Desde julio de 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa para confirmar si el exministro de Minas Javier Córdova cometió delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio, con base en un informe de Indicios de Responsabilidad Penal enviado por la Contraloría. Los auditores hallaron inconsistencias entre sus salarios, sus ingresos y deudas. Tres meses después de dejar el gobierno, en mayo de 2018, Córdova fue contratado como consultor por la minera canadiense Soma Gold, que como pago inicial le entregó 250.000 acciones, valoradas a la fecha en 500 mil dólares. Entre 2011 y 2019, el exfuncionario de los gobiernos de Correa y Moreno sacó del país 836.000 dólares, y por este rubro pagó impuestos por $41.814. Buscamos la versión de Córdova pero no obtuvimos respuesta. Nota actualizada sábado 29 de mayo. 

Redacción Código Vidrio

El Ministerio de Minas fue una catapulta para Javier Córdova Unda. Tres meses después de dejar el cargo de ministro de esa cartera -en mayo del 2018- fue nombrado consultor especial de la minera canadiense Soma Gold Corp. Como retribución por sus servicios esa empresa le otorgó de entrada un paquete de 250.000 acciones, valoradas en más de 500 mil dólares, a la fecha, según sus informes de gestión.

Dos años después Córdova fue nombrado director ejecutivo (CEO) y Presidente de esa empresa, domiciliada en Vancouver, Canadá, donde ahora reside.

Córdova es investigado por la Fiscalía, por supuestos delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio. Abandonó por última vez el país en un vuelo de Avianca, con destino final Miami, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2019, junto a su pareja, la también exfuncionaria Ledy Zúñiga, según registros migratorios.

La investigación fiscal se basa en un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), remitido por la Contraloría al Ministerio Público, en mayo de 2019. La investigación va a cumplir dos años este mayo de 2021.

En el examen, el organismo pidió investigar las cuentas y bienes del ex ministro Córdova, por las contradicciones detectadas en las declaraciones patrimoniales del ex funcionario.

Uno de los datos que más llamó la atención de los auditores es que sus gastos en tarjetas de crédito y préstamos no concuerdan con los ingresos que tuvo durante su paso como funcionario público, entre enero del 2012 y febrero del 2018.

No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia contra Córdova. En 2018 se presentó otra demanda contra él por supuestos depósitos injustificados en sus cuentas, por más de 220.000 dólares, mientras fue funcionario público. Entre el 2011 y el 2017, también habría tenido ingresos en sus cuentas por más de 800.000 dólares, según una fuente de la Unidad de Análisis de Financiero, que en 2018 también alertó, con el envío de un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI), sobre los supuestos movimientos que no estarían acordes a sus ingresos. No obstante, en la Fiscalía informaron que no conocían ese reporte.

Otro dato que confirma esas operaciones está registrado en su pago de impuestos por salida de capitales en el Servicio de Rentas Internas. Entre el 2011 y el 2019, Córdova pagó 41.814 dólares de tributos (5%) por salida de divisas. Es decir que en ese período sacó al exterior más de 836 mil dólares.

Código Vidrio buscó, desde hace dos semanas, la versión de Córdova, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas ni mensajes a sus números de contacto, tampoco al correo electrónico de la empresa Soma Gold.

Córdova, de 47 años, ocupó distintos cargos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. El primero fue como asesor en el Ministerio de Industrias y Productividad, en 2006. En ese puesto estuvo un año y luego llegó al Ministerio de Energía y Minas, donde su jefe inmediato fue el actual asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano.

Este fue el inicio de una larga y estrecha relación de trabajo. Córdova se convirtió en adelante en el brazo derecho de Serrano. Lo acompañó en el Ministerio de Justicia (2010-2011) y luego como viceministro en el Ministerio del Interior (2011-2014). Durante esta etapa, conoció a su esposa Ledy Zúñiga, quien también era parte del equipo de asesores de Serrano; luego fue ministra de Justicia y secretaría Técnica de la Lucha contra las Drogas.

Córdova condecorado por impulsar denuncias del 30-S 

En octubre del 2014, sorpresivamente se anunció su cambio de ministerio. Serrano despidió a Córdova con una condecoración en una ceremonia policial por su labor, especialmente en las denuncias judiciales contra policías y civiles por la revuelta del 30 de septiembre del 2010.

Entonces pasó a la cartera de Recursos No Renovables para ocupar el Viceministerio de Minas. Su llegada fue planificada con anticipación. La Presidencia recibió una asesoría desde Chile, que le recomendó la creación de un Ministerio encargado exclusivamente de impulsar la minería a gran escala en el país.

Más que una nueva fuente de recursos, el entonces presidente Correa vio en la minería una tabla de salvación, tras la caída estrepitosa de los precios del petróleo. En buena parte de su gobierno, el crudo se mantuvo a precios altos (sobre los 60 dólares), lo cual significó ingresos millonarios que se volvieron el motor de la economía.

“El 14% del territorio nacional, equivalente 3,7 millones de hectáreas, ha sido asignado para la minería a gran escala. La mayoría de las concesiones fueron tramitadas apresuradamente durante los últimos meses del gobierno de Correa. Las concesiones otorgan el derecho a las empresas- casi todas transnacionales- de aprovechar el recurso del subsuelo, y por ende, a explorar, explotar, beneficiarse y fundir minerales durante 25 años (renovables)”: Carlos Zorilla, ambientalista.

Entonces, en febrero del 2015, Correa creó la cartera de Minas y nombró a Córdova su primer ministro.

Estuvo en su cargo casi tres años, viviendo la transición y el rompimiento entre Correa y Lenin Moreno. En su gestión despuntaron grandes proyectos, y se entregaron importantes concesiones de oro y cobre a las compañías extranjeras BHP, Lundin Gold, Lumina Gold, SolGold, Codelco, entre otras.

También estuvo al frente de la entrega de seis concesiones mineras a la empresa Hanrine en Imbabura, que acaban de ser observadas por la Contraloría. Los auditores establecieron una serie de irregularidades en la entrega de esos títulos mineros, sobre todo porque el régimen no usó su derecho preferencial para explorar y explotar esos yacimientos en asociación con otra empresa privada con la empresa pública ENAMI. En varios de esos procesos de concesiones mineras participó Rebeca Illescas, brazo derecho de Córdova. Ella fue parte del gobierno de Rafael Correa y ocupó cargos directivos en el Ministerio de Sectores Estratégicos, junto al exvicepresidente Jorge Glas y Rafael Poveda.

En enero del 2018, Córdova dejó esa cartera de estado, de manera más bien discreta. La Secretaría de Comunicación emitió en escueto comunicado donde agradecía su trabajo y aseguraba que el Gobierno garantizará el desarrollo de la actividad minera precautelando el bienestar comunitario y de la naturaleza.

Cinco días antes, decenas de ecologistas y representantes de pobladores, que viven en las cercanías de varios proyectos mineros, habían marchado hasta el Palacio de Carondelet, para pedir la renuncia de Córdova, exigiendo que se realicen auditorías a las concesiones en Fruta del Norte, Mirador, Cascabel, Loma Larga, Río Blanco y otros.

En la nómina ejecutiva de Soma Gold Corp destaca como CEO el nombre de Córdova

El precio de cada acción de Soma Gold, en mayo de 2018, era de más de dos dólares

Los tres meses siguientes Córdova fue contratado por Soma Gold Corp, antes conocida como Para Resources, fundada en 2010 https://www.juniorminingnetwork.com/junior-miner-news/press-releases/1464-tsx-venture/soma/46572-para-appoints-javier-cordova-unda-former-minister-of-mines-for-ecuador-as-special-advisor-for-business-develop. Esta firma  tiene propiedades auríferas en Colombia y Brasil. Posee dos minas de oro de alta ley en operación al noreste de Colombia, y una propiedad, que tiene oro y cobre, cerca de Tucumã, en el estado de Pará en Brasil. https://www.somagoldcorp.com/about-us

Al anunciar su incorporación, Soma destacó que como ministro de Minas Córdova impulsó el inicio de la gran y mediana minería, con los proyectos estratégicos Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, y Río Blanco en Azuay. “Adicionalmente, la apertura del territorio minero permitió avanzar en el proceso de otorgamiento de concesiones bajo la modalidad de subasta, con importantes compromisos de inversión de las mayores mineras del mundo”.

Fiscalía pide informes a organismos de control

La fiscal Alexandra Zurita está a cargo de la investigación contra el exministro desde julio del año pasado, cuando abrió formalmente la investigación previa por un presunto enriquecimiento no justificado y perjurio. Desde esa fecha, ella ha solicitado información de su patrimonio y vida financiera al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Unidad de Análisis Financiero, los Registros de la Propiedad y la propia Contraloría.

Los detalles de la documentación que ha recibido se mantienen en reserva porque esta etapa de la indagación penal es reservada. Fuentes de la Fiscalía explicaron que se analizan las cuentas de Córdova mientras estuvo en el Ministerio del Interior, de Energía No Renovables y de Minería.

En su declaración patrimonial, tras salir del Ministerio del Interior, en octubre del 2014, anotó que es propietario de un departamento en el edificio Tennis Park de Quito, aunque registró como su domicilio una vivienda ubicada en la vía a Nayón, un sector exclusivo en las afueras de Quito. Adquirió el departamento en junio de ese mismo año y, según aseguró, está avaluado en 125.000 dólares.

Además, incluyó un automóvil Ford del año 2012; tres cuentas bancarias con 4.375 dólares y menaje de casa por $15.000. Todos los rubros sumados llegan a $199.865, según la declaración entregada en Notaría Cuadragésima Sexta de la capital.

Patrimonio y pago de impuestos declarados al SRI por el exministro  

En cambio, en el segmento de pasivos incluyó las deudas con cinco tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional (CFN), que entre todos sumaban $88.905. En total mantenía activos por $110.960 en su patrimonio.

Su declaración patrimonial no cambió al ingresar al Ministerio de Recursos No Renovables. Allí mantuvo el cargo de Viceministro cuatro meses, para luego ir a la Cartera de Minería.

Al posesionarse como Ministro hizo una nueva declaración patrimonial. Aseguró contar con tres cuentas bancarias por $4.035; el departamento en el Tennis Park y su auto Ford.

El rubro de pasivos se redujo un poco: fue de $84.708 dejando un patrimonio total de 114.817 dólares. Luego de dos años, nuevamente Córdova actualizó su declaración.

En febrero del 2017 envío su registro patrimonial. En ese documento incluyó una sola cuenta bancaria por $1.224.  También un nuevo vehículo Ford y una motocicleta, que adquirió a fines de 2014, avaluada en $15.000. Además, reportó que había traspasado su departamento del Tennis Park a su madre.

Aumentaron sus pasivos. Las deudas que mantenía subieron con siete tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional, por $108.433.

El 8 junio del 2017, Córdova entregó dos declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Los dos registros son prácticamente idénticos en el rubro de los activos, salvo por un nuevo vehículo, avaluado en $60.000. Además, incluyó tres cuentas bancarias con un saldo superior a los dos mil dólares y su departamento.

En el segmento de pasivos indicó que mantenía las mismas deudas con las siete tarjetas de crédito y con la Corporación Financiera. No obstante, en las cifras existen aparentes contradicciones entre las dos declaraciones.

En la primera registró deudas por 102.036 dólares y la segunda $108.433. Esto ocurrió porque los montos de deuda en cada tarjeta no coinciden.

Las posibles equivocaciones pueden ser enmendadas por el declarante. Uno de los pasos es anotar esa equivocación en el área de observaciones. Sin embargo, Córdova se limitó a anotar que “la declaración patrimonial está vigente desde el 24 de mayo del 2017”, cuando el presidente Moreno lo ratificó en el Ministerio de Minas.

Su última declaración patrimonial como funcionario público es de 2 de febrero del 2018. Allí incluyó tres cuentas bancarias, dos corrientes y una de ahorros, por $2.768. También su nuevo vehículo Ford, del 2016, su departamento en el Tennis Park. En activos reportó $188.268.

Declaración de bienes del exministro

Lo que llamó la atención de los auditores de la Contraloría son sus pasivos. Su crédito con la CFN fue cubierto, pero mantenía las deudas con siete tarjetas de crédito, por 106.986 dólares.

Los tres años que Córdova fue ministro mantuvo sueldos mensuales por más de cinco mil dólares. Que le dejarían ingresos aproximados, en todo ese período, de 180.000. Sus ingresos como viceministro tampoco son muy inferiores. En esos cargos ganaba alrededor de 4.000 dólares y durante tres años podía llegar fácilmente a los $150.000. Estos ingresos no compensarían tampoco el envío de  dinero fuera del país.

Lo que Córdova no incluyó en sus declaraciones patrimoniales desde 2012 son sus acciones en Conclínica, donde es uno de los 1.895 socios que tiene esa empresa dedicada a los servicios de atención médica privada.

Un año después de las protestas de octubre, aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, pese a que existen un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias. Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados y agredidos por los manifestantes.

Redacción Código Vidrio

Las investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, así como por los secuestros y abusos contra miembros de las fuerza pública durante el paro indígena del año pasado caminan lentamente.

Aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, a pesar de que organismos internacionales exigieron al Estado una indagación ágil e imparcial sobre más de un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias.

Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados, agredidos por los manifestantes.

Para defender y denunciar excesos y abusos contra los manifestantes se integró la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, un grupo que incluye a 18 organizaciones sociales, como la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu); Inredh o el Comité de Derechos Humanos (CDH).

Esta Alianza publicó dos informes sobre la movilización de octubre; el último se difundió la semana pasada: en sus conclusiones destaca que las investigaciones por las muertes, heridos y detenciones arbitrarias quedaron en el limbo.

“Las investigaciones han avanzado cuando se trata de personas civiles, entre ellas líderes indígenas y opositores políticos. Cuando son los agentes del Estado quienes están involucrados en los hechos, las investigaciones siguen sin producir resultados, demostrando una falta de debida diligencia del Estado en llegar a la verdad y en reparar a las víctimas”.

En cambio, Hugo Espín, especilista en temas de seguridad y orden público, recalca que el cometimiento de delitos contra policías fue evidente y flagrante, especialmente cuando ocurrió el secuestro en la Casa de la Cultura. “Vimos las imágenes de todos los abusos en vivo y en directo, pues los periodistas fueron obligados a transmitir lo que estaba ocurriendo. Personalmente las horas siguientes presenté una denuncia en la Fiscalía, pero no he recibido ninguna notificación sobre un avance”.

La muerte de un adolescente sin responsables

Una de las afectadas es la familia de Gabriel Ángulo Bone, un adolescente de 15 años. Sus amigos aseguraron que un policía gritó: “muere chucha de tu madre” antes de accionar el gatillo de su escopeta de gas lacrimógeno en su contra.

El 8 de octubre del año pasado, Angulo salió de su casa en Durán, Guayas, para protestar por el incremento de los combustibles. Entonces cursaba el octavo año de educación básica y vivía con su madre y sus hermanos.

Sus vecinos contaron que el muchacho junto a otros fueron a la avenida Nicolás Lapentti para esperar la llegada de las comunidades indígenas que lideraban las manifestaciones, el 8 de octubre.

Sin embargo, ellos no aparecieron y la protesta se desbordó. Locales comerciales y negocios del barrio fueron saqueados. Entonces, la Policía acudió a recuperar el orden: en el correteo Gabriel Ángulo cayó en una alcantarilla descubierta.

Al caer se lesionó una de sus piernas, por lo que solo pudo caminar hasta sentarse en la vereda. En ese momento, recordaron varios testigos, “llegó una patrulla motorizada con dos policías, el agente que acompañaba al conductor apuntó con una escopeta lanza bombas lacrimógenas y le disparó a una distancia de aproximadamente cinco metros”.

Pese al disparo, el adolescente se  levantó y logró caminar algunos metros hasta desplomarse en el piso. Ningún policía lo socorrió, solo un vecino lo llevó en su moto al hospital Orasma González, donde los médicos no pudieron salvarle la vida: murió por una hemorragia interna.

La Alianza por los Derechos Humanos indica que la muerte de Ángulo no fue un caso aislado; en su archivo registra ocho muertes ocurridas en las manifestaciones.

En esa lista están Raúl Chilpe, Silvia Mera, José Chaluisa, Segundo Tucumbi, Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Ángulo. Aunque en dos casos, de Chilpe y Mera, sostiene que ocurrieron en accidentes de tránsito que deben ser indagados.

La misma versión tiene la ministra de Gobierno, María Paula Romo. No obstante, ella recalcó que los decesos de Tucumbi y Mosquera fueron ocasionados por caídas y enfatizó que en ningún caso los policías usaron armas de fuego, siguiendo los protocolos del uso progresivo de la fuerza.

La Fiscalía de Durán abrió el expediente por la muerte de Ángulo, el 16 de octubre de ese año. Investiga un presunto homicidio, según Fernando Bastidas, activista de DD.HH. que monitorea esa investigación.

Abraham Aguirre, del Comité de los D.HH., dice que la Fiscalía solicitó un informe de los policías que estuvieron en el operativo, pero aún no ha recibido el listado.

La familia de Gabriel está convencida que murió por el disparo de la Policía. Su autopsia indica que falleció por una “hemorragia aguda interna, hemopericardio, laceración de corazón, trauma cerrado de tórax”. Como evidencia, su madre guarda una foto del pecho de su hijo con la huella clara de una quemadura de forma circular.

En la Fiscalía el resto de investigaciones también camina lentamente. El Ministerio Público abrió 819 procesos relacionados con supuestos delitos en las protestas de octubre pasado. 44 fueron para dilucidar la responsabilidad de policías y militares en supuestas violaciones de DD.HH.

LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS EN LA FISCALÍA

Si en la Fiscalía los casos aún no se establecen responsables, lo mismo ocurre en las filas militares y policiales. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno ratificaron a este portal que no hay investigaciones casa adentro.

“No hay denuncias o quejas contra ningún policía dentro de la institución. Sin embargo, sobre este tema desde asuntos internos se revisaron los procedimientos, se actualizaron las directivas para que en caso de enfrentar un escenario similar se pueda mantener el orden”, respondieron desde el Ministerio de Gobierno.

Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, dijo que el pedido para agilitar las investigaciones no solo nace desde las organizaciones nacionales, sino también desde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Las dos caras de la medalla

Un equipo especial de la Comisión Interamericana de DD.HH. llegó a Ecuador para investigar las denuncias de los movimientos sociales: escuchó tanto a los civiles como a los policías y militares que fueron atacados.

El Ministerio de Gobierno informó que 435 gendarmes resultaron con lesiones durante los operativos de octubre pasado. Ellos fueron retenidos violentamente, golpeados e incluso hubo mujeres que denunciaron abusos sexuales.

Mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que 80 soldados fueron heridos y 255 retenidos.

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental que el Estado impulse una investigación “diligente e imparcial” para sancionar a los responsables de los presuntos abusos.

En este sentido, recomendó que se debe capacitar a policías y militares en derechos humanos, desde una visión de interculturalidad y con la participación de representantes de las comunidades indígenas del país.

El Gobierno reconoce que el sistema de salud atendió a 1507 personas durante los 13 días del paro nacional. Muchos de ellos con lesiones permanentes luego de recibir el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma y balas en sus cuerpos.

No se conoce quién disparó esos proyectiles, policías y militares salieron con esa dotación a controlar el orden público en octubre pasado. Las autoridades del Gobierno defendieron el uso de gases lacrimógenos, como una medida disuasiva permitida por la legislación internacional.

Sin embargo, su uso está regulado, por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un pronunciamiento del 2015, la Comisión indica que este tipo de gases lacrimógenos no deben ser utilizados en espacios cerrados o frente a personas que no tienen una vía de desconcentración o evacuación.

La investigación política tampoco tiene resultados

La Comisión Legislativa creada para investigar los hechos de octubre no hizo un seguimiento de los denuncias de supuestas violaciones de DD.HH., parta lo cual fue creada. Su presidente, el asambleísta Fernando Burbano, integrante de la bancada de Integración Nacional, reconoció que no se han reunido desde febrero por falta de recursos.

Indicó que pidieron al Consejo de Administración del Legislativo (CAL) que le proporcionará el presupuesto para incluir en su equipo de trabajo a especialistas en DD.HH. Sin embargo, desde febrero no tienen una respuesta. Por eso, en este año solo se han reunido en dos ocasiones para recibir más denuncias de supuestas violaciones contra los manifestantes.

Esta comisión fue creada el 18 de diciembre del 2019 y tiene un año para investigar los hechos de octubre pasado. En los primeros meses de trabajo emitieron un informe aprobado por el Pleno de la Asamblea.

Entre sus conclusiones estableció “que no se cumplió a cabalidad la defensa de los DD.HH. por parte de ciertos elementos de la Fuerza Pública”.  También señaló los ataques, incluso de tipo sexual, que recibieron los policías y militares durante los días de manifestación. Y las denuncias de discriminación racial y de xenofobia que ocurrieron en el país.

Este reporte, dijo Burbano, fue entregado al Ejecutivo y a los organismos de justicia que indaguen las supuestas violaciones. Pero, solo recibieron respuesta de la Fiscalía.

“Pedimos al Estado que haga una profunda investigación de los hechos, porque no podemos generalizar, se debe realizar una investigación particular de cada caso”, sostuvo el legislador.

Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante un proceso contra la ministra de gobierno María Paula Romo, por los supuestos abusos contra los manifestantes. Los asambleístas tienen previsto recibir este sábado 31 de octubre a la funcionaria para escuchar su defensa ante la acusación de los legisladores Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) que insisten en su censura.

La Comisión de Fiscalización atraviesa una etapa de relevo, luego de que se emprendieron su cambio por las denuncias contra sus antiguos miembros Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes están detenidos bajo los cargos de corrupción.

Esa mesa legislativa está conformada por dos asambleístas del correísmo, dos de la bancada oficialista Alianza PAIS, dos de CREO; dos del PSC; dos de Integración Nacional (BIN) y uno de de Acción Democrática (BADI).

La exlegisladora del correísmo y la exfuncionaria del IESS durante el anterior gobierno recibieron préstamos por 254.000 y 100.000 dólares, respectivamente. Son parte de los 2.566 deudores históricos, a quienes el BIESS no les ha cobrado sus deudas hipotecarias hasta por ocho años, en las anteriores administraciones. Todos están en mora por más de tres años. En total, deben cerca de 400 millones de dólares, que pasarán a procesos de coactivas. Entre los deudores hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Varios afiliados recibieron préstamos por cientos de miles de dólares, sin tener capacidad de pago.

Redacción Código Vidrio y Revista Vistazo

No se benefició de uno, sino de dos créditos de la seguridad social. A inicios de 2013, Gabriela Rivadeneira Burbano estaba en plena campaña para llegar al Legislativo con la camiseta verde flex de la Revolución Ciudadana. El penúltimo día de enero, recibió un crédito del BIESS por 29.917 dólares. La suerte le sonreía. No solo ganó la curul. Ese mayo se posesionó y fue elegida presidenta de la Asamblea, cargo que ocupó por dos períodos consecutivos.

En junio de 2014, cuando ya ocupaba la Presidencia de la Legislatura, tramitó un segundo crédito. Como garantía, exhibió seis años de aportes. El monto aprobado fue 254.724 dólares, a 15 años plazo. Calculaba que lo terminaría de pagar cuando su primer hijo estuviera en la universidad.

Con el préstamo adquirió una casa de 270 metros cuadrados, en un conjunto cerrado pudiente de  viviendas adosadas en Iñaquito Alto, al noroccidente de la capital. Anteriormente, su familia vivió en una zona cercana (Mañosca), en un departamento de 86 metros cuadrados por el que pagaba mil dólares mensuales de arriendo, según reveló en 2015 a la revista Clave, cuando mostró ante las cámaras la casa de 15 años de antigüedad, que había restaurado para habitar con su familia de cuatro integrantes. “Igual que todos los afiliados ecuatorianos, también teníamos derecho a acceder a ese financiamiento. Obtenerlo no fue tan fácil como se piensa, incluso diría que un poco más complicado que para el resto de afiliados, pues por mi cargo público temían que haya elucubraciones al respecto. Miraban con lupa cada paso del proceso”, aclaró en esa entrevista.

Los registros del BIESS reflejan que canceló el primer préstamo pero la deuda del segundo está diez meses en mora. La beneficiaria ha cancelado menos del 50 por ciento del préstamo. Después de los hechos de octubre pasado Rivadeneira voló a México donde está refugiada. Perdió su sueldo de asambleísta. Desde ese país argumenta ser víctima de persecución política del gobierno.

Para el BIESS, la garantía de este y otros créditos hipotecarios es el propio bien adquirido, por lo que está en camino un proceso de coactiva, una vez que se aclaren los plazos fijados en la Ley Humanitaria. Por ahora, el trámite está en fase de “custodia”, antes del inicio del trámite de cobro por vía legal.

La pandemia sumió a muchos ecuatorianos en la tragedia de las deudas impagas, por la reducción de ingresos, pérdida de fuentes de empleo o quiebra de negocios.

No obstante, el Banco de los afiliados de la seguridad social ya arrastraba deudas sin cobrar, algunas por más de cuatro años sin acciones efectivas de cobro, por vía coactiva, a la que están obligadas las entidades públicas.

El gerente del BIESS, Diego Burneo, ratificó en su comparecencia en la Asamblea que hay 2.564 deudores históricos, que tienen más de 1.080 días de mora. El monto por cobrar llega a 400 millones de dólares.

7.000 MILLONES
Ha entregado el BIESS en créditos hipotecarios

Es un agujero negro en las cuentas del BIESS, pero su existencia no es resultado de la crisis sanitaria, sino de la inacción de los diez funcionarios que transitaron por la gerencia del BIESS, en los años previos.

Entre los deudores impagos también se encuentra María Sol Larrea, quien fuera el brazo derecho del expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Larrea recibió un crédito, el 17 de julio de 2015, por 99.900 dólares. Pagó más de la mitad. Ella cumple condena en la cárcel de Cotopaxi por sentencias relacionadas con delitos durante su etapa de intocable en el IESS. Ahora enfrenta un nuevo juicio, por presunto lavado de activos.

Larrea fue directora general del hospital Carlos Andrade Marín; coordinadora de gestión de Unidades Médicas del IESS y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad. Todos estos cargos estaban bajo la protección de González, quien luego de dejar el IESS fue ministro de Industrias en el gobierno de Rafael Correa.

Un festín de préstamos insólitos

Entre los 2.566 deudores históricos hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Pese a que el Banco de Seguro Social tiene la ley a su favor y puede iniciar coactivas a los seis meses de deuda, las administraciones pasadas dejaron que este problema se convierta en una bola de nieve.

En los registros de la Cancillería aparece el nombre de María Bonilla, como consejera del consulado ecuatoriano en Panamá, en 2015. En mayo de ese mismo año, accedió a un crédito por 155 mil dólares, que en los registros del BIESS aparece como pendiente de pago.

Hay créditos concentrados por más de medio millón de dólares para una sola persona, cuya edad no pasa de 30 años, no declaró impuesto a la renta desde 2013. Recibió dos préstamos con una diferencia de apenas cinco meses, aunque no tenía capacidad de pago.Una pariente suya obtuvo igualmente medio millón de dólares en marzo de 2014; los valores están impagos, por más de cinco años.

El 6 de mayo de 2014, dos personas más recibieron crédito por 346.117 dólares, cada una. Aunque aparentemente no hay una relación entre ambos afiliados, dejaron de pagar sus mensualidades en la misma fecha.

En la lista de créditos en rojo, con más de tres años en mora, también está el ex legislador de Sociedad Patriótica Fernando Aguirre, quien obtuvo un préstamo por $233.370. Según los registros del BIESS, no ha cubierto las cuotas del préstamo por 1.102 días.

¿Quién debía aplicar los cobros? El BIESS tiene un equipos de 30 abogados externos, que se encargan de cobrar las deudas, en coordinación con 6 juristas del BIESS, en Quito y Guayaquil. En función de lo recuperado cobran un 4% de comisión. “Estamos revisando el trabajo que hicieron los abogados de las anteriores administraciones que no cobraron. Es claro que no hicieron la gestión de cobro”, explicó Burneo.

Una vez que se inicia el proceso de coactiva no hay vuelta atrás, el proceso debe terminar con la incautación de la garantía del crédito, es decir del bien inmueble.

Burneo dijo que empezarán los procesos de coactivas contra los 2.500 deudores históricos apenas se rompa el candado que impuso la Ley Humanitaria. Los legisladores redactaron la ley de manera que se vuelve imposible el cobro inmediato de deudas anteriores a la pandemia. No especifica desde cuando se aplican las exenciones.

A pesar de este inconveniente, el BIESS siguió entregando hipotecarios a los afiliados. Hasta agosto pasado desembolsó 282 millones de dólares en este tipo de crédito. De ese total, 168 millones fueron prestados con una tasa preferencial de 5,99 por ciento, menor en seis puntos al interés que se cobra en esas operaciones.

La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 empeoró el porcentaje de morosidad del BIESS, que subió hasta el 12%. El más alto de los últimos años. Según Burneo, antes de la crisis por Covid-19, la morosidad era entre 5 al 7 por ciento, que es considerada alta en comparación con el registro de bancos privados, pero que era manejable.

No obstante, en los últimos meses se registra un crecimiento exponencial.

Para el gerente, este crecimiento se explica por lo merma de las aportaciones ocasionadas por más de 260.000 personas que se quedaron sin empleo y otras miles que vieron limitados sus ingresos por la recesión económica.

Adicionalmente, durante los meses más fuertes de la pandemia el Gobierno prohibió al BIESS que descontara las cuotas de los créditos a sus clientes. Esta medida se confirmó con la Ley Humanitaria, la cual además estipuló los nuevos plazos embargar las propiedades.

Los exgerentes del BIESS y las operaciones en mora

El sector empresarial y los importadores de medicinas e insumos médicos ven con preocupación la puesta en marcha del sistema centralizado de acopio y distribución de medicinas impulsado por el Gobierno.

Redacción Código Vidrio

El próximo 30 de octubre termina el plazo para que los proveedores de insumos médicos se inscriban en la consulta preliminar para definir la operación logística del sistema centralizado de acopio y distribución de medicinas en la red de salud pública.

La intención del Gobierno es contratar a un solo operador para que se encargue de estas responsabilidades, que por el momento están distribuidas en cada casa de salud.  Por eso, el Ministerio de Salud y el Servicio de Contratación Pública (Sercop) emprendieron esta consulta para escuchar a los oferentes nacionales e internacionales.

El Comité Empresarial Ecuatoriano y los principales productores, importadores de insumos médicos y farmacéuticos nacionales evidenciaron sus críticas al proyecto. No es la primera ocasión que lo hacen: el 5 de octubre pasado enviaron una carta al presidente Lenin Moreno y a su gabinete para explicar sus preocupaciones por la intención de aplicar este sistema. La semana pasada, mantuvieron una reunión con el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Este sector impulsó la instalación de una mesa técnica de  trabajo con las entidades encargadas de ejecutar el proyecto, al que hicieron varias recomendaciones. Sin embargo, sus principales observaciones aún no han sido tomadas en cuenta. “Por el contrario, se mantiene la  iniciativa  “Medicamentos al  alcance  de  todos”, sin mejoras, tal  cual  lo ha  venido  promoviendo  el  Sercop”, destacaron los empresarios en la carta.

Silvana Vallejo, directora del Sercop, quien impulsa el nuevo sistema de compras, dijo desde su puesta en marcha que su misión es proporcionar tecnología y un manejo adecuado al tema de los medicamentos, por lo cual es necesario consolidar la compra en un solo sistema. «Este proyecto lo que hace es transparentar, que podamos conocer el recorrido de los medicamentos. Queremos evitar que se compre mucho o que haya desabastecimiento», explicó.

No obstante, los empresarios y organizaciones del sector de medicamentos creen que es muy prematuro arrancar con el sistema, que requiere más tiempo, ajustes, y pruebas para su aplicación.

La principal inquietud es la vigencia de este  sistema  de trazabilidad, que a criterio de los empresarios como está pensado no solucionará los problemas latentes de los hospitales ni la corrupción en el sistema de contrataciones, enraizada la última década.

Otra inquietud importante es sobre la implementación obligatoria de un “código unívoco (bidimensional)” en todos los medicamentos. “Es imposible instrumentarlo entre seis y nueve meses”.

Esto se complica porque el 99% y 75% de insumos y medicinas que se usa en el país, respectivamente, viene del exterior. Para el sector privado esto generará inversiones cuantiosas para su implementación y restringirá el acceso a fármacos, insumos y dispositivos médicos de calidad al país.

Adicionalmente, el tiempo planificado para la implementación previsto para el sistema es insuficiente. Según el gobierno,  en seis meses estará en funcionamiento. Este es un plazo irreal comparado con otras experiencias: en Estados Unidos, por ejemplo, tomó siete años o en la Unión Europea, cinco años.  Mientras Argentina ya va ocho años en ajustes y Colombia lo ha discutido por una década.

Por eso, los empresarios han solicitado una nueva reunión con el Gobierno para explicar sus inquietudes, aunque hasta el momento no han recibido una respuesta.

El dirigente indígena de Cotopaxi Leonidas Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos, tanto por su radicalismo como por su supuesta cercanía con el correísmo, que jugó un rol desestabilizador en la protesta de octubre pasado. Ayer martes 13 de octubre fue denunciado en la Fiscalía por vandalizar bienes públicos, agresión a la autoridad e incitación al odio. También enfrenta otro proceso por rebelión y terrorismo. Fue llamado a rendir su versión el próximo 26 de octubre junto a Jaime Vargas. ¿Quién es Iza? El dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi es ingeniero ambiental, seguidor del pensador peruano marxista José Carlos Mariategui. Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura.

Redacción Código Vidrio

Leonidas Iza es un dirigente indígena radical de extrema izquierda, que cobró notoriedad desde el paro de octubre de 2019, junto al presidente de la Conaie, Jaime Vargas.

Este lunes 12 de octubre ambos reaparecieron en público en una manifestación para conmemorar el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad y la resistencia indígena, a propósitio del año del paro indígena.

Acompañados por decenas de manifestantes los dirigentes acudieron a la Fiscalía para formalizar una denuncia contra el estado ecuatoriano por los muertos y heridos en el contesto de las protestas del año pasado. Luego caminaron hasta el monumento de la reina Isabel La Católica, que quisieron destruir porque “representa un símbolo del genocidio de los pueblos americanos”. No obstante, fueron dispersados con gases lacrimógenos por la Policía.

Iza ha sido duramente cuestionado por diversos sectores políticos, tanto por su radicalismo como por su supuesta cercanía con el correísmo, que jugó un rol desestabilizador en la protesta de octubre pasado. Indígenas, militantes y dirigentes del correísmo confluyeron para tomarse Quito durante violentas protestas, que son investigadas por la Fiscalía por un supuesto delito de rebelión. De hecho, el próximo 26 de octubre, Iza y Vargas fueron llamados a rendir su versión en este caso.

Iza tiene 39 años y proviene de una familia con inclinaciones políticas en Cotopaxi. José Iza Viracocha fue su padre y es uno de los dirigentes más recordados en la provincia del centro del país por su lucha contra el huasipungo.

Su primo, Leonidas Iza Quinatoa, llegó a la presidencia de la Conaie, fue diputado  y encabezó la oposición al ex jefe de Estado, Lucio Gutiérrez,  al Tratado de Libre Comercio y a la Alianza de Libre Comercio de la Américas. También ha sido conocido por la proximidad y contactos que tuvo en la década pasada con representantes de las FARC.

El legislador de Pachakutik por Cotopaxi, Jaime Olivo, cree que este legado familiar y su cercanía con las causas indígenas es una de las cartas fuertes de Iza, pero también destaca su habilidad para liderar, por su frontalidad y convicción.

Desde niño, Iza era escogido para los concursos de oratoria en su pequeña escuela de la comunidad de Pachaloma. Ana Pallo, periodista de Cotopaxi, cuenta que destacaba como un excelente investigador, vinculado con los movimientos juveniles.

Sus inclinaciones por la protección ambiental

En su colegio El Chaquiñán realizó un estudio sobre cómo realizar cultivos sin labranza. “Demostré que en las camas de lombrices se puede cultivar sin problemas papas y cebollas”, contó Iza.

En la Universidad Técnica de Cotopaxi realizó su tesis sobre la recuperación de las cuencas hidrográficas por acciones antropogénicas. Es decir por el desgaste de los terrenos por fenómenos naturales y la contaminación del hombre.

Aunque muchos creen que es economista, por sus declaraciones durante el paro de octubre pasado, Iza es ingeniero ambiental.

Su juventud estuvo marcada por el trabajo en el campo, la música, la religión y la lectura. Desde los 15 años fue jardinero y jornalero en una hacienda que producía zanahorias para grandes supermercados del país. Luego, se unió a las hermanas Lauritas en sus misiones evangélicas.

Fue el representante de Ecuador en el encuentro de jóvenes con el Papa Benedicto en 2004. En el Vaticano tocó con su quena el “Cóndor Pasa” para el Pontífice.

Su pasión por la lectura de ideología socialista-marxista lo condujo hasta el político y periodista peruano José Carlos Mariátegui, quien apoyó su doctrina para que los indígenas reivindicaran sus aspiraciones políticas, sociales, culturales y económicas “sin la necesidad de ventrílocuos”. Mariátegui, fallecido en 1984, fue uno de los creadores del partido socialista peruano que se transformó en ele partido comunista.

Tras identificarse con los postulados de Mariátegui vio la necesidad de que los representantes políticos indígenas salgan desde sus propias organizaciones de base, sin perder su esencia ni su relación con la naturaleza ni su comunidad.

Bajo esa bandera ortodoxa, Iza sostuvo: “no hay que importar un socialismo. Hay que retomar el socialismo práctico de los pueblos originarios de acá”.

Esta propuesta de alguna manera rompe con la línea tradicional del movimiento indígena, inspirada en monseñor Leonidas Proaño y en la Teología de la Liberación.

Para Iza, estas dos vertientes ideológicas no son contradictorias sino complementarias, y son sus fundamentos desde su juventud.

Un precoz dirigente

A los 18 años fundó el Movimiento Juvenil Laurista, que basó su doctrina en el pensamiento de la monja colombiana Laura Montoya, una religiosa mestiza que reivindicó las luchas indígenas en el vecino del norte.

Posteriormente lideró la creación del Movimiento Juvenil de los Servidores de la Iglesia Católica de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador. “Aquí empezamos a discutir nuevamente la Teología de la Liberación, pero sin considerar a la iglesia como un poder, sino más bien en su relación con los pueblos indígenas”.

Diez años después asumió la presidencia juvenil del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Era el 2010 y una de sus primeras tareas fue realizar una investigación para conocer dónde estaban y qué es lo que hacían los indígenas que salieron de sus comunidades. Para entonces, Rafael Correa se había ganado la simpatía de buena parte del movimiento, lo cual aprovechó para fracturar a sus bases, especialmente entre los jóvenes. Una división que aún se mantiene, según reconoce Iza.

En ese estudio descubrió que los jóvenes ya no se sentían representados por la dirigencia de la Conaie. La mayoría migró a las ciudades para estudiar o trabajar en empresas agrícolas, de construcción y en el comercio informal. Se había roto el canal de comunicación con las cabezas.

Entonces decidió soldar la fractura y empezó a convocar a los campesinos que estudiaban en la Universidad Central.

Esa propuesta fue exitosa y junto a profesores como el actual decano de Facultad de Comunicación Social, Dimitri Madrid, creó el Movimiento Mariateguí, que tenía un objetivo central:  acabar con el dominio del correísmo en ese centro de estudios. “Nosotros perdimos por 1.000 votos. Hasta ahí llegó el Mariateguí”, sostuvo el dirigente.

Sin embargo, la relación con la Facultad de Comunicación se mantiene. Sus profesores capacitan a los jóvenes comunicadores indígenas, conocidos como “lanceros digitales”.

Madrid no quiere que se malinterprete esta relación, desconfía de los periodistas y asegura que hay una persecución del actual Gobierno.

Él fue acusado de hacerle el juego, junto al movimiento indígena, al correísmo y de incitar la violencia en las protestas de octubre. La Conaie salió en su defensa, en un comunicado público indicó: “El compañero Dimitri Madrid es una persona de intachable ética y de una impecable trayectoria profesional (…) siendo un aporte fundamental en la educación intercultural bilingüe”.

Iza concuerda. Dice que se pretende satanizar lo que fue el Movimiento Mariátegui. “Correa fue el primero en acusarnos en ser un brazo del MPD. Ahora es el gobierno. El Movimiento Mariátegui, como tal, ya no existe”.

Los resultados de la investigación de Iza fueron claves para el levantamiento de octubre. 20.000 indígenas salieron desde las comunidades de Cotopaxi hacía Quito; otros 30.000 se les juntaron en la capital. Se activaron a través de sus medios comunitarios digitales, que crearon desde el 2012.

Esa es una fórmula poderosa de la Conaie. Luego del paro, Iza  y Jaime Vargas recorrieron todo el país para unificar a sus bases y sintonizar con sus principales demandas.

En esa ruta no han descartado conversar con la militancia de Correa. “Hay un montón de correístas de base que añoran el regreso de Correa, que demandan alianzas y están en su derecho. Pero mientras siga la tozudez del ex presidente, que cree que puede imponer sus ideas en Ecuador, no habrá una verdadera transformación”.

“No me pidan hablar a favor o en contra de Correa. En el debido momento hemos enfrentado estas realidades, pero uno no puede ser vengativo, como lo que pasó con Pabón (prefecta de Pichincha), no podemos decir bien hecho. Eso no”.

Iza tampoco es mal visto entre los correístas. El legislador Cristóbal Lloret hace una distinción entre él y Jaime Vargas y no descarta la posibilidad de tejer una alianza.

En julio pasado, Iza hizo pública su precandidartura a la presidencia de la República con el apoyo de Vargas, pero su maniobra fracasó cuando Pachakutik, brazo político del organismo, formalizó su apoyo a Yaku Pérez. Esto ha provocado una fractura en el movimiento indígena, que aparece fragmentado en vísperas de la campaña electoral del 2021.

En octubre del 2019, las protestas indígenas mantuvieron sitiado a Quito y al gobierno durante once días de zozobra: dejaron 11 muertos, decenas de heridos y detenidos. Se registraron pérdidas por más de $821 millones. Esa paralización no fue espontánea. Fue el punto culminante de un camino trazado desde enero del 2019 por la dirigencia, que rompió el diálogo con el Gobierno, que incumplió algunos compromisos. El factor económico y la organización con las comunidades y autoridades seccionales fueron determinantes para movilizar decenas de miles de  indígenas y campesinos. Personas sin ninguna relación directa con la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, retiraron en plena efervescencia de la protesta, importantes sumas de su cuenta, incluido un militar en servicio activo. El 13 de octubre, tras horas tensas de conversaciones con dirigentes indígenas, el presidente Lenin Moreno derogó el decreto que eliminó los subsidios de los combustibles y la Conaie levantó la medida de hecho.

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Octubre de 2019 fue convulsionado y mantuvo al gobierno contra las cuerdas durante once días. En esas jornadas violentas, el movimiento indígena movilizó decenas de miles de campesinos, a quienes se sumaron otros colectivos de distintos barrios en Quito.

En la manifestación participaron grupos sindicales, estudiantes universitarios y transportistas. Además, militantes y dirigentes del correísmo y otros grupos violentos anarquistas, que causaron destrozos, daños y pérdidas económicas, cuantificados en 821 millones de dólares por el Banco Central y el Banco Mundial.

En la movilización de octubre el factor económico y la organización con las comunidades fueron determinantes. Con recursos y apoyos de dirigentes, colectivos, ciudadanos y fundaciones se movilizaron y subsistieron miles de indígenas y campesinos de comunidades pobres de la Sierra en la capital.

El paro no fue espontáneo ni improvisado. Fue el punto culminante de un camino que se inició en enero del 2019, cuando el presidente de la Conaie y el dirigente del Movimiento Campesino Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, dieron los primeros pasos para romper el diálogo con el Gobierno, que incumplió acuerdos y ofrecimientos.

Meses después, el 23 de agosto, se trazó la ruta final en la Asamblea de la Conaie, con la convocatoria a una movilización nacional para el 14 octubre. Entonces, se aceleraron las coordinaciones con dirigentes y autoridades seccionales, para contar con la logística y recursos para la movilización hacia Quito.

En entrevista con este portal, Vargas explicó -sin detallar cifras- que los recursos salieron de las propias comunidades y sus dirigentes, tanto para la movilización como para los alimentos. Iza, por su parte, recalcó el apoyo voluntario de cientos de ciudadanos y colectivos que colaboraron con alimentos y vituallas, en Quito.

En los días de la protesta circularon denuncias del supuesto financiamiento que los dirigentes de la Conaie habrían recibido de fundaciones del exterior. Vargas negó haberse beneficiado de esos recursos. Confirmó que la organización recibe donaciones de distintas organizaciones para proyectos sociales, pero negó que esos fondos se hubieran desviado para la paralización. Iza aseguró que verificaron quiénes eran los donantes.

Por diversas fuentes accedimos a información económica de la Conaie y sus financistas. Detectamos que con parte de sus recursos se cubrieron alimentos y se pagaron abogados para su defensa en juicios planteados por el gobierno. Personas sin ninguna relación directa con la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, retiraron en plena efervescencia de la protesta, importantes sumas de su cuenta, incluido un militar en servicio activo. También hay depositantes inidentificados.

Desde Cotopaxi y otras provincias, centenares de indígenas llegaron en camionetas a Quito.

Las visitas y contactos, meses antes del paro

A lo largo del 2019, Iza y Vargas, junto a otros dirigentes, realizaron visitas a las comunidades de provincias de la serranía y el Oriente, concretaron alianzas y coordinaciones. Esbozaron una estrategia que debía seguirse en en los niveles logístico y financiero.

Solo un detalle aceleró esta planificación: la sorpresiva eliminación del subsidio y consecuente alza de los combustibles, decretada por el presidente Lenin Moreno, a fines de septiembre. Esa decisión, que se tomó sin ningún diálogo ni consenso previo, activó la protesta de los transportistas. Ésta se extinguió rápidamente, pero fue relevada por el movimiento indígena, que cobró una fuerza inusitada. Desbordó todos los escenarios y previsiones oficiales.

Conforme evolucionaba la protesta, se activaron grupos violentos que se mimetizaron entre los manifestantes y operaban de manera táctica, siguiendo una planificación para escalar la violencia y los enfrentamientos con policías y militares. Su objetivo político era tumbar al gobierno, según denunció el presidente Lenín Moreno y responsabilizó directamente al expresidente Rafael Correa y sus seguidores.

Informes de FF.AA. y Policía indican que algunos de esos grupos estaban integrados por pandilleros y delincuentes, contratados por políticos de la oposición más virulenta al gobierno. También por integrantes de movimientos extremistas de izquierda, con entrenamiento en operaciones de guerrilla urbana en Colombia, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y en otro segmento estaban algunos militantes y dirigentes correístas, que desde mediados del 2017 realizan acciones de desestabilización. Esta participación es investigada por la Fiscalía que lleva adelante un juicio por el supuesto delito de rebelión en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Christian González y el ex asambleísta Virgilio Hernández. Ellos han negado las acusaciones, denunciando una persecución política. Ellos fueron llamados a juicio.

Un sargento retira fondos de la Confeniae

El sargento del Ejército Daniel X parece una puntada suelta en la bien hilvanada estrategia para financiar el paro de octubre del año pasado.

El 8 de octubre, en el clímax de la protesta, el sargento retiró 24.990 dólares de las cuentas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confenaie), en una agencia bancaria en Puyo.

El militar no tiene ninguna relación formal con esa organización. Su nexo viene por el lado de su esposa, quien trabaja como asistente en la Confenaie. Ella, su cónyuge y su hijo retiraron más de $ 43.000 de la cuentas del organismo. Las transacciones se realizaron entre el 9 de septiembre y el 30 de octubre del año pasado, según fuentes cercanas a la organización.

Daniel es sargento del Ejército. Ingresó a las FF.AA. en 1996. Un año después obtuvo el grado de soldado y ha mantenido una trayectoria sin contratiempos; su única amonestación fue por no llegar a tiempo a un servicio de guardia.

Ha brindado sus servicios, principalmente en batallones de la Amazonía. Además, tiene estudios virtuales sobre derechos humanos, leyes y reglamentos militares.

¿Cuál fue el propósito de esos retiros? Ubicamos al militar, quien no quiso contestar las preguntas de este portal. Su única preocupación, ante nuestra consulta, fue cómo accedimos a la información.

Tampoco quiso pronunciarse el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas, quien también retiró 24.950 dólares de la cuenta corporativa, el 10 de octubre. Vargas se limitó a decir que no conocía nada al respecto, y nos preguntó  si “éramos agentes del Estado”; luego guardó silencio, sin aclarar hacia dónde fueron los fondos retirados en esas fechas.

En las FF.AA., unos 15 militares, entre tropa y oficiales, fueron investigados por su supuesto apoyo a las manifestaciones: en unos casos habrían apoyado en labores logísticas y en otras, proporcionando información sensible sobre decisiones de seguridad. Además, por supuestamente instigar contra el gobierno en redes sociales.

Las protestas dejaron 8 muertos, reconocidos oficialmente, pero la Conaie y organismos de DD.HH. aseguran que hubo 11 víctimas. Se registraron centenares de heridos y apresados. Decenas de policías y militares también fueron heridos, otros retenidos y secuestrados en algunas comunidades. Periodistas fueron golpeados por manifestantes y policías. Fotos archivo CV.

Uno de los oficiales investigados, que pidió en anonimato, dijo que en FF.AA. se desató “una cacería de brujas, que presume la culpabilidad y no la inocencia de los sopechosos, que han sido críticos”.

Pedimos un pronunciamiento al Ministerio de Defensa sobre el caso del sargento y otros militares investigados, pero no respondieron si hay expedientes disciplinarios en su contra.

Durante los once días que duró la movilización de octubre, la Confeniae habría recibido más de $ 57 mil de depositantes aún no identificados y de organizaciones no gubernamentales extranjeras, vinculadas a la protección de la naturaleza, según fuentes del sistema financiero.

Decenas de militares fueron retenidos y maltratados en el sur de Quito

El apoyo económico de ONGs

La Confenaie es una de las tres grandes organizaciones que conforman la Conaie, junto con la Ecuarunari de la Sierra y  la Conaice de la Costa. Un denominador común entre todas es que su financiamiento, principalmente, viene desde organizaciones no gubernamentales del exterior.

Entre sus financistas están The Pachamama Alliance, de Amazon Watch y Rainforest Action Network y de las nacionales Fundación Pachamama y Terra Mater. La mayoría del dinero que recibe es para proyectos de defensa de su ecosistema, pero también para emprendimientos turísticos.

Amazon Watch y Rainforest Action Network también apoyan a la Confeniae. Durante la protesta, le transfirieron unos 49.000 dólares.

La Confenaie fue clave en el último levantamiento: sus representantes cerraron carreteras, participaron en la toma de pozos petroleros y gobernaciones en Sucumbíos y Orellana. Solo el cierre de los campos petroleros dejó pérdidas por $ 138 millones.

En Orellana y Sucumbíos se sumaron a la protesta los gremios de taxistas, transporte pesado, transporte público local, cantonal y provincial; las juntas parroquiales Dayuma, Inés Arango (Orellana), de Pacayacu y Sansahuari (Sucumbíos); las comunidades Kichwas, Waoranís, Shuaras, Cofanes, Secoyas y Achuar. Además, las fuerzas vivas y las comunidades de Nunkuy, Kunkuk y Juwa, Shuaras de Puerto Itaya y Yanamunca, de Shushufindi. Los dirigentes movilizaron más de 2.500 personas a la toma y bloqueo instalaciones petroleras, que viven cerca de esas facilidades.

Andrés Tapia, encargado de la comunicación de la Confenaie, aseguró que el dinero que llega desde cualquier ONG no puede ser usado en otro destino que no sean los proyectos sociales que financian esos fondos. Por eso, descartó que esos desembolsos sirvieran para apoyar el levantamiento.

Amazon Watch y Rainforest Action Network tienen una larga presencia en la región amazónica, respaldando proyectos, principalmente para la defensa de la selva, contra la explotación y destrucción de sus recursos.

Amazon Watch estuvo muy activa durante el paro. En su página web y redes sociales publicó, detalladamente, la evolución del paro indígena y su desenlace, el 14 de octubre, luego del acuerdo con el Gobierno.

Carlos Mazabanda, representante de esta ONG, puntualizó que la relación con las organizaciones amazónicas tiene más de 20 años, “apoyando a las comunidades en su lucha contra los abusos de las empresas petroleras y mineras”.

Miles de indígenas y habitantes atacaron las instalaciones petroleras en Sucumbíos y Orellana 

Mazabanda explicó que el dinero que entregan a la Confenaie debe ser justificado con un informe que respalde que se usaron para los fines previstos en el acuerdo.

Amazon Watch colabora, por ejemplo, para la organización de asambleas, foros y encuentros de las comunidades. Mazabanda recalcó que durante el paro no depositaron dinero de estos proyectos; los depósitos -sostuvo- fueron hechos meses antes.

Para él, la información sobre supuestos desvíos de fondos para el paro, es parte de una campaña de desprestigio. “Las cuentas de la Confenaie seguramente fueron hackeadas para hacer parecer que el dinero llegó durante el paro”.

Por su parte, Tapia recalcó que esos fondos no financiaron la movilización en la Amazonía. “Esos montos no pueden cubrir los gastos de las protestas en todas las provincias, solo en el Puyo hubo más de 30.000 personas”.

Puntualizó que el paro se fondeó inicialmente de la minga, que aglutinó el respaldo de las comunidades y de las personas en las ciudades. “En Puyo (capital de Pastaza), la gente ayudó con víveres y otros insumos a los manifestantes”.

Jaime Vargas concuerda.  Según sus cálculos, varias decenas de miles personas se movilizaron. En este contexto, admitió que solo recibió dinero de la ONG Land is Life, para la defensa de las personas detenidas en la manifestación. El resto salió de fondos de sus comunidades y del apoyo ciudadano, recalcó sin detallar cifras.

Land is Life, Amazon Watch y Rainforest Action hicieron una colecta fuera del país para financiar la compra de alimentos y también la contratación de abogados. Mazabanda, de Amazon Watch, reconoció que entregaron 10.000 dólares para esas causas; pero desconoce el monto final que reunió la campaña.

Land is Life es otra ONG con larga presencia en el país. Actualmente, Marlon Santi,  el ex presidente de la Conaie y actual cabeza de Pachakutik, es su asesor global para asuntos indígenas. Esta organización está presidida por Brian Keane, quien es relator del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Indígenas y antes fue asesor de USAID, también para temas sobre los pueblos indígenas.

Representante de la UE llamó a Vargas

La movilización de los indígenas no solo generó preocupación casa adentro. En los días más vertiginosos del paro, a inicios de octubre, Vargas recibió la llamada de una representante de la Unión Europea (UE), que le exigía no emplear los recursos que les donaron para financiar la manifestación.

Eran $ 216.000 que fueron depositados en agosto (dos meses antes de la protesta), destinados a un proyecto de gobernanza para la inclusión de nuevos colectivos en los pueblos indígenas.

La insinuación de la funcionaria europea molestó a Vargas, quien replicó “Si quieres este momento te me llevas esa pendejada”. Eso lo reconoció en entrevista con este medio.

Una representante de la UE confirmó a Código Vidrio que en octubre llamaron a Vargas para alertarle sobre el buen uso de los recursos. El mes siguiente una misión de  auditoría de la UE revisó los balances sobre esos recursos, “pero no encontraron evidencias de un uso inadecuado de la Confederación”.

En la entrevista con este portal, el presidente de la Conaie también reconoció que cada año reciben un respaldo de la Fundación Pachamama, por $ 35.000. Los fondos son para pagar gastos de la dirigencia (chofer, alimentación, traslados…) y para la organización de encuentros comunitarios.

La fundación es la contraparte local de The Pachamama Alliance, su principal representante es María Belén Páez. Ella confirmó que anualmente donan a la Conaie $ 3.500, para los gastos en movilización, pago de trabajadores, entre otros. El buen uso de esos recursos -recalcó Páez- se refleja en los informes que presenta la dirigencia indígena.

Según Vargas, la donación de Pachamama no es suficiente para los gastos que representa tener un equipo de apoyo en la Presidencia de Conaie; por eso en muchas ocasiones debió “poner de sus ingresos  para cubrir esos rubros”. Dijo que no recibe salario por ser presidente de la Conaie y que su manutención depende de sus negocios privados.

“Los libros contables de la Conaie están abiertos a cualquier indagación”, aseguró, pero no pudimos revisarlos. “Se debe entender que el dinero para la Conaie de organizaciones no gubernamentales no puede ser usado por otros fines, sino para los previstos en los acuerdos”, recalcó.

Una parte de los recursos de la Conaie proviene de los cabildeos y concursos que Vargas ha realizado con distintas fundaciones internacionales en varios países, por años.

Desde el 2013, cuando dirigía la Confederación Amazónica, ha viajado en 14 ocasiones al exterior, según registros de Migración. Los últimos años se ha trasladado, entre otros países, a Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita, Suiza, Francia, España, México y Perú.

Movimientos migratorios de Jaime Vargas, los últimos seis años

Vargas dijo que es relativamente fácil concursar por recursos en el exterior, con la plataforma y justificación de la defensa de la naturaleza, y el no extractivismo, cuyos proyectos tienen gran acogida en el contexto del cambio climático.

Víveres durante el paro

La representante de Pachamama reconoció que apoyaron al movimiento indígena con la entrega de víveres para los campesinos que se movilizaron a Quito. Además fueron un canal de mediación para que las Naciones Unidas pudieran contactarse sin contratiempos con la dirigencia indígena.

Mientras en la Amazonía, el bloqueo impidió la circulación de trabajadores a las estaciones petroleras, en Quito los indígenas recibieron apoyo logístico con alimentos y bebidas de algunas entidades, como el Municipio y la Prefectura de Pichincha, según denuncias del Gobierno. Fotos CV.

Pachamama fue una de las ONG que sufrió el vendaval del correísmo. En 2013 el gobierno de Correa la clausuró por su injerencia en políticas públicas, y atentar contra la seguridad interna del Estado. En total fueron clausuradas 26 ONG, acusadas de incumplir sus estatutos y boicotear al gobierno. Pachamama volvió a operar en el actual régimen y mientras tanto fue reemplazada por Terra Mater, que siguió ayudando a la Conaie.

Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, estima que sumaron 50.000 protestantes en la capital. 30.000 salieron de las comunas y el resto trabajaba o estudia en Quito. Ellos solo estuvieron preparados con “tres días de cucayo”, recordó, pero se encontraron un respaldo que nunca imaginaron.

Sin entrar en detalles, aseguró que se cuidaron minuciosamente del apoyo que recibieron. Por ejemplo, desde las autoridades locales, que son parte del movimiento indígena, como el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán. “No queríamos que nos pasara lo mismo que sucedió con Paola Pabón”, la prefecta de Pichincha que actualmente afronta un proceso penal por supuesta rebelión contra el régimen de Moreno.

Guamán jugó un rol clave para la logística desde esta provincia. No pudimos corroborar, sin embargo, si empleó recursos públicos de la Prefectura en esa tarea.

La otra cara de la moneda, luego de la protesta

Para el Gobierno, el final del paro fue agridulce. Si bien sorteó el riesgo de la desestabilización y sofocó las intentonas de golpe, al derogar el decreto de los subsidios evidenció que cometió graves fallas, tanto antes de las protestas como en la decisión final.  Los aparatos de Inteligencia mostraron sus graves debilidades, pues no pudieron magnificar oportunamente los escenarios de la paralización y sus secuelas.

Los excesos y abusos policiales

Las semanas siguientes, tanto la CIDH como la Defensoría del Pueblo publicaron informes sobre las consecuencias en el campo de los derechos humanos, que fueron criticados por el Gobierno.

Según el reporte de la CIDH, en el paro hubo una reacción violenta y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares. https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp.

La misión del organismo, que estuvo en el país tres días, también estableció que grupos de manifestantes provocaron graves desmanes en algunas manifestaciones, atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojándoles piedras y objetos contundentes, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones.

El uso excesivo de la fuerza también fue denunciado en un reporte por el defensor del Pueblo, Freddy Carrión https://www.dpe.gob.ec/el-defensor-del-pueblo-entrega-informe-tecnico-sobre-el-paro-nacional-al-cuerpo-diplomatico-acreditado-en-el-pais/.

“Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del conflicto interno que vivió el Ecuador deben ser investigadas para establecer responsabilidades y la correspondiente reparación integral, porque no hay justicia sin reparación”, afirmó Carrión.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que los reportes eran sesgados y no han tenido una mirada honesta y neutral, pues no profundizaron en las agresiones a miembros de la fuerza pública y todos los actos vandálicos y delictivos en el paro.