Los amantes del deporte y la naturaleza son cautivados por el trail running. En la Sierra, los recorridos exploran los senderos más populares de las reservas naturales. Las competencias más famosas son el Solitario Trail y el Ultra Trail Pululahua, las cuales se celebrarán en mayo y julio respectivamente. Victoria Velasco, estudiante de periodismo de la USFQ, nos cuenta cómo avanza esta actividad deportiva en Pichincha.
Fotografía: Gabriel Cadenas
La Corte Constitucional admitió a trámite el recurso extraordinario de protección presentado por los médicos Patricio Toscano y Carlos Hurtado y la gerente de la clínica San Gabriel, María Muñoz. El 15 de junio pasado la Corte Nacional de Justicia ratificó en última instancia la sentencia contra los tres por mala práctica profesional, que desencadenó la muerte de la joven Michelle Cobo, luego de una operación estética.
Redacción Código Vidrio
El caso por la muerte de la joven quiteña Michelle Cobo dio un giro sorpresivo en la Corte Constitucional. La Sala de Admisión de este Tribunal decidió tramitar el recurso extraordinario de protección, presentado por los médicos sentenciados Patricio Toscano y Carlos Hurtado, y por la exgerenta de la Clínica San Gabriel, María Eugenia Muñoz.
Esta sala estuvo conformada por la vicepresidenta de la Corte, Daniela Salazar, y por los magistrados Karla Andrade y Agustín Grijalva. En su resolución, emitida el 4 de marzo pasado, los jueces indican que hay elementos que ameritan que el caso sea analizado por el Pleno del Tribunal.
El año pasado, la Corte Nacional de Justicia ratificó, en última instancia, la condena contra Toscano, Hurtado y Muñoz, por la muerte de Cobo, bajo la figura penal de mala práctica profesional, corroborando así los fallos de varios jueces de primera y segunda instancia.
Los médicos fueron sentenciados a seis años de prisión, porque eran reincidentes en el delito, mientras que la ex gerenta de la Clínica recibió una pena de tres años de reclusión.
Pero ninguno de los tres cumple con esta condena, que está en firme. Los médicos están prófugos; mientras que Muñoz recibió medidas alternativas, hasta que se ratifique la condena en su contra. Ella debe presentarse en la Corte y no puede salir del país.
En la resolución de la Sala de Admisibilidad, en el caso de Toscano y Hurtado, se señala que la Sala de lo Penal de la Corte Nacional podría no haber tomado en cuenta el principio de “congruencia”. Es decir que la figura penal con la que fueron juzgados habría cambiado durante el proceso, de mala práctica médica a mala práctica profesional.
En el caso de Muñoz acogieron el principio de “tutela efectiva” porque supuestamente en la instancia de casación no fue escuchada y no se le permitió fundamentar sus recursos. Eso pese a que la Corte no acogió la casación por falta de motivación.
José Molina, abogado de la familia de Michelle Cobo, defiende lo actuado por los jueces penales de primera, segunda y última instancia. Recalcó que el principio de congruencia no cabe en este pedido, porque es falso que Toscano y Hurtado hayan sido sentenciados por un tipo penal distinto al que inició con la acusación de la Fiscalía. “El delito juzgado siempre fue mala práctica profesional, no mala práctica médica, cromo quieren hacer parecer los demandantes”.
En el 2016, la Fiscalía los acusó de mala práctica profesional, basándose en el artículo 146 del Código Penal que establece una sanción, no solo para los médicos, sino para cualquier profesional que incurra en un homicidio culposo, que es el caso de Michelle Cobo.
“Ellos fueron sentenciados por el primer inciso del artículo 146, que prevé una pena por tres años, pero yo apelé en la Corte Provincial y me dieron la razón porque se demostró que la cirugía de Michelle Cobo fue innecesaria, peligrosa e ilegítima”.
Además, la pena subió a seis años porque Toscano y Hurtado ya habían sido sentenciados por ese delito. El 2015, Yadira Cáceres, una madre de 36 años, confió en Toscano para que le practicara una liposucción y falleció en el quirófano.
Para Molina tampoco se atentó contra la tutela judicial de María Eugenia Muñoz. Recordó que en todas las instancias del juicio se demostró que la Clínica bajo su administración incumplió con varios procedimientos legales, desde la higiene de los quirófanos; el personal a cargo de las operaciones y los permisos de funcionamiento.
El abogado de Muñoz, Pablo Encalada, está satisfecho con la decisión de la Sala de Admisibilidad. “La tutela efectiva es el derecho de todas las personas de acceder a los órganos de justicia para que se resuelvan su justicia. Lo que se alega es que la Corte Nacional no motivó adecuadamente su decisión, que fue arbitraria”.
Antes de ser sentenciados Toscano era famoso: como cirujano plástico copaba las redes sociales y la televisión. Era el rostro visible de la Clínica Estéticus, uno de los centros más grandes de la capital. En una entrevista con este portal, el año pasado, él dijo que tuvo en récord de 25.000 operaciones exitosas.
No obstante, ocultaba la muerte de dos mujeres que confiaron en él para mejorar su figura. Michelle Cobo no conocía la muerte de Yadira Cáceres cuando acudió a su consultorio. Toscano siguió atendiendo a sus pacientes con normalidad, a pesar de que estaba enjuiciado por la familia de Cáceres.
El 15 de julio del 2016, Michelle Cobo, de 20 años, acudió a la Clínica San Gabriel para que se le retirara un lipoma y se le mejorara la figura con una liposucción. La joven murió un día después, su cuerpo no pudo soportar el ataque la bacteria fleshitin, más conocida como “come carne”, la más letal de los estreptococos, producida por uan septisemia.
La Fiscalía y los jueces penales determinaron varias irregularidades en ese tratamiento. La primera fue que Toscano no operó a Michelle Cobo, sino que fue Hurtado, quien no la conocía ni la había examinado antes.
Además, en el equipo que operó a Michelle hubo personas sin especialización, que es un requisito obligatorio según el Código de Salud. Por ejemplo, la asistente no tenía un título universitario.
La investigación evidenció que la Clínica San Gabriel alquilaba su sala de operaciones a médicos externos, sin contar con los equipos necesarios en caso de una emergencia. Por ejemplo, se comprobó que mientras Michelle era operada otro quirófano era usado para colocarle implantes en los senos a otra mujer. Las intervenciones, el 15 de julio del 2016, estaban planificadas en seguidilla, una tras otra, en el tiempo justo, sin prever una correcta y oportuna esterilización y desinfección de las salas.
Cuando su estado de salud se agravó, la joven no pudo ser atendida en la Clínica San Gabriel, que no contaba con los equipos apropiados para una emergencia. Todos estos hallazgos son parte del proceso penal que próximamente cumplirá cinco años.
Los jueces de la Corte Constitucional pidieron que se les remita todo el expediente para analizarlo. El Pleno del Tribunal no tiene un plazo establecido para resolver la demanda.
Según el jurista Farith Simon, la decisión que tomará la corte no puede revisar el fondo de la sentencia. Es decir la culpabilidad de los implicados, solo podrá considerar que se violó derechos en el trámite o en la decisión de los judiciales.
No obstante, Toscano, Hurtado y Muñoz pidieron a los jueces constitucionales que declaren la supuesta vulneración de sus derechos y se ordene a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia que les otorgue una reparación integral de su condena.
Este portal intentó entrevistar a Carlos Pazmiño, abogado de Toscano y Hurtado, pero no quiso pronunciarse, “porque los periodistas no deben influenciar en la decisión de los jueces”.
SEMBLANZA. El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, acaba de anunciar que apoyará al candidato Andrés Arauz, de UNES. Semanas antes, esa organización indígena había decidido no respaldar a ninguno de los postulantes presidenciales y se pronunció a favor del voto nulo. A Vargas ya se lo había relacionado con el correísmo, especialmente luego del paro de octubre de 2019. Precisamente, a fines de ese mes Vargas estuvo en Madrid, España. Lo acompañó el dirigente Leonidas Iza. En la capital española tuvieron un encuentro y fueron entrevistados por el chileno Patricio Mery Bell, quien es cercano al expresidente Rafael Correa y es un puntal de la estrategia internacional de su movimiento en redes sociales. Vargas ha sido profesor y es de la nacionalidad Achuar. En la Fiscalía es investigado por el supuesto secuestro de policías en la Casa de la Cultura. Nota actualizada el 3 de abril de 2021.
Redacción Código Vidrio
Jaime Vargas se pasea confiado, como un jaguar en su territorio. Aunque durante el paro de octubre de 2019 proyectó una imagen dura y rebelde, incluso intolerante, en una charla, cara a cara, con Código Vidrio el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se ve parsimonioso y consiliador. Seguro de sí mismo.
En octubre de 2019 se apuntó una victoria transitoria, cuando forzó a que el presidente Lenin Moreno derogara el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles.
Bajo su conducción, el paro no solo revivió al movimiento indígena, tan debilitado durante el coreísmo. Puso a prueba su capacidad de organización, de articular y expandir una narrativa, sin pasar necesariamente por los medios tradicionales.
Las últimas semanas, Vargas reapareció públicamente en el marco de las manifestaciones por el año del paro. Y hoy lunes 26 de octubre de 2020 rindió su versión, por cerca de una hora, en la Fiscalía, donde es investigado por el secuestro de policías en la Casa de la Cultura.
La plataforma comunicativa de Vargas se ancla a los medios comunitarios. Especialmente a sus “lanceros digitales”, un grupo de 150 comunicadores populares amazónicos, que difunden por redes sociales las actividades de los dirigentes de la Conaie, y están siempre alertas para ir a la guerra mediática, si el caso lo amerita. Un primer ensayo de ese potencial se realizó en octubre de 2019.
Con esa maquinaria informativa, de la que también son parte otros medios que los dirigentes indígenas consideran aliados, como Wuambra Radio, parte a su vez de la ONG El Churo, Vargas apuntala el discurso de la Conaie y sus reivindicaciones políticas.
De hecho, en el paro octubre pasado de se estima que la Conaie ganó la batalla informativa, al menos hacia afuera: posicionó su narrativa sobre la represión brutal del gobierno de Lenín Moreno. Sus lanceros coparon las redes con mensajes de todo tipo, mientras desde distintos puntos del país y el exterior, principalmente Venezuela y Rusia, otros grupos, identificados por el gobierno con el correísmo, disparaban ráfagas de noticas falsas, para desestabilizar al gobierno. Pescar a río revuelto.
Vargas no ha dejado de realizar un trabajo sostenido de cabildeo dentro y fuera del país, visitando comunidades y pueblos indígenas, tendiendo alianzas claves, con miras a las próximas elecciones.
“Cada nacionalidad tiene radios comunitarias que están cerradas; tenemos que tomar muy en serio esto con el gobierno nacional para tomar acciones y que estas empiecen a funcionar”, dijo.
Esas visitas, puerta a puerta, son “la marca que ha dado a la presidencia de la Conaie”, asegura Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, que impulsó su elección en septiembre del 2017.
Vargas, de 40 años, fue inicialmente reacio a presidir la Conaie. Rechazó la candidatura por dos ocasiones. Confiesa que estaba agotado de la dirigencia, que le había quitado tiempo para estar junto a su familia (es divorciado y tiene cuatro hijos) y al negocio que montó en su comunidad.
Desde su juventud apostaba por los emprendimientos, pero las palabras de su padre Hilario pesaron más, pues le insistía en que sirva a su comunidad.
La niñez de Vargas transcurrió en una comunidad Achuar, donde se involucraba en todas las actividades que podía. En las fiestas los niños se encargan de aprovisionar el agua y la madera, y al cumplir 14 años ya tienen voz en las decisiones comunales. En ese entorno creció Vargas, quien estudió en una escuela comunitaria en la población Achuar Guaraní, luego siguió el bachillerato en Puyo. Se graduó de contador y empezó a trabajar en la Dirección Provincial de Educación.
Su padre Hilario lo hizo regresar a su tierra; inicialmente viajó con la idea de montar su negocio, pero los problemas que vivían los adolescentes de su comunidad le hicieron cambiar de parecer.
Entonces se convirtió en un profesor secundario, que con la ayuda de la Cooperativa de Ahorro CAP Pastaza, la más famosa de la provincia amazónica, consiguió que se instalará una extensión de un colegio misionero para graduar a los jóvenes que habían desertado de las aulas.
Ese fue el primer paso para entrar a la dirigencia de su comunidad, luego de su nacionalidad Achuar y posteriormente de la región Amazónica. Allí nació su oposición al ex presidente Rafael Correa, de quien se declara su principal contradictor en Pastaza. Por eso, para él articular una alianza con el correismo sería como juntar agua con aceite.
Vargas surgió de un proceso de renovación de la dirigencia de la Conaie. Así se trataba de frenar la injerencia de Correa en sus comunidades, que estaban dividas entre el apoyo a ese gobierno y la oposición que lideraba la organización desde el 2009. Vargas reconoce que además de la lección de su padre Hilario, la división, incluso de los Achuar, lo empujó a la dirigencia.
Aunque no tienen cifras exactas, Apawki Castro, del consejo directivo de la Conaie, sostiene que el 30% de los dirigentes de las organizaciones de base no cumple todavía los 37 años de edad. Mientras que en las organizaciones regionales como la Ecuarunari, la Confeinae y Conaice, el 70% de sus representantes no llega a los 30 años.
Esa juventud fue la protagonista del último Congreso de la Conaie para elegir a sus autoridades nacionales. En septiembre del 2017, los máximos líderes indígenas se reunieron en Zamora Chinchipe para escoger al reemplazante de Fausto Herrera.
Era el turno de un dirigente de la Amazonía y se presentaron dos candidatos: Franco Viteri, de Sarayaku; y Jaime Vargas, de la nacionalidad Achuar. La decisión no fue fácil ni rápida.
El apoyo de las comunidades de Cotopaxi y Tungurahua gravitó para que Vargas ganara la presidencia y que Viteri renunciara a su candidatura. En su discurso, Vargas no ocultó su principal derrotero. Entonces, adelantó que en las elecciones presidenciales del 2021 su objetivo era llegar con un candidato indígena, incluso dejando de lado a Pachakutik.
El representante de este partido político y actual asambleísta, Jaime Olivo, dice que esa declaración fue descartada por el propio Vargas pocos días después y que el respaldo a Pachakutik, hasta el momento, se mantiene en firme.
Desde enero del 2019 Vargas y su compañero Leonidas Iza caminaron las comunidades del país para afinar la protesta de octubre. Su acción fue silenciosa y meticulosa. Vargas no mostraba su colmillo, hasta que durante el paro se volvió protagonista, tomando la iniciativa con un estilo de confrontación permanente.
En una de sus imágenes más simbólicas se lo observa golpeando con la palma abierta en el pecho al coronel de la policía Cristian Rueda, mientras le exigía que le retirara el apoyo al Primer Mandatario. A Moreno lo calificó de “patojo”, pero luego le ofreció disculpas.
Irascible y desbocado. Pocas semanas después calificó de “hijos de puta” a los funcionarios del Gobierno que buscaban llegar a las comunidades indígenas de Cotopaxi, en una campaña de atención médica y social.
Sus acciones de octubre desembocaron en cinco expedientes penales en la Fiscalía por presunto terrorismo, incitación al odio, atentados a la administración pública, entre otros.
Con estos antecedentes, una de las críticas contra Vargas es que tiene un carácter similar al de Correa. Andrés Tapia sostiene que no, que él encarna la personalidad fuerte del pueblo Achuar, enérgico y frontal.
Vargas cree que el Gobierno y los medios tradicionales apuntan en su contra; por eso, pensó demandar al peruano Jaime Bayly por su acusación sobre los supuestos ingresos que llegaban a su cuenta personal de una ONG de Estado Unidos, aunque los fondos eran para la Conaie.
Lo cierto es que buena parte de los recursos que recibe la Conaie desde el exterior proviene de los cabildeos y concursos que Vargas ha realizado con distintas fundaciones internacionales en varios países.
Desde el 2013, cuando dirigía la Confederación Amazónica, Vargas ha viajado en 14 ocasiones al extranjero, según registros de Migración. Los últimos años se ha desplazado a Estados Unidos, Catar, Arabia Saudita, Suiza, Francia, España, México, Perú y Guatemala.
En España, precisamente, Vargas estuvo en la Cumbre por el Medio Ambiente, que se realizó en Madrid. Lo acompañó el dirigente de Cotopaxi, Leonidas Iza.
En la capital española se reunieron con el chileno Patricio Mery Bell, quien es cercano al expresidente Rafael Correa y es un puntal de la estrategia internacional de su movimiento en redes sociales.
El chileno vivió en Ecuador y asesoró sin nombramiento al entonces canciller Ricardo Patiño y al ex vicepresidente Jorge Glas. Los años siguientes, Mery Bell dejó el país y hoy reside en España.
Según informes de los aparatos de Inteligencia, ese encuentro fue clave para acercar a la dirigencia del movimiento indígena (Conaie) con el correísmo.
Vargas e Iza negaron un encuentro «privado». El dirigente de la Conaie aseguró que no conocían que se trataba de Mery Bell, pensaron que era un periodista, a quien le dieron una entrevista sobre la coyuntura nacional, luego del levantamiento.
La entrevista de Mery Bell fue difundida por el medio chileno “El Ciudadano”, donde sostuvo que no hubo una reunión secreta. “Es una mentira estúpida de un gobierno inepto. Amparado por mitómanos profesionales- leáse- prensa oligopólica ecuatoriana”.
Este 3 de abril de 2021, Vargas acaba de anunciar que apoyará al candidato del correísmo, Andrés Arauz.
En 2020, el Presidente de la Conaie se enfocó en consolidar el Parlamento del Pueblo, que tiene el respaldo de 200 organizaciones locales y provinciales. Quiere juntar a 600 organizaciones, con miras a las elecciones del 2021. También estuvo en Guatemala, donde dijo que era el segundo presidente de Ecuador. “Entonces, nosotros hemos dicho que pensemos el 2021. Primero es consolidar nuestras bases y también consolidar este Parlamento y esta propuesta va a convertirse en el plan de gobierno para el 2021”.
En ese país, la Policía le solicitó su documentación, tras lo cual fue trasladado a dependencias migratorias y, finalmente, expulsado vía aérea con otros dirtigentes. En un vídeo difundido por redes sociales, Vargas muestra su enfado. «No somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante. Somos autoridad. Yo soy presidente del movimiento indígena del Ecuador, allá decimos el segundo mandatario del país»
Vargas tiene 40 años y un diplomado en Gestión Pública en Macas. Desde el 2012 es el presidente de la nacionalidad Achuar. Simboliza el cambio generacional del movimiento indígena.
El vicepresidente es más experimentado: se trata del tungurahuense César Tigsalema, de 67 años. Él es uno de los dirigentes históricos de la Conaie, veterinario, domina inglés e italiano.
Otro dirigente de la vieja guardia es Manuel Castillo, de la comunidad de Tabacundo. Él fue una de las cabezas del primer gran levantamiento, en 1992, durante el Gobierno de Rodrigo Borja. Está encargado de la dirección de Territorios, encamina los procesos y la comunicación en las bases.
El área de Educación fue encargada a María Bayas, una comunicadora social de 47 años, quien fue concejal de Guaranda y dirigente de la Ecuarunari. La dirección de Relaciones Internacionales está a cargo de Luis Alfredo Guacho, de la Asociación de Profesionales, Organizaciones, Estudiantes indígenas del Litoral. Tiene 41 años y su mayor experiencia fue como docente.
La dirigencia de Mujer y Familia fue encargada a la dirigente Saraguro María Luisa Lozano, quien es administradora de empresas y tiene 43 años. Mientras que la estratégica dirección de territorios y recursos naturales es liderada por Arutam Washikiat, de 28 años y representante de la nacionalidad Shuar. Él es técnico en Sistemas.
En esas elecciones también se decidió que el área de Salud y Nutrición fuera encargada a Carmen Suquilanda, de Zamora Chinchipe y con 49 años de edad. Para las tareas con los jóvenes se postuló a Jairo Gualinga de 35 años, representante de las comunidades de Sucumbíos y que ha trabajado en radios comunitarias. Finalmente, la dirección de comunicación fue encargada a Apawki Castro de 29 años, de la provincia de Cotopaxi.
Todos ellos fueron importantes durante el paro de octubre pasado. Fueron parte de la hoja de ruta que planificó y ejecutó las protestas en las comunidades y la movilización hacia la capital. Hasta entonces, Vargas no era muy conocido. En septiembre cuando anunció su movilización contra el gobierno de Lenin Moreno esa decisión tuvo poca acogida en los medios de comunicación.
Depósitos por 25 K, invitación a la posesión del Alcalde, un viaje… Esta es la historia del lobby de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, para cuajar negocios con dos empresarios que buscaba contratos para firmas chinas con el Municipio de Quito. Su cabildeo empezó a pocos días de la elección de su padre como Alcalde, en 2019.
Alianza Código Vidrio-Vistazo-Connectas
El 24 de marzo de 2019, Jorge Yunda ganaba la Alcaldía de Quito con casi el 22% de los votos válidos. Apenas 4 días más tarde, su hijo Sebastián Yunda Yunda le escribía por WhatsApp al empresario a quien identifica en su celular como Dalong.
-“Dalong, un gusto. Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, alcalde de Quito”.
Al día siguiente, el mensaje de Sebastián fue más directo:
-¿Cuándo concretamos el negocio?
A mediados de abril, el empresario organizó un viaje, en el que incluyó tanto al hijo, como al hermano del Alcalde (David Yunda), a quien Sebastián identifica como su “socio”. Las fotos de su celular guardan ese registro.
Los chats son uno de los elementos del proceso abierto en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras personas vinculadas en el posible delito de peculado.
La compra de 100 mil pruebas Covid-19 del Municipio, a una empresa coreana, dio origen a la investigación por esas irregularidades. En un allanamiento el 17 de marzo, ordenado por Fiscalía, se incautaron siete teléfonos celulares.
El IPhone azul del hijo del Alcalde pone en aprietos a toda la familia Yunda, no se diga al titular del Municipio. Contiene indicios de tráfico de influencias, gestión para empresas privadas, uso de recursos públicos para fines particulares. Pinta de cuerpo entero el poder que acumuló el guagua Alcalde en el Municipio de Quito.
Sebastián Yunda, que cumplirá 29 años el 10 de mayo entrante; salió del país el día del debate presidencial, el 21 de marzo.
Al conocerse las primeras denuncias sobre la participación de su hijo como lobista y en un posible tráfico de influencias, el Alcalde dijo que desconocía su participación y que no pondría las manos al fuego por ninguno de sus familiares, que deben responder a la justicia.
-“Ya hay que cerrar las cosas”, le escribe nuevamente Sebastián en vísperas de la posesión de su padre como Alcalde de Quito, que ocurrió el 14 de mayo de 2019. “Ayúdame con tus nombres y apellidos”.
La relación es fluida, tanto en los negocios, como en lo personal. Sebastián le consulta si le interesa invertir en un restaurant, “con la marca Guayasamín que es simbólica en Ecuador.
A fines de mayo, Sebastián le recuerda que irá a una reunión previamente pactada.
-“Iré con mi mamá, que quiere conversar con usted”.
El empresario le invita al bautizo de sus hijos, a inicios de junio. Aunque Sebastián no asiste, por encontrarse en Guayaquil, le envía pases para su presentación artística “porque usted es parte de mi carrera”.
Para la primera semana de junio, la relación se torna más familiar. La razón es simple: Dalong ya se ha reunido con el otro tío de Sebastián, César Yunda, en espera de cerrar un negocio, como queda registrado en el chat.
-“Papá Dalong, ¿cree que pueda ayudarme con ese saldo para comprar pasajes y gestionar el lanzamiento de mi canción?”.
-“Yo estoy en eso, la empresa me dice que me paga esta semana”.
-“Aunque sea, ayúdeme con 5 K hasta mientras… Ya me encargo de cerrar con nuestra empresa”.
Dos días después, Sebas le pregunta al empresario:
-“¿Para cuándo quiere la reunión de las cámaras”.
Y le envía sus datos bancarios, con número de cuenta y de cédula.
A los pocos días le ofrece poner “el negocio de las electrolineras” y le asegura que “mi papá me aprueba”. Le insinúa que “ese negocio es bueno para los carros y buses que vamos a poner nosotros”.
En un nuevo intercambio, Sebastián le propone al empresario, a quien llama familiarmente Papá:
-“Papá pongamos el estadio en la mitad del mundo. Nos va a dar la concesión porque va a ser un tema turístico increíble”.
En agosto, el empresario le envía la foto de un cheque, y le pide una factura, “porque mi contador está que llama”.
Y las reuniones siguen. En septiembre el empresario quiere enviar un proyecto al estilo “China Town”.
A fines de octubre, dos depósitos que totalizan 20 mil dólares se realizan a la cuenta bancaria a nombre de una mujer. El empresario Dalong le envía las capturas, por 12 mil y por 8 mil dólares, en foto a Sebastián Yunda.
Todo indica que Dalong era un intermediario hacia otra empresa, interesada en el negocio de las cámaras para monitoreo.
Ellos están al tanto de que una empresa de la competencia se reuniría a mediados de junio, en la administración norte del Municipio.
“Cuidado, envíale al César, para que no nos quiten el negocio”, se advierte en uno de los chats.
“Amigo, gestioné que el Patronato también te compre las cámaras”, se lee en otro chat.
Es claro que a la empresa proveedora deben demostrarle que tienen relación directa con el Municipio. “Si no, no nos da exclusividad este fabricante. Entiendes? Es política”.
Ellos son conscientes de que las llamadas son rastreables, y en ciertos tramos se envían instrucciones para usar un canal paralelo de comunicaciones, conocido como We chat.
Las gestiones continúan en septiembre. Y en octubre, el hermano del alcalde menciona que son 500 cámaras (bodycams), 150 para lo que resta de 2019 y 350 para 2020.
Queda en claro que trabajan para que los TDRs (términos de referencia de los pliegos de contratación) se apeguen a la marca que ellos impulsan. Discuten el valor de la oferta, que supera el millón de dólares.
En los chats circulan documentos oficiales del Municipio de Quito, como el oficio Arquitectura de Cámaras de Seguridad. Se congratulan por ganar un concurso, pero se lamentan porque su contacto en la esfera de decisión salió de su cargo. “Ahora nos toca hacer el loving con el nuevo”. Ni siquiera saben como se escribe el verbo que ellos ejecutan a la perfección: lobby para intereses privados.
En uno de los chats se lee una petición de fondos, pero la respuesta es contundente:
“Transferencias no te puedo hacer porque todo es rastreable”. Se menciona a un intermediario quien “no sabe nada de los extracostos”.
En abril, en plena pandemia, Sebastián Yunda pide que le paguen “algo del pago que tenemos”, y recibe la respuesta que pronto llegarán 10 mil en efectivo.
(Continuará)
El soldado Javier Briones contrajo tuberculosis mientras cumplía funciones en la Fuerza Terrestre. Cuando se trataba la grave enfermedad que lo ha llevado tres veces al quirófano, la Dirección de Personal le notificó a su madre Teresa Pérez que le darían de baja, con lo cual perdería su derecho a la atención médica y a una pensión. El caso está en análisis.
Redacción Código Vidrio
La salud del soldado Javier Briones se apaga. En menos de dos años su estado médico se agravó aceleradamente, por una lesión cerebral causada por una tuberculosis, mientras cumplía sus tareas en el Ejército. Ha pasado tres veces por el quirófano y hoy libra la que podría ser su última batalla, postrado, en su casa en Guayaquil.
Su madre, Teresita Pérez, lo acompaña, mientras enfrenta una dura disputa contra el Ejército, para no impedir que su hijo sea dado de baja. La justificación para dejarlo fuera de la Fuerza es porque no superó unas pruebas físicas, lo cual implicaría que pierda todos los beneficios de seguridad social, que le sirven para cubrir su tratamiento.
López, licenciada de profesión, está angustiada, sufre, no solo por ver el deterioro acelerado de la salud de Javier, sino por su indefensión. Su voz se quiebra mientras relata lo que han debido enfrentar estos últimos años. Contiene las lágrimas, respira y denuncia que su hijo ha recibido un trato injusto de las Fuerzas Armadas, porque él enfermó mientras estaba acantonado en el Bimol en Célica, en Loja y fue víctima de una supuesta negligencia médica de los médicos del Ejército.
Briones tiene 23 años y siempre quiso ser soldado. Su madre no estuvo de acuerdo en que vistiera de uniforme, pero el Ejército estuvo en el corazón del joven guayaquileño. En adelante ella no tuvo más remedio que apoyarlo para que ingresara a las Fuerzas Armadas.
Lo hizo desde abajo, como soldado raso. En marzo del 2018 cumplía con sus tareas normales en el destacamento en la frontera sur cuando empezó a sentir fiebre, dolor de cabeza, tos. Entonces le diagnosticaron una alergia respiratoria y le medicaron Loratadina.
Mantuvo ese tratamiento hasta octubre de ese año, mientras se vio obligado a seguir con su reentrenamiento en Patuca. Su misión era cuidar las instalaciones de Hidropaute en el páramo azuayo. Pero con los dñias tenía más dificultades para respirar, tenía un profundo dolor, una punzada insoportable, en el pecho.
Sus superiores le dieron permiso para que acudiera al Hospital Naval de Guayaquil, donde le diagnosticaron una gastroenteritis y le recetaron Loratadina.
Ni el soldado ni su madre confiaban en el tratamiento, pues los síntomas persitían. Decidieron acudir a una clínica privada donde le hicieron unas tomografías de sus pulmones, qu revelaron un derrame pleural. Esta prueba fue irrefutable y en el Hospital Naval le hicieron nuevos exámenes que confirmaron que padecía una tuberculosis pulmonar.
En diciembre del 2018 empezó un tratamiento de siete meses contra la bacteria, pero no fue suficiente; la tuberculosis avanzó y la bacteria se alojó también en su cerebro.
El doctor Víctor Álvarez dice que esa condición médica no es rara. La tuberculosis, explica, es una enfermedad endémica de nuestro país y no solo puede afectar los pulmones, como comúnmente se cree, sino dañar el cerebro, la piel, los intestinos y otros órganos.
“El diagnóstico de tuberculosis a veces es complejo por la serie de sintomatología que tiene el paciente y hay casos de bacterias que son multiresistentes y son las más peligrosas”, explica el galeno.
El soldado Briones siguió con su vida militar sin percatarse que el tratamiento contra la tuberculosis era infructoso. Para entonces el patógeno se había alojado en el tallo cerebral. Pese al avance irremediable de la enfermedad, su madre cuenta que su hijo no daba su brazo a torcer, confiaba en recuperarse.
En diciembre de 2019, sobreponiéndose a los malestares, viajó para rendir los exámenes para su ascenso en la Escuela Superior Militar de Quito.
Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Briones no pasó las pruebas de resistencia en natación y trote, que serían gravitantes para su continuidad en las filas militares. Sus superiores le recomendaron que pidiera un nuevo chequeo médico.
Eso ocurrió en febrero del 2020, en medio de nuevas complicaciones. Los médicos le recomendaron sguir un tratamiento como patología pulmonar crónica, a consecuencia de la tuberculosis. A las pocas semanas, el país fue golpeado por el Covid-19 y Briones fue uno de los soldados que trabajó para ayudar a los afectados por la pandemia.
“Me decía que tenía dolores de cabeza constantes, pero creía que era por el problema que tuvo con los exámenes físicos, seguía con sus funciones como soldado”, recordó su madre, que en ese tiempo le pedía que reconsidere su decisión y se proteja contra el mortal virus. Pero su hijo siguió en funciones para evitar que le den de baja.
En enero del 2021, Teresita volvió a ver a su hijo, estaba más delgado, sufría un dolor constante de cabeza y fiebres recurrentes.
Debió acudir de urgencia al Hospital Naval donde le detectaron un tumor en el cerebro, que necesitaba una operación inmediata, pero en otro centro.
Entonces, fue trasladado a una clínica privada donde le operaron, con pobres resultados. Apenas retornó a la casa empezó a convulsionar y nuevamente fue llevado al quirófano pero en una clínica en Milagro. Su madre cree, sin embargo, que esa cirugía fue milagrosa porque le salvaron la vida para luego practicarle una tercera intervención, a inicios de este mes.
Javier Briones regreso a su casa: está débil, barbado, siguiendo un tratamiento, mientras su madre trata desesperadamente que el Ejército no lo abandone.
Teresita Pérez ha viajado en varias ocasiones de Guayaquil a Quito para que las autoridades del Ejército no lo desamparen y lo expulsen de la institución. Ella inisite en que enfermó cumpliendo sus funciones y tiene derecho a que cubran sus gastos médicos y le den una pensión.
En su familia no había antecedentes de tuberculosis, lo cual quedó registrado en sus exámenes para entrar a la Fuerza Terrestre. Pasó sus primeros años en el Ejército sin inconvenientes. Por eso, su madre pidió que la Dirección de Personal revea la decisión de darle de baja.
Está consciente que su recuperación será larga, ppor lo cual necesita el respaldo de la seguridad social militar para poder conseguirlo.
Para el especialista en legislación militar, el coronel (sp) Marco Granja, hay antecedentes que respaldan a la familia Briones. Él defendió el caso de un conscripto que también padeció una tuberculosis mortal, y consiguió que su madre reciba una pensión de Montepío del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
En easte caso sus superiores, tras conocer que sufría tuberculosis decidieron que siga su conscripción en El Corazón, en Machachi, donde falleció por un paro respiratorio. Granja recalca que lo fundamental es conocer las condiciones del contagio del soldado Briones, porque si fueron mientras cumplía sus funciones tiene todo el respaldo legal para exigir sus derechos.
Dice que su posible baja puede ser conocida por el Consejo de Tropa y luego por el Consejo de Oficiales Subalternos, dos organismos creados en la institución militar que pueden revertir esta decisión.
“La Constitución es garantista de derecho y justicia y puede revertir todo acto administrativo, sea militar o no”, sostiene.
Pedimos un pronunciamiento del Ejército sobre la decisión de la baja de Briones. Desde la Dirección de Comunicación respondieron: “La situación del soldado está siendo analizada por el respectivo organismo regulador de la carrera militar, donde dispone de sus proceso y plazos correspondientes, que se comunicarán oportunamente”.
Para la madre del soldado Briones, este anunció no es suficiente, porque su situación es muy delicada, el tiempo es su peor enemigo. Ayer 26 de marzo se cumplía el plazo para que se concrete su baja decidida por Personal.
Investigación y realización Ingrid Coba y Christian Torres
Una cadena de FakeNews se usó para generar sentimientos de rechazo y odio contra miles de venezolanos, que llegaron al país los últimos años en busca de refugio. Su principal vía de transmisión fueron la redes sociales de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram y otras. Este podcast acaba de ganar el premio otorgado por Democracia Informada en el concurso Mapeando la Desinformación.
Cada vez es más fuerte la tesis de que las redes nos atrapan en una burbuja que nos alimenta solo con datos que nos gustan, repelen pensamientos contrarios, que no compartimos. Esto, a corto y largo plazo, afecta a la empatía necesaria para vivir en comunidad y genera violencia.
Así lo vivieron los venezolanos residentes en Ibarra, Quito y en otras ciudades del país, que fueron víctimas de Fake News.
Sebastián Yunda Yunda, de 28 años, se revela como el verdadero guagua Alcalde. El contenido de su celular, incautado en un allanamiento fiscal, destapa su poder en el Municipio de Quito y las conexiones que tejió a distintos niveles: desde tráfico de influencias y uso de recursos públicos, hasta gestión para contratos, con indicios de cobros; favores para empresas interesadas en contratos.
Alianza Código Vidrio-Vistazo-Connectas
Estaba preocupado. Cuando eran las 22h12 del 2 de marzo, uno de sus asesores de comunicación le envió el mensaje, tranquilizador. “Gerente de la farmacéutica niega cualquier vínculo, dice que no tuvo padrino para acceder a contrato en el Municipio, que lo ganó limpiamente y que al Alcalde de Quito ni lo conoce”.
Así, Jorge Yunda, alcalde de Quito, se enteraba, a través de su funcionario de confianza, sobre la publicación de la investigación conjunta de revista Vistazo, el portal Código Vidrio y la alianza CONNECTAS-ICFJ, respecto al contrato para la compra de pruebas Covid-19 del Municipio de Quito, con la firma privada Salumed.
Dos semanas más tarde, la Fiscalía allanó la casa del alcalde, en el sector Capelo, cantón Rumiñahui. En uno de los dormitorios, los agentes encontraron un celular Iphone azul, perteneciente a Jorge Sebastián Yunda Yunda, hijo del Alcalde.
En mayo cumplirá 29 años. Los cientos de chats, aunque no han sido analizados aún en su totalidad, revelan desde ya que “Sebas” tenía dificultad para distinguir el interés público del privado. Según fuentes policiales, habría abandonado el país el día del debate presidencial, con destino a Panamá.
“Sebas” para sus amigos es músico como su padre. Integra el grupo musical 4AM.
¿Qué lo puede incriminar? Siete son sus pecados capitales.
Usa códigos y apodos en sus conversaciones, menciona personas y cantidades de dinero. De hecho, habla con “Dalong”, quien en apariencia es un empresario afincado en el exterior. Con él habla de terrenos “municipales” para edificar un estadio. Se comunica con “gnomo”, al parecer un médico afincado en China, con quien chatea sobre las pruebas Covid-19 que compró el Municipio. A las que califica como “falsas” y de las que recibe explicaciones: “No son PRC, son LAMP. ¿Qué chxchx es Latam?, llega a preguntar en cierto momento.
Chatea sobre contratos y proyectos, de exclusiva competencia del Municipio de Quito. Habla como un hacendado de sus tierras. Se refiere a la compra de cámaras de vigilancia para la Agencia Metropolitana de Tránsito. Con su amigo Dalong, menciona de un pago, y averigua cuándo llegará desde la China, una vez emitida la factura.
Comenta sobre dictámenes fiscales, como si tuviera acceso privilegiado a esferas de la justicia.
Conversa sobre autoridades municipales. Esto insinúa un poder en nombramientos o designaciones.
Habla sobre actividades de empresas privadas, pero que pueden cruzarse con la esfera de acción municipal. De hecho, chatea con una alta funcionaria de Alcaldía, a quien llama “amiguita”, sobre favores a una empresa de autos, a cambio de auspicios para un evento musical, en el que actuaría el grupo que integra, denominado 4AM, en referencia al nombre de su grupo musical. A manera de respuesta, esta funcionaria le explica que se emitió una normativa municipal para exonerar de las restricciones de circulación a los vehículos eléctricos.
Se entiende con funcionarios municipales como si él fuera una autoridad.
Se infiere que hay cifras de dinero recibidas como resultado de gestiones en favor de terceros.
Sebastián Yunda conseguía auspicios para eventos de su interés particular, que lograba realizar, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Ayer el alcalde reaccionó a las denuncias de la prensa sobre la participación de su hijo en decisiones del Municipio. “Yo no voy a poner las manos al fuego por absolutamente nadie. Ni por familiares ni amigos, compadres o funcionarios. Yo respondo por mis actos. El momento en que a mi se me encuentre algo, responderé por mis actos. Espero que se defiendan y se aclare esta situación”, dijo Yunda en declaraciones a Ecuavisa.
Buscamos la versión de Sebastián, pero no contestó a nuestros mensajes a su celular.
La influencia del todopoderoso hijo del Alcalde al parecer empezó tiempo atrás. Antes de que su padre se posesionara, ya se reunía con representantes de empresas chinas.
En noviembre de 2019, menciona que “Ya pagaron cámaras. Me dice Cesario cuándo tenemos eso”, en posible alusión a otro miembro de la familia Yunda, que tiene intereses con una empresa del ramo seguridad. En respuesta, su interlocutor (identificado como Dalong, un posible lobbista en el exterior) le menciona que “estoy enviando una factura a China y después nos hace transferencia… una semana más o menos”.
Hoy se cumplen tres años desde que Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron secuestrados en el poblado fronterizo de Mataje, por disidentes del Frente Oliver Sinisterra, entonces liberado por ´Guacho´. Sus familiares denuncian impunidad en el caso por la supuesta inacción de la Fiscalía, que mantiene la investigación en etapa reservada sin dar paso al inicio de un juicio formal. El gobierno se ha negado a entregar la información de las reuniones del Consepe, en que se conocieron pormenores de las negociaciones fallidas para liberarlos.
Redacción Código Vidrio
Una cadena interminable de errores y acciones cruentas, insospechadas, arrastró irremediablemente a un callejón sin salida a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico de El Comercio. Hace exactamente tres años ellos fueron secuestrados en el caserío de Mataje, en Esmeraldas.
Estos los principales eslabones.
El mayor de la policía Alejandro Zaldumbide intercambiaba mensajes de WhatsApp con delincuentes del frente Oliver Sinisterra, liderados por Walter Patricio Arízala, alias Guacho, desde inicios de enero de 2018. El oficial, que estaba asignado a San Lorenzo, conocía de la gravedad de las amenazas que hacían integrantes del grupo armado colombiano contra civiles y uniformados, tras los golpes sistemáticos que la Policía y Fuerzas Armadas ecuatorianas daban a la organización desde octubre de 2018.
La información la conoció en primera instancia la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la policía y luego la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). El Mando Único, que estaba al frente de la seguridad y de la crisis en Esmeraldas, nunca recibió esa información. El 27 de enero, un coche bomba estalló en el cuartel policial de San Lorenzo, dando inicio a la guerra que Guacho le venía anunciando al mayor Zaldumbide.
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Los días siguientes al atentado con un coche bomba detonado por disidentes del FOS al cuartel policial de San Lorenzo, a la zona acudieron decenas de periodistas para cubrir las secuelas del atentado y otros ataques de los disidentes de las FARC en Esmeraldas. A fines de marzo uno de los equipos enviados por Diario El Comercio estaba integrado por Javier Ortega, Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, que el 26 de marzo llegaron al poblado fronterizo de Mataje para una cobertura sobre el estallido de una bomba casera, que días antes había ocasionado la muerte de cuatro infantes de Marina.
Los enviados de El Comercio no buscaban pasar a Colombia. Ni entrevistar al líder de los disidentes, Guacho, que siempre fue la tesis oficial. Desde enero, periodistas de varios medios viajaban a los poblados fronterizos esmerladeños, sin tener información clara de las autoridades sobre el peligro por la presencia de los disidentes y sus cientos de colaboradores. En el puesto de control militar, a dos kilómetros de Mataje, hubo decisiones contradictorias: se dejó pasar a contados reporteros, mientras a otros se les negó el paso al poblado, que era controlado por el FOS. El 26 de marzo se autorizó el ingreso del equipo de El Comercio, que minutos después fue secuestrado por milicianos del Guacho.
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Tres ecuatorianos raptaron al equipo de prensa en Mataje, luego los llevaron con amenazas a Colombia y los entregaron a Guacho.
Dos días después, un aparato de espionaje electrónico captó desde el aire imágenes en blanco y negro. Son huellas calóricas que muestran las siluetas de tres personas sentadas, en medio de la selva, en espera. El artefacto sobrevolaba cubriendo un radio de dos kilómetros a la redonda, tomando como referencia Mataje Nuevo, Mataje Viejo y Las Delicias, en el límite fronterizo. También detectó la presencia de individuos en lo que parece ser un anillo de vigilancia. Lo más probable es que los hombres sentados eran Javier, Paúl y Efraín. Dieciocho horas más tarde, se conocería la noticia de que los rehenes iban a ser liberados. Según confirmó el entonces ministro del Interior, César Navas, el Gobierno conoció que los iban a soltar y organizó un operativo para recibirlos en Ecuador. Pero cuando los iban a liberar empezaron operaciones militares y policiales en la frontera, que impidieron la liberación, pese a que ambos gobiernos se habían comprometido a no realizar acciones que arriesgaran sus vidas.
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Las siguientes tres semanas, luego de ser secuestrados, los tres rehenes vivieron un calvario. Las condiciones del cautiverio fuoeron extremadamente duras. Paúl, Javier y Efraín debieron desplazarse constantemente a ritmos forzados y extenuantes en un territorio desconocido, la inclemente selva fronteriza colombiana. Sus captores los cambiaban constantemente de lugar, para evitar la cacecría de las fuerzas colombianas que los buscaban como fieras a sus presas.
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Durante el secuestro, miembros de unidades élite de la policía de Colombia ingresaron por Carchi hacia Esmeraldas, con el apoyo de uniformados ecuatorianos, para realizar barridos desde el límite fronterizo. Buscaban internarse en su territorio para capturar a Guacho. Las operaciones se realizaron entre marzo y abril de 2018. La Fuerza Hércules de Colombia confirmó que realizó dos incursiones militares en el sector. El Gobierno negó cualquier operación conjunta desde suelo ecuatoriano.
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El cautiverio de Javier, Paúl y Efraín tuvo un epílogo trágico. El desenlace habría ocurrido el sábado 7 de abril, en medio de una noche lluviosa. Los cuerpos de los tres fueron encontrados a fines de junio en unas fosas rodeadas de explosivos. Los informes de las autopsias dejaron sin piso la tesis de la Fiscalía colombiana de que fueron ejecutados. Por el contrario establecen que los rehenes murieron tras recibir varios disparos, mientras estaban en movimiento. No se descarta que murieron bajo fuego cruzado, en medio de operaciones armadas de las fuerzas colombianas. Al parecer los narcoguerrilleros les aplicaron la ley de fuga, para impedir que fueran rescatados con vida.
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El 12 de abril, al confirmarse la muerte del equipo de El Comercio, el presidente Lenin Moreno, le declaró la guerra al Guacho, tras una negociación fallida y contradictoria, marcada por las contradicciones y secretismo, para liberarlos. Moreno anunció publicamente que desclasificaría toda la información sobre el manejo del secuestro para que la conociera todo el país.
Sin embargo, La Fiscalía ecuatoriana ha pedido en siete ocasiones los informes que ofreció desclasificar el mandatario, pero su gobierno se ha negado a entregarlos. Específicamente las actas de las reuniones celebradas en el Cosepe entre marzo y abril de 2018.
La investigación fiscal sobre el secuestro y crimen del equipo de El Comercio sigue en etapa reservada y no ha pasado a una formalización del juicio. Desde hace tres años tres fiscales han estado a cargo. Actualmente está al frente Nelson Guano.
En diciembre de 2019, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derrechos Humanos CIDH, que investigó el secuestro, concluyó que los cautivos no fueron ejecutados de forma premeditada, como aseguró la Fiscalía colombiana. El ESE pidió que se integrara una comisión que investigue la realización de operaciones militares y policiales durante el secuestro, revelada en el libro Rehenes. Estableció que lasmedidas del estado ecuatoriano en la crisis de seguridad en Esmeraldas fueron insuficientes para precautelar la seguridad de la población y de los periodistas. Y recomendó que se establecieran mecanismos para determinar una reparación integral a los familiares de Javier, Paúl y Efraín. Ninguna de esas recomendaciones se ha cumplido hasta la fecha, aunque los estados y los peticionarios han enviado información de avances, especialmente Ecuador, según explicó Pedro Baca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. Esos informes y actualizaciones todavía no se han ponderado para analizar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones, pues deben ser subidas en el Sistema de Monitoreo (Simore). En esa plataforma están cargadas más de 6.000 recomendaciones realizadas por la Comisión los últimos años.
“Pese a todos los obstáculos -destaca Baca- no dudo que este caso debe ser considerado como un hito, que obliga a los estados a la protección exaustiva de los periodistas y a la obligación de que sus familiares tengan derecho a la verdad, reparación y justicia”.
Los familiares de Javier, Paúl y Efraín, representados por el colectivo Nos Faltan Tres protestaron, una vez más, frente a la “nula actuación de la Fiscalía ecuatoriana que en 3 años de investigación previa no ha logrado ni siquiera establecer una línea de tiempo y un mapa de actores que determine de forma concreta qué pasó con los comunicadores antes, durante y después de su secuestro y posterior asesinato”.
La poca prolijidad y diligencia de la investigación, que al momento ha pasado por tres fiscales, es tal que hasta la fecha no se ha realizado una reconstrucción de los hechos, destacan las familias en un comunicado. “Tampoco existen resultados del análisis de huellas dactilares obtenidas de la camioneta en la que se transportaban los periodistas por falta de reactivos, según se han justificado los responsables. El peritaje de los equipos de computación y fotografía que se encontraron dentro del vehículo tampoco ha avanzado, solo por mencionar algunos ejemplos”.
Este viernes 26, a las 10:00, los familiares, amigos y colegas del equipo periodístico relizaron un plantón por la Justicia en los exteriores del Palacio de Carondelet, para anunciar acciones futuras en el ámbito internacional.
El Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, es le foco de duros cuestionamientos desde el Gobierno. Este martes 23 de marzo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín defendió la tarea disuasiva de las Fuerzas Armadas durante el paro de octubre de 2019, y dijo que era absurda la calificación del Defensor del cometimiento de supuestos delitos de lesa humanidad. Precisamente, Carrión presentó ayer una demanda en la Fiscalía para que se investiguen las violaciones a los DD.HH. durante el paro de octubre 2019.
Redacción Código Vidrio
El gobierno choca con la Defensoría del Pueblo a la que acusa de sesgada, en medio de la campaña electoral para la Presidencia.
Ayer el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó una demanda en la Fiscalía para que se investiguen los supuestos delitos cometidos en el paro de octubre de 2019 por funcionarios del gobierno, incluido el presidente Lenin Moreno; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Jarrín convocó ayer, 23 de marzo, a la prensa para especificar la labor que cumplieron los militares. “Las Fuerzas Armadas no actuaron en lesa humanidad. No ha habido asesinatos ni torturas ni desapariciones. Es infame que digan eso. Los militares estuvieron apoyando a la Policía, en el marco del Estado de Excepción”.
El Ministro hizo referencia al decreto expedido por Moreno, luego de que se activara la protesta por el incremento en el precio de los combustibles en octubre del 2019. En el contexto de la protesta hubo, al menos, seis fallecidos, más de 200 heridos, así como la destrucción de bienes públicos como la Contraloría; la toma de pozos petroleros; gobernaciones y carreteras. Decenas de policias y militares fueron heridos, vejados, secuestrados.
Según Jarrín, para esta tarea los militares nunca usaron armas letales sino equipo antidisturbios. “No se disparó un solo tiro”, recalcó. En su intervención recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía enfrentaron una protesta sin precedentes en el país. Por ejemplo, habló del uso de máscaras antigases; de bazucas caseras; de escudos para sus lanzadores.
La violencia fue tan radical -destacó- que destruyeron tanquetas de los militares e incluso atacaron un cuartel, porque los manifestantes creían que ahí estaba el presidente Lenin Moreno. “Todo eso configura un plan de ataque militar, que incluía una logística, y dirigencia con una planificación sistemática”, con apoyo de centros logísticos.
El Ministerio de Gobierno también respondió al informe de la Defensoría, presentado la semana pasada. En un comunicado ratificó que no hubo violaciones a los derechos humanos. “Los acontecimientos de octubre se dieron un contexto de extrema violencia en la que la Policía actuó para mantener el orden y el imperio de la Ley”.
El informe de la Defensoría -según el Gobierno- no confirmó el uso de armas de dotación policial en la muerte de los manifestantes. “No existen elementos, indicios ni pruebas que permitan sugerir que se hayan registrado situaciones bajo los parámetros internacionales de Derechos Humanos, que pudieran calificarse como crímenes de lesa humanidad”.
Para las autoridades de Gobierno y Defensa el informe de la Defensoría es parcializado. Por ejemplo, lo cuestionan por no incluir a los policías heridos y que representan un tercio de los afectados. Además, revelaron que dos miembros de la Comisión Investigadora dejaron el trabajo porque no estuvieron de acuerdo con la redacción del informe.
Las denuncias de la Defensoría
Sin embargo, para la Defensoría hay serios indicios que desde la autoridad política, militar y policial se actuó sistemáticamente para atentar contra los derechos de miles de ecuatorianos que salieron a las calles a quejarse por la subida de los combustibles. Por eso, Carrión pidió a la Fiscalía que los investigue penalmente, y que impida la salida del país de Moreno y otros denunciados.
La Comisión identificó seis presuntas ejecuciones extrajudiciales y más de 200 violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Lo hicieron con base en testimonios y pruebas documentales.
El “Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia”.
En ese sentido, recalca que “la muerte de una persona puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida”.
Según la Defensoría, las personas que murieron directamente por acciones de la Fuerza Pública fueron Marco Oto, José Chaluisa, Édison Mosquera, GA (un menor de edad), Segundo Tucumbi y Édgar Álvarez. Además, menciona en acciones relacionadas con la protesta de octubre perdieron la vida Ángel Chilpe, Francisco Quiñónez, Silvia Mera; Mónica Castro; un menor identificado como KF y Abelardo Caisaguano.
La Comisión también establece que “el discurso de autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad, poniendo énfasis en ciertos actores violentos”.
Se detectaron 123 supuestas violaciones al derecho a la integridad persona; 38 al derecho a la libertad personal; 22 atentados contra el derecho a la vida; 3 de violencia sexual, y 20 personas que sufrieron lesiones oculares.
