Esteban Paredes es uno de los 164 mil afortunados que lograron vencer el covid-19 en el Ecuador, según cifras del Ministerio de Salud. Él cuenta en este podcast cómo enfrentó la enfermedad y la forma en que la superó con el apoyo de su familia. Recalca la importancia de los pensamientos positivos en el camino a la recuperación. Por Milkha Moreira, estudiante de periodismo de la USFQ.
La defensa del dueño de UC Global, David Morales, entregó en la Audiencia Nacional (tribunal español) los contratos que firmó con el Servicio de Protección Presidencial para vigilar y proteger a Rafael Correa, su esposa y sus tres hijos, en Francia y Bélgica, entre 2014 y 2018. Son parte de la querella que el exmandatario presentó contra el español, acusándolo de espiar a sus hijas, instalando troyanos, un sistema que permitía la extracción de datos confidenciales, de los celulares iPhone que ambas tenían. Morales dice que la vigilancia fue autorizada y consentida por el exmandatario; niega el espionaje y dice que es parte de una estrategia pensada con los abogados de Julian Assange.
Redacción Código Vidrio
Un complejo protocolo de seguridad aplicaba la empresa UC Global para vigilar y dar protección al expresidente Rafael Correa, su esposa y tres hijos en Bélgica y Francia. Esa firma estuvo a cargo de su seguimiento y protección, entre 2014 y 2019.
En septiembre pasado, Correa demandó a UC Global en los tribunales españoles. Acusó a su dueño, David Morales, de espiar durante años a sus dos hijas, a quienes habría instalado troyanos, un sistema que permite la extracción de datos confidenciales, en sus celulares iPhone. Se querelló con Morales por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos.
Es la segunda demanda que Correa presenta en su contra. En julio interpuso otra denuncia en la Audiencia Nacional, alegando que UC Global lo espío, siguiendo supuestas instrucciones de la CIA, por lo cual los abogados de Julian Assange también llevan adelante otro proceso. Las denuncias se impulsan en el contexto del juicio de extradición de Assange a Estados Unidos, cuyo desenlace se conocerá en enero en Londres, donde está preso.
Código Vidrio accedió a los contratos que UC Global tuvo desde 2014 con el Servicio de Protección Presidencial (SPP) para dar seguridad a sus dos hijas en Francia y luego a Correa y su familia, en Bélgica. Los convenios son parte probatoria del expediente judicial en Madrid.
Mientras estuvo en el poder Correa fue obsesivo con su seguridad. Los dispositivos con decenas de elementos de FF.AA. y la Policía lo acompañaban, dentro y fuera del país. Con ese fin se creó el Servicio de Protección Presidencial. Foto archivo
Una de las exigencias establecidas en el contrato, firmado en septiembre de 2014 entre el jefe del SPP, general Luis Castro (quien luego sería nombrado por Correa jefe del Ejército) y Morales, era la entrega de un celular iPhone a cada una de las hijas de Correa, así como la instalación de un sistema de control parental y de geoposicionamiento que facilitara la localización de los dispositivos. Además tenían equipos de rastreo GPS, con el fin de que el equipo de seguridad actuara ante posibles actos de secuestro, localización en caso de accidente, borrado del contenido telefónico a distancia ante una posible sustracción o pérdida del teléfono que pudiera atentar contra su intimidad.
Para el 2014, Sofía Correa estudiaba en Lyon y su hermana Anne comenzaba su formación universitaria en la ciudad francesa de Poitiers. Cada una tenía un equipo de vigilancia, incluido un vehículo especial. Cada cápsula tenía tres operadores de seguridad, las 24 horas, 365 días al año. Los detalles de los operativos para darles seguridad a sus hijas eran reportados a diario y mensualmente por agentes de Global a un representante del SPP.
El contrato con UC GLOBAL
El contratista (UC Global) aquirirá -indica el contrato- los equipos necesarios, que incluyen 4 balizas (nanos), 1 teléfono seguro diamond iPhone 4g y el acceso a la plataforma por un año, para cada una de las PMI (Personas Muy Importantes, refiriéndose a la las hijas del exmandatario). El contratista designará a uno de sus operadores como técnico de enlace, quien tendrá acceso remoto a las diferentes plataformas y software del sistema de geoposicionamiento”.
Mensualmente, Global recibía por dar seguridad a las dos hijas de Correa un pago de 76 mil dólares, más de 900 mil al año; sumaron más de 2,7 millones hasta el 2017.
En entrevista con Código Vidrio, Morales dijo que todos los contratos que concretó con el SPP fueron revisados y aprobados por Correa, ya que era un tema personal y familiar.
“Nuestras actuaciones -agrega Morales- estaban respaldadas en los contratos. Nunca se intervino ningún dispositivo de forma secreta o sin conocimiento del contratante, ni de los usuarios de dichos dispositivos”.
Correa tenía una confianza absoluta en Global. Desde 2012, su gobierno, con la Senain a la cabeza, también le había confiado la seguridad de Julian Assange en la embajada en Londres. Por este servicio el gobierno de Correa y al final el de su sucesor Moreno le pagó $ 5,8 millones, entre 2012 y 2018.
No obstante, en su demanda el exmandatario, hoy fugitivo en Bélgica, asegura que ni él ni su familia conocían la contratación de Global y las especificidades de los contratos.
Pedimos la versión de Correa, a través de uno de sus colaboradores cercanos, Amauri Chamorro, pero no respondió a nuestra solicitud.
“El expresidente no solo conocía nuestra existencia y operación, sino que llegó a tener un contacto personal con algunos de los agentes que prestaron servicio durante ese tiempo; incluso él mismo llegaba a contactar conmigo cuando requería información sobre el estado o situación de las VIPs”, comentó Morales.
En la demanda, admitida a trámite, Correa afirma que en 2014 los teléfonos de sus hijas tenían dos troyanos de Tradesegur incorporados que permitían el control absoluto desde la sede de UC Global. en Jerez de la Frontera. Un año más tarde se les facilitaron dos iPhone nuevos, más modernos, con el sistema Flexispy, una aplicación espía que monitorea las conversaciones. En ambas ocasiones se les habría ocultado a ellas y a sus padres la incorporación de los sistemas espías.
“Nunca se actuó sin autorización de la familia, como pretende hacer creer el señor Correa. Su argumento sigue la línea de sus aliados, los abogados de Assange, a quien buscan victimizar y darle algún asidero a la teoría de la persecución de EE.UU. y la CIA, para frenar su extradición”.
En mayo de 2017, días antes de dejar el poder, Correa firmó un decreto para contar con la protección y vigilancia por un año más con UC Global. Esa operación fue cubierta con fondos del estado ecuatoriano hasta mediados de 2018; luego la misma firma fue contratada por el exmandatario, para vigilarlo el año siguiente.
¿Cuánto costó esa operación, que impliaciones tuvo? ¿Qué pasó el año siguiente, cuando el gobierno de Moreno decidió dejar de cubrir esos gastos? ¿Por qué Correa siguió contratando a la misma empresa y quién le pagaba? Lo contamos en nuestra próxima entrega…
Mantener una buena relación con sus clientes ha pasado de ser una posibilidad a ser una realidad para Penny Royal y Tac&Roll. Ambos restaurantes han logrado crear una comunidad con sus clientes, a través de su constante interacción, que ha sido tanto física como por redes sociales. Leonardo Santos, estudiante de periodismo de la USFQ, te lo cuenta en este podcast.
Este jueves 19 de noviembre viajó a México Santiago Díaz, procurador de la campaña del binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Esta semana se denunció la participación de Díaz en supuestas operaciones de espionaje político desde una Senain paralela, lo cual fue desmentido por los candidatos del correísmo. Pedimos la versión sobre el motivo del viaje a ese movimiento, pero aún no nos han respondido.
Redacción Código Vidrio
Santiago Díaz, el procurador de la campaña presidencial del candidato del correísmo, Andrés Arauz, salió del país hacia México. Según registros migratorios a los que accedimos, la tarde ayer, 19 de noviembre, tomó el vuelo 695, de Aeroméxico, desde Quito, con destino a esa nación.
Díaz fue mencionado esta semana en una nota publicada por el portal Periodismo de Investigación, como parte de una supuesta operación de espionaje político a funcionarios del actual gobierno y periodistas. En esa “Senain paralela” también estarían participando el ex jefe de la Senain, Rommy Vallejo, y el exjefe de Dirección de Inteligencia de la Policía, Santiago Mena, entre otros.
Últimos movimientos migratorios de Santiago Díaz.
Desde el año pasado, México se volvió el refugio de dirigentes del correísmo. En ese país residen Gabriela Rivadeneira, Ricardo Patiño, Soledad Buendía, Carlos Biteri, entre otros, que permanecen asilados, luego de abandonar el país, tras el paro de octubre de 2019. En esa paralización, varias cabezas políticas del correísmo pedían la salida del presidente Moreno y protagonizaron supuestas acciones de desestabilización, según indagaciones de la Fiscalía.
En México se han reunido con el expresidente Rafael Correa, y han participado en citas del Grupo de Puebla.
El miércoles 18 de noviembre pasado, Arauz rechazó la vinculación de su procurador de campaña y aseguró que era parte de una persecución del régimen de Lenín Moreno. “Con un nuevo y burdo montaje, el gobierno saliente prepararía allanamientos o arrestos en contra de Santiago Díaz, procurador de nuestra campaña y otros dirigentes”, escribió en su cuenta de Twitter.
Arauz, y Carlos Rabascall, precandidato a la vicepresidencia por la alianza Unión por la Esperanza, anunciaron en una rueda de prensa que “son sujetos de ataques y de persecución” y que en el país se continúa con “una política de odio”. Según Rabascall, ciertos medios están construyendo imaginarios para manipular la percepción en la opinión pública”.
Un viejo militante del correísmo
Santiago Díaz ha estado junto al correísmo desde el 2007. Fue el responsable de la logística y seguridad de las visitas a las provincias de Rafael Correa, durante las campañas electorales, desde el 2007 hasta el 2013. También fue asesor de la Presidencia de la República durante los primeros años del mandato de Correa y coordinaba operaciones con la Senain, según denuncias periodísticas.
El candidato Andrés Arauz denunció el jueves que la acusación contra Díaz, de integrar un supuesto aparato paralelo de espionaje, es parte de un ataque de desprestigio desde el Gobierno. Foto archivo
Por esas tareas, en varias denuncias de la prensa se aseguró que era el jefe de los llamados “Popeyes”, contratados para brindar la seguridad a los candidatos de Alianza País en las elecciones y hostigar a opositores y periodistas.
Los pagos a ese grupo fueron expuestos en el juicio que emprendió la Fiscalía por la red de sobornos que sentenció a ocho años de prisión a Correa; al ex vicepresidente Jorge Glas; a los ex ministros Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María Duarte, entre otros. Sin embargo, no se incluyó a Díaz en esta lista.
Díaz es investigado por la Fiscalía, acusado de ser el autor intelectual del presunto delito de tortura al periodista Alfonso Pérez Medina. La denuncia se formalizó el 12 de abril de 2018. El portal Ecuador en Vivo denunció que Pérez fue golpeado la noche del 11 de diciembre de 2016 por personas que interceptaron su vehículo, cuando iba camino al aeropuerto de Quito. Según Pérez, la golpiza se debió a las “permanentes críticas contra el gobierno de Correa y porque unos días antes había convocado a una protesta contra el régimen”. Díaz habría ordenado el ataque, como parte de operaciones delictivas dispuestas desde la entonces Secretaría de Inteligencia.
Vallejo niega participación en espionaje
Precisamente, Rommy Vallejo, exjefe de la Senain, emitió las últimas horas un comunicado para desmentir su participación en la nueva oleada de espionaje político. Dijo que el reportaje era una “fabricación, infundada y sin sustento, que atenta contra la libertad y los derechos de ex funcionarios del sistema de Inteligencia”.
“Desde que asumí la Secretaría de Inteligencia en 2014 y hasta el año 2018, que estuve en funciones, en el gobierno de Lenin Moreno, las prioridades de trabajo del Sistema Nacional de Inteligencia estuvieron siempre articuladas por el Plan Nacional de Inteligencia, y sustentadas en lo dispuesto por la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado”.
Según Vallejo, desde cuando entregó la Senain a su sucesor se ha dedicado a cuestiones familiares y personales, “siempre alejado de toda actividad de Inteligencia, que como establece la Ley, depende única y exclusivamente de las autoridades que dirigen los organismos del Estado del sector de la seguridad y la defensa”.
Díaz (Izq.) es un hombre de confianza del expresidente Rafael Correa. Fue el responsable de la logística y seguridad de las visitas a las provincias del exmandatario durante las campañas electorales, desde el 2007 hasta el 2013. Foto tomada del portal Ecuador en Vivo.
Ahora, años después, agrega Vallejo, “se fabrican supuestos artículos de opinión sin sustento ni contexto, basado en supuestos, que pretenden usar como “prueba” para atentar contra la libertad y los derechos de varios ex funcionarios del sistema de Inteligencia. Rechazo categóricamente la veracidad de estas insinuaciones difundidas por ciertos medios de comunicación”.
El exjefe de Inteligencia indica que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y “demostrar el claro objetivo político que persiguen (…)”.
Hasta el momento no se conoce cuál fue el motivo del viaje de Díaz a México, o si pedirá asilo en ese país, como lo hicieron sus compañeros y ex asambleístas, Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía.
Pedimos la versión del movimiento Alianza Unión por la Esperanza sobre las razones del desplazamiento, pero aún no recibimos una respuesta.
La actividad física en casa ha aumentado considerablemente durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. Mónica Crespo y su proyecto «Comunidad Activa» ha transformado vidas mediante transmisiones en plataformas digitales como Instagram, que incluyen retos y guías para mantener una vida sana y llena de deporte. Escucha sus consejos en este Podcast, elaborado por Enaim Paredes, estudiante de periodismo de la USFQ.
Desde julio de 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa para confirmar si el exministro de Minas Javier Córdova cometió delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio, con base en un informe de Indicios de Responsabilidad Penal enviado por la Contraloría. Los auditores hallaron inconsistencias entre sus salarios, sus ingresos y deudas. Tres meses después de dejar el gobierno, en mayo de 2018, Córdova fue contratado como consultor por la minera canadiense Soma Gold, que como pago inicial le entregó 250.000 acciones, valoradas a la fecha en 500 mil dólares. Entre 2011 y 2019, el exfuncionario de los gobiernos de Correa y Moreno sacó del país 836.000 dólares, y por este rubro pagó impuestos por $41.814. Buscamos la versión de Córdova pero no obtuvimos respuesta. Nota actualizada sábado 29 de mayo.
Redacción Código Vidrio
El Ministerio de Minas fue una catapulta para Javier Córdova Unda. Tres meses después de dejar el cargo de ministro de esa cartera -en mayo del 2018- fue nombrado consultor especial de la minera canadiense Soma Gold Corp. Como retribución por sus servicios esa empresa le otorgó de entrada un paquete de 250.000 acciones, valoradas en más de 500 mil dólares, a la fecha, según sus informes de gestión.
Dos años después Córdova fue nombrado director ejecutivo (CEO) y Presidente de esa empresa, domiciliada en Vancouver, Canadá, donde ahora reside.
Córdova es investigado por la Fiscalía, por supuestos delitos de enriquecimiento no justificado y perjurio. Abandonó por última vez el país en un vuelo de Avianca, con destino final Miami, Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2019, junto a su pareja, la también exfuncionaria Ledy Zúñiga, según registros migratorios.
La investigación fiscal se basa en un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), remitido por la Contraloría al Ministerio Público, en mayo de 2019. La investigación va a cumplir dos años este mayo de 2021.
En el examen, el organismo pidió investigar las cuentas y bienes del ex ministro Córdova, por las contradicciones detectadas en las declaraciones patrimoniales del ex funcionario.
Uno de los datos que más llamó la atención de los auditores es que sus gastos en tarjetas de crédito y préstamos no concuerdan con los ingresos que tuvo durante su paso como funcionario público, entre enero del 2012 y febrero del 2018.
No es la primera vez que la Fiscalía recibe una denuncia contra Córdova. En 2018 se presentó otra demanda contra él por supuestos depósitos injustificados en sus cuentas, por más de 220.000 dólares, mientras fue funcionario público. Entre el 2011 y el 2017, también habría tenido ingresos en sus cuentas por más de 800.000 dólares, según una fuente de la Unidad de Análisis de Financiero, que en 2018 también alertó, con el envío de un Reporte de Operaciones Inusuales (ROI), sobre los supuestos movimientos que no estarían acordes a sus ingresos. No obstante, en la Fiscalía informaron que no conocían ese reporte.
Otro dato que confirma esas operaciones está registrado en su pago de impuestos por salida de capitales en el Servicio de Rentas Internas. Entre el 2011 y el 2019, Córdova pagó 41.814 dólares de tributos (5%) por salida de divisas. Es decir que en ese período sacó al exterior más de 836 mil dólares.
Código Vidrio buscó, desde hace dos semanas, la versión de Córdova, pero no respondió a nuestras llamadas telefónicas ni mensajes a sus números de contacto, tampoco al correo electrónico de la empresa Soma Gold.
Córdova, de 47 años, ocupó distintos cargos en los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. El primero fue como asesor en el Ministerio de Industrias y Productividad, en 2006. En ese puesto estuvo un año y luego llegó al Ministerio de Energía y Minas, donde su jefe inmediato fue el actual asambleísta de Alianza PAIS, José Serrano.
Este fue el inicio de una larga y estrecha relación de trabajo. Córdova se convirtió en adelante en el brazo derecho de Serrano. Lo acompañó en el Ministerio de Justicia (2010-2011) y luego como viceministro en el Ministerio del Interior (2011-2014). Durante esta etapa, conoció a su esposa Ledy Zúñiga, quien también era parte del equipo de asesores de Serrano; luego fue ministra de Justicia y secretaría Técnica de la Lucha contra las Drogas.
Córdova tuvo un ascenso vertiginoso en el gobierno de Correa, de la mano del hoy asambleísta José Serrano. Lo acompañó como asesor y viceministro en las carteras de Justicia y Gobierno. Su esposa Ledy Zúñiga también fue muy cercana al legislador, especialmente en el Ministerio de Justicia. Foto de archivo
Córdova condecorado por impulsar denuncias del 30-S
En octubre del 2014, sorpresivamente se anunció su cambio de ministerio. Serrano despidió a Córdova con una condecoración en una ceremonia policial por su labor, especialmente en las denuncias judiciales contra policías y civiles por la revuelta del 30 de septiembre del 2010.
Entonces pasó a la cartera de Recursos No Renovables para ocupar el Viceministerio de Minas. Su llegada fue planificada con anticipación. La Presidencia recibió una asesoría desde Chile, que le recomendó la creación de un Ministerio encargado exclusivamente de impulsar la minería a gran escala en el país.
Más que una nueva fuente de recursos, el entonces presidente Correa vio en la minería una tabla de salvación, tras la caída estrepitosa de los precios del petróleo. En buena parte de su gobierno, el crudo se mantuvo a precios altos (sobre los 60 dólares), lo cual significó ingresos millonarios que se volvieron el motor de la economía.
“El 14% del territorio nacional, equivalente 3,7 millones de hectáreas, ha sido asignado para la minería a gran escala. La mayoría de las concesiones fueron tramitadas apresuradamente durante los últimos meses del gobierno de Correa. Las concesiones otorgan el derecho a las empresas- casi todas transnacionales- de aprovechar el recurso del subsuelo, y por ende, a explorar, explotar, beneficiarse y fundir minerales durante 25 años (renovables)”: Carlos Zorilla, ambientalista.
Entonces, en febrero del 2015, Correa creó la cartera de Minas y nombró a Córdova su primer ministro.
Estuvo en su cargo casi tres años, viviendo la transición y el rompimiento entre Correa y Lenin Moreno. En su gestión despuntaron grandes proyectos, y se entregaron importantes concesiones de oro y cobre a las compañías extranjeras BHP, Lundin Gold, Lumina Gold, SolGold, Codelco, entre otras.
El 14 de enero de 2016, el entonces ministro Córdova firmó un acuerdo con la minera canadiense Lundin Gold, para explotar un proyecto aurífero con reservas estimadas en 9,8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. La firma del acuerdo era considerada fundamental para el proyecto Fruta del Norte, aseguró el entonces vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien fue testigo de la rúbrica del convenio. Foto archivo.
También estuvo al frente de la entrega de seis concesiones mineras a la empresa Hanrine en Imbabura, que acaban de ser observadas por la Contraloría. Los auditores establecieron una serie de irregularidades en la entrega de esos títulos mineros, sobre todo porque el régimen no usó su derecho preferencial para explorar y explotar esos yacimientos en asociación con otra empresa privada con la empresa pública ENAMI. En varios de esos procesos de concesiones mineras participó Rebeca Illescas, brazo derecho de Córdova. Ella fue parte del gobierno de Rafael Correa y ocupó cargos directivos en el Ministerio de Sectores Estratégicos, junto al exvicepresidente Jorge Glas y Rafael Poveda.
En enero del 2018, Córdova dejó esa cartera de estado, de manera más bien discreta. La Secretaría de Comunicación emitió en escueto comunicado donde agradecía su trabajo y aseguraba que el Gobierno garantizará el desarrollo de la actividad minera precautelando el bienestar comunitario y de la naturaleza.
Cinco días antes, decenas de ecologistas y representantes de pobladores, que viven en las cercanías de varios proyectos mineros, habían marchado hasta el Palacio de Carondelet, para pedir la renuncia de Córdova, exigiendo que se realicen auditorías a las concesiones en Fruta del Norte, Mirador, Cascabel, Loma Larga, Río Blanco y otros.
En la nómina ejecutiva de Soma Gold Corp destaca como CEO el nombre de Córdova
El precio de cada acción de Soma Gold, en mayo de 2018, era de más de dos dólares
Al anunciar su incorporación, Soma destacó que como ministro de Minas Córdova impulsó el inicio de la gran y mediana minería, con los proyectos estratégicos Mirador y Fruta del Norte en Zamora Chinchipe, y Río Blanco en Azuay. “Adicionalmente, la apertura del territorio minero permitió avanzar en el proceso de otorgamiento de concesiones bajo la modalidad de subasta, con importantes compromisos de inversión de las mayores mineras del mundo”.
Fiscalía pide informes a organismos de control
La fiscal Alexandra Zurita está a cargo de la investigación contra el exministro desde julio del año pasado, cuando abrió formalmente la investigación previa por un presunto enriquecimiento no justificado y perjurio. Desde esa fecha, ella ha solicitado información de su patrimonio y vida financiera al Servicio de Rentas Internas (SRI), a la Agencia Nacional de Tránsito, a la Unidad de Análisis Financiero, los Registros de la Propiedad y la propia Contraloría.
Los detalles de la documentación que ha recibido se mantienen en reserva porque esta etapa de la indagación penal es reservada. Fuentes de la Fiscalía explicaron que se analizan las cuentas de Córdova mientras estuvo en el Ministerio del Interior, de Energía No Renovables y de Minería.
En su declaración patrimonial, tras salir del Ministerio del Interior, en octubre del 2014, anotó que es propietario de un departamento en el edificio Tennis Park de Quito, aunque registró como su domicilio una vivienda ubicada en la vía a Nayón, un sector exclusivo en las afueras de Quito. Adquirió el departamento en junio de ese mismo año y, según aseguró, está avaluado en 125.000 dólares.
Además, incluyó un automóvil Ford del año 2012; tres cuentas bancarias con 4.375 dólares y menaje de casa por $15.000. Todos los rubros sumados llegan a $199.865, según la declaración entregada en Notaría Cuadragésima Sexta de la capital.
Patrimonio y pago de impuestos declarados al SRI por el exministro
En cambio, en el segmento de pasivos incluyó las deudas con cinco tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional (CFN), que entre todos sumaban $88.905. En total mantenía activos por $110.960 en su patrimonio.
Su declaración patrimonial no cambió al ingresar al Ministerio de Recursos No Renovables. Allí mantuvo el cargo de Viceministro cuatro meses, para luego ir a la Cartera de Minería.
Al posesionarse como Ministro hizo una nueva declaración patrimonial. Aseguró contar con tres cuentas bancarias por $4.035; el departamento en el Tennis Park y su auto Ford.
El rubro de pasivos se redujo un poco: fue de $84.708 dejando un patrimonio total de 114.817 dólares. Luego de dos años, nuevamente Córdova actualizó su declaración.
En febrero del 2017 envío su registro patrimonial. En ese documento incluyó una sola cuenta bancaria por $1.224. También un nuevo vehículo Ford y una motocicleta, que adquirió a fines de 2014, avaluada en $15.000. Además, reportó que había traspasado su departamento del Tennis Park a su madre.
Aumentaron sus pasivos. Las deudas que mantenía subieron con siete tarjetas de crédito y un préstamo prendario con la Corporación Financiera Nacional, por $108.433.
El 8 junio del 2017, Córdova entregó dos declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Los dos registros son prácticamente idénticos en el rubro de los activos, salvo por un nuevo vehículo, avaluado en $60.000. Además, incluyó tres cuentas bancarias con un saldo superior a los dos mil dólares y su departamento.
En el segmento de pasivos indicó que mantenía las mismas deudas con las siete tarjetas de crédito y con la Corporación Financiera. No obstante, en las cifras existen aparentes contradicciones entre las dos declaraciones.
En la primera registró deudas por 102.036 dólares y la segunda $108.433. Esto ocurrió porque los montos de deuda en cada tarjeta no coinciden.
Las posibles equivocaciones pueden ser enmendadas por el declarante. Uno de los pasos es anotar esa equivocación en el área de observaciones. Sin embargo, Córdova se limitó a anotar que “la declaración patrimonial está vigente desde el 24 de mayo del 2017”, cuando el presidente Moreno lo ratificó en el Ministerio de Minas.
Su última declaración patrimonial como funcionario público es de 2 de febrero del 2018. Allí incluyó tres cuentas bancarias, dos corrientes y una de ahorros, por $2.768. También su nuevo vehículo Ford, del 2016, su departamento en el Tennis Park. En activos reportó $188.268.
Declaración de bienes del exministro
Lo que llamó la atención de los auditores de la Contraloría son sus pasivos. Su crédito con la CFN fue cubierto, pero mantenía las deudas con siete tarjetas de crédito, por 106.986 dólares.
Los tres años que Córdova fue ministro mantuvo sueldos mensuales por más de cinco mil dólares. Que le dejarían ingresos aproximados, en todo ese período, de 180.000. Sus ingresos como viceministro tampoco son muy inferiores. En esos cargos ganaba alrededor de 4.000 dólares y durante tres años podía llegar fácilmente a los $150.000. Estos ingresos no compensarían tampoco el envío de dinero fuera del país.
Lo que Córdova no incluyó en sus declaraciones patrimoniales desde 2012 son sus acciones en Conclínica, donde es uno de los 1.895 socios que tiene esa empresa dedicada a los servicios de atención médica privada.
El jurista Mario Prado, de 61 años, sobrevivió a la Covid-19, aunque es hipertenso y diabético. Permaneció 19 días en cuidados intensivos, con un coma inducido e intubación endotraqueal, y varias semanas más en hospitalización. Esta es su historia de sobrevivencia, contada por Gabriela Paredes, estudiante de la USFQ.
Tras la crisis que hemos vivido desde inicios de este año, varios emprendimientos ambientales nacen con el fin, no solo ayudar a sus responsables, sino también al planeta. Esta es la historia de Aya Huma’s, un emprendimiento 100% ambientalista. Escucha nuestro podcast producido por Aileen Boada, estudiante de periodismo de la USFQ.
Un año después de las protestas de octubre, aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, pese a que existen un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias. Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados y agredidos por los manifestantes.
Redacción Código Vidrio
Las investigaciones por las supuestas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes, así como por los secuestros y abusos contra miembros de las fuerza pública durante el paro indígena del año pasado caminan lentamente.
Aún no hay ninguna sanción disciplinaria ni una acusación penal en firme contra policías y militares, a pesar de que organismos internacionales exigieron al Estado una indagación ágil e imparcial sobre más de un centenar de denuncias por supuestos homicidios, lesiones, ataques y detenciones arbitarias.
Tampoco hay responsables penalmente por todos los abusos contra cientos de policías y militares, secuestrados, ultrajados, agredidos por los manifestantes.
Para defender y denunciar excesos y abusos contra los manifestantes se integró la Alianza de Derechos Humanos de Ecuador, un grupo que incluye a 18 organizaciones sociales, como la Comisión Ecuménica de DD.HH. (Cedhu); Inredh o el Comité de Derechos Humanos (CDH).
Esta Alianza publicó dos informes sobre la movilización de octubre; el último se difundió la semana pasada: en sus conclusiones destaca que las investigaciones por las muertes, heridos y detenciones arbitrarias quedaron en el limbo.
En el paro de octubre pasado hubo 1.300 heridos, 13 manifestantes recibieron impactos de bombas lacrimógenas en sus ojos y perdieron la vista. Foto archivo CV
“Las investigaciones han avanzado cuando se trata de personas civiles, entre ellas líderes indígenas y opositores políticos. Cuando son los agentes del Estado quienes están involucrados en los hechos, las investigaciones siguen sin producir resultados, demostrando una falta de debida diligencia del Estado en llegar a la verdad y en reparar a las víctimas”.
En cambio, Hugo Espín, especilista en temas de seguridad y orden público, recalca que el cometimiento de delitos contra policías fue evidente y flagrante, especialmente cuando ocurrió el secuestro en la Casa de la Cultura. “Vimos las imágenes de todos los abusos en vivo y en directo, pues los periodistas fueron obligados a transmitir lo que estaba ocurriendo. Personalmente las horas siguientes presenté una denuncia en la Fiscalía, pero no he recibido ninguna notificación sobre un avance”.
La muerte de un adolescente sin responsables
Una de las afectadas es la familia de Gabriel Ángulo Bone, un adolescente de 15 años. Sus amigos aseguraron que un policía gritó: “muere chucha de tu madre” antes de accionar el gatillo de su escopeta de gas lacrimógeno en su contra.
El 8 de octubre del año pasado, Angulo salió de su casa en Durán, Guayas, para protestar por el incremento de los combustibles. Entonces cursaba el octavo año de educación básica y vivía con su madre y sus hermanos.
Gabriel Ángulo Bone, de 15 años, falleció el 8 de octubre en Durán, luego de recibir el impacto de una bomba disparada a pocos metros de distancia por un policía, según denuncian sus familiares. A las pocas horas falleció. Foto cortesía
Sus vecinos contaron que el muchacho junto a otros fueron a la avenida Nicolás Lapentti para esperar la llegada de las comunidades indígenas que lideraban las manifestaciones, el 8 de octubre.
Sin embargo, ellos no aparecieron y la protesta se desbordó. Locales comerciales y negocios del barrio fueron saqueados. Entonces, la Policía acudió a recuperar el orden: en el correteo Gabriel Ángulo cayó en una alcantarilla descubierta.
Al caer se lesionó una de sus piernas, por lo que solo pudo caminar hasta sentarse en la vereda. En ese momento, recordaron varios testigos, “llegó una patrulla motorizada con dos policías, el agente que acompañaba al conductor apuntó con una escopeta lanza bombas lacrimógenas y le disparó a una distancia de aproximadamente cinco metros”.
Pese al disparo, el adolescente se levantó y logró caminar algunos metros hasta desplomarse en el piso. Ningún policía lo socorrió, solo un vecino lo llevó en su moto al hospital Orasma González, donde los médicos no pudieron salvarle la vida: murió por una hemorragia interna.
La Alianza por los Derechos Humanos indica que la muerte de Ángulo no fue un caso aislado; en su archivo registra ocho muertes ocurridas en las manifestaciones.
En esa lista están Raúl Chilpe, Silvia Mera, José Chaluisa, Segundo Tucumbi, Abelardo Vega, Edison Mosquera y Gabriel Ángulo. Aunque en dos casos, de Chilpe y Mera, sostiene que ocurrieron en accidentes de tránsito que deben ser indagados.
La misma versión tiene la ministra de Gobierno, María Paula Romo. No obstante, ella recalcó que los decesos de Tucumbi y Mosquera fueron ocasionados por caídas y enfatizó que en ningún caso los policías usaron armas de fuego, siguiendo los protocolos del uso progresivo de la fuerza.
La Fiscalía de Durán abrió el expediente por la muerte de Ángulo, el 16 de octubre de ese año. Investiga un presunto homicidio, según Fernando Bastidas, activista de DD.HH. que monitorea esa investigación.
Abraham Aguirre, del Comité de los D.HH., dice que la Fiscalía solicitó un informe de los policías que estuvieron en el operativo, pero aún no ha recibido el listado.
La familia de Gabriel está convencida que murió por el disparo de la Policía. Su autopsia indica que falleció por una “hemorragia aguda interna, hemopericardio, laceración de corazón, trauma cerrado de tórax”. Como evidencia, su madre guarda una foto del pecho de su hijo con la huella clara de una quemadura de forma circular.
En la Fiscalía el resto de investigaciones también camina lentamente. El Ministerio Público abrió 819 procesos relacionados con supuestos delitos en las protestas de octubre pasado. 44 fueron para dilucidar la responsabilidad de policías y militares en supuestas violaciones de DD.HH.
LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS EN LA FISCALÍA
Si en la Fiscalía los casos aún no se establecen responsables, lo mismo ocurre en las filas militares y policiales. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Gobierno ratificaron a este portal que no hay investigaciones casa adentro.
“No hay denuncias o quejas contra ningún policía dentro de la institución. Sin embargo, sobre este tema desde asuntos internos se revisaron los procedimientos, se actualizaron las directivas para que en caso de enfrentar un escenario similar se pueda mantener el orden”, respondieron desde el Ministerio de Gobierno.
Vivian Idrovo, integrante de la Alianza, dijo que el pedido para agilitar las investigaciones no solo nace desde las organizaciones nacionales, sino también desde organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Las dos caras de la medalla
Un equipo especial de la Comisión Interamericana de DD.HH. llegó a Ecuador para investigar las denuncias de los movimientos sociales: escuchó tanto a los civiles como a los policías y militares que fueron atacados.
El Ministerio de Gobierno informó que 435 gendarmes resultaron con lesiones durante los operativos de octubre pasado. Ellos fueron retenidos violentamente, golpeados e incluso hubo mujeres que denunciaron abusos sexuales.
Mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que 80 soldados fueron heridos y 255 retenidos.
EL 12 de octubre la protesta se desbordó, decenas de policías también fueron agredidos, al calor de los enfrentamientos. Foro archivo
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es fundamental que el Estado impulse una investigación “diligente e imparcial” para sancionar a los responsables de los presuntos abusos.
En este sentido, recomendó que se debe capacitar a policías y militares en derechos humanos, desde una visión de interculturalidad y con la participación de representantes de las comunidades indígenas del país.
El Gobierno reconoce que el sistema de salud atendió a 1507 personas durante los 13 días del paro nacional. Muchos de ellos con lesiones permanentes luego de recibir el impacto de bombas lacrimógenas, perdigones, balas de goma y balas en sus cuerpos.
No se conoce quién disparó esos proyectiles, policías y militares salieron con esa dotación a controlar el orden público en octubre pasado. Las autoridades del Gobierno defendieron el uso de gases lacrimógenos, como una medida disuasiva permitida por la legislación internacional.
Sin embargo, su uso está regulado, por ejemplo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un pronunciamiento del 2015, la Comisión indica que este tipo de gases lacrimógenos no deben ser utilizados en espacios cerrados o frente a personas que no tienen una vía de desconcentración o evacuación.
La investigación política tampoco tiene resultados
La Comisión Legislativa creada para investigar los hechos de octubre no hizo un seguimiento de los denuncias de supuestas violaciones de DD.HH., parta lo cual fue creada. Su presidente, el asambleísta Fernando Burbano, integrante de la bancada de Integración Nacional, reconoció que no se han reunido desde febrero por falta de recursos.
Indicó que pidieron al Consejo de Administración del Legislativo (CAL) que le proporcionará el presupuesto para incluir en su equipo de trabajo a especialistas en DD.HH. Sin embargo, desde febrero no tienen una respuesta. Por eso, en este año solo se han reunido en dos ocasiones para recibir más denuncias de supuestas violaciones contra los manifestantes.
Esta comisión fue creada el 18 de diciembre del 2019 y tiene un año para investigar los hechos de octubre pasado. En los primeros meses de trabajo emitieron un informe aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Entre sus conclusiones estableció “que no se cumplió a cabalidad la defensa de los DD.HH. por parte de ciertos elementos de la Fuerza Pública”. También señaló los ataques, incluso de tipo sexual, que recibieron los policías y militares durante los días de manifestación. Y las denuncias de discriminación racial y de xenofobia que ocurrieron en el país.
Este reporte, dijo Burbano, fue entregado al Ejecutivo y a los organismos de justicia que indaguen las supuestas violaciones. Pero, solo recibieron respuesta de la Fiscalía.
“Pedimos al Estado que haga una profunda investigación de los hechos, porque no podemos generalizar, se debe realizar una investigación particular de cada caso”, sostuvo el legislador.
Actualmente, la Comisión de Fiscalización lleva adelante un proceso contra la ministra de gobierno María Paula Romo, por los supuestos abusos contra los manifestantes. Los asambleístas tienen previsto recibir este sábado 31 de octubre a la funcionaria para escuchar su defensa ante la acusación de los legisladores Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) que insisten en su censura.
La Comisión de Fiscalización atraviesa una etapa de relevo, luego de que se emprendieron su cambio por las denuncias contra sus antiguos miembros Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, quienes están detenidos bajo los cargos de corrupción.
Esa mesa legislativa está conformada por dos asambleístas del correísmo, dos de la bancada oficialista Alianza PAIS, dos de CREO; dos del PSC; dos de Integración Nacional (BIN) y uno de de Acción Democrática (BADI).
La exlegisladora del correísmo y la exfuncionaria del IESS durante el anterior gobierno recibieron préstamos por 254.000 y 100.000 dólares, respectivamente. Son parte de los 2.566 deudores históricos, a quienes el BIESS no les ha cobrado sus deudas hipotecarias hasta por ocho años, en las anteriores administraciones. Todos están en mora por más de tres años. En total, deben cerca de 400 millones de dólares, que pasarán a procesos de coactivas. Entre los deudores hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Varios afiliados recibieron préstamos por cientos de miles de dólares, sin tener capacidad de pago.
Redacción Código Vidrio y Revista Vistazo
No se benefició de uno, sino de dos créditos de la seguridad social. A inicios de 2013, Gabriela Rivadeneira Burbano estaba en plena campaña para llegar al Legislativo con la camiseta verde flex de la Revolución Ciudadana. El penúltimo día de enero, recibió un crédito del BIESS por 29.917 dólares. La suerte le sonreía. No solo ganó la curul. Ese mayo se posesionó y fue elegida presidenta de la Asamblea, cargo que ocupó por dos períodos consecutivos.
En junio de 2014, cuando ya ocupaba la Presidencia de la Legislatura, tramitó un segundo crédito. Como garantía, exhibió seis años de aportes. El monto aprobado fue 254.724 dólares, a 15 años plazo. Calculaba que lo terminaría de pagar cuando su primer hijo estuviera en la universidad.
Con el préstamo adquirió una casa de 270 metros cuadrados, en un conjunto cerrado pudiente de viviendas adosadas en Iñaquito Alto, al noroccidente de la capital. Anteriormente, su familia vivió en una zona cercana (Mañosca), en un departamento de 86 metros cuadrados por el que pagaba mil dólares mensuales de arriendo, según reveló en 2015 a la revista Clave, cuando mostró ante las cámaras la casa de 15 años de antigüedad, que había restaurado para habitar con su familia de cuatro integrantes. “Igual que todos los afiliados ecuatorianos, también teníamos derecho a acceder a ese financiamiento. Obtenerlo no fue tan fácil como se piensa, incluso diría que un poco más complicado que para el resto de afiliados, pues por mi cargo público temían que haya elucubraciones al respecto. Miraban con lupa cada paso del proceso”, aclaró en esa entrevista.
Los registros del BIESS reflejan que canceló el primer préstamo pero la deuda del segundo está diez meses en mora. La beneficiaria ha cancelado menos del 50 por ciento del préstamo. Después de los hechos de octubre pasado Rivadeneira voló a México donde está refugiada. Perdió su sueldo de asambleísta. Desde ese país argumenta ser víctima de persecución política del gobierno.
Para el BIESS, la garantía de este y otros créditos hipotecarios es el propio bien adquirido, por lo que está en camino un proceso de coactiva, una vez que se aclaren los plazos fijados en la Ley Humanitaria. Por ahora, el trámite está en fase de “custodia”, antes del inicio del trámite de cobro por vía legal.
Esta es la casa que Rivadeneira adquirió con el préstamo del BIESS de 254 mil dólares. Desde enero pasado ya no ha cubierto el crédito. Foto tomada de Revista Clave.Pocos meses después de adquirir la casa, ubicada en Iñaquito Alto, al noroccidente de Quito, Rivadeneira dio una entrevista y mostró el inmueble. Foto tomada de Revista Clave.
La pandemia sumió a muchos ecuatorianos en la tragedia de las deudas impagas, por la reducción de ingresos, pérdida de fuentes de empleo o quiebra de negocios.
No obstante, el Banco de los afiliados de la seguridad social ya arrastraba deudas sin cobrar, algunas por más de cuatro años sin acciones efectivas de cobro, por vía coactiva, a la que están obligadas las entidades públicas.
El gerente del BIESS, Diego Burneo, ratificó en su comparecencia en la Asamblea que hay 2.564 deudores históricos, que tienen más de 1.080 días de mora. El monto por cobrar llega a 400 millones de dólares.
7.000 MILLONES
Ha entregado el BIESS en créditos hipotecarios
Es un agujero negro en las cuentas del BIESS, pero su existencia no es resultado de la crisis sanitaria, sino de la inacción de los diez funcionarios que transitaron por la gerencia del BIESS, en los años previos.
Entre los deudores impagos también se encuentra María Sol Larrea, quien fuera el brazo derecho del expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Larrea recibió un crédito, el 17 de julio de 2015, por 99.900 dólares. Pagó más de la mitad. Ella cumple condena en la cárcel de Cotopaxi por sentencias relacionadas con delitos durante su etapa de intocable en el IESS. Ahora enfrenta un nuevo juicio, por presunto lavado de activos.
Larrea fue directora general del hospital Carlos Andrade Marín; coordinadora de gestión de Unidades Médicas del IESS y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad. Todos estos cargos estaban bajo la protección de González, quien luego de dejar el IESS fue ministro de Industrias en el gobierno de Rafael Correa.
Un festín de préstamos insólitos
Entre los 2.566 deudores históricos hay casos de Ripley. Por ejemplo, 22 créditos que mantienen ocho años sin cubrir sus obligaciones y, sin embargo, no perdieron el inmueble hipotecado. Pese a que el Banco de Seguro Social tiene la ley a su favor y puede iniciar coactivas a los seis meses de deuda, las administraciones pasadas dejaron que este problema se convierta en una bola de nieve.
En los registros de la Cancillería aparece el nombre de María Bonilla, como consejera del consulado ecuatoriano en Panamá, en 2015. En mayo de ese mismo año, accedió a un crédito por 155 mil dólares, que en los registros del BIESS aparece como pendiente de pago.
María Sol Larrea fue por varios años el brazo derecho del expresidente del directorio del IESS, Ramiro González, ahora prófugo de la justicia. Ambos fueron personajes muy cercanos al gobierno de Rafael Correa. Foto archivo
Hay créditos concentrados por más de medio millón de dólares para una sola persona, cuya edad no pasa de 30 años, no declaró impuesto a la renta desde 2013. Recibió dos préstamos con una diferencia de apenas cinco meses, aunque no tenía capacidad de pago.Una pariente suya obtuvo igualmente medio millón de dólares en marzo de 2014; los valores están impagos, por más de cinco años.
El 6 de mayo de 2014, dos personas más recibieron crédito por 346.117 dólares, cada una. Aunque aparentemente no hay una relación entre ambos afiliados, dejaron de pagar sus mensualidades en la misma fecha.
En la lista de créditos en rojo, con más de tres años en mora, también está el ex legislador de Sociedad Patriótica Fernando Aguirre, quien obtuvo un préstamo por $233.370. Según los registros del BIESS, no ha cubierto las cuotas del préstamo por 1.102 días.
¿Quién debía aplicar los cobros? El BIESS tiene un equipos de 30 abogados externos, que se encargan de cobrar las deudas, en coordinación con 6 juristas del BIESS, en Quito y Guayaquil. En función de lo recuperado cobran un 4% de comisión. “Estamos revisando el trabajo que hicieron los abogados de las anteriores administraciones que no cobraron. Es claro que no hicieron la gestión de cobro”, explicó Burneo.
Una vez que se inicia el proceso de coactiva no hay vuelta atrás, el proceso debe terminar con la incautación de la garantía del crédito, es decir del bien inmueble.
Diego Burneo, gerente del BIESS, dice que la Ley Humanitaria impide que de momento se apliquen coactivas para incautar los bienes de los afiliados morosos. Foto CV
Burneo dijo que empezarán los procesos de coactivas contra los 2.500 deudores históricos apenas se rompa el candado que impuso la Ley Humanitaria. Los legisladores redactaron la ley de manera que se vuelve imposible el cobro inmediato de deudas anteriores a la pandemia. No especifica desde cuando se aplican las exenciones.
A pesar de este inconveniente, el BIESS siguió entregando hipotecarios a los afiliados. Hasta agosto pasado desembolsó 282 millones de dólares en este tipo de crédito. De ese total, 168 millones fueron prestados con una tasa preferencial de 5,99 por ciento, menor en seis puntos al interés que se cobra en esas operaciones.
La crisis económica generada por la pandemia del Covid-19 empeoró el porcentaje de morosidad del BIESS, que subió hasta el 12%. El más alto de los últimos años. Según Burneo, antes de la crisis por Covid-19, la morosidad era entre 5 al 7 por ciento, que es considerada alta en comparación con el registro de bancos privados, pero que era manejable.
No obstante, en los últimos meses se registra un crecimiento exponencial.
Para el gerente, este crecimiento se explica por lo merma de las aportaciones ocasionadas por más de 260.000 personas que se quedaron sin empleo y otras miles que vieron limitados sus ingresos por la recesión económica.
Adicionalmente, durante los meses más fuertes de la pandemia el Gobierno prohibió al BIESS que descontara las cuotas de los créditos a sus clientes. Esta medida se confirmó con la Ley Humanitaria, la cual además estipuló los nuevos plazos embargar las propiedades.
Los exgerentes del BIESS y las operaciones en mora
