El alcalde de Quito, Jorge Yunda, decidió no terminar el contrato de compra de 100 mil pruebas PCR para Convid-19, pese a que la titular de la Secretaría de Salud le alertó que no servían y eran defectuosas. Por el contrario, el burgomaestre insistió en usar los insumos de origen coreano y de baja sensibilidad -que llegaron desde abril del 2020 (foto)- siguiendo el consejo de la doctora Linda Guamán, funcionaria municipal. Este martes, la Fiscalía pedirá vincular penalmente a Yunda: se presume que cometió abuso de fondos públicos.
Redacción Código Vidrio
Un documento pericial de más de 400 fojas pone en vilo al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Los chats que mantuvo con dos altas funcionarias de la Secretaría de Salud del Municipio revelan que él fue informado sobre la baja sensibilidad de las pruebas de detección COVID-19, que el Cabildo compró en abril de 2020, en el pico de la pandemia.
Sin embargo, la autoridad decidió no terminar el contrato en forma unilateral, tal como sugirió la titular de la Secretaría de Salud, Ximena Abarca. Por el contrario, insistió en usar las pruebas de origen coreano y de baja sensibilidad, siguiendo el consejo “científico” de Linda Guamán, funcionaria de esa entidad.
Por las implicaciones de esa decisión y por el posible ocultamiento de informes técnicos sobre la mala calidad de las pruebas, la Fiscalía solicitará la vinculación del alcalde Yunda y las funcionarias municipales al proceso por peculado, en la audiencia de mañana martes.
En su defensa, Yunda ha dicho que no cometió ningún delito y que su gestión en el ámbito sanitario previno muertes en la pandemia. El alcalde rindió su versión en este caso la semana anterior.
Guamán, por su lado, ha enfatizado que su labor ha sido estrictamente técnica y científica.
Los hechos
Al mediodía del 8 de julio de 2020, la Secretaria Abarca le informó al Alcalde por escrito, vía mensaje de Whatsapp, que la decisión adoptada era la terminación unilateral del contrato con Salumed, la compañía proveedora de los cien mil kits de detección del coronavirus, de marca Isopollo, de origen coreano.
En respuesta, el Alcalde le pidió a la secretaria Abarca hablar con Linda Guamán, una funcionaria de menor jerarquía, con la indicación de que había que seguir con las pruebas.
La decisión la anunció Yunda el 10 de julio: “terminamos de mutuo acuerdo”. El informe legal CJ-2020, fechado el 12 de julio, está firmado por el coordinador jurídico del Municipio, Marco Rubio. Advierte que como el brote pandémico fue el mayor al esperado en la capital, “se recomienda la contratación de laboratorios externos para el procesamiento de las pruebas, así como el reemplazo de 50 mil pruebas”.
Este mismo documento deja constancia expresa de que no hubo incumplimiento por parte de la firma proveedor de las pruebas. “Vale la pena ratificar que Salumed ha cumplido con la entrega de los bienes objeto del proceso de contratación”.
El dilema político
Todo indica que la funcionaria Guamán enfrentó un dilema entre lo académico y político, al enfrentar el resultado del análisis técnico de las pruebas COVID-19. La Universidad de las Américas, al inicio de julio, detectó la baja sensibilidad de los kits de detección. Pero ella refutó el resultado, iniciando un cruce de mensajes con el científico que defendía la validez de esos resultados y que insistía en que las pruebas no tienen utilidad por su baja sensibilidad. Según esta evaluación, las pruebas Isopollo solo encuentran 43 de cada 50 casos positivos: esto es, el 86 por ciento de sensibilidad. El proveedor había asegurado que la sensibilidad era del 99 por ciento.
El científico advierte que es inverosímil que en Ecuador se apliquen pruebas coreanas, que ni siquiera son reconocidas en su país de origen.
El proceso fiscal investiga desde hace nueve meses la adquisición de cien mil pruebas por polimerasa, que el municipio compró de emergencia. El contrato asciende a 3,7 millones de dólares, más IVA. Cuando llegaron los insumos, quedó en evidencia que no tenían la capacidad instalada para procesamiento en laboratorio. Y por eso, se erogaron 600 mil dólares adicionales para contratar laboratorios para el procesamiento.
En un allanamiento a la Secretaría de Salud, a fines de enero, las autoridades encontraron indicios de que los informes críticos a la adquisición fueron ocultados en esas oficinas.
Pero la pericia a los teléfonos celulares de las dos funcionarias (Abarca y Guamán) arroja pistas hacia la posible responsabilidad del alcalde Yunda.
El fiscal colombiano Francisco Barbosa llegó hoy 12 de febrero a Quito y entregó a su par, Diana Salazar, los archivos del comandante Uriel, del ELN, referentes a un supuesto aporte económico a la campaña del candidato del correísmo Andrés Arauz. La Revista Semana de Colombia denunció hace dos semanas que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores de “Uriel”, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de la supuesto donación. El ELN ha cometido secuestros y extorsiones de comerciantes y empresarios en Ecuador, desde el 2000. Sin embargo, en 2017 el gobierno auspició los diálogos de paz entre jefes de ese grupo y autoridades colombianas, hasta 2018. Nota actualizada este 12 de febrero, a las 16:50.
Redacción Código Vidrio
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo narcoterrorista colombiano, utiliza Ecuador como centro de adoctrinamiento ideológico y político de niños y adolescentes, así como para cometer secuestros y extorsiones, especialmente en las provincias de Carchi e Imbabura, desde el 2000.
La Revista Semana de Colombia denunció, a fines de enero que entre los dos millones de documentos hallados en los computadores del comandante del ELN, Uriel, abatido en octubre de 2020, se encontraron evidencias de un supuesto aporte de 80 mil dólares a la campaña del candidato del correísmo a la presidencia, Andrés Arauz. Y también registros que indicarían presuntos contactos con el “señor del cinturón”, a quienes las autoridades colombianas identifican como el expresidente Rafael Correa, quien negó enfáticamente la denuncia y aseguró que era un montaje para afectar la campaña de Arauz. El candidato presidencial dijo que se trataba de «fake news».
En un comunicado divulgado desde Colombia el ELN también desmintió la supuesta donación a ese candidato.
La semana pasada, la fiscal Diana Salazar pidió a su par colombiana que dentro de un proceso de cooperación internacional le facilitara los archivos para abrir una investigación formal. Este viernes 12 de febrero el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, llegó al Ecuador y desde las 15:30 mantiene una reunión con Salazar, para hacerle la entrega formal de los archivos de Andrés Felipe Vanegas, alías ‘Uriel’, tercero al mando del ELN.
Barbosa le entregó a Salazar un informe completo sobre los hallazgos de la Fiscalía tras el análisis forense y desencriptación de los computadores incautados a ‘Uriel’. Esta diligencia es parte del trabajo conjunto contra organizaciones criminales que afectan los dos países.
La semana pasada, el presidente Lenín Moreno también anunció que pediría información a su par de Colombia, Iván Duque, sobre esos archivos. “Estamos a la expectativa que el presidente Iván Duque y el Gobierno (de Colombia) tenga la bondad de proporcionarnos todas la información, según la información que da Revista Semana todavía no están abiertos todos los archivos. No deja de estremecerme la información”, expresó Moreno.
No es la primera vez que el gobierno del exmandatario Correa, hoy prófugo en Bélgica, es denunciado por el financiamiento de grupos narcoterroristas colombianos. Desde el 2008 se conocieron los contactos de integrantes de su gobierno con comandantes de las FARC. Según testimonios de exjefes guerrilleros y subversivos desmovilizados, la campaña de Correa recibió fondos de las FARC, provenientes del narcotráfico, lo cual fue desmentido por el expresidente en su momento.
En un video grabado a mediados de la década del 2000, en el sector fronterizo de Carchi, integrantes del ELN aparecen adoctrinando a niños y adolescentes ecuatorianos.
El ELN ha llevado adelante una agresiva campaña de capacitación a través de la conformación de “escuelas de formación”, que incluye a niños y adolescentes de sectores marginales, de escasos recursos económicos. También ha tejido contactos con docentes de izquierda radical en universidades y entre algunos dirigentes indígenas y sindicalistas de corte extremista. Otro de sus fuertes es la formación de milicas urbanas.
Muchos de sus miembros han ingresado a Ecuador para cometer distintos delitos, especialmente el secuestro y la extorsión económica selectiva, así como el cobro de vacunas, a decenas de comerciantes, empresarios y hacendados ecuatorianos y extranjeros para incrementar sus ingresos.
Ecuatorianos, de entre 17 y 20 años, también han sido víctimas del reclutamiento forzado del ELN y enviados desde Carchi y Esmeraldas a campamentos en Colombia.
Pese a todos los delitos cometidos por el ELN en Ecuador, el gobierno de Rafael Correa aceptó que el país sea la sede para la negociación y los diálogos de paz entre esa guerrilla y autoridades colombianas, desde febrero de 2017.
Los contactos secretos para concretar las conversaciones de paz empezaron tres años antes. En 2014, según confirmaron tres fuentes de Inteligencia militar, las autoridades pidieron a sus agentes que dejaran de hacer seguimientos a integrantes del ELN y de las FARC. Eso pese a que los miembros de Inteligencia militar son los que mejor habían mapeado a los contactos de integrantes del ELN y sus redes en Ecuador.
Desde 2017, el entonces presidente Rafael Correa dio paso a los diálogos de paz entre jefes del ELN y autoridades colombianas. Ese proceso terminó en abril del 2018, por decisión del presidente Lenin Moreno. Foto archivo
Regionalmente, con el apoyo de Venezuela y Cuba, el ELN ha copado espacios políticos y estratégicos para expandir su influencia, sobre todo luego de que las FARC firmaron el acuerdo de paz, en 2016.
Desde entonces, el ELN tomó control de muchas plantaciones y laboratorios de cocaína, en Nariño, al sur de Colombia, que antes estaban en poder de las FARC. Eso le permitió acceder a ingentes recursos que hoy financian su lucha armada.
Mientras la agenda pública del ELN en los diálogos en Ecuador era concretar los acuerdos, el guión oculto tenía otros objetivos. Buscaban, sobre todo, consolidar el proceso de expansión política y respaldo en sectores sociales ecuatorianos.
Durante las conversaciones, Pablo Beltrán, líder del ELN, mantenía reuniones, en abril de 2017, con el Frente de Comuneros del Sur, para buscar estrategias de fortalecimiento armado en la frontera con Ecuador.
Los diálogos y las reuniones de las cabezas del ELN eran monitoreados por la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia (UGSI), integrada por oficiales de la Policía. Ellos realizaron escuchas y establecieron que líderes del ELN tuvieron conversaciones con Guacho y Cholo, cabecillas del Frente Oliver Sinisterra, disidetes de las FARC. Pese a esas evidencias, no hubo ninguna investigación penal.
En dos ocasiones el comandante “Uriel” también habría acudido a reuniones en el Palacio de Gobierno, en el contexto de los diálogos de paz, con el nuevo gobierno.
El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.
La presencia de células urbanas entrenadas por del ELN también fue evidente en el paro indígena de octubre de 2019, según denuncias del Gobierno, en base a informes de las unidades de la Policía y el Ejército. Las milicias se camuflaron entre los manifestantes y utilizaron armas caseras, incluidos proyectiles artesanales.
El sistema informático de la función judicial no funcionó el jueves y viernes pasados, dejando sin servicio regular de notificaciones, sorteos, seguimiento de causas, pago de pensiones, a miles de usuarios, en todas las provincias. Este lunes se espera que se rehabilite totalmente el sistema, luego del mantenimiento y pruebas realizadas desde el viernes por el personal informático. La causa del problema es la sobrecarga de información que saturó la herramienta.
Redacción Código Vidrio
El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) colapsó durante dos días esta semana, ocasionado serios problemas a miles de usuarios y funcionarios de la Función Judicial en todo el país.
Este sistema digital sirve para agilitar los trámites de abogados, peritos, fiscales y defensores públicos vía Internet, y así evitar que acudan personalmente a cumplir con distintas diligencias.
Aunque ha estado vigente desde hace más de una década, su funcionamiento y operatividad han tenido fallas constantes y ha recibido críticas de judiciales y abogados.
En el memorándum CJ-CNGP-2021-0114-MC, enviado esta semana a los directores provinciales de la Judicatura, Andrés Torres, director Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación, reportó que el miércoles y jueves pasados el sistema tuvo varios problemas.
Decenas de personas acudieron personalmente desde el miércoles al complejo judicial norte, en Quito, para que los atiendan, en vista de la caída del sistema. Foto cortesía
“Las provincias que hacen uso del aplicativo Trámite-Web Satje reportaron problemas de lentitud y no disponibilidad, motivo por el cual esta Dirección ha levantado una mesa constante para identificar la causa”.
“Dicha mesa -agrega el documento- está conformada por funcionarios de todas las Subdirecciones de Tecnologías y dentro de la misma se ha evidenciado que los problemas reportados son resultado de la alta carga y transaccionalidad del sistema, misma que provoca «bloqueos» a nivel de Base de Datos. Estos generan no disponibilidad del sistema. Por lo antes indicado, el equipo técnico de esta Dirección Nacional está trabajando en optimizaciones a nivel de consultas a Base de Datos y optimizaciones en el aplicativo (Trámite Web)”.
Para solucionar la falla del equipo informático y realizar su mantenimiento, la Dirección de Gestión Procesal de la Judicatura suspendió los trámites por Internet durante la jornada laboral del 15 de enero, desde las 08:00 hasta las 17:00. Adicionalmente decidió aplicar un plan de contingencia para el ingreso de causas y escritos en todo el país.
Dos funcionarios judiciales, que pidieron la reserva, dijeron que el antiguo sistema era mucho mejor que el Satje, que tantos inconvenientes ha causado por su limitada capacidad y funciones.
Funciones del Satje
Sorteo electrónico – automático
Recepción de escritos
Seguimiento de causas notificaciones electrónicas
Antecedentes penales y de transito
Recaudación y pagos de pensiones alimenticias
Arrendamiento de casilleros judiciales y citaciones
Información en pantallas táctiles (touch screen)
Información en el Internet y otras aplicaciones
Estos días, varios usuarios también evidenciaron su descontento en redes sociales. Consuelo Espinosa escribió que durante varios días intentó subir un escrito en la ventanilla sin resultado. “Qué desastre”. Mientras, Doris Moreno denunció que si el Satje -que costó millones de dólares- funcionara correctamente las cortes no estarían abarrotadas de usuarios, pese al alto riesgo de contagios por la Coivid-19.
Este portal buscó la versión de la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, a través del personal de Comunicación, pero no obtuvo una respuesta. El Consejo no informó al público todos los problemas del sistema ni la suspensión de trámites por internet.
En junio del año pasado, Maldonado anunció que se instalará el Satje-2020, que optimizaría el tiempo de los usuarios y sería más fácil de usar.
Fuentes de la Corte Nacional de Justicia informaron que pese a las fallas sí lograron cumplir con las audiencias previstas para el viernes, aunque una diligencia fue suspendida por otras razones.
Fuentes de la Judicatura dijeron que se espera solucionar los problemas hasta este lunes, aunque el fin de semana ya se podía acceder al sistema.
Esta no es la primera falencia informática que se evidencia en la actual administración. La Contraloría realizó una auditoría especial para descubrir el origen de los problemas en el sistema para la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional.
En diciembre pasado, este proceso fue cuestionado por las fallas evidenciadas cuando los aspirantes querían subir la documentación que les exigían para ser evaluados. Uno de los casos denunciados fue el de Pedro Moreira, quien criticó al Consejo en su cuenta en Twitter. Dijo que usó el portal instalado por la Judicatura para subir su documentación personal, pero en el momento de la calificación de méritos esos papeles nunca aparecieron.
Moreira y otros concursantes presentaron una demanda para tratar de frenar el concurso, pero no tuvieron éxito. La selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional sigue en marcha.
La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Daniela Salazar, estudia los recursos extraordinarios de protección presentados por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, condenados por la muerte de la joven Michelle Cobo durante una operación estética, al igual que de la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz. Los tres fueron sentenciados por mala práctica profesional, lo cual fue ratificado por todos los jueces que conocieron el caso.
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Aunque el juicio por la muerte de la joven Michelle Cobo terminó con una sentencia condenatoria por mala práctica profesional contra los tres responsables en la Corte Nacional, su familia aún está preocupada por la suerte que el caso puede correr en la Corte Constitucional.
En julio del año pasado, la Corte Nacional ratificó la condena de última instancia contra los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado, a seis años y ocho meses de prisión, y a la exgerente de la clínica San Gabriel donde se practicó la operación, María Eugenia Muñoz, a tres años de cárcel.
Pese a que los tres condenados están prófugos, sus abogados presentaron recursos extraordinarios de protección en la Corte Constitucional, por supuestas violaciones de sus derechos y el debido proceso. Buscan así que quede sin efecto la sentencia del juicio que duró más de cuatro años.
Actualmente, los recursos están en manos de la magistrada de la Corte Constitucional Daniela Salazar, quien pidió a los tribunales penales de Pichincha que le remitan copias del proceso, para analizarlo y emitir un pronunciamiento, tras evacuar todas las diligencias del caso.
Con los recursos de protección, los sentenciados esperan que la jueza constitucional los exonere de cumplir sus penas.
Para el jurista Farith Simon, la Corte Constitucional no puede revisar el fondo de la sentencia (la culpabilidad de los implicados). Solo «puede considerar que se violó derechos en el trámite o en la decisión y si fuera así pediría que la justicia ordinaria considere nuevamente el trámite del caso».
Michelle Cobo falleció cuando tenía 20 años. Estudiaba Psicología en la Universidad y era voluntaria en una fundación para niños con enfermedades terminales. Archivo particular
Explicó que existe un debate sobre las consecuencias de los fallos de la Corte Constitucional. «Muchos consideran que está en firme la sentencia por ser un recurso extraordinario, otros opinan que está pendiente la decisión y por tanto no se podría mantener la prisión».
Para Gabriel Cobo, padre Michelle, el tribunal deberá ratificar los fallos de todos los jueces penales de Pichincha y de la Corte Nacional, que confirmaron su culpabilidad. “En este caso los jueces constitucionales no pueden cambiar el fondo de la sentencia”.
El litigio judicial empezó en julio del 2016. Entonces, Michelle Cobo tenía 20 años, estudiaba psicología, y hacía un voluntariado cuidando niños con enfermedades catastróficas.
Lo joven se practicó una lipoescultura. Según su padre, confiaron completamente en el médico Toscano, propietario de la cínica Steticus, a quien conocían por referencias familiares.
Toscano difundía ampliamente su trabajo en redes sociales y aseguraba que tenía un récord de 25.000 cirugías exitosas. Sin embargo, la publicidad era engañosa, pues él no es cirujano plástico y un año antes había sido sentenciado por la muerte de la Yadira Cáceres.
Toscano concedió una entrevista a este portal en la cual reconoció que atendió a la joven y que tenía una relación amistosa con la familia.
El vienes 15 de julio 2012, Michele ingresó al quirófano y luego de la operación sufrió un primer ataque cardíaco, que superó, pero su cuerpo se descompensó aceleradamente. Entonces fue trasladada de urgencia a otro centro de salud, porque la Clínica no contaba con los equipos indispensables para atenderla.
Los primeros exámenes revelaron la gravedad del cuadro: Michelle tenía una severa infección. Y después de varias horas, el 16 de julio, a las 06:45, murió por una septicemia, más conocida como una infección generalizada, provocada por una bacteria. La Fiscalía de Pichincha llevó adelante la investigación por su muerte y descubrió una serie de irregularidades.
La primera fue que la joven y su familia confiaron en que el médico que la operaría sería Toscano, pero no lo hizo, fue reemplazado por Carlos Hurtado. Según Cobo, ellos nunca dieron su consentimiento para que otro médico la operara.
Según la Fiscalía, las firmas de consentimiento entre la paciente y el médico no se hicieron al mismo tiempo. Hurtado las firmó cuando se enteró que iba a ser investigado.
Además, antes de la cirugía nadie revisó el equipo médico ni de los instrumentos esterilizados. Por eso, el Ministerio Público señaló la responsabilidad de la clínica San Gabriel, ya que no contaba con los permisos para una cirugía especializada.
El médico Patricio Toscano fue sentenciado en dos ocasiones por mala práctica profesional, porque las pacientes fallecieron por negligencias evidentes en operaciones estéticas. Foto archivo
En la investigación también se reveló que la clínica alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios, en caso de una emergencia, que requiriera terapia intensiva.
Con base en estas acusaciones, todas las instancias judiciales determinaron la responsabilidad de Toscano, Hurtado y Muñoz. En julio del año pasado, la Corte Nacional de Justicia rechazó sus recursos de casación confirmando la sentencia contra los tres.
Según Muñoz, existe una persecución en su contra. En su recurso de protección indicó que la Fiscalía no consideró las pruebas a su favor. “Se habla de mala práctica profesional por falta de deber objetivo, cuando mi profesión es abogada y no médica, ni intervine evidentemente en la cirugía”.
Ella también denuncia que su familia ha sido perseguida, que extraños fotografiaban a su esposo e hijos, que son perseguidos por autos sin placas y son víctimas de rastreos digitales.
Cobo confía en que la Corte fallara en derecho, hará justicia, con lo cual su familia podrá cerrar este capítulo tan trágico y doloroso de seis años.
La magistrada Vanessa Baraitser negó hoy miércoles el pedido de libertad bajo fianza para el fundador de WikiLeaks. La misma jurista rechazó, el lunes 4 de enero, la solicitud de extradición de EE.UU. por motivos de salud, pues existiría el riesgo de que se quitara la vida si es enjuiciado en ese país. Sin embargo, rechazó el argumento de sus abogados de que estaba protegido por garantías de libertad de expresión. La justicia estadounidense apelará el fallo. Nota actualizada este 6 de enero.
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La jueza Vanessa Baraitser negó la libertad bajo fianza a Julian Assange, tres días después de que rechazara una solicitud de Estados Unidos para extraditarlo.
Estados Unidos anunció que apelaría la decisión de no extraditarlo y pidió que Assange permaneciera en prisión mientras el proceso estaba en trámite. Baraitser indicó en su último fallo que «hay motivos fundados para creer que si Assange es liberado no se entregará a la corte ni enfrentará el proceso de apelación».
Los fiscales estadounidenses argumentaron en la audiencia celebrada este miércoles 6 de enero que Assange ya había demostrado que era «capaz de hacer todo lo posible para evitar la extradición», refiriéndose a la violación de su arresto domiciliario en 2010, cuando enfrentaba un proceso de extradición a Suecia. Luego se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres.
Para los defensores de Assange, en vista de que la corte había fallado a su favor, con respecto a la solicitud de extradición, Assange cumpliría la ley. En ese contexto, ofrecieron medidas estrictas para asegurar, tanto a la fiscalía como al tribunal, que Assange no se fugaría, incluido el arresto domiciliario si se le concedía la fianza.
Baraitser rechazó los argumentos, indicando que Assange «ya había demostrado que estaba dispuesto a desobedecer la orden de este tribunal» y que «las condiciones estrictas que se le habían impuesto anteriormente no hicieron nada para evitarlo».
El lunes la jueza Baraitser negó la extradición del activista y hacker australiano a Estados Unidos por razones humanitarias, pues estimó que el riesgo de que cometa suicidio es inminente. Los funcionarios de justicia estadounidenses anunciaron que apelarán la decisión ante una instancia judicial superior, para lo cual tienen un plazo de diez días.
La jueza también rechazó las afirmaciones de la defensa de que Assange estaba protegido por garantías de libertad de expresión, diciendo que su «conducta, si se prueba, equivaldría a delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión». Además descartó previamente el resto de los argumentos presentados por sus abogados. Por ejemplo, la magistrada descartó la alegación de los abogados de Assange de que los cargos en su contra tenían “motivaciones políticas” y de que no tendría un juicio justo en ese país.
En EE.UU. Assange está acusado de 18 cargos de violación a la Ley de Espionaje (data de 1917) por obtener y publicar “información clasificada”, delitos por los que recibiría una condena de 175 años de cárcel.
«La impresión general es de un hombre deprimido y algunas veces desesperado, que teme de su futuro», según la jueza.»Al enfrentar condiciones de aislamiento casi total sin los factores de protección que limitaron sus riesgos en HMP Belmarsh [la cárcel británica donde está recluido], estoy convencida que los procedimientos descritos por EE.UU. no evitarán que el señor Assange encuentre una manera de suicidarse y por esa razón he decidido que la extradición sería opresiva por causa de daño mental», agregó.
Así, el australiano sortea momentáneamente la posibilidad de enfrentar a la justicia estadounidense de la que ha estado escabulléndose como una liebre desde el 2010.
Ese año marcó un quiebre definitivo para Assange y su portal de publicación de filtraciones, Wikileaks. El 5 de abril, ese sitio publicó el video Collateral Murder. Una pieza de 38 minutos grabado desde un helicóptero Apache estadounidense de un ataque a una población civil, ocurrido el 12 de julio de 2007 en Bagdad, la capital de Iraq. En la violenta arremetida militar murieron una docena de personas, entre ellas el fotógrafo de Reuters Namir Noor-Eldeen y su ayudante Saeed Chmagh. La difusión del video fue un remezón sin prcedentes para el gobierno de Barak Omaba, que había llegado al poder con la promesa de luchar por la defensa de los derechos humanos y de cerrar Guantánamo.
Cuando el gobierno aún tratada de ubicar al responsable de la filtración, otro bombazo estremeció a la Casa Blanca. En julio de 2010, WikiLeaks difundió los Afghan War Diaries, un paquete de 91.000 informes militares, en los que se detallaban centenares de muertes de civiles en Afganistán, en manos de soldados estadounidenses.
La exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning filtró videos y documentos que en 2010 publicó Wikileaks. Ese año fue detenida y encerrada en una prisión militar en Virginia por casi un año. Luego fue formalmente enjuiciada y condenada a 25 años de prisión. Foto archivo
Hacia fines de ese castarófico 2010, llegó el golpe de gracia para el régimen de Obama. Esta vez la onda expansiva llegó desde el Cablegate: una filtración que recibió Wikileaks de 251.287 telegramas enviados al Departamento de Estado de Estados Unidos desde las cientos de embajadas y consulados en todo el mundo. Esta vez los cables diplomáticos fueron entregados a los medios The New York Times, El País, Der Spiegel, Le Monde y The Guardian, que relizaron su propia reportería para contrastar y verificar la información, antes de publicarla.
Para ese momento, las agencias de espionaje estadounidenses ya habian descubierto a la reponsable de la letal filtración: la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, que fue detenida y encerrada en una prisión militar en Virginia por casi un año. Luego fue formalmente enjuiciada y condenada a 25 años de prisión, por la masiva entrega de informes reservados a WL En 2017 Manning fue indultada por el entonces presidente Barak Obama.
Desde entonces, aunque continuaron las filtraciones (documentos sobre detenidos en Guantánamo, sobre la industria de la vigilancia), la atención se enfocó sobre Assange, que de un momento a otro se había convertido en un adalid de la libertad de expresión, con una dimensión planetaria. Pero, sobre todo, se volvió el principal objetivo de varios gobiernos, especialmente EE.UU., Gran Bretaña y Suecia, donde la justicia los requería por acusaciones de violación y sexo no consentido.
Entonces, Assange voló a Londres, en diciembre de 2010, y se presentó en una comisaría para responder por un pedido de captura de Interpol por la denuncia en Suecia. Estuvo detenido pocos días pero después fue liberado bajo fianza.
El plan B fue el asilo por inminencia de su extradición
En febrero del 2011, una corte de distrito en Gran Bretaña dictaminó que Assange debía de ser extraditado a Suecia. Por esos días un nuevo jugador entró en escena: el gobierno de Rafael Correa, que buscaba desesperadamente acceder a los cables diplomáticos de Ecuador, que ya estaban siendo difundidos por los diarios El Comercio y El Universo.
En Londres la misión de acceder a los cables fue encomendada al cónsul Fidel Narváez, quien contactó inmediatamente a Assange que accedió a publicar todos los cables de Ecuador en la plataforma de WikiLeaks. Ese fue el inicio de la relación del gobierno de Correa con Assange”, contó Narváez, al ser entrevistado en su momento por Código Vidrio.
En adelante empezó a tomar cuerpo la idea de asilar a Assange en la embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces empezaron los preparativos para asilarlo, era el plan b de Assange ante la inminencia de su extradición a Suecia, que fue dispuesta en junio de 2012. Entonces, el 19 de junio ingresó a la sede ecuatoriana donde se asiló y permaneció cerca de siete años, hasta abril de 2018 cuando fue expulsado y entregado a las autoridades inglesas. Durante su permanencia en la embajada violentó las normas del asilo, sobre todo por su interferencia en la política de otros estados, como EE.UU. y España.
En agosto de 2012 el entonces canciller Ricardo Patiño anunció que Ecuador concedía el asilo a Julián Assange.
Luego de banadonar la sede, las autoridades inglesas lo sentenciaron a una pena de 50 semanas de prisión, por violar los términos de su libertad condicional, en 2010.
Mientras cumplía su condena, en septiembre empezó su juicio de extradición a EE.UU., que acusa a Assange de un supuesto delito de conspiración para obtener información de defensa nacional, siete delitos de obtención de información de defensa nacional, nueve delitos de revelación de información y un delito más de conspiración para la comisión de intrusión en ordenadores. La causa se lleva adelante en la División de Alejandría de la Corte de Virginia.
Conforme el proceso avanzó, los abogados de Assange han alegado que se trata de una persecución política despiadada del gobierno estadounidense. Defensores de derechos humanos y especialistas de organismos internacionales han exigido su liberación, argumentando que está encausado por ejercer su labor de periodista, al dinfundir información de interés público.
El experto en derechos humanos afirma que Assange ha estado privado de la libertad arbitrariamente durante los últimos diez años. “Este es el alto precio a pagar por tener el valor de publicar para el mundo información verdadera sobre los malos manejos del gobierno”, señala.
El indulto “rehabilitaría a un hombre valiente que ha sufrido injusticia, persecución y humillación durante más de una década simplemente por decir la verdad”, agrega.
El perdón presidencial sería una de las últimas cartas de Assange si la jueza inglesa da paso hoy a la extradición, que también es cuestionada por varios gobiernos, sobre todo el de Rusia. Analistas estiman que Trump podría perdonar al australiano si la justicia inglesa aprueba que sea enjuciado en EE.UU., pues no le convendría que durante el proceso pudiera revelar detalles de su relación con la divulgación de Wikileaks de miles de correos de los demócratas durante la campaña presidencial de 2016.
La carta del relator a Trump refiere haber visitado a Assange en el penal de Belmarsh junto con dos médicos independientes, y asevera que su salud se ha deteriorado al punto de poner en peligro su vida.
“Assange sufre de una afección respiratoria documentada que lo hace extremadamente vulnerable al brote de COVID-19 que estalló recientemente en esa prisión”, advierte.
Juzgar a Assange por revelar malos manejos en Estados Unidos o donde sea equivale a “matar al mensajero” en vez de corregir el problema expuesto en la publicación, lo que sería “incompatible con los valores fundamentales de la justicia, el estado de derecho y la libertad de prensa, estipulados en la Constitución estadounidense y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el país”, destaca Melzer.
El futuro de un país es la idea que muchos jóvenes, entre 16 y 18 años, deben interiorizar al momento de votar. A su corta edad, no solamente tienen un privilegio sino una gran responsabilidad al ejercer su derecho al sufragio. El estudiante de periodismo de la USFQ Martín Velasco recogió algunos tips para los nuevos electores.
El teletrabajo obligó a la mayoría de las personas a adaptarse a las nuevas modalidades tecnológicas. De la misma manera lo hicieron ecuatorianos con discapacidad intelectual (DI), adecuando sus actividades laborales en casa como la rutina diaria o hacer archivo, grapar, perforar, etc. Diana Cabascango, estudiante periodismo de la USFQ, recoge sus testimonios.
Los ecuatorianos Nathaly Paredes, Emiliano Riofrío y Alberto Miño juegan en la liga alemana de tenis de mesa. En este podcast ellos explican cómo vivieron el confinamiento y por qué fue una ventaja quedarse en el continente europeo durante este 2020. Un aporte de Felipe Núñez, estudiante de periodismo de la USFQ.
Las clases en línea pueden ser muy complicadas, sobre todo para los pequeños que están cursando el preescolar. Ahora más que nunca necesitan de la ayuda de sus padres, quienes tendrán que mantenerse atentos al progreso de sus hijos y también es una oportunidad para pasar más tiempo con ellos y fortalecer vínculos. Bruno Padilla, estudiante de la USFQ, nos cuenta esta experiencia.
La empresa opera en varios países para apuntalar y articular campañas electorales del correísmo, de López Obrador, en México; de Nicolás Maduro y Pablo Iglesias, en España. Tiene oficinas en Ecuador, México, Bolivia y en el país ibérico. Aquí fue creada por una mexicana y por Guillermo Oglietti, subdirector de Celag. En el ecosistema de la izquierda radical, este centro se encarga de diseñar políticas y estrategias, mientras Neurona elabora spots y productos publicitarios para ganar elecciones. Es parte de un mismo libreto, que en algunos casos, se fondea con recursos públicos, según investigaciones judiciales. La justicia española investiga el desvío de fondos públicos de Podemos a esa empresa para cubrir campañas de marketing y comunicación de dirigentes de la izquierda populista latinoamericana.
Redacción Código Vidrio
El mexicano César Hernández festejó a todo pulmón el triunfo de Lenin Moreno en las elecciones presidenciales del 2017.
No le preocupó de salir del anonimato en Quito y en su cuenta Facebook se hizo notar. En el momento clave de la segunda vuelta electoral, el 2 de abril del 2017, escribió: “Cabróoooooonnnn. Ganamos. Soy ecuatoriano, de los pies a la cabeza”.
Colgó ese mensaje junto a una foto de Moreno, con el fallecido Hugo Chávez y los hashtag #SoyTricolor; #EloyAlfaro; #Correa y “LeninPresidenteDeTodos”, que luego se convirtió en el slogan de la primera etapa de la presidencia del entonces aliado de Rafael Correa.
Esa campaña fue el debut formal de su empresa Neurona en Ecuador. Hernández es un experimentado productor audiovisual que hasta el 2005 trabajó para la poderosa Televisa; luego estuvo en Argos, y desde el 2014 se convirtió en gurú de las campañas del ex presidente boliviano Evo Morales y de los pesos pesados del Socialismo del Siglo XXI y el bolivarianismo.
Los antecedentes de sus primeros trabajos en este país fueron las campañas contra Chevron. De hecho, su agencia elaboró un spot de la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, una apuesta del ex presidente Rafael Correa para enfrentar a la petrolera, por los supuestos daños causados en la Amazonía.
Celag posiciona el discurso y Neurona crea los productos publicitarios en las campañas electorales de líderes políticos de izquierda populista
En su cuenta de Vimeo ese video fue subido en 2015, como parte del trabajo del portal periodístico Revolución 3.0, de Hernández.
Su primera campaña fue en 2017 para el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple dos condenas por delitos de corrupción. Es un video sencillo con tomas de sus recorridos en campaña, en el cual aparecen los entonces candidatos a la Asamblea Pabel Muñoz y Marcela Holguín.
Con Muñoz tuvieron un trato especial: en su cuenta en Vimeo esta productora recoge varios videos que apuntalaron su campaña. Entre ellos está su plan de trabajo en la Asamblea, testimonios de simpatizantes y sus discursos en los mítines por la provincia de Pichincha.
Tras la inesperada ruptura entre Rafael Correa y el presidente Moreno, se decantó por el correísmo: algunos de sus videos fueron sobre activaciones en las calles y marchas; grabación de movilizaciones y spots de campaña para el Centro Democrático.
Neurona elaboró videos y productos para la campaña de Pabel Muñoz para llegar al legislativo en 2017, así como de otros candidatos del correísmo, como Paola Pabón. Foto tomada del sitio web de Neurona.
Fueron los responsables del video “Lenin Chao”, en el cual contrataron a actores disfrazados con los trajes de los asaltantes de la serie de Netflix, “La Casa de Papel”. También hicieron un spot con las reacciones de las personas que veían reflejado un video de Correa en la avenida Naciones Unidas, en Quito.
En 2019 trabajaron en la publicidad de Paola Pabón para la Prefectura de Pichincha. También apoyaron al resto de aspirantes de Centro Democrático.
En los expedientes del CNE no existe registro de la productora de Hernández, por eso no se conoce si hubo o no pago por esos videos. Pedimos los reportes de pagos a la empresa, pero no nos respondieron.
200 campañas electorales
Neurona indica que ha estado en 200 campañas electorales, “solo con partidos de izquierda” en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, México, Portugal y España.
Ha producido 300 horas de videos estratégicos; 10 millones de visitas en redes sociales, 13.800 productos de diseño gráfico y 15 medios de comunicación digitales.
Su carpeta de clientes y allegados es como una ruleta donde se van repitiendo nombres de políticos: Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Pablo Iglesias, Gustavo Petro y Juan Carlos Monedero. También de instituciones como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
En Bolivia ganó un contrato por 1,8 millones de dólares por elaborar videos para Morales y fue muy activa en las elecciones del 2019 y 2020.
Neurona preparó la campaña publicitaria de Evo Morales en las anteriores elecciones. En la foto con Correa antes de la grabación de un spot en Bolivia.
En España obtuvo 425.000 euros (más de medio millón de dólares) de Podemos, el partido de Pablo Iglesias y en México ganó 226.000 dólares, para Morena, en la campaña del actual presidente Manuel López Obrador.
También trabajó con Nicolás Maduro en Venezuela, en 2018. Su propuesta se plasmó en la campaña “Yo sí doy la cara”, donde se defiende y exalta a los venezolanos que se quedaron a enfrentar la crisis económica que asola a ese país.
En Colombia llevó la campaña de Gustavo Petro, denominada “Humana.
Oglietti y López crean Neurona en Quito
Neurona se creó el 15 noviembre del 2016 en la Notaría Décimo Séptima de Quito. El nombre legal era ConsultoríaNeurona Sociedad Anónima y su fin social era trabajar en publicidad y estudios de mercado.
Su principal accionista fue la mexicana Andrea López Hernández, de 31 años. Según su documento de identidad se dedica a actividades comerciales, principalmente en el campo de las redes sociales. Ella fue una de las cuatro fundadoras del portal Revolución 3.0 de Hernández y tiene el 99% de las acciones de Neurona en Ecuador.
El restante 1% era del argentino Guillermo Oglietti, subdirector de Centro Celag, una organización que tiene una estrecha relación y ha contratado como conferencista a Correa, el ex vicepresidente boliviano Álvaro García, Monedero (Podemos), Petro y el mexicano Díaz Polanco. Todos son parte de su Consejo Consultivo.
El argentino Guillermo Oglietti, subdirector de Celag, es uno de los invitados usuales del exfuncionario del correísmo Orlando Pérez, quien refuerza las consignas de ese movimiento en sus programas de entrevistas en Telesur.
Este portal reveló que Oglietti creó la offshore Cruper en Uruguay, desde la cual pagó medio millón de dólares para la seguridad del exmandatario y su familia en Europa. La compañía beneficiada fue UC Global, demandada por Correa.
Oglietti apenas tuvo en su poder las acciones de Neurona por 15 días. El 30 de noviembre del 2016 las transfirió al mexicano César Hernández.
Luego de esta fugaz transacción, las ganancias de Neurona crecieron como la espuma. Al siguiente año reportó al Servicio de Rentas Internas (SRI) $11.680 por Impuesto a la Renta y otros $3,925 por Impuesto a la Salida de Divisas. El informe de los accionistas aseguraba que al final de ese año tenían un patrimonio de 32.000 dólares y pasivos por 12.000. Fue una ganancia enorme, considerando que nació con un capital de 800 dólares.
ConsultoríaNeurona fue disuelta en Ecuador, pero luego restituida, aunque actualmente no opera
Los años siguientes no fueron buenos, coincidieron con el rompimiento de Moreno con Correa, lo cual también implicó la suspensión repentina de ingresos para las empresas allegadas a Correa. No tuvo ninguna operación económica, por eso la Superintendencia de Compañías decidió suspenderla, aunque en 2019 sus dueños apelaron la decisión y actualmente operan normalmente.
Sin embargo, ese año hicieron los videos para las campañas provinciales de candidatos de Centro Democrático. Su declaración de impuestos aún no está registrada en el SRI.
Buscamos a los directivos de Neurona en Ecuador, pero el número que registraron en la Superintendencia de Compañías pertenece al mensajero que les ayudó en el trámite en el organismo de control y lo único que conoce es que “eran buenos pagadores, pero ya se fueron del país hace unos tres años”.
Podemos desvía fondos para Neurona
El mexicano César Hernández (Izq) y Andrea López son las cabezas de Neurona. Ha estado en varios países para las elecciones, incluidos los procesos de Podemos en España.
Una táctica de Hernández, al parecer, era aterrizar sigilosamente los meses previos a una campaña para diseñar los productos y el marketing digital. En Ecuador lo hizo en el 2016 con Consultoría Neurona y en el 2019 lo repitió en España creando “Neurona Comunidad SL”.
Hernández y Andrea López abonaron el capital social mínimo, 3.000 euros, para constituir la empresa en Sevilla. Ahí tuvieron la ayuda de Elías Castejón, quien fungió como un administrador.
En España Neurona fue contratada para la campaña 2019 de Podemos, el partido de Iglesias y Monedero. Su participación es investigada por el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid.
Por lo pronto, según reveló el medio español El Confidencial, la información bancaria incorporada a la causa permite reconstruir la circulación de esos fondos por México, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina, para gastos sin relación con los comicios de España. La tarjeta de débito de la agencia contratada por Podemos para elaborar vídeos y otra propaganda electoral, Neurona Comunidad SL, apunta a que el dinero del partido sirvió para sufragar campañas de marketing y comunicación de otros dirigentes de la izquierda populista latinoamericana.
La matriz de Neurona en México es una agencia dirigida por amigos de Monedero, cofundador de Podemos, e impulsada directamente por el principal ‘think tank’ del movimiento ‘chavista’ internacional, Celag, una entidad constituida en Quito en 2014 por Oglietti. En el ecosistema de la izquierda radical, Celag se encarga de diseñar políticas y estrategias y Neurona de que los mensajes sirvan para ganar elecciones. A esa red, Podemos inyectó recursos públicos españoles.
El español Juan Carlos Monedero (derecha) en un receso durante la filmación de un video con publicistas de Neurona.
Precisamente esos datos permiten seguir la pista de los movimientos del mexicano Hernández por Ecuador, donde habría trabajado para apuntalar al correísmo.
El Confidencial registró dos de sus visitas a Ecuador en 2019. La primera ocurrió el 6 de junio y la segunda el 25 de ese mismo mes. El dinero que llegó desde Podemos sirvió para cubrir sus traslados aéreos y hospedaje en la ciudad. Parte de esos fondos fue enviada a personas en Argentina y Bolivia, con la cual aumenta la sospecha de que Neurona trianguló esos recursos para dar vida a los movimientos bajo el paraguas del Socialismo del Siglo XXI.
Otra investigación en Bolivia
Esta no es la única pesquisa penal contra Neurona. En Bolivia también es indagada por las mismas causas: el pago ilegal del gobierno de Morales para beneficiar a entidades vinculadas con esa tendencia política.
El diputado opositor boliviano Óscar Ortiz dijo que Neurona Consulting (México) fue creada recién en el 2017 para ofrecer diversos servicios, como “comprar y vender maquinaria o arrendar inmuebles” y un año después se ganó el concurso para defender la tesis boliviana de derecho al mar. “La campaña más importante que pudo tener el país”.
El Banco Central boliviano certificó que entre octubre del 2017 y diciembre del 2018 se hicieron 20 pagos a favor de la empresa, por 1,8 millones de dólares.
Este trabajo en Bolivia se destaca en un folleto que publicó diario El Mundo de España. Se asegura que “ha integrado un equipo de especialistas, que imparten consultorías y crean campañas específicas, dirigidas por su líder Hernández; por el español Monedero y los ecuatorianos René Ramírez y Pabel Muñoz”.
Hernández y su cercanía con Pabel Muñoz
Muñoz es cercano a Hernández. El mexicano subió fotos en sus redes junto al legislador ecuatoriano y difunde constantemente sus videos. Este portal le consultó a Muñoz sobre su relación con Neurona, pero negó ser parte del equipo de trabajo.
“En alguna nota señalaban que soy parte del cuadro directivo de Neurona, cosa totalmente falsa. Hemos coincidido sí en espacios amplios del pensamiento sobre América Latina, pero nunca he tenido una colaboración formal, ni relación laboral ni otra por el estilo”, contestó.
No pudimos ubicar a René Ramírez, ex secretario de Educación Superior del régimen de Correa. Él también es parte del Consejo de Celag.
Hernández es otro devoto de la Revolución Ciudadana, lo cual ciertamente le ha dejado jugosos rendimientos. Entre sus productos no solo destaca los discursos de Muñoz, sino también el trabajo de las legisladoras Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín. También difunde las conferencias que da en México Gabriela Rivadeneira, asilada en ese país.
En esa lista también está Andrés Arauz, quien aspira a llegar a la presidencia en representación de la revolución ciudadana.
Creación de medios de garage
2018 y 2019 fueron dos años fundamentales para que el correísmo fortaleciera su presencia en redes sociales, con medios de comunicación alternativos.
Neurona también se especializa en la creación de estos medios, que trabajan para consolidar la imagen de cualquier mandatario (como lo hicieron con el venezolano Nicolás Maduro) y atacar a sus adversarios.
Hernández lidera dos de esos portales alternativos en México: Revolución 3.0 y Puente Sur. El primero le ha dado mejores resultados; él asegura que se encuentra entre los cinco medios digitales más leídos de México. Mientras que Puente Sur es una agencia de noticias internacionales donde se replica los postulados de los políticos del Socialismo del Siglo XXI.
Uno de sus despliegues comunicacionales más recientes fue la visita que hiciera Andrés Arauz a la planta de vehículos eléctricos en Bolivia. Según Puente Sur, ese será uno de sus proyectos a replicar en Ecuador.
En agosto pasado, este portal reveló que 19 cuentas y sitios web están al frente de la estrategia para difundir y replicar contenidos a favor de la Revolución Ciudadana. Ellos operan como un ejército para posicionar su pensamiento.
¿Concidencia? Tres integrantes de estos medios contaron a este portal que las reuniones fueron convocadas Muñoz y sus asesores. Sin embargo, él negó cualquier vinculación con esas reuniones.
El proceso avanzó hasta abril de 2018, cuando la administración de Lenin Moreno anunció que dejaría de ser el anfitriona de los diálogos. Esto en respuesta a la muerte del equipo periodístico de EL COMERCIO, secuestrado en Esmeraldas y ejecutado en Colombia, por disidentes de las FARC.
