Especiales

Las muertes violentas en Guayaquil superaron las 1.200 durante el año 2022. El puerto principal se apresta a elegir sus dignidades seccionales en febrero próximo, en medio de una escalada violenta por disputas de bandas criminales que operan con el narcotráfico. Varios postulantes enfrentan investigaciones y juicios.

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En agosto de este año, la alcaldesa de Guayaquil y candidata a la reelección, Cinthya Viteri, se preguntaba a través de un tweet “¿Quién manda aquí, el crimen organizado o un Gobierno esclavizado?”. Hacía referencia a la realidad de la urbe porteña, la más violenta del país según datos de la Policía.

El informe que acompañó al pedido de aprobación para la Consulta Popular, enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, daba cuenta de que en Guayaquil se habían registrado el 38,9% de las muertes violentas del país, a pesar de que 4.107 armas han sido retiradas de las calles por parte de la Policía.

Guayaquil, puerto principal, es el blanco de grupos narcodelictivos. Informes de inteligencia de la Policía dan cuenta de que, en el Guasmo, al sur de Guayaquil, la banda de Los Lagartos opera en el control del microtráfico y los cargamentos de droga que se dirigen al puerto.

No son los únicos con presencia en la ciudad. Los Latin Kings, los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers, también se disputan espacios de poder en Nueva Prosperina, Sur, Pascuales y Esteros. Este último incluye la isla Trinitaria y la zona de Fragata, por donde se accede al puerto por vía fluvial.

Todo esto se traduce en violencia. En los primeros días de diciembre se reportaron más de 200 asesinatos en Guayaquil, una cifra que se suma a las más de 1.000 muertes violentas ocurridas en el puerto principal este año.

Política y seguridad

Aunque el control de la seguridad es una competencia del Gobierno central, la realidad que vive Guayaquil obliga a la Municipalidad a invertir en este rubro. De acuerdo con los datos de la Alcaldía, este año se ha destinado aproximadamente 27 millones de dólares a esta problemática.

Los tentáculos de la violencia han afectado además a los contratistas del gobierno local. La alcaldesa Viteri denunció en mayo de este año que bandas narcodelictivas extorsionan a los proveedores y les piden hasta 10.000 dólares por permitirles intervenir en los frentes de trabajo.

“Los contratistas privados, cuando van a ciertos sectores les piden plata, y si no les dan, no les dejan entrar para hacer las obras que son de Guayaquil (…) si no les dan dinero los asaltan, los extorsionan, los matan”, dijo Viteri.

No es solo una denuncia. En octubre de este año, Freddy Suquilanda, un proveedor de señalética fue asesinado por sicarios en el sector de Monte Sinaí. Familiares de la víctima indicaron que había sido amenazado por extorsionadores, quienes le pedían una vacuna de 5.000 dólares para permitirle trabajar, él se negó a pagar y fue asesinado.

La violencia también afecta a las caravanas políticas. Sebastián (nombre protegido) quien colabora en una campaña política, comentó que hace menos de un mes tuvo que huir del sector de Nueva Prosperina junto con su brigada, pues fueron recibidos a bala cuando llegaban a entregar cilindros de gas, cortesía de un partido político.

La seguridad es el principal eje de las campañas de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, quienes se baten entre reclamos al Gobierno central para que intensifique la inversión en la ciudad, y programas para el incremento de alarmas comunitarias, apoyo a la Policía en cuanto a equipamiento y políticas sociales que reduzcan las brechas de desigualdad, caldo de cultivo de las bandas delictivas.

Los candidatos y sus líos judiciales

Las promesas electorales sobre seguridad maquillan los lunares de algunos de los candidatos que, a pesar de promocionar una lucha frontal contra la violencia, han enfrentado problemas con la justicia y la administración pública.

En el caso de Viteri, candidata a la reelección por el movimiento Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los procesos de contratación para la limpieza de las calles de Guayaquil, el proceso Oleos del Bicentenario y el programa Letras Vivas. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre el avance de los procesos, pues son reservados. Viteri ha descartado cualquier anomalía en esas contrataciones.

Otro de los candidatos que ha hecho de la lucha contra la delincuencia un símbolo de campaña es Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas quien durante su administración tuvo que enfrentar a la justicia.

En su período al frente de la Prefectura se registraron 67 investigaciones por peculado. En una de ellas la Comisión Anticorrupción denunció a Jairala por el supuesto pago con fondos públicos a empresas encasilladas como fantasmas por el SRI. Dicha denuncia no prosperó. “Esas compañías eran reales, existían en su momento” afirmó el candidato.

Al momento existen siete informes de responsabilidad emitidos por la Contraloría, que aún se investigan en la Fiscalía, pero la información sobre su contenido es reservada.

Jairala, al ser contactado sobre este particular, sostuvo que la Fiscalía está en la fase final de los procesos de investigación y confía en que no derivarán en juicios. “No tengo grillete, ni prohibición de salida del país”, afirma el exprefecto, quien reconoce que varios de sus excolaboradores fueron glosados por la Contraloría, pero se deslinda de esos procesos indicando que “es imposible hacerse cargo de todo”.

El último procedimiento de Fiscalía en este caso fue la fijación de tres contratos en la Prefectura del Guayas, como parte de una investigación por presunto peculado en la contratación de la campaña «Cultura, turismo y productividad» (2015-2016). Según la Fiscalía, el perjuicio sería de 600.000 dólares, pero las investigaciones aún no han concluido.

Además, Jairala fue señalado por mantener negocios entre el medio de comunicación que dirige y una empresa del líder del narcotráfico Leandro Norero, que se dedicaba al mantenimiento de vehículos. El candidato a la alcaldía de Guayaquil afirmó que solo se trataba de un canje publicitario, y que no sabía que el negocio era de Norero, quien fue asesinado en octubre pasado.

Alguien que enarbola la lucha contra la delincuencia es John Garaycoa, candidato por la Izquierda Democrática, quien es perito en seguridad ciudadana y gerente de una empresa de guardianía. Paradójicamente ha sido investigado por la Fiscalía por tráfico de armas, intimidación y violación a la intimidad.

En su momento la Fiscalía informó que encontró en la casa de Garaycoa armas «legales e ilegales», el proceso fue a juicio y el candidato recibió medidas sustitutivas.

Garaycoa afirma sobre el caso: “yo cometí un error, mantenía las armas en mi casa y no en el rastrillo de la empresa porque no se puede poner todos los huevos en la misma canasta”. Añade que las armas eran legales y que pertenecían a su empresa. “En algún momento se perdió el permiso de algunas armas, pero eso se justificó posteriormente”, dice.

La denuncia de intimidación, sostiene, fue interpuesta por un problema familiar, y añade que también fue demandado por insolvencia fraudulenta porque decidió no pagarle a uno de sus excolaboradores luego de haber sufrido un robo. Además, su esposa fue procesada por hurto y por ingresar un celular a un centro de detención, pero Garaycoa afirma que “son gajes del oficio” y que “todos son errores que fueron enmendados de forma oportuna”.

Otro candidato que se ha visto cara a cara con la justicia es Iván Tutillo del movimiento Renovación, quien fue investigado por secuestro y falso testimonio, juicios  que no prosperaron. Él fue administrador de la empresa Supergold, investigada por la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria, sin sentencia en firme.

Aquiles Álvarez, candidato por la Revolución Ciudadana, tuvo que acudir a los juzgados tras el secuestro de un camión tanquero que descargó combustible en una de las gasolineras de su propiedad, en el contexto de un presunto delito de tráfico de combustibles. El postulante a la alcaldía demostró que la descarga se hizo sin su autorización y pasó de sospechoso a testigo en el juicio, que terminó con un detenido.

Los demás candidatos no presentan procesos penales en su contra, todos comparten, eso sí, el discurso de frenar la violencia en Guayaquil, un mal que requiere mucho más que promesas y ofertas de campaña.

El juez José Luis Alarcón Bowen está en el ojo de la tormenta, junto a su colega Mary Quintero Prado. Ambos declararon la inocencia de 18 procesados por el tráfico de 20 toneladas de cocaína, con el voto salvado del juzgador Carlos Fuentes. Alarcón fue asesor jurídico en la Presidencia de la República en dos períodos, durante el correísmo, y secretario de la Fiscalía en 2010. Hasta 2017 estuvo casado con Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo enjuició por alimentos.    

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La investigación transnacional que duró un año y medio se fue, por el momento, al traste. La estructura delictiva enviaba cocaína por toneladas desde Manta por mar a Centro y Norteamérica en alianza con el cartel de Sinaloa. Los 18 detenidos acaban de ser declarados inocentes por dos de los tres integrantes del tribunal que conoció el caso. Uno de los votos a favor de los acusados corresponde al juez José Luis Alarcón Bowen. El juzgador acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.

La revisión de su historial judicial revela que Alarcón Bowen fue esposo de Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo demandó por el pago de pensiones alimenticias en 2017, argumentando que desde que estuvo embarazada él no le proveyó de recursos económicos para su manutención. Grunauer fue muy cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Fue supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, hasta enero del 2021, cuando dejó el cargo. Su nombre también aparece en los chats del celular incautado al hijo de Yunda, Sebastián, hoy prófugo, como persona de mucha confianza de Christian Hernández sobrino del entonces Alcalde.

El juez Alaracón también registra procesos judiciales por un choque con volcamiento y muerte, en 2011, y tres contravenciones de tránisito.

El Carrusel de la Presidencia y la Justicia

Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia de la República y el Poder Judicial.

En 2010, Alarcón Bowen fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.

Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.

Como juez de garantías penales, Alarcón Bowen fue ponente en la audiencia que resolvió el estado de inocencia de 18 acusados de participar en abastecimiento y logística a embarcaciones dedicadas al envío de drogas.

La audiencia duró 22 días. Según fuentes de la Fiscalía, entrevistadas para este reporte, se practicaron 35 testimonios, se reprodujo la grabación del testimonio anticipado de un agente estadounidense que participó en las investigaciones; se introdujeron tres asistencias penales internacionales. Una analista, además, explicó que dos de los principales implicados movieron, por separado, más de un millón de dólares entre 2018 y 2020. La evidencia probatoria además incluyó todas las pericias informáticas, que incluyen mensajes interceptaciones en teléfonos satelitales. En códigos se mencionan coordenadas para el encuentro de las naves en alta mar.

Esta alianza periodística contactó a Alarcón a tres de sus números celulares, para pedirle su versión sobre las críticas a su fallo, pero no respondió nuestros mensajes.

20 toneladas de coca del cartel de Sinaloa

La investigación en el país empezó en agosto de 2020, a cargo de una unidad de élite especializada en delitos transnacionales. Durante un año y medio aproximadamente se identificaron propietarios y capitanes de buques pesqueros, que abastecían en alta mar de combustible a las naves que transportaban droga.

En Estados Unidos, las incautaciones relacionadas con esta estructura ascendieron a 20 toneladas, explicaron a esta alianza fuentes cercanas a la investigación. Personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y mexicana fueron detenidas.

Los capos del cartel de Sinaloa coordinaban los envíos de droga, según la investigación en EE.UU., donde hay varios detenidos, incluidos ecuatorianos.

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MAPA CON GEORREFERENCIACIÓN DE NAVES DE ABASTECIMIENTO

 

A través de tres asistencias penales internacionales, Estados Unidos proporcionó información sobre los procedimientos de incautación, identidades de los responsables, detalles de las embarcaciones.

Uno de los procedimientos incluyó la incautación de 300 kilos de cocaína en una lancha de arrastre de propiedad del ecuatoriano Pedro Pilligua. Según el expediente, abastecía de combustible a las narcolanchas. Él y su pareja, que también tiene la nacionalidad española, se encuentran detenidos en una cárcel de California.

Los expertos identificaron el geoposicionamiento de las embarcaciones que abastecieron de combustibles y logística a las narcolanchas, explicaron fuentes cercanas a la investigación. Además, comentaron que quedaron registros de tripulantes de una nave abastecedora que fueron dejados a su suerte, a la deriva en el mar, y se supone que fallecieron.

Operación antidrogas transnacional

Con la información de las embarcaciones, los propietarios y las tripulaciones se realizó un megaoperativo que combinó fuerzas de varios países. Así, a fines de octubre de 2021, en la Operación Poseidón se detuvieron diez embarcaciones pesqueras. A día seguido se formularon cargos contra 14 coautores del delito tipificado en el art 221 del COIP. Entre los detenidos se incluye un miembro de la Armada en servicio pasivo, propietario de una de las embarcaciones. Otras ocho personas fueron vinculadas en enero de 2022, como coautores.

En marzo de 2022, el agente estadounidense que participó en el proceso narró durante seis horas los detalles del abastecimiento logístico, explicando la participación de cada embarcación en el proceso que implicó la llegada de la droga a su destino final. Y en junio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía sustentó el dictamen acusatorio. Como resultado, el juez de instrucción emitió el auto de llamamiento a juicio.

En agosto, la audiencia de juzgamiento empezó para conocer la situación jurídica de las 18 personas.

Escandalosa decisión judicial

 El viernes 16 de diciembre, con voto de mayoría de los jueces Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado se confirmó el estado de inocencia de los procesados.

A su juicio, Fiscalía habría probado que las personas procesadas abastecieron combustible a las lanchas que transportaban droga. Sin embargo, discreparon con el tipo penal establecido por Fiscalía. Argumentaron que los dueños del cargamento habrían incurrido en ese delito, no así sus colaboradores. Estos quizás pudieran ser procesados por delincuencia organizada o asociación ilícita, estimaron los juzgadores.

El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano no estuvo de acuerdo con su colegas y emitió un voto salvado. Dictó sentencia condenatoria en contra de los acusados.

Fuentes de la Fiscalía explicaron su inconformidad ante la decisión judicial. Anunciaron que apelarán y presentarán quejas contra ambos juzgadores en el Consejo de la Judicatura. De su lado, agentes policiales afirmaron que la actuación de estos operadores de la justicia desbarata un esfuerzo investigativo transnacional de gran complejidad, que requirió el empleo de importantes recursos y cooperación internacional.

Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye a los políticos que son blancos del crimen organizado, que también financiaría algunos candidatos a alcaldes y prefectos. Por Esmeraldas gran cantidad de droga a Ecuador para luego ser sacada por sus puertos a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Varios políticos han sufrido atentados. En vísperas de las elecciones seccionales, este es el panorama.

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En Esmeraldas ya nadie contesta una llamada telefónica de un número desconocido. Todos temen abrir un mensaje de WhatsApp con fotos de su familia, con amenazas que si no “colabora”, le harán daño. Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye habitantes de a pie, trabajadores, funcionarios, autoridades, policías, militares, candidatos políticos. Cualquiera puede ser blanco del crimen organizado.

El capítulo más reciente de la escalada de la violencia ocurrió el 14 de noviembre pasado. Ese día fue asesinado Lorenzo Martínez Erazo, primo del candidato a alcalde de Esmeraldas, Frickson Erazo, un exfutbolista que ya ha sufrido dos atentados contra su vida.

Se puede evitar los mensajes y llamadas, pero en muchos casos los delincuentes van más lejos: dos sujetos a bordo de una motocicleta acuden hasta la casa o negocio y dejan un papel en las manos de la víctima, en el cual consta el nombre de una de las bandas criminales y la cifra en cientos o miles de dólares que exigen pagar como “vacuna”. Es la realidad que se vive en esta provincia fronteriza en el norte del país y que ha empeorado en el último año, en el contexto del aumento del narcotráfico y delitos conexos. Eso pese al estado de excepción que terminó la semana pasada y por el momento redujo los asesinatos y contuvo la tendencia creciente delictiva, por la acción coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas en esta provincia, Guayas y Santo Domingo.

A Jairo M., dueño de una despensa, le dejaron un papel de estas características el 7 de enero, exigiéndole el pago de 2.000 dólares, pero prefirió no hacerles caso, al menos por esa ocasión.

Al día siguiente, a las nueve y media de la noche, sujetos desconocidos lanzaron un taco de dinamita al exterior de su domicilio, luego de lo cual le pidieron 6.000 dólares. El 31 de enero, lanzaron otro explosivo. El 7 de febrero, amenazaban a otro comerciante, de la misma manera: detonando tacos de dinamita. Al mes posterior robaron un conocido chifa de la ciudad, por no ceder a las extorsiones. También asaltaron una boutique de ropa…

Ahora que el crimen organizado está instalado en Esmeraldas, los agentes de Inteligencia que investigan sus crímenes y relaciones con otras actividades creen que sus cabecillas están empeñados en cooptar el poder político, el último paso para controlarlo todo. Ese es el patrón que funciona en Colombia y México con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En Esmeraldas operan a través de sus brazos armados para transportar y proteger los cargamentos de coca desde Nariño, en Colombia, hasta las playas esmeraldeñas y manabitas para llevarla hasta Centroamérica y EE.UU.

Las bandas ganaron poder

Con la plata que reciben por sus servicios a los carteles, las bandas de los Tiguerones y Gánsters ganaron poder. Han reclutado más integrantes, tienen armas de dotación militar y han extendido sus acciones criminales más allá del narcotráfico. La más importante precisamente corresponde a las extorsiones.

El modus operandi quedó registrado en informes del Equipo Especializado de la Unidad Nacional Antidelincuencial de la Policía. A través de seguimientos e interceptaciones de llamadas y mensajes telefónicos, los agentes recabaron elementos que vinculaban a varias personas con Los Tiguerones. Quedaron registrados también los elementos que demostraron delitos como el tráfico de drogas, porte de armas, sicariato e intentos de asesinatos contra miembros de la banda antagonista “Los Gánsters”, con la cual disputan el territorio en Esmeraldas.

En abril pasado, la Policía detuvo a una docena de personas, entre ellas un conocido futbolista y un policía en servicio activo, que fungía de informante de la banda. 20 personas fueron procesadas por delincuencia organizada; algunas se sometieron al proceso abreviado, es decir, aceptaron su culpa, por una condena menos severa, mientras para otros el proceso judicial continúa.

Pero aquellas detenciones fueron solo otro golpe más para esa banda criminal. La violencia continúa imparable. Según un informe de Inteligencia, en Esmeraldas, se cuentan al menos 900 miembros de los Tiguerones, que trabajan para Jalisco Nueva Generación. Mientras que Los Gánsters serían unos 130 miembros, sumados unos 100 de la banda “Los Patones” y 130 de “Los Choneros”. Estas tres últimas organizaciones son aliadas y trabajan para Sinaloa.

Los candidatos en la mira

Los atentados también son contra los candidatos. Hace más de una década se decía que Ecuador iba rumbo a convertirse en un narcoestado. Nadie puede asegurar si eso pasó o no. “Ahora camina a ser un estado fallido”, afirma Mario Pazmiño, docente de la Universidad Uniandes y exjefe de inteligencia del Ejército.

Un síntoma de esto es el terrorismo urbano que se ha visto en los últimos meses: coches bomba explotando en las calles, sucesos que se repitieron en las provincias de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas en los últimos meses. “Con eso estamos cruzando una línea”, dice Pazmiño.

Esto tuvo su génesis en 2018, cuando un coche bomba explotó a las afueras del cuartel policial de San Lorenzo, en plena frontera. Los autores fueron integrantes del Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, quien posteriormente secuestró y asesinó a un equipo periodístico de El Comercio.

Era cuestión de tiempo. La señal más reciente de este quiebre se manifestó el lunes 17 de octubre, cuando el candidato Frickson Erazo veía incendiarse su camioneta afuera de su domicilio, tras escuchar una explosión. Incluso hubo tres disparos que llegaron hasta su dormitorio. Por fortuna, nadie resultó herido. Nueve días después, dos sujetos a bordo de una motocicleta volvieron a lanzar un explosivo fuera de su domicilio, pero esa noche Erazo estaba fuera de casa, por su agenda electoral. Tres semanas más tarde, asesinaron a su primo Lorenzo, a pocos pasos de un centro comercial.

¿El crimen se toma la política?

Erazo es uno de los once candidatos que se disputan la Alcaldía de Esmeraldas. Dice que nunca en su vida ha recibido amenazas ni intentos de extorsión, ni cuando era futbolista ni funcionario de Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Tampoco en estos meses desde que lanzó su candidatura. “Los ataques llegaron sin previo aviso. Claramente es violencia política por mi candidatura. Hasta ahora no tenemos los resultados de las investigaciones (de Fiscalía)”, relata el candidato por el movimiento oficialista Creando Oportunidades (Creo). Añade que no sabe de dónde vienen las amenazas; tampoco quisiera señalar a alguien en específico porque eso podría entorpecer las investigaciones.

Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, este es un ejemplo de cómo las organizaciones criminales se intentan tomar el poder político. “Son formas de amedrentamiento del crimen organizado. Quizá no les conviene tal candidato o quieren alguien de su confianza en ese puesto político. El Estado les da acceso a redes de protección política, información de inteligencia, e incluso acceso a contratación pública para lavar el dinero”, explica el académico.

El presidente Guillermo Lasso ha dicho que tiene información sobre narcocandidatos, pero no ha presentado nombres ni ha hecho denuncias ante los órganos competentes. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha señalado lo mismo, e incluso se ha referido a “una candidata del cantón San Lorenzo”, en Esmeraldas, sin revelar más detalles.

Otro candidato que ha recibido atentados es el actual concejal Miguel Armando Ruiz, quien compite también por la Alcaldía por el movimiento Centro Democrático. Ruiz dice que en diciembre pasado empezó a recibir mensajes con fotos de su esposa e hija en el garaje de su casa. Era diciembre de 2021 y le pedían 6.000 dólares como vacuna, pero él no cedió. En febrero intentaron asesinarlo fuera de su domicilio y en agosto, dispararon contra su vehículo, que por suerte tenía blindaje.

Sobre Ruiz han caído señalamientos de tener algún tipo de relación con el crimen organizado. Pero él dice que son comentarios para desprestigiarlo. En enero de este año, fue arrestado por el supuesto delito de porte de armas. El concejal manejaba su vehículo Porche Cayenne cuando en un operativo militar, realizado cerca de la cárcel de Esmeraldas, fue detenido. En su auto se encontraron una pistola traumática, balas de goma y “3 municiones calibre 5.56”. Salió en libertad y lo declararon inocente, por tratarse de un arma de defensa personal, pues dijo que había recibido amenazas e incluso intentaron asesinarlo.

¿Pero las municiones? “Mi papá era militar y tenía esas tres municiones en la casa. Yo las atesoraba como un recuerdo y en aquella ocasión las tenía en el carro”, dice Ruiz en entrevista con la Alianza Código Vidrio-Vistazo. Pero, sobre todo, lo que más se cuestiona al concejal es su amistad y alianza con el político Álex Zambrano Quintero, quien fue detenido en marzo de 2022 por supuestamente formar parte de una organización delictiva de tráfico de drogas. Fue procesado por delincuencia organizada, junto a otras trece personas.

Zambrano Quintero, de 26 años, se pintaba como una promesa joven y fundó una organización política llamada Nueva Generación, pero desapareció del espectro público luego de su detención. Según la Fiscalía, los detenidos tenían una casa de acopio y distribución de droga en Mataje, cantón San Lorenzo, y operaban en distintas ciudades. La Policía les siguió la pista desde el 2021, según el proceso judicial. Algunos de los implicados se acogieron al proceso abreviado, aceptado su culpabilidad, mientras Zambrano Ruiz aún intenta demostrar su inocencia. Se presenta periódicamente ante un juez.

De su carrera política quedan innumerables fotos y videos en redes sociales junto al concejal Mario Ruiz, con quien forjó alianza durante varios meses y decían representar el cambio. “Yo no puedo responder por las acciones de otras personas”, dice Ruiz sobre su excompañero a quien no ha visto ni ha hablado desde que lo detuvieron. “Era un joven con grandes proyecciones. Lideraba el grupo juvenil de Alianza PAIS, luego fue de la Revolución Ciudadana y luego de Centro Democrático (partido por el cual aspiraba a lanzarse para concejal en estas elecciones, pero no se inscribió)”.

Ruiz añade que le causó sorpresa la detención de su excompañero, de quien todavía no se ha declarado su inocencia o culpabilidad. Pero sea cual sea el resultado “ni a mí ni a otros políticos nos está investigando Fiscalía o nos ha llamado a declarar por ese proceso.”

Silencio general en la estratégica Esmeraldas

A ningún político en Esmeraldas le gusta hablar de otro, mucho menos cuando se usa la palabra narcotráfico o crimen organizado o bandas. Dicen que los vínculos entre política y delincuencia son claros, que todo es vox populi, pero nadie se atreve a señalar a alguien. Linder Altafuya, militante de Unidad Popular en la provincia verde y ahora uno de los siete candidatos a la Prefectura, dice que la narcopolítica desde hace años atrás ha intentado tomarse las instituciones y que hay indicios de quiénes son. El problema, según Altafuya, es que el crimen se reproduce en la impunidad, ya que en el sistema judicial se entrampan las denuncias. Del mismo criterio es un político que militó diez años un partido y ocupó cargos de elección popular, pero prefirió el anonimato. Según él, hizo denuncias en su momento, señalando nombres. Quienes más se benefician -recalca-  son los abogados, fiscales y jueces que cobran miles de dólares sin que la justicia llegue.

El concejal Ruiz asegura que él sí puso una denuncia en la que consta el nombre de tres actores políticos a quienes hace responsable de los atentados que sufrió o lo que le pueda pasar. Pero argumenta que no puede dar detalles porque es información que se maneja bajo reserva. “Me ha dicho que pertenezco a una banda (Los Tiguerones), pero fueron ellos mismos los que me mandaron los atentados”, dice.

La amenaza de la penetración del crimen en la política es cada vez más palpable en Esmeraldas, que es una de las puertas de entrada del narcotráfico. Por esta provincia ingresan anualmente cientos de toneladas de toda la droga que se produce en Nariño, Colombia, según explica Mario Pazmiño. Esta es la importancia estratégica de la provincia y el porqué al crimen organizado le interesa controlarlo todo.

De allí, pescadores salen en botes y lanchas con la droga desde playas de Atacames, Tonchigue y Muisne hacia Centroamérica y EE.UU. Otro porcentaje significativo de la cocaína es embarcado en los grandes barcos cargueros que salen desde Guayaquil y Machala.

Según informes de Inteligencia, las bandas ya se han apoderado de sectores enteros donde el Estado ya no tiene control, como son los barrios Las Malvinas y Santa Martha, dominados por Los Tiguerones, y que pretenden extenderse hasta el barrio El Arenal. Todos sectores costeros. Allí reclutan a menores de edad para darles adiestramiento en el manejo de armas blancas y de fuego.

El rezago escolar

De hecho, en un reportaje Vistazo ya describió como es este reclutamiento de jóvenes que no tienen oportunidades en una de las provincias más deprimidas del país, donde el rezago escolar golpea al 18 por ciento de niños y adolescentes, cuando la media nacional es el 9 por ciento. Allí la pobreza afecta al 32 por ciento de la población y déficit de servicios básicos es del 39 por ciento, según el Instituto de  Estadísticas y Censos de 2020.

Todos estos factores incrementan el riesgo y los políticos conectados con el narcotráfico tienden propuestas clientelares que los pueden llevar al poder. “Un alcalde o cualquier otra dignidad puede decidir qué barrio se atiene y cuál no, cómo se prioriza la obra pública, etcétera. Incluso se pueden crear modelos extorsivos para acceder a servicios básicos”, dice Daniel Pontón.

La provincia fronteriza tiene siete candidatos a la Prefectura y 46 candidatos a alcaldes para sus siete cantones: Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Rioverde y Eloy Alfaro. 

Todos los entrevistados para este reportaje coinciden en que si ya el narcotráfico ha cooptado militares, policías, jueces, es bastante probable que haya narcocandidatos. Piden al Gobierno que haga pública la lista de quienes dice tener claros indicios de su relación con el crimen organizado antes de que empiece la campaña electoral. De otro modo, sí hay un alto riesgo de que se tomen el Estado.

“Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico necesitan del Estado para cooptar su estructura y valerse de la legitimidad de la que goza el aparato represivo para perseguir competidores dentro del territorio», alerta el académico argentino Esteban Mizrahi, en un ensayo titulado “Narcotráfico y colonización del aparato estatal”. “Si esta operación es exitosa, no solo se consigue monopolizar el negocio, con la consecuente facilidad para incrementar los márgenes de rentabilidad, sino también y, sobre todo, absoluta impunidad para seguir operando en el ámbito donde se ha conseguido hegemonía”.

Otra de las facetas de los alcances de las bandas y carteles, es la de los operadores que lavan dinero a través de empresas. El último caso es el de Enrique Portocarrero, quien fue detenido en España, el 4 de noviembre último. Portocarrero, de 49 años, es una de las cabezas financieras articulada a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Desde 2020 creó varias empresas y una gasolinera.

Informes de Inteligencia dan cuenta de que a través de las empresas, en menos de dos años, tuvo ingresos por más de 7,1 millones de dólares, por los cuales no pagó impuesto alguno. A través de dos de sus amigos cecanos, Portocarrero finaciaba a candidatos de varios movimientos y partidos, que están bajo investigación de la Fiscalía.

Luis Mario Guerrero Sánchez era conocido en Lago Agrio y Sucumbíos, sobre todo, por el poder económico que acumuló vertiginosamente los últimos años. Además por su apoyo económico a la campaña electoral del prefecto Amado Chávez. También tuvo contratos con la Prefectura. Fue asesinado por un sicario el miércoles pasado.

Redacción Código Vidrio

Un hombre se abre camino con los brazos cruzados entre un grupo que mira un partido de vóley, en la cancha El Gallito, en el centro de Lago Agrio. Avanza a paso seguro, descubre su mano derecha y deja ver un arma con la que descarga dos tiros por la espalda a uno de los espectadores. El hombre cae abatido, la gente que está cerca se estremece y busca donde protegerse, corre aterrorizada. Algunos van detrás del asesino, otros gritan “cógelo, cógelo”. Y alcanzan a murmurar: “le mataron al Lucho, es don Lucho”.

La víctima era Luis Mario Guerrero Sánchez, un hombre conocido en Lago y en Sucumbíos, sobre todo por el poder económico que acumuló vertiginosamente los últimos años.

El coronel Pablo Ramos, jefe de Policía en Sucumbíos, dijo a este medio que el empresario había ingresado para ver un partido de vóley en El Gallito, entre las 20:00 y 22:00 del miércoles 14 de diciembre. Luego de pocos minutos  llegaron al lugar dos motocicletas, con dos ocupantes cada una. Uno de los hombres bajó de la moto, ingresó con el arma de fuego y le disparó a Guerrero en la cabeza. Uno de los jugadores del partido recibió un impacto de bala en el glúteo, pero recibió el alta médica poco tiempo después.

La Policía realizó operativos de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia para establecer una ruta técnica que permita reconstruir la entrada y salida de las motos. Además, se coordinaron acciones con la Fiscalía y la Intendencia de Policía. Se levantaron indicios antes de retirar el cadáver y luego se clausuró la cancha. El coronel indicó que el caso aún se encuentra en investigaciones de flagrancia, por lo que no se puede ahondar en más detalles.

Guerrero era un empresario del transporte que trabajaba como asesor externo del actual prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, quien contaba con su apoyo económico en la campaña para la reelección.

Era conocido como el poder detrás del poder en la Prefectura. Ciudadanos de esta localidad relataron a este medio que en la provincia “no se movía ni un alfiler” sin que el asesor lo supiera y lo aprobaba. Esa podría ser la causa por la que, según Ramos, tenía personas que lo acompañaban siempre, aunque aún no se sabe si el tipo de resguardo que tenía era de guardias de seguridad, seguridad privada o de otro tipo.

La Policía investiga la relación de las empresas que tenía Guerrero con supuestas actividades de lavado y su conexiones con grupos criminales, que tienen disputas en el cordón fronterizo.

De acuerdo con la información de  la Superintendencia de Compañías, el fallecido fue gerente de la firma Guerrero Sánchez Mario Constructora CIA. LTDA. entre el 2009 y enero del 2014. En agosto de ese año retomó el cargo hasta mayo del 2019. También dirigió desde el 2012 hasta agosto pasado Transportes Pesados Transpañacocha S.A. Se trata de una empresa dedicada al transporte pesado de la que Guerrero era, además, accionista mayoritario. Los últimos años obtuvo varios contratos con la Prefectura.

En lo que va del año, en Sucumbíos han ocurrido 78 muertes violentas. La de Guerrero fue la segunda durante diciembre. El año pasado, para mediados de mes se habían presentado siete casos. La primera ocurrió apenas unas horas antes del atentado en contra del asesor.

Según Ramos, por la tarde, el mismo día, un hombre que se dedicaba a comerciar productos entre Colombia y Ecuador acudió a la Policía Judicial para denunciar un posible caso de extorsión. La víctima relató que alguien le estaba pidiendo USD 60 000 para devolverle un vehículo que le habían robado. El personal le indicó que debía poner la denuncia en Fiscalía y cuando el comerciante estaba a la vuelta del edificio, recibió varios impactos de bala desde una motocicleta. El caso también está en la fase de investigación de flagrancia y se reconstruyó la ruta técnica, con las cámaras de videovigilancia y se han activado los ejes de Antinarcóticos, Policía Judicial y Dinased para cruzar información y dar con los autores de estos crímenes.

Los resultados del estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas son alentadores y evidencian una reducción y contención de los crímenes violentos. Esa es la evaluación de las principales autoridades del Gobierno a cargo de estas operaciones, al concluir la medida, ayer 15 de diciembre.

Redacción Código Vidrio

En la evaluación realizada ayer 15 de diciembre en el ECU-911 en Guayaquil estuvieron presentes el ministro de Defensa, Luis Lara, el ministro del Interior, Juan Zapata, el Inspector de la Policía, general Mauro Vargas, el comandante del Ejército, general Franklin Acosta, entre otros.

“Esta intervención no eliminó la violencia, pues nos enfrentamos a un enemigo poderoso, fuertemente armado, a una mafia que debido a políticas erradas de protección al delito y a los delincuentes, está desesperada por mantener su dominio en determinados sectores de las ciudades y de los centros de reclusión”, reconoció Lara, quien destacó que sin embargo sí se cumplió el objetivo de reducir la violencia.

Su apreciación coincide con datos difundidos por el ministro del Interior, Juan Zapata, y del Inspector de la Policía, general Mauro Vargas.

Hasta el martes se registró una reducción de 28 muertes violentas a nivel nacional, lo cual implica que se logró una contención y una consecuente reducción de esos delitos, recalcó Zapata.

Desde el 1 de noviembre -explicó Vargas-  la Policía con sus unidades especialess capturó 142 blancos de interés: 73 en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, 50 en Esmeraldas y 19 en Santo Domingo.

El caso más evidente es el de Esmeraldas. En agosto de 2022 se registraron 41 muertes violentas y en septiembre 45. En diciembre bajaron a 40. Hay una reducción del 26,09%”, indicó Zapata.

“Los datos que se presentan dan cuenta de que a pesar de las amenazas, de los intentos por amedrentar a la Fuerza Pública, de los ataques armados a militares y policías, de la rabia y la frustración de los violentos y de sus aliados, poco a poco ha vuelto la tranquilidad a las zonas más afectadas por la violencia criminal”, subrayó Lara.

Para Lara un punto medular de la lucha contra el crimen organizado es frenar la corrupción entre integrantes de la fuerza pública. “Reitero nuestra decisión de tener tolerancia cero a los corruptos y a los pocos elementos que no tienen un comportamiento profesional apegado a la ley y a la disciplina. Estamos cooperando al cien por ciento con los fiscales y jueces para descubrir y castigar a cualquier delincuente que haya logrado ser parte de la institución a pesar de los fuertes controles internos que tenemos”.

Es la séptima ocasón que el gobierno emplea el estado de excepción para frenar la ola de violencia.

Sucumbíos es considerada una de las provincias más peligrosas del país, no solo por su alto índice delictivo sino porque es el punto de entrada de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, hace más de dos décadas. Estas circunstancias gravitarán silenciosamente en las elecciones seccionales de 2023, según informes de Inteligencia, que advierten el riesgo de que dineros sucios contaminen algunas candidaturas. Los postulantes a la alcaldía y la prefectura aseguran que han tomado precauciones para evitar cualquier infiltración. Hoy en la noche, Luis Guerrero,  asesor y financista del prefecto Amado Sánchez, que busca la reelección fue asesinado por un sicario. Nota actualizada este miércoles 14 de noviembre a las 23:08. (Foto cortesía) 

Por Alianza Código Vidrio – Vistazo

Sucumbíos, en la frontera con el Putumayo colombiano, es considerado un polo estratégico del narcotráfico. En este ambiente de zozobra e inseguridad, reflejado en un creciente aumento de asesinatos y otros delitos, ocho candidatos buscan ganar la Alcaldía de lago Agrio y siete la Prefectura de la provincia, en las elecciones de febrero de 2023.

Tres de ellos son rostros conocidos en la política de esa provincia amazónica. Se trata de Amado Chávez, de la alianza Unidos Somos Más, coalición entre Pachakutik, Suma, Construye, ID y Reto, quien va por la reelección a la prefectura; Guido Vargas, de Sociedad Patriótica, quien estuvo en ese cargo entre el 2014 y el 2019; y Joffre Poma, de RC5,  quien fue asambleísta por esa provincia desde 2017 hasta 2021.

Chávez y Poma son adversarios, pero enfrentaron procesos penales relacionados con el paro de octubre de 2019. El primero es del movimiento Suma y tenía meses en funciones cuando ocurrió la medida de hecho. Hoy busca continuar en el cargo con el auspicio de una alianza. El segundo es la ficha del correísmo, con el movimiento Revolución Ciudadana.

Juntos fueron apresados y declarados culpables de complicidad por el delito de paralización de servicio público, debido a la toma del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Lago Agrio. Esta protesta impidió que se bombearan más de 36 000 barriles de crudo.

La sentencia fue de un año y cuatro meses de prisión, pero finalmente, tras un mes, Chávez recuperó su libertad. Poma permaneció más tiempo en prisión, pero en febrero del 2020 consiguió el recurso de suspensión condicional de su pena, que cumplió en libertad. La toma del SOTE significó un perjuicio para el Estado de aproximadamente 1,7 millones de dólares, pero ambos implicados volvieron a sus cargos tras salir de prisión.

Los organismos de Inteligencia tienen datos de los riesgos de que las candidaturas en esta provincia sean permeadas con recursos del crimen organizado, a través de donantes. Eso es negado por los postulantes, quienes aseguran que hacen seguimientos detallados de los fondos que ingresan a sus campañas, que son de origen lícito.

La violencia y la inseguridad

En Sucumbíos, el narcotráfico, la trata de personas y los sicariatos son parte de la lógica delincuencial imperante. “Muchos jóvenes se ven tentados a vincularse a esas estructuras delictivas, porque ven una forma de generar recursos económicos”, dice Ángel Gómez, coordinador del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP).

Esto está ligado a la falta de oportunidades, servicios de salud (falta de especialistas y equipos), vialidad (accesos deficientes o inexistentes), servicios básicos, etc. Los jóvenes tienen que salir a estudiar en otras provincias o regiones y no todos vuelven porque es difícil encontrar una opción laboral acorde a lo que aprendieron.

Gómez cree que ninguna de esas razones justifica los delitos pero sí las explica. “Aquí hay sicariatos cada fin de semana, así como una disputa de territorios entre las bandas. Si no se hace algo, vamos por el mismo camino de Esmeraldas y Guayas”.

Desde enero hasta noviembre de este año, en la provincia ocurrieron 72 homicidios intencionales, lo que significa un incremento del 118 %. La diferencia preocupa pues el año pasado hubo 33 crímenes y el 2018 se registraron 29. 53 de ellos ocurrieron en Lago Agrio, 30 casos más que el año previo y 38 más que en el 2018, según la Policía

De esas 72 víctimas mortales, 11 tenían antecedentes penales. Oficiales de la Policía dijeron a Código Vidrio que no solo llama la atención el incremento de casos sino la forma en que ocurrieron. Por ejemplo, en una noche ocurrieron siete asesinatos y todos tenían algo en común: los fallecidos eran consumidores de droga o se dedicaban al microtráfico. Entonces, la Policía manejó la hipótesis como una disputa territorial o una especie de “limpieza social”.

Estos casos no son ajenos para la población y en cualquier conversación salen a flote. No obstante, algunos habitantes describen a Lago Agrio, la ciudad con más casos de violencia, robos y demás, como un lugar tranquilo. Pero los uniformados dicen que es una tranquilidad aparente, tensa, más bien un espejismo.

Y sí, es la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo la que atrapa a más personas en el mundo criminal. Pero otros se resisten. “¿Me pelan y qué hago con la plata? Así sea un verde sin sal, pero como tranquilo. Ellos pueden estar comiendo delicias pero ni el sabor han de sentir de la preocupación. Yo prefiero trabajar para bien”. Es la respuesta de un cuencano que lleva décadas viviendo en Lago Agrio y se dedica al servicio de transporte. Reconoce que no es raro recibir propuestas para involucrarse en negocios ilícitos en ese cantón, cuyo nombre oficial es Nueva Loja.

Guido Vargas dice que si no se ofrece fuentes de trabajo bien remunerado, la amenaza de la inseguridad seguirá creciendo sin control. Pero tanto él como Chávez y Freire coinciden en que se podrá frenar ese problema solo por medio de un trabajo coordinado con el Estado y generando política pública que refuerce el tejido social.

Esos casos de muertes violentas son conocidos por la población. No especifican la fecha, pero saben que un sicario acabó con la vida de un hombre en los exteriores del ECU 911, hace varios meses. Dicen que se trataba de un conductor que trabajaba con alguien cercano al prefecto Chávez. La Policía confirma que la víctima era el chofer de Luis Guerrero, el empresario que colaboraba con la campaña y asesoraba al Prefecto que busca su reelección. Sin embargo, no dan más detalles pues dicen que este caso está en investigación. Este miércoles 14 de diciembre Guerrero fue asesinado por un sicario mientras presenciaba un partido de voley en la cancha El Gallito, en Lago Agrio. Cerca de las 21:00, un sicario lo asesinó y huyó del lugar. La Policía investiga las causas del crimen.

El último hecho violento que preocupa a las autoridades es el asesinato del juez Nelson Yánez, ocurrido el 25 de agosto en Lago Agrio, a la salida de su domicilio. Fue baleado por sicarios. Su caso sigue en investigación.

Los temidos hombres de las motos

El río San Miguel es el límite natural entre Ecuador y Colombia. A diario, ciudadanos de ambos países, al igual que migrantes que provienen de Venezuela cruzan por este afluente en pequeñas embarcaciones. Otros usan el puente de San Miguel, en el poblado de General Farfán, que lo transitan a pie, para luego embarcarse en un bus o en una camioneta de alquiler que los lleva hasta Lago Agrio. Recorrer ese camino toma aproximadamente media hora.

Por su ubicación, este cantón y esta provincia tienen un historial conflictivo, incluso antes de haberse formado, en 1989. Antes, este territorio era parte de la provincia de Napo. Pero la presencia de grupos armados organizados en el cordón fronterizo, constantemente salpica la violencia hacia Ecuador desde hace dos décadas. Especialmente los Comandos de la Frontera y la Constru. Eso, ligado a la problemática del narcotráfico, ha delineado un perfil delictivo en esta provincia distinto al del resto del país.

“Si yo fuera usted, no preguntaría tanto”, dice un quiteño que vive muchos años en Lago Agrio. Y explica por qué: “De gana esconde el celular en los semáforos, no tenga miedo. Aquí robarle, no le roban. No hay inseguridad. Pero si se mete en algo chueco o con alguien que no debe, le pelan ahí no más, los de las motos”.

Así explica la calma aparente, engañosa, de esta ciudad. “Lago Agrio es tranquilo para quien trabaja honradamente y no se mete con el resto. Si se mete, tenga”, dice y usa su mano para imitar un disparo de una arma de fuego. De hecho, las cifras policiales muestran que los robos a personas, motos o domicilios si bien aumentaron 53 %, 97 % y 3 %, con respecto del 2021, aún no alcanzan los niveles prepandemia.

La gente repite este tipo de testimonios constantemente. Sonríen al relatar las cosas que se escuchan pero, eso sí, piden que sus nombres no se hagan públicos. “Aquí uno mira, escucha y calla para estar en paz”, dice el conductor azuayo.

Él maneja una de las camionetas que llevan y traen gente desde General Farfán, en el Puente Internacional, hacia Lago Agrio. Ahora. Su gremio, los pasajeros y los conductores de buses tienen un lugar para descansar, con wifi gratuito, baños y vigilancia mientras esperan la hora de salir con otra carrera. Se trata de la Zona de Parqueo, una miniterminal que el alcalde Abraham Freire, de Acuerdo Ciudadano, entregó a la comunidad recientemente. Él también corre para ser reelecto para la Alcaldía. Así, la conexión con Colombia mejoró para quienes habitualmente se surten de productos a ambos lados de la frontera.

Sin embargo, el prefecto Chávez dice que mucho más que eso no se puede hacer en cuanto a vialidad para los habitantes fronterizos. Hacerlo -agrega- puede convertirse en un arma de doble filo, pues mientras mejores vías se construyan, más facilidades se le concede al narcotráfico.

En Sucumbíos los secretos a voces abundan, así como negocios que aparecen constantemente, con capacidad para atender a decenas de clientes, pero que casi siempre lucen vacíos. “Eso es lavado”, dicen algunos lugareños. “¿Qué otra cosa puede ser?”.

Las autoridades policiales y organizaciones sociales que trabajan en la zona confirman que estas sospechas no son infundadas. Todo el dinero que ganan los diferentes operadores de la cadena de producción y distribución de cocaína que pasa al Ecuador desde el Putumayo colombiano necesita ser lavado. Por eso, una parte de la estructura criminal ofrece invertir en negocios como peluquerías, panaderías, tiendas, restaurantes, joyerías, empresas de transporte, hoteles, ferreterías, dentro y fuera de Sucumbíos. Esas organizaciones criminales no cobran intereses, lo único que piden es que tiempo después parte de ese dinero, luego de ser ingresado al sistema financiero, vuelva a sus manos. Esta dinámica afecta directamente a pequeños emprendedores que cumplen la ley y la normativa y se esfuerzan para sacar sus negocios adelante, en medio de limitaciones. Algunos pobladores pidieron también no estigmatizar a toda la población que trata de sobrevivir entre adversidades y el abandono estatal.

Amado Chávez y el apoyo de un empresario 

Guido Vargas y Amado Chávez consideran que la vialidad es uno de los principales problemas de la provincia. Mejorarla podría ser el mejor mecanismo para combatir la pobreza. Por eso, ambos ofrecen trabajar en los precarios caminos de Sucumbíos.

Según Chávez, su administración ha transcurrido en épocas complicadas, pues la provincia estuvo a su cargo durante los paros de octubre del 2019 y junio del 2021; el proceso legal que enfrentó y, por otro lado, el confinamiento por la pandemia.

En el periodo que terminará en mayo próximo, Chávez resalta que contó con el respaldo “de un equipo de trabajo, con un compañero empresario que nos ofreció ayudar; nos da camisetas, banderas, etc porque apoyan el proyecto”. El empresario del que habla, y que lo apoyaba para las próximas elecciones era Luis Mario Guerrero. “Su papá falleció hace pocos meses. Son una familia que viene desde abajo. Él no trabaja dentro de la Prefectura, es un asesor externo”, dijo Chávez.

Agregó que las empresas de Guerrero estaban en el ramo de la construcción de vialidad y “ayuda (a la Prefectura) a ver que todos los proyectos que se realizan sean de buena calidad”. A pesar de que esta era una de sus líneas de trabajo más importantes, Chávez dijo, en entrevista con este medio la semana anterior, que no hay ningún conflicto de intereses pues los contratos que Guerrero, a quien en Sucumbíos se le conocía como el poder detrás del poder, no ganaba todos los concursos sino únicamente aquellos en los que es el mejor oferente. “Todo se tiene que hacer por el portal de compras públicas y otras empresas también participan”.

Freire y Chávez señalan que ni la existencia de la Ley Amazónica ha garantizado un retorno justo y efectivo a sus territorios del dinero que genera la extracción minera y petrolera. De hecho, ambos reclaman que el Estado adeuda a Lago Agrio 21 millones de dólares y a Sucumbíos, 21 millones.

Esto es algo que se repite cíclicamente, dice Vargas, de Sociedad Patriótica, quien perdió en su intento de reelección del periodo en marcha pero espera volver a la Prefectura en mayo. Afirma que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales, culturales y de pueblos y nacionalidades indígenas. Además de la vialidad, Vargas cree que hay que fomentar la producción de café, cacao, yuca, etc., impulsando el transporte fluvial por los ríos San Miguel, Aguarico, Napo y Putumayo. Eso ayudará, dice, a quienes viven en comunidades alejadas y de difícil acceso. Por eso ofrece entregar canoas a estos sectores.

Campaña anticipada y control electoral

Sucumbíos fue una de las ocho provincias que hasta el 13 de noviembre finalizó su proceso de calificación de candidaturas. El 18 de diciembre serán oficiales las candidaturas en firme a escala nacional.  En ese proceso, de 248 inscritos tres no consiguieron avanzar. Hubo casos que se revisaron y fueron subsanados. Un postulante a alcalde de Shushufindi no pudo demostrar que cumplía con el requisito de haber nacido en el cantón o haber vivido ahí en el tiempo reglamentario, fue descalificado y la Revolución Ciudadana  no inscribió ningún reemplazo.

Edwin Lozada, director de la Delegación Provincial del CNE en Sucumbíos, dijo que para este proceso electoral se han mejorado las normativas, reglamentos y protocolos para el control de los distintos procesos dentro de las elecciones. Explica que toda actividad realizada antes de la fecha de inicio de campaña electoral debe ser sancionada y, según su tipo, se considera leve, grave o muy grave y tiene sus sanciones.

La Delegación ha ofrecido talleres y capacitaciones a las organizaciones políticas y envió oficios para que los candidatos se enteren de los protocolos. Sin embargo, los candidatos en Sucumbíos y en el resto del país realizan constantemente reuniones con organizaciones sociales en distintos puntos de la provincia, los unos sumando apoyo y los otros, entregando obras municipales o  provinciales.

Por ejemplo, en medio del Mundial de Fútbol, convocaron a la ciudadanía a mirar partidos en espacios públicos, con pantalla gigante y amplificación. Sin embargo, ese tipo de actividades no se sanciona necesariamente.

El personal de la Delegación realiza recorridos con el apoyo de miembros de la Policía y municipios para monitorear la colocación de publicidad electoral no autorizada y la retiran, de ser el caso. Lozada afirma que se toman fotos y se suben al sistema como una prueba, para sancionar las infracciones electorales en su momento. Las organizaciones deben presentar informes cada 15 días  sobre sus gastos de campaña y luego, un informe final, cuando terminen las elecciones.

Algo más difícil es controlar el origen del financiamiento. Lozada dice que se hace un seguimiento a los informes de campaña electoral y se envía oficios al Sercop, Superintendencia de Compañías, SRI, UAFE para que envíen información de los aportantes directos a las campañas que han firmado el formulario que se registra en el sistema del CNE.  “Eso es para ver si alguno de los aportantes tiene algún vínculo fuera de la ley y nosotros hacemos un análisis que pasa por los informes económicos, técnicos y jurídicos. Posterior a eso, verificamos si se cumple o no, si hubo exceso de gasto electoral”, dijo.

Además, las organizaciones políticas deben mandar informes una vez al año de todas sus actividades y que incluya lo que gastaron en cada reunión, agregó. Desde 2023, el CNE le dará a las organizaciones sociales el acceso a un sistema integrado para ingresar toda esa información en época de elecciones y fuera de ellas.

Freire, Vargas y Chávez dicen que han escuchado de financiamiento de campañas provenientes del narco, pero los tres niegan que en la suya haya posibilidades de que eso exista. Vargas dice que aceptar alguna propuesta de ese tipo permitiría que luego “a uno le tengan que poner una pistola en la cabeza para que haga lo que quieren”. En ello coincide Chávez, quien dice que aceptar esos recursos “sería endeudarse con gente muy peligrosa”, un riesgo que, dice, no quiere correr.

Una provincia rica sumida en la pobreza

Aunque es una de las provincias que más aporta al país por su alta producción petrolera, las carencias que enfrenta Sucumbíos son evidentes para quienes la visitan y mucho más para quienes viven ahí. En enero pasado, el presidente Guillermo Lasso informó que Frontera Energy halló petróleo y gas en uno de los pozos de exploración del bloque Perico. Eso, según dijo, significará un aumento de producción de 925 barriles de petróleo por día.

Pero eso aún no ha significado una mejora en las condiciones de vida de la provincia ni de la inversión estatal para su desarrollo. Abraham Freire, alcalde de Lago Agrio y postulante por la reelección, dice que por décadas la población que se asentó ahí desde inicios de la explotación petrolera en los setenta atetiguó la salida del petróleo, sin que eso signifique un desarrollo para la comunidad. “La Texaco era una ciudad con todos los servicios, mientras que Lago Agrio vivía en la pobreza y todavía es así”.

En esta provincia las carencias abundan. Por ejemplo, en el área de salud, pasó de 95 a 327 camas hospitalarias entre 2004 y 2021. Una cifra baja para una provincia con unos 230 000 habitantes. La recomendación internacional recomienda que se cuente con 2,7 camas por cada 1 000 habitantes. Sucumbíos debería tener aproximadamente 621 camas disponibles.

Los parámetros sociales son preocupantes. Según el INEC, en situación de pobreza vive el 50,9 % de sus habitantes.

Los candidatos se apalancan en estas cifras para diseñar su campaña. “Sucumbíos es la segunda provincia más pobre del país, después de Esmeraldas”, destaca el alcalde Freire en sus recorridos.

El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a los 14 nuevos jueces anticorrupción y crimen organizado. Fue una decisión unánime tomada en su sesión extraordinaria del jueves 1 de noviembre de 2022. La lista la integran 10 hombres y cuatro mujeres. Uno de los principales desafíos es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos. Incluso analizando la posibilidad de mantener el anonimato de los juzgadores en procesos que revistieran más riesgo.   

Por Ana María Carvajal

La entidad emitió el pasado 28 de noviembre la resolución que declaraba elegibles a 29 postulantes para dirigir las nuevas unidades judiciales anticorrupción y crimen organizado. Ellos fueron los mejores puntuados entre los 35 aspirantes que participaron del Curso de Formación Inicial, que duró menos de dos meses. El requisito para formar parte de esta lista era tener calificaciones superiores a los 80  puntos sobre 100, durante este proceso académico que fue inaugurado el 23 de septiembre pasado.

Renán Andrade y Vicente Hidalgo estarán a cargo de las dos nuevas unidades judiciales especializadas; Elizabeth Soria, Carlos Serrano, Andrés Muñoz, Christian Fierro, Jorge Sánchez y Consuelo Tapia presidirán los seis tribunales y Silvana Velasco, Fernando Sánchez, Byron Uzcátegui, Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fabricio Chóez dirigirán las seis cortes provinciales penales.

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6 JUECES DE SALA, 6 DE TRIBUNAL Y DOS UNIDAD JUDICIAL

 

 

 

 

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Al principio, 37 postulantes lograron su cupo para el Curso de Formación Inicial, pero en el camino, Vinicio Rosillo fue descalificado, porque en el 2012 había sido destituido de su cargo de fiscal, lo que lo inhabilitó de por vida para volver a ejercer un cargo dentro de la Función Judicial. Al final, solo 35 culminaron el proceso, pues René Astudillo desistió de continuar. El 4 de octubre pasado, el jurista argumentó razones personales y académicas para abandonar el proceso.

Los participantes fueron calificados sobre 100 puntos, 30 de ellos correspondían al desempeño durante el curso, 30 a la prueba teórica y 40 a la práctica. 32 de los 35 aspirantes solicitaron recalificación en la prueba teórica y consiguieron mejorar sus resultados por entre 0,30 y 3 puntos. En cuanto a la prueba práctica, 27 postulantes pidieron revisión, pero solo en 14 casos este recurso fue aceptado. Este grupo pasó por pruebas psicológicas, teóricas y prácticas antes de llegar al curso de formación y obtuvo los primeros puestos de entre 425 personas que completaron su inscripción en el micrositio que la Judicatura colgó en su página web para esta selección.

Las tareas y los casos 

Los nuevos jueces tendrán a su cargo 44 tipos penales, incluyendo causas sobre peculado, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, narcotráfico, concusión, entre otros. El concurso se convocó oficialmente el pasado 24 de marzo y estaba previsto que se cerrara en agosto. Pero repetidas ampliaciones en las fechas tope del cronograma hicieron que el final se retrasara tres meses. La designación de los nuevos jueces estará a cargo de la Escuela de la Función Judicial, la Dirección General del Consejo de la Judicatura y de su Dirección Nacional de Talento Humano.

Uno de los principales desafíos de las autoridades es brindarles seguridad en medio de un ambiente creciente de penetración del crimen organizado, establecer protocolos que salvaguarden su integridad y de sus familias. Esta herramienta deberá aplicarse, una vez que empiecen a conocer los casos.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó oficialmente una veeduría para este proceso en mayo pasado, es decir que los siete veedores comenzaron su trabajo dos meses después de que el concurso arrancara y terminaron su trabajo el 15 de septiembre, más de dos meses antes de que concluyera.

Los nuevos jueces contarán con un equipo de 26 funcionarios para su trabajo, que cubrirá casos de corrupción y crimen organizado ocurridos en todo el país. Sin embargo, sus oficinas estarán centralizadas en Quito.

La seguridad de los jueces

Las autoridades también deberán analizar cómo se manejará el tema de la seguridad de los jueces, en un entorno volátil de inseguridad, que este año ha cobrado la vida de dos fiscales y un juez.

En vista de la peligrosidad de los casos que los jueces anticorrupción deberán juzgar y el riesgo de ser corrompidos o amedrentados junto con sus familiares, juristas consultados por Código Vidrio estiman que debía revisarse la posibilidad de mantener el anonimato de los nuevos funcionarios en inclusive aplicar el modelo de otros países de magistrados sin rostro. Esto una vez que empiecen a conocer los casos.

Para minimizar el riesgo, el Consejo de la Judicatura diseña un protocolo de seguridad para los nuevos funcionarios, además del Instructuctivo de Seguridad Individual que ya se aplica para servidores judiciales, aprobado en abril pasado.

Este año, 21 jueces, 15 del área penal, reciben seguridad individual en varias provincias, a cargo de la Policía, con base en ese Instructivo. Los judiciales, la mayoría de Quito y Guayaquil, han recibido amenazas e intimidaciones de todo tipo. El 2019, la Policía daba protección a 12 jueces, según un informe del CJ.

Los últimos diez meses, hubo 10 amenazas de bomba en los complejos judiciales de ambas ciudades, lo cual ha implicado la suspensión por varias horas en los servicios.

En agosto pasado, el crimen del juez de Lago Agrio, Nelzon Yánez, quien fue declarado el de mejor desempeño en la capital de Sucumbíos el 2017, ocurrió horas después de la visita del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta provincia, para articular planes para frenar la violencia y enfrentar a las bandas criminales.

En lo que va de este año, dos fiscales también fueron asesinados. El 15 de agosto murió abaleado por sicarios el fiscal Federico Estrella en Babahoyo. En mayo también fue ejecutada la fiscal Luz Marina Delgado, junto a su asistente Jefferson Mendoza. En ambos casos se cree que fueron retaliaciones de implicados en alguno de los casos que investigaban.

Un automóvil con explosivos y armas de fuego de diferente calibre, que presuntamente iban a ser empleadas en un atentado contra unidades de la Policía por los Chone Killers, fue desactivado el miércoles en Milagro.

Redacción Código Vidrio

El atentado se había planificado las últimas semanas, según información recabada por agentes de la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía.

Desde el mes pasado 80 presuntos delincuentes fueron detenidos por su relación con los atentados con explosivos y asesinatos a policías reportados en varias provincias, en noviembre.

Con base en la información de una fuente humana, el miércoles pasado en la madrugada personal preventivo de Distrito Milagro móvil Yaguachi Norte y unidades élite de la sección Anti Explosivos GIR y la Policía Judicial localizaron un vehículo. El carro circulaba a la altura de la T de Milagro, en la vía Tres Postes Babahoyo, sobre la Panamericana de la Troncal de la Costa.

Al ser descubiertos por la Policía, los ocupantes del vehículo empezaron a disparar y fueron repelidos por los agentes. En medio del cruce de fuego, los delincuentes, integrantes de la banda Chone Killers, huyeron internándose por la maleza, a un costado de la vía.

 

En la operación fue capturado un vehículo Spark negro, de placas GRY7921, de propiedad de José Chimbolema, policía en servicio activo. Dentro del auto se encontraron bombas de alto impacto, armas y droga.

Entre las evidencias se hallaron:

• Un artefacto explosivo elaborado manualmente en una caja de cartón con 8 tacos de dinamita, 3 cápsulas eléctricas adheridas al fragmento detonante.
• Un artefacto explosivo de 8 tacos de dinamita, con 3 mechas electricas en una envase de plástico de color blanco.
• Una pistola 9mm marca Petrobereta, sin serie.
• Un arma larga marca Mosberg, calibre 16.
• Una funda de plástico con 80 pastas de cocaína.
• 4 bloques de una envoltura de color negro tipo ladrillo con marihuana.
• Una alimentadora calibre 9mm
• Una caja de municiones de calibre 16 sin percutir.
• Una caja de municiones de calibre 9mm sin percutir.
• 46 cartuchos calibre 12 sin percutir dando un total de 46 cartuchos
• Una granada tipo limón
• Tres credenciales de periodista, a nombre de Enrique C. C.

Tras el operativo personal del Grupo Intervención y Rescate (GIR) desasctivó el aparato explosivo.

El 30 de marzo del 2019 el entonces prefecto reelecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, visitó a Yaku Pérez en Cuenca, para felicitarle por su triunfo electoral, pues acababa de ganar la prefectura de Azuay. En el encuentro Guamán le ofreció un sobre con dinero en efectivo, que Pérez se negó a recibir. Eso fue corroborado por quien era chofer del prefecto Guamán, en su versión en la Fiscalía. Pérez confirmó la veracidad de los hechos.  

 Redacción Código Vidrio

El kushki (dinero) no era un problema. En marzo de 2019, el prefecto Jorge Guamán fue reelecto para dirigir el gobierno provincial de Cotopaxi hasta 2023.

Tras conocer los resultados electorales, a fines de ese mes, Guamán viajó a Cuenca junto con sus hombres de confianza, conocidos como los “Pablos”: Pablo Velázquez, director de Compras Públicas y Pablo Albán, director administrativo de la Prefectura. Se desplazaron en un vehículo Mitsubishi Montero, de placas TCW0450, conducido por un funcionario de la entidad.

El extrabajador dio detalles de ese viaje en la versión que rindió en el juicio por delincuencia organizada que enfrenta Guamán, junto a nueve personas más, incluidos los “Pablos” y sus colaboradores cercanos en el gobierno provincial.

En octubre pasado, el proceso judicial fue suspendido hasta febrero de 2023, por orden de la jueza Rosario Freire, por cuanto Guamán se candidatizó para la alcaldía de Latacunga, por el movimiento Pachakutik. Mientras dure el proceso y hasta la proclamación de resultados, los postulantes no pueden ser procesados ni detenidos, según el Código de la Democracia y la Constitución de Montecristi. Las únicas excepciones son los delitos flagrantes y los de violencia intrafamiliar y sexual.

Guamán era el supuesto cabecilla de una organización criminal que habría operado en ese gobierno provincial para beneficiarse de contratos entregados a empresarios a cambio de coimas, así como de la venta de puestos y el cobro de diezmos a los trabajadores de la entidad, según la Fiscalía.

Precisamente, la versión del conductor, que fue corroborada por este medio con Yaku Pérez, destapa un hecho hasta hoy inédito.

Ocurrió el 30 de marzo del 2019. Tras confirmar su triunfo en las elecciones seccionales, Guamán viajó a Azuay en el automóvil adquirido por Velázquez, en el cual se movilizó durante toda la campaña para la Prefectura.

“Nos trasladamos en compañía del prefecto Jorge Guamán, Pablo Albán, Pablo Velásquez y mi persona a Azuay a una visita al señor Yaku Pérez, con el fin de felicitarle y entregarle un sobre que contenía determinada cantidad de dinero”, relató en la Fiscalía.

El dinero fue entregado por Velásquez a Guamán cuando salieron hacia Cuenca. Yaku también acababa de obtener su triunfo en las urnas para ocupar la Prefectura de Azuay. Para entonces ambos eran parte de Pachakutik.

Velásquez era el hombre de los negocios. Movía la plata de las supuestas coimas y las contrataciones a dedo, acordadas de antemano, con contratistas específicos en la Prefectura, según la investigación de la Fiscalía. Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Del 2014 al 2020, sus ingresos por sus salarios solo sumaron 161 mil dólares.

Yaku se niega a recibir la plata

Al ser entrevistado por este medio, Pérez confirmó que Guamán le ofreció un sobre con dinero, durante la breve visita que le hizo en Cuenca, para felicitarlo por su victoria en las urnas.

Sin embargo, Pérez asegura que no recibió el sobre con dinero. “Primero por ética. Todo tiene un precio, nada se da a cambio de nada. ¿Para qué tener deudas? Si bien no me estaba prestando esa plata, yo asumí que si aceptaba tendría una deuda ética o un compromiso para con él”.

Yaku explicó cómo ocurrieron los hechos. “Efectivamente a pocos días de haber obtenido el apoyo electoral hacia la Prefectura, me visitó el prefecto de Cotopaxi con dos personas más, no les reconocería ahora. Invité a algunos conocidos para darles un agradecimiento por el apoyo que nos brindaron, a la casa de mi mamá”.

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EN FACEBOOK, GUAMÁN REGISTRÓ LA REUNIÓN QUE TUVO CON YAKU, EL 30 DE MARZO

 

“El prefecto me llamó y le invité, no olvide que éramos del mismo movimiento. Nos reunimos, cuando llegamos a la casa de mi mamá, previo a bajarnos del carro, se quedó y me pidió esperar un ratito, sacó un sobre con dinero y me dijo más o menos en estas palabras: ‘Disculpa no te pude apoyar, estuve en la campaña en mi tierra, no te pude apoyar para la Prefectura. Uno, después de la campaña, queda endeudado’. Me pidió que aceptara ‘estito’: se refería a un sobre”.

“Yo le dije que no me quedé endeudado, que mi campaña fue austera, que no gracias. Me dijo que eso no me comprometía a nada. Le respondí que se quedara tranquilo; me bajé del carro, le invité donde mi mamá, se quedó por poquito tiempo. Y se fue”.

Ante la Fiscalía, el conductor de Guamán concordó con el testimonio. “El sobre no fue aceptado por Yaku Pérez”.

Pérez comentó que luego, cuando corrió para la Presidencia luego de renunciar a la Prefectura, desde 2020, no recibió ofertas de apoyo por parte del prefecto Guamán. “Yo asumí que era porque él estaba con la línea de Iza”.

Desde cuando empezó su gestión al frente de la Prefectura, en 2014, Guamán ha sido un aliado incondicional de Iza, a quien ha apoyado en todas las movilizaciones y paros, con recursos y logística, según documentos y testimonios que constan en el juicio en su contra.

Al retorno de Cuenca -contó el chofer- el Prefecto, Velásquez y Albán conversaban sobre el distributivo de los puestos en la Prefectura, y pasaban revista a los nombres de las personas “a las cuales iban a empezar la persecución por ser contrarios a sus intereses (…)”. Existía un listado de los trabajadores de la  Prefectura, que era manejado por Albán.

Durante varias semanas pedimos una entrevista con Guamán. Su abogado, Carlos Poveda, declinó pronunciarse. El hoy candidato a Alcalde de Latacunga aún no ha respondido el requerimiento periodístico.

Jorge Guamán despegó tras llegar a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Adquirió dos terrenos, de 5 y 20 hectáreas cada uno, y una casa de 1.989 m2, por los cuales pagó 236.000 dólares, hasta el 2020. En ese lapso también despuntó su empresa Ambasodas. Los colaboradores de Guamán suman ingresos por USD 1,2 millones en sus cuentas y propiedades, que no han justificado. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del contratista Santiago Sinchiguano, que no declaró al SRI. Todos están enjuiciados por presunta delincuencia organizada, pero el proceso se suspendió hasta febrero porque Guamán es candidato a alcalde de Latacunga.           

Redacción Código Vidrio

“Saludos director. Un favor, ¿Tienes el saldo de los caramelos verdad? Puedes transferirlos a esta cuenta”.

El mensaje fue recibido la mañana del 8 de febrero de 2022, por WhatsApp, en el celular de Pablo Velásquez. Por esos días, Velásquez era director de Compras Públicas de la Prefectura de Cotopaxi. Junto con el pedido, su teléfono recibió el dato de una inversión, cuyo titular era el entonces prefecto Jorge Guamán Coronel.

El director conocía los negociados y los pagos a la perfección. En su celular constan capturas de hojas en excell, proyectos, adquisiciones y saldos. Era el brazo derecho del prefecto Guamán, su hombre orquesta.

Velásquez es uno de los diez procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, que la Fiscalía investiga en ese gobierno provincial.

Sin embargo, desde el 11 de octubre la acción penal quedó en suspenso  temporalmente y la prisión preventiva que los implicados cumplían quedó sin efecto.

¿La razón? El 27 de septiembre, el pleno del Tribunal Electoral de Cotopaxi calificó la candidatura de Guamán para la Alcaldía de Latacunga, en los comicios seccionales, que se realizarán en febrero de 2023.

El artículo 108 del Código de la Democracia contempla que desde la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de los resultados electorales, un postulante a un cargo de elección popular no puede ser encausado, salvo en casos excepcionales como delitos flagrantes o violencia intrafamiliar. Eso explica la suspensión temporal del proceso para Guamán. La decisión judicial extendió el beneficio de la suspensión temporal a los otros nueve encausados. Así, hasta febrero de 2023, el proceso queda en pausa, a pesar de los hallazgos de los investigadores, que aquí revelamos y destapa la presunta operación de una red criminal que durante varios años operó libremente en la Prefectura.

Ambasodas, la empresa de Guamán y su hija

La compañía de bebidas Ambasodas es una pieza crucial en la investigación. En enero de 2020, el prefecto Guamán aceptó el cargo de presidente de esta entidad privada, según documentos de la Superintendencia de Compañías recabados para esta investigación. Guamán venía ejerciendo la función de Prefecto desde 2014 y fue reelecto en 2019.

Una de las accionistas de la empresa es Sisa Guamán Toaquiza, hija del prefecto. El 2021 la compañía reportó un movimiento económico de 500 mil dólares.

En 2018, Guamán le propuso a un coideario de Pachakutik, con trayectoria de comerciante, docente y político, que administrara la planta y que le apoyara en la compra de un lote en el parque industrial de Ambato para trasladar la fábrica a ese lugar. De la propuesta tuvieron conocimiento tanto Sisa Guamán como la entonces gerente de Ambasodas, quien tres años antes trabajó en el área de Talento Humano de la Prefectura de Cotopaxi.

Ambasodas fue constituida en 2013, con un capital de dos mil dólares. Para 2016, el resultado económico de la empresa fue una pérdida de 9.000 dólares, por lo que entró en disolución. Sin embargo, un año después fue reactivada, cambió su domicilio a Salcedo (Cotopaxi). En 2018, por decisión de sus directivos se amplió el objeto social de la firma para permitir contratos de asociación, de franquicias o representaciones comerciales de personas naturales o extranjeras.

La asociación con el coideario político del Prefecto se disolvió en 2019. No obstante, a su cuenta bancaria llegaron varias transferencias económicas sin su consentimiento, lo cual consta en reportes del sistema financiero. Y desde la cuenta de un hermano suyo se transfirieron 7.500 dólares. Sobre los pagos tenía conocimiento Pablo Velásquez, director de Compras, según documentos recabados para este reportaje.

La feria de cargos y el apoyo al paro

Sisa Marisol Guamán Toaquiza aparece como la mayor accionista de Ambasodas, con un capital de USD 1.500. Mientras su padre (USD 500 de capital) era prefecto, en su último período, fue presidenta del Patronato, que impulsa obras sociales, para mostrar la cara más amable y solidaria del GAD provincial. Hace seis años ella salió del país para estudiar Economía, cuando aún vestía su atuendo indígena. Al regresar, en 2020 estuvo más cerca de su progenitor en el Patronato y también en la Prefectura. Ahí tenía injerencia en nombramientos y otras actividades, según testimonios y otros indicios recabados en el proceso por delincuencia organizada.

En octubre del 2021 Sisa conversó desde su celular con una dirigente del Movimiento Idígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). Ella le contó que en una reunión -siempre a favor del Prefecto- acordaron pedirle que desde la Prefectura apoyaran al paro que planificaban, con un médico y una ambulancia del Patronato, a lo cual accedió parcialmente ofreciendo un médico. Eso consta dentro del juicio en los progresivos de las escuchas e intercepciones de mensajes realizados durante la investigación.

Otra evidencia del apoyo a la paralización indígena desde la Prefectura aparece en una comunicación que Pablo Velásquez, director de Compras, tuvo con Maritza Salazar, asesora de Guamán. Ella le comentó que les habían pedido que cooperen con refrigerios para la movilización, pero como la participación era delicada habrían quedado en poner a USD 20 por persona. Así, querían levantar un fondo para entregárselo a una intermediaria y “conforme se vayan desarrollando las cosas el prefecto Guamán puede tomar otra decisión”.

Por esos días, Sisa también se contactó por celular con Velásquez, quien le alertó que tenían un problema que debían afrontar por una investigación que relizaba la Fiscalía, completamente reservada, por la compra-venta de cuatro propiedades oficializadas en la notaría de José León. Esos negocios estaban relacionados con el empresario Santiago Sinchiguano, contratista de la Prefectura, enjuiciado por recibir contrataciones a dedo.

En otro diálogo, Sisa le pidió a Pablo Albán, director de Obras, que diera paso a la contratación de Patricio Jácome. Ella tenía contactos permanentes con funcionarios del círculo cercano del Prefecto. En otra comunicación, que es parte del proceso judicial,  Velásquez se comunicó con Juan José T., quien le comentó que ya había intervenido para que Sisa trabajara en la Universidad de Cotopaxi, que se lo contara al Prefecto, pues el nuevo ciclo empezaría en abril.

En enero del 2022, Sisa también le pidió a Albán que le ayudara ubicando a un amigo como chofer, ya que en el Patronato que presidía solamente necesitaban médicos y enfermeros. Albán accedió y le pidió que le entregara la carpeta con los datos del postulante.

1,2 millones de dólares a cuentas de funcionarios

Los principales colaboradores de Guamán suman ingresos por 1,2 millones de dólares en sus cuentas y propiedades, que no han podido justificar. A esto se suman los 8,9 millones que ingresaron a las cuentas del empresario Santiago Sinchiguano, uno de los mayores beneficiarios de contratos direccionados en la prefectura, que no declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre 2018 y 2022 el constructor tuvo ingresos por 12,3 millones, según informes del sistema financiero y el SRI adjuntados al proceso.

Precisamente en el manejo económico se evidenciaría el rol de Velázquez, como alfil de Guamán. Según la investigación fiscal, movía la plata de las coimas y las contrataciones en la Prefectura.

Entre sus cuentas y propiedades tiene 539.000 dólares, que no ha podido justificar. Su papel fue clave: gestionaba la adjudicación previamente pactada con el supuesto pago de coimas a contratistas específicos, desde 2017. También se encargaba del manejo de dinero proveniente de sobornos de una empresa privada que es investigada por la Fiscalía. 

En 2020 compró cuatro propiedades, incluidos dos departamentos en lujosos edificios en Quito y Guayaquil, que suman 400.000 dólares. Entre 2014 y 2020, tuvo ingresos por sus salarios en la Universidad de Cotopaxi y en la Prefectura por 161 mil dólares. Las cuentas no cuadran.

Otros funcionarios que jugaron roles importantes en la red fueron Pablo Albán, director administrativo, apodado el “Gordo”. De sus ingresos, la Fiscalía detectó USD 110.000 que no ha podido justificar, ni guardan relación con sus ingresos. Un papel similar, aunque menos importante, tuvo Bertha Toaquiza, quien entre 2014 y 2018 fue tesorera de la Prefectura; estuvo a cargo del cobro de diezmos del 10% de los salarios a los empleados, para realizar aportes al Movimiento Indígena de Cotopaxi, MICC y la CONAIE. Ella no pudo justificar cerca de 22 mil dólares en sus cuentas y la compra en octubre del 2019 de un terreno de 24 hectáreas y otra propiedad que puso a nombre de sus padres. Por ambos bienes pagó 43 mil dólares. Otro de los colaboradores de confianza del exprefecto fue Carlos Villacís. Los últimos años tuvo ingresos injustificados por USD 494.000 en sus cuentas, así como César Coronel, que registró USD 160.000 en sus cuentas que no corresponden a sus ingresos salariales.

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Treinta propiedades fueron allanadas durante los
operativos en varias ciudades

El acomodo y los diezmos

En 2017 en la Prefectura de Cotopaxi se elaboró Manual de Funciones, aprobado por su titular. Pero, fue el mismo Guamán quien solicitaba que se pasara por alto ese instructivo, y pedía a sus subalternos que hicieran contrataciones de sus recomendados. Inclusive cambiando los perfiles del Manual, ya que debía cumplir compromisos políticos.

En 2018, por ejemplo, ingresó a la Prefectura Pablo Albán, quien no tenía el perfil para ningún puesto, según del Manual de funciones. Pero el entonces Prefecto dispuso que se acomodara a su medida el perfil de Gestor Social de Obras Públicas. Una vez contratado, Albán empezó a realizar cambios del personal operativo. A inicios del 2019, él se mostraba molesto con la entonces responsable de Talento Humano, E.N., quien no accedía a sus pedidos de cambios de personal sin seguir el manual de Funciones.

“Cuando ingresé a la Prefectura, a partir del 2017, me empezaron a descontar el 5 % de mis remuneraciones por concepto de aportes al movimiento político del Prefecto, que constaba en mi rol de pagos. En 2018, Bertha T., tesorera de la Prefectura, nos hizo firmar una autorización de un descuento del 5 % de nuestra remuneración, entre 2018 y 2019, en el rol de pagos para un aporte un club que nunca se creó”, reveló ella en su versión.

En 2019, constató que la Tesorera tenía grandes cantidades de dinero en efectivo en un armario de su oficina, en la Dirección Administrativa de la Prefectura. “Me llamó a su oficina donde tenía el dinero, y me dijo: Necesito que me dé haciendo un depósito en Ban Ecuador”.

Para no perder su trabajo, pues solo tenía un contrato ocasional, la exfuncionaria admitió que accedió a hacer el depósito de 19.500 dólares, en la cuenta de Lautaro B. Luego, el 31 de octubre, Berta T. le llamó nuevamente a su oficina y le dispuso que realizara otro deposito a la cuenta bancaria de Lautaro B., en BanEcuador, de USD 10.000.

A fines de 2019, ella fue designada administradora del contrato de servicios profesionales de Segundo Llamuca, quien elaboró los términos de referencia para la contratación del cerramiento del predio ubicado en el cantón La Maná de la Prefectura. Vázquez, director de Compras, le pidió que al contratar la obra debía requerir el 10% del monto total del contrato, como comisión.  “Le manifesté que vea otro administrador del contrato, ya que yo me iría de vacaciones, a lo cual Velázquez me respondió de manera amenazante: Sí, te vas de vacaciones, pero de vacaciones indefinidas”.

El 31 de diciembre le notificaron la terminación de su contrato ocasional.

Además del pago de diezmos, los empleados de la Prefectura también habrían sido sobornados para permanecer en sus cargos. Una de las primeras denuncias que evidenció esa práctica se conoció en enero del 2021.

El hecho fue denunciado a la prensa por José Francisco Pilaguano, quien aseguró que por decisión de Guamán fueron notificados con la terminación de sus contratos 19 trabajadores, operadores de maquinaria pesada, bajo el argumento de que no trabajaban y tenían malas relaciones laborales con sus compañeros.

Para que los ayudantes de maquinaria conservaran sus puestos, el Prefecto pedía USD 3.000 dólares y para operadores 5.000. “Trabajé dos años como ayudante de maquinaria. El Prefecto primero nos pidió 3.000 dolares, que saqué del banco de Sigchos, pero no alcancé a entregarle porque llegó la pandemia. Después pidió 5.000 dólares al todo o nada, a través del funcionario Iván Través, que me llamó”, dijo Pilaguano.

Quienes accedieron a pagar las coimas pudieron volver a trabajar. “Si me dejan en mi puesto, no haré nada, caso contrario iniciaremos procesos legales”, advirtió Pilaguano, quien quedó en el desempleo.

Guamán entonces dijo que esas denuncias eran “una tremenda irresponsabilidad; vamos a defender el honor mío y de mi familia, esto no se puede quedar así”, expresó.

Pedimos una entrevista con Guamán, a través de sus asesoras de despacho y comunicación, pero no respondió a nuestras solicitudes, las últimas dos semanas.

El blindaje y los hilos del poder

Guamán, de Pachakutik, ya no puede optar por otra reelección. Por eso busca una dignidad distinta: la alcaldía de la capital provincial de Cotopaxi, que también es un blindaje político para capear los siguientes dos meses la tormenta jurídica que enfrenta.

El 30 de septiembre pasado debía presentarse ante la autoridad competente, como parte de las medidas sustitutivas dispuestas en su contra, pero no compareció. Por eso, la Fiscalía pidió revisar las medidas, argumentando incumplimiento y que se ordene su prisión.

Días más tarde, el exprefecto sacó su as bajo la manga. Hizo público que había obtenido el blindaje temporal por su condición de candidato.

Según consta en el proceso revisado para este reportaje, la defensa de Guamán no supo explicar porqué no comunicó a la autoridad judicial oportunamente sobre la candidatura, lo que puso en duda la buena fe de su actuación y su lealtad procesal.

En realidad, Guamán no es el primero que se beneficia del artículo 108 del Código de la Democracia. El entonces candidato a alcalde de Salcedo, Mario Mata, se acogió a la suspensión de la causa por peculado cuando se tramitaban los alegatos finales en la audiencia de juicio. Y el entonces candidato al Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, obtuvo la suspensión de la causa en su contra, que estaba en etapa preparatoria de juicio, en diciembre de 2018.

El proceso se seguía por el presunto delito de desacato. Rosero es miembro del Consejo de Participación Ciudadana desde 2019 y llegó a esa dignidad en las urnas, con la promesa de luchar contra la corrupción. Este escudo para los candidatos se fundió en el fuego garantista de la Constitución de Montecristi, con la impronta del correísmo.

Con el mismo argumento que se usó para beneficiar a otros dos encausados en el proceso contra Rosero, la presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire, dispuso que la suspensión temporal también se aplicara a los demás implicados en el caso de delincuencia organizada. De este modo se suspendió la orden de prisión preventiva en contra de todos.

Consultamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, sobre la aplicación del artículo 108 del Código de la Democracia. Explicó que la Corte se pronunció sobre una consulta en general, y no sobre un caso en específico. Desmintió de plano que él se hubiera pronunciado respecto a esta causa. Una imagen en redes sociales lo muestra recibiendo un agasajo por parte del alcalde actual de Latacunga, Byron Cárdenas. Si bien no está entre los procesados, el nombre de Cárdenas aparece en varias partes de la investigación fiscal. Según Saquicela, él no conocerá este proceso y, por tanto, no hay un conflicto de interés al recibir la distinción de esa autoridad local.

“La justicia de Cotopaxi está podrida”

Todo indica que el secretario de la prefectura, Raúl Ilaquiche, esposo de la exasambleísta Lourdes Tibán, cercana a Iza y Guamán, no solo estaba al tanto del desarrollo de los procesos judiciales. También mantenía línea directa con el entonces presidente de la Corte de esa provincia, Diego Mogro.

El 22 de septiembre de 2021, Ilaquiche le pidió al prefecto Guamán reunirse con el presidente Mogro. A inicios de octubre, le insistió en que la reunión se realizara en horas de la noche en un mensaje por celular. Hay varias comunicaciones entre ambos.

Al ser consultado para este reportaje, Ilaquiche dijo que no haría ningún comentario ni referencia sobre su participación en este caso, debido a que el juicio estaba suspendido, hasta la proclamación de resultados.

En un mensaje de texto, a manera de advertencia, respondió: “Eso significa que ningún juez, ningún fiscal pueden aperturar las pericias o hacer hacer algo.. ni mover un solo papel, mucho menos comentar, difundir y peor armar juicios paralelos con los medios de comunicación con fines políticos, estigmatizar a las personas ante la sociedad y hasta dictar resoluciones anticipadas violentando todo los derechos constitucionales, cualquier análisis, debate y defensa de derechos, en estricta legalidad, cuando se aperture el proceso”.

También pedimos un pronunciamiento del juez Mogro sobre las denuncias en su contra. Dijo que por el momento no dará entrevistas, pues son hechos que deben ser discutidos y probados en el orden jurisdiccional.

El asambleísta de la Izquierda Democrática, Daltón Bacigalupo, quien ha denunciado por varios años la corrupción del exprefecto Guamán, así como sus nexos y negociados con la alcaldía de Latacunga, asegura que el principal problema de la provincia es que “la función judicial está podrida, al igual que fiscales, auditores de la Contraloría, concejales…”.

Es una argolla sellada por la impunidad -dice- que “ampara la corrupción de Guamán y sus operadores, incluidos el juez Mogro e Ilaquiche. Todo eso está en el proceso, hay muchas evidencias, audios, mensajes hallados en los celulares de los enjuiciados”.

Al ser consultado sobre las denuncias contra el juez Mogro, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela dijo: “De documentarse irregularidades, de mi puño y letra yo mismo presentaré las denuncias correspondientes”, por lo que pidió que, si las hubiere, se le presenten fundamentadamente las evidencias.

Alzó el vuelo con Pachakutik

Guamán despuntó en la política apadrinado por Pachakutik, tras su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, en 2014. Con los años estrechó su relación con el dirigente la Conaie, Leonidas Iza, y con su coidearia Lourdes Tibán. Mientras estuvo al frente de la Prefectura fue soporte financiero para los paros indígenas del 2019 y el 2022, según un documento recabado en su domicilio. De hecho, Cotopaxi fue el bastión y epicentro de las violentas protestas, que paralizaron el país durante varias semanas.

Iza y Guamán tienen varias cosas en común. No solo son cabezas del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC). También son defendidos por el mismo abogado. Se trata de Carlos Poveda, oriundo de Latacunga, quien a su vez ha patrocinado a Julian Assange en Ecuador, como parte del equipo legal dirigido por el español Baltazar Garzón.

Garzón estuvo hace pocas semanas en Ecuador, en un evento para cuestionar la legalidad del caso Sobornos, en el que el expresidente Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión. El encuentro fue difundido por el correísmo. Garzón fue el coordinador de la veeduría internacional, integrada por el gobierno de Correa, que en 2012 destacó la independencia de la reorganización del sistema judicial. Uno de los asesores del español fue Poveda. “Agradezco su preocupación pero no deseo dar entrevistas a su medio”, contestó Poveda ante nuestro requerimiento periodístico.

Exitoso emprendedor y político

El ascenso vertiginoso de Guamán en la política también se reflejó en su despegue económico, aunque una parte importante de los recursos, que habría obtenido por el cobro de coimas, diezmos y otros negociados desde la Prefectura, habría ido a manos de prestanombres, según elementos acopiados durante la investigación fiscal.

A su nombre tiene los siguientes bienes:

• Un lote de terreno, en Cotopaxi, cantón la Maná, en la parroquia Guasaganda, con una extensión de 5 hectáreas, que adquirió en 2015 y estaba a nombre de Olga Riera Cuzco, por 20.000 dólares.
• Una casa donde vivía en Latacunga, de 1.989 m2, avaluada en 222.000 dólares, adquirida el 24 de diciembre del 2020. Para comprarla hizo seis pagos de 20.000 dólares, que suman 120.000; y una transferencia desde la Cooperativa “Kulkihuasi”, por 75.000, al Banco del Pichincha. Guamán adquirió la propiedad a Eduardo Troya y Sonia Ramírez.
• Un terreno de 20 hectáreas, en Tungurahua, adquirido en diciembre del 2020, en 96.000 dólares. El pago en efectivo lo hizo su subalterno en la Prefectura Pablo Velázquez, con una deuda pendiente de 9 mil dólares.
• Es presidente de la empresa AMBASODAS CIA. LTDA, ubicada en Salcedo, Cotopaxi. La firma cuenta con una planta industrial para la producción y envasamiento de bebidas gaseosas. La empresa fue fundada en 2013, meses antes de que Guamán llegara a la Prefectura. Su hija, Sisa, es accionista. Tiene activos por 412 mil dólares y pasivos y patrimonio por la misma suma. Mantiene un flujo de efectivo de 518 mil dólares.
• Posee un vehículo Mitsubishi Montero, full equipo, tipo jeep, modelo 2002.