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EN PERSPECTIVA. La visita que esta semana realizará el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a Ecuador no solo se enfocará en apuntalar la cooperación para enfrentar al narcotráfico, la migración irregular y avanzar en acuerdos bilaterales. También es prioritario para la potencia reducir la influencia de China, país con el cual Ecuador tiene un acuerdo comercial y tejió relaciones económicas a todo nivel, que han generado compromisos y una abultada deuda de $4 mil millones. EE.UU. cree que China tiene un comportamiento «maligno» en Latinoamérica, su patio trasero. 

Redacción Código Vidrio

La visita que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará a México y Ecuador, entre el 2 y 4 de septiembre, se enmarca en la estrategia de la administración de Donald Trump de priorizar América Latina en su política exterior. Esto se ha evidenciado desde el inicio del segundo mandato de Trump, cuando Rubio realizó su primera gira internacional a países latinoamericanos. Es la primera vez, en más de un siglo, que un Secretario de Estado estadounidense eligió esta región para su primer viaje oficial.

Desde que Trump volvió a la Presidencia, en enero de 2025, la relación entre Ecuador y EE.UU. se ha caracterizado por un fortalecimiento de los lazos bilaterales, especialmente en materia de seguridad y cooperación militar, por el riesgo de desestabilización regional y la migración, no solo de ecuatorianos hacia ese país sino de otras nacionalidades. De hecho, Ecuador sigue siendo utilizado por migrantes chinos como país de paso para llegar a EE.UU., pese a que desde mediados de este año requieren un visado para su ingreso al país.

Rubio, que este año ya se ha desplazado a Canadá y América Latina y el Caribe dos veces, visitará México y Ecuador para discutir las prioridades de la administración Trump. Sobre todo: detener la migración ilegal, la lucha contra el crimen organizado y los cárteles de la droga,  así como contrarrestar lo que EE.UU. cree que es un «comportamiento chino maligno en su patio trasero», según un reporte del diario Washington Post.

El «cuarto viaje de Rubio a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de los EE.UU. de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar una igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses», dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Al referirse a las conversaciones diplomáticas privadas previas de esta visita, un funcionario del Departamento de Estado le dijo al Post que ya se han logrado progresos en la lucha contra China en el hemisferio occidental. Eso incluye las medidas adoptadas por Panamá para recuperar el control de las instalaciones portuarias del canal por parte de las empresas chinas y alejarse de la iniciativa de desarrollo de la Franja y la Ruta de China.

El funcionario destacó que Ecuador está empezando a tratar de liberarse del esquema de la Franja y la Ruta, pues está llevando una dura carga por lo que llamó deuda «depredadora» con China.

En medio de estos sensibles intereses en juego, la aproximación entre Ecuador y EE.UU. tiene también algunos temas pedientes por resolver. Especialmente en el campo comercial. Ecuador ha propuesto a EE.UU. la firma de un tratado de libre comercio (TLC). Sin embargo, en abril de 2025 Trump impuso un arancel del 10% a las importaciones ecuatorianas como parte de su política de tributos recíprocos, afectando productos clave como camarones, plátanos, cacao, flores y petróleo. Semanas antes, el presidente Noboa se reunió con Trump en su residencia en Mar-a-Lago, pero no logró evitar estas imposiciones arancelarias. Otros intentos posteriores de las autoridades ecuatorianas por buscar una reducción también han sido infructuosos.

En las relaciones internacionales no priman las amistades sino los intereses. Quizás el mejor exponente de esta máxima de la diplomacia internacional es Trump. Su artífice en este campo es Rubio -hijo de padres cubanos- quien está jugando un papel fundamental en la relación con Ecuador, en especial en temas de seguridad y lucha antidrogas. El Secretario de Estado ha mantenido una comunicación directa con la canciller Gabriela Sommerfeld sobre temas como la recaptura de alias «Fito» y la migración ilegal, según fuentes de ambos gobiernos.

El interés fundamental del régimen estadounidense es apoyar a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico, que es una de sus principales amenazas. El 60% de la cocaína que se produce en los departamentos del sur de Colombia sale por Ecuador hacia México, EE.UU. y países europeos.

La administración Trump ha visto con buenos ojos al gobierno de Noboa, considerándolo un aliado en la región, según fuentes de ese gobierno. La reelección de Noboa, en abril pasado, ha sido vista como una consolidación de la política de alineamiento con EE.UU., que también tiene a Argentina como otro de sus aliados claves.

La relación Ecuador-EE.UU. contrasta con el deterioro de las alianzas de esa potencia con otros países de la región como México (con el cual Ecuador también tiene relaciones rotas desde abril de 2024) y Colombia. El caso de Venezuela es emblemático, sin precedentes. Su presidente Nicolás Maduro está en la mira de la administración Trump, que lo señala como una de las cabezas del cartel de los Soles.

La administración Trump, ha mostrado un claro apoyo al gobierno de Noboa. Rubio elogió al régimen ecuatoriano por la captura de «Fito». El Secretario de Estado ha sido descrito como un «halcón neoconservador» que mantiene una línea dura contra gobiernos de izquierda en la región.

Simultáneamente, el presidente Daniel Noboa ha propuesto expandir la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional, incluyendo la posibilidad de revertir la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador. Funcionarios del gobierno han expresado interés en albergar una base militar estadounidense, similar a la que operó en Manta entre 1999 y 2009. Para EE.UU., sin embargo, esa no es una de sus prioridades, según fuentes diplomáticas.

La amenaza del dragón

Una de las preocupaciones medulares de la administración Trump ha sido la creciente influencia de China en América Latina. Y estará con seguridad dentro de la agenda de Rubio en sus reuniones con las autoridades ecuatorinas.

Noboa ha fortalecido sus lazos con el gigante asiático en busca de diversificar sus relaciones económicas, lo que podría generar fricciones con EE.UU., que este año desató una guerra comercial para mermar la creciente expanción económica china en el mundo.

Precisamente, el primer  viaje de Rubio por América Latina, a principios de 2025, fue descrita como una «gira anti-China», buscando reducir la dependencia de los países latinoamericanos de las inversiones de esa nación.

Así busca promover los intereses económicos estadounidenses para frenar la influencia no solo de China, sino de Venezuela, Cuba e Irán.

Siguiendo el patrón de las visitas de Rubio a otros países latinoamericanos, durante sus encuentros con autoridades ecuatorianas podrían establecerse mecanismos para reducir la dependencia de Ecuador de las inversiones chinas, especialmente considerando que el TLC con China entró en vigor en mayo de 2024.

Pero cualquier acuerdo entre Ecuador y EE.UU. diseñado para reducir la influencia china tendría importantes implicaciones para las relaciones de nuestro país con China, especialmente considerando los vínculos económicos y comerciales existentes.

Si un convenio se concreta en este sentido, el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China podría verse comprometido. Este TLC elimina aranceles para el 99.6% de las exportaciones ecuatorianas a China, pero un acuerdo con EE.UU. para reducir la influencia china podría generar represalias comerciales.

Ecuador ya enfrenta un desequilibrio en su relación comercial con China. Entre 2022 y 2024, las exportaciones no petroleras de este país a China cayeron un 17.1%, mientras que las importaciones chinas (vehículos, tecnología y bienes industriales) continuaron creciendo, ampliando la brecha comercial. El 60% de los carros vendidos en 2024 en este país son chinos.

¿Cuál sería el impacto en sectores estratégicos? Podrían verse afectados los camaroneros y bananeros. China es el segundo socio comercial de Ecuador después de Estados Unidos, con más de $5 mil millones exportados a China en 2023.

Ecuador tiene importantes proyectos de infraestructura financiados por China, como la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (con problemas estructurales que han llevado a arbitraje internacional). Un acuerdo anti-China podría complicar la resolución de estos conflictos.

Ecuador también tiene una significativa deuda con China (4 mil millones de dólares), lo que limita su margen de maniobra. Cualquier convenio con EE.UU. debería considerar esta realidad financiera.

En este contexto, Ecuador se encontraría en la difícil posición de equilibrar relaciones entre las dos potencias. Para EE.UU., la mejor postura ante el avance del gigante asiático en Ecuador no es obligar a sus vecinos a elegir entre una de las dos potencias. Lo principal y más eficaz, según varios analistas, es fomentar la transparencia, instituciones fuertes, y la aplicación universal del estado de derecho.

¿Qué acuerdos específicos podría firmar Ecuador con EE.UU.?

Durante la visita de Rubio, a más de un convenio para mermar la influencia China, se podrían firmar varios acuerdos específicos en las siguientes áreas:

1. Seguridad y lucha contra el narcotráfico:

-Acuerdo de cooperación militar ampliado: Podría formalizarse un acuerdo que profundice la cooperación militar existente, posiblemente incluyendo discusiones sobre la reversión de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en Ecuador.

-Estrategia integrada de asistencia en seguridad: Según documentos del Congreso estadounidense, el Secretario de Estado debe presentar una estrategia integrada de asistencia en seguridad para Ecuador, que podría concretarse durante esta visita.

-Ampliación del intercambio de oficiales de enlace: Podría expandirse el acuerdo bilateral firmado en julio de 2025 que facilita el intercambio de oficiales de enlace en el campo de seguridad.

2. Comercio y economía:

-Discusiones sobre aranceles: Podrían iniciarse negociaciones para reducir o eliminar el arancel del 10% que Trump impuso a las importaciones ecuatorianas en abril de 2025, que afecta productos clave como camarones, bananas, cacao, flores y petróleo.

-Avances hacia un TLC: Ecuador ha propuesto a Estados Unidos la firma de un tratado de libre comercio, y esta visita podría marcar avances en esa dirección, posiblemente con un esquema de reciprocidad arancelaria.

-Acuerdos sectoriales: Podrían firmarse acuerdos específicos para sectores como el automotriz, donde Noboa ha propuesto eximir de aranceles a autos estadounidenses que no compitan con la producción ecuatoriana.

3. Migración:

-Acuerdos sobre deportaciones: Similar a los acuerdos firmados con Guatemala durante la visita de Rubio a ese país en febrero de 2025, podría establecerse un marco para la repatriación de migrantes ecuatorianos y de otras nacionalidades.

-Cooperación en control fronterizo: Podrían firmarse acuerdos para fortalecer el control de las fronteras ecuatorianas para reducir la migración irregular hacia Estados Unidos.

La Policía detuvo a 16 militares y cinco civiles la madrugada de este 3 de septiembre en varias provincias, por filtrar y vender información de operaciones sensibles en el sector fronterizo de Loja, donde prolifera la minería ilegal. (Ilustración Canva)

Redacción Códóiógo Vidrio

La Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos, tanto en unidades militares como en domicilios particulares para capturar a los 16 uniformados implicados, como parte de la investigación que se inició hace varios meses por una denuncia del Ejército.

Los agentes de Inteligencia Militar obtuvieron datos que revelaron filtraciones respecto a operaciones militares de control de minería ilegal en curso, que se ejecutaban en la frontera sur, desde el Batallón de Infantería BI-19 Carchi, acantonado en Celica, Loja.

Al descubrir la filtración, un coronel del Ejército entregó las pruebas como un acto urgente, a la Fiscalía de de Loja.

Código Vidrio conoció que oficiales de Inteligencia Militar lograron explotar el teléfono de uno de los involucrados, donde encontraron información de varios individuos, que indicaban cuando iban a realizar las operaciones militares y los datos personales de los militares que participaban en las operaciones.

Fruto de esta investigación fue detenido alias José B., alias ‘Josho’, principal líder de un grupo criminal que controla operaciones de minería ilegal y tráfico de combustibles y químicos para procesar oro, en esta provincia. Especialmente en el parque nacional Podocarpus, donde estas actividades han escalado de forma preocupante. Josho cuenta con una intrincanda red delictiva y sitios de almacenamiento de material para explotación minera.

En un comunicado, el Ejército reiteró “su compromiso irrestricto con la transparencia, la legalidad y la defensa de los más altos intereses nacionales. Nuestra institución no tolerará bajo ninguna circunstancia actos que vulneren el honor militar ni que comprometan la seguridad del Estado”.

Observadores nacionales e internacionales ponen la lupa sobre el concurso para escoger al nuevo fiscal que acaba de empezar, en medio de dudas sobre su desenlace. El manejo de los tiempos del Consejo de Participación Ciudadana coincide con las decisiones e intereses del Gobierno, lo cual enciende alertas sobre la politización del proceso.   

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Hace cuatro meses, Ecuador debía posesionar a su nuevo fiscal general. No pasó. El inicio del concurso se pospuso lo suficiente para que quedara en el limbo. Sobre todo, después de que el presidente Daniel Noboa puso en marcha la consulta popular, prevista para diciembre, que cambiará las reglas de juego de esa designación, pues propone la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

En estas circunstancias en muy complicado saber cuándo se concretará la designación del Fiscal, pues si la pregunta sobre el Consejo es aprobada, la designación estaría a cargo de la Asamblea, bajo otras reglas, incluso sin un concurso.

Hasta el momento, el CPCCS ha avanzado muy poco en este proceso. Aún no logra integrar la Comisión Ciudadana que estará a cargo del concurso ni conformar la veeduría.

En el primer caso, el equipo técnico lleva varias jornadas revisando los expedientes de los 69 postulantes para integrar la Comisión. En el segundo, las inscripciones para la veeduría se cerraron el 15 de agosto y hasta el cierre de esta publicación no había novedades.

El último avance ocurrió el pasado 20 de agosto. El CPCCS anunció que el Ejecutivo envió un oficio con los nombres de sus delegados para el concurso: David Eduardo Flores Brandt y María Belén Toca Mena. Ellos serán parte de la Comisión Ciudadana de Selección. Aun no se conocen los delegados del IESS, SRI, Contraloría General, CNE, TCE, Consejo de la Judicatura, Servicio de Contratación Pública y UAFE.

Pero una de las demoras que más llama la atención de veedores nacionales e internacionales es el retraso del inicio del concurso para designar al reemplazo de Diana Salazar, quien en abril de este año cumplió su periodo de seis años. Ya en funciones prorrogadas, Salazar renunció a su cargo un mes más tarde y, desde entonces, Wilson Toainga quedó al mando de la institución.

En septiembre de 2024, el CPCCS aprobó el reglamento para el concurso, pero nueve meses después, decidió reformarlo. Según el Consejo, esto era necesario porque el reglamento original no era preciso en los temas técnicos y para mejorarlo, se recogieron observaciones de los gremios profesionales y de los consejeros. El organismo asegura que no hubo cambios que vulneren el ordenamiento jurídico o los principios del concurso.

Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que mantiene un seguimiento activo de este concurso, indica que esta demora es una primera alerta, pues debía realizarse el año pasado, para cumplir con los plazos previstos por la ley.

Difícilmente el concurso se concretará antes de cumplirse un año de las funciones prorrogadas de Toainga. “Creemos que hubo un cálculo político al respecto: es decir que el Consejo decidió esperar los resultados de las elecciones de este año para recién en este momento empezar el proceso de reemplazo”.

El titular del Consejo, Andrés Fantoni, descartó cualquier cercanía con el Ejecutivo y defendió la independencia de sus decisiones de cualquier injerencia política.

Aunque aún no se ha abierto la convocatoria para los candidatos a fiscal, ya se barajan nombres de los posibles postulantes. Uno de los primeros, que encendió las elertas sobre una posible operación política ajustada a los intereses del Ejecutivo, es el de José de la Gasca, quien renunció inesperandamente al cargo de ministro de Gobierno el mes pasado. “Renuncio al cargo, pero no a la causa ni a la lucha”, destacó en su carta de dimisión de la Gasca, en un tono grandilocuente, exaltando los logros y aciertos del Gobierno. En 2018 de la Gasca ya quiso ser fiscal general. Fue uno de los 14 postulantes del  concurso que ganó Diana Salazar. Obtuvo 65 sobre 100 puntos y quedó en penúltimo lugar. En declaraciones a la prensa dijo que sí podría postularse para el cargo.

Fiscales, con la camiseta del Gobierno

Legalmente no existe ningún impedimento para que una autoridad del Gobierno en funciones pueda postularse para ese cargo, explica Espinel. Eso permitió, por ejemplo, que Galo Chiriboga, en su momento, pase de exministro de Trabajo del entonces presidente Rafael Correa a fiscal general del Estado.

En otros países sí existe una prohibición. Pero, más allá de la legalidad, ¿es ético? “Puede que no sea ético, porque legal lo es. (…) Ecuador, lamentablemente sí tiene precedentes de esta desconexión sobre los intereses del Ejecutivo y la labor de la Fiscalía”, dice Espinel.

La manipulación política de los concursos es persistente desde la creación del CPCCS, en 1998, según María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ)  “Pese a que son, entre comillas, de méritos y oposición y se hace toda esa parafernalia de la carpeta, del examen, del examen oral… Finalmente hay un interés político, cada vez más fuerte”, destaca.

Eso se entiende porque el Consejo se encarga de designar altas autoridades con capacidad de decidir sobre temas de interés público muy alta, como contralor, fiscal general, superintendentes, defensor público y del pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y vocales del Consejo de la Judicatura.

Para Miño, en este concurso “hay cierto jugueteo” con los tiempos. Eso también pasa con el proceso en marcha del Consejo de la Judicatura, que tiene como consecuencia la no selección de la Corte Nacional de Justicia. “¿Por qué hay esa demora? -y esta es mi impresión-, se eligen tiempos jurídicos como oportunos. Se debía designar en abril pero no se hizo, para coincidir con la elección presidencial. El concurso de fiscal no se escapa de estas jugarretas tradicionales, para que los tiempos se ajusten quizás a posibles negociaciones políticas”, apunta. “Finalmente, estos cargos son un botín político: se ajustan para premiar a ciertas personas para poner a gente funcional. Se usa como una suerte de ficha de cambio”.

Con las reglas vigentes, el concurso no está diseñado para elegir al mejor postulante sino a cualquier persona, pues tiene características muy generales como ser abogado con 10 años de ejercicio. “Deberíamos estar buscando una persona excepcional, no hay filtros que estén direccionando hacia lo extraordinario. No hay salvaguardas para ir cirniendo a la población y eso tiene como resultado, un poco de cara a la manipulación, que cualquier persona pueda ir allá”, agregó Miño.

Ni el Gobierno ni el CPCCS responden

El concurso también es vigilado desde el exterior. A mediados de agosto estuvieron de visita en Quito los integrantes de la Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia del Ecuador (MIO). Jaime Arellano, su secretario ejecutivo, dijo que el objetivo de la visita era mirar cómo se desarrolla el proceso, compararlo con la reglamentación interna ecuatoriana y con los estándares internacionales para seleccionar altas autoridades de justicia.

La Misión mantuvo reuniones  con colegios de Abogados, actores de la sociedad civil, de la academia, periodistas, del sistema de justicia, etc. en sus tres días en el país. No obstante, ni el Ejecutivo ni el CPCCS atendieron sus pedidos de una cita para tener conversaciones sobre el concurso de fiscal general. Aunque lo ideal habría sido un encuentro presencial, sus integrantes dijeron que insistirían para mantener un diálogo virtual hasta que pueda concretarse una reunión en su próxima visita.

En su primer manifiesto público, la MIO emitió algunas sugerencias. Una de las principales es que el concurso debe estar libre de injerencias políticas, económicas y fácticas y mostró también su preocupación por la demora en la ejecución del concurso. Arellano señala que ese ya es “un primer ripio en el concurso”. Sobre todo porque la fiscal Diana Salazar fue designada embajadora en Argentina por Daniel Noboa, cuando aún estaba en funciones.

Los observadores consideran primordial que el proceso sea transparente y público, incluso en el momento de rendir las pruebas, para que la gente pueda verificar dentro y fuera del país  que lo que se refleje en los resultados realmente ocurrió. Eso, si bien no es una garantía absoluta, puede permitir que se detecten eventuales conflictos de intereses que estén ocultos y que se noten en las calificaciones.

Eso ya ocurrió en el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. “Uno de los motivos por los que también se anula el proceso es que se descubre que personas que ya habían pasado los primeros filtros, y supuestamente estaban habilitadas, tenían conflictos. No se supo porque el Consejo de la Judicatura no fue capaz de detectarlos”.

“Si esa información hubiese estado disponible para para la prensa y para las organizaciones de la sociedad civil, como ha ocurrido en otros países, se podría haber investigado”, resalta Arellano.

El concurso -dice- debe basarse en criterios técnicos, objetivos y de méritos, para garantizar la independencia que debe tener quien dirija la Fiscalía.

Además, la carpeta de los candidatos debe ser abierta para que las veedurías y grupos de observadores puedan verificar que no tengan conflictos con la justicia, no formen parte de partidos políticos ni tengan vínculos con el poder político, el Gobierno de turno o la Asamblea. “El punto clave es confirmar que lo que dicen los candidatos es verdad”, subraya Arellano.

Otro de los observadores que visitó el país es José Antonio Guevara.  Él estima que lo más importante es que el nuevo fiscal general sea intachable e incorruptible para poder acusar a las personas independientemente de su nivel económico, político o social. Debe tener independencia para investigar a cualquier individuo, de los sectores privado y público.

Guevara coincide en que no existe aún una respuesta clara de los actores clave en el proceso sobre el motivo del retraso del concurso. Esa es una preocupación latente en la Misión, aunque celebra que finalmente esté en marcha el concurso.

Guevara explica que ellos harán un seguimiento en línea y varias visitas al país, pero su trabajo no incluirá solo un informe final, como estilan la mayoría de veedurías internacionales. En este caso, emitirán informes preliminares y alertas urgentes, de ser necesarias, para que se pueda enderezar sobre la marcha.

A la Misión le preocupa el contexto en el que se desarrolla el concurso. Su visita ocurrió en una semana convulsa: el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha en contra de la Corte Constitucional. Han ocurrido eventos que evidencian la interferencia en el sistema judicial. En Ecuador y en cualquier otro país de la región, “la pelea por los actores políticos, por designar a la persona que va a encabezar las fiscalías generales es uno de los desafíos más grandes que se enfrenta porque todos los actores políticos quieren poner a la persona que les va de alguna manera a favorecer”.

Entre acuerdos político y méritos

ANÁLISIS PROSPECTIVO. El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que podría erosionar la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Las experiencias sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

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Los ataques persistentes del gobierno de Daniel Noboa a la Corte Constitucional erosionan la ya endeble independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos.

¿En ese choque cuáles serían las consecuencias para Noboa y para el país? Sobre todo, en medio de una creciente e incontenible avalancha de inseguridad, que según el Observatorio del Crimen Organizado se refleja en un aumento del 46% de los homicidios en el primer semestre del año, en relación al mismo período del 2024.

Otro factor que complejiza el panorama es la severa crisis que enfrenta el sistema de salud pública, atrapado por redes de corrupción, falta de recursos y medicinas, deterioro de atenciones, inestabilidad de cargos directivos, improvisación… Es sintomático, en este contexto, el caso de la reciente muerte de 12 infantes en el Hospital Universitario de Guayaquil, que ha despertado duras críticas en redes sociales contra el Régimen.

El presidente Noboa está mermando su capital político, a solo tres meses de la elección que le permitió mantenerse en el poder, para un nuevo período presidencial. Los despidos de miles de funcionarios públicos así como casos sonados de corrupción como la compra de generadores a Progen, son minas que el gobierno va sembrando en el camino.

En este contexto, los ataques al tribunal constitucional podrían significar la pérdida del volátil apoyo de sectores y élites políticas, preocupadas por su talante autoritario. Como ya ocurrió tras el incidente diplomático con México (la incursión en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas), Noboa podría perder el apoyo de partidos de oposición que hasta ahora han respaldado su agenda de seguridad. Esto dificultaría la implementación de sus políticas, ya que necesitaría construir una nueva coalición en la Asamblea.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte representa un pulso político y legal que erosionaría la independencia judicial y el sistema de contrapesos democráticos. Los estudios sobre casos similares en América Latina muestran que estos ataques sistemáticos a las cortes constitucionales suelen abrir las puertas al autoritarismo.

¿Un tiro al pie?

Paradójicamente, Noboa depende de la misma Corte Constitucional que está atacando para aprobar las preguntas de su consulta popular programada para diciembre de 2025. Esta contradicción podría complicar la realización de la consulta, especialmente la pregunta que busca que los jueces constitucionales puedan ser sometidos a juicio político.

 La convocatoria a una marcha nacional contra la Corte para este martes 12 de agosto y la retórica que califica a este organismo como «enemigo del pueblo» intensifican la polarización política, lo que podría dificultar la gobernabilidad, en el mediano plazo.

Los ataques a la Corte Constitucional, sumados al incidente con la embajada mexicana, ya generan preocupación entre los socios internacionales de Ecuador sobre un posible retroceso democrático, lo que podría afectar la cooperación en materia de seguridad y la inversión extranjera. Varios diplomáticos de países amigos consultados por este medio están preocupados por las virulentas arremetidas del Ejecutivo y sus lugartenientes a la Corte, sobre todo por las presiones, al margen de canales legales y constitucionales,  al convocar a militantes del partido de gobierno para torpedear y presionar a los jueces. Representaciones internacionales les han hecho conocer a autoridades del régimen su malestar por sus arremetidas.

Si bien Noboa ha mantenido niveles importantes de aprobación por su enfoque en la seguridad, el conflicto con la Corte Constitucional podría afectar su imagen como líder democrático, especialmente si la ciudadanía percibe estos ataques como una distracción de los problemas de seguridad, cuyos indicadores se deterioran aceleradamente.

Preocupación internacional

Por lo inusual de este tipo de reacciones, la Relatora Especial de las Naciones Unidas fue una de las primeras funcionarias en reaccionar, rechazado las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, por la suspensión temporal de artículos de las leyes de Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad Nacional.

Human Rights Watch también ha expresado su rechazo a las amenazas del gobierno ecuatoriano contra la Corte, manifestando preocupación por la independencia judicial.

El conflicto entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional en Ecuador se suma a otros casos similares en la región donde se han producido tensiones entre diferentes poderes del Estado, como en Colombia con el gobierno de Petro y la Corte Constitucional sobre el decreto de conmoción interior, o en México con la reforma judicial y la Suprema Corte.

Las reacciones en Ecuador

 El 7 de agosto de 2025, aproximadamente 1.500 personas se movilizaron en Quito desde el Fondo de Seguros del IESS hasta la Corte Constitucional en apoyo a la decisión de este organismo de suspender 17 artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Participaron representantes de La Cumbre Agraria, Organizaciones de mujeres, el movimiento estudiantil.

La movilización fue una respuesta directa a la convocatoria del presidente Noboa a una marcha contra la Corte Constitucional programada para el 12 de agosto de 2025.

ANÁLISIS. Ecuador se volvió una prioridad para Estados Unidos en temas de seguridad por razones estratégicas que afectan directamente sus intereses. Los principales son el combate el narcotráfico, el riesgo de desestabilización regional, la migración a ese país por la violencia interna, la necesidad de contrarrestar la influencia china y los intereses comerciales.  

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La reciente visita de la Secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, al país, la semana pasada, evidencia la importancia que el gobierno de Donald Trump le ha dado a la cooperación con Ecuador. En esa línea, Noem mantuvo reuniones de alto nivel con el presidente Daniel Noboa y algunos de sus ministros.

Los beneficios específicos que Ecuador obtendrá de los recientes acuerdos incluyen, entre otros:

-Equipamiento «crítico» para seguridad y respuesta a emergencias, como parte de un paquete de ayuda de cinco años valorado en aproximadamente $93 millones.

-Equipamiento militar, aunque no se ha especificado exactamente de qué tipo.

-Intercambio de oficiales de enlace en el campo de la seguridad, lo que facilitará la transferencia de conocimientos y mejores prácticas.

-Capacitación para el uso de sistemas biométricos para identificación de terroristas y miembros de pandillas.

Uno de los ejes medulares, de interés mútuo, es el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional. Los últimos años Ecuador se ha convertido en un importante corredor para el tráfico de drogas y enfrenta una grave crisis de seguridad con bandas criminales que luchan violentamente por el control de territorios, rutas y corredores del narcotráfico. EE.UU. busca contener el flujo de drogas hacia su territorio, por lo cual ha priorizado fortalecer las capacidades de Ecuador para combatir estas amenazas.

La crisis de seguridad que enfrenta Ecuador podría desestabilizar la región andina. Según un informe del Congreso estadounidense de este año: «Ecuador enfrenta una crisis de seguridad, con grupos delictivos luchando por el control de rutas de narcotráfico y de las prisiones. Intentando influir en la política». Esta inestabilidad podría afectar a países vecinos como Colombia y Perú.

La migración irregular

Otro propósito de EE.UU. con el apoyo a Ecuador es contrarrestar la migración irregular. El aumento de la violencia en este país ha incrementado el desplazamiento de miles de ecuatorianos hacia ese país.

En este sentido, el gobinero estadounidense necesita mantener estrechos vínculos con Ecuador para administrar un paquete de ayuda de seguridad multimillonario, que se anunció en medio de un aumento en el número de migrantes ecuatorianos que buscan refugio de la violencia e inestabilidad en su país», indicó Insight Crime en un análsis en 2024.

Contrarrestar la influencia de China

EE.UU. busca contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina y específicamente en Ecuador. En el Congreso estadounidense, algunos miembros han pedido «un mayor compromiso de EE.UU. con Ecuador para ayudar a contrarrestar la influencia comercial de China en el país», especialmente después de que un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China entrara en vigor en 2024.

 

Recuperar influencia

Durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador adoptó políticas «anti-imperialistas» que limitaron la cooperación con EE.UU., incluyendo el cierre de la base militar estadounidense en Manta en 2009. Desde entonces, EE.UU. ha buscado restablecer su influencia en el país, aprovechando gobiernos más favorables como los de Moreno, Lasso y Noboa.

Intereses comerciales

EE.UU. es el principal socio comercial de Ecuador, con un comercio bilateral de bienes que alcanzó los $16.6 mil millones en 2023. Mantener la estabilidad en Ecuador es crucial para proteger estos intereses comerciales.

Impacto de la cooperación en seguridad

El impacto de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador en los niveles de violencia y narcotráfico ha sido limitado hasta ahora, con resultados mixtos.

La violencia sigue en aumento. A pesar de la cooperación en seguridad, Ecuador ha experimentado un incremento dramático en sus tasas de homicidios, pasando de 6 por cada 100,000 habitantes en 2016 a 44,5 por cada 100,000 en 2023, y posiblemente alcanzando 39 homicidios por 100,000 habitantes en 2024. En este primer semestre hubo un aumento del 48% de los homicidios en relación al año pasado, según un informe del Observatorio del Crimen Organizado.

También se han establecido marcos para operaciones navales conjuntas y construcciónn de facilidades para combatir el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas fluviales, pero no hay datos oficiales concretos sobre su efectividad.

Factores que limitan la efectividad

Según fuentes del Ministerio del Interior un factor que es un lastre en la lucha antidelictiva es la corrupción estatal. «No es solo preocupante, también es limitante… Tenemos que entender que el crimen organizado no es algo ajeno al estado», refiriéndose a los vínculos entre bandas y fuerzas de seguridad ecuatorianas. La situación es crítica en unidades que controlan el narcotráfico, y también en la respuesta de la Fiscalía.

Además del enfoque y apoyo a las acciones armadas, Ecuador necesita la construcción de su capacidad institucional y reformas sociales, para atacar las causas estructurales de la violencia delictiva.

Según un informe del International Crisis Group, las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno (2017-2021) redujeron el presupuesto carcelario, eliminaron el Ministerio de Justicia y congelaron el presupuesto de seguridad, debilitando las instituciones antes de que comenzara la cooperación intensificada con EE.UU.

La cooperación actual se da después de un período de relaciones tensas durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), quien cerró la base estadounidense en Manta en 2009 y expulsó a la embajadora estadounidense en 2011. La cooperación se reanudó con sus sucesores, especialmente con Noboa, quien ratificó dos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en febrero de 2024.

ANÁLISIS. En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera del correísmo, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025. En medio de esa ofensiva contra la Corte, este martes 5 de agosto el presidente Daniel Noboa difundió las siete preguntas que incluirá en la consulta popular, prevista para diciembre próximo. En una de ellas propone precisamente que los jueces del tribunal constitucional puedan ser enjuiciados políticamente.  

Por Mario A. Prado M., doctor en Jurisprudencia.

El entonces Tribunal Constitucional, luego de aprobada la Constitución de Montecristi, por sí y ante sí se convirtió en “Corte Constitucional de Transición”, luego conocida como la corte cervecera, que, durante su larga vida, no sólo fue obsecuente a todas las directrices e imposiciones del correato, sino que, además, convirtió a la justicia constitucional en una mercadería.

La corte cervecera fue una dependencia más de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, por lo tanto, renunció a ejercer el control constitucional, lo que se tradujo en que nunca, jamás, se atrevió a declarar la inconstitucionalidad de leyes y actos normativos expedidos en oposición de principios y normas constitucionales. En este contexto, para el gobierno de Correa, esa Corte, obviamente, era la mejor y más calificada Corte Constitucional pues le aseguraba el ejercicio abusivo del poder, sin ningún límite. Inobjetablemente, esta Corte respondía al gobierno de Correa.

En estos días, importantes activistas políticos – influencers – han iniciado una agresiva campaña en contra de la Corte Constitucional, llegando al extremo de proponer una reforma para desaparecerla y, que el control constitucional, sea ejercido por una sala de la Corte Nacional de Justicia. Una de las razones para pedir este despropósito es que los jueces de esta Corte no responden a nadie. Lo sorprendente es que estos activistas, otrora severos críticos de la corte cervecera, ahora claman por una Corte Constitucional sumisa que no ejerza el control constitucional, que no conozca las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de las leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre de 2025.  Dicho pronto y rápido, para estos influencers lo que antes estaba mal, ahora está bien.

La pregunta es ¿debe o no existir control constitucional? La respuesta desde la ciudadanía debe ser clara y unívoca: si, porque es la única forma como se puede preservar el Estado de Derecho; sin el control constitucional dejan de regir los límites que la norma suprema impone a quienes ejercen el poder, es decir, se da paso al imperio de la ley de la selva (o la ley del más vivo) y los derechos fundamentales se convierten en una ficción.

La Corte Constitucional no debe arredrarse frente a la campaña que han iniciado los infuencers y debe conocer todas y cada una de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de las nuevas leyes aprobadas en lo que va de este segundo semestre; lo deseable, lo necesario es que las resoluciones que adopte la Corte Constitucional estén alejadas del activismo judicial; Manuel Atienza, uno de los grandes exponentes de la argumentación jurídica al comentar la sentencia del matrimonio igualitario recomendó a los jueces que deben respetar el límite autoritativo de derecho y abandonar la peregrina idea de que la constitución significa lo que el juez o el magistrado constitucional decide que signifique, porque esta actitud implica acabar con todos los valores del constitucionalismo.

El país espera que resuelvan todos los casos con la Constitución en la mano y no como activistas judiciales, o como influencers que, cual seres superiores e iluminados, deciden desde la arrogancia lo que es y lo que no es constitucional.

El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, asegura que el concurso y designación del nuevo Fiscal General, así como del presidente de la Judicatura y otras autoridades, se realizarán en base a los méritos de los postulantes, con procesos transparentes, sin espacios para la injerencia del Gobierno. No obstante, desde su creación, en 2008, el organismo ha actuado, con contadas excepciones, como un apéndice del Ejecutivo y de movimientos políticos. Ese mismo guión podría ser aplicado por el régimen de Daniel Noboa. José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y anunció que correrá para Fiscal General. En 2018 ya concursó para ese cargo, pero terminó en el puesto 16 entre 17 postulantes. Nota actualizada este 3 de agosto.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo

Las sombras de la politización nuevamente acechan el concurso para la designación del Fiscal General, considerado la joya de la corona en el sistema judicial. Este proceso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), observado por su aparente afinidad con el gobierno de Daniel Noboa. De por medio está la declaratoria de una emergencia judicial, para una segura reorganización, a través del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo presidente y vocales serán escogidos por el CPCCS.

El nuevo titular de la Fiscalía debía asumir su cargo en abril de 2025, una vez que Diana Salazar terminó sus funciones. Pero por una serie de incidentes y retrasos el concurso recién empezará a fines de este año. Entre tanto, frente a la entidad permanece el fiscal subrogante Wilson Toainga.

El cargo de Fiscal es medular, en medio de una escalada de corrupción en el sector público por la penetración del crimen organizado y el narcotráfico. Investigaciones sistemáticas de la fiscalía, los últimos años, han sido determinantes para evidenciar el nivel de contaminación estatal (casos Purga, Metástasis), pese a sus limitados recursos.

 En los próximos días, los vocales del CPCCS enfrentarán una primera prueba de fuego para medir su independencia del Gobierno: la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente de la Judicatura. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación de paso al proceso de designación del titular y los vocales de la Judicatura.

Todo apunta a que será ratificado, por seis años más, el actual titular, Mario Godoy, quien encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura designará a los nuevos miembros de la Corte. Además, Godoy ya anunció que se declarará la emergencia a la Función Judicial en agosto, que implicaría una nueva reorganización a través de un proceso de evaluación de todos los jueces.

Fantoni niega afinidad con el Gobierno

En entrevista con Código Vidrio, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, negó tener afinidad con el presidente, Daniel Noboa: “No. Aquí se respeta las funciones del Estado y se respeta los que son concatenados a cada una de las funciones. Nosotros somos parte de la Función de Transparencia y Control Social y la Presidencia es parte del Ejecutivo”, afirmó.

Comentó que como organismo han mantenido “una relación o coordinación para sacar el país adelante”, lo cual es positivo. “Pero no es cierto que nos debamos a otra función del Estado, y lo hemos demostrado con hechos. Yo, como presidente del Consejo, he sido transparente en mis votaciones, siempre han sido consecuentes en  todos los procesos para la selección de ternas con verificaciones rigurosas”. Y sobre los méritos y concursos de oposición, explicó  que no es una responsabilidad de los consejeros, sino de una Comisión Ciudadana.

El termómetro de la independencia en la selección del nuevo Fiscal General tendrá un indicador claro cuando se concrete la designación del Presidente de la Judicatura. Por lo pronto, la semana que termina aparecieron claras señales de cual es la intención del régimen de Daniel Noboa.   José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y no descartó que correrá para Fiscal General.

Un cargo en la cúspide del poder judicial

Los alcances y facultades del fiscal han cambiado significativamente desde el siglo pasado. Desde 1948 hasta 1979, su titular tenía el cargo de ministro general de justicia. Los legisladores lo elegían para un periodo de seis años. En esa época también hubo casos de ministros interinos, de 1964 a 1967 y de 1970 a 1979. Algunos de esos años coincidieron con la Junta Militar y con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y el posterior Triunvirato Militar. El primero en ocupar ese cargo fue Manuel Cabeza de Vaca, seguido por Alfonso Mora Bowen.

En 1979 asumió el cargo Edmundo Durán Díaz como ministro fiscal general de la Nación. Desde esa época era designado de ternas de la Procuraduría, de los presidentes de turno y del  Consejo de la Judicatura.

Desde el 2007 hasta la actualidad, han ocupado el cargo de fiscal general del Estado Washington Pesántez, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno y Diana Salazar, además de fiscales que recibieron el encargo del CPCCS: Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Wilson Toainga.

¿Por qué hay tanta expectativa e intereses alrededor de quién ocupará ese puesto? Para la exfiscal Mariana Yépez, la Fiscalía es la columna vertebral del proceso penal y siempre lo ha sido, pero actualmente, en el país existe mucha delincuencia, crimen organizado, contacto con la minería ilegal y el narcotráfico. En ese contexto, destaca Yépez, la atención se centra en quien estará a cargo de investigar, presentar un dictamen y sugerir que se inicie un juicio o no en las altas esferas. Sobre todo porque desde la década del 2000, en Ecuador rige el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, que le ha dado a la figura del fiscal mayor protagonismo y poder.

En ese escenario -agrega Yépez- hay distintos intereses sobre el cargo, incluido el político, y si la persona que lo ostenta lo usa para favorecer a sus “amigos de determinado sector y a perseguir a los enemigos”, su figura perderá peso, pues se evidenciará que no es imparcial. “.

El Fiscal es el titular de las acciones penales y decide los casos que se van a procesar y los que no, los que van a instrucción fiscal, los que se quedan en investigación o los que se archivan, indica la abogada penalista Lorena Grillo. Esa es la parte medular para la justicia
-señala-, porque si no acciona, no hay proceso penal.

Antes de las reformas que empezaron a regir desde inicios de este siglo los fiscales generales recibían exclusivamente procesos de fuero y de tipo político por causas como el peculado. Ahora, y con los cambios drásticos por los que ha atravesado el país en los últimos 20 años, el cargo es más relevante, explica Grillo. “Hoy enfrentan organizaciones que tienen participación en diferentes tipos penales, son estructuras criminales que participan de una serie de delitos de manera coordinada y jerárquica y también tienen tentáculos en la justicia, en la misma Fiscalía, en los poderes políticos. Es decir, son estas empresas criminales que tienen inversiones, si se puede mal llamar así, en todo tipo de áreas dentro del mismo Estado”, dice Grillo.

 Su poder no está solo en el campo del litigio, sino en lo administrativo. Tiene tareas administrativas en cuanto a la estructura y organización interna, suscribe convenios, maneja la coordinación internacional en cuanto a delitos nacionales, internacionales y transnacionales y temas de capacitación, entre otras tareas.

El abogado Hugo Espín destaca que una arista polémica del fiscal es que hay un alto riesgo,  como ya ha ocurrido, de que sea selectivo, sesgado, en cuanto a qué procesos decide darles celeridad y a cuáles no. Precisamente este tema ha sido el centro de críticas en contra de los fiscales generales electos bajo concursos dirigidos por el CPCCS.

Por ejemplo, Chiriboga fue cuestionado, inicialmente, por ser familiar político del expresidente Rafael Correa. Al terminar sus funciones, todos los dedos apuntaban hacia un gran vacío en su gestión: la falta de resultados de la investigación sobre el entramado de corrupción en los contratos en Ecuador de la firma constructora brasileña Odebretch fue uno de los más sonados. Según sus detractores, Chiriboga represó la investigación porque involucraba a personajes del gobierno de Correa, donde también fue ministro de Energía.

La “traición” de Baca Mancheno

Aunque Chiriboga decía haber entregado miles de fojas sobre el caso a su sucesor, Baca Mancheno, no tomó ninguna decisión. Fue Baca quien, pese a haber ocupado cargos en el gobierno de Correa, procesó y acusó al entonces vicepresidente Jorge Glas de asociación ilícita en el caso Odebretch, junto al excontralor Carlos Pólit, hoy preso y sentenciado en Estados Unidos. Ambos fueron enjuiciados por recibir coimas por un total de  24 millones de dólares de la empresa brasileña. Esa decisión, a la larga, le costó el cargo a Baca, (tildado de traidor por Glas) pues fue enjuciiado y censurado por la Asamblea. Estuvo menos de un año en funciones.

A Baca le sucedió Diana Salazar, quien era una funcionaria de carrera en la Fiscalía. Llegó al cargo durante la presidencia de Lenín Moreno. Y si bien su selección fue considerada como una apuesta del país hacia la independencia, también hubo señalamientos en su contra por haber sido funcionaria en la administración de Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Moreno convocó a un referéndum para cambiar la conformación del CPCCS: pasó del concurso de oposición y méritos, a la designación de sus vocales en un proceso electoral.

Salazar ejerció su cargo durante tres gobiernos: Moreno, Lasso y Noboa. Durante esos seis años, su gestión fue aplaudida y criticada. Su rol, en buena medida, profundizó la polarización que ha vivido el país, desde la década pasada: aplaudida por el anticorreísmo, criticada sin piedad desde el correísmo. Sin embargo, su salida dejó un sabor agridulce entre sus simpatizantes. Minutos después de renunciar al cargo, en mayo pasado, el gobierno de Noboa anunció que la había designado embajadora de Ecuador en Argentina.

Sus últimos años en funciones impulsó los casos Metástasis, Purga, Plaga y Amistad. Pero el que la catapultó fue el caso Sobornos, que tuvo un desenlace con la condena a 8 años de prisión a Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. Su desempeño destacó entre sus antecesores, con un marcado protagonismo en los medios, porque proyectó la imagen disrruptiva de una mujer negra empoderada, de carácter vehemente y confontativo. Su desempeño fue el foco de sistemáticos ataques, cuestionamientos y descalificaciones, especialmente desde el correísmo, que intentó sacarla del cargo en varias ocasiones. Recibió amenazas constantes contra su vida, lo cual la condenó a vivir con un dispositivo permanente de seguridad.

Si bien tuvo una aprobación generalizada por sus aciertos y celeridad en importantes investigaciones, Salazar también fue criticada por una supuesta selectividad al decidir en qué temas concentrar su atención: mientras apretaba el acelerador en los casos que incluían al expresidente Rafael Correa y sus excolaboradores, en otros, relacionados con otros gobiernos no hubo la misma agilidad, según juristas consultados.

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LEA MAÑANA. La Fiscalía depende económicamente del Ejecutivo  y no tiene control disciplinario de sus funcionarios.

ENTREVISTA. El jurista y académico de la Universidad San Francisco, Xavier Andrade, estima que los políticos en general carecen de ética intelectual y académica para ocupar el cargo de Fiscal General, dignidad que el Consejo de Participación debe designar en los próximos meses. Un Fiscal, recalca, debe cumplir, al menos, con tres estándares mínimos: integridad, determinación y solvencia académica, ética e intelectual.

Redacción Código Vidrio

–En 2019 usted participó en la evaluación para elegir al nuevo fiscal. Hoy estamos empezando un nuevo proceso de selección de esa autoridad. Como académico y jurista litigante, especializado en derecho penal, ¿Cuál es su evaluación del desempeño de estos seis años de Diana Salazar como Fiscal General?
El desempeño de la fiscal general, en estos últimos años, lo calificaría como bueno, tomando en cuenta que ha liderado una lucha frontal contra la delincuencia organizada. Pero también he visto desigualdad de condiciones en el manejo de otros casos, como por ejemplo Ina Papers o Grilletes Electrónicos. Descuidó estas y otras investigaciones a las que no les puso suficiente énfasis.

–Si bien Salazar tuvo un apoyo mayoritario por su frontalidad y valentía para empujar casos emblemáticos también tuvo detractores y muchos enemigos.
Creo que ella maduró mucho en el cargo, en muchos aspectos, en conocimientos, tuvo mayor preparación en los casos, aunque su posición fue a veces autoritaria.

–Un hecho que desató una encendida polémica durante el concurso y luego fue usado políticamente en contra de Salazar fue la nota que usted le puso, de 10 sobre 20, en el examen de conocimientos penales y procesales.
Ella era la candidata favorita, entre 17 postulantes; sus admiradores esperaban que la evaluara bien, pero yo solo califiqué sus respuestas, sin ninguna animadversión, en presencia de cuatro académicos que eran parte de la comsión que yo dirigía. Pero a la larga luego se produjo un efecto que le molestó mucho a la fiscal, pues un movimiento político empezó a llamarla la fiscal 10 sobre 20. Esos ataques injustificados de desprestigio cada vez le recordaban la nota que yo le había puesto. Eso generó una especie de rechazo hacia mí, que también la pasé mal, más allá de que éramos un equipo de evaluadores, pero yo asumí la responsabilidad porque presidía el comité. Sin embargo, además de esa prueba había otros componentes, por los cuales ganó el concurso, además de la prueba oral. El primero es que era afrodescendiente, era la primera vez en la historia que una persona de una minoría aspiraba a ocupar una dignidad tan alta, además era mujer, sucedía luego de varios hombres como fiscales. Uno más era que Salazar había empezado desde abajo, era una funcionaria de carrera en la Fiscalía.

–Volvamos al presente. ¿Cuál es su apreciación sobre la forma en que está desarrollándose el proceso para la designación del nuevo fiscal; existe el riesgo de que se politicen los concursos?
La falta de publicidad y transparencia en la designación del nuevo fiscal me genera muchas dudas de cómo se va a elegir, particularmente porque quienes han mostrado públicamente su interés en postularse tienen vínculos con partidos políticos.

-La designación del nuevo fiscal se da en momentos muy distintos a los que se vivían en 2019. El contexto del narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia con la corrupción son factores presentes a diferente nivel dentro y fuera del estado. ¿En estas circunstancias cuál es el perfil ideal que debe tener el nuevo fiscal?
Un Fiscal debe, al menos, cumplir con tres estándares mínimos para ocupar el cargo: integridad, entendida como la coherencia, entre lo que dice, piensa y actúa, tanto en la vida privada como la pública; determinación, a efectos de enfrentar con firmeza todas las adversidades, obstáculos y limitaciones que la gestión del cargo exige tanto en la parte administrativa, como la de litigio. Y finalmente, solvencia académica, ética e intelectual, para resolver todos los problemas jurídicos que el ejercicio de un cargo de esta naturaleza exige.

–¿Cuál es su opinión sobre la participación en el concurso de abogados litigantes y políticos que aspiran a ser fiscal general?
Para responder esta pregunta, yo preguntaría al abogado litigante y al político cuál es la razón, su motivo, cuál es la fuente para querer ser Fiscal. En la medida de su respuesta, yo valoraría que el abogado debería tener una experiencia previa sobre el funcionamiento interno de la Fiscalía, y no solamente la experiencia de conocer la Fiscalía. Es decir, el abogado debe conocer los procesos internos del manejo administrativo de una fiscalía y todos los componentes alededor de esto. Si el litigante no tiene esta experiencia, veo inútil su participación en este concurso ya que no generaría ningún cambio, sino todo lo contrario. En cuanto al político, en mi opinión, es poco idóneo que quiera asumir un cargo tan importante, ya que adolece de dos estándares que mencioné hace un momento, el político es poco íntegro y carece de ética intelectual y académica. Un ejemplo he que he escuchado a expolíticos que son abogados es que por su experiencia en el campo público, serían un buen fiscal. Los peores candidatos para este cargo son los políticos, porque ellos no tienen un criterio jurídico sino político y actuarán con esa perspectiva. Hay muchos que quieren alinear los dos conceptos, pero para mí siempre han estado divorciados.

-¿Un político debería saber que no puede ser fiscal, que no debe, porque está en la orilla opuesta. Ya estuvo en el otro lado, en un partido o en el gobierno?
Correcto. Es un tema de sentido común.

-En el caso de un abogado que litiga y se presenta como candidato a fiscal y gana ¿hay la posibilidadd de que no sea imparcial si debe investigar a uno de sus exclientes?
Por supuesto, hay un conflicto de interés latente, si eso ocurre su tarea se complicará mucho.

-¿Cómo ve usted la evolución de este nuevo proceso de selección, cuán confiable y solvente es?
Escucho y veo en los medios que se volverá a emprender evaluaciones y que hay nuevos reglamentos, con comisiones de veedores, pero seguimos enfocándonos exactamente en los mismo; lo cierto es que no se evalúa de manera distinta, se evalúan títulos, experiencia, pero no se llega a elaborar una propuesta distinta.

-¿Por qué no se lo hace?
Hay temor de subir los estándares, la calidad de quienes van a ser los candidatos.

¿Hasta dónde llega la independencia del Fiscal General?  Una de las mayores debilidades es su subordinación económica al Gobierno, que le asigna el presupuesto para su funcionamiento. Otro aspecto que merma su independencia es el control disciplinario de los agentes fiscales, que está a cargo del Consejo de la Judicatura. Por eso, “la Fiscalía no es independiente ni autónoma”, según expertos consultados, que coinciden en que el Ejecutivo está moviendo sus alfiles para controlar la Judicatura, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo 

No todo lo que brilla es oro. Pese a que el cargo del Fiscal General es considerado el de mayor peso en el poder judicial, la estructura legal y constitucional vigente es una camisa de fuerza que merma su independencia y autonomía y lo subordina al poder Ejecutivo, que tiene la última palabra en las asignaciones de su presupuesto.

La necesidad de fortalecer la independencia del Fiscal es oportuna, en vísperas de que empiece el proceso para escoger a quien dirigirá esa entidad los próximos seis años, y está previsto arrancar a fines de este año.

Desde 2008, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Fiscalía volvió a ser parte de la Función Judicial, de acuerdo con el artículo 194. Aunque ahí se menciona que “funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”, esa autonomía es solo declarativa.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que eso se queda solo en el papel. “La Fiscalía en este momento, lamentablemente, ni es independiente ni es autónoma. En el tema presupuestario, se convierte a la institución en un dependiente del Ejecutivo a tiempo completo”, apunta.

 ¿Por qué la Fiscalía debe mendigarle al Ejecutivo presupuesto cuando debería tener garantizado por ese principio de autonomía?, se pregunta Alarcón.

Por esa falta de autonomía económica actualmente Ecuador tiene 4,75 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional recomienda que debería contar con, al menos, ocho por cada 100.000 habitantes. En total hay 887 fiscales operando.

Desde hace varios años, la Fiscalía enfrenta problemas de presupuesto que le impiden contratar nuevos funcionarios.  Actualmente hay un déficit de 546 agentes, además de la necesidad de aumentar el personal administrativo y los puntos de atención, según datos oficiales.

En 2024 el presupuesto de la Fiscalía fue de $143 millones, menor al de años anteriores. Esto aumentó sustancialmente el represamiento de procesos judiciales, en el contexto de cada vez más detenciones por la oleada criminal que asola el país desde 2020. En la práctica, ése es un factor que favorece a la impunidad, perforando la lucha antidelictiva.

Sin control sobre sus subordinados

La falta de independencia de la entidad se refleja también en que su titular no tiene un real control sobre los funcionarios y fiscales de la integran, pues no tiene es facultad. Ésa es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura.

Para la jurista Lorena Grillo, eso, más allá de un tema de jerarquías, es un error garrafal porque no permite que la institución tenga una línea clara de trabajo. Cada fiscal “hace lo que quiere”, pues disciplinariamente se debe a la Judicatura y, por otro lado, su designación no necesariamente depende de su conocimiento sino que está supeditada a los vaivenes políticos. “Para que para exista una Fiscalía totalmente funcional, -siempre y cuando se tenga un fiscal general confiable y en la línea de defensa del país, haciendo su trabajo como debe-, debería tener control sobre sus fiscales”.

Apéndice de los gobiernos de turno

La reforma de Montecristi también significó un giro en el mecanismo de designación del Fiscal General. Hasta 2008, el fiscal debía ser elegido por el Congreso entre los integrantes de una terna presentada por el Consejo de la Judicatura. La Constitución vigente delega esas funciones al CPCCS, que, bajo la fachada de un poder ciudadano, se volvió un apéndice del Ejecutivo, especialmente durante los gobiernos de Rafael Correa.

El Consejo de Participación debe organizar una comisión ciudadana de selección, el concurso público de oposición y méritos, la veeduría y permitir el derecho a la impugnación ciudadana. El concurso y las pruebas varían en cada ocasión y las dudas no faltan en cada convocatoria. Las cinco Funciones del Estado deben enviar su delegado, al igual que organizaciones sociales y ciudadanas. Una vez elegido quien obtenga el mayor puntaje, el CPCCS debe informar a la Asamblea Nacional para que lo posesione.

Cuando se creó, el gobierno de entonces publicitó la idea de que los ciudadanos serían gravitantes en la desiganción del fiscal y otras autoridades de control. Para la exfiscal Mariana Yépez, el CPCCS es una pseudo representación del poder ciudadano, porque en realidad tiene una participación de carácter político. Por ello cree que el Consejo debe desaparecer, una vez que se escoja al nuevo Fiscal.

“Los concursos ya están politizados”

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General avanza con altibajos, en medio de dudas sobre su confiabilidad e independencia de injerencias políticas.

Fausto Murillo, abogado y expresidente del Consejo de la Judicatura, sostiene que los procesos de selección ya están viciados por la politización.  “En el caso de los vocales para el nuevo periodo de 6 años en la Judicatura, han sido las fuentes políticas ( Asamblea y Ejecutivo) las que han demorado en el envío de las ternas, sin duda hubo cálculo electoral y político obviamente”.

Los mismo ocurre respecto al Fiscal, indica Murillo. “Es el CPCCS que al parecer respondiendo a una línea política viene dilatando el procedimiento de selección de la máxima autoridad de la FGE, no hay que olvidar que el período de la anterior autoridad concluyó en abril de este año y según lo han manifestado esta designación puede concretarse recién en febrero del 2026”.

Los hechos coinciden con esa interpretación. Recién el 16 de julio pasado se abrió la convocatoria para que los ciudadanos se postularan, entre el 18 y el 31 de julio, para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de este proceso.

Luego, el concurso, cuyo reglamento fue aprobado en septiembre de 2024 y reformado en junio pasado, tendrá cuadro fases: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, escrutinio público e impugnación ciudadana, calificación de méritos y recalificación.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha ofrecido celeridad y transparencia en las designaciones; no obstante la veeduría ciudadana de este proceso ha mostrado reparos, tanto por la reforma al reglamento de un concurso en marcha como por la falta de información con respecto de los avances, el cronograma y el presupuesto.

La preocupación principal sobre el concurso apunta al núcleo del CPCCS, que jugará un rol medular en la conformación del Consejo de la Judicatura, mientras las sospechas sobre la politización cobran cuerpo y apuntan al Gobierno como un actor gravitante para inclinar la balanza a su favor.

Las sospechas de una nueva metida de mano en la justicia se profundizaron tras la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el 24 de junio pasado. Esta norma trajo un elemento sorpresivo: la declaratoria de emergencia en la justicia. Mario Godoy, actual presidente del CJ, dijo que el mes entrante se declarará esa emergencia, luego de haber realizado varios informes. Esto le permitirá anticipar evaluaciones a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, acceder a un mayor presupuesto y hacer contratos bajo esta figura.

Godoy es nuevamente candidato para volver al Consejo de la Judicatura, y un seguro aspirante a presidirlo. El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente del organismo. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación diera paso al proceso de designación de los vocales. Él encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura también designará a los nuevos miembros de la Corte.

La impugnación ciudadana puede romper el nudo gordiano

Para Murillo, hay una línea transversal que particularmente en estos dos procesos de selección, debe ser aprovechada rigurosamente y que puede marcar la diferencia entre una selección objetiva y una discrecional o arbitraria, con claros intereses políticos.

“Esa línea es la impugnación ciudadana”, resalta.

En las impugnaciones se evidenciarán, por ejemplo, los conflictos de intereses entre los postulantes y el poder: político, económico, gremial, o de cualquier otra índole, incluido el que tienen las mafias y la delincuencia organizada. Mostrará, según el exvocal de la Judicatura, si los postulantes tienen probidad notoria y están formados para dirigir nada más ni nada menos que el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la FJ; y, el órgano titular de la acción penal pública, en el marco de la tolerancia cultural a la corrupción y a la ilegalidad que ha superado a la cultura de la legalidad y la justicia.

El Observatorio de Control Ciudadano ha pedido la revocatoria de Fantoni, pues las demoras y repentinos movimientos en los concursos despiertan sospechas sobre su afinidad con el Ejecutivo. Y éste no sería primer caso pues desde su creación, el CPCCS ya ha enfrentado críticas similares. Tras la selección del nuevo CJ vendrá la designación del apetecido cargo de Fiscal general y ese concurso apenas empieza.

El presidente del CPCCS señaló que este Consejo “tiene proyección” y que para que no haya demoras en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que debe tener 10 integrantes, ya envió Quipux para que las cinco funciones del Estado manden a sus delegados. Agregó que para que no haya demoras de su parte y que cumplan con su deber, “habría que cambiar el mandato constitucional”.

Fantoni mencionó que las nuevas dilaciones en el concurso para el titular de la Fiscalía General obedecen a la reforma que se hizo al reglamento, por solicitud de los nuevos miembros del Consejo. Hasta fines de octubre, dijo, estaría conformada la comisión de selección, y luego de seis meses se podría contar ya con la nueva autoridad. Según el comisionado, si bien se designará al sucesor de Salazar y Toainga, con un año de retraso, este Consejo ha trabajado para nombrar, de forma ordenada, a 13 autoridades que llevaban años en funciones prorrogadas, entre ellas el Contralor General y varios superintendentes.

Un proceso de selección que requiere cambios

Luego de dos mecanismos de designación de consejeros fallidos y de cuestionados concursos para elegir autoridades nacionales gravitantes como contralor, fiscal, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, entre otros, todo apunta a que es necesario tomar un rumbo distinto en esta tarea.

Durante su mandato, el expresidente Guillermo Lasso convocó a un referéndum con la idea de enmendar la Constitución para eliminar el CPCCS y hacer cambios para que la Fiscalía trabaje de forma independiente de la Judicatura, cuente con personal especializado y recupere la confianza de la gente. Sin embargo, la consulta no tuvo apoyo en las urnas.

Las reformas para la designación del fiscal y otras autoridades, segun varios analistas, requieren de cambios constitucionales. Para Mauricio Alarcón es necesario “meter mano de forma muy firme” en ese tema y también en el Código Orgánico de la Función Judicial para que la autonomía de la institución sea real y para que su titular pueda evaluar al resto de fiscales y así la carrera fiscal tome forma y arroje buenos resultados.

Hoy los concursos son manipulables y basta revisar la historia para darse cuenta de que el país tuvo mejores fiscales cuando intervenían el Ejecutivo y el Legislativo en la selección de las ternas, había más transaparenca, agrega Alarcón. “Si se quisiera incluso mejorar el sistema de pesos y contrapesos, se podría utilizar una designación no solo de Ejecutivo y Legislativo sino incluso, para determinadas autoridades, contar con la intervención del Poder Judicial”.