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ENTREVISTA. Roberto Romero von Buchwald llegó al cargo tras sortear una tormenta política, que empezó en 2022 cuando por primera vez fue nombrado Superintendente de Bancos en el gobierno de Guillermo Lasso. No obstante, las maniobras de cuatro integrantes del Consejo de Participación -militantes del correísmo- bloquearon su posesión hasta el 27 de enero de 2024, cuando finalmente fue posesionado por la Asamblea. Tres días antes denunció penalmente en la Fiscalía a los consejeros Nicole Bonifaz, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco, y desató un nuevo vendaval que causó la debacle de ese grupo de la Liga Azul en el Consejo, y su enjuiciamiento por asociación ilícita. Hoy Romero sigue navegando en medio de tempestades y de peligrosos actores invisibles, especialmente vinculados al crimen organizado que por años ha inyectado su dinero en el sistema financiero, en el contexto de la acelerada expansión del narcotráfico en Ecuador. El Superintendente, en estas circunstancias, asegura que su principal objetivo es liderar la lucha contra el blanqueo de activos y la protección del sector financiero. Por lo pronto, desde la Superintendencia ya han desmantelado 50 organizaciones que ofrecían créditos fraudulentos y estafaron a cientos de personas y han identificado 800 millones de dólares en billetes de 50 y 100, depositados en agencias bancarias de varias provincias, que no fueron importados por el Banco Central y provendrían de actividades ilícitas.  

Por Arturo Torres

¿Qué está haciendo la Superintendencia de Bancos para fortalecer los controles de lavado de activos, en medio de un riesgo creciente de contaminación con recursos del narcotráfico y otros delitos conexos en las instituciones financieras que están bajo su control?
-El lavado de dinero del narcotráfico y de los negocios ilícitos, en general, más allá de que es un problema que estamos sufriendo en Ecuador, es un problema mundial. Naciones Unidas ha hecho un análisis y ha determinado que entre el 2% y el 5% del Producto Interno Bruto (PÎB) a nivel mundial proviene de lavado de activos. Nuestro PIB es de 120 mil millones de dólares, en este caso el blanqueo estaría entre 3 y 5 mil millones.

¿Frente a esas cifras, que siguen siendo muy conservadoras, porque el mismo presidente Daniel Noboa dijo que en el país se lavan 30 mil millones por año, qué está haciendo la SIB para mejorar los controles?
-La banca ecuatoriana es también una víctima de esta clase de actividades ilícitas, pero está tomando previsiones. Este problema se ha agravado por el desarrollo tecnológico, que no solo ha traído cosas muy buenas, sino que ha dado armas a los delincuentes. Desde cuando asumí el cargo, en enero pasado, mi objetivo ha sido liderar la lucha contra el blanqueo de activos y la protección del sector financiero. Hasta este momento hemos detectado a más de 50 organizaciones que se hacen pasar por entidades financieras legales, por bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Buscan engañar a la población y captan recursos, otorgan créditos sin autorización.

Son vehículos para un sinnúmero de operaciones criminales y delitos con fachada de empresas legales que brindan aparentes facilidades a los interesados.
-Exactamente. Y eso es lo que hemos podido confirmar en nuestras auditorías in situ. En los casos en que yo he intervenido, he tenido el apoyo del fiscal general y otros agentes especializados en lavado. He participado personalmente en la formulación de cargos y en los operativos para clausurar establecimientos con la Policía, que no se habían hecho antes pero ya encontramos el mecanismo para hacerlo y seguiremos adelante.

¿Cómo pudieron acceder a información sólida para descubrir estos ilícitos?
-Hemos montado una plataforma de interconexión de datos, con el apoyo no reembolsable de multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y agencias de gobiernos amigos. Desarrollamos mecanismos de búsquedas con bots (robots) para detectar organizaciones ilegales que quieren timar a las personas, con pirámides de inversión y préstamos usureros. Su utilidad para procesar información es enorme y sumamente ágil. También nos ha servido para identificar billetes de alta denominación, que no ingresan al país por canales formales, como el Banco Central que solo importa moneda de hasta 20 dólares desde Estados Unidos.

¿Han podido identificar cuánto dinero de alta denominación circula en el país?
-Sí. Eso se ha logrado gracias a esta plataforma de interconexión, inicialmente denominada CLEAR, que permite rastrear movimientos financieros con patrones inusuales. Así, hemos confirmado que entre enero del 2024 y marzo del 2025 se depositaron en instituciones del sistema financiero 800 millones, en billetes de 50 y 100 dólares. Hoy sabemos dónde están esos fondos y cómo se han movido en diferentes agencias bancarias y provincias. Este es el primer avance, como un resultado de laboratorio, experimental, de aplicación de esta herramienta. Esta información se ha analizado desde hace años como dato de inteligencia financiera, pero con esta plataforma tenemos la información precisa, en caliente.

¿Dónde está ese dinero, en qué provincias están las instituciones financieras que lo tienen?
-Lo interesante es que ese dinero efectivo se encuentra en provincias con mayor presencia de delincuencia organizada y una gran incidencia de economías ilegales.

-¿Entonces con esta información tan concreta la Fiscalía y Policía podrían hacer un seguimiento más específico de los sujetos que mueven esos flujos presuntamente ilegales que provendrían de minería ilegal y narcotráfico, en provincias como Azuay, Zamora Chinchipe, El Oro, Guayas, Morona Santiago y Manabí?
-Así es, lo hemos identificando para que las autoridades intervengan. Lo importante es que ya contamos con un mecanismo para establecer la trazabilidad de monedas de alta denominación, que posteriormente también tendremos en línea, en tiempo real. Vamos a poder conocer instantáneamente cuándo entra un billete de alta denominación, porque tenemos mapeadas agencias de entidades financieras de todo el país.

«El momento en que cualquier persona deposite un billete de 100 dólares en cualquier agencia bancaria, inmediatamente recibiremos la alerta y el dato de quién lo depositó, dónde y cuándo. Podremos tener identificadas como en bodegas digitales las series de los billetes y los lugares donde se encuentran».

Otro tema relevante es el manejo económico de las personas políticamente expuestas (PEP). ¿Esta plataforma de interconexión también es útil para rastrear las transacciones de funcionarios públicos de nivel jerárquico como ministros, diplomáticos, jefes y altos oficiales de la fuerza pública, legisladores..?
-Efectivamente, puede cruzar la información financiera y patrimonial de cualquier funcionario desde diversas fuentes. En muchos casos los funcionarios no declaran su estatus de PEP en las entidades financieras, no es su obligación hacerlo. Lo que haremos es tomar toda la información de los bancos y cruzarla con bases de datos del Registro Civil y otras entidades, para saber si es una PEP. Esos datos, una vez consolidados, se devolverán a bancos, identificando quienes son PEP, para que configuren en sus sistemas de alertas tempranas sus perfiles financieros, con sus ingresos, depósitos, créditos y otras transacciones, para que los reporten, de ser el caso, como operaciones sospechosas a la UAFE.

 ¿Qué otros mecanismos han implementado para mejorar los controles del lavado de dinero en el sector bancario?
-Los bancos han incorporado en sus sistemas informáticos alertas para identificar comportamientos inusuales de sus clientes. Cuando ingresan recursos a la institución pueden perfilar comportamientos anómalos, por región, tipo de actividad económica y diferentes cantidades de dinero. Todo esto es controlado por el oficial de cumplimiento. Así, saltan las alertas de anomalías. Entonces el oficial de cumplimiento genera un “due diligence” (debida diligencia) para determinar el origen lícito o injustificado de esos recursos. Llama al dueño de los fondos y le pide los soportes del origen, para asegurarse que la institución no reciba dinero de origen ilícito. Si el oficial determina una operación sospechosa envía reportes dirigidos a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). En 2024 se generaron miles de reportes.

En 2024, los bancos enviaron 7.675 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAFE, según informes de esa entidad.
-Así es, son miles de reportes. Y la UAFE, a su vez tiene que reportarle a la  Fiscalía para que investigue y abra un proceso judicial, si existen suficientes evidencias de un presunto lavado.

¿Entonces la UAFE es una especie de intermediario: la alerta se da desde los bancos, llega a esa entidad, que, si lo estima pertinente, puede o no enviar esa información a la Fiscalía, dependiendo de su análisis?
Sí. Independientemente de esa dinámica, que no está en nuestras manos, nosotros hemos reforzado de manera directa la capacitación a los oficiales de cumplimiento para que sean una primera protección, una barrera inicial, y trabajen con un adecuado sistema de alertas tempranas, ágiles en tiempo y forma, para que estén bien capacitados estos servidores, junto con sus equipos de trabajo.

«Cuando hay casos muy grandes, el Comité de Cumplimiento, conformado por directivos de las instituciones financieras, se encarga de reportar oportunamente toda esta información a la UAFE. Es más, hemos hecho controles con los auditores internos de los bancos para que lleven a cabo auditorías
de los sistemas que apoyan al trabajo de los oficiales de cumplimiento, para
que determinemos que esas alertas tempranas de perfilamientos de
clientes, cuando reciben los dineros estén bien configuradas».

Pero hay un problema de fondo, que es la poca capacidad que tienen la UAFE y la Fiscalía para procesar oportunamente toda esa información que reportan las instituciones bancarias. Pese a que en 2024 la UAFE recibió 7.675 ROS de los bancos, ese año solo envió 174 informes de operaciones sospechosas a la Fiscalía. Es decir que la UAFE desestimó unos 7.500 reportes porque no halló suficientes elementos de anomalías. En este contexto, ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted ha detectado a nivel institucional para el control de lavado?
-Creo que hay que mejorar los procesos operativos de la UAFE, que son como una caja negra, muy hermética, con datos muchas veces desconocidos, que se guardan celosamente, igual que en la Fiscalía, que solo cuenta con cinco agentes para investigar estos casos, que son reservados. En general, hay una debilidad institucional frente a lo que está ocurriendo con el crecimiento del narcotráfico y otras actividades criminales, que vuelven al sistema financiero más vulnerable, pero precisamente por eso estamos tomando medidas y fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

¿Qué hacen los bancos si tienen dudas razonables y alertas fundadas de que entre esas operaciones reportadas y desestimadas por la UAFE hay un alto riesgo de ser utilizados como un vehículo para el lavado de dinero?
-En muchas ocasiones las mismas instituciones financieras se niegan a atender a determinados clientes, o sea por esos factores altos de sospecha se niegan a tener cualquier relación, no les abren cuentas. A veces eso ha provocado algunas incomodidades de personas a quienes los bancos les han negado abrir cuentas o realizar operaciones financieras. Han venido a quejarse en algunas ocasiones a la Superintendencia de Bancos y nosotros hemos tenido que preguntarle si es que existe algún inconveniente en la institución financiera para tratar de solventarlo. Pero a nivel de los bancos sus directivos pueden tomar primeras medidas preventivas respecto al ingreso de capitales que ven como un riesgo.

¿Qué necesita la Superintendencia para potenciar su tarea de control, frente al aumento sustancial de las operaciones del crimen organizado y su necesidad de blanquear sus capitales y borrar la huella de su ilicitud en el sistema financiero formal?
-Es bastante probable que se tengan que incorporar sistemas más modernos, tecnología con inteligencia artificial. No se necesita necesariamente mucho más personal, sino realmente entender cómo ocurren las cosas para crear el sistema adecuado. Por eso necesitamos también la asignación del presupuesto respectivo, suficiente, de acuerdo a todas nuestras necesidades, y espero que el Ministerio de Economía nos siga apoyando, porque se encarga de manejar los fondos que asignan los bancos para la Superintendencia.

Los bancos y otras instituciones financian los costos operativos de vigilancia y control de la Superintendencia, mediante el pago de tasas y contribuciones específicas, que no llegan directamente esta entidad sino a las arcas fiscales del gobierno, que en 2024 le asignó a la institución 17 millones de dólares. ¿Son esos recursos suficientes para todas las necesidades de la Superintendencia?    
–Es insuficiente en las actuales circunstancias. El presupuesto de este año fue elaborado por mi antecesor, en 2024. Yo no me encontraba en funciones todavía. Estamos por elaborar la proforma para el 2026 con un presupuesto de 30 millones. Estoy seguro que tendremos el apoyo del presidente Daniel Noboa para contar con un presupuesto adecuado. Efectivamente las instituciones financieras realizan anualmente una contribución para el funcionamiento de la Superintendencia, sin el cual no podríamos operar.

¿De cuánto hablamos en este caso, cuánto dinero recaudan los bancos para financiar a la Superintendencia?
-Son unos 90 millones de dólares. Entiendo que todo ese dinero no llega todavía a las cuentas fiscales por razones contables del Ministerio de Economía, pero yo estimaría que con el 50% de ese monto podríamos cubrir nuestras necesidades y dar un salto hacia la modernización para mejorar nuestros sistemas tecnológicos y de control en la lucha contra el lavado de activos, que también es una prioridad del Presidente de la República. La recomendación de los organismos internacionales es que el gobierno apoye a la Superintendencia de Bancos, en cuanto a autonomía administrativa y financiera. Es fundamental generar un ambiente de confianza, de un sistema financiero saludable, para que Ecuador sea más atractivo para que vengan bancos internacionales y lleguen más recursos del exterior, que puedan empujar todo este desarrollo económico para el Ecuador.

El presidente Daniel Noboa rompió el orden constitucional vigente y socavó el estado de derecho al convocar unilateralmente a una asamblea constituyente, sin el informe previo y control de la Corte Constitucional, como manda la actual carta magna, coinciden abogados constitucionalistas y académicos, incluidos dos exmagistrados de ese tribunal así como el Foro por la Democracia.

Redacción Código Vidrio

Este 19 de septiembre el presidente Daniel Noboa causó un nuevo remezón político, a las puertas de un paro nacional progresivo convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y movimientos sindicales, sociales y estudiantiles por la eliminación del subsidio al diésel. Noboa expidió un decreto ejecutivo en el que convoca a una consulta popular para integrar una Asamblea Constituyente, pero sin acatar los artículos 104, 443 y 438 de la Constitución vigente, que establecen la obligatoriedad de contar previamente con un dictamen de la Corte Constitucional.

Para justificar la convocatoria y su envío directo al Consejo Nacional Electoral (CNE), Noboa citó en su decreto el artículo 444 de la Constitución de Montecristi, aprobada en 2008.  «La Asamblea Constituyente solo puede ser convocada mediante consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la presidenta o presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral”, indica el artículo.

«Estos candados aseguran que la refundación institucional se hará de manera ordenada, participativa y transparente, sin riesgos de autoritarismos», añade Noboa en el decreto.

No obstante, la misma Constitución dispone en su artículo 104 que «en todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Por esa disposición expresa, la decisión ha sido condenada por constitucionalistas, abogados, académicos, exjueces y organizaciones ciudadanas, que coinciden en que la convocatoria de Noboa representa una clara violación a la separación de poderes y podría considerarse un intento de quebrantar el orden constitucional establecido, ya que la Corte es el filtro inevitable para este tipo de procesos.

En la mañana de este viernes, antes de conocerse el Decreto, la Corte se había pronunciado sobre este tema en sus cuentas en redes sociales. Una Asamblea Constituyente se puede dar «siempre con respeto a la democracia y bajo el control de la Corte Constitucional», destacó el tribunal, que aún no ha emitido un pronunciamiento sobre la vía que escogió Noboa y se mantenía en una prolongada reunión analizando el decreto y sus implicaciones.

La polémica decisión de Noboa llegó pocas horas después de convocar a un referendo sobre la implementación de bases militares extranjeras en Ecuador, que fue calificada por la Corte Constitucional.

“Rompimiento al orden democrático”

La exmagistrada de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, fue una de las primeras en reaccionar. “Convocar a una Asamblea Constituyente saltándose las normas constitucionales que el pueblo aprobó, constituye un rompimiento del orden democrático, aunque se lo haga invocando a la soberanía popular”, señaló Salazar, quien estuvo en el tribunal hasta marzo pasado.

Para Fernando Rojas, abogado y académico, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede convocar a una Asamblea Constituyente sin el dictamen previo del tribunal constitucional. “De hecho -apunto Rojas- no puede convocar a ninguna consulta popular sin ese dictamen. Mientras no exista, el CNE tiene la obligación de impedir la convocatoria”.

Por eso prevé que lo más probable es que los próximos días se demande la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a constituyente, y que la Corte Constitucional lo declarará inconstitucional.

La decisión de Noboa también fue observada por el colectivo ciudadano Foro por la Democracia, alertó que desde hace varios meses una serie de acontecimientos que erosionan el orden constitucional y democrático en el país han tenido lugar sistemáticamente. “Hoy, con mucha preocupación, hemos presenciado un rompimiento grave del orden democrático en el país, mediante el envío directo al Consejo Electoral de una convocatoria a Asamblea Constituyente por parte del Ejecutivo, violando lo dispuesto en los artículos 104, 438, 443 y 444 de la Constitución, y 102 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”.

Dichas normas exigen que todo mecanismo de consulta que tenga por objeto hacer cambios totales o parciales a la Constitución -indica el Foro- debe pasar por un control constitucional previo ante la Corte Constitucional, como máximo órgano de supervisión del régimen constitucional en el país.

“Desprecio al estado de Derecho”

Según el colectivo, el desacato por parte del Ejecutivo a lo dispuesto en esa norma, y a lo establecido por la Corte Constitucional en varios fallos evidencian “un grave desprecio por los fundamentos mismos del Estado de Derecho, que deben respetarse y resguardarse, independiente de cualquier afinidad política o interés partidario. La democracia, que existe y se mantiene gracias a la vigencia de reglas y principios que todos los actores del juego democrático deben seguir, hoy se ve debilitada por la instrumentalización fraudulenta de la institución de la Asamblea Constituyente, para satisfacer fines partidistas y políticos inmediatos”.

“La convocatoria a una constituyente requiere el dictamen previo de la Corte Constitucional para que no manipulen ni engañen”, destacó el también exjuez constitucional Ramiro Ávila, al sugerir a los vocales del CNE que remitan el pedido al tribunal constitucional, en concordancia con la constitución. “Daniel Noboa y su equipo jurídico han demostrado que no entienden y no quieren respetar la Constitución”.

“Como lo temíamos, el presidente pretende consumar el golpe de Estado con una consulta popular inconstitucional. Salvo que de facto el gobierno se tome la Corte con las armas, esa convocatoria a constituyente se caerá”, advirtió el jurista Pablo Encalada en sus redes sociales.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente de forma directa, sin control previo de la Corte Constitucional, es una afrenta al sistema político y democrático del Estado ecuatoriano. Hay que seguir procedimientos y se necesita un aval constitucional para avanzar en la Constituyente”, dijo por su lado el constitucionalista Andre Benavides.

ANÁLISIS: ¿Cuáles son las consecuencias políticas y legales?

Crisis institucional y ruptura del orden constitucional. La convocatoria representa una clara violación a la separación de poderes y podría considerarse un intento de quebrantar el orden constitucional establecido, ya que la Corte Constitucional es el filtro inevitable para este tipo de procesos.

En este contexto es evidente que se profundiza la confrontación directa con la Corte Constitucional. Esta acción profundiza el enfrentamiento que Noboa ya venía manteniendo con el tribunal, al que ha acusado de «activismo político» tras rechazar varias de sus propuestas legislativas y de consulta popular.

Una Asamblea Constituyente convocada sin seguir los procedimientos constitucionales establecidos enfrentaría serios cuestionamientos sobre su legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional.

La tensión entre estos poderes del Estado podría generar un clima de inestabilidad política en el  país que ya ha enfrentado múltiples crisis institucionales en las últimas décadas, agravado por la paralización que desde este próximo lunes llevará a cabo el movimiento indígena y otros movimientos sociales, que protestan contra la eliminación del subsidio al diésel, que Noboa aplica desde esta semana.

Esta última convocatoria de Noboa parece ser la culminación de una estrategia que comenzó cuando la Corte Constitucional:

-Admitió demandas contra tres leyes aprobadas por la bancada de Noboa (ADN) en la Asamblea.

-Rechazó cuatro propuestas de Noboa para referéndum y consulta popular en este mes.

-No dio vía libre a la propuesta de reducir el número de asambleístas

Para el presidente Noboa y su gabinete, «la legalidad y la institucionalidad no deberían interponerse en el camino de las propuestas, constitucionales o no, que quieren someter a votación popular».

Posibles escenarios

Movilizaciones y presión social: Noboa ya ha demostrado su capacidad para convocar marchas contra la Corte Constitucional, como la realizada el 12 de agosto de 2025.

Costos económicos y sociales: Una Asamblea Constituyente representa un proceso costoso y prolongado (unos 100 millones de dólares).

Incertidumbre jurídica: La implementación de una nueva Constitución sin seguir los canales institucionales establecidos podría generar un vacío legal o una dualidad normativa con graves consecuencias para la seguridad jurídica del país.

Celso Miguel Moreira, considerado por la Policía como un blanco de alto valor, por su supuesto rol como uno de los cabecillas de Los Choneros, fue detenido este lunes 8 de septiembre en San Clemente, Manabí. Hoy está previsto que se celebre la audiencia de flagrancia.

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 En su historial delictivo Celso Moreira, de 42 años, alias Patucho Celso, tiene procesos penales por tenencia y posesión ilícitas (2014), asociación ilícita (2018) y tráfico ilícito de armas de fuego (2024). Precisamente, por esta última causa, Moreira enfrenta un juicio penal que empezó en junio del año pasado, tras un operativo de la Policía y FF.AA. por denuncias de una narcofiesta, ocurrida en la vivienda de Moreira, en la vía a la Costa, en las afueras de Guayaquil.  En esa celebración festejaba su cumpleaños 42, al que acudieron cientos de invitados, buena parte de ellos estaba armado y según agentes de la Policía, eran integrantes de grupos criminales.

Esta mañana, durante la operación, además de Moreira, también fueron detenidos Miguel Ángel Hidalgo, Wellington Vicente Macías, Fremis Zambrano y Jaime Naveda.

Cuando fue capturado, Moreira Heredia tenía en su poder un bolso color negro y en su interior se encontraba un arma de fuego 9 mm. y varias municiones. El operativo se realizó en el sector de San Clemente, diagonal a la iglesia de esa localidad, se observó estacionado un vehículo de alta gama marca Chevrolet verde oscuro, de placas GSW5600, estacionado en una tienda de licores, con seis ciudadanos. El grupo compraba bebidas alcohólicas y fue detenido con 1 arma de fuego TAURUS G3c, de 9mm, 41 cartuchos 9 mm, 1 carro aprehendido tipo camioneta marca Chevrolet, color verde oscuro, de placas GSW5600.

La detención se concretó mientras la Policía con dos unidades especiales, realizaba una investigación en el sector de San Clemente, diagonal a la iglesia de dicha localidad. Los uniformados observaron que estab estacionado un vehículo de alta gama marca Chevrolet, color verde oscuro, de placas GSW5600, estacionado en una tienda, con seis ciudadanos, comprando bebidas alcohólicas, por lo que se procedió a solicitar sus identidades y registro del vehículo

Narcofarra

En la narcofiesta hubo juegos artificiales, pantallas gigantes y despliegue de luces en el escenario. Artistas reconocidos interpretaron vallenatos, música tropical, ritmos urbanos y salsa. Celso Moreira lanzaba la casa por la ventana. Celebraba su cumpleaños número 41 con cerca de 300 invitados, en una finca ubicada en el kilómetro 36,5, a siete minutos del peaje vía a la Costa, en Guayaquil.

Era la madrugada del diez de mayo. El festejo era por partida doble. La madre  de Moreira también había cumplido años por esos días. En verdad, Celso había cumplido años el tres de mayo.

Moreira sería un alto cuadro de “Los Choneros”, pero su sagacidad le permitió pasar desapercibido, hasta su captura, explican agentes investigadores. A diferencia de “Fito” no tenía afán de protagonismo. Pero le venció una debilidad: el deseo por festejar a lo grade su cumpleaños.

Luego de varias semanas de estar detenido en la cárcel La Roca, Moreira fue liberado por orden de un juez, pese a las pruebas en su contra.

Autoridades del gobierno temen que Moreira nuevamente recupere su libertad, y el juez le dicte medidas sustitutivas.

Moreira se habría vinculado al narcotráfico desde muy joven. Cuando en 2009 fue detenido por primera vez, en el malecón de Manta, intentaba enviar 22 bloques de pasta base de coca, en una embarcación pesquera hacia Estados Unidos, refieren fuentes de inteligencia.

EN PERSPECTIVA. La visita que esta semana realizará el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Ecuador no solo se enfocará en apuntalar la cooperación para enfrentar al narcotráfico, la migración irregular y avanzar en acuerdos bilaterales. También es prioritario para la potencia reducir la influencia de China, país con el cual Ecuador tiene un acuerdo comercial y tejió relaciones económicas a todo nivel, que han generado compromisos y una abultada deuda de $4 mil millones. EE.UU. cree que China tiene un comportamiento «maligno» en Latinoamérica, su patio trasero. 

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La visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará a México y Ecuador, entre el 2 y 4 de septiembre, se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump de priorizar América Latina en su política exterior. Esto se ha evidenciado desde el inicio del segundo mandato de Trump, cuando Rubio realizó su primera gira internacional a países latinoamericanos. Es la primera vez, en más de un siglo, que un Secretario de Estado estadounidense eligió esta región para su primer viaje oficial.

Desde que Trump volvió a la Presidencia, en enero de 2025, la relación entre Ecuador y EE.UU. se ha caracterizado por un fortalecimiento de los lazos bilaterales, especialmente en materia de seguridad y cooperación militar, por el riesgo de desestabilización regional y la migración, no solo de ecuatorianos hacia ese país sino de otras nacionalidades. De hecho, Ecuador sigue siendo utilizado por migrantes chinos como país de paso para llegar a EE.UU., pese a que desde mediados de este año requieren un visado para su ingreso al país.

Rubio, que este año ya se ha desplazado a Canadá y América Latina y el Caribe dos veces, visitará México y Ecuador para discutir las prioridades de la administración Trump. Sobre todo: detener la migración ilegal, la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga,  así como contrarrestar lo que EE.UU. cree que es un «comportamiento chino maligno en su patio trasero», según un reporte del diario Washington Post.

El «cuarto viaje de Rubio a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los EE.UU. de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar una igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses», dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Al referirse a las conversaciones diplomáticas privadas previas de esta visita, un funcionario del Departamento de Estado le dijo al Post que ya se han logrado progresos en la lucha contra China en el hemisferio occidental. Eso incluye las medidas adoptadas por Panamá para recuperar el control de las instalaciones portuarias del canal por parte de las empresas chinas y alejarse de la iniciativa de desarrollo de la Franja y la Ruta de China.

El funcionario destacó que Ecuador está empezando a tratar de liberarse del esquema de la Franja y la Ruta, pues está llevando una dura carga por lo que llamó deuda «depredadora» con China.

En medio de estos sensibles intereses en juego, la aproximación entre Ecuador y EE.UU. tiene también algunos temas pedientes por resolver. Especialmente en el campo comercial. Ecuador ha propuesto a EE.UU. la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Sin embargo, en abril de 2025 Trump impuso un arancel del 10% a las importaciones ecuatorianas como parte de su política de tributos recíprocos, afectando productos clave como camarones, plátanos, cacao, flores y petróleo. Semanas antes, el presidente Noboa se reunió con Trump en su residencia en Mar-a-Lago, pero no logró evitar estas imposiciones arancelarias. Otros intentos posteriores de las autoridades ecuatorianas por buscar una reducción también han sido infructuosos.

En las relaciones internacionales no priman las amistades sino los intereses. Quizás el mejor exponente de esta máxima de la diplomacia internacional es Trump. Su artífice en este campo es Rubio -hijo de padres cubanos- quien está jugando un papel fundamental en la relación con Ecuador, en especial en temas de seguridad y lucha antidrogas. El Secretario de Estado ha mantenido una comunicación directa con la canciller Gabriela Sommerfeld sobre temas como la recaptura de alias «Fito» y la migración ilegal, según fuentes de ambos gobiernos.

El interés fundamental del régimen estadounidense es apoyar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, que es una de sus principales amenazas. El 60% de la cocaína que se produce en los departamentos del sur de Colombia sale por Ecuador hacia México, EE.UU. y países europeos.

La administración Trump ha visto con buenos ojos al gobierno de Noboa, considerándolo un aliado en la región, según fuentes de ese gobierno. La reelección de Noboa, en abril pasado, ha sido vista como una consolidación de la política de alineamiento con EE.UU., que también tiene a Argentina como otro de sus aliados claves.

La relación Ecuador-EE.UU. contrasta con el deterioro de las alianzas de esa potencia con otros países de la región como México (con el cual Ecuador también tiene relaciones rotas desde abril de 2024) y Colombia. El caso de Venezuela es emblemático, sin precedentes. Su presidente Nicolás Maduro está en la mira de la administración Trump, que lo señala como una de las cabezas del cartel de los Soles.

La administración Trump, ha mostrado un claro apoyo al gobierno de Noboa. Rubio elogió al régimen ecuatoriano por la captura de «Fito». El Secretario de Estado ha sido descrito como un «halcón neoconservador» que mantiene una línea dura contra gobiernos de izquierda en la región.

Simultáneamente, el presidente Daniel Noboa ha propuesto expandir la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional, incluyendo la posibilidad de revertir la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador. Funcionarios del gobierno han expresado interés en albergar una base militar estadounidense, similar a la que operó en Manta entre 1999 y 2009. Para EE.UU., sin embargo, esa no es una de sus prioridades, según fuentes diplomáticas.

La amenaza del dragón

Una de las preocupaciones medulares de la administración Trump ha sido la creciente influencia de China en América Latina. Y estará con seguridad dentro de la agenda de Rubio en sus reuniones con las autoridades ecuatorinas.

Noboa ha fortalecido sus lazos con el gigante asiático en busca de diversificar sus relaciones económicas, lo que podría generar fricciones con EE.UU., que este año desató una guerra comercial para mermar la creciente expanción económica china en el mundo.

Precisamente, el primer  viaje de Rubio por América Latina, a principios de 2025, fue descrita como una «gira anti-China», buscando reducir la dependencia de los países latinoamericanos de las inversiones de esa nación.

Así busca promover los intereses económicos estadounidenses para frenar la influencia no solo de China, sino de Venezuela, Cuba e Irán.

Siguiendo el patrón de las visitas de Rubio a otros países latinoamericanos, durante sus encuentros con autoridades ecuatorianas podrían establecerse mecanismos para reducir la dependencia de Ecuador de las inversiones chinas, especialmente considerando que el TLC con China entró en vigor en mayo de 2024.

Pero cualquier acuerdo entre Ecuador y EE.UU. diseñado para reducir la influencia china tendría importantes implicaciones para las relaciones de nuestro país con China, especialmente considerando los vínculos económicos y comerciales existentes.

Si un convenio se concreta en este sentido, el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China podría verse comprometido. Este TLC elimina aranceles para el 99.6% de las exportaciones ecuatorianas a China, pero un acuerdo con EE.UU. para reducir la influencia china podría generar represalias comerciales.

Ecuador ya enfrenta un desequilibrio en su relación comercial con China. Entre 2022 y 2024, las exportaciones no petroleras de este país a China cayeron un 17.1%, mientras que las importaciones chinas (vehículos, tecnología y bienes industriales) continuaron creciendo, ampliando la brecha comercial. El 60% de los carros vendidos en 2024 en este país son chinos.

¿Cuál sería el impacto en sectores estratégicos? Podrían verse afectados los camaroneros y bananeros. China es el segundo socio comercial de Ecuador después de Estados Unidos, con más de $5 mil millones exportados a China en 2023.

Ecuador tiene importantes proyectos de infraestructura financiados por China, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (con problemas estructurales que han llevado a arbitraje internacional). Un acuerdo anti-China podría complicar la resolución de estos conflictos.

Ecuador también tiene una significativa deuda con China (4 mil millones de dólares), lo que limita su margen de maniobra. Cualquier convenio con EE.UU. debería considerar esta realidad financiera.

En este contexto, Ecuador se encontraría en la difícil posición de equilibrar relaciones entre las dos potencias. Para EE.UU., la mejor postura ante el avance del gigante asiático en Ecuador no es obligar a sus vecinos a elegir entre una de las dos potencias. Lo principal y más eficaz, según varios analistas, es fomentar la transparencia, instituciones fuertes, y la aplicación universal del estado de derecho.

¿Qué acuerdos específicos podría firmar Ecuador con EE.UU.?

Durante la visita de Rubio, a más de un convenio para mermar la influencia China, se podrían firmar varios acuerdos específicos en las siguientes áreas:

1. Seguridad y lucha contra el narcotráfico:

-Acuerdo de cooperación militar ampliado: Podría formalizarse un acuerdo que profundice la cooperación militar existente, posiblemente incluyendo discusiones sobre la reversión de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador.

-Estrategia integrada de asistencia en seguridad: Según documentos del Congreso estadounidense, el Secretario de Estado debe presentar una estrategia integrada de asistencia en seguridad para Ecuador, que podría concretarse durante esta visita.

-Ampliación del intercambio de oficiales de enlace: Podría expandirse el acuerdo bilateral firmado en julio de 2025 que facilita el intercambio de oficiales de enlace en el campo de seguridad.

2. Comercio y economía:

-Discusiones sobre aranceles: Podrían iniciarse negociaciones para reducir o eliminar el arancel del 10% que Trump impuso a las importaciones ecuatorianas en abril de 2025, que afecta productos clave como camarones, bananas, cacao, flores y petróleo.

-Avances hacia un TLC: Ecuador ha propuesto a Estados Unidos la firma de un tratado de libre comercio, y esta visita podría marcar avances en esa dirección, posiblemente con un esquema de reciprocidad arancelaria.

-Acuerdos sectoriales: Podrían firmarse acuerdos específicos para sectores como el automotriz, donde Noboa ha propuesto eximir de aranceles a autos estadounidenses que no compitan con la producción ecuatoriana.

3. Migración:

-Acuerdos sobre deportaciones: Similar a los acuerdos firmados con Guatemala durante la visita de Rubio a ese país en febrero de 2025, podría establecerse un marco para la repatriación de migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades.

-Cooperación en control fronterizo: Podrían firmarse acuerdos para fortalecer el control de las fronteras ecuatorianas para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos.

La Policía detuvo a 16 militares y cinco civiles la madrugada de este 3 de septiembre en varias provincias, por filtrar y vender información de operaciones sensibles en el sector fronterizo de Loja, donde prolifera la minería ilegal. (Ilustración Canva)

Redacción Códóiógo Vidrio

La Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos, tanto en unidades militares como en domicilios particulares para capturar a los 16 uniformados implicados, como parte de la investigación que se inició hace varios meses por una denuncia del Ejército.

Los agentes de Inteligencia Militar obtuvieron datos que revelaron filtraciones respecto a operaciones militares de control de minería ilegal en curso, que se ejecutaban en la frontera sur, desde el Batallón de Infantería BI-19 Carchi, acantonado en Celica, Loja.

Al descubrir la filtración, un coronel del Ejército entregó las pruebas como un acto urgente, a la Fiscalía de de Loja.

Código Vidrio conoció que oficiales de Inteligencia Militar lograron explotar el teléfono de uno de los involucrados, donde encontraron información de varios individuos, que indicaban cuando iban a realizar las operaciones militares y los datos personales de los militares que participaban en las operaciones.

Fruto de esta investigación fue detenido alias José B., alias ‘Josho’, principal líder de un grupo criminal que controla operaciones de minería ilegal y tráfico de combustibles y químicos para procesar oro, en esta provincia. Especialmente en el parque nacional Podocarpus, donde estas actividades han escalado de forma preocupante. Josho cuenta con una intrincanda red delictiva y sitios de almacenamiento de material para explotación minera.

En un comunicado, el Ejército reiteró “su compromiso irrestricto con la transparencia, la legalidad y la defensa de los más altos intereses nacionales. Nuestra institución no tolerará bajo ninguna circunstancia actos que vulneren el honor militar ni que comprometan la seguridad del Estado”.

Observadores nacionales e internacionales ponen la lupa sobre el concurso para escoger al nuevo fiscal que acaba de empezar, en medio de dudas sobre su desenlace. El manejo de los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana coincide con las decisiones e intereses del Gobierno, lo cual enciende alertas sobre la politización del proceso.   

Redacción Código Vidrio

Hace cuatro meses, Ecuador debía posesionar a su nuevo fiscal general. No pasó. El inicio del concurso se pospuso lo suficiente para que quedara en el limbo. Sobre todo, después de que el presidente Daniel Noboa puso en marcha la consulta popular, prevista para diciembre, que cambiará las reglas de juego de esa designación, pues propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En estas circunstancias en muy complicado saber cuándo se concretará la designación del Fiscal, pues si la pregunta sobre el Consejo es aprobada, la designación estaría a cargo de la Asamblea, bajo otras reglas, incluso sin un concurso.

Hasta el momento, el CPCCS ha avanzado muy poco en este proceso. Aún no logra integrar la Comisión Ciudadana que estará a cargo del concurso ni conformar la veeduría.

En el primer caso, el equipo técnico lleva varias jornadas revisando los expedientes de los 69 postulantes para integrar la Comisión. En el segundo, las inscripciones para la veeduría se cerraron el 15 de agosto y hasta el cierre de esta publicación no había novedades.

El último avance ocurrió el pasado 20 de agosto. El CPCCS anunció que el Ejecutivo envió un oficio con los nombres de sus delegados para el concurso: David Eduardo Flores Brandt y María Belén Toca Mena. Ellos serán parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Aun no se conocen los delegados del IESS, SRI, Contraloría General, CNE, TCE, Consejo de la Judicatura, Servicio de Contratación Pública y UAFE.

Pero una de las demoras que más llama la atención de veedores nacionales e internacionales es el retraso del inicio del concurso para designar al reemplazo de Diana Salazar, quien en abril de este año cumplió su periodo de seis años. Ya en funciones prorrogadas, Salazar renunció a su cargo un mes más tarde y, desde entonces, Wilson Toainga quedó al mando de la institución.

En septiembre de 2024, el CPCCS aprobó el reglamento para el concurso, pero nueve meses después, decidió reformarlo. Según el Consejo, esto era necesario porque el reglamento original no era preciso en los temas técnicos y para mejorarlo, se recogieron observaciones de los gremios profesionales y de los consejeros. El organismo asegura que no hubo cambios que vulneren el ordenamiento jurídico o los principios del concurso.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que mantiene un seguimiento activo de este concurso, indica que esta demora es una primera alerta, pues debía realizarse el año pasado, para cumplir con los plazos previstos por la ley.

Difícilmente el concurso se concretará antes de cumplirse un año de las funciones prorrogadas de Toainga. “Creemos que hubo un cálculo político al respecto: es decir que el Consejo decidió esperar los resultados de las elecciones de este año para recién en este momento empezar el proceso de reemplazo”.

El titular del Consejo, Andrés Fantoni, descartó cualquier cercanía con el Ejecutivo y defendió la independencia de sus decisiones de cualquier injerencia política.

Aunque aún no se ha abierto la convocatoria para los candidatos a fiscal, ya se barajan nombres de los posibles postulantes. Uno de los primeros, que encendió las elertas sobre una posible operación política ajustada a los intereses del Ejecutivo, es el de José de la Gasca, quien renunció inesperandamente al cargo de ministro de Gobierno el mes pasado. “Renuncio al cargo, pero no a la causa ni a la lucha”, destacó en su carta de dimisión de la Gasca, en un tono grandilocuente, exaltando los logros y aciertos del Gobierno. En 2018 de la Gasca ya quiso ser fiscal general. Fue uno de los 14 postulantes del  concurso que ganó Diana Salazar. Obtuvo 65 sobre 100 puntos y quedó en penúltimo lugar. En declaraciones a la prensa dijo que sí podría postularse para el cargo.

Fiscales, con la camiseta del Gobierno

Legalmente no existe ningún impedimento para que una autoridad del Gobierno en funciones pueda postularse para ese cargo, explica Espinel. Eso permitió, por ejemplo, que Galo Chiriboga, en su momento, pase de exministro de Trabajo del entonces presidente Rafael Correa a fiscal general del Estado.

En otros países sí existe una prohibición. Pero, más allá de la legalidad, ¿es ético? “Puede que no sea ético, porque legal lo es. (…) Ecuador, lamentablemente sí tiene precedentes de esta desconexión sobre los intereses del Ejecutivo y la labor de la Fiscalía”, dice Espinel.

La manipulación política de los concursos es persistente desde la creación del CPCCS, en 1998, según María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)  “Pese a que son, entre comillas, de méritos y oposición y se hace toda esa parafernalia de la carpeta, del examen, del examen oral… Finalmente hay un interés político, cada vez más fuerte”, destaca.

Eso se entiende porque el Consejo se encarga de designar altas autoridades con capacidad de decidir sobre temas de interés público muy alta, como contralor, fiscal general, superintendentes, defensor público y del pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo de la Judicatura.

Para Miño, en este concurso “hay cierto jugueteo” con los tiempos. Eso también pasa con el proceso en marcha del Consejo de la Judicatura, que tiene como consecuencia la no selección de la Corte Nacional de Justicia. “¿Por qué hay esa demora? -y esta es mi impresión-, se eligen tiempos jurídicos como oportunos. Se debía designar en abril pero no se hizo, para coincidir con la elección presidencial. El concurso de fiscal no se escapa de estas jugarretas tradicionales, para que los tiempos se ajusten quizás a posibles negociaciones políticas”, apunta. “Finalmente, estos cargos son un botín político: se ajustan para premiar a ciertas personas para poner a gente funcional. Se usa como una suerte de ficha de cambio”.

Con las reglas vigentes, el concurso no está diseñado para elegir al mejor postulante sino a cualquier persona, pues tiene características muy generales como ser abogado con 10 años de ejercicio. “Deberíamos estar buscando una persona excepcional, no hay filtros que estén direccionando hacia lo extraordinario. No hay salvaguardas para ir cirniendo a la población y eso tiene como resultado, un poco de cara a la manipulación, que cualquier persona pueda ir allá”, agregó Miño.

Ni el Gobierno ni el CPCCS responden

El concurso también es vigilado desde el exterior. A mediados de agosto estuvieron de visita en Quito los integrantes de la Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia del Ecuador (MIO). Jaime Arellano, su secretario ejecutivo, dijo que el objetivo de la visita era mirar cómo se desarrolla el proceso, compararlo con la reglamentación interna ecuatoriana y con los estándares internacionales para seleccionar altas autoridades de justicia.

La Misión mantuvo reuniones  con colegios de Abogados, actores de la sociedad civil, de la academia, periodistas, del sistema de justicia, etc. en sus tres días en el país. No obstante, ni el Ejecutivo ni el CPCCS atendieron sus pedidos de una cita para tener conversaciones sobre el concurso de fiscal general. Aunque lo ideal habría sido un encuentro presencial, sus integrantes dijeron que insistirían para mantener un diálogo virtual hasta que pueda concretarse una reunión en su próxima visita.

En su primer manifiesto público, la MIO emitió algunas sugerencias. Una de las principales es que el concurso debe estar libre de injerencias políticas, económicas y fácticas y mostró también su preocupación por la demora en la ejecución del concurso. Arellano señala que ese ya es “un primer ripio en el concurso”. Sobre todo porque la fiscal Diana Salazar fue designada embajadora en Argentina por Daniel Noboa, cuando aún estaba en funciones.

Los observadores consideran primordial que el proceso sea transparente y público, incluso en el momento de rendir las pruebas, para que la gente pueda verificar dentro y fuera del país  que lo que se refleje en los resultados realmente ocurrió. Eso, si bien no es una garantía absoluta, puede permitir que se detecten eventuales conflictos de intereses que estén ocultos y que se noten en las calificaciones.

Eso ya ocurrió en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. “Uno de los motivos por los que también se anula el proceso es que se descubre que personas que ya habían pasado los primeros filtros, y supuestamente estaban habilitadas, tenían conflictos. No se supo porque el Consejo de la Judicatura no fue capaz de detectarlos”.

“Si esa información hubiese estado disponible para para la prensa y para las organizaciones de la sociedad civil, como ha ocurrido en otros países, se podría haber investigado”, resalta Arellano.

El concurso -dice- debe basarse en criterios técnicos, objetivos y de méritos, para garantizar la independencia que debe tener quien dirija la Fiscalía.

Además, la carpeta de los candidatos debe ser abierta para que las veedurías y grupos de observadores puedan verificar que no tengan conflictos con la justicia, no formen parte de partidos políticos ni tengan vínculos con el poder político, el Gobierno de turno o la Asamblea. “El punto clave es confirmar que lo que dicen los candidatos es verdad”, subraya Arellano.

Otro de los observadores que visitó el país es José Antonio Guevara.  Él estima que lo más importante es que el nuevo fiscal general sea intachable e incorruptible para poder acusar a las personas independientemente de su nivel económico, político o social. Debe tener independencia para investigar a cualquier individuo, de los sectores privado y público.

Guevara coincide en que no existe aún una respuesta clara de los actores clave en el proceso sobre el motivo del retraso del concurso. Esa es una preocupación latente en la Misión, aunque celebra que finalmente esté en marcha el concurso.

Guevara explica que ellos harán un seguimiento en línea y varias visitas al país, pero su trabajo no incluirá solo un informe final, como estilan la mayoría de veedurías internacionales. En este caso, emitirán informes preliminares y alertas urgentes, de ser necesarias, para que se pueda enderezar sobre la marcha.

A la Misión le preocupa el contexto en el que se desarrolla el concurso. Su visita ocurrió en una semana convulsa: el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha en contra de la Corte Constitucional. Han ocurrido eventos que evidencian la interferencia en el sistema judicial. En Ecuador y en cualquier otro país de la región, “la pelea por los actores políticos, por designar a la persona que va a encabezar las fiscalías generales es uno de los desafíos más grandes que se enfrenta porque todos los actores políticos quieren poner a la persona que les va de alguna manera a favorecer”.

Entre acuerdos político y méritos

ANÁLISIS PROSPECTIVO. El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que podría erosionar la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Las experiencias sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

Redacción Código Vidrio

Los ataques persistentes del gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional erosionan la ya endeble independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos.

¿En ese choque cuáles serían las consecuencias para Noboa y para el país? Sobre todo, en medio de una creciente e incontenible avalancha de inseguridad, que según el Observatorio del Crimen Organizado se refleja en un aumento del 46% de los homicidios en el primer semestre del año, en relación al mismo período del 2024.

Otro factor que complejiza el panorama es la severa crisis que enfrenta el sistema de salud pública, atrapado por redes de corrupción, falta de recursos y medicinas, deterioro de atenciones, inestabilidad de cargos directivos, improvisación… Es sintomático, en este contexto, el caso de la reciente muerte de 12 infantes en el Hospital Universitario de Guayaquil, que ha despertado duras críticas en redes sociales contra el Régimen.

El presidente Noboa está mermando su capital político, a solo tres meses de la elección que le permitió mantenerse en el poder, para un nuevo período presidencial. Los despidos de miles de funcionarios públicos así como casos sonados de corrupción como la compra de generadores a Progen, son minas que el gobierno va sembrando en el camino.

En este contexto, los ataques al tribunal constitucional podrían significar la pérdida del volátil apoyo de sectores y élites políticas, preocupadas por su talante autoritario. Como ya ocurrió tras el incidente diplomático con México (la incursión en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas), Noboa podría perder el apoyo de partidos de oposición que hasta ahora han respaldado su agenda de seguridad. Esto dificultaría la implementación de sus políticas, ya que necesitaría construir una nueva coalición en la Asamblea.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que erosionaría la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Los estudios sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

¿Un tiro al pie?

Paradójicamente, Noboa depende de la misma Corte Constitucional que está atacando para aprobar las preguntas de su consulta popular programada para diciembre de 2025. Esta contradicción podría complicar la realización de la consulta, especialmente la pregunta que busca que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político.

 La convocatoria a una marcha nacional contra la Corte para este martes 12 de agosto y la retórica que califica a este organismo como «enemigo del pueblo» intensifican la polarización política, lo que podría dificultar la gobernabilidad, en el mediano plazo.

Los ataques a la Corte Constitucional, sumados al incidente con la embajada mexicana, ya generan preocupación entre los socios internacionales de Ecuador sobre un posible retroceso democrático, lo que podría afectar la cooperación en materia de seguridad y la inversión extranjera. Varios diplomáticos de países amigos consultados por este medio están preocupados por las virulentas arremetidas del Ejecutivo y sus lugartenientes a la Corte, sobre todo por las presiones, al margen de canales legales y constitucionales,  al convocar a militantes del partido de gobierno para torpedear y presionar a los jueces. Representaciones internacionales les han hecho conocer a autoridades del régimen su malestar por sus arremetidas.

Si bien Noboa ha mantenido niveles importantes de aprobación por su enfoque en la seguridad, el conflicto con la Corte Constitucional podría afectar su imagen como líder democrático, especialmente si la ciudadanía percibe estos ataques como una distracción de los problemas de seguridad, cuyos indicadores se deterioran aceleradamente.

Preocupación internacional

Por lo inusual de este tipo de reacciones, la Relatora Especial de las Naciones Unidas fue una de las primeras funcionarias en reaccionar, rechazado las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, por la suspensión temporal de artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional.

Human Rights Watch también ha expresado su rechazo a las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, manifestando preocupación por la independencia judicial.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador se suma a otros casos similares en la región donde se han producido tensiones entre diferentes poderes del Estado, como en Colombia con el gobierno de Petro y la Corte Constitucional sobre el decreto de conmoción interior, o en México con la reforma judicial y la Suprema Corte.

Las reacciones en Ecuador

 El 7 de agosto de 2025, aproximadamente 1.500 personas se movilizaron en Quito desde el Fondo de Seguros del IESS hasta la Corte Constitucional en apoyo a la decisión de este organismo de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Participaron representantes de La Cumbre Agraria, Organizaciones de mujeres, el movimiento estudiantil.

La movilización fue una respuesta directa a la convocatoria del presidente Noboa a una marcha contra la Corte Constitucional programada para el 12 de agosto de 2025.

ANÁLISIS. Ecuador se volvió una prioridad para Estados Unidos en temas de seguridad por razones estratégicas que afectan directamente sus intereses. Los principales son el combate el narcotráfico, el riesgo de desestabilización regional, la migración a ese país por la violencia interna, la necesidad de contrarrestar la influencia china y los intereses comerciales.  

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La reciente visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, al país, la semana pasada, evidencia la importancia que el gobierno de Donald Trump le ha dado a la cooperación con Ecuador. En esa línea, Noem mantuvo reuniones de alto nivel con el presidente Daniel Noboa y algunos de sus ministros.

Los beneficios específicos que Ecuador obtendrá de los recientes acuerdos incluyen, entre otros:

-Equipamiento «crítico» para seguridad y respuesta a emergencias, como parte de un paquete de ayuda de cinco años valorado en aproximadamente $93 millones.

-Equipamiento militar, aunque no se ha especificado exactamente de qué tipo.

-Intercambio de oficiales de enlace en el campo de la seguridad, lo que facilitará la transferencia de conocimientos y mejores prácticas.

-Capacitación para el uso de sistemas biométricos para identificación de terroristas y miembros de pandillas.

Uno de los ejes medulares, de interés mútuo, es el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Los últimos años Ecuador se ha convertido en un importante corredor para el tráfico de drogas y enfrenta una grave crisis de seguridad con bandas criminales que luchan violentamente por el control de territorios, rutas y corredores del narcotráfico. EE.UU. busca contener el flujo de drogas hacia su territorio, por lo cual ha priorizado fortalecer las capacidades de Ecuador para combatir estas amenazas.

La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador podría desestabilizar la región andina. Según un informe del Congreso estadounidense de este año: «Ecuador enfrenta una crisis de seguridad, con grupos delictivos luchando por el control de rutas de narcotráfico y de las prisiones. Intentando influir en la política». Esta inestabilidad podría afectar a países vecinos como Colombia y Perú.

La migración irregular

Otro propósito de EE.UU. con el apoyo a Ecuador es contrarrestar la migración irregular. El aumento de la violencia en este país ha incrementado el desplazamiento de miles de ecuatorianos hacia ese país.

En este sentido, el gobinero estadounidense necesita mantener estrechos vínculos con Ecuador para administrar un paquete de ayuda de seguridad multimillonario, que se anunció en medio de un aumento en el número de migrantes ecuatorianos que buscan refugio de la violencia e inestabilidad en su país», indicó Insight Crime en un análsis en 2024.

Contrarrestar la influencia de China

EE.UU. busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y específicamente en Ecuador. En el Congreso estadounidense, algunos miembros han pedido «un mayor compromiso de EE.UU. con Ecuador para ayudar a contrarrestar la influencia comercial de China en el país», especialmente después de que un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China entrara en vigor en 2024.

 

Recuperar influencia

Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador adoptó políticas «anti-imperialistas» que limitaron la cooperación con EE.UU., incluyendo el cierre de la base militar estadounidense en Manta en 2009. Desde entonces, EE.UU. ha buscado restablecer su influencia en el país, aprovechando gobiernos más favorables como los de Moreno, Lasso y Noboa.

Intereses comerciales

EE.UU. es el principal socio comercial de Ecuador, con un comercio bilateral de bienes que alcanzó los $16.6 mil millones en 2023. Mantener la estabilidad en Ecuador es crucial para proteger estos intereses comerciales.

Impacto de la cooperación en seguridad

El impacto de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador en los niveles de violencia y narcotráfico ha sido limitado hasta ahora, con resultados mixtos.

La violencia sigue en aumento. A pesar de la cooperación en seguridad, Ecuador ha experimentado un incremento dramático en sus tasas de homicidios, pasando de 6 por cada 100,000 habitantes en 2016 a 44,5 por cada 100,000 en 2023, y posiblemente alcanzando 39 homicidios por 100,000 habitantes en 2024. En este primer semestre hubo un aumento del 48% de los homicidios en relación al año pasado, según un informe del Observatorio del Crimen Organizado.

También se han establecido marcos para operaciones navales conjuntas y construcciónn de facilidades para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas fluviales, pero no hay datos oficiales concretos sobre su efectividad.

Factores que limitan la efectividad

Según fuentes del Ministerio del Interior un factor que es un lastre en la lucha antidelictiva es la corrupción estatal. «No es solo preocupante, también es limitante… Tenemos que entender que el crimen organizado no es algo ajeno al estado», refiriéndose a los vínculos entre bandas y fuerzas de seguridad ecuatorianas. La situación es crítica en unidades que controlan el narcotráfico, y también en la respuesta de la Fiscalía.

Además del enfoque y apoyo a las acciones armadas, Ecuador necesita la construcción de su capacidad institucional y reformas sociales, para atacar las causas estructurales de la violencia delictiva.

Según un informe del International Crisis Group, las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno (2017-2021) redujeron el presupuesto carcelario, eliminaron el Ministerio de Justicia y congelaron el presupuesto de seguridad, debilitando las instituciones antes de que comenzara la cooperación intensificada con EE.UU.

La cooperación actual se da después de un período de relaciones tensas durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), quien cerró la base estadounidense en Manta en 2009 y expulsó a la embajadora estadounidense en 2011. La cooperación se reanudó con sus sucesores, especialmente con Noboa, quien ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en febrero de 2024.

ANÁLISIS. En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera del correísmo, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025. En medio de esa ofensiva contra la Corte, este martes 5 de agosto el presidente Daniel Noboa difundió las siete preguntas que incluirá en la consulta popular, prevista para diciembre próximo. En una de ellas propone precisamente que los jueces del tribunal constitucional puedan ser enjuiciados políticamente.  

Por Mario A. Prado M., doctor en Jurisprudencia.

El entonces Tribunal Constitucional, luego de aprobada la Constitución de Montecristi, por sí y ante sí se convirtió en “Corte Constitucional de Transición”, luego conocida como la corte cervecera, que, durante su larga vida, no sólo fue obsecuente a todas las directrices e imposiciones del correato, sino que, además, convirtió a la justicia constitucional en una mercadería.

La corte cervecera fue una dependencia más de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, por lo tanto, renunció a ejercer el control constitucional, lo que se tradujo en que nunca, jamás, se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos normativos expedidos en oposición de principios y normas constitucionales. En este contexto, para el gobierno de Correa, esa Corte, obviamente, era la mejor y más calificada Corte Constitucional pues le aseguraba el ejercicio abusivo del poder, sin ningún límite. Inobjetablemente, esta Corte respondía al gobierno de Correa.

En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025.  Dicho pronto y rápido, para estos influencers lo que antes estaba mal, ahora está bien.

La pregunta es ¿debe o no existir control constitucional? La respuesta desde la ciudadanía debe ser clara y unívoca: si, porque es la única forma como se puede preservar el Estado de Derecho; sin el control constitucional dejan de regir los límites que la norma suprema impone a quienes ejercen el poder, es decir, se da paso al imperio de la ley de la selva (o la ley del más vivo) y los derechos fundamentales se convierten en una ficción.

La Corte Constitucional no debe arredrarse frente a la campaña que han iniciado los infuencers y debe conocer todas y cada una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las nuevas leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre; lo deseable, lo necesario es que las resoluciones que adopte la Corte Constitucional estén alejadas del activismo judicial; Manuel Atienza, uno de los grandes exponentes de la argumentación jurídica al comentar la sentencia del matrimonio igualitario recomendó a los jueces que deben respetar el límite autoritativo de derecho y abandonar la peregrina idea de que la constitución significa lo que el juez o el magistrado constitucional decide que signifique, porque esta actitud implica acabar con todos los valores del constitucionalismo.

El país espera que resuelvan todos los casos con la Constitución en la mano y no como activistas judiciales, o como influencers que, cual seres superiores e iluminados, deciden desde la arrogancia lo que es y lo que no es constitucional.