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 Según lo previsto, a inicios de diciembre se deberían abrir las postulaciones para quienes deseen participar en el concurso para nuevo Fiscal General del Estado, un proceso que lleva más de un año de retraso. La fase previa avanza con la descalificación de cuatro aspirantes a la Comisión de Selección, que tenían vínculos políticos y otras sombras. Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) dice que esta vez nada detendrá el concurso, a menos que una posible Asamblea Constituyente decida darlo de baja.

Redacción Código Vidrio

Todo dependerá de los intereses y cálculos políticos. En reiteradas ocasiones el presidente Daniel Noboa ha dicho que el CPCCS no debería elegir a las autoridades de control, como Fiscal, Contralor, superintendentes, etc., y que esa competencia debería pasar a la Asamblea Nacional. Incluso ha pedido la eliminación de esta entidad conocida como el ‘Quinto Poder’ del Estado. Y eso podría hacerse realidad si este 16 de noviembre el Ecuador le dice Sí a una de las cuatro preguntas de la Consulta Popular para instalar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y, entre otras reformas, cambie la estructura del Estado.

Pero, en teoría, así se instalase una Constituyente, eso no debería afectar los procesos del CPCCS y en especial el concurso para Fiscal, que es como hablar de la joya de la corona. Se espera que haya un nuevo titular de la Fiscalía para mediados del próximo año.

Entonces, ¿cuál es el problema? El meollo está en que se repita la historia. Aunque Noboa ofrece que su eventual Constituyente no se declarará de plenos poderes, nadie tiene certezas de que eso se respete. Esa eventualidad le daría el poder para intervenir en los otros poderes del Estado.

Es un escenario que, incluso, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, tiene presente. En entrevista con este medio, Fantoni dijo que la institución tiene el compromiso y el mandato para seguir con el concurso, ya que no existe ninguna normativa para detenerlo. Pero señala que si “la posible Constituyente decide eso (detener el concurso), cosa que no puedo asegurar porque no soy adivino, eso será potestad de los constituyentes”.

Hay que tener en cuenta que, si gana el Sí, la instalación de la Constituyente demorará unos cuatro meses hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame nuevamente a un proceso electoral para elegir a los miembros que conformarán esa Asamblea. Durante ese tiempo al menos el concurso para Fiscal debería continuar.

Nadie tiene la bola de cristal. Los rumores en el CPCCS apuntan a que “una decisión política” podría dar de baja el concurso mucho antes, quizá la semana siguiente de la Consulta Popular. Y hay quienes creen que al gobierno no le interesa que avance esta designación. “Son rumores que nos dan mucha incertidumbre”, dice Hugo Arteaga, presidente de la Veeduría Ciudadana, que vigila el concurso para Fiscal. “El CPCCS no tiene claro cuál va a ser su futuro y nosotros como veeduría sentimos que no es justo que no se respete un proceso y después de tanto tiempo que empieza a caminar, ahora los políticos quieran terminarlo”.

“El problema es que ya lo hemos visto. En las constituyentes anteriores también dijeron que no se iban a declarar de plenos poderes y lo hicieron”, cuestiona Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), que también hace seguimiento del concurso. Añade que eso solo sumará más incertidumbre a la ya débil institucionalidad del país. Sobre todo a la justicia, puesto que una institución como la Fiscalía, con autoridades prorrogadas o subrogantes tiende a perder la legitimidad.

Lo más sano sería que el concurso termine, agrega, puesto que una posible Constituyente que termine en la aprobación de una nueva Constitución podría tardar más de un año, dejando a la Fiscalía por más tiempo sin una autoridad titular.

Aunque con injerencias políticas, el concurso avanza

El concurso está cerca de cerrar su primera etapa: la conformación de una Comisión de Selección que deberá estar integrada por representantes de las funciones del Estado y de la ciudadanía. Serán estas personas quienes lleven a cabo el concurso. Los aspirantes de la ciudadanía fueron más de 100 y quedaron 38 que entran a la recta final. La semana anterior fueron descalificados cuatro postulantes por haber sido candidatos o pertenecido a partidos políticos, y por tener causas en la Contraloría.

Aunque los requisitos para integrar esta Comisión estaban claros de que los participantes no deben tener filiaciones partidistas, no llama mucho la atención en este país que personas con intereses políticos quieran meterse por la ventana.

Los descalificados fueron:

José Daniel Montesdeoca Palacios: que fue asambleísta alterno de Karina Arteaga, del bloque de Alianza PAÍS en el periodo 2017-2021. En sus descargos para intentar seguir en el proceso dijo no estaba afiliado a ese movimiento político y por tanto eso no representa una afiliación partidista. Y añadió que nunca ocupó una dignidad de elección popular porque siempre fue alterno y nunca se principalizó.

Álex Leopoldo Bósquez Cáceres: Fue candidato a asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) en 2025. En su descargo dijo que nunca se afilió al partido ni fue afiliado a ningún movimiento, y que su único pecado fue haber aceptado la invitación del PSP para ser candidato. “Mi candidatura constituyó una postulación ciudadana de carácter temporal y simbólico, sin implicaciones de militancia y ejercicio del poder político”, intentó justificar Bósquez.

Édgar Joselito Argüello Cáceres: Fue candidato a asambleísta en 2021 por Unidad Popular y también en 2025 por el Partido Socialista Ecuatoriano. No presentó descargos y el CPCCS lo tomó como una aceptación tácita de la inhabilidad.

Héctor Bolívar Freire Villafuerte: No presentó en su carpeta el certificado de apoliticismo del CNE y registra una responsabilidad administrativa y civil culposa en Contraloría General del Estado. Tampoco presentó sus descargos.

Con estas cuatro descalificaciones quedan 38 postulantes que pasan a la etapa de méritos, en la que se asignarán puntajes de acuerdo a su hoja de vida, experiencia laboral, estudios, etc. Los 30 mejor puntuados irán a un sorteo de donde saldrán 10 finalistas: cinco principales que conformarán la Comisión de Selección y sus cinco suplentes. Se estima que esto demore hasta finales de noviembre y, en diciembre ya se pueda hacer la convocatoria para los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal.

La Comisión se completará con otros cinco principales y cinco suplentes que ya fueron designados por las funciones del Estado de la siguiente manera:

Ejecutivo

María Belén Toca Mena y David Eduardo Flores Brandt

Legislativo

Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto y Daniel Caicedo de los Ríos

Judicial

Natalia de Jesús Guarnizo Condolo y Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés

Electoral

Maribel Rocío Baldeón Andrade y Tayron Michel Valarezo Eras

Transparencia y Control Social

Pamela Teresa Garay Mateo y Carlos Andrés Guerrero Arizaga

El puesto más codiciado

Las suspicacias no han faltado en esta etapa previa al concurso. Si bien, salieron a la luz los casos de quienes tienen pasado político y resultaron descalificados, desde la Veeduría Ciudadana, Hugo Arteaga, alerta que han realizado observaciones al expediente 118 de un participante para la conformación de la Comisión de Selección que tendría glosas en Contraloría, pero que al parecer ha pasado los filtros. También reclama que se les ha impedido vigilar ciertas decisiones.

Asimismo, se ha cuestionado la probidad de uno de los delegados del CNE, Tayron Michel Valarezo Eras, quien trabaja como fotógrafo en el despacho de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La consejera Elena Nájera cuestionó esta designación argumentando que dentro del CNE hay perfiles más apropiados para cumplir esa responsabilidad, pero que primó la gente de confianza de la presidenta.

“El problema es que siempre han sido procesos políticos y obviamente nominan a gente de confianza en lugar de personas con formación adecuada para esas funciones. Eso hace que aumenten las probabilidades de politización del concurso”, dice Mauricio Alarcón de FCD.

Otro de los cuestionamientos se dirigió a uno de los integrantes del equipo técnico del CPCSS que está revisando las postulaciones para la Comisión de Selección. Uno de los siete integrantes es Christian Troya, quien trabajó en el pasado con el ahora presidente de la Judicatura, Mario Godoy. También trabajó de cerca con Fausto Jarrín, el exabogado de Rafael Correa y Jorge Glas, y que ahora funge como asesor personal de Daniel Noboa.

A este respecto, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dice que, si bien puede saltar alguna suspicacia, “esto no se puede manejar por percepciones si no con hechos, con las reglas de juego y con la normativa”. Aclara que los siete integrantes del equipo técnico son responsables y no ha habido quejas, que se ha transparentado cada decisión y hay una Veeduría.

Observación internacional

La Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador emitió un informe en septiembre tras una visita al país. “La figura del o la Fiscal General tiene una relevancia estratégica para el Ecuador, especialmente frente a un escenario de creciente crimen organizado y desafíos de seguridad pública, incluyendo el combate a la corrupción”, dijo en su informe.

Por eso, recordó el lamentable retraso del concurso para Fiscal, que debió estar finalizado en abril de este año, cuando se terminaba el período de Diana Salazar. Con su salida en mayo de 2025, el fiscal subrogante Wilson Toainga asumió la titularidad. No obstante, en octubre Toainga pidió un pronunciamiento a la Procuraduría para saber quién se quedaría al mando de la institución en caso de su ausencia temporal o definitiva. La Procuraduría dijo que ese nombramiento le correspondía a la Judicatura y esta entidad nombró al fiscal Leonardo Alarcón, quien en las últimas semanas ya ha reemplazado temporalmente a Toainga.

La misión internacional hizo varias recomendaciones como ampliar la transparencia y mejorar los procesos de convocatoria para que hay perfiles más idóneos tanto de quienes van a la Comisión de Selección tanto para quienes quieran postular para Fiscal General. Además, cuestionó que el concurso pueda estar sujeto a intereses y tiempos políticos, ya que el CPCSS no hizo nada durante 2024 y luego de los resultados electorales de abril de 2025, recién encaminó el proceso. Previamente el CPCCS sufrió destituciones de algunos de sus vocales.

El informe también cuestionó que la exfiscal Diana Salazar fue nombrada como embajadora de Ecuador en Argentina, una vez que dejó el cargo, pero lo que más llamó la atención es que ese nombramiento empezó en enero de 2024, cuando el gobierno argentino otorgó el beneplácito y ella aún estaba en funciones. Ahora Salazar ha manifestado su intención de volver a Ecuador como candidata a asambleísta constituyente por el movimiento ADN, de Daniel Noboa.

• Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia (pobres y marginales en su mayoría) y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública. Esa es una de las principales conclusiones del último informe que acaba de difundir el think tank Crisis Group, titulado: ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.

• Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos.

• El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano con el fin de obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales. 

• Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo.

• Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.

Redacción Código Vidrio

Ecuador sigue siendo un foco de atención mundial por sus índices crecientes de criminalidad, violencia y corrupción sistémica. Tras casi dos años de una autoproclamada guerra contra los grupos criminales, Ecuador todavía enfrenta una oleada histórica de violencia. Es más, según un amplio y detallado informe que difundió este miércoles 12 se noviembre el think tank Crisis Group, “las operaciones conjuntas entre los militares y la policía, el pilar de la campaña oficial de represión, no han tenido más que un éxito fugaz”. Eso, sobre todo, por la falta de acciones conjuntas, integrales, que sumen a otras instituciones en una estrategia con una perspectiva transversal, que incluya al sector judicial, la fiscalía, los gobiernos locales, la sociedad civil, así como un abordaje sostenido de asistencia social a los sectores más golpeados por la criminalidad.

Este informe acaba de salir a la luz, pocas horas después de que la organización Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado (GITOC por sus siglas en inglés) difundiera el Índice Global del Crimen Organizado, en el que Ecuador se ubica en el cuarto lugar de las naciones con mayor criminalidad del mundo, de un total de 193 países analizados. También se ubica como el segundo de Latinoamérica y el tercero de todo el continente.

La caída de la tasa de homicidios en 2024 desde los niveles récord que había alcanzado y una disminución de los motines y masacres en las cárceles parecían ser un buen augurio, pero el repentino aumento de los asesinatos hizo que la primera mitad de 2025 fuese el semestre más violento de la historia de Ecuador. Para fines de este 2025, sin embargo, la tasa será de 50 homicidios por 100 mil habitantes. Es más, este último fin de semana ocurrió una nueva masacre que cobró la vida de 32 presos asesinados en la cárcel de Machala, y decenas de heridos, pese al control militar y policial permanente. 

ECUADOR OCUPA EL CUARTO PUESTO DE CRIMINALIDAD MUNDIAL EN EL ÍNDICE DE GITOC

 

 

En el reporte de Crisis Group se destaca que drogas, en particular la cocaína, continúan llegando en cantidades industriales desde los puertos ecuatorianos a los mercados de EE. UU. y Europa. Las comunidades pobres, especialmente a lo largo de la costa del Pacífico, «languidecen bajo el yugo de una multitud de grupos hiperviolentos que luchan por el control territorial», alerta el reporte ¿Un Paraíso Pérdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado.

En este contexto, se acumulan las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno proclama su proximidad al presidente estadounidense Donald Trump y su fe en las fuerzas de seguridad, lideradas por los militares, que desempeñan un sinnúmero de actividades ajenas a sus funciones.

Sin una presencia estatal más permanente y positiva -multidimensional- en las zonas afectadas por la delincuencia y una postura más firme contra la corrupción en los puertos, las prisiones y las instituciones estatales, Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública, alerta el informe.

Aprovechando los activos comerciales del país, así como sus debilidades institucionales, los grupos narcotraficantes han arrastrado a Ecuador al corazón de la cadena global del suministro de narcóticos. Este país había servido durante mucho tiempo como corredor de tránsito, gracias a su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, dos de los mayores productores mundiales de coca, la materia prima para la producción de cocaína. Sin embargo, una serie de cambios en el narcotráfico latinoamericano, entre ellos la desarticulación de grandes carteles criminales, el aumento del tráfico en contenedores marítimos y las repercusiones del acuerdo de paz colombiano de 2016, favorecieron la transformación del país en una plataforma de exportación.

Ecuador ofreció al crimen organizado más que una simple alternativa a las rutas de tráfico tradicionales; en muchos sentidos, representó una mejor opción. La adopción del dólar como la moneda oficial, una decisión tomada en el año 2000 para detener el colapso financiero, facilitó el lavado de dinero ilícito; sus concurridos puertos marítimos, una extensa red de carreteras y débiles controles fronterizos facilitan el transporte de drogas. La corrupción en las instituciones estatales, agravada por los recortes presupuestarios de 2017 en las prisiones y fuerzas de seguridad, socavaron las fuerzas del orden. Por todas estas razones, los puertos del Pacífico ecuatoriano, especialmente los de Guayaquil, son ahora las puertas de salida más eficientes para cargamentos de cocaína desde la región hacia a Europa y EE. UU. Al mismo tiempo, las tasas de violencia criminal se dispararon.

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⇒ La fragmentación en 2020 de la que había sido la organización ilegal dominante, Los Choneros, desencadenó una brutal guerra territorial, sobre todo con Los Lobos, un grupo que creció rápidamente. Las organizaciones mexicanas han alimentado las luchas internas en Ecuador, con el Cartel de Sinaloa respaldando a Los Choneros y el Cartel de Jalisco Nueva Generación a Los Lobos. Mientras tanto, docenas de bandas más pequeñas, muchas de ellas arraigadas en barrios pobres desprovistos de servicios básicos y oportunidades laborales, compiten por dominar los mercados locales del narcotráfico y las redes de extorsión, mientras intentan demostrar que son aliados dignos de organizaciones más grandes y ricas.

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Las provincias situadas a lo largo de la costa del Pacífico siguen siendo el epicentro de la violencia en Ecuador. Ésta se ha manifestado de muchas formas: asesinatos de jueces, funcionarios penitenciarios y alcaldes, enfrentamientos entre grupos criminales, asesinatos de víctimas de extorsión y atentados con coches bomba. Para muchos, la vida cotidiana se ha vuelto insoportable, con comunidades divididas por fronteras invisibles que delimitan las zonas de operación de bandas rivales, obligando a las familias a abandonar sus hogares en busca de seguridad.Muchas mujeres jóvenes y niñas a menudo son atraídas o forzadas a delinquir, y pueden pagar con su vida por estas asociaciones.

Elegido por primera vez en noviembre de 2023 y reelegido en las elecciones de principios de 2025, el presidente Daniel Noboa ha adoptado una postura contundente frente a la ola de delincuencia. Tras declarar al país en estado de conflicto armado interno en enero de 2024, el gobierno de Noboa ha recurrido en gran medida a operaciones militares (incluido dándole a las fuerzas militares el control del sistema penitenciario), “estados de excepción” (en los que se suprimen temporalmente determinadas protecciones civiles) y una serie de reformas legales destinadas a aumentar las penas para los delincuentes y consolidar las responsabilidades de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Una de sus iniciativas consiste en modificar la Constitución para permitir que Estados extranjeros establezcan bases militares en el país, unos dieciséis años después de que cerrara la última que había en Ecuador. La relación de Noboa con la administración Trump es cordial, y funcionarios estadounidenses se han comprometido a aumentar la cooperación con Quito en sus esfuerzos por frenar el flujo de drogas.

La firme postura de Noboa sin duda ha recibido apoyo público. Pero los resultados de su estrategia han sido irregulares y de poca duración. Las redadas militares y policiales proyectan el poder estatal, dispersan a los grupos criminales y los empujan a la clandestinidad. Pero la forma abrupta en la que se retiran las fuerzas de seguridad permite que las bandas se reagrupen. Peor aún, el arresto o asesinato de jefes criminales pueden provocar la fragmentación de los grupos o tentar a rivales expansionistas a actuar. La ola de masacres en las cárceles ecuatorianas que comenzó en 2021 disminuyó después de que los militares tomaran el poder de las prisiones, pero éstas siguen bajo el control de facto de las redes criminales y la violencia ha regresado.

Las exportaciones de drogas desde los puertos del país pueden haberse desplazado a nuevos puntos de salida, pero no hay evidencia de que las incautaciones hayan reducido el volumen del tráfico. Ecuador ahora se enfrenta a los mismos dilemas que el auge del narcotráfico y las medidas, a menudo contraproducentes, para combatirlo han traído a otros países latinoamericanos durante la última mitad siglo. Ante el creciente control de las fuerzas de seguridad, los grupos criminales se adaptan, se desplazan a nuevos territorios, captan nuevos reclutas, tejen nuevas redes de corrupción y diversifican sus fuentes de ingresos.

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⇒ Perseguir a los grupos criminales es, sin duda, esencial, pero una estrategia de seguridad viable y sostenible también debe abordar las causas del vertiginoso aumento de la violencia en Ecuador. Por un lado, solo se reducirá la oferta de reclutas para los grupos criminales y habrá menos víctimas de extorsión en comunidades de bajos recursos, en gran medida abandonadas por el Estado, si se fortalecen de las redes de protección social y la policía comunitaria, recomienda Crisis Group.

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Ante todo, el gobierno debe desarrollar un conjunto coordinado de políticas destinadas a reducir la colusión entre los grupos ilegales y los funcionarios de puertos, prisiones y las instituciones estatales en general. Si bien es poco probable que la “guerra contra las drogas” se gane próximamente, Ecuador puede hacer mucho más para contener la ola de violencia que ha azotado partes del país. La fuerza militar envía un mensaje claro a los grupos ilegales, pero mientras el país siga siendo un imán para el crimen organizado, es muy posible que éste sea ignorado.

La corrupción atenaza a todo el Estado

El crimen organizado se ha infiltrado en las instituciones del Estado ecuatoriano para obtener protección, impunidad y beneficios económicos. Los grupos criminales recurren a la extorsión y la intimidación para cooptar a funcionarios en todo el sector público, incluidos los sistemas judicial y penitenciario, los puertos, y las fuerzas de seguridad, así como muchos gobiernos locales.

Las redes criminales manipulan los procesos judiciales a través de acuerdos ilegales. Varios fiscales y jueces han sido acusados de destruir evidencia o de organizar la liberación anticipada de delincuentes a cambio de dinero en efectivo y artículos de lujo. Los sobornos varían desde tan solo $1000 dólares hasta más de $100 000 dólares, según el servicio prestado. Siete de los doce jueces de un tribunal de Guayas, incluida su expresidenta, fueron destituidos en 2024 debido a acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

El sistema judicial sufre de una grave escasez de fondos y personal, lo que conlleva que los tribunales y los fiscales no estén preparados para hacer frente a los retos que plantea la delincuencia organizada. Está al borde del colapso, según varios judiciales y especialistas consultados por Código Vidrio.  A menudo, los jueces y fiscales no cuentan con la protección adecuada; al menos quince han sido asesinados desde 2022. Un estudio gubernamental encontró que el país necesita por lo menos 600 fiscales más, ya que los que están en el cargo se ven abrumados por un volumen de trabajo inmanejable. La debilidad del poder judicial, a su vez, permite que el crimen organizado infiltre el sistema, lo que fomenta una alarmante impunidad. Se estima que el 90 por ciento de las investigaciones de delitos violentos (incluidos homicidios, extorsiones y secuestros extorsivos) nunca pasan de la fase preliminar, de la primera etapa procesal. Las víctimas se quejan de que el proceso burocrático es costoso y que los casos usualmente no prosperan. “Es muy fácil que no acepten la denuncia”, dijo un defensor de derechos humanos. “La vinculación entre instituciones de protección y el crimen es directa e inmediata”.

Diversas investigaciones lideradas por la Fiscalía General, conocidas como Metástasis, Plaga y Purga, han expuesto el alcance del control del crimen organizado sobre las instituciones del Estado. Metástasis destapó cómo el narcotraficante Leandro Norero orquestó una red criminal que alcanzaba las más altas esferas del poder judicial, las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales. Como resultado, Norero pudo manipular procedimientos judiciales, garantizar la impunidad de los sospechosos y reunir información confidencial sobre operaciones policiales.  La Fiscalía logró 32 condenas entre julio y noviembre de 2024, en las que se vieron implicados altos funcionarios, incluidos jueces, fiscales y policías. Entre ellos se encontraba Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, la institución encargada de nombrar y sancionar a jueces y funcionarios judiciales.

La corrupción también prospera a nivel local. En el cantón de Durán, redes criminales presuntamente han forjado alianzas con políticos y funcionarios municipales para obtener contratos públicos, regular el acceso a servicios esenciales, como el agua, y extorsionar a los residentes locales. Un exfuncionario local explicó: “[Los grupos] amenazan a los trabajadores de la alcaldía. Les piden el 50 por ciento de su sueldo, o los obligan a renunciar. Hay contratos [públicos] que tienen con los grupos. Es un tormento día y noche hasta que la persona renuncia o se va. No hay donde recurrir”. El acceso de los grupos criminales a las instituciones municipales les permite obtener información anticipada sobre operaciones policiales y controlar áreas estratégicas, como los corredores de transporte.

La corrupción también permea a las fuerzas de seguridad, indica el informe. Los agentes de policía reciben salarios muy bajos, lo que los hace especialmente vulnerables a los sobornos. La desconfianza pública hacia la policía es alta y los agentes son frecuentemente acusados ​​de colaborar con el crimen organizado. Los mecanismos anticorrupción han resultado ineficaces para abordar las conductas indebidas y las investigaciones internas rara vez dan lugar a despidos. Expertos en seguridad local y residentes de Guayaquil dijeron a Crisis Group que sospechan que hay agentes de policía involucrados en las guerras territoriales entre grupos criminales, e incluso algunos llevan a cabo asesinatos bajo la apariencia de operaciones oficiales. Dado que el personal militar está asumiendo un papel más importante en la lucha contra el crimen organizado, existe un temor generalizado de que la corrupción también se esté extendiendo en las fuerzas armadas. “Las Fuerzas Armadas se ha vuelto más corruptas al estar expuesto al narcotráfico”, dijo un funcionario estadounidense a Crisis Group.

Las cárceles, centros de mando y homicidios

Las cárceles en Ecuador se han convertido en focos de delincuencia. El hacinamiento y la corrupción desenfrenada han permitido a los grupos criminales controlar el sistema penitenciario, lo que les da libertad para extorsionar a otros reclusos y coordinar operaciones en el exterior con total impunidad.

Los grupos criminales ejercen el control sobornando y amenazando a guardias y administradores. La corrupción permea la institución a cargo del sistema penitenciario, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores. “No la totalidad de servidores son corruptos”, dijo un guardia penitenciario a Crisis Group, aunque el personal a menudo llega a depender de los pagos ilícitos, en particular porque sus salarios son bajos y las prestaciones escasas, para ellos “esto se convierte en el sustento de su familia”. Quienes no cooperan pueden terminar pagando con la vida. Desde 2024, al menos 27 trabajadores penitenciarios, incluidos tres directores, han sido asesinados110. Un guardia describió ese trabajo como “un ejercicio suicida”, citando la falta de equipo de protección esencial, como chalecos antibalas.

El control criminal de las prisiones conduce a la extorsión no solo de los reclusos, sino también de sus familias. Un historial de mala conducta puede borrarse por $400 dólares, mientras que boleta de excarcelación puede obtenerse por entre $600 y $1000 dólares. Los reclusos son sistemáticamente coaccionados para unirse a grupos criminales; en el proceso, sus familias también suelen verse arrastradas a actividades ilícitas. “La persona entra a la cárcel por otro tema, y tiene que vincularse, están obligados a hacer cosas para el grupo, por ejemplo, que la familia les lleve drogas”, explicó un joven activista de Guayaquil. Como resultado, las cárceles se han convertido en centros de operación de actividades criminales, y las lucrativas redes de extorsión tras las rejas engrosan los ingresos de estos grupos.

 

En parte debido al papel que desempeñan en los negocios ilícitos, las cárceles se han convertido en escenario de brutales disputas territoriales. Tras el asesinato de alias Rasquiña en 2020, grupos fragmentados, como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, se embarcaron en una despiadada campaña por el control de los pabellones de la prisión que antes dirigía Los Choneros. A medida que estos grupos luchaban por eliminar a sus rivales, las decapitaciones y desmembramientos se volvieron algo habitual. “Las primeras masacres carcelarias significaron un debilitamiento de Los Choneros, por disputa de control de espacios carcelarios”, dijo un experto en seguridad. El último capítulo de esta estela interminable de barbarie carcelaria se vivió el último fin de semana en Machala.

La violencia en las cárceles ecuatorianas alcanzó nuevas dimensiones en 2021, exponiendo la incapacidad del Estado para controlar el sistema penitenciario. En febrero de ese año, ataques coordinados por parte de cuatro pandillas en tres cárceles de Guayaquil acabaron con la vida de 75 reclusos. En julio, enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil y Cotopaxi cobraron otras 21 vidas. En septiembre, la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, ubicada en Guayaquil, fue escenario de la mayor masacre carcelaria en la historia de Ecuador, cuando enfrentamientos entre Los Choneros y Los Lobos resultaron en la muerte de 119 personas116. Un alto funcionario penitenciario explicó que durante estas oleadas de asesinatos “la policía no hacía nada, esperaban a que se mataran [entre ellos]”. La recompensa económica por establecer el dominio, añadió el funcionario, puede ser deslumbrante: “Agarrarse un pabellón significa entre $5000 y $8000 dólares” en ganancias ilícitas. Ecuador ha sido testigo de más de quince masacres carcelarias desde 2021, que han causado más de 500 muertos, todas en prisiones masculinas.

Conclusión

Ante el vertiginoso aumento de la violencia en los últimos cinco años, Ecuador es el país latinoamericano que más recientemente ha desplegado sus fuerzas armadas para combatir a la delincuencia relacionada con el narcotráfico. Comprensiblemente, las políticas de mano dura son populares en comunidades acorraladas por la delincuencia y el miedo, pero sus resultados distan mucho de ser exitosos, señala Crisis Group. Las demostraciones de fuerza militar, tanto en zonas afectadas por la violencia como en las prisiones, provocaron inicialmente una disminución de los homicidios. Pero con el tiempo, esa tendencia se estancó e incluso se revirtió. La arremetida no ha logrado debilitar al narcotráfico y parece haber fomentado una serie de abusos a los derechos humanos.

Como se ha visto en México y otros países, los grupos ilegales se adaptan rápidamente a las ofensivas de seguridad, desplazándose a nuevas localidades y adoptando métodos innovadores para proteger sus fuentes de ingresos. Una y otra vez, la dependencia en la fuerza militar y el poderío de las armas es socavada por los mismos problemas: poco compromiso por parte de las instituciones estatales para apoyar a las comunidades pobres y vulnerables; un sistema penitenciario que sigue alimentando la violencia y permite que los grupos criminales se consoliden; y una colusión estatal profundamente arraigada que permite que el crimen y la violencia persistan y, a menudo, empeoren.

Aunque su potente alianza con EE. UU. augura una renovada confianza en el uso de la fuerza militar para combatir la delincuencia, es probable que Ecuador solo pueda dejar atrás su condición de país más violento de Suramérica si recalibra su estrategia. Las soluciones duraderas requerirán la presencia permanente en las comunidades más inseguras de una gama más amplia de instituciones estatales, más allá de las fuerzas de seguridad, así como redes de protección social mucho más sólidas, especialmente para los jóvenes que corren el riesgo de verse arrastrados al crimen organizado y no encuentran alternativas viables para ganarse la vida. También es esencial frenar los motores que han impulsado el crecimiento del crimen organizado. Será imprescindible la implementación de políticas viables destinadas a reducir la explotación de los puertos marítimos comerciales por parte del narcotráfico, liberar las cárceles del control de los grupos criminales y fortalecer la capacidad del Estado para combatir la corrupción. Sin estos esfuerzos, Ecuador corre el grave riesgo de que las organizaciones criminales que intenta derrotar extiendan su influencia aún más sobre todas las instituciones del Estado y en todos los rincones el país.

La última década Ecuador se volvió un actor gravitante en el  panorama delictivo global, vinculado a una densa red de actividades ilícitas. Hoy se ubica entre las cuatro naciones con mayores niveles de criminalidad del mundo. El primero es Myanmar seguido por Colombia, México y Ecuador, según el Índice Global de Crimen Organizado 2025.

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Ecuador ascendió cinco posiciones respecto a 2023 entre los países más afectados por dinámicas criminales. Para este año nuestro país se ubica entre las cuatro naciones con mayores niveles de criminalidad del mundo, según concluye el último Índice Global de Crimen Organizado 2025, que acaba de difundir este 10 de noviembre la organización  The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GITOC). 

Este incremento refleja la diversificación de las economías ilícitas, con un mercado de cocaína más fragmentado, el crecimiento de la minería ilegal, el tráfico de armas, la expansión de la extorsión, así como una fragmentación de los grupos criminales, sin precedentes.

Una de las consecuencias de esa atomización es la disputa sangrienta dentro y fuera de las prisiones de los grupos delictivos. El último acontecimiento de este tipo ocurrió en la cárcel de Machala este domingo 9 de noviembre, que dejó un saldo trágico de, al menos, 32 presos asesinados y más de 40 heridos. La masacre habría sido desatada por una disputa territorial de las bandas Los Lobos y Los Sao Box, según el ministro del Interior, John Reimber. Sucesivamente el gobierno anunció que se estaba concretando el traslado de decenas de presos peligrosos a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, donde los reos estarán sometidos a un régimen severo y restrictivo.

Desde que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto interno armado a 22 grupos criminales, en enero de 2024, los enfrentamientos con muertes en varias cárceles han continuado, evidenciando una debilidad oficial para controlar los presidios, donde hay una presencia permanente de militares y policías.

Precisamente por ese factor, en Ecuador la capacidad de respuesta del Estado (medido en este estudio global como RESILIENCIA) también retrocede cinco puestos en comparación con 2023 en el índice de GITOC.

¿A qué se debe este retroceso? Sobre todo a dos factores:

-Falta de liderazgo político y estrategia multidimensional.

-Escasa transparencia y limitada rendición de cuentas. 

Esto, según indicó Renato Rivera, uno de los expertos ecuatorianos que participó en el informe, obstaculiza una respuesta efectiva frente a la crisis de seguridad, que atenaza al país hace más de cinco años.

Este 2025 la tasa de homicidios en Ecuador llegará a un nivel histórico de muertes violentas: 50 por cada 100 mil habitantes.

La última década Ecuador se volvió un actor gravitante en el  panorama delictivo global, vinculado a una densa red de actividades ilícitas. Así el crimen reorganizado ha sido capaz de reaccionar eficazmente a las contramedidas y a las cambiantes condiciones socioeconómicas y políticas, que lo moldean continuamente en diversos países, según el reporte de GITOC.

La tercera edición del Índice incluye datos sobre criminalidad y resiliencia frente al crimen organizado para los 193 Estados miembros de la ONU. El informe demuestra cómo el crimen organizado y la resiliencia han evolucionado a lo largo de los últimos cuatro años desde la publicación del primer Índice.

 El crimen organizado es fluido: se adapta a los contextos cambiantes, capitaliza las vulnerabilidades emergentes y explota las intersecciones entre la gobernanza incoherente, las presiones económicas y el cambio tecnológico. Si bien ciertos mercados ilícitos, actores y patrones de respuesta muestran una notable persistencia a lo largo del tiempo, lo que realmente define la trayectoria del crimen organizado son los momentos de inflexión, de quiebre: los puntos en los que los patrones arraigados comienzan a cambiar y el ecosistema criminal se reorganiza, destaca el informe.

Históricamente, estos cambios se han desarrollado a menudo de forma gradual, manifestándose a lo largo de extensos periodos, que se remontan en el siglo pasado a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, en los últimos años, estas dinámicas se han vuelto más abruptas y fluidas, desencadenadas por eventos como conflictos, avances tecnológicos, crisis económicas o cambios en las alianzas dentro de un orden multilateral en constante evolución. 

La pandemia de COVID-19 es un ejemplo contundente. En cuestión de meses, los grupos criminales se adaptaron a las restricciones globales y a las interrupciones en la cadena de suministro, recurriendo a nuevos mercados y métodos ilícitos. Estas coyunturas marcan puntos de inflexión, cuando se rediseñan las rutas del tráfico, los grupos criminales se consolidan o se fragmentan, los mercados ilícitos se diversifican en nuevos ámbitos y las medidas de resiliencia se adaptan o se quedan rezagadas. Estos momentos redefinen la escala, el alcance y el impacto del crimen organizado a nivel planetario. Precisamente después de la Pandemia, en Ecuador y toda la región los carteles del narcotráfico aceleraron la diversificación de su portafolio criminal, y entraron de lleno en la explotación y exportación de oro proveniente de fuentes ilegales, provocando daños severos en la Amazonia.

Esta tercera edición del Índice demuestra que el mundo se encuentra en una coyuntura crítica, como nunca antes en su historia. Basándose en cinco años de datos recopilados, los resultados muestran que el crimen organizado ha llegado a un punto de inflexión. Si bien persisten tendencias arraigadas, como la expansión de mercados como el narcotráfico, la explotación humana y los delitos financieros, estas se están volviendo más complejas y se entrelazan con transformaciones macroeconómicas en geopolítica, tecnología, estrés ambiental y conflictos. Estas convergencias no solo refuerzan las dinámicas existentes, sino que también generan nuevas formas de delincuencia más adaptables, interconectadas y difíciles de combatir.

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Los resultados son contundentes. Por ejemplo, las puntuaciones de los delitos financieros y cibernéticos se han disparado desde la edición de 2023. Este aumento se debe a la transformación digital, en particular a la creciente adopción de la inteligencia artificial. Los actores extranjeros y del sector privado están adquiriendo mayor protagonismo, lo que refleja la creciente interconexión transfronteriza y entre las cadenas de suministro lícitas e ilícitas. Los mercados de drogas también están cambiando: las drogas sintéticas y la cocaína están en auge, mientras que el cannabis y la heroína están perdiendo terreno.

 

 

Estos acontecimientos no son aislados: son manifestaciones de cómo las grandes tendencias globales están transformando el panorama delictivo, ampliando su alcance y aumentando su complejidad. Y las respuestas tradicionales a la delincuencia organizada transnacional se están viendo cuestionadas.

El análisis de los resultados del Índice 2025 revela que no solo importan los niveles de criminalidad, sino también los cambios en sí mismos: cómo evolucionan los mercados, cómo se adaptan los actores y cómo cambian las medidas de resiliencia en respuesta. Es probable que estos puntos de inflexión tengan la mayor influencia en la manifestación del crimen organizado en los próximos años. Partiendo de los datos de ediciones anteriores, esta también busca demostrar cómo podrían desarrollarse las tendencias futuras en materia de criminalidad.

En consonancia con esto, el Índice 2025 adopta un enfoque diferente al de sus predecesores. Mientras que las ediciones anteriores ofrecían un análisis exhaustivo de los resultados globales y regionales, este informe se centra en captar los cambios en el panorama delictivo en un momento de inflexión mundial.

En lugar de presentar únicamente los niveles de criminalidad y resiliencia, se centra en las áreas temáticas donde el cambio ha sido más pronunciado, situándolas en el contexto geopolítico, tecnológico y financiero más amplio: la encrucijada en la que se encuentra el mundo actualmente.

Para ilustrar estas transformaciones, el informe destaca cinco áreas en particular:

1. El cambio de predominio en los mercados de drogas.
2. Un aumento de las formas no violentas de delincuencia organizada.
3. El creciente comercio de productos falsificados en un contexto de inestabilidad de la economía mundial lícita.
4. La creciente influencia de actores extranjeros y del sector privado.
5. La creciente presión sobre la cooperación internacional y los sistemas judiciales y penitenciarios.

 

⇒ En conjunto, estos temas demuestran cómo el crimen organizado no solo se está expandiendo, sino que se está reorganizando de forma fundamental. La evidencia apunta a cambios profundos en la dinámica del panorama delictivo. En este sentido, el Índice 2025 pretende no solo medir la criminalidad, sino también captar su evolución para revelar cómo el ecosistema delictivo se transforma, se adapta y se reconfigura en momentos de cambio global.

 

La edición de este año del índice introduce, por primera vez, un componente de pronóstico que proyecta la trayectoria de la criminalidad durante los próximos cuatro años. Para ello, se identificaron 21 países en función de su posición en la matriz de vulnerabilidad y la probabilidad de alcanzar, con el tiempo, el cuadrante de referencia de baja criminalidad y alta resiliencia. Posteriormente, aplicaron el modelo de predicción a estos países para pronosticar sus posibles trayectorias. Si bien los pronósticos suelen indicar un aumento de los niveles de criminalidad, también subrayan el papel de los Estados, destacando no solo los riesgos proyectados, sino también el potencial de reformas a nivel estatal que pueden modificar estas trayectorias.

Mientras tanto, un análisis complementario examina la relación entre la resiliencia y los actores estatales, el tipo de actor criminal más influyente en las tres ediciones del Índice. Los resultados demuestran que, incluso cuando el aumento de la delincuencia parece inevitable, los estados conservan una considerable capacidad para influir en los resultados y orientarlos hacia una mayor resiliencia y una menor delincuencia. Además, como demuestra el análisis posterior, esto podría lograrse mediante reformas específicas en lugar de reformas institucionales a gran escala.

Si bien el informe presenta un análisis del crimen organizado desde una perspectiva global, se complementará con una próxima serie de cinco informes que examinarán con mayor detalle la dinámica continental. Dado que la criminalidad y la resiliencia están condicionadas por factores regionales específicos, este análisis resulta fundamental. Por consiguiente, la serie complementaria está diseñada para captar las variaciones regionales y ofrecer una comprensión más profunda de cómo se manifiestan el crimen organizado y la resiliencia en distintas partes del mundo.

 

La minería ilegal avanza incontenible, como un incendio en pajonal, en la frontera entre Ecuador y Perú. Detrás de esta actividad operan policías, redes familiares y empresas formales que, con el apoyo de mineros provenientes de Ecuador, han tejido una red intrincada dedicada a la explotación indiscriminada de oro. La Fiscalía peruana investiga a 22 personas por el presunto delito de minería ilegal en esta provincia, en la frontera de Cajamarca con Ecuador. Composición: OjoPúblico / Fiorella Gallardo.

Por Aaron Worz.
Con la colaboración de Arturo Torres (Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico-Ecuador) y Jorge Clavijo (Red Investigativa Regional de OjoPúblico en La Libertad)

Eduar Aderli Sánchez Chanta, de 28 años, muestra en sus redes sociales una vida de lujo: autos de alta gama, hoteles elegantes y botellas de ron costosas. Pero detrás de esas imágenes de éxito se oculta una historia que la justicia empieza a mirar con atención.

El 21 de setiembre, su pareja publicó en Facebook una fotografía tomada en la oficina de Sánchez: sobre el escritorio, dos girasoles yacían junto a cuatro billetes de cien dólares y granos de oro. Apenas cuatro días antes, el 17 de setiembre, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio encargó a la comisaría local de la policía –a través de un oficio al que accedió OjoPúblico– que investigara a él y a otras 21 personas por presunta minería ilegal.
Según fuentes policiales y locales consultadas por este medio, Sánchez Chanta forma parte de una familia que, desde la pandemia, ha acumulado una fortuna extrayendo oro de los ríos del distrito de Namballe, en la provincia de San Ignacio en el departamento fronterizo de Cajamarca.

En Namballe —distrito fronterizo con la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe— la minería ilegal ha crecido sin pausa en los últimos cinco años. Cada vez más pobladores se dedican a esta actividad: redes familiares, empresarios ecuatorianos, policías e incluso una empresa con sede en Trujillo.

Una familia con funciones repartidas

En sus redes sociales, Eduar –conocido en San Ignacio como “Flaco”– aparece sonriente junto a su torta de cumpleaños decorada con retroexcavadoras de mazapán, pero también figura en videos de enfrentamientos entre mineros informales. El 13 de noviembre de 2024, durante un operativo policial en el puerto La Balsa, el “Flaco” interrumpió a los agentes que intentaban mediar en un choque entre mineros. “¿Ustedes vienen a proteger? ¿Pero qué hacen allá?”, les increpó mientras señalaba hacia el lado ecuatoriano.

Su hermano mayor, Cristian Gianmarco, también ha ganado notoriedad. El 9 de setiembre celebró su cumpleaños 30 en Namballe con fuegos artificiales que proyectaban su nombre y una presentación ecuestre. Desde ese mes, la FEMA de San Ignacio lo investiga por presunta minería ilegal.

Cristian Gianmarco figura como titular de dos concesiones mineras en Namballe que abarcan más de 1.500 hectáreas y llegan hasta la frontera con Ecuador, a orillas del río Canchis. En agosto, OjoPúblico constató la presencia de excavadoras operando en el cauce.

La tercera figura de la red familiar es Francisco Romero Chanta, tío de ambos, también es investigado por presunta minería ilegal. Hasta el 7 de noviembre de 2023 figuraba como “minero en vías de formalización” en el registro integral de formalización minera (Reinfo), pero su registro fue suspendido.

El negocio del oro nunca había sido tan rentable: el 9 de octubre de 2025, su precio superó por primera vez los USD 4.000 por onza, el nivel más alto de su historia. Desde enero, el valor del metal ha subido más de 50%, según Refinitiv Eikon.

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EL 9 DE OCTUBRE DE 2025, EL PRECIO DEL ORO SUPERÓ POR PRIMERA VEZ LOS 4.000 DÓLARES
POR ONZA, EL NIVEL MÁS ALTO DE SU HISTORIA

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De acuerdo con Luis Fernández, director ejecutivo del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest, cada alza del precio del oro desata una cadena de impactos en la Amazonía: expansión minera, deforestación, contaminación por mercurio y ríos saturados de desechos químicos. Todo esto fortalece redes criminales que prosperan entre la corrupción y la falta de control estatal, en Perú y Ecuador.

 El asesor ecuatoriano

El ecuatoriano José Germán López Sivisaca (48), conocido como “Pepe Mina”, se ha convertido en una de las figuras clave en la expansión de la minería ilegal a ambos lados de la frontera.

Documentos policiales –a los que OjoPúblico tuvo acceso– lo señalan como presunto financista de operaciones en la zona de El Tambo (Amazonas), y su nombre ya había aparecido en 2019 en un informe sobre minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, en Amazonas.

“Se presentó en San Ignacio como un político, convenciendo con argumentos y pasión a la población para involucrarse en la minería ilegal”, contó un residente.

Aunque no figura entre los 22 investigados por la FEMA, fuentes fiscales confirmaron que está investigado por presunta minería ilegal en San Ignacio desde 2023. También tiene un juicio de alimentos y un proceso de quiebra en Ecuador, aún en trámite.

 De acuerdo con un oficio de las rondas campesinas de Namballe, enviado en julio de 2023 al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a la entonces fiscalía ambiental de Chiclayo, “Pepe Mina” también habría trabajado junto a Pepe Jilmer Alberca Amari, otro de los 22 investigados por el presunto delito de minería ilegal.

Alberca Amari figura como gerente de la empresa Namballe Ecológica Mining S.A.C., constituida en 2022 y dada de baja de oficio ante la Sunat registrada el 29 de abril de 2024.

La empresa fue sancionada por ocupar sin autorización parte del cauce del río Chinchipe, en Namballe, con maquinaria pesada para realizar trabajos vinculados a la minería entre 2022 y 2023, según una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la que accedió OjoPúblico.

Durante una visita realizada el 26 de setiembre de 2023, la ANA constató la presencia de una retroexcavadora en el lecho del río y evidencias de intervenciones previas. La Autoridad Nacional del Agua calificó la falta como grave y le impuso una multa de S/10.246,50.

La minería ilegal en San Ignacio, Cajamarca, ha aumentado considerablemente tras la pandemia de Covid-19. En especial en los distritos de Namballe, San Ignacio y San José de Lourdes. Mineros ecuatorianos, según reportes de Inteligencia, son parte de estas actividades delictivas, mediante el contrabando de todo tipo de insumos, en especial de combustible.

Investigaciones contra policías

En la lista de los 22 investigados por la FEMA en San Ignacio por el presunto delito de minería ilegal figuran tres agentes de la policía: Limanor Herrera Maldonado, Yonatan Conde Adrianzén y Milton Aníbal Pereyra Díaz.

Una denuncia publicada en 2024 indica que el efectivo Pereyra Díaz fue investigado ese mismo año por un presunto delito contra la administración pública. La denuncia señala que habría realizado cobros irregulares a mineros informales en la provincia de San Ignacio.

Al igual que con la familia Sánchez Chanta, se manifiesta un vínculo familiar entre los presuntos mineros ilegales. En relación con el efectivo Conde Adrianzén, el nombre de su padre, Hipólito Conde Peña, aparece también en el oficio de la FEMA en San Ignacio.

En fotografías de fiestas compartidas por el investigado “Flaco” Sánchez Chanta, aparece otro efectivo de la Policía Nacional tomando cerveza y tragos: el comisario de Namballe, Braulio Marcial Cabrejos Julca, vestido de civil. Fuentes locales aseguran que ambos mantienen una relación de amistad.

Además, miembros de las rondas campesinas de San Ignacio informaron a este medio que Cabrejos Julca no asiste a las reuniones del Comité Distrital de Seguridad (Codisec), espacio en el que participan la policía, las rondas y la Municipalidad de San Ignacio.

Según fuentes fiscales, el comisario fue denunciado este año ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ignacio por concusión, pero el caso fue archivado.

OjoPúblico intentó comunicarse con Eduar Aderli Sánchez Chanta mediante mensajes y llamadas, pero no obtuvo respuesta.

Cristian Gianmarco Sánchez Chanta, Francisco Romero Chanta, Pepe Jilmer Alberca Amari, Hipólito Conde Peña, Yonatan Conde Adrianzén, Milton Aníbal Pereyra Díaz y Braulio Marcial Cabrejos Julca tampoco respondieron a mensajes enviados a través de sus redes sociales.
Una red de empresas

Según Marlon Cotrina Vílchez, ingeniero ambiental y coordinador de la pastoral ecológica del Vicariato de Jaén, en el norte de Cajamarca también operan empresas formales que gestionan permisos —entre ellos las concesiones mineras y la inscripción en el Reinfo—, lo que les permite mantener una apariencia de legalidad. Mientras a su alrededor, se teje una red de actores informales, señaló a este medio.

En las zonas donde operan no solo trabajan empleados con contrato formal, sino también pequeños mineros informales que extraen de los ríos mineral con contenido de oro. Ese material —obtenido de manera ilegal— “termina en manos de las mismas empresas para su procesamiento”, explicó Cotrina.

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ALREDEDOR DE LAS EMPRESAS MINERAS EN EL NORTE DE CAJAMARCA SE HA TEJIDO UNA RED DE ACTORES INFORMALES, ASOCIADOS CON ECUATORIANOS POR AÑOS.

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Esta misma dinámica, con ciertos matices, se replica en el lado ecuatoriano, donde operan redes co diferentes actores que se mueven cómodamente entre las economías ilegales y legales, que se funden y trabajan de la mano, añois.se retroalimentan y fortalecen, ante la ausencia de controles eficaces del estado, según un oficial de la Policía que dirige operativos contra la minería criminal.

El auge del precio del oro en el mercado internacional ha convertido al norte de Cajamarca, estrechamen te vinculado a provincias del sur de Ecuador, en un territorio fértil para la minería ilegal. Entre los principlae jugadores destacan  familias locales que exhiben fortunas súbitas, empresarios ecuatorianos, que operan al margen de la ley, y empresas formales, cuyos gerentes figuran bajo investigación por presunta extracción irregular de oro..

 

Tener un nuevo Fiscal en Ecuador parece misión imposible. El presidente Daniel Noboa volvió a agitar el avispero con su propuesta de Asamblea Constituyente, que, si es aprobada en el plebiscito del 17 de noviembre podría cambiar las reglas del juego político para la elección de autoridades de control. Mientras tanto, el Consejo de Participación parece no tener apuro en designar un Fiscal, en medio de alertas sobre el rumbo del proceso. En estas circunstancias, la Judicatura nombró a Leonardo Alarcón Argudo como reemplazo del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, en caso de su ausencia temporal o definitiva.

Redacción Código Vidrio

El país seguirá con un Fiscal subrogante o encargado por ocho meses o un año y medio más, hasta que las placas tectónicas de la política se asienten, ya que acaba de entrar otro jugador a la cancha. El pasado 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura llamó a una sesión emergente para nombrar un reemplazo del Fiscal General en caso de que el actual, Wilson Toainga, se ausente temporal o definitivamente. Tras la salida de Diana Salazar, la última Fiscal designada por concurso, Toainga asumió la titularidad. Pero la semana pasada consultó a la Procuraduría quién se quedaría en cargo en caso de que él no esté.

La Procuraduría dijo que eso le corresponde a la Judicatura, que las horas siguientes reunió a sus vocales y, en medio de elogios y unanimidad, acordaron que el fiscal Carlos Leonardo Alarcón, sería la persona más idónea para la labor. La primera tarea de Alarcón es reemplazar a Toainga, entre el 5 y 10 de octubre, cuando se ausentará para un evento internacional en Brasil. Así, él se quedará a cargo de los casos de alto vuelo o con fuero de corte que maneja Fiscalía.

Aunque los vocales de la Judicatura resaltaron que Alarcón es un funcionario de carrera y es agente fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, él es más conocido por llevar las investigaciones judiciales que tienen contra las cuerdas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, a quienes el presidente Daniel Noboa ha “declarado la guerra”.

Esto ha hecho que la decisión de la Judicatura cause suspicacia. “No sabemos si ahora al gobierno le resulta incómodo el fiscal Toainga y luego venga la sorpresa de su ausencia definitiva o renuncia para que Alarcón se quede en el puesto hasta que, por algún método, se pueda designar un nuevo fiscal por concurso. Y para eso puede pasar mucho tiempo”, dice el constitucionalista André Benavides.

Los escenarios para un nuevo Fiscal

El primer escenario y el ideal es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) reviva el concurso para nuevo fiscal. Esto debió hacerlo hace más de un año y designar un Fiscal General para abril de 2025, cuando Diana Salazar cumplió su período. Ahora el concurso recién está en su etapa previa: la selección de la Comisión de Selección que, una vez conformada en un par de semanas o un mes, lanzará recién la convocatoria a las personas que quieran postularse a la Fiscalía. El proceso posterior tomaría entre unos seis y ocho meses. Quizá más, dependiendo de las coyunturas políticas.

El segundo escenario es que Noboa logre el apoyo en las urnas para instalar una Asamblea Constituyente y que luego sea aprobada. Todo el trámite tomaría mas de un año. Como anteriormente Noboa presentó iniciativas para desaparecer el CPCCS y para devolverle las atribuciones de elección de autoridades (Fiscal, Contralor, superintendentes, etc.) a la Asamblea, lo previsible es que la nueva Carta Magna haga esos cambios. Incluso si el CPCCS lograra designar un nuevo Fiscal antes de tener una nueva Constitución, en una transitoria el presidente podría pedir que todas las autoridades elegidas por el CPCSS quedan suspendidas y la Asamblea designe nuevas acorde a la nueva Constitución. Mientras tanto, puede transcurrir hasta un año y medio.

El tercer escenario es que en las urnas los ecuatorianos le digan no a Noboa. Pero, a su vez, que el concurso del CPCCS se siga retrasando y el fiscal encargado o el nuevo reemplazo se queden más tiempo.

Pero cada decisión o jugada política suma incertidumbre y erosiona la democracia y la justicia. “Lo grave es que no tenemos un Fiscal designado por concurso que es lo legítimo, y sigue pasando el tiempo. Hay que preguntarse: ¿A quién le beneficia eso?”, cuestiona Benavides.

“Y a esto hay que sumarle que la bancada de Noboa en la Asamblea planteó un juicio político contra Gonzalo Albán y logró su destitución, el único consejero del CPCCS que le resultaba incómodo. Entonces, para qué seguir juicio político si le va a quitar las atribuciones a esa institución y las va a pasar a la Asamblea. Todo hace pensar que les interesa mantener las cosas como están, incluso las autoridades prorrogadas”, apunta el constitucionalista Aldrin Gómez.

Con la destitución de Albán, es posible que el concurso para la designación de Fiscal se retrase más, porque cada consejero tiene a una persona delegada en ese proceso. Y esa no es la única novedad en el concurso que ni siquiera despega.

Un concurso sin apuros y con ¿intereses políticos?

A inicios de septiembre, el CPCCS informó que había admitido a 32 postulantes para conformar la “Comisión Ciudadana de Selección de Fiscal General”: pero todavía hay que filtrar esos perfiles. La composición final de dicha comisión tendrá diez integrantes: 5 representantes de las funciones del Estado y 5 de la sociedad civil, con sus respectivos alternos. Solo cuando este ente esté listo, se hará la convocatoria para los aspirantes a Fiscal e iniciará oficialmente el concurso.

Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados, dice que si los plazos se cumplen podría haber nuevo titular de la Fiscalía para mayo o junio del siguiente año, incluso si en paralelo avanza una Asamblea Constituyente. No obstante, ya hay novedades.

Ocaña también integra la “Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal”, una organización de la sociedad civil que revisó los perfiles de quienes podrían integrar la Comisión de Selección y detectó que no todos los 32 aspirantes que ya calificó el CPCCS cumplen con los requisitos. Entre las novedades encontraron que no se revisó o calificó de manera adecuada la trayectoria en participación ciudadana y lucha anticorrupción de algunos postulantes.

A criterio de esta veeduría, solo 26 de los aspirantes cumplen con los requisitos, lo que discrepa con el resultado del CPCCS. Y también preocupa que dentro de los postulantes haya perfiles que fueron candidatos de partidos políticos en elecciones recientes o afiliados a movimientos.

Ocaña dice que no es novedad que grupos políticos quieran incidir en los concursos, pero espera que el CPCCS tome en cuenta las observaciones de la Comisión Cívica. De igual manera, advierte que en el contexto de crimen organizado que atraviesa el país, no descartaría intereses criminales, por lo que hay que redoblar la vigilancia del concurso.

De la conformación de Comisión que hará el concurso dependerá gran parte de su éxito para elegir una autoridad idónea. Xavier Andrade, penalista y docente de la USFQ, conformó esa Comisión, en 2018, en el concurso que terminó con la designación de Diana Salazar como Fiscal, ya que obtuvo la nota más alta entre los participantes. A su criterio, hay tres requisitos que hacen que muy pocas personas reúnan el perfil adecuado para esta labor.

Primero, dice Andrade, quienes van a elegir al Fiscal deberían cumplir los mismos requisitos que un Fiscal porque lo van a evaluar, le van a asignar calificaciones y deben tener una preparación académica adecuada. Segundo, son meses que hay que dedicarle a la Comisión y dejar de lado actividades laborales y familiares, que no es fácil. Y tercero: el desprestigio y los ataques a los que puede someter esa exposición: “recibes intimidaciones, insultos porque te dicen que beneficias a uno y perjudicas a otro. Y ahora con las redes sociales creo que será más difícil”, explica.

Con concurso o nueva Constitución, algún momento debe haber un nuevo Fiscal. Los analistas consultados coinciden en que no es sano para la democracia y el sistema judicial que las autoridades se queden prorrogadas demasiado tiempo en el cargo porque empiezan a ser cuestionadas y perder legitimidad, mucho más cuando se trata de la Fiscalía.

Veedores con antecedentes penales

Para el concurso de Fiscal, el CPCCS también convoca a una veeduría conformada por personas que quieran hacer un seguimiento y observaciones, pero sin que ello interfiera con el proceso.

Aunque los requisitos son mínimos porque en realidad no tienen incidencia en el concurso, Código Vidrio y Vistazo detectaron que dentro del grupo de veedores admitidos hay al menos tres personas que han sido investigadas por distintos delitos.

Isacio Adán L. G., por ejemplo, que consta en la lista del CPCCS como veedor admitido, enfrento un proceso judicial por violación y trata, que ocurrió en Guayaquil en 2014, pero luego fue declarado inocente por falta de pruebas.

Priscila Daniel Z. P. también es veedora calificada por el CPCCS al tiempo que es procesada en el caso PIP Master por lavado de activos.

Bryan Marcelo O. V., otro de los veedores que participarán, fue sentenciado en 2017 por muerte culposa al conducir un auto en estado de embriaguez. Su pena fue prescrita en agosto de 2024, según la plataforma del sistema judicial.

Entre las atribuciones de la veeduría está: “realizar el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, previo, durante o posterior a su ejecución, con el fin de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones, exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la administración de lo público”.

Los casos que heredó e inició Toainga

El fiscal Wilson Toainga debe seguir en funciones subrogadas hasta que se nombre el titular. Estos son algunos de sus casos más sensibles:

Metástasis, Purga, Plaga: Fue la exfiscal Diana Salazar, quien logró la sentencia en primera instancia en el caso Metástasis y Purga que develó los tentáculos de la política y la justicia con el crimen organizado. Toainga participó en esos procesos en algunas audiencias reemplazando a Salazar. Luego, cuando asumió la titularidad, lo gro sentencia en el caso Plaga. Le toca defender las apelaciones de esas sentencias.

Sinohydro: Toainga ha acusado al expresidente Lenín Moreno y otras 23 personas por coimas en la construcción de hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. El caso, que se investiga desde hace seis años, está en etapa de llamamiento a juicio.

Vidrio Libre: Es el caso que investiga la liberación ilegal del Jorge Glas, en la que está procesado el exvicepresidente, pero sí Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.

Caso Las Torres: El caso involucra al excontralor Pablo Celi quien ya fue sentenciado anteriormente por una trama de delincuencia organizada. Recientemente, Toainga logró la sentencia contra el tío de Celi, Pedro Saona.

Caso Apagón: Sería la primera investigación que se ha hecho pública contra el gobierno de Daniel Noboa por las contrataciones de emergencia para el sector eléctrico con las empresas Progen y AMT. La Contraloría determinó que hubo más de 100 millones de dólares en perjuicio para el Estado. La indagación recién está en etapas previas y no se sabe todavía si algún ministro será procesado.  

Llegaron a Quito los primeros medicamentos e insumos médicos de la compra masiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Redacción Código Vidrio

Las primeras unidades en la capital en recibir estos productos fueron el Hospital General Quito Sur y el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal. Forman parte de una adquisición nacional que hasta hoy ha adjudicado más de 9 millones de dólares.

Los insumos y medicamentos (incluidos tratamientos de inmunoterapia, para diabetes y enfermedades raras o catastróficas)son una primera parte de las entregas que se realizarán en todo el país, dijo el presidente del Consejo Directivo del IESS, Edgar Lama.

El Hospital Quito Sur también recibió 50 resucitadores neonatales. Estos equipos permiten brindar ventilación y oxígeno controlados a recién nacidos y prematuros que presentan dificultades respiratorias.

En el Centro de Especialidades y Diálisis La Mariscal se entregó una dotación similar de medicamentos e insumos médicos, para la atención continua de pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos renales.

Juan Carlos Molina, director médico de La Mariscal, explicó que los medicamentos son de última generación y se utilizan para tratar insuficiencia cardiaca, enfermedad renal y diabetes evitando la progresión de estas enfermedades y reduciendo la necesidad de hospitalización.

“Hubo problemas en el pasado, pero no se volverán a repetir. Ya compramos para este hospital y para todo el país. Esta es solo la primera entrega de muchas”, aseguró Lama, quien destacó que con esta provisión se asegura el abastecimiento hasta marzo de 2026.

Esta modalidad de compra permite ganar tiempo, optimizar recursos y mejorar la distribución, dfestacó el presidente del Consejo Directivo. “Ya no será necesario que cada unidad haga sus propios contratos. Ahora tendremos un sistema que identifica las necesidades y garantiza una respuesta inmediata”.

Estados Unidos planea repatriar a dos presuntos narcotraficantes a Colombia y Ecuador, después de que las fuerzas militares atacaran su embarcación en el Caribe el jueves, según acaba de publicar el diario estadounidense Washington Post este sábado 18 de octubre, citando a personas familiarizadas con este caso.

Redacción Código Vidrio

Dos sobrevivientes del ataque de fuerzas estadounidenses a un semisumergible que transportaba drogas y navegaba en el Caribe, el jueves pasado, serán repatriados a Ecuador y Colombia, según publicó este sábado el Washington Post.

El gobierno de Donald Trump ha tratado de justificar los asesinatos en varios bombardeos a barcos en el Caribe alegando que Estados Unidos está en «conflicto armado» con los cárteles latinoamericanos de la droga, vinculados al esfuerzo del presidente venezolano Nicolás Maduro para enviar drogas y criminales a los Estados Unidos.

Se esperaba que los dos presuntos traficantes de drogas fueran repatriados este fin de semana, indicaron las fuentes al Post, bajo condición de anonimato para discutir operaciones sensibles y en curso. No se conoce si los dos sospechosos tienen algún vínculo con organizaciones criminales venezolanas. En el ataque no hubo heridos graves, según dijeron dos de las personas cercanas al caso al diario estadounidense.

Tampoco estaba claro -agrega el Post- por qué los sobrevivientes estaban siendo devueltos a sus países de origen si este ataque militar fue en respuesta a un conflicto armado declarado.

La Embajada de Colombia en Washington se negó a comentar la decisión, mientras la Embajada de Ecuador en Washington, el Departamento de Estado y el Pentágono tampoco respondieron a una solicitud de comentarios.

Tras la llegada de Trump al poder, las relaciones entre EE.UU. y Ecuador se han profundizado, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Altos funcionarios estadounidenses han visitado Ecuador, incluido el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien firmó acuerdos de cooperación en su última visita a Quito.

La Cancillería aún no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno estadounidense de repatriar al ecuatoriano.

En conflictos armados anteriores, cuando las tropas estadounidenses entraron en contacto con combatientes enemigos y hubo sobrevivientes, ellos fueron hechos prisioneros. En las interdicciones de drogas que ocurrieron antes de que el presidente Trump comenzara a ordenar ataques armados contra barcos, los traficantes de drogas fueron detenidos por las fuerzas del orden de EE.UU. y acusados.

Esta es la primera vez que hay sobrevivientes. En los ataques de las fuerzas estadounidenses han sido asesinadas al menos a 27 personas, desde septiembre pasado cuando empezaron las operaciones, según la administración de Trump. No obstante, los funcionarios no han proporcionado pruebas de drogas a bordo de los buques ni las identidades de las víctimas.

En el ataque del jueves pasado, los sospechosos fueron atacados mientras se encontraban en un semisumergible, una nave que navega en el mar parcialmente sumergida, no como un submarino, totalmente bajo el agua.

Los ataques de barcos han coincidido con un despliegue importante de tropas estadounidenses en el Caribe. Hay buques de guerra, personal de Operaciones Especiales y aviones de combate, en el contexto de una posición cada vez más hostil de la administración de Trump contra Maduro, acusado de enviar drogas y delincuentes violentos a EE.UU.

ENTREVISTA. Roberto Romero von Buchwald llegó al cargo tras sortear una tormenta política, que empezó en 2022 cuando por primera vez fue nombrado Superintendente de Bancos en el gobierno de Guillermo Lasso. No obstante, las maniobras de cuatro integrantes del Consejo de Participación -militantes del correísmo- bloquearon su posesión hasta el 27 de enero de 2024, cuando finalmente fue posesionado por la Asamblea. Tres días antes denunció penalmente en la Fiscalía a los consejeros Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, y desató un nuevo vendaval que causó la debacle de ese grupo de la Liga Azul en el Consejo, y su enjuiciamiento por asociación ilícita. Hoy Romero sigue navegando en medio de tempestades y de peligrosos actores invisibles, especialmente vinculados al crimen organizado que por años ha inyectado su dinero en el sistema financiero, en el contexto de la acelerada expansión del narcotráfico en Ecuador. El Superintendente, en estas circunstancias, asegura que su principal objetivo es liderar la lucha contra el blanqueo de activos y la protección del sector financiero. Por lo pronto, desde la Superintendencia ya han desmantelado 50 organizaciones que ofrecían créditos fraudulentos y estafaron a cientos de personas y han identificado 800 millones de dólares en billetes de 50 y 100, depositados en agencias bancarias de varias provincias, que no fueron importados por el Banco Central y provendrían de actividades ilícitas.  

Por Arturo Torres

¿Qué está haciendo la Superintendencia de Bancos para fortalecer los controles de lavado de activos, en medio de un riesgo creciente de contaminación con recursos del narcotráfico y otros delitos conexos en las instituciones financieras que están bajo su control?
-El lavado de dinero del narcotráfico y de los negocios ilícitos, en general, más allá de que es un problema que estamos sufriendo en Ecuador, es un problema mundial. Naciones Unidas ha hecho un análisis y ha determinado que entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PÎB) a nivel mundial proviene de lavado de activos. Nuestro PIB es de 120 mil millones de dólares, en este caso el blanqueo estaría entre 3 y 5 mil millones.

¿Frente a esas cifras, que siguen siendo muy conservadoras, porque el mismo presidente Daniel Noboa dijo que en el país se lavan 30 mil millones por año, qué está haciendo la SIB para mejorar los controles?
-La banca ecuatoriana es también una víctima de esta clase de actividades ilícitas, pero está tomando previsiones. Este problema se ha agravado por el desarrollo tecnológico, que no solo ha traído cosas muy buenas, sino que ha dado armas a los delincuentes. Desde cuando asumí el cargo, en enero pasado, mi objetivo ha sido liderar la lucha contra el blanqueo de activos y la protección del sector financiero. Hasta este momento hemos detectado a más de 50 organizaciones que se hacen pasar por entidades financieras legales, por bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Buscan engañar a la población y captan recursos, otorgan créditos sin autorización.

Son vehículos para un sinnúmero de operaciones criminales y delitos con fachada de empresas legales que brindan aparentes facilidades a los interesados.
-Exactamente. Y eso es lo que hemos podido confirmar en nuestras auditorías in situ. En los casos en que yo he intervenido, he tenido el apoyo del fiscal general y otros agentes especializados en lavado. He participado personalmente en la formulación de cargos y en los operativos para clausurar establecimientos con la Policía, que no se habían hecho antes pero ya encontramos el mecanismo para hacerlo y seguiremos adelante.

¿Cómo pudieron acceder a información sólida para descubrir estos ilícitos?
-Hemos montado una plataforma de interconexión de datos, con el apoyo no reembolsable de multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y agencias de gobiernos amigos. Desarrollamos mecanismos de búsquedas con bots (robots) para detectar organizaciones ilegales que quieren timar a las personas, con pirámides de inversión y préstamos usureros. Su utilidad para procesar información es enorme y sumamente ágil. También nos ha servido para identificar billetes de alta denominación, que no ingresan al país por canales formales, como el Banco Central que solo importa moneda de hasta 20 dólares desde Estados Unidos.

¿Han podido identificar cuánto dinero de alta denominación circula en el país?
-Sí. Eso se ha logrado gracias a esta plataforma de interconexión, inicialmente denominada CLEAR, que permite rastrear movimientos financieros con patrones inusuales. Así, hemos confirmado que entre enero del 2024 y marzo del 2025 se depositaron en instituciones del sistema financiero 800 millones, en billetes de 50 y 100 dólares. Hoy sabemos dónde están esos fondos y cómo se han movido en diferentes agencias bancarias y provincias. Este es el primer avance, como un resultado de laboratorio, experimental, de aplicación de esta herramienta. Esta información se ha analizado desde hace años como dato de inteligencia financiera, pero con esta plataforma tenemos la información precisa, en caliente.

¿Dónde está ese dinero, en qué provincias están las instituciones financieras que lo tienen?
-Lo interesante es que ese dinero efectivo se encuentra en provincias con mayor presencia de delincuencia organizada y una gran incidencia de economías ilegales.

-¿Entonces con esta información tan concreta la Fiscalía y Policía podrían hacer un seguimiento más específico de los sujetos que mueven esos flujos presuntamente ilegales que provendrían de minería ilegal y narcotráfico, en provincias como Azuay, Zamora Chinchipe, El Oro, Guayas, Morona Santiago y Manabí?
-Así es, lo hemos identificando para que las autoridades intervengan. Lo importante es que ya contamos con un mecanismo para establecer la trazabilidad de monedas de alta denominación, que posteriormente también tendremos en línea, en tiempo real. Vamos a poder conocer instantáneamente cuándo entra un billete de alta denominación, porque tenemos mapeadas agencias de entidades financieras de todo el país.

«El momento en que cualquier persona deposite un billete de 100 dólares en cualquier agencia bancaria, inmediatamente recibiremos la alerta y el dato de quién lo depositó, dónde y cuándo. Podremos tener identificadas como en bodegas digitales las series de los billetes y los lugares donde se encuentran».

Otro tema relevante es el manejo económico de las personas políticamente expuestas (PEP). ¿Esta plataforma de interconexión también es útil para rastrear las transacciones de funcionarios públicos de nivel jerárquico como ministros, diplomáticos, jefes y altos oficiales de la fuerza pública, legisladores..?
-Efectivamente, puede cruzar la información financiera y patrimonial de cualquier funcionario desde diversas fuentes. En muchos casos los funcionarios no declaran su estatus de PEP en las entidades financieras, no es su obligación hacerlo. Lo que haremos es tomar toda la información de los bancos y cruzarla con bases de datos del Registro Civil y otras entidades, para saber si es una PEP. Esos datos, una vez consolidados, se devolverán a bancos, identificando quienes son PEP, para que configuren en sus sistemas de alertas tempranas sus perfiles financieros, con sus ingresos, depósitos, créditos y otras transacciones, para que los reporten, de ser el caso, como operaciones sospechosas a la UAFE.

 ¿Qué otros mecanismos han implementado para mejorar los controles del lavado de dinero en el sector bancario?
-Los bancos han incorporado en sus sistemas informáticos alertas para identificar comportamientos inusuales de sus clientes. Cuando ingresan recursos a la institución pueden perfilar comportamientos anómalos, por región, tipo de actividad económica y diferentes cantidades de dinero. Todo esto es controlado por el oficial de cumplimiento. Así, saltan las alertas de anomalías. Entonces el oficial de cumplimiento genera un “due diligence” (debida diligencia) para determinar el origen lícito o injustificado de esos recursos. Llama al dueño de los fondos y le pide los soportes del origen, para asegurarse que la institución no reciba dinero de origen ilícito. Si el oficial determina una operación sospechosa envía reportes dirigidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). En 2024 se generaron miles de reportes.

En 2024, los bancos enviaron 7.675 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAFE, según informes de esa entidad.
-Así es, son miles de reportes. Y la UAFE, a su vez tiene que reportarle a la  Fiscalía para que investigue y abra un proceso judicial, si existen suficientes evidencias de un presunto lavado.

¿Entonces la UAFE es una especie de intermediario: la alerta se da desde los bancos, llega a esa entidad, que, si lo estima pertinente, puede o no enviar esa información a la Fiscalía, dependiendo de su análisis?
Sí. Independientemente de esa dinámica, que no está en nuestras manos, nosotros hemos reforzado de manera directa la capacitación a los oficiales de cumplimiento para que sean una primera protección, una barrera inicial, y trabajen con un adecuado sistema de alertas tempranas, ágiles en tiempo y forma, para que estén bien capacitados estos servidores, junto con sus equipos de trabajo.

«Cuando hay casos muy grandes, el Comité de Cumplimiento, conformado por directivos de las instituciones financieras, se encarga de reportar oportunamente toda esta información a la UAFE. Es más, hemos hecho controles con los auditores internos de los bancos para que lleven a cabo auditorías
de los sistemas que apoyan al trabajo de los oficiales de cumplimiento, para
que determinemos que esas alertas tempranas de perfilamientos de
clientes, cuando reciben los dineros estén bien configuradas».

Pero hay un problema de fondo, que es la poca capacidad que tienen la UAFE y la Fiscalía para procesar oportunamente toda esa información que reportan las instituciones bancarias. Pese a que en 2024 la UAFE recibió 7.675 ROS de los bancos, ese año solo envió 174 informes de operaciones sospechosas a la Fiscalía. Es decir que la UAFE desestimó unos 7.500 reportes porque no halló suficientes elementos de anomalías. En este contexto, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted ha detectado a nivel institucional para el control de lavado?
-Creo que hay que mejorar los procesos operativos de la UAFE, que son como una caja negra, muy hermética, con datos muchas veces desconocidos, que se guardan celosamente, igual que en la Fiscalía, que solo cuenta con cinco agentes para investigar estos casos, que son reservados. En general, hay una debilidad institucional frente a lo que está ocurriendo con el crecimiento del narcotráfico y otras actividades criminales, que vuelven al sistema financiero más vulnerable, pero precisamente por eso estamos tomando medidas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

¿Qué hacen los bancos si tienen dudas razonables y alertas fundadas de que entre esas operaciones reportadas y desestimadas por la UAFE hay un alto riesgo de ser utilizados como un vehículo para el lavado de dinero?
-En muchas ocasiones las mismas instituciones financieras se niegan a atender a determinados clientes, o sea por esos factores altos de sospecha se niegan a tener cualquier relación, no les abren cuentas. A veces eso ha provocado algunas incomodidades de personas a quienes los bancos les han negado abrir cuentas o realizar operaciones financieras. Han venido a quejarse en algunas ocasiones a la Superintendencia de Bancos y nosotros hemos tenido que preguntarle si es que existe algún inconveniente en la institución financiera para tratar de solventarlo. Pero a nivel de los bancos sus directivos pueden tomar primeras medidas preventivas respecto al ingreso de capitales que ven como un riesgo.

¿Qué necesita la Superintendencia para potenciar su tarea de control, frente al aumento sustancial de las operaciones del crimen organizado y su necesidad de blanquear sus capitales y borrar la huella de su ilicitud en el sistema financiero formal?
-Es bastante probable que se tengan que incorporar sistemas más modernos, tecnología con inteligencia artificial. No se necesita necesariamente mucho más personal, sino realmente entender cómo ocurren las cosas para crear el sistema adecuado. Por eso necesitamos también la asignación del presupuesto respectivo, suficiente, de acuerdo a todas nuestras necesidades, y espero que el Ministerio de Economía nos siga apoyando, porque se encarga de manejar los fondos que asignan los bancos para la Superintendencia.

Los bancos y otras instituciones financian los costos operativos de vigilancia y control de la Superintendencia, mediante el pago de tasas y contribuciones específicas, que no llegan directamente esta entidad sino a las arcas fiscales del gobierno, que en 2024 le asignó a la institución 17 millones de dólares. ¿Son esos recursos suficientes para todas las necesidades de la Superintendencia?    
–Es insuficiente en las actuales circunstancias. El presupuesto de este año fue elaborado por mi antecesor, en 2024. Yo no me encontraba en funciones todavía. Estamos por elaborar la proforma para el 2026 con un presupuesto de 30 millones. Estoy seguro que tendremos el apoyo del presidente Daniel Noboa para contar con un presupuesto adecuado. Efectivamente las instituciones financieras realizan anualmente una contribución para el funcionamiento de la Superintendencia, sin el cual no podríamos operar.

¿De cuánto hablamos en este caso, cuánto dinero recaudan los bancos para financiar a la Superintendencia?
-Son unos 90 millones de dólares. Entiendo que todo ese dinero no llega todavía a las cuentas fiscales por razones contables del Ministerio de Economía, pero yo estimaría que con el 50% de ese monto podríamos cubrir nuestras necesidades y dar un salto hacia la modernización para mejorar nuestros sistemas tecnológicos y de control en la lucha contra el lavado de activos, que también es una prioridad del Presidente de la República. La recomendación de los organismos internacionales es que el gobierno apoye a la Superintendencia de Bancos, en cuanto a autonomía administrativa y financiera. Es fundamental generar un ambiente de confianza, de un sistema financiero saludable, para que Ecuador sea más atractivo para que vengan bancos internacionales y lleguen más recursos del exterior, que puedan empujar todo este desarrollo económico para el Ecuador.

El presidente Daniel Noboa rompió el orden constitucional vigente y socavó el estado de derecho al convocar unilateralmente a una asamblea constituyente, sin el informe previo y control de la Corte Constitucional, como manda la actual carta magna, coinciden abogados constitucionalistas y académicos, incluidos dos exmagistrados de ese tribunal así como el Foro por la Democracia.

Redacción Código Vidrio

Este 19 de septiembre el presidente Daniel Noboa causó un nuevo remezón político, a las puertas de un paro nacional progresivo convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y movimientos sindicales, sociales y estudiantiles por la eliminación del subsidio al diésel. Noboa expidió un decreto ejecutivo en el que convoca a una consulta popular para integrar una Asamblea Constituyente, pero sin acatar los artículos 104, 443 y 438 de la Constitución vigente, que establecen la obligatoriedad de contar previamente con un dictamen de la Corte Constitucional.

Para justificar la convocatoria y su envío directo al Consejo Nacional Electoral (CNE), Noboa citó en su decreto el artículo 444 de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008.  «La Asamblea Constituyente solo puede ser convocada mediante consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral”, indica el artículo.

«Estos candados aseguran que la refundación institucional se hará de manera ordenada, participativa y transparente, sin riesgos de autoritarismos», añade Noboa en el decreto.

No obstante, la misma Constitución dispone en su artículo 104 que «en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Por esa disposición expresa, la decisión ha sido condenada por constitucionalistas, abogados, académicos, exjueces y organizaciones ciudadanas, que coinciden en que la convocatoria de Noboa representa una clara violación a la separación de poderes y podría considerarse un intento de quebrantar el orden constitucional establecido, ya que la Corte es el filtro inevitable para este tipo de procesos.

En la mañana de este viernes, antes de conocerse el Decreto, la Corte se había pronunciado sobre este tema en sus cuentas en redes sociales. Una Asamblea Constituyente se puede dar «siempre con respeto a la democracia y bajo el control de la Corte Constitucional», destacó el tribunal, que aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la vía que escogió Noboa y se mantenía en una prolongada reunión analizando el decreto y sus implicaciones.

La polémica decisión de Noboa llegó pocas horas después de convocar a un referendo sobre la implementación de bases militares extranjeras en Ecuador, que fue calificada por la Corte Constitucional.

“Rompimiento al orden democrático”

La exmagistrada de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, fue una de las primeras en reaccionar. “Convocar a una Asamblea Constituyente saltándose las normas constitucionales que el pueblo aprobó, constituye un rompimiento del orden democrático, aunque se lo haga invocando a la soberanía popular”, señaló Salazar, quien estuvo en el tribunal hasta marzo pasado.

Para Fernando Rojas, abogado y académico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede convocar a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo del tribunal constitucional. “De hecho -apunto Rojas- no puede convocar a ninguna consulta popular sin ese dictamen. Mientras no exista, el CNE tiene la obligación de impedir la convocatoria”.

Por eso prevé que lo más probable es que los próximos días se demande la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a constituyente, y que la Corte Constitucional lo declarará inconstitucional.

La decisión de Noboa también fue observada por el colectivo ciudadano Foro por la Democracia, alertó que desde hace varios meses una serie de acontecimientos que erosionan el orden constitucional y democrático en el país han tenido lugar sistemáticamente. “Hoy, con mucha preocupación, hemos presenciado un rompimiento grave del orden democrático en el país, mediante el envío directo al Consejo Electoral de una convocatoria a Asamblea Constituyente por parte del Ejecutivo, violando lo dispuesto en los artículos 104, 438, 443 y 444 de la Constitución, y 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.

Dichas normas exigen que todo mecanismo de consulta que tenga por objeto hacer cambios totales o parciales a la Constitución -indica el Foro- debe pasar por un control constitucional previo ante la Corte Constitucional, como máximo órgano de supervisión del régimen constitucional en el país.

“Desprecio al estado de Derecho”

Según el colectivo, el desacato por parte del Ejecutivo a lo dispuesto en esa norma, y a lo establecido por la Corte Constitucional en varios fallos evidencian “un grave desprecio por los fundamentos mismos del Estado de Derecho, que deben respetarse y resguardarse, independiente de cualquier afinidad política o interés partidario. La democracia, que existe y se mantiene gracias a la vigencia de reglas y principios que todos los actores del juego democrático deben seguir, hoy se ve debilitada por la instrumentalización fraudulenta de la institución de la Asamblea Constituyente, para satisfacer fines partidistas y políticos inmediatos”.

“La convocatoria a una constituyente requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional para que no manipulen ni engañen”, destacó el también exjuez constitucional Ramiro Ávila, al sugerir a los vocales del CNE que remitan el pedido al tribunal constitucional, en concordancia con la constitución. “Daniel Noboa y su equipo jurídico han demostrado que no entienden y no quieren respetar la Constitución”.

“Como lo temíamos, el presidente pretende consumar el golpe de Estado con una consulta popular inconstitucional. Salvo que de facto el gobierno se tome la Corte con las armas, esa convocatoria a constituyente se caerá”, advirtió el jurista Pablo Encalada en sus redes sociales.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente de forma directa, sin control previo de la Corte Constitucional, es una afrenta al sistema político y democrático del Estado ecuatoriano. Hay que seguir procedimientos y se necesita un aval constitucional para avanzar en la Constituyente”, dijo por su lado el constitucionalista Andre Benavides.

ANÁLISIS: ¿Cuáles son las consecuencias políticas y legales?

Crisis institucional y ruptura del orden constitucional. La convocatoria representa una clara violación a la separación de poderes y podría considerarse un intento de quebrantar el orden constitucional establecido, ya que la Corte Constitucional es el filtro inevitable para este tipo de procesos.

En este contexto es evidente que se profundiza la confrontación directa con la Corte Constitucional. Esta acción profundiza el enfrentamiento que Noboa ya venía manteniendo con el tribunal, al que ha acusado de «activismo político» tras rechazar varias de sus propuestas legislativas y de consulta popular.

Una Asamblea Constituyente convocada sin seguir los procedimientos constitucionales establecidos enfrentaría serios cuestionamientos sobre su legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional.

La tensión entre estos poderes del Estado podría generar un clima de inestabilidad política en el  país que ya ha enfrentado múltiples crisis institucionales en las últimas décadas, agravado por la paralización que desde este próximo lunes llevará a cabo el movimiento indígena y otros movimientos sociales, que protestan contra la eliminación del subsidio al diésel, que Noboa aplica desde esta semana.

Esta última convocatoria de Noboa parece ser la culminación de una estrategia que comenzó cuando la Corte Constitucional:

-Admitió demandas contra tres leyes aprobadas por la bancada de Noboa (ADN) en la Asamblea.

-Rechazó cuatro propuestas de Noboa para referéndum y consulta popular en este mes.

-No dio vía libre a la propuesta de reducir el número de asambleístas

Para el presidente Noboa y su gabinete, «la legalidad y la institucionalidad no deberían interponerse en el camino de las propuestas, constitucionales o no, que quieren someter a votación popular».

Posibles escenarios

Movilizaciones y presión social: Noboa ya ha demostrado su capacidad para convocar marchas contra la Corte Constitucional, como la realizada el 12 de agosto de 2025.

Costos económicos y sociales: Una Asamblea Constituyente representa un proceso costoso y prolongado (unos 100 millones de dólares).

Incertidumbre jurídica: La implementación de una nueva Constitución sin seguir los canales institucionales establecidos podría generar un vacío legal o una dualidad normativa con graves consecuencias para la seguridad jurídica del país.

Celso Miguel Moreira, considerado por la Policía como un blanco de alto valor, por su supuesto rol como uno de los cabecillas de Los Choneros, fue detenido este lunes 8 de septiembre en San Clemente, Manabí. Hoy está previsto que se celebre la audiencia de flagrancia.

Redacción Código Vidrio

 En su historial delictivo Celso Moreira, de 42 años, alias Patucho Celso, tiene procesos penales por tenencia y posesión ilícitas (2014), asociación ilícita (2018) y tráfico ilícito de armas de fuego (2024). Precisamente, por esta última causa, Moreira enfrenta un juicio penal que empezó en junio del año pasado, tras un operativo de la Policía y FF.AA. por denuncias de una narcofiesta, ocurrida en la vivienda de Moreira, en la vía a la Costa, en las afueras de Guayaquil.  En esa celebración festejaba su cumpleaños 42, al que acudieron cientos de invitados, buena parte de ellos estaba armado y según agentes de la Policía, eran integrantes de grupos criminales.

Esta mañana, durante la operación, además de Moreira, también fueron detenidos Miguel Ángel Hidalgo, Wellington Vicente Macías, Fremis Zambrano y Jaime Naveda.

Cuando fue capturado, Moreira Heredia tenía en su poder un bolso color negro y en su interior se encontraba un arma de fuego 9 mm. y varias municiones. El operativo se realizó en el sector de San Clemente, diagonal a la iglesia de esa localidad, se observó estacionado un vehículo de alta gama marca Chevrolet verde oscuro, de placas GSW5600, estacionado en una tienda de licores, con seis ciudadanos. El grupo compraba bebidas alcohólicas y fue detenido con 1 arma de fuego TAURUS G3c, de 9mm, 41 cartuchos 9 mm, 1 carro aprehendido tipo camioneta marca Chevrolet, color verde oscuro, de placas GSW5600.

La detención se concretó mientras la Policía con dos unidades especiales, realizaba una investigación en el sector de San Clemente, diagonal a la iglesia de dicha localidad. Los uniformados observaron que estab estacionado un vehículo de alta gama marca Chevrolet, color verde oscuro, de placas GSW5600, estacionado en una tienda, con seis ciudadanos, comprando bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a solicitar sus identidades y registro del vehículo

Narcofarra

En la narcofiesta hubo juegos artificiales, pantallas gigantes y despliegue de luces en el escenario. Artistas reconocidos interpretaron vallenatos, música tropical, ritmos urbanos y salsa. Celso Moreira lanzaba la casa por la ventana. Celebraba su cumpleaños número 41 con cerca de 300 invitados, en una finca ubicada en el kilómetro 36,5, a siete minutos del peaje vía a la Costa, en Guayaquil.

Era la madrugada del diez de mayo. El festejo era por partida doble. La madre  de Moreira también había cumplido años por esos días. En verdad, Celso había cumplido años el tres de mayo.

Moreira sería un alto cuadro de “Los Choneros”, pero su sagacidad le permitió pasar desapercibido, hasta su captura, explican agentes investigadores. A diferencia de “Fito” no tenía afán de protagonismo. Pero le venció una debilidad: el deseo por festejar a lo grade su cumpleaños.

Luego de varias semanas de estar detenido en la cárcel La Roca, Moreira fue liberado por orden de un juez, pese a las pruebas en su contra.

Autoridades del gobierno temen que Moreira nuevamente recupere su libertad, y el juez le dicte medidas sustitutivas.

Moreira se habría vinculado al narcotráfico desde muy joven. Cuando en 2009 fue detenido por primera vez, en el malecón de Manta, intentaba enviar 22 bloques de pasta base de coca, en una embarcación pesquera hacia Estados Unidos, refieren fuentes de inteligencia.