La bióloga ecuatoriana Paulina Mendoza vive en un kibutz al norte de Israel, cerca a Haifa. Está casada con un informático israelita y tiene tres hijos. En este podcast nos cuenta cómo se vive en su comunidad y el resto del país el conflicto con Palestina, la zozobra y las graves consecuencias humanitarias, políticas y económicas para los pueblos de los dos países.
En Ecuador se desechan alrededor de 54 millones de litros de aceites usados al año, según la compañía quiteña dedicada a la recolección de aceite Arc y Pieper. El 70 % proviene del uso doméstico. Un litro de aceite de cocina contamina hasta 1.000 litros de agua. En diciembre del 2019, el Municipio de Ambato recolectó 100 litros de aceite vegetal usado de las ferias de platos típicos navideños para reciclarlo. María Helena Olmedo y Panka Inventions ofrecen alternativas para emplear estos desechos en Quito. Escucha este podcast producido por Koryna Herrera, estudiante de periodismo de la USFQ.
Petroecuador impulsa una demanda por supestos delitos, incluida la adulteración de documentos públicos, dentro del proceso de emergencia que adjudicó la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina. En enero, ese acuerdo fue anulado por el gerente Gonzalo Maldonado, quien extendió la contratación con Seguros Sucre por cuatro meses.
Redacción Código Vidrio
Una serie de irregularidades, incluidos supuestos delitos de adulteración documental, investiga la Fiscalía, sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades de Petroecuador, por la contratación de seguros con las empresas Hispana y Latina.
La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, el 26 de enero pasado en la Fiscalía general, en calidad de procurador del gerente de la petrolera, Gonzalo Maldonado.
Los hechos investigados giran en torno a la adjudicación del contrato de una póliza de cobertura de riesgos, por 53,4 millones de dólares, a Hispana y Latina, en diciembre pasado, a través de un proceso de emergencia.
Tras un proceso que arrancó en julio del 2020, Petroecuador se declaró en emergencia y contrató a ambas firmas aseguradoras, dejando a un lado a la estatal Seguros Sucre, que desde el 2014 era la encargada de las coberturas.
Pero el 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil. Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.
La decisión del Gerente fue impugnada por abogados de las aseguradoras ante un juez que falló inicialmente a su favor, otorgándoles medidas cautelares que suspendieron la declaratoria de nulidad. El pronunciamiento fue apelado por Petroecuador, que logró que la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Guayas levantara la medida cautelar y extendiera el plazo de vigencia de la contratación de los seguros con Sucre, por 90 días, según fuentes de Petroecuador consultadas por este medio.
Maldonado extinguió el contrato con base en un informe jurídico, entregado el 15 de enero pasado por el procurador de la empresa, Jaime Alarcón, quien le recomendó que anulara la declaratoria de emergencia PGG 2020267. En las primeras semanas de ese mes, tanto la Contraloría como el Sercop y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, enviaron sendos informes y alertas sobre las supuestas irregularidades e incumplimientos legales en la contratación.
El informe jurídico de Petroecuador fue contrastado con un reporte preliminar de la Contraloría. Estableció, entre otras cosas, inconsistencias, especialmente en los certificados de respaldo de reaseguros (otorgados por empresas internacionales). Algunos de ellos se refieren a un proceso de licitación distinto, no al de Emergencia. Además, esos documentos tienen fechas que no concuerdan con los que fueron incluidos en el proceso emergente.
Según el procurador de Petroecuador, tampoco se ha podido verificar en el contrato la existencia de la comunicación a la que se refiere el oficio No. SERCOP-DSP-2020-6544-OF, de 8 de diciembre de 2020, de la Directora de Supervisión de Procedimientos del Sercop. Este documento se refiere a la intermediaria de reaseguros Afl Insurane Broker, lo cual también fue alertado en la comunicación de hallazgos del examen preliminar de la Contraloría.
El 15 de enero, pocos días después de asumir el cargo de gerente, Gonzalo Maldonado anuló la declaratoria de la emergencia y la contratación con Hispana y Latina. Luego fue llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (foto), donde explicó el proceso.
En el informe jurídico se alertó, además, que no se cumplió con las disposiciones para emitir el estado de Emergencia en la petrolera, que marcó el inicio del convenio con las aseguradoras privadas. Es decir que no se cumplían las condiciones para este tipo de contratación, y que no ameritaba una emergencia.
Los representantes de las aseguradoras privadas han insistido en que la adjudicación cumplió todos los parámetros legales exigidos por Petroecuador en la emergencia y que la nulidad fue completamente arbitraria, por lo cual la impugnaron en los tribunales.
Código Vidrio accedió al informe jurídico de la petrolera, casí como al de Contraloría. En este último reporte se especifica que Hispana debía entregar a Petroecuador las confirmaciones de reaseguro y notas de cobertura originales y apostillados que demuestren la colocación del cien por ciento (100%) del reaseguro. Pero eso no ocurrió. “Hasta la fecha de esta comunicación de resultados no se tiene evidencia de su cumplimiento”, indica el reporte preliminar.
La certeza documental de que se cuenta con el reaseguro -de una empresa internacional de reaseguros domiciliada, en este caso, en Inglaterra- es vital para cubirir el pago de siniestros. La empresa aseguradora local no está en la capacidad económica para hacerlo.
En la revisión de los documentos previos a la firma del contrato, los auditores establecieron que “únicamente se presentaron copias simples -no los originales como señala el contrato- suscritas por los reaseguradores, que en conjunto alcanzaron el 83,5% del riesgo cedido (500 millones de dólares por evento), incumpliendo lo establecido en las condiciones técnicas de la contratación”.
Posible falsificación en respaldos de reaseguros
Estos y otros elementos, según el análisis legal, no solo ameritaban declarar la nulidad, sino la investigación de de una supuesta falsificación y adulteración de documentos públicos.
El 26 de enero pasado, Maldonado pidió que se formalice una demanda penal en la Fiscalía que hoy está en trámite. La denuncia fue presentada por Hugo Tapia, abogado de Petroecuador.
En esa denuncia se indica que en los archivos de Petroecuador no se encontró la documentación original y de soporte del acuerdo. Que los certificados del supuesto reaseguro, emitidos el 14 de diciembre del 2020, eran distintos a los originales presentados el 30 y 31 de diciembre del año pasado y solo estaban en español. Son distintos a los originales -en inglés- apostillados con fechas 30 y 31 de diciembre. Incluso tenían las firmas de otras personas. La rúbrica del certificado no corresponde al original de Mark Stuart Ritson: el documento está suscrito por Toby Esser.
14 certificados de resplados de los reaseguros de firmas internacionales se expidieron antes y después del 14 de diciembre, cuando se registraron los documentos apostillados oficialmente, destaca la denuncia.
Pese a las irregularidades, que evidenciarían incluso el cometimiento de posibles delitos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea investigó el caso, por pedido de la asambleísta saliente del PSC, Mercedes Serrano. Según la legisladora, el acuerdo firmado con Sucre habría atentado contra las normas de la contratación pública, en perjuicio de Hispana y Latina. Sucre ha sido un contratista privilegiado, en perjuicio de otras empresas privadas en Petroecuador, según Serrano.
Una de ellas es que supuestamente Sucre aceptó pagar la póliza de un siniestro, cuando su acuerdo no estaba ni siquiera firmado. Adicionalmente, que se extendió un nuevo contrato con la aseguradora a pesar que debe a Petroecuador 33 millones de dólares, lo cual impediría cualquier adjudicación a su favor. Esto, no obstante, es desmentido por las autoridades de la estatal, quienes aseguran que la deuda de Sucre aún debe ser definida por un peritaje y orden judicial. Es decir que legalmente la empresa no es deudora.
Mientras corre el plazo de 90 días que la Sala Civil de Guayas otorgó para extender la contratación con Sucre, Petroecuador deberá iniciar un nuevo proceso para adjudicar los seguros, lo cual recaerá en funcionarios del nuevo gobierno.
A pocas horas de finalizar su gestión, la Comisión de Fiscalización del Legislativo calificó este miércoles 12 de mayo la solicitud del juicio político en contra del ministro de Energía, René Ortiz, por las supuestas irregularidades en la contratación de seguros en Petroecuador. La decisión es inviable, pues los asambleístas terminan este jueves su labor, y el ministro Ortiz dejará el cargo hasta el 24 de mayo próximo.
La pandemia ha arrojado numerosas consecuencias a nivel sanitario, especialmente entre las personas que se contagiaron con el Covid-19. Quienes han padecido la enfermedad podrían catalogarse como recuperados; sin embargo, sufren secuelas. Una de las principales es el insomnio. Luis Villacís, estudiante de periodismo de la USFQ, nos cuenta cuáles son algunos efectos de este virus y cómo tratarlos.
Las empresas Andeantrade y Megasupply que ganaron concursos, por separado, para vender cámaras de reconocimiento facial al Municipio de Quito, están estrechamente relacionadas. Al menos tres de sus accionistas y directivos han ocupado cargos simultáneamente en ambas compañías, que están domiciliadas en la misma dirección, al norte de Quito.Sebastián Yunda, hijo del alcalde, mencionó en sus chats que tuvo una reunión con un ejecutivo en Andeantrade.
Redacción Código Vidrio
Andeantrade es mencionada en los chats que Sebastián Yunda, hijo del alcalde, intercambió con su tío César Yunda, funcionarios municipales y dos empresarios chinos, que cabildeaban para que las cámaras fueran de la marca Hikvision. Eso se cumplió al pie de la letra. En los dos procesos contractuales los funcionarios municipales pidieron a las empresas que los equipos correspondieran a esa marca china, aduciendo que la anterior administración ya había adquirido esos equipos.
El primer proceso de compra de 78 cámaras de reconocimiento facial empezó en agosto de 2019 y concluyó el 13 de septiembre, con la adjudicación a la firma Andeantrade, mediante una puja de subasta inversa, en el portal de compras públicas. Este contrato, por 602 mil dólares se firmó el 4 de octubre entre el gerente de Emseguridad, Adrián Haro, y Mónica de Lourdes Díaz Tuguminago, representante legal de Andeantrade.
El pago del anticipo (60% del contrato) se concretó el 23 octubre: el valor fue 343.785 dólares. Días después, el hijo del Alcalde le escribió a quien identifica como “Dalong”, vía WhatsApp: “ya pagaron cámaras papá”. Y le insinúa que su tío César ya está averiguando el pago.
-“Estoy enviando factura a China y después nos hace transferencia, una semana más o menos”, le respondió “Dalong”, a mediados de noviembre.
¿Quién es Dalong? Se trata del empresario chino radicado en Ecuador Yilong Wang, directivo de la Cámara Ecuatoriana China. El primer registro de las conversaciones de Yunda con él se remonta al 28 de marzo de 2019, cuatro días después de que Yunda ganara las elecciones.
Contactamos a Wang a su celular y le enviamos un correo a la Cámara pidiendo su versión, pero no respondió. Tampoco contestó nuestras llamadas el hijo del Alcalde, quien abandonó el país en marzo pasado.
En el primer contrato con Andeantrade, Emseguridad fijó la entrega de las cámaras para fines de diciembre. Por esos días la empresa recibió el último desembolso de USD 229 mil y posteriormente 30 mil más por el mantenimiento de los equipos.
Con la llegada del año nuevo, Sebastián intensificó las conversaciones con su tío y los empresarios chinos. Hablaban, entre otros temas, sobre el pago de comisiones y reuniones con proveedores de equipos tecnológicos.
– “Ñaño, podemos vernos tipo 11. Estoy demorado un poco”, le escribió el hijo del Alcalde a su tío César.
-“Claro, mijo. A las 11 en punto, que a las 12 tenemos reunión con Elison, en Andeantrade”, le respondió César Yunda a su sobrino.
Desde la posesión del Alcalde, en mayo de 2019, el guagua Yunda accedió a información privilegiada sobre los planes de adquisiciones en el Municipio, y las decisiones que se tomaban. Veía el negocio de cámaras y otros equipos tecnológicos como la gallina de los huevos de oro.
Eso se desprende de los miles de mensajes encontrados en los siete celulares incautados en el allanamiento de la Fiscalía a la casa del Alcalde Yunda. La diligencia se efectuó como parte del proceso penal que enfrenta por un supuesto peculado en la compra de pruebas Covid-19. En este caso, Yunda acaba de ser llamado a juicio, junto con 13 implicados más. Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación previa contra su hijo, por su participación en varias contrataciones del Municipio. Investiga un presunto delito de delincuencia organizada.
El monitoreo de las cámaras que compró el Municipio se realiza desde el cuartel de agentes metropolitanos. Los equipos de reconocimiento facial no están operativos. Foto archivo
Desde el primer día de la actual administración municipal, las acciones de los Yunda iban de la mano, casi sincronizadas. Mientras el Alcalde trazaba la ruta de su plan de seguridad para Quito, con énfasis en la compra de cámaras de reconocimiento facial, Sebastián cabildeaba con proveedores y empresarios.
El eje de las compras es el proyecto Ojos de Dios, que en la actual administración se plasmó en tres contratos por más de 2 millones de dólares. Además, por el mantenimiento de los equipos adquiridos el Municipio paga un millón de dólares anuales. Cada cámara de reconocimiento facial costó 2.500 dólares, aunque la identificación no funciona por falta de una base de datos. Esos equipos cumplen la misma función de cualquier cámara de vigilancia, valoradas en 800 dólares.
Al referirse a la participación de su hijo en los contratos del Cabildo, el alcalde dijo: “Sobre los últimos acontecimientos en los que se ha pretendido involucrar a mi hijo en actos de corrupción, debo recordar a la ciudadanía que, constitucionalmente, todas las personas tenemos derecho a la presunción de inocencia”. Además aseguró “haber tomado decisiones firmes» sacando de sus cargos a los funcionarios que «desobedecieron mi instrucción de que ningún familiar mío pueda hablar a mi nombre, ni contestar llamadas o mensajes”.
‘Empresas hermanas’
¿Qué rol jugaron Andeantrade y Megasupply en este entramado? Mónica Díaz Tuguminago, quien firmó el primer contrato como representante legal de Andeantrade (fue vicepresidenta ejecutiva 2019-2020) también fue una de las directivas de Megasupply. Entre 2017 y 2018, gerenció esta compañía y consta entre su plana de accionistas hasta el agosto de 2019, según los registros de la Superintendencia de Compañías revisados por Código Vidrio.
De hecho, en marzo de 2018 ella fue postulada por Megasupply para integrar el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Municipio de Quito, en representación del sector productivo. Ganó el concurso y fue designada en abril consejera principal, junto a ocho integrantes más, por un período de dos años.
Mónica Díaz ha ocupado cargos directivos en las fraternas Megasupply y Andeantrade. Fue integrante del Consejo Consultivo del Municipio, desde 2018. También han tenido puestos gerenciales en ambas empresas Kléver Godoy, que firmó, como representante legal del Consorcio de Reconocimiento Facial, el contrato por 1,1 millones con Emseguridad. Otro ejecutivo que ha operado en las dos firmas es Oscar Trujillo, dueño de Andeantrade.
Para postular para el puesto de consejera, por el cual no percibió un salario, Díaz declaró que no tenía intereses directos en procesos contractuales municipales, y que no representaba a empresas que pudieran tener conflictos de interés con el objeto del Consejo. Este organismo es la instancia de apoyo, consulta y asesoramiento de la administración municipal en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Gobierno Abierto.
Pedimos desde hace dos semanas la versión de Díaz, pero no respondió a nuestra solicitud.
Todo en familia
El 15 de mayo de 2020, Megasupply ganó el segundo contrato de Emseguridad para la provisión de 49 cámaras de reconocimiento facial y 76 fijas, por 1,1 millón de dólares. Obtuvo la contratación como parte del Consorcio Reconocimiento Facial Quito, junto a la compañía Fulltec, domiciliada en Ambato. El proceso contractual arrancó a fines de noviembre de 2019.
Adrián Haro, gerente de Emseguridad, firmó el acuerdo con Kléver Godoy Cevallos, procurador del Consorcio ganador, accionista y gerente de Megasupply. El 26 de agosto de 2019 Monica Díaz le cedió a Godoy 200 acciones en esa firma.
Al igual que Díaz, Godoy no solo ha sido parte de Megasupply. También fue directivo de Andeantrade. Entre 2017 y 2020 fue gerente de procesos en esa compañía, según indica en su perfil de Linkedin. Es decir que habría estado al frente de ambas firmas durante los procesos de contratación con Emseguridad.
Contactamos a Godoy a su celular y nos respondió que prefería no pronunciarse.
Andeantrade y Megasupply están domiciliadas en la misma dirección, en el centro norte de Quito: Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, cerca del colegio San Gabriel.
Las dos compañías funcionan en el mismo edificio de cuatro pisos, de color crema con franjas azules. Acudimos al lugar. Constatamos que actualmente en el inmueble no hay ningún letrero que advierta la existencia de ninguna de esas firmas. Sin embargo, en los registros de internet de Andeantrade, su nombre aparece en uno de los ventanales del segundo piso de ese edificio.
El accionista principal y dueño de Andeantrade es Óscar Trujillo, quien desde 2019 ejerce el cargo de Presidente. Hasta junio de 2018 también fue accionista de Megasupply, según reportes de la Superintendencia de Compañías.
Andeantrade y Megasupply están domiciliadas en la misma dirección, en el centro norte de Quito: Vasco de Contreras N34-180 y Lallement, cerca del colegio San Gabriel. El rótulo que identificaba a la operación de Andeantrade fue retirado.
La relación y conexiones de los accionistas de ambas firmas es investigada por el concejal y vicealcalde, Santiago Guarderas. En la última reunión de la Comisión de Seguridad le pidió al gerente de Emseguridad un informe de esos nexos y la composición accionarial de las firmas. Y le exigió a Haro un explicación sobre la entrega de los contratos a dos firmas relacionadas. “Debemos recordar -respondió Haro- que cada proceso es autónomo e independiente, realizado en diferentes ejercicios económicos; en este caso, las verificaciones que deben realizarse, se cumplieron en cada uno de los procesos. El hecho de que una empresa ganadora de un proceso (Fase 1), tenga la misma dirección de otra empresa que se consorció para participar en otro proceso (Fase 2), no es impedimento para participar. En este caso, cuando existen coincidencias de accionistas, administradores o dirección domiciliaria, en el mismo proceso, el Sercop, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE) se encarga de suspender o descalificar a los oferentes que tienen vinculación”.
Andeantrade es reincidente en cometer ilegalidades en otros procesos contractuales. Fue sancionada dos veces, desde el 2019, por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El 27 de noviembre de 2019, dos meses después de ganar el contrato con Emseguridad, fue señalada por el Sercop por realizar una declaración errada dentro de un proceso de contratación, inclusive respecto a su calidad de productor nacional.
En este caso se le suspendió por 60 días el Registro Único de Proveedores (RUP), con lo cual no pudo participar en ningún proceso de compras públicas en este período.
Seis meses después de cumplir esa sanción, la compañía volvió a ser observada por entregar información falsa, adulterando un certificado presentado dentro de un proceso de compras públicas en la Empresa Municipal de Tránsito de Guayaquil. Por ser reincidente, a Andeantrade le suspendieron nuevamente el RUP por seis meses.
Este miércoles 5 de mayo estaba previsto que el directorio de Emseguridad se reúna para nombrar al nuevo gerente de Emseguridad, en reemplazo de Haro, quien es cuestionado por las contrataciones. El funcionario se elegirá de una terna presentada por el alcalde Yunda. El más opcionado es Freddy Yandún, afín al correísmo.
La fase 1 del Proyecto Se4Amazonian, financiado por el Banco Mundial, desarrolló planes de electrificación con energías renovables, como los paneles solares, para la región amazónica. Trabajaron con comunidades ubicadas en las provincias de Pastaza, Morona Santiago, Orellana, Napo y Sucumbíos. La fase 2 buscará la implementación en más hogares. Marines de La Torre, estudiante de periodismo de la USFQ, narra los pormenores del proyecto y sus desafíos.
Las influencias llegaron hasta otros municipios y prefecturas, donde Sebastián Yunda cobraba 5 mil dólares por presentación. Los miembros de su grupo musical 4 AM también tuvieron acceso privilegiado a las pruebas Covid-19 del Municipio. Esta cuestionada adquisición dio origen a la investigación penal en curso.
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Era un hombre orquesta. Recursos e influencias del Municipio de Quito se usaron para organizar las presentaciones artísticas de Sebastián Yunda Yunda, hijo del alcalde Jorge Yunda Machado.
Eso se desprende del análisis de cientos de chats, del teléfono Iphone azul, incautado durante el allanamiento ordenado por Fiscalía, el pasado 17 de marzo a la casa en Capelo, suroriente de Quito.
El proceso penal por presunto peculado se encuentra en fase de instrucción, en espera de la audiencia preparatoria de juicio, prevista para el 26 de abril.
El alcalde Jorge Yunda cuestionó la difusión de los chats, poniendo en duda su autenticidad. También advirtió que había separado a todos los funcionarios que incumplieron la disposición clara de ignorar cualquier requerimiento de sus familiares o allegados.
Sin embargo, el intercambio de mensajes incorporado al proceso judicial revela una familiaridad y condescendencia singular entre la directiva de la Alcaldía, a cargo de relaciones públicas y protocolo, y el hijo del Alcalde.
La funcionaria le comparte religiosamente la agenda de actividades diarias de su padre. Así, él se entera de un viaje a Nueva York, invitado por una fundación de personas con discapacidad auditiva.
-“¿No querrán llevarnos a nosotros 4AM a presentarnos, y vienes tú como manager. Sería bueno y me quedo haciendo una semana de shows allá”.
Ella se encarga de conseguir las invitaciones para los miembros de la banda, aprovechando la relación establecida con el Cabildo. De gestionar las visas. Y de comprar los pasajes, para lo cual -luego le menciona en tono de reclamo- ha salido en contra y puesto de su bolsillo. Hace todos los trámites para que tengan un tratamiento preferencial en el Registro Civil, donde obtienen los pasaportes.
Al inicio de las gestiones, Yunda hijo le cuenta que el cantante no tiene visa, la funcionaria le tranquiliza:
-“Soy la mejor para eso”.
Al fin de cuentas, a fines de julio de 2019 viaja inclusive el alcalde Yunda a Nueva York: se decide a última hora.
Meses después, ´Sebas´ le alerta que esté pendiente de auspicios para el evento Reina de Quito. Le confiesa que está por cumplir años y quiere que su fiesta coincida con el lanzamiento de un nuevo sencillo. Le pide ayuda para auspicios. Ella le aconseja que se apalanque en la influencia de sus managers.
El texto de las conversaciones muestra una funcionaria deseosa por cumplir las expectativas del hijo de su jefe, en horas de oficina, con contactos a nivel de empresarios, exdiplomáticos y otras autoridades municipales. Fuentes del Municipio dijeron que el Alcalde estuvo al tanto.
Pedimos la versión de Yunda hijo, pero no respondió a los mensajes a su celular. Abandonó el país el 21 de marzo pasado.
La funcionaria municipal incluso gestionaba auspicios de firmas comerciales para las presentaciones artísticas. Pero fue más allá. Levantó una base de datos con todas las fiestas de municipios y provincias, en espera de concretar contrataciones para el grupo 4AM, en el cual Sebastián Yunda es guitarrista.
-“Igual de todos los shows que saquemos, te doy una comisión, amiguita. Los municipios nos contratan en 5 mil dólares cada show. Ahí comisionas”.
-“Mmm suena bien. Hay que tratar de sacar full contratos”.
-“Ayúdame a conseguir los números (de los alcaldes), que yo me encargo del resto… Con algunas Alcaldías tenemos amistad, ahí vamos gestionando. También con prefecturas, tenemos contactos”.
Manager de ´Sebas´ y secretario de Cultura
También se refiere el apoyo de su amigo y manager Diego Jara. Desde el 15 de mayo de 2019, al día siguiente del inicio del mandato de Yunda, Jara actuaba como Secretario de Cultura, con sueldo mensual del 3.700 dólares. Tenía facultad de contratar eventos, como el festival de música Ocupa, al que asignó un contrato de 15 mil dólares.
Jara fue uno de los funcionarios que renunció tras hacerse público el contenido de parte de los chats, los últimos días. Uno de los mensajes muestra que Jara le recomendó a ´Sebas´ tener cautela al reunirse con representantes de una empresa cuestionada por tráfico de influencias para contratos de obras.
El hijo del Alcalde, en respuesta, menciona que ya recibió 5K de esa entidad privada y que están en juego 30K adicionales en apoyos. Él secretario de Cultura le insiste en el riesgo de concretar la reunión.
Durante la crisis sanitaria, los integrantes del grupo musical al que pertenece el hijo de Yunda también accedieron en forma privilegiada a las cuestionadas pruebas Covid-19 que compró el Municipio. Este contrato, por 4,2 millones de dólares, originó la investigación fiscal que está en curso.
Para ello, Sebastián Yunda se valió de contactos con al menos tres funcionarios de la Secretaría de Salud, a quienes pasó los nombres y números de cédula de los solicitantes de pruebas. De todos ellos recibió los resultados por vía WhatsApp.
Hasta este fin de semana 515.000 personas se han vacunado contra el Covid-19 en Ecuador. Desde el 20 de mayo empezará la vacunación de mayores de 18 años, según plan del Ministerio de Salud. No obstante, la desconfianza y el escepticismo frente a este proceso cala entre algunos segmentos, que reciben información confusa en redes sociales. En este podcast, producido por Daniela Saltos, estudiante de periodismo de la USFQ, desmontamos algunas falacias.
El autocultivo, específicamente de plantas nativas, promueve el consumo responsable local y amigable con el ambiente. Además del eje ecológico, también hay una fuerte identidad cultural ligada al conocimiento y promoción de estas plantas por lo que conocer sobre ellas es aprender de nosotros mismos. Alejandra Larrea, estudiante de periodismo de la USFQ, nos cuenta la importancia de esta actividad, que hoy cuenta con más cultores.
El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, está en el ojo de la tormenta por la atropellada adjudicación de pólizas a la aseguradora estatal Sucre, en perjuicio de dos empresas privadas. La Comisión de Fiscalización acaba e concluir que hubo irregularidades en ese proceso que favoreció ilegalmente a Seguros Sucre y perjudicó a Latina e Hispana.
Redacción Código Vidrio
La entrega de la póliza de cobertura de riesgos por 53,4 millones de dólares a Seguros Sucre se concretó en enero pasado. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, anuló el proceso de adjudicación, que el 4 de diciembre del 2020 habían ganado las empresas privadas Hispana y Latina.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea acaba de expedir un informe sobre ese proceso. Determina “claras irregularidades” que evidenciarían que desde Petroecuador y otras instituciones públicas se benefició “ilegal y dolosamente” a Seguros Sucre.
El organismo envió a fines de marzo pasado su informe a la Fiscalía y otras entidades de control para que investiguen el posible cometimiento de delitos.
Uno de los hechos que más llama la antención de Fiscalización es el desacato del gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, a los fallos judiciales dictados en enero pasado, a favor de Hispana y Latina, que dejan sin efecto las resoluciones de anulación del contrato emitidas el 15 y 20 de enero.
“La empresa pública, con mala fe y negligencia, únicamente remitió un oficio conteniendo ejemplares de las dos resoluciones que no habían sido notificadas a Hispana de Seguros, pero no dio fe del cumplimiento de los procesos administrativos contenidos en tales resoluciones, ni dispuso mantener los seguros con las empresas que habían sido previamente adjudicadas”, indica el informe.
Por esta razón, el 22 de febrero pasado un juez negó, en una sentencia, la petición de revocatoria interpuesta por Petroecuador de la medida cautelar constitucional, a favor de Hispana y Latina, en el proceso 09284-2021-00118.
“Resulta claro para esta Comisión que existió la orden judicial de dejar sin efecto las resoluciones que quitaban el contrato a Hispana y Latina. No obstante, no se ha cumplido esa disposición. En esta misma Comisión, el Gerente de Petroecuador aseguró que la aseguradora de su representada es Sucre. Así, en su deber de demostrar cumplimiento de la orden judicial, ha mentido y engañado a la autoridad de justicia, así como también a esta comisión, por lo cual hace se presume la comisión de un delito”.
Los privilegios de Seguros Sucre
Desde el 2014, Seguros Sucre, compañía con capital público, obtuvo el contrato de Petroecuador por USD 53,4 millones y desde entonces sus autoridades le concedían ampliaciones, a dedo, sin un proceso contractual de por medio. Se hicieron 16 extensiones sucesivas del acuerdo para mantener las pólizas de seguro. En estos procedimientos no había concursos públicos abiertos.
Desde 2014, Seguros Sucre ha sido un actor predominante, privilegiado, para dar cubertura a las instituciones del sector público. Foto de archivo
En julio del 2020, Petroecuador abrió un concurso para escoger la mejor oferta entre varias empresas. El proceso, con dimes y diretes legales, se definió en diciembre del año pasado cuando la petrolera se declaró en emergencia y contrató a Hispana y Latina. Sucre quedó fuera.
No obstante, la contratación fue disuelta en menos de un mes. Fue dada de baja por Maldonado, quien acababa de asumir la gerencia de Petroecuador. Código Vidrio pidió inisitentemente una entrevista a Maldonado, pero no respondió a nuestros requerimientos.
Para Hispana hubo una violación a sus derechos e incumplimientos flagrantes de las cáusulas del contrato, por la supuesta interferencia de altos funcionarios del Gobierno, según explicó su abogado, Juan Carlos Arosemena.
Él cuestionó la arbitraria e ilegal decisión de Maldonado y la interferencia de la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez, quien el 13 de enero pasado envió a Maldonado el oficio PR-SNJRD-2011-0030-OQ.
En ese escrito se cita una comunicación del Servicio de Contratación Pública (Sercop), que alertó del proceso de emergencia para contratar las pólizas, pues a su criterio inobservó la regulación “generando una afectación directa a los principios de legalidad, publicidad y transparencia establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Contratación Pública”.
En base a esa alerta, Pesántez le pidió a Maldonado un análisis pormenorizado para hacer los correctivos pertinentes.
El 15 de enero, Maldonado decidió terminar la emergencia y la contratación de la póliza de todo riesgo y responsabilidad civil, dejando sin efecto el contrato con las aseguradoras privadas.
Luego expidió una nueva extensión del contrato con la estatal Sucre, por 120 días, por de 8,7 millones de dólares.
Pesántez niega intervención ilegal
En entrevista con este portal, Pesántez confirmó que envió ese comunicado, luego de las alertas del Sercop. Sin embargo, negó que haya actuado ilegalmente en la contratación.
“Nosotros no intervenimos en la contratación porque somos un órgano asesor, no ejecutor”, destacó Pesántez. “Participamos cuando nos llega la información de las distintas carteras de Estado a la Presidencia, donde indican que existirían procedimientos que no están claros, que hay algún problema o necesitan ser revisados”.
Silvana Vallejo, titular del Sercop, explicó en la Comisión de Fiscalización que en la declaratoria de emergencia en Petroecuador detectaron anomalías. Por ejemplo, que la contratación de los seguros no fue de 60 días, como determina la Ley, sino de 720 días. Además, no se habría cumplido con los plazos establecidos para la publicación de documentos contractuales, como la certificación presupuestaria, estudios de mercado e informes de evaluación.
Vallejo envió comunicados a la Contraloría para que realice una auditoría emergente -que aún no concluye- y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
La asambleísta del Partido Social Cristiano, Mercedes Serrano, tiene dudas de la competencia de la Secretaria Jurídica para intervenir. Sobre todo, le llama la atención que su oficio haya sido usado por el gerente Maldonado como sustento para terminar con los actos administrativos de emergencia; en especial por otorgarle una nueva ampliación a Sucre, que le debe a Petroecuador 35 millones de dólares por el pago de un siniestro.
Pesántez insistió en que podía intervenir, al igual que en otros casos cuando han procesado denuncias que llegan a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. “En esos casos solicitamos información a los ministerios requeridos, cuando detectamos anomalías”.
CRONOLOGÍA
• 2 de diciembre de 2020. Petroecuador declaró en situación de emergencia, la integridad y seguridad de sus funcionarios, bienes y operadores y dispuso la contratación de pólizas de seguros.
• 4 de diciembre. Mediante resolución PGG No. 2020270, Petroecuador adjudicó el procedimiento de contratación por emergencia a favor de Hispana de Seguros S.A. y Latina Seguros.
• 13 de enero de 2021. La Secretaría Jurídica de la Presidencia, con oficio No. PR-SNJRD-2021-0030-OQ, solicitó a Petroecuador que se tomen los correctivos que el caso amerita, alegando supuestos incumplimientos a la normativa aplicable de la contratación.
• 15 de enero. El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maoldonado, anuló todo lo actuado.
• 20 de enero de 2021. Maldonado declaró la nulidad de la resolución del 4 de diciembre que adjudicó las pólizas a las empresas privadas por 53,4 y aprobó la contratación nuevamente con Seguros Sucre, de forma retroactiva.
Maldonado fue convocado a dar explicaciones en la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Justificó la nulidad de la emergencia con base en pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría, que habrían encontrado “vacíos” en la contratación. Luego presentó una denuncia en la Fiscalía para que se indagara el cometimiento de una supuesta infracción penal en la adjudicación de las pólizas.
También reconoció la deuda que mantiene Seguros Sucre con Petroecuador, lo que violaría la Ley de Contratación Pública. Sin embargo, el asesor jurídico de la estatal, Jaime Alarcón, dijo que esa norma abarca a las empresas deudoras y morosas con el Estado y que Sucre no tenía esa condición, por lo cual estaba incluida en el catálogo del Servicio de Contratación de Obras Públicas.
El gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, anuló la contratación de Hispana y Latina de Seguros en enero pasado, siguiendo una recomendación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Luego adjudicó el contrato a Seguros Sucre. Foto de archivo.
Sucre es moroso de Petroecuador
En 2009, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera (hoy sentenciado por el caso sobornos) fue el encargado de aplicar una orden de Rafael Correa: las instituciones del Ejecutivo solo podían contratar con Seguros Sucre o Rocafuerte. Así cerró las puertas a la libre competencia con empresas privadas, y por lo tanto a mejores opciones de seguros más eficientes y económicos.
Estas dos entidades fueron incautadas por el Estado luego del feriado bancario, en el 2000. La primera pertenecía al Grupo Laniado, que mantenía el Banco del Pacífico; mientras que la segunda era de los hermanos Isaías, ex dueños de Filanbanco.
El anterior régimen justificó esta medida como una estrategia para fortalecer a estas instituciones, que languidecían en el mercado de seguros. Según el ex Mandatario, contratar con Sucre y Rocafuerte era como “pasarse el dinero del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho”.
Esta decisión se consolidó en el 2014 con la decisión de fusionar a Sucre y Rocafuerte. De esta manera, Sucre se quedó con el monopolio de las instituciones gubernamentales. Se convirtió, de un momento a otro, en el asegurador más grande del país.
Tras llegar al poder, Lenin Moreno decidió, inicialmente, cambiar la política anterior y abrir al mercado de seguros del sector público a firmas privadas. Sin embargo, esa resolución escondía un artilugio. Según la disposición del ex secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, si el concurso se declaraba desierto y existía una oferta de una empresa con más de 50 por ciento con capital público, el contrato debía serle otorgado directamente.
Así, Sucre seguía siendo el beneficiado directo, pese a la deuda que mantenía con Petroecuador.
Cristian Carpio, gerente de la aseguradora estatal, aseguró que no está en firme la deuda. Recordó que la justicia declaró la nulidad del reclamo de la petrolera por 34 millones y este momento el proceso espera un nuevo peritaje.
La legisladora Mercedes Serrano, del Partido Social Cristiiano, impulsó la fiscalización del proceso de seguros en Petroecuador. Foto tomada de la cuenta en Twitter de Serrano.
La disputa se inició porque Sucre canceló directamente a afectados por los siniestros en Petroecuador. No obstante, la petrolera no reconoció esos pagos y demandó que se le entregara el dinero completo.
Según los cálculos de Carpio, la deuda llega a los 6 millones de dólares. No obstante, admitió que mantienen pasivos por 34 millones si la justicia no les da la razón. Según un fallo judicial, Sucre adeuda esa suma por una cobertura no brindada hace más de siete años.
Un acuerdo para una póliza retroactiva
La legisladora Serrano dice que en el nuevo acuerdo entre Petroecuador y Seguros Sucre hay una decisión que debe ser analizada a profundidad. La aseguradora aceptó cubrir un siniestro ocurrido el 8 de diciembre del año pasado, pero la extensión del contrato recién se firmó el 15 de enero.
Para ella, no hay sustento legal para cubrir este siniestro que dejó pérdidas por tres millones de dólares. Le resulta extraño, sobre todo, porque el Superintendente de Compañías, Jorge Lince, declaró que no era procedente, en un escrito del 5 de febrero pasado.
En su comparecencia ante Fiscalización, el gerente de Sucre, Cristian Carpio, dijo que la ley respalda ese acuerdo. Tomó como referencia el artículo 669 del Código de Comercio que, en resumen, sostiene que las características de una póliza pueden ser acordadas entre las partes.
Para la Comisión de Fiscalización, la figura de la “vigencia retroactiva” de un contrato, especialmente de seguros, se va en contra de la naturaleza del negocio jurídico. El perfeccionamiento del contrato ocurre al momento de verificar la voluntad de las partes, por lo cual es imposible verificar cuando esta no sucedió. “No podría decirse que existió la voluntad de las partes, Petroecuador y Seguros Sucre, de suscribir un contrato de seguros en el momento en el cual se pretende iniciar la retroactividad. Así, el negocio jurídico es inexistente”.
Este criterio fue avalado el 5 de febrero por el Superintendente de Compañías, Jorge Lince. Él indicó que las empresas de seguros no tiene potestad o facultas alguna para hacer constar en las pólizas de seguro como fecha de inicio de vigencia, una fecha anterior a la que en realidad de produjo el consentimiento de las partes, conforme a las disposiciones legales antes invocadas”.
El ministro de Energía, René Ortiz, dijo que las inquietudes alrededor de este caso quedarán absueltas luego de que la Contraloría emita su informe. Para él, Petroecuador actuó con transparencia, pues pidió una auditoria del organismo de control.
Por lo pronto, la Fiscalía analiza las denuncias de Petroecuador y de la Comisión de Fiscalización y deberá definir si cabe el inicio de un proceso penal.
