó hasta mayo alrededor de 11,2 millones de dólares. En el caso del asilado en la embajada, los 5,7 millones fueron cubiertos con fondos especiales de la Senain. El resto – unos 5,5 millones- fue transferido por el Servicio de Protección Presidencial (SPP) desde el Banco Central a una cuenta de esa firma en el Bank of America, en EE.UU.

La marca principal de la empresa que obtuvo los contratos es Undercover UC Global SL, constituida en España. Su director general (CEO) es David Morales Guillén.

La matriz en Ecuador es representada por la ingeniera Gema Ormaza, quien gerencia la firma. “Son dos unidades de negocios, para Europa con la matriz española y en Latinomérica la sede es Ecuador. La que firmó los contratos en cuestión es la compañía española. La unidad de negocios Uclatam inauguró sus actividades el 2 de abril pasado, con la semana táctica, donde realizamos cursos de capacitación y entrenamiento para militares y policías del país. Incluso participaron miembros del Servicio de Protección Presidencial, del 3 al 8 de abril, de forma gratuita», recalca Ormaza.

Un efecto dominó. El martes 22 de mayo pasado, el gobierno anunció la decisión de retirarle la seguridad a Correa y sus familiares, “debido al bajo riesgo existente”. Dos meses antes, también terminó la contratación en Londres y el 11 de junio próximo rescindirá el último acuerdo para la seguridad de Karina Moreno González, en Barcelona, España. Suspendió la contratación sobre la base de informes de la Senain.

El último año, el Régimen pagó por la vigilancia de Correa y su familia 95.000 dólares mensuales, en Bélgica y Francia. Un total de 1,140.000 aproximadamente, según informes oficiales de esos pagos.

En 2014, UC Global fue contratada por recomendación del SPP para dar protección a las hijas del expresidente, Sofía, en Lyon, y Dominique, en Poitiers. Anteriormente, miembros de la seguridad presidencial cuidaban a la hija mayor de Correa.

Durante los dos primeros años de la permanencia de ambas en Francia, su seguridad mensual promediaba los 76.190. Los costos de las facturas variaban mensualmente, dependiendo de los desplazamientos que realizaban los PMI (Personas Muy Importantes), como se denomina a mandatarios y exmandatarios y sus hijos, fuera de la ciudad donde residen.

En la vigilancia de Correa, su esposa Ann y su hijo Miguel en Bélgica trabajaban seis agentes privados que se movilizaban en dos vehículos. Ni el exmandatario ni su esposa tienen auto y continúan viviendo en un departamento en Lovaina. En total se pagó por la seguridad de la familia Correa-Malherbe, entre 2014 y 2018, cerca de 4,7 millones.

Global también ha dado seguridad a las hijas del presidente Moreno en Barcelona y Nueva York

Con la llegada al poder de Moreno, UC Global también fue contratada para dar vigilancia a sus hijas: Irina, en Nueva York, y Karina, en Barcelona. Por ambas se pagaba 90.000 mensuales, según documentos en nuestro poder.

Irina Moreno González, una de las tres hijas del Presidente, es consejera en la representación permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas. Es parte de la nómina de la Cancillería y recibe un salario superior a 6.000 dólares. Antes estuvo en Ginebra, como consejera del Servicio Exterior en la representación del país ante la ONU, mientras su padre también fue delegado del gobierno de Rafael Correa en Suiza. La empresa española le dio seguridad hasta octubre pasado, cuando decidió no continuar con la operación por contratiempos en su vigilancia. Hoy es monitoreada por miembros del SPP.

Karina Moreno, quien vive en Barcelona, es cuidada por cuatro agentes de la empresa española de forma permanente. El contrato, que concluye en junio, le cuesta al gobierno unos 38.700 dólares mensuales. La protección a las dos suma aproximadamente 730.000. Diariamente los operadores envían un informe detallado al SPP, a través de un correo encriptado, de todas sus actividades, según fuentes de Inteligencia. La única de las tres que vive en Ecuador es Cristina Moreno González, quien se casó en 2013 y vive en Guayaquil.

Agentes que han trabajado en este tipo de vigilancia de familiares de mandatarios y exmandatarios comentaron que se trata de operaciones complicadas. Especialmente los hijos se sienten hostigados por los miembros de seguridad, lo cual complica su convivencia diaria. Es común que haya roces y discusiones, sobre todo cuando los PMI se movilizan a otros lugares. Tienen muy poca privacidad, por eso no es extraño que traten de evadir a sus celadores.

Jaque al hacker en el corazón de Londres

Un caballo de Troya. Assange no sospechaba que quienes le daban seguridad realmente lo espiaban.

Los informes de los seguimientos a Assange, incluidos videos, audios y fotografías, eran entregados mensualmente, con las facturas por el servicio, a dos agentes de la Senain en la embajada. Ellos a su vez enviaban los reportes a la Secretaría en Quito, que informaba a Cancillería y a la Presidencia.

Un agente de la entidad comenta que esencialmente se trataba de operaciones de inteligencia para tener un control e información de Assange y sus visitantes.

Código Vidrio envió un cuestionario a Assange a través de su equipo legal, encabezado por Baltazar Garzón, para consultarle si conocía las operaciones de seguridad y espionaje. El activista australiano respondió escuetamente que estaba totalmente incomunicado y que en su representación respondería su abogado ecuatoriano Carlos Poveda. Él asegura que Assange ignoraba que le hacían inteligencia. “No hay duda –asegura Poveda- que Ecuador está cediendo a la presión de EE.UU. para entregarlo a las autoridades inglesas que estarían dispuestas a extraditarlo”.

Las visitas a Julian Assange son aprobadas por el embajador de turno, en este caso Carlos Abad

   

Tras el ingreso de Assange a la embajada, en junio del 2012, para darle seguridad fue convocada la empresa ecuatoriana Blue Cell, que a su vez subcontrató a UC Global. A fines del 2013 esta última compañía recibió directamente el contrato, por supuestos incumplimientos de la primera.

La compañía hacía un seguimiento detallado del huésped a diferentes niveles. Registraba el nombre de todos sus visitantes, que previamente eran autorizados por el embajador ecuatoriano o su delegado. Desde 2010 han sido embajadores Ana Albán, Juan Falconí y Carlos Abad.

Pedimos la version de Abad, por correo electrónico, pero desde la embajada respondieron: «Todo lo referente al asilado en la Embajada del Ecuador en el Reino Unido debe dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Comunicación».

Había dos bitácoras de registro: una de la firma española y otra de la embajada. Un asiduo visitante de Assange, por ejemplo, era el hacker alemán de WikiLeaks Andy Muller-Maguhn. Él es el correo que le llevaba a Londres, en un pendrive, mensajes privados de la organización. El australiano no acostumbraba usar el correo electrónico ni el  teléfono; solo atendía mensajes privados en su cuenta de Twitter. Su situación empeoró en marzo pasado cuando el gobierno ecuatoriano le cortó todo tipo de comunicaciones y visitas, con excepción de su equipo legal. La Cancillería dijo que las condiciones de Assange, nacionalizado ecuatoriano en enero pasado, no han variado y se impusieron por la serie de violaciones a su condición de asilado.

Detalle de los fondos a liquidar en octubre del 2017 por la seguridad de Assange en la Senain

Antes de las medidas restrictivas, quienes le visitaban debían dejar cualquier dispositivo electrónico, llaves o efectos personales en la entrada, controlada por un agente español.

Assange acostumbraba activar un ruido de fondo para interferir en posibles micrófonos: sus conversaciones se realizaban mediante notas escritas o una libreta. Los informes de inteligencia, validados por la Senain, destacan su estado evidente de paranoia y perturbación.

Desde su ingreso, el anterior Gobierno le otorgó todo tipo de privilegios. Recibió visitantes con posiciones políticas radicales. Entre ellos, personajes vinculados con grupos extremistas y separatistas como Oriol Soler y Andreu Grinyó, líderes de la campaña para la independencia catalana, en España.

El nombre del catalán Soler quedó registrado en un reporte oficial,en noviembre del 2017. Otro informe también incluye los perfiles de abogados de Assange, que estuvieron en la embajada.

En junio de 2015, un oficial de la Policía de la Senain, preocupado por informes de las visitas que recibía Assange, entregó un oficio al entonces secretario de Inteligencia, Rommy Vallejo. Él, a su vez, redactó un documento secreto que entregó al entonces canciller Ricardo Patiño. Pese al nivel de alertas de supuesta peligrosidad de los visitantes, el gobierno no tomó ninguna decisión ni acción específica, según fuentes de la Senain.

Un año antes, el embajador Juan Falconí habría presentado una nota de queja a la Cancillería porque a la embajada llegaron facturas por el alquiler de un departamento ajeno a la sede diplomática y por retrasos en el pago de la seguridad. Por este motivo, Falconí incluso conversó telefónicamente con Vallejo y uno de sus asesores, quien dijo que los gastos serían cubiertos con fondos de la Senain. Sin embargo, al ser consultado por este portal, Falconí pidió identificar a las fuentes que proporcionaron esta información pero no se pronunció. Uno de los testigos –cuya versión tenemos grabada- ratificó la conversación entre Londres y Quito.

WikiLeaks es considerado por la CIA un agente de inteligencia no estatal y hostil. Ha publicado en los últimos años documentos comprometedores para EE.UU. Pero lo que más ha molestado a ese país es la filtración de correos del Partido Demócrata, antes de las elecciones de 2016, que perjudicaron a la candidata Hillary Clinton y beneficiaron a Donald Trump. La CIA sospecha que Rusia suministró esos mails.

Según The Guardian y el portal ecuatoriano Focus, en 2014 el gobierno ecuatoriano fue informado que Assange, violando su condición de asilo, tenía su propia estructura de redes y comunicación, incluso satelital, “interceptando y recolectando información de la Embajada y de las personas que trabajan allí”. Y que su seguridad fue pagada con fondos especiales. Varias fuentes de Inteligencia nos corroboraron que Assange “hacía lo que quería en la sede diplomática” con pleno conocimiento y consentimiento oficial, especialmente en el anterior gobierno.

 

El 1 de agosto del 2012 el entonces presidente Rafael Correa se reunió en Carondelet con la madre de Julian Assange, Christine (izquierda), quien le pidió el asilo para su hijo. Esa solicitud se concretó los siguientes días cuando el gobierno confirmó la concesión de la medida de protección.

Este medio cruzó informes de los pagos realizados por la Senain. Según estos documentos, por la seguridad y operaciones de espionaje a Assange se pagaban hasta este año mensualmente 84.100 dólares. En seis años ese rubro es aproximadamente de 5,7 millones. El acuerdo incluía la cobertura de 17 ítems, entre apoyo médico, seguridad informática, monitoreo electrónico, vigilancia de cámaras, personal especializado de seguridad, entre otros.

Ante la serie de denuncias de abusos en el manejo de los gastos especiales en la Senain, la Contraloría realiza un examen especial a la forma en que fueron auditados y justificados por el anterior contralor Carlos Pólit, entre 2007 y 2017. También ejecuta el juzgamiento de los gastos de los últimos seis meses, hasta marzo pasado.

El gobierno de Lenín Moreno rescindió el contrato para la seguridad de Assange en marzo pasado, luego del cambio de secretario de Inteligencia. La entidad ahora está al mando del coronel (r) Jorge Costa. La vigilancia de Assange está a cargo de la compañía ecuatoriana Prom Security, y, al parecer, no incluye el componente de inteligencia.

“WikiLeaks no opera desde la embajada en Londres”

Julian Assange se volvió una pieza clave en el ajedrez geopolítico mundial. La participación de WikiLeaks en varias filtraciones comprometedoras para la seguridad de Estados Unidos desde 2010 lo puso en el centro de una disputa que también  involucra a Rusia, que aboga por el australiano. Varias semanas atrás, iniciamos gestiones para que Assange responda un cuestionario. Pero su situación actual es de aislamiento indefinido. Por tanto, él dispuso que su abogado en Ecuador, Carlos Poveda, contestara nuestras preguntas.

Por: Arturo Torres     

¿La contratación desde el 2012 del sistema de seguridad y de inteligencia para Julian Assange en la embajada en Londres era controlada por WikiLeaks?

En lo  absoluto. Estas afirmaciones forman parte de la guerra informacional y propagandística. Tanto él como el personal de la embajada, han presentado múltiples quejas sobre violaciones de su seguridad y su privacidad por parte de las empresas contratistas que fueron contratadas para la seguridad interna de la embajada ecuatoriana en Londres. Estamos muy alarmados sobre los planos y fotografías que han salido a la luz en los últimos días, que revelan que tanto su seguridad como la del personal de la embajada, han sido puestas en peligro. El daño sufrido es serio, dado el número de personas que tienen acceso al material.

¿Assange volvió a la embajada un cuarto de guerra para espionaje internacional?

Todo lo contrario. WikiLeaks, el medio de comunicación que ha revolucionado el periodismo a nivel mundial con métodos tecnológicos innovadores, no opera desde la embajada. Las agencias y personas responsables de los delitos expuestos por WikiLeaks quieren silenciar a Assange. Se encuentra en una situación muy difícil, y además se ha desatado una guerra informacional de gran escala que demuestra determinadas alianzas que favorecen los intereses de EEUU. Assange ha revelado a través de sus publicaciones de SpyFiles, Hacking Team, Vault7, la escala mundial del espionaje internacional, el asesinato de decenas de millares de personas, la interferencia con las elecciones francesas, el hecho de que 98% de las telecomunicaciones de Latinoamérica son interceptadas por EEUU, el espionaje ilegal de la CIA en Latinoamérica, etc. Reino Unido ha gastado unos 30 millones de dólares en espiar la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 ($17.5m en Octubre 2015).

¿Wikileaks firmó en 2015 un acuerdo con un agente español encargado de su vigilancia para el acceso a información altamente confidencial?

Es absolutamente falso.

¿Sabía Assange que su seguridad era pagada con gastos especiales de la Senain?

No conocía estos detalles, ya que si fuere así estos gastos serían reservados impidiendo conocer en el Ecuador esta realidad y peor a nivel internacional.

¿Actualmente qué empresa le brinda seguridad, que implica el cambio de la anterior compañía que  según denuncias también le espiaba?

No conozco detalles sobre esto. Pero como abogado ecuatoriano y miembro del equipo internacional, esta información es altamente preocupante, por cuanto la confidencialidad de la defensa violentaría el secreto profesional y además quedaríamos expuestos a los niveles de injerencia de nuestros datos, personales a los intereses de terceros países y organizaciones que intentan acabar con WikilLeaks y Assange.

¿Cuál es la situación de Assange en la embajada en Londres?

En  el 2017, el jefe de la CIA, Mike Pompeo, declaró que la CIA acabaría con las publicaciones de WikiLeaks y con Assange. Un año más tarde, Pompeo es Secretario de Estado. Ecuador sufre la presión de EEUU para que entregarlo. A esa presión se suma Reino Unido. La embajadora de Reino Unido en Ecuador hizo declaraciones difamatorias en Quito acerca de Assange. En los últimos días, hemos visto la publicación de artículos, que contienen calumnias y falsedades, se han publicado en medios de Ecuador conjuntamente con The Guardian en Londres. Al mismo tiempo, la Canciller del Ecuador ha declarado que Ecuador ha entrado en negociaciones con Reino Unido para resolver el asunto Assange.

El gobierno ecuatoriano mantiene aislada a una persona bajo su protección. Assange no solo tiene prohibido el uso de teléfono e internet, además está imposibilitado de responder a informaciones falsas que presuntamente provienen de Senain y que se han publicado en medios internacionales y del Ecuador. La persecución no sólo se ha mantenido firme, sino que se ha intensificado en los últimos 14 meses, a raíz de las últimas publicaciones de WikiLeaks sobre la CIA.

¿En qué medida eso atenta a sus derechos humanos y a su calidad de asilado?

Primero se dijo que no podía pronunciarse sobre los asuntos internos de Ecuador. Luego, que no podía pronunciarse sobre la política de países aliados. Luego se dijo que no podía pronunciarse sobre ningún país. Expresarse es un derecho fundamental, y en su caso, además es su trabajo como periodista y defensor de derechos humanos. El gobierno está impidiendo que labore en su profesión de periodista, y de ejercer su trabajo de denunciar  abusos de derechos que es el contexto por el cual se le otorgó el asilo. La censura parece ser reacciones ad hoc a presiones internacionales y domésticas sobre el gobierno. JA jamás ha recibido una indicación específica del gobierno de Ecuador sobre qué es lo que puede o no puede decir.

¿Qué tipo de comunicación tiene Assange con el mundo exterior? ¿Recibe visitas?

No recibe visitas, ni tiene acceso a internet. El único contacto que tiene es con el personal de la embajada y sus abogados del equipo legal.

¿Qué ha pensado hacer, frente a medidas restrictivas del Gobierno ecuatoriano?

Todas las acciones legales están sobre la mesa, hay varias posibilidades para hacer valer sus derechos, tanto en el Ecuador, como en Londres y a nivel internacional, así como en varias instancias. La situación no puede continuar tal como está.

El Gobierno ecuatoriano defiende su decisión de incomunicar a Assange -internet y celular- porque ha violado la prohibición de pronunciarse e interferir en procesos políticos de otros países, como España y EE.UU. ¿Qué opina al respecto?

Él no está ejerciendo de diplomático. Su labor es otra, la  de periodista. Es el activista más reconocido del mundo para la libertad de expresión y la libertad de la prensa, y por lo tanto jamás  limitaría su capacidad de informar y de denunciar abusos mientras ejerza su empleo de periodista.

¿Existió algún compromiso escrito de Assange de no pronunciarse en este sentido?

Él tiene el compromiso que se refiere en la Convención que le afecta como persona sujeta a asilo, y está cumpliendo estrictamente esa obligación. Opinar sobre temas de interés general sobre lo que está ocurriendo en el mundo no puede entenderse como ataque a ningún país, o a los intereses de Ecuador.

¿Qué más espera Assange del gobierno de Moreno, que inclusive le otorgó la nacionalidad ecuatoriana?

Que cumpla con sus obligaciones internacionales y sus promesas, y que mantenga firme sus principios. Aunque haya sido naturalizado, sigue siendo una persona internacionalmente protegida por Ecuador.  La protección es en contra de la clara persecución política de EEUU, país que quiere enjuiciar a Assange, editor de WikiLeaks. Ecuador otorgó el asilo tras pedir formalmente, tanto a Reino Unido como a Suecia una promesa de que no sería extraditado a EEUU. Cuando éstos se negaron, Ecuador asumió esa promesa: de protegerle de un extradición, directa o indirecta, a EEUU. Haber sido naturalizado no ha cambiado el hecho de que haya una persecución política.

Suecia ya no pide su extradición. Tampoco existen cargos en contra de Assange en Gran Bretaña. El gobierno anterior tenía más dificultades para llegar a un acuerdo favorable, por la existencia de una investigación sueca. Por lo tanto, a pesar de la presión, existen condiciones favorables para que Ecuador logre protegerlo del riesgo de una eventual extradición a EEUU, a la vez de llegar a un acuerdo de mutuo interés con Reino Unido y a cumplir con sus obligaciones internacionales.

¿Se piensa entregar a las autoridades inglesas, para romper de alguna manera la situación actual de aislamiento en la embajada?

Cuando se otorgó el asilo, se expusieron los riesgos que corre Assange si fuera aprehendido en el Reino Unido; esos peligros persisten y se han acentuado con las declaraciones y presiones que ahora son públicas. Inglaterra no ha respetado las condiciones de esta garantía internacional, ni ha respetado las instrucciones de liberar a Assange de parte del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, por lo tanto seguiremos interponiendo acciones en todos los sentidos, para que la decisión de Ecuador se respete en cualquier instancia internacional. Cualquier entrega a las autoridades inglesas tiene que ser voluntaria. Eso significa que tenga garantías de que no será entregado a EEUU.

¿Cuál es el trato que está recibiendo de las autoridades en la embajada en Londres?

Assange tiene una buena relación con el personal de la embajada.

Las patologías del hacker australiano

La salud física y mental del activista, cabeza de WikiLeaks de origen australiano, se ha deteriorado seriamente los últimos seis años: muchos médicos temen ingresar a la embajada para tratarlo, por miedo a ser blancos de Inteligencia. Su cuadro de paranoia, por miedo a ser extraditado a Estados Unidos, se agudiza.

Redacción Código Vidrio

“La Embajada al inicio me ofrecía un alivio frente a las condiciones extrañas del arresto domiciliario en que vivía antes de 2012. Pero con el tiempo, esto fue cambiando y se volvió más y más difícil”. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que Julian Assange reveló al médico que lo examinó en sucesivas sesiones entre 2014 y 2015.

El deterioro progresivo de su salud física y mental, por sus condiciones de encierro en la sede diplomática desde junio del 2012, está detallado en varios reportes médicos revisados por este portal hasta la actualidad.

El facultativo inglés dictaminó que Assange vivía virtualmente bajo un lente de microscopio: la experiencia de haber perdido su propia identidad pudiera ser tanto “Traumática como destructiva para su personalidad”.

“Depende de otros para cada aspecto de su vida, ya sea la provisión de la comida, el acceso a ropa… vigilado y monitoreado… sin privacidad ni distracciones, algo que puede equipararse a un ambiente en una prisión de alta seguridad”.

Después de varios años de encierro, le confesó Assange al médico, las paredes de la embajada eran tan familiares para él como el interior de sus párpados. “Las veo y al mismo tiempo no las veo”.

En su juventud y adolescencia, fue un ávido ciclista y practicante de caminatas: encerrado, perdió parte de su noción de identidad.

Uno de los primeros síntomas fue la pérdida de sueño: se acostumbró a pasar entre 18 y 22 horas sin dormir, ajeno al paso del tiempo, hasta que el cansancio lo vencía. Al inicio, decidió dormir con un ojo abierto, porque sentía que era vigilado. Todo indica que en la madrugada, agentes de policía lanzaban objetos hacia la ventana para perturbarlo. Sobre todo los primeros meses.

Solo a medida que el médico fue ganando su confianza, se enteró del dolor que sentía el hacker y periodista por no saber de su familia (perdió a su padrastro en abril de 2012 y a su abuelo en octubre de ese mismo año, en ambos casos luego de enfermedades largas y dolorosas). El temor de no volver a ver a sus hijos en Australia y la angustia de saber que pudieran vivir amenazados, le sobrecogía.

Una de las consecuencias más graves del aislamiento: la dificultad para garantizarle acceso a atención médica fuera de la embajada. Se conoce que ha perdido la visión y que tiene otras dolencias, pero que los médicos temen acercarse a la embajada a diagnosticarle y tratarle. “Los policías toman nota de su nombre y se sienten intimidados”. El autor de uno de los informes –al que hemos tenido acceso- precisamente ha pedido no revelar su nombre.

La dolencia en su hombro derecho le causó severos problemas desde mediados de 2015: pero era imposible lograr un diagnóstico adecuado por la imposibilidad de ingresar equipos de ultrasonido, para realizar pruebas de imagen. “La ausencia de un diagnóstico le causa enorme estrés, por el temor de que el dolor se relacione con una enfermedad como cáncer”.

Otra dolencia no tratada: una pieza dental (premolar) se fracturó en 2010, y por imposibilidad de recibir atención odontológica especializada, sufría dolores y molestias.

Para obtener un diagnóstico de la situación de la salud mental de Assange, un experto en cuadros derivados de situaciones de confinamiento indefinido fue consultado. Detectó que sufre de depresión y ansiedad, de moderada a severa.

Flashbacks: la sensación de vivir un suceso traumático una y otra vez. Sensación permanente de angustia. Son dos de los síntomas del “Desorden Complejo por Estrés Post-traumático”, que pudiera estar viviendo Assange.

El psicólogo Micheal Korzsinski tiene 25 años de experiencia en el tratamiento de víctimas de tortura. Investigó la situación de Assange, concluyendo que “Sufre en la actualidad un desorden de estrés postraumático… considero que se encuentra en riesgo serio de desarrollar una alteración permanente de personalidad”.

El profesor de derecho internacional en la Universidad Carlos III, de Madrid, ex presidente y miembro del Comité contra la Tortura de ONU, Fernando M. Mariño, afirmó en 2016 que Assange se encuentra en condiciones que “Deben ser calificadas de trato inhumano, cruel o degradante, constitutivo de tortura, en el sentido del Derecho Internacional”.

“Es mi convicción de que el Reino Unido y Suecia, obrando conjuntamente, violan de modo continuado la prohibición de la tortura en la persona del señor Assange”.

Su salud física y psicológica están afectadas, advierte el jurista Carlos Poveda, representante ecuatoriano en la defensa de Assange. “Esta opinión es compartida por los facultativos que emitieron su diagnóstico en enero de 2018, Sandra Crosby y Brock Chisholm”.

Tal condición solamente se habría agravado, tras el aislamiento resuelto por las autoridades ecuatorianas.

EL EMPORIO EMPRESARIAL DEL PREFECTO ZAMBRANO TAMBIÉN TUVO SU DÉCADA GANADA

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, apuntó al número ganador. Fue financista de la campaña de Rafael Correa en el 2006. Los próximos años sus negocios despegaron, sobre todo con el Gobierno de AP.  Su patrimonio pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014. Pese a que tuvo contratos con el Estado en áreas estratégicas, por más de 73 millones, el excontralor Carlos Pólt no estableció ninguna incompatibilidad con su cargo de funcionario público. El Consejo de Participación lo denunció por una supuesta delincuencia organizada. 

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Más que un aporte, fue una inversión. Era 2006. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, contribuyó con 20.000 dólares a la campaña presidencial del joven candidato Rafael Correa.

Los contratos entre el conglomerado de empresas del prefecto manabita y el Estado se multiplicaron durante la década correísta.

Quien debió alertar oportunamente esas anomalías era su coterráneo y amigo, el entonces contralor Carlos Pólit. No lo hizo, según evidencian los informes de auditoría a su gestión. Al ser una autoridad en funciones, el prefecto no podía tener empresas contratistas del Estado ecuatoriano.

El ente de control realizó tres exámenes especiales a dos contratos (013-2015 y 050-2012), entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Mardcomsa. Los auditores no determinaron que la firma contratista pertenecía al prefecto.

La Contraloría tampoco detectó a tiempo el incremento inusitado de su patrimonio. Pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014, que es la última declaración de bienes a la que tuvimos acceso.

Ayer jueves, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana presentó una denuncia en la Fiscalía contra Zambrano y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por un supuesto delito de delincuencia organizada y pidió que los procesos penales sean tratados en la capital por el fuero de Corte que ampara al legislador.

Zambrano se defiende. Dice ser víctima de persecución y de envidia pues “Tengo contratos con el Estado desde hace más de 30 años, porque soy un hombre de trabajo y empuje; en mi niñez lustraba zapatos”. No encuentra inhabilidad entre su función pública y su faceta de contratista del Estado. “Si estuviera haciendo algo incorrecto, el pueblo manabita no me seguiría respaldando con sus votos”.

En 2008, negó la donación a la campaña de Correa. Hoy la reconoce. Documentos del entonces Tribunal Supremo Electoral prueban que el entonces prefecto y militante del Partido Social Cristiano fue aportante. El 10 de abril del 2008, en una audiencia en el Tribunal el tesorero de la campaña de Alianza País, Camilo Samán aseguró que “Zambrano firmó el aporte en persona”.

[icon name=»volume-up» class=»» unprefixed_class=»»] Audio de la entrevista al prefecto Mariano Zambrano

 

Lea aquí la entrevista con el prefecto Mariano Zambrano.

Zambrano estrechó su relación de negocios con el Gobierno, especialmente en los sectores estratégicos. Desde 2009, cinco compañías de su grupo familiar recibieron contratos con entidades estatales por más de 73 millones de dólares, según informes emitidos por Petroecuador, CELEC, Dirección de Aviación Civil, entre otros, a organismos de control, como la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana. Por las irregularidades detectadas, la Contraloría destituyó a Zambrano del cargo, en octubre.

En Manabí, el Prefecto y su hijo, el asambleísta de AP Mariano Zambrano Vera, son accionistas de un conglomerado de, al menos, 12 empresas de transporte marítimo de combustibles, venta de automóviles, hotelería, bienes raíces, entre otros, según reportes de la Superintendencia de Compañías. El emporio se levantó desde 1992.

El asambleísta asegura no haber incurrido en inhabilidad alguna. “Cuando inscribí mi candidatura presenté mi declaración de no encontrarme incurso en las inhabilidades constitucionales determinadas en la Ley, consecuentemente, no tengo ninguna prohibición al respecto. No ostento ningún cargo de representación en ningún grupo empresarial”. Y afirma que “De forma antojadiza”, actores políticos “por conveniencia” y medios de comunicación “por falta de información” posicionaron este discurso.

El artículo 62 de la Ley de Contratación Pública señala que no podrán celebrar contratos previstos en la ley con las entidades contratantes algunos funcionarios, entre ellos los asambleístas, prefectos y alcaldes.

Las actividades empresariales de ambos están bajo la lupa. Son investigadas por la la Fiscalía y la Contraloría por más de 13 contratos que las compañías Marzam, Marnizam y Mardcomsa, Automotores Manabitas y Manhost recibieron del Gobierno, entre 2011 y 2016, para el abastecimiento de combustible y provisión de transporte, entre otros. Se presumen delitos de enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos.

Zambrano, el prefecto, reconoce su amistad con el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Pólit. “Al amigo, si tiene un traspiés, no se le niega”. Pero desmiente que esa relación lo hubiera beneficiado con contrataciones y blindaje frente a las auditorías. “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”, afirma, consultado sobre las denuncias de que recibió contratos y beneficios en los sectores que manejaba directamente el exVicepresidente.

En su período el contralor Pólit no estableció irregularidades de relevancia a la gestión en la Prefectura. Se limitó a fijar sanciones administrativas que no superaron los 40 mil dólares y cinco glosas que sumaron 4,9 millones, que luego se desvanecieron y se redujeron a 100 mil dólares. Pedimos a Pólit su versión sobre su cercanía con el prefecto, pero no respondió.

Era tal el nivel de confianza, que Pólit no dudó en alquilar al hijo del Prefecto su suite en el Swissotel. El legislador Zambrano Vera, de 32 años, vivía en ese inmueble. El hecho se conoció cuando la Policía allanó el departamento, en el curso de las investigaciones del caso Odebrecht.

El asambleísta asegura que sí mantuvo una relación contractual de arriendo, “Que declaré oportunamente. Llegué a la suite el 14 de mayo de 2017 y la ocupé menos de dos semanas”.

Zambrano: “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”

Es un personaje presente en la política de Manabí en los últimos años. Mariano Zambrano Segovia, prefecto manabita, asegura ser víctima de envidia y persecución.  Se defiende frente a la investigación oficial, según la cual, florecieron los contratos entre las empresas relacionadas con su familia y el Estado.

Documentos del TSE revelan que Usted aportó para la campaña de Rafael Correa en 2006

Yo lo informé en su momento, lo reporté.

Usted dijo que le habían falsificado su firma, luego el tesorero de campaña Camilo Samán lo desmintió y estableció que usted aportó a Alianza País. ¿Esto ayudó para que las empresas de su grupo accedieran a contratos?

No. De ninguna manera. Aporté menos de diez mil dólares, yo lo informé. Tenemos cerca de 30 años contratando con el Estado.

Pero Usted ha sido candidato, hay inhabilidad al tener empresas y contratos con el Estado.

La inhabilidad es para la entidad contratante, no para el accionista. El que contrata, CELEC y Petroecuador, son las que estarían en inhabilidad. Eso nos lo ha manifestado el abogado nuestro. Yo no puedo estar haciendo algo contra la Ley.

Y sin embargo, ¿no hay conflicto de interés? Usted tiene una faceta de empresario próspero que se ha hecho más patente estos diez años de Revolución Ciudadana

Es cuestión de que revise mi patrimonio, cuando llegué a ser prefecto, y cuál ha sido el comportamiento. De ninguna manera es como usted dice, investiguen mejor, por favor.

Su patrimonio varía de 4 a 31 millones de dólares, entre 2009 y 2014, según su propia declaración patrimonial notarizada

No creo que sea eso. De ninguna manera serían esos valores.

¿Le protegió a usted el contralor Pólit?

Eso ahora lo interpretan. Pero siempre me basé en el criterio de los abogados, ellos deben contestar, según los artículos respectivos de la Ley.

Sus críticos le acusan de ser protegido del ingeniero Jorge Glas

Aquí, en la provincia, no hay censura, pueden decir lo que sea.

Pero sus contratos florecen en el área de los sectores estratégicos, transporte de combustibles, de derivados

El ingeniero Glas estuvo un tiempo en esa área, pero nosotros hemos tenido contratos antes, con otros gobiernos. No me han favorecido.

¿Usted es amigo de Jorge Glas?

Sí, no puedo negarlo. Yo puedo ser amigo suyo y mañana puede usted tener un traspiés, y no voy a negarlo. Tengo muchos amigos, eso no es porque me favorecen.

Sus críticos dicen que usted es el testaferro del Ing. Glas. ¿Qué les responde?

Mire, de ninguna manera. Soy un hombre que ha hecho las cosas bien, de lo contrario, con tanta calumnia, el pueblo ya no me quisiera. Hay maldad en estas personas. La gente no se alegra porque a usted le vaya bien. Yo fui lustrador de zapatos, un campesino que trabajó con machete. Me preparé día y noche, nunca me crecí porque soy Prefecto. Me conoce toda la provincia porque nunca he robado.

¿Qué relación tuvo con el ex contralor Pólit?

Como manabita que soy lo he conocido, lo respeto. Cada uno debe responder por lo que hace. No puedo negar que he sido amigo. Me alegré que triunfe, que haya llegado a un puesto importante, por qué no.