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La recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es solo la punta del iceberg. Debajo han permanecido ocultos hechos inéditos que el medio estadounidense The Washington Post reveló este domingo 6 de julio en un amplio reportaje. La detención del capo fue el resultado de una búsqueda sistemática de más de un año de un equipo élite de inteligencia militar, en coordinación con un grupo especial de la Policía, que avanzaban indistintamente de las conversaciones que Fito y sus intermediarios tenían, por cuerda separada, con funcionarios del gobierno, agentes estadounidenses de la DEA y autoridades colombianas. Fito buscaba, según declaró tras su detención, asegurar a toda costa su extradición a Estados Unidos. En ese contexto, la fiscalía estadounidense ya había iniciado el caso penal en contra del líder de Los Choneros en el Departamento de Justicia.    

Redacción Código Vidrio

Los agentes de inteligencia llevaban más de un año tras la pista del narcotraficante fugitivo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una operación de alta prioridad a la que denominaron «Zeus II».  Buscaron pistas de su paradero en varios países; en un momento dado, incluso creyeron que se escondía al otro lado de la frontera, en una zona remota de Colombia, según publica este domingo The Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/06/fito-captured/.

En cambio, el líder de Los Choneros se refugiaba en una lujosa casa con paredes de mármol que las autoridades ya habían allanado al menos tres veces, en Montecristi, Manabí, una zona que controlaba desde hacía mucho tiempo, donde disfrutaba de todas las comodidades,  incluidos un gimnasio y una piscina cubierta.

Según la nota del medio estadounidense, firmada por Samantha Schmidt y Arturo Torres, las fuerzas de seguridad supieron que estaban cerca el 25 de junio pasado cuando descubrieron, en un allanamiento a esa vivienda, a su hija de 3 años, los medicamentos que conocían que tomaba para la gastritis crónica, así como prendas personales, perfumes y otros objetos.

Pero ese día, mientras lanzaban gases lacrimógenos dentro de la propiedad, el líder de los Choneros no aparecía por ningún lado. Sospechaban de un búnker oculto. Y tendrían que excavar debajo de la casa, contra el tiempo.

«Entren, con fe», le dijo un alto oficial a un agente de policía que participaba en la operación de inteligencia, en coordinación con un equipo élite del Ejército, que lideró la operación. “Busquen como puedan. Usen todos los medios a nuestro alcance. Pero tenemos que encontrarlo”, describe el Post.

Mientras las fuerzas de seguridad excavaban, Fito temió que el búnker se desplomara sobre él. Salió de una puerta secreta en el suelo de una lavandería y se encontró en la mira de un militar, sorprendido al reconocerlo, pero listo para reaccionar con su arma, apuntándole a la cabeza.

La captura -según el Post- fue una victoria simbólica para el presidente Daniel Noboa, el heredero millennial de los negocios de un emporio bananero. Él ganó la reelección este año con la promesa de contener la violencia criminal que ha convertido a esta otrora pacífica nación sudamericana en un campo de batalla del narcotráfico.

Noboa declaró la guerra a los grupos criminales, a los que denomina narcoterroristas, el año pasado, días después de la fuga de Fito.

Como líder de Los Choneros, según la fiscalía estadounidense, Fito colaboró ​​con el Cártel de Sinaloa de México para enviar cargamentos de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos y otros países. En una acusación formal, desvelada en abril, lo describieron como un «líder despiadado y prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional» que contrabandeaba ametralladoras de uso militar, rifles de asalto y granadas desde Estados Unidos y utilizaba sicarios para secuestrar, torturar y asesinar. Bajo el liderazgo de Fito, la organización atacaba a policías, políticos, fiscales y civiles, utilizando amenazas, sobornos y corrupción para construir y proteger un imperio de la cocaína.

Este reportaje del Washington Post incluye detalles no divulgados previamente sobre la captura de Fito, se basa en entrevistas con tres altos funcionarios de seguridad e inteligencia que ayudaron a supervisar la operación, así como en documentos, videos, fotos, grabaciones, informes de Inteligencia y una transcripción de conversaciones grabadas con el propio Fito, después de su recaptura. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato.

El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, al día siguiente de la detención de Fito, afirmó que el arresto demostraba que el gobierno de Noboa no negocia con criminales. «No hay ningún acuerdo aquí y nunca lo ha habido».

Sin embargo, tres funcionarios de seguridad que participaron en el operativo de búsqueda desde hace meses afirmaron que el gobierno sí negoció con Fito una posible entrega.

Los contactos con la DEA

Según el Washington Post, un informante, que actuó como intermediario de Fito, contactó a funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para intentar ayudarlo a negociar su extradición a ese país, en cuyo sistema penitenciario creía que estaría más seguro, según un funcionario de inteligencia ecuatoriano. El funcionario afirmó que la DEA habló luego directamente con Fito, por medio de una videollamada.

La  DEA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, ante los pedidos del Post. Sin embargo, Fito, tras su captura, declaró a autoridades ecuatorianas que había hablado con la agencia. “Estaba hablando con la DEA y usted lo sabe, ministro”, le dijo al ministro del Interior tras su captura, según una transcripción de un audio revisada por el Washington Post. “Quería entregarme y decirles algunas cosas”.

Parece que Fito -según el reportaje- podría conseguir al menos parte de lo que quería. Las autoridades locales afirman que han adelantado su traslado a custodia estadounidense y esperan que las autoridades de ese país formalicen el pedido de extradición en la Corte Nacional de Justicia.

Pero las negociaciones para la entrega fracasaron. Cuando los agentes de inteligencia recibieron un aviso de una fuente humana con las coordenadas de la ubicación de la casa donde estaba Fito, decidieron actuar. Era el 19 de junio. Entonces realizaron reconocimientos terrestres y aéreos identificando la vivienda con alta seguridad y artículos infantiles. En el lugar observaron tres hombres, uno con rasgos muy similares a Fito, otro con apariencia de guardaespaldas y tres perros.

La cacería del capo

Desde la cárcel -detalla el Post- Fito lideró una organización criminal que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 más allá. Controlaban la penitenciaría del Litoral, contrabandeando drogas, teléfonos y armas a su antojo. Fito incluso grabó un video musical de alta producción desde el interior de la prisión, presentándose como una especie de Pablo Escobar moderno. «Es el jefe y patrón», cantaban sus hombres en el video.

Los Choneros habían contribuido a convertir a Ecuador en un importante punto de tránsito de cocaína y en uno de los países más violentos de la región. Tras la toma de posesión de Noboa, se comprometió a restablecer la seguridad sin negociar con las organizaciones criminales del país. Anunció planes para restablecer la ley y el orden en el sistema penitenciario. «Simplemente no se lo digan a Fito», dijo en una entrevista televisiva, el año pasado.

A principios de enero de 2024, el capo de la droga escapó. Los agentes de inteligencia supieron que había recibido información sobre los planes para reubicarlo y simplemente salió por la puerta principal, porque temía ser asesinado.

En cuestión de días, disturbios en la prisión, coches bomba y un atentado contra una transmisión de noticias en vivo llevaron a Ecuador al borde del colapso. Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, nombró a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y permitió que las autoridades movilizaran al ejército contra ellas.

Durante el siguiente año y medio, uniformados del Ejército y la Policía buscaron al narcotraficante en Ecuador, confiscando sus negocios y bienes, allanando sus propiedades, capturando a sus sicarios y, finalmente, arrestando a personas de su círculo íntimo, incluyendo a su pareja. El ministro del Interior, John Reimberg, describió esto como una operación psicológica para que Fito perdiera el control de sus acciones.

Las autoridades habían registrado la casa cerca de Manta al menos tres o cuatro veces, según dos agentes confirmaron. En una grabación de audio obtenida por The Post, un aliado de Fito le dijo a otro informante que las autoridades «registrarían todo y luego se irían… No consiguieron ni una sola pistola».

Un informante proporcionó a las autoridades grabaciones de video de Fito entrenando en un gimnasio en la casa y en su dormitorio. La misma persona se contactó con la DEA, en nombre de Fito, según un funcionario de inteligencia. Abogados y otros intermediarios de Fito contactaron a funcionarios de la administración de Noboa, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

En un momento dado, la embajada de Colombia en Ecuador recibió una carta de Fito solicitando la ayuda del país. En la carta, obtenida por The Post, Fito expresó su temor de que Ecuador lo enviara a CECOT, la megaprisión de máxima seguridad en El Salvador a la que la administración Trump ha enviado a migrantes detenidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que su embajador recibió la carta el 9 de junio, pero afirmó que no podía verificar su autenticidad y que no había dado respuesta a la solicitud.

El 19 junio, una fuente humana les entregó a los agentes las coordenadas donde Fito se escondía, en un búnker en la casa cerca de Manta, y que estaba bien armado. Las autoridades sobrevolaron la propiedad con drones y observaron su estricta seguridad: gruesos muros de concreto y acero, portones con doble blindaje, cámaras de circuito cerrado de televisión y hombres y perros de guardia, detalla la crónica del Post.

También vieron juguetes infantiles junto a la piscina. Eso significaba que Fito y su hija podrían estar allí.

La captura

 Un equipo de 300 militares, armados con rifles y otras armas, se desplegó en Manta antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, usaron escaleras para escalar los muros exteriores de la propiedad. «¡Sube! ¡Sube!», gritó un oficial en la oscuridad, mientras sonaban las alarmas de la vivienda.

Los uniformados entraron corriendo a la casa, pasaron junto a los perros que ladraban. Llegaron a las habitaciones, junto a una mesa de billar y bajaron por una escalera de caracol, gritando «¡Al suelo!» a todo el que encontraron a su paso, describe el relato del Post. Detuvieron a seis adultos, incluyendo a la enfermera de Fito, dos hombres que lo ayudaban con las tareas de la casa, una cocinera y la niñera de su hija. Encontraron colonia y ropa suya, licores finos. Pero no encontraron al cabecilla de Los Choneros.

Entonces los militares apagaron, sin saberlo, un generador que proveía de energía eléctrica al búnker de Fito. Usaron equipos de escaneo, que llevaron policías de una unidad élite, para buscar estructuras subterráneas ocultas detrás de paredes y lozas, pero no encontraron nada. El ministro del Interior envió una retroexcavadora. «Destruyan la casa», les dijo a los funcionarios que dirigían la operación, según un funcionario. Pero sin saber exactamente dónde estaba Fito, les preocupaba enterrarlo vivo.

 

La excavación hizo temblar el techo del búnker de Fito. Las autoridades dicen que entró en pánico. Apresurado subió por una escalera para salir. Atravesó una puerta pequeña, oculta en el suelo del lavadero de la casa. Chocó con un soldado, lo empujó a un lado y siguió caminando. Luego se encontró, cara a cara, con el jefe del operativo. El oficial le apuntó con un arma a la cabeza, le ordenó que levantara las manos, lo tiró al suelo y lo esposó.

Poco después fue trasladado por vía aérea a la Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

«Hoy, este narcoterrorista está donde debe estar, en La Roca», declaró a la prensa el ministro de Defensa, Loffredo. «Mediante una operación quirúrgica, logramos aprehender al criminal más buscado de todos los tiempos en Ecuador».

Unidades de inteligencia de la Policía y el Ejército encontraron posteriormente un segundo búnker con 15 pistolas, dos revólveres, dos rifles y 2.000 cartuchos, además de 19 relojes, docenas de anillos y brazaletes, y 7.600 dólares en efectivo.

La captura representa un triunfo político para Noboa, según el analista de seguridad Fernando Carrión, pero cualquier refuerzo «probablemente se verá afectado por todos estos factores que aún no están claros». Las noticias sobre las conversaciones del gobierno con Fito han generado controversia.

«A pesar de mi errores me siento bien»

Mientras se encontraba oculto, Fito seguía liderando a Los Choneros a través de su segundo al mando, un pariente cercano, según un funcionario de inteligencia. No está claro cómo afectará su captura a la organización. En un informe interno, funcionarios de inteligencia advirtieron que su captura podría desatar violencia entre los tenientes que compiten por reemplazarlo. También podría inspirar a bandas rivales a luchar por el control de corredores de narcotráfico o alianzas criminales, indica el diario estadounidense.

Por ahora, Fito espera su extradición a Estados Unidos. Ha declarado a las autoridades que lo mejor para él es ser enviado a Estados Unidos.

«No soy como me pintan», dijo, según una transcripción de un audio grabado el momento de su captura, haciéndose eco de la imagen de Robin Hood que retrata Escobar. «He intentado cambiar la vida de muchas personas, y lo he hecho. ¿A cambio de qué? De nada. De nada».

«Me siento bien, a pesar de todos los errores que he cometido», dijo. «Me siento bien».

La producción y comercialización de cocaína han alcanzado niveles históricos, con un aumento en América Latina y una expansión sin precedentes a mercados emergentes en Europa, África y Asia. Ecuador es un punto neurálgico para el envío de cocaína hacia varios continentes, con consecuencias directas en la criminalidad y violencia desatadas por las bandas locales, que trabajan para los carteles transnacionales, según el último informe mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

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El aumento histórico de la producción y comercio de cocaína a escala global ha empoderado a los grupos de delincuencia organizada, que mutan constantemente, tejen alianzas, multiplican su incidencia en actividades como minería ilegal, tráfico de especies, trata de personas, así como en inversiones en el sector formal de la economía, con lo cual obtienen mayores ganancias.  Esa es una de las principales conclusiones del último informe Mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

El cannabis sigue siendo la droga más requerida: 244 millones de personas la consumen, seguida por los opioides (61 millones), la cocaína (31 millones), el éxtasis (25 millones) y las anfetaminas (21 millones). Solo 1 de cada 5 consumidores con trastornos graves recibe tratamiento.

“Esta edición del Informe Mundial sobre las Drogas muestra que los grupos delictivos dedicados  al tráfico de drogas continúan adaptándose, explotando las crisis y teniendo en la mira a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”, destacó Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Debemos invertir en prevención del consumo y abordar las causas raíz del tráfico de drogas en todas las etapas de la cadena de suministro. Debemos reforzar las respuestas, aprovechando la tecnología, fortaleciendo la cooperación transfronteriza, proporcionando medios de subsistencia alternativos y tomando acciones desde la justicia para combatir a quienes impulsan las redes ilícitas del tráfico de drogas. Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades”.

El mercado global de cocaína bate récords 

La producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento en el mercado. La producción ilegal creció a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales llegaron a un récord de 2.275. Esto supone un aumento de 68% entre 2019 y 2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023.

Flujos de envíos de cocaína a escala global 

Los narcotraficantes están encontrando nuevos mercados en Asia y África. La violencia y la competencia que caracterizan el ámbito ilícito de la cocaína, antes confinado a Latinoamérica, se está extendiendo a Europa Occidental y países asiáticos, mientras los grupos de delincuencia organizada aumentan su influencia en el mercado. Hay también nuevos países usados para el envío de cocaína, lejos del epicentro Colombia-Ecuador-Perú. Especialmente en el Cono Sur, como Chile y Argentina. Esta dinámica también evidencia la participación de cada vez más actores y grupos criminales, que brindan servicios específicos y especializados. Los holdings transnacionales ya no controlan toda la cadena, desde la producción hasta la venta de la cocaína. Los envío de esa droga se concretan a través de sociedades criminales de grupos diversos.

Las organizaciones criminales aprovechan la inestabilidad y las brechas en el estado de derecho para expandir sus operaciones. El informe de la UNDOC destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en ciertas regiones, especialmente en América Latina. El caso de Ecuador es el más preocupante. Se reportan en promedio 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La mayoría tienen relación con disputas de territorio y ajuste de cuentas entre miembros de las células criminales.

Según el Informe de la ONU, los países y regiones de América Latina que enfrentan los mayores desafíos relacionados con el narcotráfico y sus consecuencias son:

Colombia: Enfrenta altos índices de criminalidad vinculados a la producción récord de cocaína, conflictos armados internos y violencia estructural. El informe destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en el país.

Ecuador: Ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años, con grupos criminales disputando rutas de tráfico.

Perú: Como segundo productor mundial de cocaína, enfrenta desafíos relacionados con la producción y el tráfico, así como daños ambientales en ecosistemas frágiles.

México: Presenta desafíos críticos relacionados con el crimen organizado, violencia asociada al narcotráfico y el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. El informe señala problemas de seguridad fronteriza y combate a las drogas como prioridades.

Venezuela: Enfrenta una crisis multidimensional donde el narcotráfico se ha convertido en un factor desestabilizador, con escasez de energía y otros recursos que complican la situación.

Centroamérica (especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador): La región es identificada como un corredor de tránsito clave donde el narcotráfico alimenta la violencia y debilita las instituciones.

Estos países enfrentan no solo el problema del tráfico de drogas, sino también sus consecuencias: violencia estructural, erosión del estado de derecho, corrupción institucional y convergencia con otras economías ilícitas que desafían la gobernabilidad.

¿Qué impacto tiene la producción récord de cocaína en Ecuador?

Aunque Ecuador no es un productor tradicional de coca como Colombia o Perú, su posición estratégica entre estos dos grandes productores lo ha convertido en un importante punto de tránsito, con aproximadamente un tercio de la cocaína colombiana (estimada en 467 toneladas en 2021) pasando por territorio ecuatoriano, generando un mercado de aproximadamente 953 millones de dólares.

El aumento del tráfico de cocaína ha coincidido con un incremento dramático en la tasa de homicidios en Ecuador, pasando de 6 por 100 mil habitantes en 2016 a 39 en 2024. La tasa de homicidios en Ecuador en 2025 muestra un panorama preocupante, con un aumento significativo en comparación con años anteriores. Las cifras oficiales indican que el primer trimestre de 2025 ha sido el más violento de la historia del país, superando en un 65% los homicidios del mismo período en 2024. Se reporta un asesinato por hora en promedio en lo que va del año. Guayaquil, en particular, ha experimentado un aumento alarmante de la violencia, con 236 homicidios solo en enero, debido a disputas entre bandas narcodelictivas.

En este sentido, la declaratoria del conflicto armado interno del gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico ha tenido un impacto mixto en la lucha contra el narcotráfico, con resultados a corto plazo positivos pero con interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.

La militarización de las cárceles permitió a las fuerzas de seguridad recuperar cierto control sobre estos espacios que funcionaban como centros de operaciones para grupos criminales. Se reportó una disminución significativa en la violencia carcelaria tras la toma de control militar, pero el sistema es inestable y está permeado por altos niveles de corrupción de funcionarios y uniformados. Con

Ausencia de estrategia para la salida del conflito

Según coinciden varios analistas, el gobierno de Noboa ha dado pocas señales sobre su estrategia de salida del conflicto. Existe evidencia creciente de que Ecuador podría quedar atrapado en un conflicto a largo plazo, lo cual ha saturado a las fuerzas militares, que cumplen diferentes roles operativos y tácticos, con una cooperación y coordinación débil con la Policía.

Los éxitos del Bloque de Seguridad expresados en capturas constantes de miembros de las bandas y mayores incautaciones de droga, han fragmentado aún más a los grupos delictivos, aumentando inicialmente la incertidumbre, la competencia por las rutas de drogas y la violencia. Quienes han sido dados de baja en enfrentamientos o encarcelados por las fuerzas de seguridad están siendo reemplazados por otros delincuentes.

A pesar de la reducción en homicidios, continúan los ataques a políticos, policías, funcionarios de gobierno local, autoridades penitenciarias y jueces, junto con la violencia brutal de pandillas en las comunidades.

Las perspectivas a futuro

En mayo de 2025, el presidente Noboa envió un proyecto de ley a la Asamblea para «Desmantelar la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno en Ecuador», lo que sugiere que la estrategia continúa evolucionando hacia un enfoque más integral que aborda no solo la violencia sino también las estructuras económicas del narcotráfico.

Las rutas del narcotráfico de cocaína desde América hacia Australia y Asia

Human Rights Watch expresó en mayo de 2024 su preocupación por la respuesta del gobierno ecuatoriano al crimen organizado, cuestionando la base legal de la declaración de «conflicto armado interno» y advirtiendo que podría conducir a violaciones de derechos humanos.

Las experiencias en América Latina sugieren que los operativos militarizados contra grupos criminales no reducen los homicidios a largo plazo y pueden incluso aumentar la inseguridad. Normalmente, cuando los gobiernos responden al crimen organizado con violencia, esto genera más violencia.

El enfoque debe ser multidimensional, reconociendo que «la ‘mano dura’ puede ser efectiva excepcionalmente y a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo.» La política debe construirse en democracia, con la institucionalidad establecida y como una oportunidad para entender y actuar con alcance regional andino.

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ANÁLISIS

¿Cuáles son las políticas más efectivas para reducir la violencia causada por el narcotráfico?

Las políticas que han demostrado ser más efectivas para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador y otros países de América Latina incluyen:

1. Enfoque en reducción de violencia, en lugar de controlar solamente el envío y la oferta.

La experiencia regional muestra que las políticas centradas exclusivamente en reducir el suministro de drogas a menudo aumentan la violencia. Un enfoque más efectivo prioriza la reducción de la violencia como objetivo principal, econociendo que «el costo de la aplicación de la ley antidrogas no debería seguir pagándose en vidas civiles».

2. Aplicación focalizada de la ley.

Dirigir los esfuerzos hacia los grupos más violentos, no necesariamente los que venden más drogas. Las estrategias que concentran recursos en las organizaciones más violentas, en lugar de dispersar esfuerzos contra todos los grupos criminales, han mostrado mejores resultados. Comunicar claramente a los delincuentes violentos que serán procesados

3. Alternativas socioeconómicas

Las políticas que abordan las causas estructurales de la violencia han mostrado resultados positivos. Incluyen:

-Programas de desarrollo económico en zonas vulnerables

-Creación de oportunidades de empleo legal para jóvenes en riesgo

-Atención a la desigualdad y la pobreza que facilitan el reclutamiento criminal

4. Reforma del sistema penitenciario

El sistema carcelario ecuatoriano se ha convertido en un centro de operaciones para grupos criminales. Las reformas efectivas deben incluir:

-Reducir el hacinamiento carcelario

-Separar a los reclusos según su nivel de peligrosidad, no agruparlos por bandas

-Implementar programas de rehabilitación y reinserción

5. Enfoque multidimensional

Ninguna política aislada es suficiente. Se requiere una combinación de:

-Fortalecimiento institucional

-Mejora de la investigación criminal

-Protección de las fuerzas de seguridad contra la corrupción

-Mejora de la policía comunitaria

-Atención a las necesidades sociales que aprovechan los grupos criminales*

 

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*Para este análisis recurrimos a la plataforma Nelson de Southern Pulse, que es un asistente de investigación de inteligencia artificial especializado en análisis de información sobre América Latina.

Unidades de Inteligencia del Ejército, con apoyo de la Policía y asistencia de agencias de EE.UU. y otros países, ubicaron en un sótano de una lujosa vivienda en Montecristi al narcotraficante y líder de Los Choneros, José Adolfo “Fito” Macías Villamar. La recaptura ocurrió este miércoles 25 de junio, más de un año después de que escapara de la Penitenciaría del Litoral, que controlaba. La detención es ampliamente desplegada en un reportaje que publicó el medio estadounidense The Washington Post. (Nota actualizada a las 14:00 de este 26 de junio)

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El rastreo de la casa donde se ocultaba  José Adolfo Macías, alias Fito, en Montecristi, Manabí, fue posible gracias al seguimiento de un equipo élite de Inteligencia del Ejército que le seguía los pasos hace meses, en varias zonas de Manabí, de donde son originarios Los Choneros, la banda que él lidera. La pista los condujo el miércoles pasadas las 17:00 hasta un sótano donde se escondía y había acondicionado para vivir, según un alto funcionario policial que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la delicada operación, según destacó el diario The Washington Post en un reportaje firmado por Arturo Torres y Samantha Schmidt.

Videos difundidos por el Ministerio de Defensa y el Ejército mostraron a militares metiéndose en un agujero en un piso de baldosas para llegar al sótano oculto e inacabado que se encuentra debajo. Otros videos mostraron a los agentes sujetando a Macías en el suelo, boca abajo, con las manos atadas a la espalda.

Las autoridades comenzaron de inmediato a solicitar su extradición a Estados Unidos, según informó el presidente Daniel Noboa en una publicación en X.

Un alto oficial de la Policía, al tanto del proceso, dijo a Código Vidrio que los diálogos con autoridades estadounidenses están avanzadas para concretar el traslado de Fito a ese país, aunque no preciso el tiempo que podría tomar.

Fuentes de Inteligencia informaron que después de escapar de la Penitenciaría del Litoral, hace más de un año, Fito estuvo en algunos sitios de Manabí. Nunca abandonó el país.

A EE.UU. también han sido extraditados, tras ser detenidos en Colombia, los narcos ecuatorianos Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’, y Washington Prada Álava, alias Gerald. Sánchez se declaró culpable de tráfico internacional de drogas. Espera su condena en prisión, en agosto de 2025. Gerald cumple una sentencia de 19 años de prisión.

Más de un año clandestino 

Macías es uno de los principales líderes de Los Choneros, una banda que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 fuera, y que se alió con el Cártel de Sinaloa de México para dominar el floreciente tráfico de cocaína en esta nación sudamericana. Las fuerzas ecuatorianas y de seguridad, así como sus aliados estadounidenses, lo han estado buscando desde que se fugó de una prisión en Guayaquil a principios de 2024, resalta el diario estadounidense.

Finalmente, lo encontraron en el sótano de una vivienda perteneciente a su pareja, Verónica Narcisa Briones Zambrano, quien actualmente se encuentra recluida en una prisión de Guayaquil, según un funcionario de inteligencia que también habló bajo condición de anonimato.

Para ubicar a Macías, las unidades tácticas del Bloque de Seguridad emplearon un densitómetro, aparato que permite medir el espesor de paredes y detectar posibles compartimentos secretos. También se usó una retroexcavadora para remover los alrededores de la vivienda, en especial un jardín, lo que terminó por acorralar al delincuente, quien se ocultaba en un búnker subterráneo. En la operación también se emplearon drones, que vigilaban la vivienda de tres pisos.

Junto a Fito se encontraban cuatro individuos : Eduardo H. C., Freddy Z.Z., Cristian M. V. y Carlos C. Z., el último registra antecedentes por robo, tenencia de armas, asesinato, existencia de delito. Asimismo, se decomisó un fusil.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, precisó que la pieza clave en la captura de Fito fue Cristian Germán Mendoza Vélez, uno de los detenidos. Mendoza es un agente de Tránsito de Manta, que había trabajado por mucho tiempo en la Empresa de Movilidad de este cantón. Vivía en la casa donde se ocultaba Fito, y se trataría de uno de sus muchos testaferros.

El individuo nunca se presentaba a laborar en la Agencia de Tránsito de Manta. Mendoza fue jefe de los agentes de tránsito, subdirector de Tránsito, supervisor de tránsito y su último cargo fue supervisor de operaciones de la entidad.

Con esos datos, Inteligencia corroboró la información y realizó los seguimientos necesarios, que permitieron confirmar que Fito se refugiaba en la vivienda de Mendoza.

«Esta es una victoria que tomo mucho tiempo y mucho esfuerzo por el Bloque de Seguridad, intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información y no es sino la presión constante lo que ha logrado la captura de alias Fito», dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Tras su recaptura, Fito fue trasladado en un jet, bajo un estricto resguardo, desde Manabí hacia Guayaquil, a la cárcel de La Roca, durante una operación anunciada ante los medios por los ministros Reimberg y Loffredo.

Bajo cargos criminales en EE.UU.

El Post destaca que Macías fue acusado formalmente en un tribunal federal de Brooklyn en abril por distribuir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. La fiscalía alega que lideró Los Choneros desde al menos 2020 hasta 2025, controlando las rutas de tráfico de cocaína a través de Ecuador y dirigiendo una red de distribución a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos y otros países.

Acusan a la organización de usar sicarios, corrupción y sobornos para asegurar su lealtad y de contrabandear armas de fuego desde Estados Unidos para financiar sus operaciones.“Como se alega, el acusado era un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional”, declaró John J. Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. “Al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

El empoderamiento de Los Choneros

El crecimiento descontrolado de las bandas de narcotraficantes en Ecuador -destaca el Post- ha contribuido a convertir a este país, antes pacífico, en un centro crucial para el tránsito de cocaína. Utilizando las cárceles del país como centros de mando, Los Choneros y otros han formado alianzas con cárteles mexicanos y la mafia albanesa, e infiltrado el gobierno en casi todos los niveles.

Macías se burló del gobierno en septiembre de 2023 en un video musical de alta producción filmado dentro de la prisión donde estaba recluido. En enero de 2024, empezó a correrse la voz de que Fito se había fugado de la penitenciaría regional de Guayaquil.

Cuando la Policía entró en la prisión, el capo ya no estaba; días antes, según informaron los servicios de inteligencia, simplemente había salido por la puerta principal tras recibir información sobre los planes para reubicarlo. Las autoridades ecuatorianas lo han estado persiguiendo desde entonces y el 9 de marzo anunciaron una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

Noboa atribuyó las leyes recientemente aprobadas que han ampliado las facultades de las fuerzas de seguridad para detener rápidamente a presuntos delincuentes. «Mi reconocimiento a nuestra Policía y Ejército que participaron en esta operación», dijo Noboa. «Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua».

Según el Post, la captura es una victoria para Noboa, el millennial que fue reelegido para un mandato completo este año con la promesa de restaurar la seguridad. Noboa ha buscado presentarse como un líder de mano dura; declaró la guerra a las pandillas el año pasado, días después de la fuga de Fito, cuando una revuelta del narcotráfico llevó a Ecuador al borde del colapso. «Era como vivir en Ciudad Gótica», declaró Noboa a The Washington Post el año pasado. «Todos los locos habían escapado».

La semana pasada, otro capo de la droga de alto perfil escapó de la prisión. Rolando Federico Gómez, conocido como Fede, escapó de una cárcel de Guayaquil disfrazado de militar.

Muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”. Ese es uno de los principales hallazgos de un revelador estudio elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado, que se presenta hoy en Quito en el marco de un seminario internacional organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. El informe fue preparado por un equipo multidisciplinario de expertos; encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras; el ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal. (Ilustración de portada Código Vidrio-Canva)

María Belén Arroyo para la alianza  Código Vidrio – Vistazo 

“Salí de Esmeraldas cuando tenía 13 años. Estaba en el colegio y los chicos de una banda esperaban a la salida, para escoger novia. Bueno, lo de novia es un decir. Escogían la chica para la farra del fin de semana”. Doménica vive en Quito desde hace seis años. Sus hermanos mayores, que residen fuera del país, supieron que estaba en peligro cuando la mejor amiga de ella fue escogida como pareja de un ‘duro’.

Lejos de su casa, le costó acostumbrarse al frío, a las distancias y al trato de la gente, que es ‘más helada que el clima’. Doménica empezó a estudiar a distancia y aún no termina la secundaria. Pero cree que salir fue la mejor decisión y agradece a sus hermanos. No se imagina qué hubiera ocurrido con su vida, si permanecía ahí. Su amiga empezó a consumir licor y drogas en las fiestas interminables. Se volvió una ‘polilla’, una consumidora que hace cualquier tarea que le encomiende el ex ‘novio’, con tal de acceder a su dosis diaria. Ahora sabe de niñas, “peladitas todavía”, que siguen el mismo camino.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales es un fenómeno inquietante en el país, agravado desde 2019.

Un equipo multidisciplinario de expertos y organizaciones sumó esfuerzos para mapear el problema. El resultado es un informe con impactantes hallazgos, que se presenta hoy en Quito, en el contexto de un seminario internacional el cual apunta a identificar estrategias de prevención.

El estudio fue elaborado en forma conjunta por investigadores de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés); el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO); el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Comunidades Seguras. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

El problema se agrava

A partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, “emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras del país”, advierte el documento.

Y aclara que la expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021, mencionados en la investigación, cuyo título es “Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador”.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de 2024, entre 2019 y 2022 los homicidios intencionales de niños, niñas y jóvenes, “aumentaron en un 640 por ciento”. El 87 por ciento se cometió con armas de fuego. Las cifras se incluyen en el estudio.

Si bien en 2024 hubo una reducción general del 15 por ciento en la cifra de homicidios a nivel nacional -dice el documento- en el grupo etario de 0 a 17 años el número de homicidios subió en 8 por ciento respecto del año anterior.

Los hallazgos

Nueve ciudades del litoral ecuatoriano fueron incluidas en la investigación, expuesta en el contexto del seminario internacional Seminario “Crimen Organizado, Dinámicas de Vinculación de Niñez y Juventud a Grupos Criminales y Estrategias de Prevención”.

Las ciudades son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas, se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Son nueve los principales hallazgos de este proceso. El que más llama la atención: los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, antes que por la fuerza o coerción. Y entre los atractivos se incluyen; el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos propios del grupo, advierte el documento.

Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros, según el hallazgo. En tanto, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal.

Según la investigación, los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.

Los nuevos miembros buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”, buscan respuestas frente  a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”. En cambio, la motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.

El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes. El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.

Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez están expuestos a estos grupos. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.

Según el 31 por ciento de los encuestados, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp, según el estudio.

Casi el 28 por ciento de los encuestados afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte de encuestados reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.

Qué papel juega el entorno

El estudio exploró el entorno territorial de los encuestados. Hay novedades. Surgen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos. Pero más grave aún. Ciertos testimonios, recogidos en la fase cualitativa de la investigación, mencionan que si una persona es de un barrio controlado por un grupo violento, por ejemplos los Águilas, debe tener un código de vestimenta, por ejemplo un tipo de calzado. Si esa persona se desplaza a otro sector, controlado por otra organización criminal, su integridad puede estar en peligro.

El documento establece que el contexto familiar tampoco puede ser ignorado en un intento por abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.

La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.

¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros. Todos ellos han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes.

• Los gobiernos de Ecuador y Perú mantienen contactos de alto nivel con el régimen de El Salvador para fortalecer sus sistemas carcelarios y políticas de seguridad. Siguiendo el ejemplo del mandatario estadounidense Donald Trump, las administraciones de los dos países latinoamericanos buscan concretar acuerdos para enviar peligrosos delincuentes a El Salvador.
• Tras una visita que en abril pasado hicieron a ese país los ministros del Interior, Jhon Reinberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post.
• La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió a la luz el viernes pasado, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas.

Redacción Código Vidrio

El polémico sistema penitenciario de El Salvador está teniendo eco como un modelo a seguir en Ecuador y Perú.

En su edición de este lunes 23 de junio el diario estadounidense The Washington Post reveló que los gobiernos de ambos países están evaluando el envío de peligrosos detenidos a las cárceles del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/21/bukele-salvador-prisons-peru-ecuador/.

Esa decisión está siendo considerada por los dos regímenes después de que la administración de Donald Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador, donde medios y organismos de derechos humanos han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Según el reportaje del Post, firmado por Samantha Schmidt, Sarah Blaskey y Arturo Torres (director de Código Vidrio), semanas después de los primeros vuelos de deportación de la administración Trump, en marzo pasado, funcionarios ecuatorianos, encabezados por el ministro del Interior John Remberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, viajaron a El Salvador para reunirse con la administración del presidente Nayib Bukele y conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel del país, conocida como CECOT.

Días después de esa visita, que empezó el 29 de abril, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post, para demostrar que «Ecuador se toma en serio el castigo de los criminales».

Funcionarios peruanos -agrega la nota del Post- afirman que ellos también están discutiendo la posibilidad de un acuerdo para enviar detenidos a cárceles salvadoreñas.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró en una conferencia de prensa que se encontraba en conversaciones preliminares con funcionarios salvadoreños sobre el traslado de extranjeros encarcelados en Perú, vinculados a grupos criminales transnacionales para aliviar la sobrepoblación carcelaria.

Estas conversaciones evidenciarían el creciente papel de El Salvador como guardián de las prisiones en Latinoamérica, destaca el medio estadounidense.

El gobierno de Trump deportó a unos 260 migrantes, en su mayoría venezolanos, al CECOT, a unos 72 kilómetros al este de San Salvador, en un plan cuestionado que ha desatado un bloqueo en las cortes estadounidenses y amenaza con una crisis constitucional.

Para el Post, eso también muestra la influencia de Trump en una región donde algunos de sus líderes intentan abordar la creciente e imparable violencia criminal con medidas cada vez más autoritarias.

Según Felipe Rodríguez, abogado y académico, Estados Unidos «es visto como el ejemplo a seguir». «Si el Tío Sam, nuestro ejemplo de libertad y democracia, comienza a girar hacia el autoritarismo, eso también provocará que la región vire hacia el autoritarismo».

Si se concretan, las deportaciones generarían inquietudes sobre el debido proceso y la constitucionalidad en ambos países. A muchas de las más de 85.000 personas encarceladas en El Salvador, incluyendo venezolanos enviados allí por la administración Trump, se les ha negado el acceso a abogados o cualquier contacto con el mundo exterior, destaca el Post.

El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que se conoce legalmente como un “régimen de excepción”. En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos a 85,000 personas sin órdenes de un juez, según informes del Legislativo.

El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2 % de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya hacinadas 38,000 personas, al inicio de la administración de Bukele en 2019, a un estimado de 120,000 en la actualidad. La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito, según denunció el medio de ese país, El Faro. Todavía no hay sentencias para las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales.

Las cárceles fuera de control

Según el cable enviado por la embajada estadounidense en Quito a Washington, funcionarios ecuatorianos afirmaron que un acuerdo con El Salvador ayudaría a abordar la incapacidad de Ecuador para mantener encarcelados a criminales de alto valor. Uno de ellos, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como «Fito», se fugó de prisión a principios del año pasado por segunda vez. La embajada de Estados Unidos en Quito no se pronunció. Un funcionario de seguridad salvadoreño le confirmó al Post que los ministros de Defensa e Interior de Ecuador conversaron sobre esa posibilidad con el ministro de Seguridad de El Salvador. El funcionario habló bajo condición de anonimato.

El ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con The Post, negó que se estuviera negociando dicho acuerdo. Sin embargo, lo calificó de idea «fantástica» y afirmó que, en teoría, estaría interesado. «Si se presentara la oportunidad», declaró Reimberg, «la consideraríamos». La Constitución ecuatoriana impide al gobierno enviar ciudadanos a un país extranjero sin una solicitud de extradición, afirmó Rodríguez. Sin embargo, sería posible transferir extranjeros.

Reimberg afirmó que Ecuador está trabajando para crear cárceles de máxima seguridad para albergar a sus delincuentes más peligrosos, lo que evitaría la necesidad de enviarlos a otro lugar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó al Post que en las próximas semanas se abrirá una agregaduría policial en El Salvador, para «canalizar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países».

Una delegación de autoridades salvadoreñas está planeando una visita a Ecuador para trabajar en acuerdos de seguridad entre los dos países, dijo a The Post un funcionario de la policía ecuatoriana, quien agregó que el director del sistema penitenciario de Ecuador pronto visitará El Salvador. Ecuador ha convertido en un punto de tránsito clave para las cantidades récord de cocaína procedente de Sudamérica que inundan Europa. Las bandas ecuatorianas, en alianza con cárteles mexicanos y narcotraficantes albaneses, se han convertido en organizaciones criminales multimillonarias que han penetrado instituciones clave del gobierno ecuatoriano, incluido el sistema penitenciario, destaca el informe del Post.

El presidente Daniel Noboa, quien ganó la reelección este año ofreciendo frenar la creciente violencia desatada por los grupos criminales, ha emulado cada vez más el enfoque de mano dura de Bukele. Desde enero del año pasado, declaró un polémico conflicto armado interno y ha gobernado amparado en una serie de decretos de emergencia. No obstante, poderosas bandas aún controlan muchas de las cárceles del país, que siguen custodiadas por militares, mientras los índices delictivos aumentan.

La fuga cinematográfica de alias Fede

La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió nuevamente a la luz este viernes 20 de junio, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral (principal centro carcelario del país), de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas. Fede evadió los controles vestido con uniforme militar, lo que ha encendido las alarmas sobre el descontrol del sistema penitenciario. Alias Fede fue detenido hace menos de cinco meses, el 31 de enero pasado, en Daule, provincia del Guayas. El Ministerio del Interior presentó su captura como un “logro clave” en la lucha contra el crimen organizado.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más conflictiva del país, con múltiples antecedentes de masacres, fugas y corrupción de funcionarios estatales.

El último sábado, 19 militares, dos funcionarios del Snai y un presos recibieron prisión preventiva por orden de un juez, una vez que  Fiscalía anunció que se inició la investigación previa por el delito de evasión. Estas acciones sucedieron luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara la detención de todos los involucrados.  «La fuga de alias “Fede” no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades. Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. “Fede” es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él», escribió Noboa en su cuenta en X.

Tras la senda de Bukele

Coincidiendo por la línea de su par milenial Bukele, Noboa ha propuesto reformas penales que ampliarían drásticamente las facultades de las fuerzas de seguridad. El mes pasado, la Asamblea aprobó una controvertida ley de inteligencia que permite al gobierno espiar a cualquier ciudadano sin la autorización de un juez.

Los diputados también están debatiendo si los menores deberían enfrentar penas equivalentes a las de los adultos por delitos. Noboa, agrega el Post, ha luchado por recuperar el control de las prisiones y frenar la creciente tasa de homicidios, que ha alcanzado los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Perú también ha enfrentado en los últimos años el aumento de la violencia de bandas y la extorsión. El Tribunal Constitucional de ese país prorrogó recientemente una resolución de 2020 que exige al gobierno reducir el hacinamiento carcelario por cinco años más. Alcántara, el ministro de justicia, afirmó que el traslado de presos a El Salvador podría ser una solución, según el reporte del Post.

El gobierno garantizaría que no violara la Constitución, afirmó. «Perú no puede desaprovechar ninguna oportunidad para contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario», afirmó. Reconoció que las negociaciones han generado controversia, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. «La situación se está evaluando».

• La semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos. Representantes de cámaras de minería, técnicos, abogados, empresarios y analistas han rechazado la decisión, que se tomó unilateralmente sin que medie un proceso efectivo de socialización.
• La Corte Constitucional ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos porque no estaban plenamente justificados, con una prestación efectiva de entidades estatales. En 2017, la Secretaría General de la Comunidad Andina eliminó una tasa por el servicio de control aduanero del SENAE, al considerar que era un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo.
• Según técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración. (Foto de apertura proyecto Fruta del Norte, de la minera Lundin Gold)

Redacción Código Vidrio

La Corte Constitucional (CC) ya ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos cuando no están plenamente justificados con una prestación efectiva del estado.

En 2017, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) estableció la tasa por el servicio de control aduanero, que fue eliminada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), al considerar que constituía un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo

Estos antecedentes cobran relevancia una vez que la semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos, muchos de los cuales han rechazado la decisión, al igual que empresas, cámaras, abogados, gremios y especialistas del sector. Si bien la mayoría coincide en que la tasa es antitécnica, desproporcionada e ilegal, analistas también destacan la intención (no conocida públicamente) del Gobierno de frenar la especulación en el manejo y traspaso de buena parte de las concesiones, que se mantienen en etapa de exploración.

Este medio conoció que algunas empresas preparan demandas de inconstitucionalidad que podrían ser presentadas en esta semana, con la solicitud de una acción urgente de suspensión de la aplicación de la tasa hasta que la Corte se pronuncie.

“Es saludable que el Gobierno quiera poner freno al manejo irresposable de las concesiones, a la especulación y superposición de áreas mineras, y que busque financiar las operaciones contra la minería ilegal, pero no de esta manera. El tributo fijado es desproporcionado, no tiene sustento jurídico ni técnico, no hay equidad”, observa Enrique Gallegos, exviceministro de Minas, abogado con larga experiencia en sectores estratégicos. “En la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) no hay un solo dato, ningún estudio que jutifique los montos que deberán pagar las empresas. Hay violaciones constitucionales flagrantes”, destacó.

Según la resolución, la tasa deberá ser pagada por los titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, tanto en la etapa de exploración como en explotación. Las empresas de gran y mediana minería, así como  las licencias de comercialización harán pagos semestrales. Mientras que las de pequeña minería realizarán un desembolso al año. Fue excluida del pago de esta tasa la minería artesanal, aunque es uno de los regímenes más empleados para operaciones de explotación ilegal de oro.

Este medio pudo verificar que en varios casos la CC estableció que las tasas tienen una naturaleza estrictamente recuperatoria, sobre gastos ya realizados. Es decir que son tributos que se justifican cuando sirven exclusivamente para que el Estado recupere los gastos en los que incurrió para prestar un servicio determinado.

Bajo este razonamiento, la Corte ha aceptado demandas y declarado inconstitucionales estos gravámenes, dejándolos también sin efecto cuando no existía una relación entre su valor y el costo cubierto por el Estado para prestar ese servicio.

La Corte ha dictado, al menos, tres sentencias declarando la incostitucionalidad en el cobro de tasas injustificadas. Se trata de las sentencias 65-17-IN/21, 121-20-IN/21 y 60-21-IN/24. En la primera, conocida como caso Antenas, se fijó una tasa que cobraba un GAD por otorgar y renovar permisos para instalar antenas, así como por su inspección periódica. El demandante alegó que no había una proporción razonable entre esos valores y el servicio que recibía del Estado. La Corte concluyó que el cobro era inconstitucional porque no existía una relación entre su valor y el costo por  ese servicio. El Tribunal eliminó la tasa del ordenamiento jurídico. En la sentencia 121-20-IN/21 se declaró la inconstitucionalidad de otro tributo por las mismas inconsistencias.

En el fallo 60-21-IN/24 la Corte fue más estricta. Estableció que el GAD que emitió la tasa no justificó los costos en los que incurría para prestar el servicio. Por lo tanto, no había forma de verificar si existía una relación entre la tasa y el servicio. Este precisamente es uno de los argumentos de abogados y analistas mineros sobre las inconsistencias de la tasa minera.

La Comunidad Andina eliminó un tasa que se aplicó como un impuesto en Aduanas

Bajo la legislación ecuatoriana, la Tasa puede tener una doble naturaleza: administrativa, por la prestación de un servicio público, o tributaria, como obligación pecuniaria exigida por el Estado como consecuencia de la realización un hecho imponible previsto en la ley.

De acuerdo con la ARCOM, la tasa tiene naturaleza administrativa, dado que se cobra por la prestación de un servicio público. La Constitución y la ley facultan a las entidades públicas crear tasas por la prestación de servicios “cuantificables e inmediatos”, para recuperar los costos en los que incurran en estos casos, según analistas consultados.

En 2017, la imposición de una tasa similar, supuestamente de naturaleza administrativa, ya fue analizada previamente, en relación con la tasa por el servicio de control aduanero (TSCA), establecida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Esta entidad estableció la tasa por el servicio de control aduanero efectuado en todo el país, en las fases de control anterior, concurrente y posterior.

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) consideró que esa tasa constituía un gravamen (tributo), por lo cual ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Determinó que no se trataba de un servicio efectivo e individualmente prestado al importador (contribuyente) que permita calificarla como tasa de naturaleza administrativa. Además, el pago no era optativo, sino obligatorio. Su cuantificación no se basaba en el costo real de un servicio específico, sino que tenía como finalidad financiar actividades previamente desarrolladas por el SENAE.

La SGCAN estableció que si bien la Tasa de supervisión y control se presenta como una contraprestación por un servicio público, su estructura y finalidad no cumplían con los requisitos legales para ser considerada una tasa de naturaleza administrativa, principalmente al no estar asociada a un servicio cuantificable e inmediato. También estableció que el cobro de la TSCA no correspondía a un servicio efectivamente prestado al importador; pues se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación; no se ha demostrado que el SENAE haya implementado servicios con el objeto de facilitar las operaciones de importación; y se ha constatado que su aplicación es de carácter obligatorio y no optativo.

“Ecuador será el país más caro para hacer minería” 

Según la resolución de la ARCOM, dependiendo tanto del tamaño de la minería como de la fase determinada (exploración o explotación), el estado cobrará una tarifa específica por hectárea, que incrementa conforme se trata de proyectos más grandes o más avanzados. En caso de incumplimiento se activará la gestión coactiva de conformidad con la normativa aplicable. En este caso, el SRI y no la ARCOM “ejerce jurisdicción coactiva para el cobro de regalías, patentes, tributos e intereses por mora […]”.

El abogado Stevie Gamboa, especialista en litigios mineros, dijo que es preocupante que se imponga una tasa a los titulares en la fase de exploración, que alcanzaría hasta el 100% de un salario básico unificado por hectárea. “Esta carga pretende obligar a muchas empresas a pagar decenas de millones anualmente, sin generar utilidad, sin extraer un gramo de oro, sin recibir nada a cambio”, destacó Gamboa.

La minería es la actividad que más impuesto soporta de todas, es la única que paga tributos cuando no está comercializando un producto o teniendo ganancias, recalcó Gamboa. “Representa un valor hasta quince veces superior al ya pagado anualmente por concepto de patente de conservación. Eso nos convertiría en el país más caro del mundo para hacer exploración minera”, agregó.

Esa tasa no responde, como incluso se ha reconocido públicamente, a ningún servicio prestado por la ARCOM, según Gamboa. “Es un nuevo impuesto encubierto, disfrazado de legalidad, cuyo único destino sería incrementar un presupuesto proyectado en más de doscientos millones de dólares con los pagos de los concesionarios mineros formales, no los delincuentes”.

Para Gallegos, la imposición de la tasa es una consecuencia más del pésimo manejo del catastro minero y la administración de las concesiones.  “Han hecho todo lo que han querido con los títulos mineros y las concesiones. Han desangrado al Estado funcionarios que deberían ser fiscalizados y, de ser el caso, enjuiciados y destituidos. Por eso, esta decisión de las tasas es una consecuencia apresurada del mal manejo del catastro minero, que nunca se cerró”, observó.

Según Gallegos, lo único que estuvo cerrado desde 2017 es la graficación para solicitar áreas mineras. Pero la nulidad de títulos, el archivo, el cambio de domicilio y traspaso de títulos, los contratos privados de todo tipo, la entrega de licencias, nunca dejaron de tramitarse. Para el exviceministro es un grave error que se haya abierto el catastro sin haber hecho una auditoría y una administración del manejo de las concesiones, para identificar todos los incumplimientos y aplicar las sanciones que corresponde, como el retiro de los títulos. “Como no los han topado, están esperando para pedir nuevas áreas y seguir lucrando de la especulación. Incluso quienes accedan a áreas para minerales no metálicos pétreos, de río, lo más seguro es que luego pedirán que les cambien a minería metálica, porque lo que realmente buscan es explotar el oro en los ríos”.

En una entrevista con Código Vidrio, en febrero pasado, la ministra Manzano dijo que precisamente desde el año pasado han estado trabajando en la depuración del catastro, así como en la expedición de normativas, reglamentos y reformas para corregir el descontrol absoluto del sector minero, tomado por mafias y anillos de corrupción por años.

No obstante, Gamboa apunta que con esta carga financiera injustificada se está asfixiando a la minería formal, mientras que desde las instituciones gubernamentales “se permite la exportación diaria de decenas de kilos de oro ilegal a través de empresas fantasmas, comercializadoras fraudulentas, concesiones inactivas o supuestos mineros artesanales de subsistencia que, por lo que declaran exportar, deberían, en teoría, ser multimillonarios”.

El remedio puede ser peor que la enfermedad

La Tasa de Supervisión y Control Minera aprobada busca financiar las actividades de fiscalización técnica, legal y ambiental que realiza la ARCOM, frente al crecimiento de la minería ilegal y no autorizada. Se basa en la Constitución (art. 317 y 408), el Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Ley de Minería y reglamentos específicos como el Decreto Ejecutivo 256 y el Acuerdo Ministerial 0204.

Impacto de la tasa

La tasa minera aplica a todos los titulares de derechos mineros:
-Gran minería (230 concesiones)
-Mediana minería (49 concesiones)
-Pequeña minería (770 concesiones)
-Régimen general y no metálicos

Este tributo está calculado por hectárea, en función del tipo de minería, fase del proyecto y salario básico unificado. Por ejemplo: La explotación en gran minería pagará 470 dólares por hectárea, mientras que la exploración inicial en mediana minería debe abonar $141 por hectárea.

Los ingresos

Se estima una recaudación total de $220 millones anuales. Los principales aportantes serán:
–Gran minería: $130 millones
–Mediana minería: $21 millones
–Pequeña minería: $33 millones
–No metálicos: $1 millón

Principales empresas y pagos estimados

Aunque la resoluión no menciona nombres específicos, por la distribución de hectáreas es probable que los grandes operadores como Lundin Gold, EcuaCorriente o SolGold serían los principales contribuyentes. Estas empresas poseen proyectos en fases avanzadas o de explotación, con miles de hectáreas concesionadas y por lo tanto representarían pagos millonarios anuales.

Destino de los recursos recaudados

Según la resolución, los fondos se asignarán a:
Talento humano y capacitación de 600 técnicos: $70 millones
Equipos de campo, como drones, GPS, kits técnicos: $40 millones
Movilización y logística: camionetas, bases móviles: $59 millones
Infraestructura tecnológica y software: sistemas, licencias, laboratorio: $65 millones

Riesgo de expansión de la minería informal

Según varios analistas y técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración.

Si este escenario se cumple el remedio sería peor que la enfermedad. Se incrementaría la minería ilegal e informal, al reducirse la presencia del Estado en esas zonas; las zonas concesionadas y controladas quedarían expuestas a grupos criminales organizados, vinculados al tráfico de minerales; el Estado perdería ingresos significativos y capacidad de monitoreo territorial.
Esas áreas sería concesionadas a otros titulares, que están a la espera de que sean devueltas tras la imposición de la tasa

• El crimen organizado descubrió la alquimia del oro para lavar sus activos en Ecuador. El mecanismo es la firma de contratos de operación y mandato, entre titulares mineros y actores privados. Así, los contratistas explotan y exportan oro y mineral, con licencias de comercialización, sin necesidad de tener concesiones mineras, en medio del descontrol del Estado, pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018.
• La empresa Techgolden, que obtuvo 52 millones de dólares por exportaciones de oro y concentrado a EE.UU. y China en 16 meses, tiene dos contratos con una firma de presuntos narcotraficantes, que le vendía el mineral.
• El contrato fue inscrito por el registrador de la Agencia de Control Minero, Roberto Castro, quien pese a tener un sueldo de 1.700 dólares mensuales, en sus cuentas bancarias posee 38 mil dólares, que no reportó a la Contraloría en su declaración de bienes. Además en el sistema financiero tiene un endeudamiento histórico por 908 mil dólares, que ha cancelado oportunamente.
• El oro sucio de la minería ilegal también sale en avionetas desde poblados del sur del país.

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Red Transfronteriza Código Vidrio-OjoPúblico

Los dueños de Goldenminerals -hoy presos por narcotráfico- descubrieron la fórmula perfecta para explotar y comercializar oro libremente, sin necesidad de tener una sola concesión de pequeña minería, sacando partido de la complicidad y descontrol estatal por años.  

La puerta de entrada a esas actividades criminales fue la firma de dos contratos privados de operación y mandato con el titular de la concesión La Boya, Juan Pogo, un empresario minero que explota, compra y exporta barras de oro a Estados Unidos y mineral aurífero a China, según pudimos corroborar.

Este no es un caso aislado. Es un patrón. En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de esas modalidades contractuales. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Este mecanismo se revela en toda su magnitud en esta investigación de nuestro equipo periodístico, que accedió a decenas de contratos, cientos de registros y reportes de las empresas mineras, informes de la Superintendencia de Compañías y expedientes judiciales. Además en entrevistas con cuatro funcionarios, incluida la ministra de Energía Inés Manzano, así como agentes antinarcóticos, oficiales de Inteligencia del Ejército y la Policía, expertos y técnicos de firmas mineras.    

Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos.  

Hasta abril pasado, los titulares de pequeña minería han inscrito 547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros. Ellos son los que aprueban los acuerdos de forma discrecional; tampoco son auditados ni controlados por ninguna autoridad, por eso se los conoce en el mundo minero como los “dioses de la Arcom”. 

Los registradores tienen su propia bitácora, manual, que no coincide con el Sistema informático de Gestión Minera (donde está incluida la plataforma del catastro), ya que ahí no constan los contratos de mandato ni asociación. Los registradores no comparten toda la información actualizada de todos los contratos, en tiempo real, según varias fuentes del sector y del gobierno consultadas. En el catastro, por ejemplo, solo están inscritos 250 contratos de operación, según un informe de la Subsecretaría de Pequeña Minería y de la Arcom. 

Las autorizaciones en las regionales se concretan, en gran medida, a espaldas de las autoridades de la Arcom y Energía en Quito, dijo un técnico con diez años de experiencia en el control minero, que pidió el anonimato por seguridad. Tampoco hay datos oficiales sobre los acuerdos de mandato inscritos en las provincias, pero el funcionario estima que serían cientos.   

Otro de los puntos ciegos son las licencias de comercialización, que permiten a sus titulares obtener oro de cualquier fuente, lícita o ilícita, para negociarlo dentro del país o exportarlo a través de empresas, muchas de ellas de papel, fantasmas. Ningún funcionario audita ni contrasta los informes de producción de los comercializadores ni sus actividades “in situ”. 370 personas naturales y jurídicas tienen licencias para negociar el mineral dentro y fuera del país. Hay 259 solicitudes de licencias en trámite en el Ministerio de Energía.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó en una entrevista con esta alianza que los contratos de operación y mandato, que debían ser una excepción, se volvieron la norma. “Tras cerrar el catastro, los concesionarios otorgaron cientos de contratos de operación, y como es un acuerdo entre actores privados ninguna autoridad pudo alertar ni frenar esas maniobras, aprovechando el descontrol estatal por años”, destacó Manzano. 

Hay titulares mineros que tienen hasta 13 contratos de operación, de acuerdo a un reporte de la Subsecretaría de Pequeña Minería.

“El Estado otorgó las concesiones para que los titulares mineros inviertan y operen, no para que subarrienden y en la práctica parcelen las áreas asignadas”, observó Manzano. “Estamos cortando lo que no es legal, es una maraña que parece interminable; estamos cambiando normas, reglamentos y ejecutando acciones articuladas con entidades de control”, agregó.

La utilización discrecional de los contratos fue posible gracias a un instructivo de la ley de Minería vigente, aprobado en el segundo gobierno de Rafael Correa, que se está reformando. 

 También está en marcha una depuración del catastro, que este gobierno reabrirá este próximo 16 de junio. Para financiar las operaciones contra la minería ilegal y el control de daños ambientales, el Ejecutivo fijará una tasa de fiscalización minera, que deberán pagar los titulares de concesiones, con la cual se espera recaudar 229 millones de dólares.  

Actualmente hay 2.040 concesiones de pequeña minería autorizadas para operar; 380 están en trámite.

Narcomineros hallan el atajo  

Precisamente, uno de los casos que devela el esquema desenfrenado de contratación es el de la empresa Goldenminerals, creada en Machala, capital de la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. En 2022, Geovanny Cruz, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín compraron esa compañía a Melida Viteri y Raúl Feicán.

En diciembre pasado, ellos fueron detenidos por traficar 8 toneladas de cocaína a España. Esa organización era encabezada por Carlos Zambrano, quien fungía como empresario en el sector inmobiliario y en la venta de insumos médicos. Según la investigación de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, desde 2002 tejió contactos con autoridades de entidades públicas en distintos gobiernos para facilitar sus actividades ilícitas. Para el envío de la droga, este grupo estaba aliado con la banda de Los Choneros. 

Goldenminerals explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero ocultó deliberadamente a dónde exportó este producto ante las autoridades de la Arcom .

Esa firma no tiene área minera alguna a su nombre. Firmó un contrato de operación con la empresa Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, según denunciamos en febrero pasado. https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/

Este equipo periodístico descubrió que, además del contrato de operación con Miderzul, la empresa Goldenminerals tiene otro acuerdo de mandato con la empresa exportadora Techgolden S.A. que evidencia una cadena, que empieza en la explotación de oro y en su exportación hacia diferentes países.

Castro, acaudalado registrador en el Olimpo de la Arcom  

El contrato de mandato con la compañía Techgolden fue inscrito en la Dirección Distrital de Azuay de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, (hoy Arcom), según registros a los que este equipo periodístico accedió. Ese convenio fue inscrito por el registrador Roberto Israel Castro, quien emplea un libro de papel como registro, con notas escritas a mano, para esos trámites, desde cuando llegó al cargo, en 2022. Solo él lo usa, nadie más tiene acceso. Lo que él registra parece estar inscrito en piedra.  

Actualmente Castro es investigado penalmente por la Fiscalía por el incumplimiento de una decisión de la Corte Superior de Azuay. Este delito es penado con tres años de prisión. En julio de 2022, ese tribunal le ordenó a Castro anular un contrato de asociación entre dos empresas, que había inscrito sin respaldos legales, perjudicando, supuestamente, al titular de una concesión en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la minería criminal en Ecuador. Aunque esa causa judicial está en trámite, el contrato no ha sido anulado por Castro, sigue vigente. Ese acuerdo ha permitido que la compañía Metalrock mantenga una acuerdo con Oromining, que realiza explotación de oro, en la concesión Papa Grande, cuyo titular legal es la compañía Quebrada Fría. Así, Metalrock y Oromining operan en esa zona sin tener ningún título minero otorgado por el Ministerio de Energía.   

También enfrenta otra denuncia por incumplimiento de decisiones judiciales de una autoridad competente, que impulsa carlos Flores Cárdenas. En los archivos de la función judicial registra un juicio de alimentos planteado por su exesposa María Obando, por lo cual está obligado a pagar una pensión para su hija menor de edad de $490 mensuales, que no ha cancelado los tres últimos meses, por lo cual le adeuda $1.500.   

Castro tiene 39 años y es abogado. En la Arcom, donde ingresó en 2020, ha ocupado los cargos de especialista de regulación legal, coordinador zonal y registrador minero, función por la cual gana un salario mensual de 1.676 dólares. No obstante, en sus cuentas sus ingresos y gastos no coincidirían con su remuneración. Según informes del sistema financiero revisados por este medio, Castro Aguirre tiene cuentas activas con cifras altas en bancos y tarjetas de crédito, por lo cual es considerado un cliente A1, con capacidad de pago sólida y confiable.  

Su saldo vigente total de depósitos en efectivo en sus cuentas en dos bancos y una tarjeta de crédito, hasta el cierre de este reportaje, era de 38.389 dólares. Además tiene un crédito de $3.211 en una Cooperativa de Ahorro y no presenta ninguna morosidad en esta cuenta. El endeudamiento total histórico (en su mayoría ya cancelado) registrado en los movimientos financieros de Castro es de 908 mil dólares, indican los reportes del sistema financiero.

Sin embargo, Castro no incluyó esos depósitos, créditos y deudas en sus declaraciones de bienes en la Contraloría del Estado. Este medio revisó sus nueve reportes patrimoniales, entre 2020 y 2024. En este lapso, su patrimonio (suma de propiedades, dinero e inversiones) osciló entre 41 mil y 60 mil dólares. En su última declaración patrimonial, presentada en agosto de 2024, reportó que tenía deudas por $ 250, bienes muebles valorados en $ 50 mil e inmuebles por $35 mil.

Buscamos la versión de Castro a tres números celulares registrados y le enviamos un pedido de entrevista a su correo electrónico roberto_castro@arcom.gob.ec, pero hasta el cierre de esta investigación no respondió a nuestros pedidos.

Pedimos también un pronunciamiento sobre las distorsiones y supuestas anomalías patrimoniales de Castro a las autoridades de la Arcom, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Buscamos conocer si en contra de Castro había alguna investigación interna y si otros registradores han sido fiscalizados, o han enfrentado alguna sanción o sumario administrativo.

El exviceministro de Minas, Diego Ocampo, quien estuvo en el cargo hasta agosto pasado, dijo que durante su gestión no conoció de ninguna acción interna en la Arcom en contra de los registradores, pese que sí recibió la denuncia presentada por el abogado de la minera Quebrada Fría, por la aplicación ilegal del contrato de asociación entre Metalrock y Oromining, para la explotación de oro en la concesión Papa Grande, amparado por la inscripción de Castro.   

Ningún registrador ha sido investigado ni sancionado por falta de acciones internas de personal, tampoco han existido denuncias formales.

En vista de todas las anomalías y desfases que trascendieron esencialmente por las denuncias sobre las acciones discrecionales de los registradores, el 31 de mayo pasado entró en vigencia la reforma al Instructivo del Registro Minero de la Arcom. Esta normativa dispone que en adelante los registradores (hoy denominados funcionarios jurídicos) deberán inscribir todos los actos administrativos y judiciales (concesiones, licencias de comercialización, contratos, etc) en un libro virtual, que podrá ser revisado por diferentes autoridades en tiempo real. Con esta nueva reglamentación no solo el empleado judicial podrá inscribir los trámites sino dos funcionarios más en las direcciones distritales en provincias.

Pogo, el alquimista de los acuerdos

El dueño de las empresas Miderzul y Techgolden es Juan Pogo Labanda, de 57 años. A través de Miderzul, Pogo realiza exportaciones de concentrado de oro (material mineralizado) a China, mientras que utiliza Techgolden para exportar lingotes de oro a Estados Unidos. 

Entre 2023 y 2024, Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, y recibió pagos por 2,5 millones de dólares, indican informes de la Arcom. Esos cargamentos se enviaron en grandes sacos de lona (“big bags”) por vía marítima. 

Un reporte interno de la Arcom al que accedimos indica que hay empresas mineras con exportaciones inusuales (grandes cantidades sin un origen lícito) que son aprovechados por China y Corea del Norte, triangulando los envíos a través de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.   

Pogo, un ingeniero comercial nacido en Piñas, en El Oro, además es propietario y administrador de otras seis empresas mineras: Prominecua, Expogold, Emmijard, Southmining, Minexchonta y Cerro de Oro la Peña, así como de Agrícola Pogo.  

La empresa dorada de este grupo es Techgolden. Desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024, esa comercializadora exportó a Miami, Estados Unidos, 736 kilos de oro, por 49,3 millones de dólares. Eso significa más del triple de sus exportaciones, en relación al año anterior, que fueron de 175 kilos, por 12,3 millones. En apenas un año esa firma se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador. En menos de dos años Pogo obtuvo ingresos por 52 millones de dólares, con Techgolden y Miderzul.  

Esta alianza periodística accedió a certificados de exportación de Techgolden, que tendrían varias anomalías, según dos expertos mineros, con más de diez años de experiencia en el sector, un funcionario de la Arcom y un exfunciomario del Viceministerio de Minas, consultados, entre abril y mayo de este año.

Esos informes de Techgolden están en la mira de la Arcom, la entidad responsable de controlar las actividades extractivas y la minería ilegal. Funcionarios de esta agencia realizaron inspecciones en la concesión La Boya, para verificar si los niveles de producción declarados por Miderzul concuerdan con los reportes.

Fuentes de esa entidad informaron que, luego de la denuncia periodística publicada por esta alianza en febrero pasado, se abrió una investigación interna sobre el contrato de mandato que Techgolden mantuvo con Goldenminerals, así como del resto de acuerdos que tiene Pogo con empresas mineras para comercializar oro. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigan estos nexos y sus manejos financieros y han requerido información a la Arcom. 

Techgolden también le dio servicios de exportación de oro a Goldenminerals, de acuerdo a los informes financieros de la empresa que revisamos en la Superintendencia de Compañías. Por esos trabajos, la exportadora reportó que Goldenminerals aún le debe más de 13 mil dólares, por servicios del 2023 y el 2024. Precisamente, a través del acuerdo de mandato, Goldenminerals le autorizó a Techgolden comercializar, vender y exportar el oro que extraía en la concesión La Boya.

Techgolden opera con una licencia de comercialización, entregada a Pogo en 2023. Ese permiso fue otorgado por la zonal de Azuay del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Xavier Vera, quien fue detenido en mayo de ese año por un supuesto delito de cohecho, por cobros por la entrega de cargos, que aún está bajo investigación judicial.   

Precisamente, en sus certificados de exportación esa compañía indica que compró el oro a través de los convenios de operación y mandato, que tiene con empresas que trabajan en dos de sus concesiones, así como de varias compañías de distintas áreas en Camilo Ponce.

Esos reportes de producción, revisados por este equipo periodístico, tendrían discrepancias. Por ejemplo, en el certificado 107086 la compañía declaró la exportación de 41 kilos que vendió en $3 millones. Para obtener 23 kilos de oro de esa exportación la firma reportó que se procesaron 1.746 toneladas de tierra mineralizada, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2024. No obstante, según los datos declarados a la Arcom para obtener esa cantidad de oro como mínimo se debieron procesar al menos 2.400 toneladas de material mineralizado, indicó una geóloga consultada, que revisó esos documentos y pidió no revelar su identidad. 

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⇔ Entre 2018 y 2023, Techgolden reportó ingresos de 75,9 millones a la Superintendencia de Compañías. Su último informe económico de 2024 reportó activos por 6,3 millones y 4,7 millones en deudas. Tuvo ingresos por 33,7 millones. Un aumento del 300% en relación al 2022, cuando recibió 7,3 millones. En pagos de salarios y beneficios a empleados, en 2024, desembolsó 113 mil dólares, unos 9 mil mensuales ⇔

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En Techgolden Pogo es gerente, presidente y único accionista. En su última declaración de Impuesto a la Renta reportó utilidades por más de 9 millones de dólares. Esta alianza pidió una entrevista con el empresario a los números telefónicos y al correo electrónico de su compañía: techgolden@gmail.com, el 29 de enero y el 27 de mayo de este año.

En enero, José Bravo, uno de los representantes de esa empresa, respondió a una de nuestras solicitudes por correo. En una breve contestación, descartó cualquier relación con los accionistas de Goldenminerals. Dijo que en ningún momento Techgolden ha realizado exportaciones de oro de esa compañía. “La empresa, que legalmente está constituida desde el año 2009, se dedica a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación, y para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, destacó, al indicar que estaba abierto a coordinar la entrevista, pero no volvió a responder las solicitudes posteriores de esta alianza.  

No obstante, tanto Techgolden como Miderzul, empresas de Pogo, sí tuvieron negocios y acuerdos con Goldenminerals, que en sus reportes no justificó la legalidad del mineral que explotó. En septiembre de 2024, un contingente de militares y policías allanó las oficinas de Techgolden en Machala, donde hallaron armas y municiones.  

Pese a todas las irregularidades, la Fiscalía todavía no ha abierto ninguna investigación por estos casos. 

En la mira 

Los datos que consignan los exportadores, entre titulares mineros y dueños de licencias de comercialización, no son verificados en general por los técnicos de la Arcom ni por el personal de las zonales del Ministerio de Energía, antes de aprobar los informes para los envíos. La capacidad de fiscalización y control de la Arcom fue mermada desde mayo de 2020, cuando el gobierno de Lenin Moreno la extinguió por falta de presupuesto, en el decreto 1036. Sus tareas fueron asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

En 2024, la administración de Daniel Noboa volvió a crear la Arcom, en medio de la explosión y avance vertiginoso de la minería ilegal, que en Ecuador tiene 380 focos críticos en varias provincias, 28 en áreas protegidas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, ese año, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provinieron de esas operaciones criminales, que involucran grupos delictivos y holdings del crimen organizado transnacional, cuyas cabezas aún son invisibles para las autoridades. 

En este ciclo pernicioso el Estado termina legalizando las operaciones criminales. Para explotar o comercializar el mineral directamente los contratistas privados registran los acuerdos en notarías de las provincias donde están las áreas. Ese es el primer paso de la formalización. Este círculo se cierra con quienes tienen las licencias para vender el oro en el mercado internacional. Así se concreta el lavado de activos del narcotráfico y otras actividades, lo cual queda evidenciado en esta investigación periodística por los nexos documentados entre Goldenminerals y las empresas Miderzul y Techgolden, así como en los informes de la Policía incluidos en el juicio por delincuencia organizada.

Para frenar estos y otros ilícitos, también se está reformando otro instructivo para limitar a los concesionarios mineros la emisión de contratos entre privados, pues luego de la entrega formal de una concesión la responsabilidad del manejo del área, ante el Gobierno, es exclusivamente del titular. No de los operadores. 

Siguiendo esta línea, precisamente, el 19 de mayo pasado la ministra Manzano aprobó la reforma del instructivo para la entrega de licencias de comercialización a personas y empresas. Entre otras cosas, exige que los peticionarios tengan una experiencia mínima de 3 años en actividades de comercialización o en gestión de proyectos mineros, un patrimonio probado de 100 mil dólares, así como certificados tributarios que avalen su idoneidad en el sector.

Aunque los concesionarios mineros tienen varias obligaciones legales y contractuales, como el  pago de regalías ( 3% de la producción) sobre las ventas de minerales, la exploración en el área por hasta cuatro años, la presentación de informes de actividades e inversiones. No obstante, nada de esto se cumple porque la Arcom no cuenta con técnicos suficientes para hacer auditorías y verificaciones en las zonas donde están las concesiones. Tampoco para revisar los reportes, de acuerdo a los documentos oficiales revisados para está investigación periodística, entre 2023 y 2024.   

El principal problema, que ha derivado en prácticas anómalas y delictivas los últimos años, no radica en la posibilidad de que los concesionarios mineros puedan firmar contratos, dice una ejecutiva de una empresa de pequeña minería, quien pidió no revelar su identidad. “El mayor daño es causado por la corrupción generalizada en las regionales de la Arcom, de la mayoría de registradores, que exigen coimas a los titulares mineros para aprobar los contratos; el que no paga entra en el congelador, debe esperar meses, hasta años para tener la autorización”, destaca. “Las empresas que cumplen la ley verifican la idoneidad de los contratistas, su capacidad técnica probada con actividades lícitas. Estas actividades generan empleo, empujan las economías locales, dejan regalías para el Estado.” 

El oro también sale en avionetas 

La modalidad de contrataciones privadas para explotar y comercializar oro ilegalmente no solo se focaliza en concesiones de Ponce Enríquez. La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por estas actividades devastadoras, a lo largo del río Zamora. 

El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y por aire, en avionetas fletadas por mineros y actores mafiosos, según fuentes de Inteligencia. 

Uno de los puntos neurálgicos es la población de Cumbaratza, donde un operativo militar y policial develó los alcances de esta modalidad, el 3 de mayo pasado.     

Ese día, una aeronave Cessna, modelo 414A, aterrizó cerca de las 14:00 en la pista de ese pequeño poblado amazónico de 4.000 habitantes, y permaneció más de tres horas en tierra, según testimonios de moradores del sector.

No era la primera vez que la avioneta aterrizó en ese campo. La nave, piloteada por el capitán Jorge Luis Weisson y el copiloto Darwin Ochoa, debía recoger a los pasajeros Estalin Julián Jiménez, de 23 años, y Rayner Alvario de Loor, de 30 años, y trasladarlos hasta Guayaquil, según la bitácora de vuelo. Los dos son oriundos de Babahoyo, capital de la provincia costanera de Los Ríos.

Treinta minutos después, cuando Alvario y Jiménez llegaron a las maltrechas instalaciones de la sala de embarque de la terminal de Cumbaratza, fueron sorprendidos por militares del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y agentes de la Fiscalía y la Policía. Los esperaban para revisar su equipaje junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los agentes habían recibido la alerta del arribo de la nave desde el Batallón militar, a unos 10 kilómetros de distancia del aeródromo. 

La vigilancia de vuelos inusuales se activó desde el 23 de abril anterior cuando un pequeño avión Hawker Beechcraft HC-CUM aterrizó en esa misma plataforma, para transportar a Santa Rosa, en El Oro, a seis pasajeros. Uno de ellos era Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, quien llevaba muestras de arena mineralizada para hacerla analizar en un laboratorio. Bermeo, quien llegó a la alcaldía como militante del movimiento Alianza País (correísmo) tiene concesiones mineras en Camilo Ponce, una de las zonas que han sido el foco de disputas de bandas criminales por el control de la extracción de oro.

La pista de Cumbaratza no es usada para vuelos comerciales desde hace cinco años. Tampoco es controlada por la Dirección de Aviación Civil (DAC) ni por ninguna autoridad local, aunque su administración fue concesionada a las autoridades parroquiales de este pequeño poblado amazónico, que no le dan seguridad ni mantenimiento. En los alrededores de la pista incluso hay varios focos de explotación ilegal de oro. 

Según informes de Inteligencia, este campo de aterrizaje es ideal para actividades clandestinas ilícitas, en una zona neurálgica de minería ilegal, que conecta rápidamente con la provincia costanera de El Oro y con localidades de Perú, donde también hay pistas clandestinas.   

Luego de interrogar a los dos pasajeros sobre los motivos del viaje, los agentes revisaron sus equipajes. Al abrir la maleta deportiva negra de lona que llevaba Rayner, ocultos entre sus objetos personales, un policía encontró dos kilos y 538 gramos de oro en polvo, cuidadosamente envueltos en un fino papel de seda blanco, sellados en fundas plásticas. 

¿De dónde provino el material precioso? Los detenidos dijeron haber obtenido el oro en la concesión minera Cury FJGEX. Esa área está ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la pista, en una zona semi selvática del cantón Zamora.

Al requerirle que Jiménez presentara los documentos de respaldo por la compra del mineral, no los tenía. Solo llevaba un certificado emitido por Gabriel Chiriboga, registrador de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Zamora.

En ese documento el Registrador certificó que el 9 de diciembre de 2024 fue inscrito, con escritura pública, un contrato de operación a favor de Jackson Zambrano, para que pueda realizar tareas de exploración y explotación de oro en la concesión minera Cury FJGEX, otorgada por el Estado a José Ocaña Mayorga. Ese oficio está fechado el 8 de enero de 2025.

El operativo concluyó al anochecer con la detención de Jiménez y Alvario, quienes no pudieron justificar la legalidad del oro, valorado en 233 mil dólares. Aunque se formalizó su enjuiciamiento penal, horas más tarde ambos fueron liberados.

Concesión socavada por ilícitos 

Cuatro días después, funcionarios de la Arcom y el Servicio de Rentas Internas con miembros del Ejército realizaron una inspección en los predios de la concesión Cury FJGEX. Al ingresar al área confirmaron que unos 20 trabajadores que realizaban operaciones mineras a cielo abierto, con excavadoras y volquetas, no eran parte de la nómina de la empresa y tampoco estaban afiliados al Seguro Social, según el parte del operativo de control. 

 El administrador de la concesión no tenía reportes de producción ni información contable, sobre costos de operación y del personal. En medio de forcejeos y enfrentamientos con otros obreros, los militares detuvieron a un trabajador, que intentaba impedir las inspecciones. Al verse sitiados por decenas de mineros los militares lanzaron gas y dispararon, hiriendo a uno de ellos, que fue trasladado a un centro médico, con pronóstico reservado. En las requisas en el campamento los uniformados encontraron un fusil Bushmaster, calibre 5,56 mm, de fabricación estadounidense.     

Luego, ese siete de mayo, los funcionarios de la Arcom cerraron la concesión, porque ha operado al margen de la ley.

En Zamora Chinchipe, el Ejército ocupa la mayoría de sus capacidades y recursos humanos enfrentando al crimen organizado y sus tentáculos en la minería ilegal. 

“Las bandas dan protección a los mineros ilegales, que a su vez trabajan para muchas empresas de pequeña minería, que operan en las concesiones a través de contratos”, alertó un agente de Inteligencia, que sigue la pista de estas organizaciones. 

“En general, nadie los controla en el terreno”, alerta un oficial de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad, al igual que otros agentes. “Esos contratistas son los que explotan y sacan más provecho de las concesiones, que son solo una fachada para las acciones del crimen organizado, conectadas con lavado de dinero del narcotráfico”. 

El motor de la economía en esta provincia es la explotación indiscriminada de recursos mineros, que reemplazó hace mucho tiempo a la producción agrícola y otras actividades.  “Diariamente las redes delictivas sacan cientos de kilos de oro de Zamora. Estamos desbordados, es una pelea desigual, de David contra Goliat”, sentenció un oficial.  

 Desde inicios de este año, en varias zonas de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y la frontera con Perú, los militares han descubierto campamentos de grupos delictivos ecuatorianos, especialmente Los Lobos y Los Choneros, así como de los Comandos de la Frontera y armados mexicanos, dedicados a la minería ilegal.

Los tres primeros grupos criminales se replegaron hacia esta provincia fronteriza desde Camilo Ponce Enríquez, que los tres últimos años fue el centro de la minería ilegal en Ecuador. Esto ha desatado una mayor conflictividad a lo largo del cordón fronterizo.

IMPUNIDAD. A 48 horas de que se realizara la audiencia del recurso de casación para revisar la sentencia contra los médicos Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli, por el homicidio culposo por mala práctica profesional de Michelle Cobo, el conjuez ponente Édison Fernando Cantos Aguirre difirió la diligencia para el próximo 2 de julio. La audiencia de casación ha sido postergada por más de un año, desde mayo del 2024, por incidentes generados por los abogados de los condenados.  

Redacción Código Vidrio

Pasaron cerca de diez años. Este lunes 9 de junio el conjuez Javier de la Cadena, y los jueces Daniella Camacho y Fernando Cantos, de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, debían realizar la audiencia de casación, en el juicio por la muerte de Michelle Cobo, ocurrida en 2016, luego de someterse a una cirugía estética.

No obstante, a pocas horas de que se realizara la diligencia, el conjuez ponente Edison Fernando Cantos Aguirre, acaba de notificar a las partes, este viernes 6 de junio, que aceptó un pedido de diferimiento de la audiencia solicitado por los médicos sentenciados, Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli. Y fijó la audiencia para el próximo 2 julio, sin que medien argumentos razonables, según un escrito de rechazo a esta nueva postergación, presentado por la defensa de la familia de Michelle Cobo.

Al ser notificado con la nueva postergación, el abogado José Molina, en representación de Gabriel Cobo, padre de Michelle, solicitó que el conjuez Cantos inadmita los pedidos de diferimiento pues “carecen de sustento fáctico y jurídico”. Pero Cantos no dio paso a su solicitud.

Esta audiencia de casación debía realizarse hace un año, el 29 de mayo del 2024, pero no se ha podido cumplir en vista de una cadena de postergaciones generadas por la propia defensa de los procesados, quienes buscaban que la causa prescribiera, dijo Molina.

 “Lo que busca la familia de Michelle es el derecho a la verdad, que el estado a través de los  jueces de la Corte haga justicia, siente un procedente para que estas tragedias no se vuelvan a repetir”, agregó Molina.

Esta diligencia es el último capítulo de un juicio plagado de incidentes y dilaciones judiciales, calificado como “tortuoso y revictimizante” por los padres de Michelle, Gabriel Cobo y Soledad Vallejo.

En la audiencia de este lunes, los jueces debían escuchar los argumentos de los abogados de los sentenciados: los médicos Toscano  y Hurtado, y la abogada María Eugenia Muñoz, quienes alegan que en la condena dictada por homicidio culposo, hubo supuestas violaciones legales.

“Si ya he tenido que lidiar por casi 10 años con el irreparable dolor que ha supuesto la muerte de mi hija, esperaré tres semanas y media más. Esperaré con ansias, aunque ya no sé si ansias de escuchar cómo se defenderán los tres responsables de la muerte de mi hija o ansias de pensar con qué improperio saldrán dos o tres días antes el día de la audiencia para pretender diferirla. No sé, el tiempo lo dirá”, destacó Cobo en el escrito de rechazo ante la decisión del conjuez de la Cadena.

“Hago notar que la prescripción de la causa está por venir tal y como el auto interlocutorio que niega el pedido de prescripción (que se encuentra ejecutoriado), lo señala con claridad”, agregó el padre de Michelle.

Michelle Cobo tenía 19 años cuando falleció, el 16 de julio de 2016, un día después de haberse sometido a una cirugía estética en la clínica San Gabriel en Quito, que permanece cerrada por orden del Ministerio de Salud. La investigación de la Fiscalía reveló que el procedimiento fue realizado por médicos sin licencia adecuada (Toscano no es cirujano), en un centro que no tenía permisos para ese tipo de intervenciones, además del cúmulo de negligencias administrativas y médicas.  El caso derivó en una sentencia condenatoria, dictada en 2019,  contra los médicos y reincidentes Hugo Toscano y Carlos Hurtado (pues ya habían sido condenados por este delito en otro caso), así como contra la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz, por homicidio culposo por mala práctica profesional.

ANÁLISIS. Daniel Noboa asumirá oficialmente su primer mandato completo de cuatro años este sábado 24 de mayo de 2025, tras una transición vertiginosa, con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza: la persistente crisis de inseguridad que es un lastre para el crecimiento económico y el bienestar de los ecuatorianos. Para esta nueva etapa se requiere una renovación del gabinete, envejecerlo un poco, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Veamos si el Presidente apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a velocistas improvisados que tuvo en su primer mandato, cuando llegó apuntalando a sus amigos cercanos. Su círculo íntimo de confianza. Lo que se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas.  

La principal preocupación de los ciudadanos, después de la inseguridad, es la falta de empleo. Ambas están directamente relacionadas. Sin seguridad no hay inversión y sin inyección de capitales no hay trabajo ni bienestar posible. 

Aunque este 24 de mayo marca el inicio formal de su nuevo gobierno, Daniel Noboa ya ha estado al frente del Ejecutivo desde fines del 2023. Ha sido una transición dura, de aprendizaje, con errores y aciertos. Con altibajos. Su triunfo electoral fue contundente y es una clara señal de confianza de una mayoría de ciudadanos esperanzados en que las cosas pueden mejorar. Es también una demostración de resiliencia de un país sometido a crisis constantes, desde 2019. Pero puede ser una fugaz luna de miel si Noboa no pone orden en la casa.

Los cerca de dos años que ya estuvo al frente del Ejecutivo son suficientes para evaluar sus fortalezas y debilidades. La ruta que tomará los próximos cuatro años. En este contexto, las perspectivas para su nueva administración muestran grandes desafíos, oportunidades y peligros inminentes. Entre las prioridades de su gobierno destacan:

-El de la seguridad, con la inminente continuidad de su enfoque de mano dura, militarizado y policial -punitivo- contra el crimen organizado y las bandas locales. Sus planes más difundidos se basan en la construcción de gigantes presidios de máxima seguridad, inspirados en el modelo de Nayib Bukele, en El Salvador, gobierno con el cual planea profundizar la cooperación. Un problema irresuelto, crónico, es la grave situación de atenciones a los presos, tanto en su alimentación como en salud. La rehabilitación todavía está fuera del radar de prioridades, en este contexto.

Además, en la compra y dotación de más armas, equipos y vehículos para Fuerzas Armadas y la Policía. Y un énfasis respecto a la cooperación internacional, sin que exista aún una estrategia clara, conocida, de seguridad ciudadana. Su última apuesta es la aprobación del proyecto de Ley económico urgente (la Asamblea tiene 30 días para su aprobación) para combatir las economías criminales, que ya ha recibido duras críticas.

Una gran debilidad del régimen sigue siendo la ausencia de controles efectivos de lavado de activos en el sistema financiero, en el sector inmobiliario. Así como la falta de investigación oportuna y eficaz, identificación, desmantelamiento y judicialización de integrantes de estructuras mafiosas, vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, el tráfico de especies y otros delitos, en coordinación con las cabezas de la Justicia. Tampoco ha trascendido como una prioridad del régimen desmantelar los sistemas de corrupción enraizados en el aparato estatal, incluidas Fuerzas Armadas y Policía. Las señales de la contaminación son claras, pero no las acciones de una purga de los operadores criminales. La impunidad campea.

-En economía, el enfoque de Noboa es atraer inversión extranjera y promover reformas de corte neoliberal, aunque enfrenta el desafío-escollo de las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump a productos ecuatorianos. Empujar el desarrollo de los pequeños, medianos y grandes emprendedores es fundamental, más allá de los alivios en las deudas y la entrega de bonos.

-En el campo de las relaciones internacionales el régimen buscará fortalecer lazos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y otros países, en especial Israel, en temas de seguridad e inteligencia. La canciller Gabriel Sommerfeld ha tenido un rol protagónico buscando apoyos internacionales para apuntalar el combate a las mafias transnacionales.

Tras ganar las elecciones, en abril pasado, Noboa hizo una extensa gira internacional, visitando países europeos y el Vaticano. Está por verse si tiene la habilidad suficiente para navegar en las aguas turbulentas de las relaciones con la volátil administración del presidente Donald Trump y atraer inversión extranjera. Otro reto complejo es el manejo de las relaciones con China, nuestro principal acreedor (le debemos 4.000 millones de dólares), que mantiene una abierta disputa geopolítica global con EE.UU., encendida por la última guerra de los aranceles. Todavía no ha trascendido cuáles serán las medidas o planes que tiene el régimen para sacar más provecho del acuerdo comercial con ese país. Este es un terreno sinuoso: negociar con las dos potencias sin que el país sea arrastrado por sus intereses. Pierda la brújula.

-En el campo financiero también está por verse la forma en que Noboa dará puntadas para evitar el riesgo latente de un conflicto de interés. El conglomerado empresarial de su familia, la corporación Noboa, principal exportador de banano del mundo, es uno de los grupos económicos más importantes e influyentes, junto a Nobis, de su tía, Isabel.

Otro tema que se dibuja como una de las grandes apuestas del gobierno es la reforma institucional, con la  convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. No obstante, aún no hay certezas sobre un avance en esta ruta, plagada incertidumbres, que intentará despejar si logra consolidar una mayoría estable en la Asamblea.

El principal desafío  

El reto medular del gobierno de Noboa es enfrentar la crisis de inseguridad persistente, que golpea y desangra al país. El éxito de su administración dependerá, en gran medida, de su capacidad para desarrollar una estrategia integral contra el crimen organizado que vaya más allá de los estados de emergencia y del empleo exclusivo de militares y policías para enfrentar a las organizaciones delictivas. Deberá dar un salto para pasar a una estrategia muldimensional, transversal e integradora. Trascender hacia un enfoque estatal e interinstitucional en tres áreas básicas:
-Seguridad y convivencia ciudadana.
-Seguridad del Estado
-Política criminal, coordinada con el poder judicial

Estas deben contar con el liderazgo y participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en políticas de Estado, elaboradas y ejecutadas en el plazo inmediato (dos años), mediano (cinco años) y de largo alcance (diez años). Es importante aprobar un paquete de reformas legales y constitucionales para el nuevo andamiaje institucional, sin dejar de respetar el debido proceso, piedra angular del estado de derecho.

A pesar de su enfoque de mano dura, que se evidenció en enero del 2024 con la declaratoria de guerra interna contra grupos narcoterroristas, enero y febrero de este año fueron los meses más violentos de la historia. Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador alcanzó los 2.361 homicidios en el primer trimestre de 2025: registró 831 asesinatos en marzo. Esta cifra se sumó a los 1.530 homocidios, registrados en enero y febrero. Estos datos representan el inicio de año más violento en la historia del país.

Las cifras trimestrales de 2025, que promedian un asesinato por hora, superan en un 65% los 1.428 homicidios, reportados en el mismo período de 2024, y en 39% los 1.698 registrados entre enero y marzo de 2023. Este año Ecuador fue el más violento de Latinoamérica.

Sin embargo, la Policía y FF.AA. han dado golpes contundentes a grupos criminales, con detenciones de importantes cabecillas, así como la sostenida interdicción y captura de cientos de toneladas de cocaína, de armas, fortaleciendo la coordinación con gobiernos del continente y Europa. La inversión en capacitación para los investigadores y fiscales es fundamental para acompañar estas acciones.

Las denuncias de abusos a los derechos humanos (el caso de los cuatro menores de Las Malvinas sigue impune) y ausencia de procesos y protocolos para las operaciones del Bloque de seguridad muestran poca apertura oficial a las críticas. Los esfuerzos de enmienda y aprendizaje de los errores cometidos son escasos desde el mando militar, que pierde la estrategia, que no es clara, poniendo énfasis en el nivel táctico, operativo. La imagen de generales y ministros en las calles, con cascos y chalecos, puede haber servido para la campaña, pero en lo que viene las cabezas deben priorizar su rol estratégico de conducción, sin distorsionar ni dejar sin piso el liderazgo de los comandantes a cargo de dirigir las acciones en el territorio.

Luces rojas

La crisis de seguridad ha afectado negativamente la economía, con caídas en la inversión extranjera y el empleo. Hay un evidente deterioro económico y necesidades de financiamienrto para 2025 de 12 mil 889 millones de dólares, según el Observatorio de Política Fiscal. Las cuentas públicas se han tornado inmanejables -alerta el Observatorio- y agudizarán la crisis si el gobierno no reduce el déficit, gasta menos, genera más ingresos y fomenta la inversión extranjera. Está por verse como capitaliza las inversiones de transnacionales anunciadas en el sector minero, si no frena la devastadora minería ilegal y la corrupción enraizada en las entidades de control. Esos recursos  son vitales en medio de la caída de ingresos por la disminución progresiva de la producción petrolera. Aquí ha jugado un rol clave la actual ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, que se ha fogueado, entre errores y aciertos, para finalmente sortear crisis simultáneas que se desencadenaron en medio de la campaña electoral, mientras también estaba a cargo de la cartera de Ambiente. La lucha contra mafias petroleras (enquistadas en Petroecuador) y mineras con operadores estatales requieren continuidad y coraje, entereza y decisión. Operaciones simultáneas y coordinadas, que les quiten el peso de todas las acciones a los militares, devenidos en bomberos apagando incendios, que otras entidades deben sofocar.

Otra alerta es sobre la sostenibilidad de la deuda. Ecuador enfrenta una alta deuda pública y depende de una línea de crédito probable de 4.000 millones con el FMI y otros organismos internacionales de crédito para mantener equilibrio y liquidez suficientes en sus cuentas.

Polarización política persistente. A pesar de su victoria electoral, el país sigue profundamente dividido, con la oposición liderada por el movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Noboa ha dado señales de que mantendrá su estilo confrontativo con sus opositores. La polarización, es lo más probable, se agudizará.

Una popularidad volátil. Aunque su popularidad alcanzó más del 80% a inicios de 2024, para finales de ese año había descendido a aproximadamente 42%, su segundo nivel más bajo desde que asumió el cargo. Sería un error de cálculo creer que los casi 12 puntos que sacó de diferencia a la candidata Luisa González, fueron apoyos directos a su propuesta y no votos en contra del correísmo, que sumo una serie de errores garrafaeles en la recta final de la campaña.

Si Noboa y su partido ADN logran mantener su coalición legislativa, que les sirvió para tomar el control del parlamento,  y obtener resultados tangibles en seguridad, podría consolidar su proyecto político y avanzar en sus reformas económicas. Sin embargo, si la violencia continúa escalando y la economía no mejora, podría enfrentar una creciente oposición tanto en las calles como en la Asamblea.

Para esta nueva etapa, Noboa requiere renovar su gabinete, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Reducir las cargas sobre funcionarios que cumplen varias tareas y acumulan un excesivo poder, lo cual genera fricciones dentro del gobierno. Veamos si Noboa apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a los velocistas que tuvo en su primer mandato. Lo que se se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas. No hay tiempo para improvisaciones.

El exjuez José Tamayo Arana, quien dio paso a la liberación de Jorge Luis Zambrano ‘Rasquiña’, líder asesinado de Los Choneros, deberá cumplir una condena de tres años por el delito de prevaricado.

Redacción Código Vidrio

La sentencia contra José Tamayo quedó en firme este jueves 22 de mayo de 2025, una vez que la sala penal de la Corte Nacional de Justicia negara el recurso de casación interpuesto por Tamayo. El fallo se expidió a pocos días de que el caso prescribiera, en junio próximo.

Tamayo cambió la pena de 20 a 8 años a favor de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en un juicio por asesinato, por el cual estaba preso en la cárcel de Cotopaxi. Tras el fallo de Tamayo, Rasquiña fue liberado en junio de 2020. Entonces, el juez fue denunciado por el Consejo de la Judicatura y condenado por prevaricato, el 21 de mayo de 2024, a 3 años de cárcel. Al frente del equipo legal de la Judicatura estuvo Santiago Peñaherrera, quien se presentó como acusador particular, para impedir que la causa prescribiera, como es usual en este tipo de procesos, plagados de incidentes y dilaciones. 

Tamayo apeló a la sentencia, pero la Corte de Guayas negó esa impugnación el 22 de noviembre de 2024. Entonces presentó un recurso de casación que acaba de ser negado. La causa empezó en 2020, y precisamente estuvo marcada por muchas audiencias fallidas y postergaciones. Para lograr que Tamayo Arana redujera su pena, Rasquiña contó con el apoyo de su abogado Harrison Salcedo, alias “Hulk”, quien también defendió al exvicepresidente Jorge Glas, José Adolfo Macías, alías «Fito» (hoy prófugo) y Junior Roldán (asesinado), cabecillas de Los Choneros.

“Ordenaron mi encarcelamiento sin darme el derecho a responder, a argumentar jurídicamente mi decisión. Por eso fugué y estuve en la clandestinidad los siguientes ocho meses, hasta que me permitieron defenderme en libertad levantando la orden de prisión en mi contra”, dijo Tamayo, en una entrevista a este medio, publicada en agosto de 2022.

¿Cuál fue el argumento jurídico de Tamayo? Según aclaró el exjuez, de 52 años, él no le rebajó la pena a Rasquiña. Se limitó, según afirmó, a concederle un beneficio al cual tenía derecho porque ya había cumplido su primera sentencia de ocho años. “Zambrano fue sentenciado con la anterior legislación penal, antes de la vigencia del COIP, desde febrero de 2014. Cuando ese Código se aplicó hubo una disposición transitoria, según la cual todos los juicios que se iniciaron antes de 2014 debían terminar de juzgarse y sentenciarse bajo esa misma legislación”, explicó Tamayo, quien venía ejerciendo como abogado en Guayaquil, su ciudad natal.

Según la acusación de la Judicatura, Tamayo no tenía competencia para conocer ese proceso, que empezó a tramitarse en Manabí y no en Guayaquil, donde el entonces juez trabajaba. Tampoco podía pronunciarse sobre la segunda sentencia de 20 años.

Tras el fallo de Tamayo, Hulk Salcedo movió cielo y tierra para que otros jueces ordenaran la excarcelación de su defendido. Activó a su red de operadores en la cárcel, el sistema penitenciario y el poder judicial.

Rasquiña enfrentó decenas de juicios penales mientras estuvo vivo, por diferentes delitos. En una de esas causas el tribunal de la Corte Nacional, integrado por Iván Saquicela, Édgar Flores y Marco Rodríguez aceptó un recurso de revisión de Rasquiña y declaró su inocencia. Pero el líder de Los Choneros no fue liberado, porque enfrentaba varias sentencias pendientes y siguió preso.

En otro de esos procesos, por asesinato, el juez Tamayo redujo, sin competencia, su pena, de 14 a 8 años, aceptando un pedido de Harrison Salcedo, con lo cual en 2020 Rasquiña accedió a la prelibertad, dispuesta por la jueza Alzira Benítez. ‘Rasquiña’ fue asesinado en diciembre de 2020, seis meses después de ser excarcelado. Sobre el fallo del tribunal de la Corte Nacional que declaró su inocencia en 2018 no hubo ninguna denuncia contra los jueces en la Judicatura, incluido el expresidente de la Corte, Iván Saquicela, ni se probó que hubo una supuesta corrupción, que en la última campaña presidencial fue denunciada por la candidata del correísmo Luisa González. 

Rasquiña salió de prisión a inicios de junio de 2020 bajo el régimen abierto (previo a la libertad) que le concedieron los jueces Manuel Santamaría y Alzira Benítez, basados en el pronunciamiento de Tamayo. Su excarcelación provocó un gran revuelo en Ecuador, en medio de denuncias por las conexiones del cabecilla de Los Choneros con el Cartel de Sinaloa y con el correísmo, especialmente de su abogado defensor Salcedo.

En sus redes sociales, Salcedo se hacía llamar Hulk, por su parecido con el personaje cinematográfico, al que consideraba su álter ego. Medía cerca de dos metros y pesaba más de 250 libras; le gustaba aparecer en su página en Facebook portando armas de fuego. En las fotos se le ve sonriente emulando a muchos de sus defendidos, integrantes de bandas y carteles, políticos sentenciados de corrupción.

Desde inicios de su polémica carrera como abogado, en 2006, “Hulk” recorrió un camino sinuoso entre lo legal y lo delictivo. En 2012, falsificó la firma de dos colegas suyos, cuando trabajaba en un estudio jurídico en Quito para arrebatarle la casa a una mujer. En ese caso, él y otra persona forjaron documentos para simular un juicio por un supuesto pagaré de 35 mil dólares.

Al ser descubierto, Salcedo fue enjuiciado y sentenciado a seis meses de prisión por falsificación de documentos, en 2013. Cuando salió de la cárcel de Cotopaxi tuvo un ascenso meteórico como abogado defensor. Su fama trascendió al ser contratado por el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. ‘Hulk’ Salcedo fue asesinado por orden del narco Leandro Norero (asesinado), en 2022.