• El crimen organizado descubrió la alquimia del oro para lavar sus activos en Ecuador. El mecanismo es la firma de contratos de operación y mandato, entre titulares mineros y actores privados. Así, los contratistas explotan y exportan oro y mineral, con licencias de comercialización, sin necesidad de tener concesiones mineras, en medio del descontrol del Estado, pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018.
• La empresa Techgolden, que obtuvo 52 millones de dólares por exportaciones de oro y concentrado a EE.UU. y China en 16 meses, tiene dos contratos con una firma de presuntos narcotraficantes, que le vendía el mineral.
• El contrato fue inscrito por el registrador de la Agencia de Control Minero, Roberto Castro, quien pese a tener un sueldo de 1.700 dólares mensuales, en sus cuentas bancarias posee 38 mil dólares, que no reportó a la Contraloría en su declaración de bienes. Además en el sistema financiero tiene un endeudamiento histórico por 908 mil dólares, que ha cancelado oportunamente.
• El oro sucio de la minería ilegal también sale en avionetas desde poblados del sur del país.

Por Arturo Torres y María Belén Arroyo

Red Transfronteriza Código Vidrio-OjoPúblico

Los dueños de Goldenminerals -hoy presos por narcotráfico- descubrieron la fórmula perfecta para explotar y comercializar oro libremente, sin necesidad de tener una sola concesión de pequeña minería, sacando partido de la complicidad y descontrol estatal por años.  

La puerta de entrada a esas actividades criminales fue la firma de dos contratos privados de operación y mandato con el titular de la concesión La Boya, Juan Pogo, un empresario minero que explota, compra y exporta barras de oro a Estados Unidos y mineral aurífero a China, según pudimos corroborar.

Este no es un caso aislado. Es un patrón. En Ecuador, las empresas, contratistas y subcontratistas que no tienen títulos ni áreas mineras pueden explotar y comercializar oro y mineral a través de esas modalidades contractuales. Incluso hay mineras que firman convenios de asociación y acuerdos verbales, aunque no están amparados por la ley. Este mecanismo se revela en toda su magnitud en esta investigación de nuestro equipo periodístico, que accedió a decenas de contratos, cientos de registros y reportes de las empresas mineras, informes de la Superintendencia de Compañías y expedientes judiciales. Además en entrevistas con cuatro funcionarios, incluida la ministra de Energía Inés Manzano, así como agentes antinarcóticos, oficiales de Inteligencia del Ejército y la Policía, expertos y técnicos de firmas mineras.    

Con estos convenios (contemplados en la ley de Minería), que se consideran como arreglos entre actores privados, los contratistas han evadido “legalmente” la prohibición de acceder a zonas para hacer minería, después del cierre del catastro en 2018. En la práctica, bajo este esquema, el catastro nunca se cerró para estos actores, aliados con mineros ilegales y grupos delictivos.  

Hasta abril pasado, los titulares de pequeña minería han inscrito 547 contratos de operación. Y 206 más están en trámite, según informes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los acuerdos fueron inscritos en las regionales de la Agencia, que previamente emitieron informes técnicos, legales, catastrales y económicos, avalados por los registradores mineros. Ellos son los que aprueban los acuerdos de forma discrecional; tampoco son auditados ni controlados por ninguna autoridad, por eso se los conoce en el mundo minero como los “dioses de la Arcom”. 

Los registradores tienen su propia bitácora, manual, que no coincide con el Sistema informático de Gestión Minera (donde está incluida la plataforma del catastro), ya que ahí no constan los contratos de mandato ni asociación. Los registradores no comparten toda la información actualizada de todos los contratos, en tiempo real, según varias fuentes del sector y del gobierno consultadas. En el catastro, por ejemplo, solo están inscritos 250 contratos de operación, según un informe de la Subsecretaría de Pequeña Minería y de la Arcom. 

Las autorizaciones en las regionales se concretan, en gran medida, a espaldas de las autoridades de la Arcom y Energía en Quito, dijo un técnico con diez años de experiencia en el control minero, que pidió el anonimato por seguridad. Tampoco hay datos oficiales sobre los acuerdos de mandato inscritos en las provincias, pero el funcionario estima que serían cientos.   

Otro de los puntos ciegos son las licencias de comercialización, que permiten a sus titulares obtener oro de cualquier fuente, lícita o ilícita, para negociarlo dentro del país o exportarlo a través de empresas, muchas de ellas de papel, fantasmas. Ningún funcionario audita ni contrasta los informes de producción de los comercializadores ni sus actividades “in situ”. 370 personas naturales y jurídicas tienen licencias para negociar el mineral dentro y fuera del país. Hay 259 solicitudes de licencias en trámite en el Ministerio de Energía.

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó en una entrevista con esta alianza que los contratos de operación y mandato, que debían ser una excepción, se volvieron la norma. “Tras cerrar el catastro, los concesionarios otorgaron cientos de contratos de operación, y como es un acuerdo entre actores privados ninguna autoridad pudo alertar ni frenar esas maniobras, aprovechando el descontrol estatal por años”, destacó Manzano. 

Hay titulares mineros que tienen hasta 13 contratos de operación, de acuerdo a un reporte de la Subsecretaría de Pequeña Minería.

“El Estado otorgó las concesiones para que los titulares mineros inviertan y operen, no para que subarrienden y en la práctica parcelen las áreas asignadas”, observó Manzano. “Estamos cortando lo que no es legal, es una maraña que parece interminable; estamos cambiando normas, reglamentos y ejecutando acciones articuladas con entidades de control”, agregó.

La utilización discrecional de los contratos fue posible gracias a un instructivo de la ley de Minería vigente, aprobado en el segundo gobierno de Rafael Correa, que se está reformando. 

 También está en marcha una depuración del catastro, que este gobierno reabrirá este próximo 16 de junio. Para financiar las operaciones contra la minería ilegal y el control de daños ambientales, el Ejecutivo fijará una tasa de fiscalización minera, que deberán pagar los titulares de concesiones, con la cual se espera recaudar 229 millones de dólares.  

Actualmente hay 2.040 concesiones de pequeña minería autorizadas para operar; 380 están en trámite.

Narcomineros hallan el atajo  

Precisamente, uno de los casos que devela el esquema desenfrenado de contratación es el de la empresa Goldenminerals, creada en Machala, capital de la provincia de El Oro, en la frontera con Perú. En 2022, Geovanny Cruz, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Edison Espín compraron esa compañía a Melida Viteri y Raúl Feicán.

En diciembre pasado, ellos fueron detenidos por traficar 8 toneladas de cocaína a España. Esa organización era encabezada por Carlos Zambrano, quien fungía como empresario en el sector inmobiliario y en la venta de insumos médicos. Según la investigación de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, desde 2002 tejió contactos con autoridades de entidades públicas en distintos gobiernos para facilitar sus actividades ilícitas. Para el envío de la droga, este grupo estaba aliado con la banda de Los Choneros. 

Goldenminerals explotó miles de toneladas de mineral aurífero en 2023, pero ocultó deliberadamente a dónde exportó este producto ante las autoridades de la Arcom .

Esa firma no tiene área minera alguna a su nombre. Firmó un contrato de operación con la empresa Miderzul, que es la titular de la concesión La Boya, en Camilo Ponce Enríquez, en la provincia del Azuay, según denunciamos en febrero pasado. https://www.codigovidrio.com/code/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador/

Este equipo periodístico descubrió que, además del contrato de operación con Miderzul, la empresa Goldenminerals tiene otro acuerdo de mandato con la empresa exportadora Techgolden S.A. que evidencia una cadena, que empieza en la explotación de oro y en su exportación hacia diferentes países.

Castro, acaudalado registrador en el Olimpo de la Arcom  

El contrato de mandato con la compañía Techgolden fue inscrito en la Dirección Distrital de Azuay de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, (hoy Arcom), según registros a los que este equipo periodístico accedió. Ese convenio fue inscrito por el registrador Roberto Israel Castro, quien emplea un libro de papel como registro, con notas escritas a mano, para esos trámites, desde cuando llegó al cargo, en 2022. Solo él lo usa, nadie más tiene acceso. Lo que él registra parece estar inscrito en piedra.  

Actualmente Castro es investigado penalmente por la Fiscalía por el incumplimiento de una decisión de la Corte Superior de Azuay. Este delito es penado con tres años de prisión. En julio de 2022, ese tribunal le ordenó a Castro anular un contrato de asociación entre dos empresas, que había inscrito sin respaldos legales, perjudicando, supuestamente, al titular de una concesión en Camilo Ponce Enríquez, epicentro de la minería criminal en Ecuador. Aunque esa causa judicial está en trámite, el contrato no ha sido anulado por Castro, sigue vigente. Ese acuerdo ha permitido que la compañía Metalrock mantenga una acuerdo con Oromining, que realiza explotación de oro, en la concesión Papa Grande, cuyo titular legal es la compañía Quebrada Fría. Así, Metalrock y Oromining operan en esa zona sin tener ningún título minero otorgado por el Ministerio de Energía.   

También enfrenta otra denuncia por incumplimiento de decisiones judiciales de una autoridad competente, que impulsa carlos Flores Cárdenas. En los archivos de la función judicial registra un juicio de alimentos planteado por su exesposa María Obando, por lo cual está obligado a pagar una pensión para su hija menor de edad de $490 mensuales, que no ha cancelado los tres últimos meses, por lo cual le adeuda $1.500.   

Castro tiene 39 años y es abogado. En la Arcom, donde ingresó en 2020, ha ocupado los cargos de especialista de regulación legal, coordinador zonal y registrador minero, función por la cual gana un salario mensual de 1.676 dólares. No obstante, en sus cuentas sus ingresos y gastos no coincidirían con su remuneración. Según informes del sistema financiero revisados por este medio, Castro Aguirre tiene cuentas activas con cifras altas en bancos y tarjetas de crédito, por lo cual es considerado un cliente A1, con capacidad de pago sólida y confiable.  

Su saldo vigente total de depósitos en efectivo en sus cuentas en dos bancos y una tarjeta de crédito, hasta el cierre de este reportaje, era de 38.389 dólares. Además tiene un crédito de $3.211 en una Cooperativa de Ahorro y no presenta ninguna morosidad en esta cuenta. El endeudamiento total histórico (en su mayoría ya cancelado) registrado en los movimientos financieros de Castro es de 908 mil dólares, indican los reportes del sistema financiero.

Sin embargo, Castro no incluyó esos depósitos, créditos y deudas en sus declaraciones de bienes en la Contraloría del Estado. Este medio revisó sus nueve reportes patrimoniales, entre 2020 y 2024. En este lapso, su patrimonio (suma de propiedades, dinero e inversiones) osciló entre 41 mil y 60 mil dólares. En su última declaración patrimonial, presentada en agosto de 2024, reportó que tenía deudas por $ 250, bienes muebles valorados en $ 50 mil e inmuebles por $35 mil.

Buscamos la versión de Castro a tres números celulares registrados y le enviamos un pedido de entrevista a su correo electrónico roberto_castro@arcom.gob.ec, pero hasta el cierre de esta investigación no respondió a nuestros pedidos.

Pedimos también un pronunciamiento sobre las distorsiones y supuestas anomalías patrimoniales de Castro a las autoridades de la Arcom, pero tampoco obtuvimos una respuesta. Buscamos conocer si en contra de Castro había alguna investigación interna y si otros registradores han sido fiscalizados, o han enfrentado alguna sanción o sumario administrativo.

El exviceministro de Minas, Diego Ocampo, quien estuvo en el cargo hasta agosto pasado, dijo que durante su gestión no conoció de ninguna acción interna en la Arcom en contra de los registradores, pese que sí recibió la denuncia presentada por el abogado de la minera Quebrada Fría, por la aplicación ilegal del contrato de asociación entre Metalrock y Oromining, para la explotación de oro en la concesión Papa Grande, amparado por la inscripción de Castro.   

Ningún registrador ha sido investigado ni sancionado por falta de acciones internas de personal, tampoco han existido denuncias formales.

En vista de todas las anomalías y desfases que trascendieron esencialmente por las denuncias sobre las acciones discrecionales de los registradores, el 31 de mayo pasado entró en vigencia la reforma al Instructivo del Registro Minero de la Arcom. Esta normativa dispone que en adelante los registradores (hoy denominados funcionarios jurídicos) deberán inscribir todos los actos administrativos y judiciales (concesiones, licencias de comercialización, contratos, etc) en un libro virtual, que podrá ser revisado por diferentes autoridades en tiempo real. Con esta nueva reglamentación no solo el empleado judicial podrá inscribir los trámites sino dos funcionarios más en las direcciones distritales en provincias.

Pogo, el alquimista de los acuerdos

El dueño de las empresas Miderzul y Techgolden es Juan Pogo Labanda, de 57 años. A través de Miderzul, Pogo realiza exportaciones de concentrado de oro (material mineralizado) a China, mientras que utiliza Techgolden para exportar lingotes de oro a Estados Unidos. 

Entre 2023 y 2024, Miderzul exportó a China 827 toneladas de concentrado de oro, y recibió pagos por 2,5 millones de dólares, indican informes de la Arcom. Esos cargamentos se enviaron en grandes sacos de lona (“big bags”) por vía marítima. 

Un reporte interno de la Arcom al que accedimos indica que hay empresas mineras con exportaciones inusuales (grandes cantidades sin un origen lícito) que son aprovechados por China y Corea del Norte, triangulando los envíos a través de Singapur y Emiratos Árabes Unidos.   

Pogo, un ingeniero comercial nacido en Piñas, en El Oro, además es propietario y administrador de otras seis empresas mineras: Prominecua, Expogold, Emmijard, Southmining, Minexchonta y Cerro de Oro la Peña, así como de Agrícola Pogo.  

La empresa dorada de este grupo es Techgolden. Desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2024, esa comercializadora exportó a Miami, Estados Unidos, 736 kilos de oro, por 49,3 millones de dólares. Eso significa más del triple de sus exportaciones, en relación al año anterior, que fueron de 175 kilos, por 12,3 millones. En apenas un año esa firma se convirtió en una de las principales exportadoras de pequeña minería de Ecuador. En menos de dos años Pogo obtuvo ingresos por 52 millones de dólares, con Techgolden y Miderzul.  

Esta alianza periodística accedió a certificados de exportación de Techgolden, que tendrían varias anomalías, según dos expertos mineros, con más de diez años de experiencia en el sector, un funcionario de la Arcom y un exfunciomario del Viceministerio de Minas, consultados, entre abril y mayo de este año.

Esos informes de Techgolden están en la mira de la Arcom, la entidad responsable de controlar las actividades extractivas y la minería ilegal. Funcionarios de esta agencia realizaron inspecciones en la concesión La Boya, para verificar si los niveles de producción declarados por Miderzul concuerdan con los reportes.

Fuentes de esa entidad informaron que, luego de la denuncia periodística publicada por esta alianza en febrero pasado, se abrió una investigación interna sobre el contrato de mandato que Techgolden mantuvo con Goldenminerals, así como del resto de acuerdos que tiene Pogo con empresas mineras para comercializar oro. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigan estos nexos y sus manejos financieros y han requerido información a la Arcom. 

Techgolden también le dio servicios de exportación de oro a Goldenminerals, de acuerdo a los informes financieros de la empresa que revisamos en la Superintendencia de Compañías. Por esos trabajos, la exportadora reportó que Goldenminerals aún le debe más de 13 mil dólares, por servicios del 2023 y el 2024. Precisamente, a través del acuerdo de mandato, Goldenminerals le autorizó a Techgolden comercializar, vender y exportar el oro que extraía en la concesión La Boya.

Techgolden opera con una licencia de comercialización, entregada a Pogo en 2023. Ese permiso fue otorgado por la zonal de Azuay del Ministerio de Energía y Minas, entonces liderado por Xavier Vera, quien fue detenido en mayo de ese año por un supuesto delito de cohecho, por cobros por la entrega de cargos, que aún está bajo investigación judicial.   

Precisamente, en sus certificados de exportación esa compañía indica que compró el oro a través de los convenios de operación y mandato, que tiene con empresas que trabajan en dos de sus concesiones, así como de varias compañías de distintas áreas en Camilo Ponce.

Esos reportes de producción, revisados por este equipo periodístico, tendrían discrepancias. Por ejemplo, en el certificado 107086 la compañía declaró la exportación de 41 kilos que vendió en $3 millones. Para obtener 23 kilos de oro de esa exportación la firma reportó que se procesaron 1.746 toneladas de tierra mineralizada, entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2024. No obstante, según los datos declarados a la Arcom para obtener esa cantidad de oro como mínimo se debieron procesar al menos 2.400 toneladas de material mineralizado, indicó una geóloga consultada, que revisó esos documentos y pidió no revelar su identidad. 

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⇔ Entre 2018 y 2023, Techgolden reportó ingresos de 75,9 millones a la Superintendencia de Compañías. Su último informe económico de 2024 reportó activos por 6,3 millones y 4,7 millones en deudas. Tuvo ingresos por 33,7 millones. Un aumento del 300% en relación al 2022, cuando recibió 7,3 millones. En pagos de salarios y beneficios a empleados, en 2024, desembolsó 113 mil dólares, unos 9 mil mensuales ⇔

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En Techgolden Pogo es gerente, presidente y único accionista. En su última declaración de Impuesto a la Renta reportó utilidades por más de 9 millones de dólares. Esta alianza pidió una entrevista con el empresario a los números telefónicos y al correo electrónico de su compañía: techgolden@gmail.com, el 29 de enero y el 27 de mayo de este año.

En enero, José Bravo, uno de los representantes de esa empresa, respondió a una de nuestras solicitudes por correo. En una breve contestación, descartó cualquier relación con los accionistas de Goldenminerals. Dijo que en ningún momento Techgolden ha realizado exportaciones de oro de esa compañía. “La empresa, que legalmente está constituida desde el año 2009, se dedica a la comercialización de metales y minerales, así como a brindar servicios para exportación, y para llevar a cabo estas actividades se realiza una serie de procedimientos en los cuales incluye solicitar a la empresa que va a exportar toda la documentación que justifique la legalidad del material”, destacó, al indicar que estaba abierto a coordinar la entrevista, pero no volvió a responder las solicitudes posteriores de esta alianza.  

No obstante, tanto Techgolden como Miderzul, empresas de Pogo, sí tuvieron negocios y acuerdos con Goldenminerals, que en sus reportes no justificó la legalidad del mineral que explotó. En septiembre de 2024, un contingente de militares y policías allanó las oficinas de Techgolden en Machala, donde hallaron armas y municiones.  

Pese a todas las irregularidades, la Fiscalía todavía no ha abierto ninguna investigación por estos casos. 

En la mira 

Los datos que consignan los exportadores, entre titulares mineros y dueños de licencias de comercialización, no son verificados en general por los técnicos de la Arcom ni por el personal de las zonales del Ministerio de Energía, antes de aprobar los informes para los envíos. La capacidad de fiscalización y control de la Arcom fue mermada desde mayo de 2020, cuando el gobierno de Lenin Moreno la extinguió por falta de presupuesto, en el decreto 1036. Sus tareas fueron asumidas por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

En 2024, la administración de Daniel Noboa volvió a crear la Arcom, en medio de la explosión y avance vertiginoso de la minería ilegal, que en Ecuador tiene 380 focos críticos en varias provincias, 28 en áreas protegidas. Según estimaciones del Ministerio del Interior, ese año, más de USD1.300 millones en exportaciones de oro provinieron de esas operaciones criminales, que involucran grupos delictivos y holdings del crimen organizado transnacional, cuyas cabezas aún son invisibles para las autoridades. 

En este ciclo pernicioso el Estado termina legalizando las operaciones criminales. Para explotar o comercializar el mineral directamente los contratistas privados registran los acuerdos en notarías de las provincias donde están las áreas. Ese es el primer paso de la formalización. Este círculo se cierra con quienes tienen las licencias para vender el oro en el mercado internacional. Así se concreta el lavado de activos del narcotráfico y otras actividades, lo cual queda evidenciado en esta investigación periodística por los nexos documentados entre Goldenminerals y las empresas Miderzul y Techgolden, así como en los informes de la Policía incluidos en el juicio por delincuencia organizada.

Para frenar estos y otros ilícitos, también se está reformando otro instructivo para limitar a los concesionarios mineros la emisión de contratos entre privados, pues luego de la entrega formal de una concesión la responsabilidad del manejo del área, ante el Gobierno, es exclusivamente del titular. No de los operadores. 

Siguiendo esta línea, precisamente, el 19 de mayo pasado la ministra Manzano aprobó la reforma del instructivo para la entrega de licencias de comercialización a personas y empresas. Entre otras cosas, exige que los peticionarios tengan una experiencia mínima de 3 años en actividades de comercialización o en gestión de proyectos mineros, un patrimonio probado de 100 mil dólares, así como certificados tributarios que avalen su idoneidad en el sector.

Aunque los concesionarios mineros tienen varias obligaciones legales y contractuales, como el  pago de regalías ( 3% de la producción) sobre las ventas de minerales, la exploración en el área por hasta cuatro años, la presentación de informes de actividades e inversiones. No obstante, nada de esto se cumple porque la Arcom no cuenta con técnicos suficientes para hacer auditorías y verificaciones en las zonas donde están las concesiones. Tampoco para revisar los reportes, de acuerdo a los documentos oficiales revisados para está investigación periodística, entre 2023 y 2024.   

El principal problema, que ha derivado en prácticas anómalas y delictivas los últimos años, no radica en la posibilidad de que los concesionarios mineros puedan firmar contratos, dice una ejecutiva de una empresa de pequeña minería, quien pidió no revelar su identidad. “El mayor daño es causado por la corrupción generalizada en las regionales de la Arcom, de la mayoría de registradores, que exigen coimas a los titulares mineros para aprobar los contratos; el que no paga entra en el congelador, debe esperar meses, hasta años para tener la autorización”, destaca. “Las empresas que cumplen la ley verifican la idoneidad de los contratistas, su capacidad técnica probada con actividades lícitas. Estas actividades generan empleo, empujan las economías locales, dejan regalías para el Estado.” 

El oro también sale en avionetas 

La modalidad de contrataciones privadas para explotar y comercializar oro ilegalmente no solo se focaliza en concesiones de Ponce Enríquez. La provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú, es una de las más afectadas por estas actividades devastadoras, a lo largo del río Zamora. 

El oro que obtienen los contratistas sale por tierra y por aire, en avionetas fletadas por mineros y actores mafiosos, según fuentes de Inteligencia. 

Uno de los puntos neurálgicos es la población de Cumbaratza, donde un operativo militar y policial develó los alcances de esta modalidad, el 3 de mayo pasado.     

Ese día, una aeronave Cessna, modelo 414A, aterrizó cerca de las 14:00 en la pista de ese pequeño poblado amazónico de 4.000 habitantes, y permaneció más de tres horas en tierra, según testimonios de moradores del sector.

No era la primera vez que la avioneta aterrizó en ese campo. La nave, piloteada por el capitán Jorge Luis Weisson y el copiloto Darwin Ochoa, debía recoger a los pasajeros Estalin Julián Jiménez, de 23 años, y Rayner Alvario de Loor, de 30 años, y trasladarlos hasta Guayaquil, según la bitácora de vuelo. Los dos son oriundos de Babahoyo, capital de la provincia costanera de Los Ríos.

Treinta minutos después, cuando Alvario y Jiménez llegaron a las maltrechas instalaciones de la sala de embarque de la terminal de Cumbaratza, fueron sorprendidos por militares del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y agentes de la Fiscalía y la Policía. Los esperaban para revisar su equipaje junto con funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). Los agentes habían recibido la alerta del arribo de la nave desde el Batallón militar, a unos 10 kilómetros de distancia del aeródromo. 

La vigilancia de vuelos inusuales se activó desde el 23 de abril anterior cuando un pequeño avión Hawker Beechcraft HC-CUM aterrizó en esa misma plataforma, para transportar a Santa Rosa, en El Oro, a seis pasajeros. Uno de ellos era Baldor Bermeo, exalcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, quien llevaba muestras de arena mineralizada para hacerla analizar en un laboratorio. Bermeo, quien llegó a la alcaldía como militante del movimiento Alianza País (correísmo) tiene concesiones mineras en Camilo Ponce, una de las zonas que han sido el foco de disputas de bandas criminales por el control de la extracción de oro.

La pista de Cumbaratza no es usada para vuelos comerciales desde hace cinco años. Tampoco es controlada por la Dirección de Aviación Civil (DAC) ni por ninguna autoridad local, aunque su administración fue concesionada a las autoridades parroquiales de este pequeño poblado amazónico, que no le dan seguridad ni mantenimiento. En los alrededores de la pista incluso hay varios focos de explotación ilegal de oro. 

Según informes de Inteligencia, este campo de aterrizaje es ideal para actividades clandestinas ilícitas, en una zona neurálgica de minería ilegal, que conecta rápidamente con la provincia costanera de El Oro y con localidades de Perú, donde también hay pistas clandestinas.   

Luego de interrogar a los dos pasajeros sobre los motivos del viaje, los agentes revisaron sus equipajes. Al abrir la maleta deportiva negra de lona que llevaba Rayner, ocultos entre sus objetos personales, un policía encontró dos kilos y 538 gramos de oro en polvo, cuidadosamente envueltos en un fino papel de seda blanco, sellados en fundas plásticas. 

¿De dónde provino el material precioso? Los detenidos dijeron haber obtenido el oro en la concesión minera Cury FJGEX. Esa área está ubicada a unos 20 kilómetros de distancia de la pista, en una zona semi selvática del cantón Zamora.

Al requerirle que Jiménez presentara los documentos de respaldo por la compra del mineral, no los tenía. Solo llevaba un certificado emitido por Gabriel Chiriboga, registrador de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en Zamora.

En ese documento el Registrador certificó que el 9 de diciembre de 2024 fue inscrito, con escritura pública, un contrato de operación a favor de Jackson Zambrano, para que pueda realizar tareas de exploración y explotación de oro en la concesión minera Cury FJGEX, otorgada por el Estado a José Ocaña Mayorga. Ese oficio está fechado el 8 de enero de 2025.

El operativo concluyó al anochecer con la detención de Jiménez y Alvario, quienes no pudieron justificar la legalidad del oro, valorado en 233 mil dólares. Aunque se formalizó su enjuiciamiento penal, horas más tarde ambos fueron liberados.

Concesión socavada por ilícitos 

Cuatro días después, funcionarios de la Arcom y el Servicio de Rentas Internas con miembros del Ejército realizaron una inspección en los predios de la concesión Cury FJGEX. Al ingresar al área confirmaron que unos 20 trabajadores que realizaban operaciones mineras a cielo abierto, con excavadoras y volquetas, no eran parte de la nómina de la empresa y tampoco estaban afiliados al Seguro Social, según el parte del operativo de control. 

 El administrador de la concesión no tenía reportes de producción ni información contable, sobre costos de operación y del personal. En medio de forcejeos y enfrentamientos con otros obreros, los militares detuvieron a un trabajador, que intentaba impedir las inspecciones. Al verse sitiados por decenas de mineros los militares lanzaron gas y dispararon, hiriendo a uno de ellos, que fue trasladado a un centro médico, con pronóstico reservado. En las requisas en el campamento los uniformados encontraron un fusil Bushmaster, calibre 5,56 mm, de fabricación estadounidense.     

Luego, ese siete de mayo, los funcionarios de la Arcom cerraron la concesión, porque ha operado al margen de la ley.

En Zamora Chinchipe, el Ejército ocupa la mayoría de sus capacidades y recursos humanos enfrentando al crimen organizado y sus tentáculos en la minería ilegal. 

“Las bandas dan protección a los mineros ilegales, que a su vez trabajan para muchas empresas de pequeña minería, que operan en las concesiones a través de contratos”, alertó un agente de Inteligencia, que sigue la pista de estas organizaciones. 

“En general, nadie los controla en el terreno”, alerta un oficial de la Policía, que pidió no revelar su nombre por seguridad, al igual que otros agentes. “Esos contratistas son los que explotan y sacan más provecho de las concesiones, que son solo una fachada para las acciones del crimen organizado, conectadas con lavado de dinero del narcotráfico”. 

El motor de la economía en esta provincia es la explotación indiscriminada de recursos mineros, que reemplazó hace mucho tiempo a la producción agrícola y otras actividades.  “Diariamente las redes delictivas sacan cientos de kilos de oro de Zamora. Estamos desbordados, es una pelea desigual, de David contra Goliat”, sentenció un oficial.  

 Desde inicios de este año, en varias zonas de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y la frontera con Perú, los militares han descubierto campamentos de grupos delictivos ecuatorianos, especialmente Los Lobos y Los Choneros, así como de los Comandos de la Frontera y armados mexicanos, dedicados a la minería ilegal.

Los tres primeros grupos criminales se replegaron hacia esta provincia fronteriza desde Camilo Ponce Enríquez, que los tres últimos años fue el centro de la minería ilegal en Ecuador. Esto ha desatado una mayor conflictividad a lo largo del cordón fronterizo.

IMPUNIDAD. A 48 horas de que se realizara la audiencia del recurso de casación para revisar la sentencia contra los médicos Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli, por el homicidio culposo por mala práctica profesional de Michelle Cobo, el conjuez ponente Édison Fernando Cantos Aguirre difirió la diligencia para el próximo 2 de julio. La audiencia de casación ha sido postergada por más de un año, desde mayo del 2024, por incidentes generados por los abogados de los condenados.  

Redacción Código Vidrio

Pasaron cerca de diez años. Este lunes 9 de junio el conjuez Javier de la Cadena, y los jueces Daniella Camacho y Fernando Cantos, de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, debían realizar la audiencia de casación, en el juicio por la muerte de Michelle Cobo, ocurrida en 2016, luego de someterse a una cirugía estética.

No obstante, a pocas horas de que se realizara la diligencia, el conjuez ponente Edison Fernando Cantos Aguirre, acaba de notificar a las partes, este viernes 6 de junio, que aceptó un pedido de diferimiento de la audiencia solicitado por los médicos sentenciados, Patricio Toscano Reyes y Carlos Hurtado Bucheli. Y fijó la audiencia para el próximo 2 julio, sin que medien argumentos razonables, según un escrito de rechazo a esta nueva postergación, presentado por la defensa de la familia de Michelle Cobo.

Al ser notificado con la nueva postergación, el abogado José Molina, en representación de Gabriel Cobo, padre de Michelle, solicitó que el conjuez Cantos inadmita los pedidos de diferimiento pues “carecen de sustento fáctico y jurídico”. Pero Cantos no dio paso a su solicitud.

Esta audiencia de casación debía realizarse hace un año, el 29 de mayo del 2024, pero no se ha podido cumplir en vista de una cadena de postergaciones generadas por la propia defensa de los procesados, quienes buscaban que la causa prescribiera, dijo Molina.

 “Lo que busca la familia de Michelle es el derecho a la verdad, que el estado a través de los  jueces de la Corte haga justicia, siente un procedente para que estas tragedias no se vuelvan a repetir”, agregó Molina.

Esta diligencia es el último capítulo de un juicio plagado de incidentes y dilaciones judiciales, calificado como “tortuoso y revictimizante” por los padres de Michelle, Gabriel Cobo y Soledad Vallejo.

En la audiencia de este lunes, los jueces debían escuchar los argumentos de los abogados de los sentenciados: los médicos Toscano  y Hurtado, y la abogada María Eugenia Muñoz, quienes alegan que en la condena dictada por homicidio culposo, hubo supuestas violaciones legales.

“Si ya he tenido que lidiar por casi 10 años con el irreparable dolor que ha supuesto la muerte de mi hija, esperaré tres semanas y media más. Esperaré con ansias, aunque ya no sé si ansias de escuchar cómo se defenderán los tres responsables de la muerte de mi hija o ansias de pensar con qué improperio saldrán dos o tres días antes el día de la audiencia para pretender diferirla. No sé, el tiempo lo dirá”, destacó Cobo en el escrito de rechazo ante la decisión del conjuez de la Cadena.

“Hago notar que la prescripción de la causa está por venir tal y como el auto interlocutorio que niega el pedido de prescripción (que se encuentra ejecutoriado), lo señala con claridad”, agregó el padre de Michelle.

Michelle Cobo tenía 19 años cuando falleció, el 16 de julio de 2016, un día después de haberse sometido a una cirugía estética en la clínica San Gabriel en Quito, que permanece cerrada por orden del Ministerio de Salud. La investigación de la Fiscalía reveló que el procedimiento fue realizado por médicos sin licencia adecuada (Toscano no es cirujano), en un centro que no tenía permisos para ese tipo de intervenciones, además del cúmulo de negligencias administrativas y médicas.  El caso derivó en una sentencia condenatoria, dictada en 2019,  contra los médicos y reincidentes Hugo Toscano y Carlos Hurtado (pues ya habían sido condenados por este delito en otro caso), así como contra la exgerente de la clínica, María Eugenia Muñoz, por homicidio culposo por mala práctica profesional.

ANÁLISIS. Daniel Noboa asumirá oficialmente su primer mandato completo de cuatro años este sábado 24 de mayo de 2025, tras una transición vertiginosa, con una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza: la persistente crisis de inseguridad que es un lastre para el crecimiento económico y el bienestar de los ecuatorianos. Para esta nueva etapa se requiere una renovación del gabinete, envejecerlo un poco, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Veamos si el Presidente apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a velocistas improvisados que tuvo en su primer mandato, cuando llegó apuntalando a sus amigos cercanos. Su círculo íntimo de confianza. Lo que se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas.  

La principal preocupación de los ciudadanos, después de la inseguridad, es la falta de empleo. Ambas están directamente relacionadas. Sin seguridad no hay inversión y sin inyección de capitales no hay trabajo ni bienestar posible. 

Aunque este 24 de mayo marca el inicio formal de su nuevo gobierno, Daniel Noboa ya ha estado al frente del Ejecutivo desde fines del 2023. Ha sido una transición dura, de aprendizaje, con errores y aciertos. Con altibajos. Su triunfo electoral fue contundente y es una clara señal de confianza de una mayoría de ciudadanos esperanzados en que las cosas pueden mejorar. Es también una demostración de resiliencia de un país sometido a crisis constantes, desde 2019. Pero puede ser una fugaz luna de miel si Noboa no pone orden en la casa.

Los cerca de dos años que ya estuvo al frente del Ejecutivo son suficientes para evaluar sus fortalezas y debilidades. La ruta que tomará los próximos cuatro años. En este contexto, las perspectivas para su nueva administración muestran grandes desafíos, oportunidades y peligros inminentes. Entre las prioridades de su gobierno destacan:

-El de la seguridad, con la inminente continuidad de su enfoque de mano dura, militarizado y policial -punitivo- contra el crimen organizado y las bandas locales. Sus planes más difundidos se basan en la construcción de gigantes presidios de máxima seguridad, inspirados en el modelo de Nayib Bukele, en El Salvador, gobierno con el cual planea profundizar la cooperación. Un problema irresuelto, crónico, es la grave situación de atenciones a los presos, tanto en su alimentación como en salud. La rehabilitación todavía está fuera del radar de prioridades, en este contexto.

Además, en la compra y dotación de más armas, equipos y vehículos para Fuerzas Armadas y la Policía. Y un énfasis respecto a la cooperación internacional, sin que exista aún una estrategia clara, conocida, de seguridad ciudadana. Su última apuesta es la aprobación del proyecto de Ley económico urgente (la Asamblea tiene 30 días para su aprobación) para combatir las economías criminales, que ya ha recibido duras críticas.

Una gran debilidad del régimen sigue siendo la ausencia de controles efectivos de lavado de activos en el sistema financiero, en el sector inmobiliario. Así como la falta de investigación oportuna y eficaz, identificación, desmantelamiento y judicialización de integrantes de estructuras mafiosas, vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal, las extorsiones, el tráfico de especies y otros delitos, en coordinación con las cabezas de la Justicia. Tampoco ha trascendido como una prioridad del régimen desmantelar los sistemas de corrupción enraizados en el aparato estatal, incluidas Fuerzas Armadas y Policía. Las señales de la contaminación son claras, pero no las acciones de una purga de los operadores criminales. La impunidad campea.

-En economía, el enfoque de Noboa es atraer inversión extranjera y promover reformas de corte neoliberal, aunque enfrenta el desafío-escollo de las tarifas impuestas por la administración de Donald Trump a productos ecuatorianos. Empujar el desarrollo de los pequeños, medianos y grandes emprendedores es fundamental, más allá de los alivios en las deudas y la entrega de bonos.

-En el campo de las relaciones internacionales el régimen buscará fortalecer lazos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y otros países, en especial Israel, en temas de seguridad e inteligencia. La canciller Gabriel Sommerfeld ha tenido un rol protagónico buscando apoyos internacionales para apuntalar el combate a las mafias transnacionales.

Tras ganar las elecciones, en abril pasado, Noboa hizo una extensa gira internacional, visitando países europeos y el Vaticano. Está por verse si tiene la habilidad suficiente para navegar en las aguas turbulentas de las relaciones con la volátil administración del presidente Donald Trump y atraer inversión extranjera. Otro reto complejo es el manejo de las relaciones con China, nuestro principal acreedor (le debemos 4.000 millones de dólares), que mantiene una abierta disputa geopolítica global con EE.UU., encendida por la última guerra de los aranceles. Todavía no ha trascendido cuáles serán las medidas o planes que tiene el régimen para sacar más provecho del acuerdo comercial con ese país. Este es un terreno sinuoso: negociar con las dos potencias sin que el país sea arrastrado por sus intereses. Pierda la brújula.

-En el campo financiero también está por verse la forma en que Noboa dará puntadas para evitar el riesgo latente de un conflicto de interés. El conglomerado empresarial de su familia, la corporación Noboa, principal exportador de banano del mundo, es uno de los grupos económicos más importantes e influyentes, junto a Nobis, de su tía, Isabel.

Otro tema que se dibuja como una de las grandes apuestas del gobierno es la reforma institucional, con la  convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. No obstante, aún no hay certezas sobre un avance en esta ruta, plagada incertidumbres, que intentará despejar si logra consolidar una mayoría estable en la Asamblea.

El principal desafío  

El reto medular del gobierno de Noboa es enfrentar la crisis de inseguridad persistente, que golpea y desangra al país. El éxito de su administración dependerá, en gran medida, de su capacidad para desarrollar una estrategia integral contra el crimen organizado que vaya más allá de los estados de emergencia y del empleo exclusivo de militares y policías para enfrentar a las organizaciones delictivas. Deberá dar un salto para pasar a una estrategia muldimensional, transversal e integradora. Trascender hacia un enfoque estatal e interinstitucional en tres áreas básicas:
-Seguridad y convivencia ciudadana.
-Seguridad del Estado
-Política criminal, coordinada con el poder judicial

Estas deben contar con el liderazgo y participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, basadas en políticas de Estado, elaboradas y ejecutadas en el plazo inmediato (dos años), mediano (cinco años) y de largo alcance (diez años). Es importante aprobar un paquete de reformas legales y constitucionales para el nuevo andamiaje institucional, sin dejar de respetar el debido proceso, piedra angular del estado de derecho.

A pesar de su enfoque de mano dura, que se evidenció en enero del 2024 con la declaratoria de guerra interna contra grupos narcoterroristas, enero y febrero de este año fueron los meses más violentos de la historia. Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador alcanzó los 2.361 homicidios en el primer trimestre de 2025: registró 831 asesinatos en marzo. Esta cifra se sumó a los 1.530 homocidios, registrados en enero y febrero. Estos datos representan el inicio de año más violento en la historia del país.

Las cifras trimestrales de 2025, que promedian un asesinato por hora, superan en un 65% los 1.428 homicidios, reportados en el mismo período de 2024, y en 39% los 1.698 registrados entre enero y marzo de 2023. Este año Ecuador fue el más violento de Latinoamérica.

Sin embargo, la Policía y FF.AA. han dado golpes contundentes a grupos criminales, con detenciones de importantes cabecillas, así como la sostenida interdicción y captura de cientos de toneladas de cocaína, de armas, fortaleciendo la coordinación con gobiernos del continente y Europa. La inversión en capacitación para los investigadores y fiscales es fundamental para acompañar estas acciones.

Las denuncias de abusos a los derechos humanos (el caso de los cuatro menores de Las Malvinas sigue impune) y ausencia de procesos y protocolos para las operaciones del Bloque de seguridad muestran poca apertura oficial a las críticas. Los esfuerzos de enmienda y aprendizaje de los errores cometidos son escasos desde el mando militar, que pierde la estrategia, que no es clara, poniendo énfasis en el nivel táctico, operativo. La imagen de generales y ministros en las calles, con cascos y chalecos, puede haber servido para la campaña, pero en lo que viene las cabezas deben priorizar su rol estratégico de conducción, sin distorsionar ni dejar sin piso el liderazgo de los comandantes a cargo de dirigir las acciones en el territorio.

Luces rojas

La crisis de seguridad ha afectado negativamente la economía, con caídas en la inversión extranjera y el empleo. Hay un evidente deterioro económico y necesidades de financiamienrto para 2025 de 12 mil 889 millones de dólares, según el Observatorio de Política Fiscal. Las cuentas públicas se han tornado inmanejables -alerta el Observatorio- y agudizarán la crisis si el gobierno no reduce el déficit, gasta menos, genera más ingresos y fomenta la inversión extranjera. Está por verse como capitaliza las inversiones de transnacionales anunciadas en el sector minero, si no frena la devastadora minería ilegal y la corrupción enraizada en las entidades de control. Esos recursos  son vitales en medio de la caída de ingresos por la disminución progresiva de la producción petrolera. Aquí ha jugado un rol clave la actual ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, que se ha fogueado, entre errores y aciertos, para finalmente sortear crisis simultáneas que se desencadenaron en medio de la campaña electoral, mientras también estaba a cargo de la cartera de Ambiente. La lucha contra mafias petroleras (enquistadas en Petroecuador) y mineras con operadores estatales requieren continuidad y coraje, entereza y decisión. Operaciones simultáneas y coordinadas, que les quiten el peso de todas las acciones a los militares, devenidos en bomberos apagando incendios, que otras entidades deben sofocar.

Otra alerta es sobre la sostenibilidad de la deuda. Ecuador enfrenta una alta deuda pública y depende de una línea de crédito probable de 4.000 millones con el FMI y otros organismos internacionales de crédito para mantener equilibrio y liquidez suficientes en sus cuentas.

Polarización política persistente. A pesar de su victoria electoral, el país sigue profundamente dividido, con la oposición liderada por el movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Noboa ha dado señales de que mantendrá su estilo confrontativo con sus opositores. La polarización, es lo más probable, se agudizará.

Una popularidad volátil. Aunque su popularidad alcanzó más del 80% a inicios de 2024, para finales de ese año había descendido a aproximadamente 42%, su segundo nivel más bajo desde que asumió el cargo. Sería un error de cálculo creer que los casi 12 puntos que sacó de diferencia a la candidata Luisa González, fueron apoyos directos a su propuesta y no votos en contra del correísmo, que sumo una serie de errores garrafaeles en la recta final de la campaña.

Si Noboa y su partido ADN logran mantener su coalición legislativa, que les sirvió para tomar el control del parlamento,  y obtener resultados tangibles en seguridad, podría consolidar su proyecto político y avanzar en sus reformas económicas. Sin embargo, si la violencia continúa escalando y la economía no mejora, podría enfrentar una creciente oposición tanto en las calles como en la Asamblea.

Para esta nueva etapa, Noboa requiere renovar su gabinete, con cuadros más experimentados y especializados en gestión pública. Reducir las cargas sobre funcionarios que cumplen varias tareas y acumulan un excesivo poder, lo cual genera fricciones dentro del gobierno. Veamos si Noboa apuntala un equipo de maratonistas, que reemplace a los velocistas que tuvo en su primer mandato. Lo que se se viene es una prueba de resistencia en condiciones siempre adversas. No hay tiempo para improvisaciones.

El exjuez José Tamayo Arana, quien dio paso a la liberación de Jorge Luis Zambrano ‘Rasquiña’, líder asesinado de Los Choneros, deberá cumplir una condena de tres años por el delito de prevaricado.

Redacción Código Vidrio

La sentencia contra José Tamayo quedó en firme este jueves 22 de mayo de 2025, una vez que la sala penal de la Corte Nacional de Justicia negara el recurso de casación interpuesto por Tamayo. El fallo se expidió a pocos días de que el caso prescribiera, en junio próximo.

Tamayo cambió la pena de 20 a 8 años a favor de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en un juicio por asesinato, por el cual estaba preso en la cárcel de Cotopaxi. Tras el fallo de Tamayo, Rasquiña fue liberado en junio de 2020. Entonces, el juez fue denunciado por el Consejo de la Judicatura y condenado por prevaricato, el 21 de mayo de 2024, a 3 años de cárcel. Al frente del equipo legal de la Judicatura estuvo Santiago Peñaherrera, quien se presentó como acusador particular, para impedir que la causa prescribiera, como es usual en este tipo de procesos, plagados de incidentes y dilaciones. 

Tamayo apeló a la sentencia, pero la Corte de Guayas negó esa impugnación el 22 de noviembre de 2024. Entonces presentó un recurso de casación que acaba de ser negado. La causa empezó en 2020, y precisamente estuvo marcada por muchas audiencias fallidas y postergaciones. Para lograr que Tamayo Arana redujera su pena, Rasquiña contó con el apoyo de su abogado Harrison Salcedo, alias “Hulk”, quien también defendió al exvicepresidente Jorge Glas, José Adolfo Macías, alías «Fito» (hoy prófugo) y Junior Roldán (asesinado), cabecillas de Los Choneros.

“Ordenaron mi encarcelamiento sin darme el derecho a responder, a argumentar jurídicamente mi decisión. Por eso fugué y estuve en la clandestinidad los siguientes ocho meses, hasta que me permitieron defenderme en libertad levantando la orden de prisión en mi contra”, dijo Tamayo, en una entrevista a este medio, publicada en agosto de 2022.

¿Cuál fue el argumento jurídico de Tamayo? Según aclaró el exjuez, de 52 años, él no le rebajó la pena a Rasquiña. Se limitó, según afirmó, a concederle un beneficio al cual tenía derecho porque ya había cumplido su primera sentencia de ocho años. “Zambrano fue sentenciado con la anterior legislación penal, antes de la vigencia del COIP, desde febrero de 2014. Cuando ese Código se aplicó hubo una disposición transitoria, según la cual todos los juicios que se iniciaron antes de 2014 debían terminar de juzgarse y sentenciarse bajo esa misma legislación”, explicó Tamayo, quien venía ejerciendo como abogado en Guayaquil, su ciudad natal.

Según la acusación de la Judicatura, Tamayo no tenía competencia para conocer ese proceso, que empezó a tramitarse en Manabí y no en Guayaquil, donde el entonces juez trabajaba. Tampoco podía pronunciarse sobre la segunda sentencia de 20 años.

Tras el fallo de Tamayo, Hulk Salcedo movió cielo y tierra para que otros jueces ordenaran la excarcelación de su defendido. Activó a su red de operadores en la cárcel, el sistema penitenciario y el poder judicial.

Rasquiña enfrentó decenas de juicios penales mientras estuvo vivo, por diferentes delitos. En una de esas causas el tribunal de la Corte Nacional, integrado por Iván Saquicela, Édgar Flores y Marco Rodríguez aceptó un recurso de revisión de Rasquiña y declaró su inocencia. Pero el líder de Los Choneros no fue liberado, porque enfrentaba varias sentencias pendientes y siguió preso.

En otro de esos procesos, por asesinato, el juez Tamayo redujo, sin competencia, su pena, de 14 a 8 años, aceptando un pedido de Harrison Salcedo, con lo cual en 2020 Rasquiña accedió a la prelibertad, dispuesta por la jueza Alzira Benítez. ‘Rasquiña’ fue asesinado en diciembre de 2020, seis meses después de ser excarcelado. Sobre el fallo del tribunal de la Corte Nacional que declaró su inocencia en 2018 no hubo ninguna denuncia contra los jueces en la Judicatura, incluido el expresidente de la Corte, Iván Saquicela, ni se probó que hubo una supuesta corrupción, que en la última campaña presidencial fue denunciada por la candidata del correísmo Luisa González. 

Rasquiña salió de prisión a inicios de junio de 2020 bajo el régimen abierto (previo a la libertad) que le concedieron los jueces Manuel Santamaría y Alzira Benítez, basados en el pronunciamiento de Tamayo. Su excarcelación provocó un gran revuelo en Ecuador, en medio de denuncias por las conexiones del cabecilla de Los Choneros con el Cartel de Sinaloa y con el correísmo, especialmente de su abogado defensor Salcedo.

En sus redes sociales, Salcedo se hacía llamar Hulk, por su parecido con el personaje cinematográfico, al que consideraba su álter ego. Medía cerca de dos metros y pesaba más de 250 libras; le gustaba aparecer en su página en Facebook portando armas de fuego. En las fotos se le ve sonriente emulando a muchos de sus defendidos, integrantes de bandas y carteles, políticos sentenciados de corrupción.

Desde inicios de su polémica carrera como abogado, en 2006, “Hulk” recorrió un camino sinuoso entre lo legal y lo delictivo. En 2012, falsificó la firma de dos colegas suyos, cuando trabajaba en un estudio jurídico en Quito para arrebatarle la casa a una mujer. En ese caso, él y otra persona forjaron documentos para simular un juicio por un supuesto pagaré de 35 mil dólares.

Al ser descubierto, Salcedo fue enjuiciado y sentenciado a seis meses de prisión por falsificación de documentos, en 2013. Cuando salió de la cárcel de Cotopaxi tuvo un ascenso meteórico como abogado defensor. Su fama trascendió al ser contratado por el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción en el caso Odebrecht. ‘Hulk’ Salcedo fue asesinado por orden del narco Leandro Norero (asesinado), en 2022.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ La agencia de policía secreta cerró sus puertas en mayo de 2024, luego de que sus operaciones quedarán en evidencia por una investigación periodística. No obstante, hay indicios de que empresarios de fachada la siguen manejando desde otro lugar para seguir con operaciones de espionaje y vigilancia en Quito. La Fiscalía abrió una indagación por defraudación fiscal contra el director y propietario de la empresa de turismo que era la fachada de la agencia de espionaje. Él dejó el país para volar a China, en diciembre de 2023, sin registros oficiales de su regreso. No obstante sigue cobrando sueldo de esa compañía, que está gerenciada por otra ciudadana china. Zumretay Arkin, representante de la minoría Uigur, que sufre abusos y es perseguida en China, estuvo en Quito, para denunciar sistemáticos abusos del gobierno de Pekín. En Quito también viven miembros de la organización religiosa Falun Dafa, proscrita en el país asiático. La embajada de China no respondió a nuestros pedidos de entrevista.

Por: María Belén Arroyo y Arturo Torres, con ICIJ

La tercera semana de abril de 2025, un encuentro académico sobre relaciones comerciales y culturales entre China y Ecuador se realizaba en Quito, con paneles de expertos y especialistas. Una asistente llegó para describir el lado oculto del poder chino. Para compartir la historia, debía estar lejos del ojo omnipresente del dragón. Este ojo está abierto en la mitad del mundo, como revela esta investigación, parte de un esfuerzo periodístico transnacional coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Zumretay Arkin es, desde octubre de 2024, vicepresidenta del Congreso Mundial Uigur. Ella dejó su hogar cuando tenía diez años y su familia sufrió persecución.

La Región Autónoma Uigur de Xinjiang, que comprende una sexta parte del territorio total de China, tiene tres veces el tamaño de Francia. Está en el extremo noroccidental de China; limita con el centro y sur de Asia y con la meseta tibetana.

Su población está compuesta por pueblos mayoritariamente musulmanes. En 1953, el 75 por ciento de la población se identificaba como uigur. En 2021, el porcentaje bajó al 45 por ciento. La razón de este descenso se relaciona con las políticas de fomento de la migración desde el este de China. Se volvió una razón de Estado para este país colonizar la región y desplazar a las minorías étnicas. Para ello, el régimen creó campos de internamiento, donde están recluidos más de un millón de uigures. El régimen chino se refiere a estos sitios como centros de formación profesional. En la práctica, han sido descritos como lugares de tortura y violencia.

“Usar whatsapp. Tener barba. Llevar un hiyab (velo que usan las mujeres musulmanas). Leer el Corán. Tener contactocon el extranjero, ésas son algunas de las razones por las cuales alguien puede convertirse en un objetivo para China”, explica Zumretay en inglés, durante una visita relámpago en Quito. Es ciudadana canadiense y reside en Europa, pero sabe que aunque se encuentre fuera de Xinjiang, el ojo omnipresente la vigila.

“He aprendido a vivir con eso. Tomo precauciones. Hace dos meses en Bosnia recibí amenazas de muerte. Hace poco enviaron a alguien a seguirme en Londres. Visité algunos países de América Latina en 2023, hubo presiones de las embajadas chinas para que se cancelaran los eventos académicos. Me han seguido en Australia y a colegas que iban a rendir testimonio les han intimidado con amenazas implícitas, recordándoles que tienen familia en China”.

Ella afirma que toda familia uigur tiene al menos un miembro que ha desaparecido en esos campos. Primero, los hombres fueron el objetivo, luego fueron tras las mujeres, asegura.

En la región Xinjiang viven unos 11 millones de uigures. La importancia del sitio es estratégica. Atesora un tercio de las reservas chinas de carbón, petróleo y gas. Pero además, es la puerta de entrada del proyecto de la Ruta de la Seda. Formalmente llamado Iniciativa de la Franja y la Ruta, lanzado en 2013, es la apuesta del Estado chino para unir con infraestructura vial y ferroviaria los 10 mil kilómetros que separan china de Asia Central y Europa. La red parte desde la región de Xinjiang. Esto explicaría las razones por las cuales el gobierno chino endureció su política de represión contra el pueblo uigur, a partir de 2014, acusando a sus líderes de ‘separatistas’.

Qué dijo la ONU

Desde 2017 la ONU empezó a recibir denuncias sobre desapariciones de personas de origen uigur. Para junio de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió acceso a la región para investigar las denuncias. Se anunció que la intención era emitir un informe. Este documento oficial se publicó diez minutos antes de que la alta comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet, dejara su cargo. Esto ocurrió el 31 de agosto de 2022, a las 23h47.

¿Las conclusiones? Se han cometido “graves violaciones de los derechos humanos en la región uigur”, dice el documento. “La ONU constata patrones de restricciones graves e indebidas a una amplia gama de derechos humanos” que se caracterizan por un “componente discriminatorio” ya que a menudo “afectan directa o indirectamente a los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas”.

Bachelet había realizado una visita oficial de seis días por China, gira que incluyó a la región Xianjiang. Sus detractores afirmaron que esa gira fue usada por el régimen con fines propagandísticos.

El documento estableció la falta de “base jurídica, motivos legales o garantías procesales para el internamiento” en los centros que China llama “de formación profesional y educación” (CFPE o VETC, por sus siglas en inglés). En ellos hay tortura, malos tratos, uso de grilletes y de  artefactos eléctricos. Pero además estableció que el estado chino prohíbe las prácticas religiosas y musulmanas, al destruir mezquitas, santuarios y cementerios.

Las autoridades colectan datos biométricos, lo que incluye el reconocimiento facial y escaneo del iris, a través de bases de datos de la policía. Se trata de una “vigilancia electrónica invasiva”, según el informe.

“En una sola equina se identificaron 15 cámaras de vigilancia, pero además los teléfonos celulares de los uigures tienen instalada una aplicación que registra todos sus movimientos. Alguien que recibe transferencias del exterior puede ser acusado de terrorismo”, advierte la activista que compartió su testimonio en Quito.

A partir de los indicadores, la plataforma identifica 36 tipos de personas. Así establece quiénes son los objetivos. A este grupo se le puede impedir acceder a un pasaporte, en unos casos, o confiscarles este documento, en otros. Con estas prácticas, se limita el viaje del uigures fuera de China.

Hay prácticas de esterilización forzada, que causaron un “fuerte descenso de las tasas de natalidad” en la región, cita el informe de la ONU.

La represión contra este grupo étnico y religioso es analizada en el especial China Targets (Objetivos de China), investigación transnacional, con 104 periodistas de 41 medios en 30 países.

Un ojo abierto en Quito

“Ecuador ostenta majestuosos paisajes naturales, ricos recursos y variados productos, su pueblo es laborioso y valiente”. Eso dijo el presidente chino Xi Jinping la tarde del 17 de noviembre de 2016.

El mandatario chino llegó a su gira de dos días por Ecuador, en su ruta a Perú. Desde el centro de respuesta a las emergencias ECU 911, proyecto con financiamiento y tecnología chinos, inauguró de manera remota la central Coca Codo Sinclair, a 200 kilómetros al sur de los andes, en la Amazonía norte.

Detrás de la logística del viaje presidencial había figuras clave. Entre ellas, destacaba la de un hombre nacido en septiembre de 1983, nacido en la provincia de Fujian.

Wei Fuyan había llegado a Ecuador en 2005 y consiguió trabajos de medio tiempo, mientras aprendía español. Para 2012 estableció la agencia de viajes Andywei Travel, ubicada en el  Hotel Quito, en un sector exclusivo del norte.

Al mismo tiempo, empezó a operar medios en su lengua nativa, dirigidos a la diáspora de sus connacionales en América Latina, según fuentes radicadas en China, consultadas por esta alianza.

Por su rol de liderazgo en estas asociaciones y sus relaciones cercanas con la embajada china, se volvió una figura prominente y un vocero ocasional para los medios estatales, a nombre de la comunidad migrante en América Latina.

En 2016, se volvió un activo miembro de asociaciones locales de ciudadanos chinos, alineados con el Partido Comunista Chino, revelan las mismas fuentes. Así, fue nombrado presidente del Semanario Chino en Ecuador.

Con ese cargo asistió a una conferencia de prensa organizada por el Frente Unido del Partido Comunista chino en Hebei. Pero además, llegó a ser miembro del equipo de voluntarios de la embajada china en Ecuador.

En 2020, en el contexto de la pandemia, creó canales de contacto para apoyar a sus connacionales en Ecuador. Hacia abril de 2023 ejercía las funciones de miembro del comité de la Federación de Chinos retornados del exterior; director de la federación de reunificación de China en Ecuador y director de la confederación de la colonia china en Ecuador.

Documentos confidenciales revelados por la alianza Vistazo – Código Vidrio en mayo de 2024 mostraban potenciales vínculos entre Wei Fuyan y el aparato gubernamental de su país, para vigilar a su comunidad establecida en Ecuador.

Un informe de la organización internacional SafeGuard Defenders, de 2022, evidenció la existencia de dos estaciones clandestinas chinas en Ecuador, tanto en Guayaquil como en Quito.

La localización de la agencia de espionaje y policía, en Quito, coincide con las oficinas de la agencia de viajes y la sede de la colonia china, ambas dirigidas por Fuyan, según la investigación periodística.

En 2023 Fuyan, de 41 años, viajó tres veces a China y una a Estados Unidos, según sus registros migratorios. A mediados de diciembre de 2023 se desplazó por tercera ocasión a su país de nacimiento, pero no volvió más a Ecuador. Al menos no existen registros de un ingreso oficial por los aeropuertos o puertos, por lo cual autoridades de Inteligencia no descartan que pudo regresar por tierra, por la frontera con Colombia.

Sin embargo, la agencia de viajes que creó continúa activa, aunque sin un sitio formal para su funcionamiento. Las oficinas que tenía en la planta baja del Hotel Quito cerraron en mayo de 2024, al igual que la sede de la colonia china, en el local contiguo, que en realidad eran un solo inmueble. Los registros financieros muestran que hasta enero pasado él seguía cobrando un sueldo mensual básico de 480 dólares, así como varios de sus colaboradores.

Desde enero de 2024, Fuyan enfrenta una indagación previa por defraudación tributaria, que tramita en la Fiscalía de Administración Pública en Quito. Averiguamos el avance de la investigación en el Ministerio Público y nos dijeron que se mantiene reservada. Ese caso se abrió un año después de que funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI) clausurarán la Agencia Andywei Travel, por supuesta evasión y otros problemas tributarios. No obstante el proceso fue cerrado poco tiempo después y no avanzó en esa entidad, sin explicaciones aparentes, según fuentes consultadas.

Fuyan fundó dos empresas que están activas, según registros de la Superintendencia de Compañías. Además de la agencia de viajes, en 2017 formó una compañía consultora, ubicada en la calle Roca y 9 de octubre en Quito. Su razón social es prestar servicios de asesoramiento empresarial y de importaciones. En las dos compañías Fuyan aparece como gerente. Él actualmente tiene cuentas activas en dos bancos en Quito con un saldo de más de 10 mil dólares.

Su socia en la firma consultora, que mantiene sus cifras en rojo, es otra ciudadana china, de 37 años. Ella también posee otra empresa de turismo, creada en 2019. Está ubicada en la avenida Amazonas y Colón, en un edificio de oficinas. Gerencia la compañía y tiene otro socio de nacionalidad china. Tampoco reporta ingresos ni ganancias, solo pérdidas.

Fuentes de Inteligencia consultadas para esta investigación estiman que los tres serían las cabezas de operaciones de espionaje y seguimiento, así como otras actividades subterráneas.

Las autoridades de la embajada china en Quito no respondieron nuestra solicitud de una entrevista.

Falun Dafa, a escondidas del dragón

Miguel (nombre protegido) es un profesional ecuatoriano. Hace 11 años inició una práctica que, afirma, no solo cambió su vida sino que le permitió enfrentar los desafíos cotidiano sobre la base de tres principios: Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

Con ejercicios físicos y meditación empezó a cultivar la práctica del Falun Dafa, que también es conocida como Falun Gong.

“Es algo totalmente voluntario, libre y gratuito, es una disciplina que se realiza al aire libre”, explica en un parque concurrido del norte de Quito.

Miguel asumió la vocería del grupo para proteger a los practicantes de origen chino. En ese país, esta disciplina es prohibida. Sus simpatizantes son privados de la libertad cuando la policía los encuentra realizando Falun Dafa.

La práctica se difundió a partir de 1992. Su iniciador, Li Hongzhi, compartió los principios y rápidamente empezó a tener seguidores. En los primeros siete años, había más de cien millones de chinos practicando estos ejercicios en parques públicos, explica la asociación de Falun Dafa en Argentina. Una de las posibles explicaciones menciona que una población con una tradición espiritual cinco veces milenaria buscaba una respuestas a las presiones diarias y las encontró en esta disciplina.

“Esta gran adhesión y popularidad que cobró Falun Dafa o Falun Gong significó una amenaza para el entonces cabecilla chino, Jiang Zemin. El Partido Comunista Chino lanzó una sistemática persecución en 1999 y creó la oficina 610, una especie de Gestapo china”, según la asociación argentina.

Hay cientos de miles de practicantes en centros de detención, campos de trabajo y prisiones, relata M. Y hay innumerables víctimas.

Ante la persecución, desde 2006, la justicia en Argentina decidió investigar y juzgar los crímenes que se estarían cometiendo en contra de los practicantes de esta disciplina.

En Argentina, la causa se mantiene abierta sobre la base del principio de jurisdicción universal. En España un proceso judicial se instauró en 2007.

En ese año se hizo público el informe “Cosecha Sangrienta”. Dos académicos, David Matas, abogado experto en DD.HH. y David Kilgour, ex parlamentario canadiense y exsecretario de Estado de Canadá para la región Asia Pacífico investigaron la posible extirpación de órganos a practicantes de Falun Gong detenidos en China. Comisiones parlamentarias de Reino Unido y la Unión Europea crearon espacios para indagar la denuncia. Ante ellas rindió testimonio Cheng Pei Ming, quien afirma haber sido detenido cinco veces por su práctica religiosa. En 2004, habría sido sometido a un procedimiento de extracción parcial del hígado y de uno de sus pulmones. Según su versión escapó en 2006 y se mantuvo oculto, hasta que en 2020, ya fuera de China, rindió testimonio del procedimiento. Se sometió a exámenes médicos que corroboraron la realización de los procedimientos quirúrgicos.

La Coalición Internacional para poner Fin al Abuso de Transplantes en China (ETAC, por sus siglas en inglés) es una organización australiana que busca esclarecer la verdad sobre estos hechos.

Sobre el tema, el régimen chino no se ha pronunciado. Esta alianza pidió contactarse con la embajada de ese país, pero no obtuvo respuesta.

El gobierno chino sí ha hecho pública su versión sobre Falun Gong. Su creador “fabrica y propaga falacias antihumanas y anticientíficas e implementa control mental extremo sobre sus creyentes, por lo que constituye un grave daño a la sociedad y viola los derechos humanos”, según un comunicado de la embajada china en México. Según esta información, los practicantes creen equivocadamente que no se enfermarán. Y cita estadísticas según las cuales más de mil creyentes murieron porque no buscaron tratamiento médico cuando enfermaron.

Esta comunicación oficial del gobierno chino en México se difundió en mayo de 2022, a propósito del anuncio del espectáculo “Shen Yun”. “Se propaga que el espectáculo ‘revive la cultura tradicional china destruida’”, afirma la embajada. En su versión, bajo el disfraz de espectáculos artísticos se promueven las creencias de este grupo religioso y el contenido artístico ataca al régimen chino.

En mayo de 2015 se canceló “por motivos de fuerza mayor” un espectáculo de danza titulado “El Rey Mono”, que debía realizarse en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de Quito. Organizado por la compañía “Shen Yun”, el evento fue promocionado pero el escenario anunció cuatro días antes de la presentación que las instalaciones pasaban a mantenimiento por disposición de la autoridad nacional de riesgos.

Según la asociación Falun Dafa, detrás de la cancelación estuvo un pedido diplomático chino al más alto nivel.

M., el vocero de los practicantes de Falun Dafa en Quito, explica que los chinos que ejercitan la disciplina lo hacen en espacios públicos, en forma voluntaria y pacífica.

El supuesto líder de una estructura de narcolavado vinculada con CDF tiene orden de prisión, aunque está en España. La agencia de seguridad de EE.UU. emitió una alerta por terrorismo en su contra, según consta en el expediente judicial. La audiencia de juicio contra el resto de implicados, incluidos los hijos del acusado, se realiza en Quito. El grupo intentó dejar sin efecto las órdenes de prisión que se dictó inicialmente contra miembros de la organización, intentando sobornar a tres jueces anticorrupción, que están bajo indagación de la Fiscalía.

Alianza Código Vidrio y Vistazo

No sería coincidencia. La audiencia de juicio por presunta delincuencia organizada contra 13 procesados en un caso que vincula a los Comandos de la Frontera se reinstalaba en su tercer día. En medio de esa jornada, una masacre provocada por esa organización narcoterrorista quitaba la vida a 11 militares del Ejército, quienes participaban en una operación de control de minería ilegal en el sector de Sardinas, en Alto Punino, provincia de Orellana.

Fue una matanza sin precedentes contra uniformados, por parte del grupo criminal de origen colombiano, que se ha adentrado en Ecuador y Perú, según la investigación transnacional de Ojo Público y Código Vidrio publicada a fines de abril.https://ojo-publico.com/tag/comandos-frontera  https://www.codigovidrio.com/code/la-sombra-de-los-comandos-de-la-frontera-se-expande-desde-colombia-a-ecuador-y-peru/

En la jornada de este sábado 10 de mayo, Fiscalía presentaba los medios probatorios contra los 13 acusados. Varios de ellos fueron detenidos la madrugada del 29 de agosto de 2024, mediante operativos simultáneos en las provincias de Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Guayas y Orellana.

En los allanamientos conjuntos, en coordinación con la Policía, Fiscalía incautó siete vehículos de alta gama, 29 terminales móviles, 16 armas, municiones, computadoras, 100 mil dólares en efectivo y otros indicios. Según la información policial, los bienes incautados y las cuentas bancarias dentro del sistema financiero ascienden a unos USD 200 millones.

El informe de seguimientos y vigilancias, los reportes telefónicos y el contexto de los diálogos revelan conexiones con tráfico de drogas, armas, sicariato y lavado de activos. Por ello a inicios de septiembre la justicia dispuso su prisión preventiva. A mediados de enero, la Fiscalía pidió la vinculación de cuatro personas más, incluyendo a quien en los diálogos aparece identificado como ‘Gerente’.

Se trata del presunto cerebro de la estructura de lavado de activos vinculada con los Comandos de la Frontera. Él se encuentra radicado en España, “en una zona de alto nivel económico de Madrid, en una propiedad a nombre de una empresa”, según el expediente revisado por esta alianza. A fines de febrero, el tribunal de Alzada de la sala especial para juzgamiento de delitos de corrupción negó el pedido de apelación a la prisión preventiva, presentado por ‘Gerente’ y otro procesado. Este Tribunal está integrado por los jueces Mabel Tapia, Esteban Coronel y Lauro Sánchez.

El delegado de Fiscalía, Roberto Torres, sustentó en la audiencia en la que se tramitaba el pedido de apelación que el posible líder financiero de la estructura tiene movimientos económicos superiores a 5,5 millones de dólares.

“Estados Unidos emitió una alerta por terrorismo relacionada con el acusado”, insistió el delegado de Fiscalía, al aclarar que “se considera que esta persona representa una amenaza significativa para la seguridad nacional e internacional, porque las alertas de terrorismo suelen ser emitidas por agencias de seguridad y pueden implicar acciones como como búsqueda y detención de individuos como este ciudadano”.

Durante la audiencia, su defensa había insistido en que desconocía a los vinculados con la estructura.

‘Gerente’ coadministra dos empresas legalmente constituidas en España. Se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles en Mahadahonda (Madrid), según el proceso judicial. Este expediente contiene las conclusiones del tribunal que ratificó la orden de prisión preventiva en contra de ‘Gerente’, aunque está fuera del país. “Los elementos permiten presuntamente establecer su relación dentro de esta organización criminal como líder, permitiendo el ingreso de fondos ilícitos a su patrimonio, y mediante eso la generación de empresas, la compra de vehículos, la compra de inmuebles que permiten la integración de capitales provenientes de actividades ilegales al sistema financiero nacional, elementos de convicción suficientes para determinar su presunta participación dentro de la actividad de delincuencia organizada, con la finalidad de tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos, puesto que se verifica que sus actividades son referentes a la infiltración de capitales provenientes de actividades ilícitas”.

Entre los detenidos a fines de agosto se encuentran dos hijos de ‘Gerente’, quienes en registros del sistema nacional de compañías aparecen como administradores de empresas. El conglomerado societario surgió de un consorcio ferretero constituido en Lago Agrio, en Sucumbíos. La economía de esa provincia ha sido, por décadas, dinamizada por recursos provenientes de actividades ilegales, relacionadas con el narcotráfico. Uno de los motores han sido precisamente los Comandos de la Frontera, y anteriormente el Frente 48 de las FARC, donde ese grupo criminal nació.

A lo largo del proceso judicial, la defensa de ‘Gerente’ argumentó que los ingresos del grupo familiar tienen un origen lícito, por lo que es ilegal la detención de los dos hijos del presunto cerebro financiero.

Desde comienzos de este año se hicieron evidentes los esfuerzos de esta estructura por boicotear y detener el avance del proceso judicial. Primero, en enero, la Policía alertó que desarticuló una red de corrupción que intentaba dejar sin efecto las órdenes de prisión emitidas contra los hijos de ‘Gerente’, pagando sobornos a los jueces de primera instancia. Se trata de los  jueces anticorrupción, que inicialmente conocieron el caso: Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García, quienes fueron involucrados en la trama.

La Fiscalía ha denominado este caso como ‘Pantalla’. Los tres jueces, que están radicados en Quito y estuvieron inicialmente detenidos, iban a recibir pagos a cambio de dictar las órdenes de libertad a favor de los detenidos.

En el territorio amazónico del norte ecuatoriano, los Comandos de la Frontera (CDF) buscan mantener la hegemonía en la actividad de narcotráfico, en las distintas etapas de la cadena de producción y distribución.

Derivaron del frente 48 de las FARC. Se integraron a ‘La Constru’, que manejaba los vínculos con distintos carteles. Su líder, el colombiano ‘Araña’, detenido en febrero en Bogotá, armó su estructura de operación. Una figura destacada fue Juan Carlos Chulca, alias ‘Chabalo’, que manejaba el transporte desde Putumayo al Ecuador y a las provincias con salida al Pacífico. Fue detenido a mediados de 2024.

En su búsqueda de hegemonía territorial y para ampliar su portafolio delictivo, CDF quieren consolidarse como actores predominantes en la minería ilegal en Orellana, al sur de Sucumbíos. Y para ello se aliaron con Los Lobos. En tanto los grupos locales de Orellana pidieron protección de Los Choneros. La violenta disputa por el control de minería ilegal, que implica cobro de vacunas y extorsiones, ha dejado al momento casi 80 víctimas entre ambas provincias, en lo que va de este año.

Por lo menos media docena de hechos violentos se han producido en ambas provincias desde inicios del año pasado, en cantones como Joya de los Sachas, en Orellana, y en Lago Agrio, Sucumbíos.

El más violento, descrito como una masacre por el uso de armas de largo alcance y artefactos detonantes, causó la vida de once militares, el viernes nueve de mayo.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) expone cómo Pekin abusa de las instituciones internacionales, incluidas Interpol y las Naciones Unidas, para aterrorizar a sus críticos y extender sus tácticas represivas a todo el mundo. También los alcances del seguimiento en varios países, incluido Ecuador.  

Por Whitney Joiner, Scilla Alecci y equipo de ICIJ

China Targets es una investigación transfronteriza dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que descubre el enorme alcance y las tácticas aterradoras de la campaña de Beijing para atacar a los críticos del régimen que viven en el extranjero.

La investigación de 10 meses también revela cómo las Naciones Unidas se han convertido en una plataforma para la represión transnacional de China bajo el régimen de Xi Jinping, y cómo las autoridades chinas abusan de las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos.

En Ecuador los medios Código Vidrio y Revista Vistazo fueron parte de esta investigación global. Publicaron dos reportajes sobre cómo la policía secreta china sigue operando en Ecuador, con empresarios de fachada, para espiar y seguir a los emigrantes y el funcionamiento de una red de tráfico de personas desde Ecuador a EE.UU., encabezada por seis coyotes chinos.

El ICIJ y 42 medios de comunicación asociados entrevistaron a 105 personas en 23 países que han sido blanco de las autoridades chinas en los últimos años por criticar las políticas gubernamentales, tanto en público como en privado. Entre estas personas se incluyen disidentes políticos chinos y de Hong Kong, así como miembros de las minorías uigur y tibetana oprimidas.

Los periodistas tomaron medidas de seguridad extraordinarias para proteger la identidad de las víctimas (muchas de las cuales pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias contra ellas o sus familias) y para corroborar la evidencia del acoso patrocinado por el Estado.

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El ICIJ y sus socios estudiaron documentos internos del gobierno, examinaron grabaciones secretas de audio y video de interrogatorios policiales y analizaron registros confidenciales de la ONU y de Interpol, archivos judiciales e informes de inteligencia para analizar el alcance autoritario de Beijing. Registros gubernamentales chinos, nunca antes vistos, que abarcan el período 2001-2020, incluyendo un libro de texto policial interno y pautas de seguridad confidenciales, brindaron una visión única del manual de estrategias de China para reprimir la disidencia.

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Estos documentos, cuidadosamente guardados, detallaban, en palabras de las propias autoridades chinas, cómo los agentes de seguridad nacional debían identificar y controlar a los objetivos. Las directrices de seguridad establecieron un modelo de represión que las autoridades chinas utilizan actualmente contra las víctimas en el extranjero, según el ICIJ.

La mitad de las 105 víctimas entrevistadas por el ICIJ y sus medios de comunicación asociados afirmaron que sus familiares en China habían sido intimidados e interrogados por la policía o agentes de seguridad del Estado. Varios afirmaron que la intimidación se produjo apenas horas después de que las víctimas participaran en protestas o actos públicos en el extranjero.

Sesenta de las víctimas creían haber sido seguidas o vigiladas en su país de adopción. Veintidós víctimas afirmaron haber recibido amenazas físicas o haber sido agredidas por civiles que apoyaban abiertamente al Partido Comunista Chino (PCCh). Diecinueve dijeron haber recibido correos electrónicos sospechosos o haber sufrido intentos de piratería informática, incluso por parte de agentes estatales.

Investigaciones previas del ICIJ expusieron las políticas represivas de Pekín contra las minorías musulmanas en China, parte del amplio programa gubernamental de vigilancia masiva y control demográfico. China Targets documenta cómo, bajo el mandato de Xi, las autoridades han exportado y expandido algunas de esas tácticas represivas, en un esfuerzo por neutralizar a individuos percibidos como amenazas a la seguridad nacional, incluso estando fuera de las fronteras del país.

El efecto de esta intimidación patrocinada por el Estado es tan poderoso que muchos activistas y minorías étnicas en el extranjero han abandonado su labor de defensa por temor a que sus familias en sus países de origen puedan sufrir daños o ser encarceladas.

El ICIJ descubrió que ni siquiera Ginebra —a la que las Naciones Unidas llama la “capital de la paz” debido a su papel como sede europea de la ONU y de organizaciones internacionales dedicadas a la diplomacia y los derechos humanos— estaba fuera del aterrador alcance del gobierno chino.

Activistas de derechos humanos y abogados declararon al ICIJ haber sido vigilados, acosados ​​o intimidados por personas que consideran diplomáticos chinos o representantes del gobierno, incluyendo delegados de organizaciones no gubernamentales. La ONU otorga a miles de ONG estatus consultivo, lo que les otorga ciertos privilegios con la expectativa de que actúen sin interferencia gubernamental. Sin embargo, un análisis del ICIJ de 106 ONG de este tipo de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán reveló que 59 tienen vínculos estrechos con el gobierno chino o el Partido Comunista.

Las autoridades chinas también abusan de Interpol, el mayor mecanismo mundial de cooperación policial, según descubrieron el ICIJ y sus socios. A través de Interpol, China persigue a disidentes, empresarios influyentes y defensores de los derechos de los uigures, en aparente violación de las normas de Interpol. Muchos objetivos descubrieron que eran buscados solo después de ser detenidos en un control fronterizo.

China Targets revela el alcance de la represión contra manifestantes durante los viajes de Xi Jinping al extranjero. Durante al menos siete de las 31 visitas de Xi al extranjero entre 2019 y 2024, las fuerzas del orden locales vulneraron el derecho de decenas de manifestantes a proteger al presidente chino de la disidencia, deteniendo o arrestando a activistas, a menudo por motivos espurios. En los casos analizados por ICIJ, la campaña para silenciar a los opositores al Partido Comunista parece haber involucrado a las fuerzas del orden locales en los países anfitriones, lo que revela hasta qué punto China ejerce su poder político y económico para presionar a gobiernos e instituciones extranjeros a que se sometan a su voluntad.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Una red criminal de tráfico, encabezada por seis coyotes de nacionalidad china, mantiene intacta en Ecuador una estructura que facilita el tránsito de cientos de migrantes asiáticos que ingresan por la frontera con Perú, para dirigirse hacia Estados Unidos, por vía terrestre. China tiene identificados a los traficantes y ha pedido su localización y captura a la Interpol, que aún no ha emitido ninguna notificación roja. Dos ciudadanos chinos fueron extraditados en 2024, tras ser detenidos por la policía internacional en Guayaquil. Desde que Ecuador exige un visado, en 2024, el ingreso de ciudadanos chinos cayó significativamente. Las solicitudes de visados se concretan en los consulados en China. 18 personas de esa nacionalidad recibieron visas humanitarias por persecución política o religiosa.

Por Arturo Torres, en colaboración con el ICIJ 

La llamada de su mejor amiga dejó a Xiao Wei devastada. Recuerda claramente que fue el miércoles 3 de julio de 2024. Ese día trabajaba, como de costumbre, atendiendo a sus clientes en su local de productos artesanales, ubicado en el norte de Quito.

Temprano en la mañana su amiga, Xiao Li, de 35 años, le llamó para contarle que el gobierno ecuatoriano había decidido exigir a los inmigrantes chinos visas para ingresar al Ecuador.

Wei, de 30 años, llegó a fines de 2023 a Quito, como parte de una explosiva ola migratoria de chinos que se precipitó sobre Ecuador. El país se volvió un puente para miles de inmigrantes asiáticos que en su mayoría querían llegar a Estados Unidos, a cualquier precio.

Los viajeros abandonaron su país, en buena parte, escapando de una serie de medidas restrictivas, detenciones arbitrarias y persecuciones, por razones políticas o religiosas, impuestas por el régimen del presidente Xi Jinping, según denunciaron varios organismos internacionales de derechos humanos y expatriados que viven en el extranjero.

Precisamente el año 2023 marcó un ingreso histórico, sin precedentes, de ciudadanos chinos a Ecuador. Ese año arribaron 50 mil chinos, tres veces más que el 2022, cuando entraron 14 mil personas.

Ecuador se volvió un imán para los asiáticos, en vista de que podían ingresar sin tener una visa y quedarse como turistas durante tres meses. Ese beneficio fue parte de un acuerdo diplomático bilateral de los dos gobiernos, vigente desde 2016. Se concretó en el contexto de una estrecha relación que mantuvo la administración de Rafael Correa con el régimen de Xi Jinping. Éste se convirtió en su principal aliado internacional y prestamista para obras que emplearon a miles de chinos y también fueron ejecutadas por empresas de ese país.

Hasta 2020, año de la pandemia por el Covid-19, el ingreso y salida de ciudadanos chinos se mantuvo sin sobresaltos, en un promedio similar desde 2016. Pero dos años más tarde se empezó a registrar un mayor ingreso de asiáticos por supuestos motivos de turismo, no laborales, que era la tendencia habitual. En 2022 hubo un primer pico, con la llegada de 13.705 chinos, pero  el 2023 el flujo se salió de control, reportando un aumento del 262%.

En ese éxodo, precisamente, llegaron Xiao Wei y su amiga Xiao Li. Ambas abandonaron China por la asfixiante restricción de sus libertades y la represión y confinamiento extremos durante meses, incluso bajo llaves, que vivieron con sus familiares durante la pandemia.“La gente se quedó muy frustrada, con mucho miedo, después del encierro por el Covid-19. Debido a razones políticas decidieron un encierro total de toda la población. No podíamos salir de nuestros hogares ni abandonar el país, no solo por la situación de salud”, contó Wei, quien luego de pocos meses recibió en Quito a su esposo, Gao M. “Nosotros no tenemos hijos -dice Wei- pero nos preocupaba que las utoridades tomaran represalias contra nuestros hermanos y otros familiares porque decidimos no volver a China. Amigos nuestros, que se quedaron, sufren amenazas porque sus parientes también se fueron”.

Esa práctica de hostigamiento -denunciada por Wei- ha sido ampliamiente documentada por la investigación transnacional “China Targets”, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que Código Vidrio y Revista Vistazo participan. Esas tácticas del gobierno chino están detalladas en manuales y directrices confidenciales para agentes de seguridad estatales revisadas por el ICIJ. Así como en las experiencias que han vivido 105 personas objetivo (perseguidas en el extranjero como amenazas contra la seguridad nacional), incluidos interrogatorios policiales grabados en secreto, llamadas telefónicas y mensajes de texto entre agentes de seguridad en China.

Para 2023, las autoridades ecuatorianas de migración levantaron informes sobre la llegada masiva de ciudadanos chinos, sobre todo por el aeropuerto de Quito. Esos datos coincidieron con alertas que empezaron a llegar desde los gobiernos de Estados Unidos, China y Panamá.

“Era evidente que los inmigrantes estaban usando Ecuador como un país de tránsito, para llegar a Estados Unidos, aprovechando que no necesitaban una visa”, dijo el coronel de policía Wilmer Llerena, director nacional de Migración.

Así, Ecuador se convirtió en el epicentro de una diáspora incontenible de chinos que llegaba por avión desde países europeos, especialmente de España. “Por la magnitud de ingresos, enviamos informes técnicos a la Cancillería. China se convirtió en el principal sitio de procedencia de extranjeros, que decían llegar para hacer turismo, la mayoría tenía entre 36 y 55 años, el 70% eran hombres, explicó Gabriela Pogo, subsecretaria de Movilidad Humana del Ministerio del Interior.

En 2023 ingresaron a EE.UU. por el desierto fronterizo más de 45 mil chinos. La mayoría había salido desde la capital ecuatoriana, por vía terrestre, con el apoyo de redes criminales de tráfico, según destaca Llerena.

En Quito, la red, que era contactada por los emigrantes desde China, contaba con transportistas que los recogían en el aeropuerto y los llevaban a hostales y pensiones, donde se alojaban varios días hasta iniciar la travesía hacia Tulcán para pasar por el puente de Rumichaca hacia Colombia. Luego atravesaban el Tapón del Darién, en Panamá, y varios países centroamericanos hasta la frontera de México.

En 2024, el arribo de migrantes seguía aumentando. En mayo de ese año Código Vidrio y Revista Vistazo revelaron que para monitorear a los miles de desplazados, venía operando una estación clandestina de la policía china, bajo la fachada de una agencia de turismo, en el emblemático y patrimonial Hotel Quito, que fue vendido por el gobierno de Correa a la empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC). https://www.codigovidrio.com/code/el-rastro-de-la-policia-secreta-china-conduce-al-hotel-quito/

Para entonces, el gobierno de Daniel Noboa aceleró la decisión de suspender el acuerdo con China y exigir visa a los asiáticos, lo cual fue acordado con las autoridades de Pekín, en medio de las exigencias continuas de Estados Unidos y otros países centroamericanos.

Cuando la exigencia de los visados empezó a aplicarse desde julio, Xiao Li pidió una visa de residente temporal. Quería quedarse en este país al igual que otros de sus conterráneos porque su negocio estaba prosperando. Sin embargo, su solicitud de acceder a una visa de inversionista fue negada en la Cancillería, por lo cual debió permanecer ilegalmente y buscar contactos para viajar a EE.UU.

Caen entradas de migrantes

En Ecuador el efecto del visado fue inmediato. En 2024 el ingreso de chinos se redujo en un 60%. (arribaron 27 mil migrantes) y en lo que va de este año entraron 3.578. Pralelamente, también se empezó a negar la entrada de migrantes que aterrizaron en Quito y debieron regresar a su último país de embarque. Los tres últimos años fueron inadmitidos 1.413 migrantes chinos, según Pogo, quien indicó que muchos desconocían que Ecuador había impuesto nuevamente el requisito del visado, engañados por las redes de coyoteros.

Según reportes de la Cancillería, tras la imposición de la visa las solicitudes en los consulados en China se incrementaron. En Pekín, Cantón y Shangai, hasta abril de este año, se pidieron 1.108 visas, un aumento de más del 100% en relación a junio de 2024, hasta cuando se requirieron 485 visados. Adicionalmente, la Cancillería implementó el sistema de visado electrónico que permite realizar la solicitud de visa virtual desde cualquier lugar del mundo. Bajo este esquema 5.234 ciudadanos chinos han solicitado visados. Entre julio de 2024 y el 23 de abril de 2025, se han emitido 2.587 visas de turismo a ciudadanos chinos.

18 visas humanitarias por persecución

Entre enero de 2023 y marzo de 2025, la Cancillería otorgó 18 visas humanitarias de protección internacional a ciudadanos chinos. Doce de esos casos fueron cerrados, debido a que las autoridades negaron las solicitudes de refugio, mientras cinco aún están pendientes de una decisión de la Comisión de Refugio y Apatridia. Solo un extranjero ha renovado su visa humanitaria de solicitante de protección internacional. Los chinos que pidieron estatus de refugiado alegaron como motivos la persecución por su opinión política, su religión y su pertenencia a un determinado grupo social.

En febrero pasado, Xiao contrató los servicios de un coyotero para viajar con su esposo y su amiga por tierra hasta México y cruzar a EE.UU. La contactamos a inicios de abril a su celular y nos confirmó que había llegado a una ciudad de California, donde ya estaba trabajando. “Aunque es un viaje difícil y peligroso, la gente sigue cruzando la frontera porque busca una nueva vida para sus familias”, dijo Xiao, quien no piensa regresar a su país y ha pedido que las autoridades estadounidenses le concedan asilo. “China es como un bus gigantesco que nunca cambia de conductor. Circula por cualquier camino, incluso puede irse al precipicio, pero ningún pasajero puede criticar al conductor”.

Seis coyoteros chinos siguen operando 

Pese a todas las medidas de control migratorio del actual gobierno, la llegada ilegal de ciudadanos chinos a Ecuador continúa, según confirmó el coronel Llerena, director de Migración. “Los migrantes de China siguen ingresando ilegalmente por la frontera con Perú, por trochas clandestinas y puestos migratorios en las provincias de Loja y El Oro. Continúan usando Ecuador para llegar a EE.UU., que es su destino final”, indica Llerena.

Para facilitar los traslados y la logística de los migrantes asiáticos, aún opera en Ecuador una organización de tráfico de personas, encabezada por seis ciudadanos chinos. Ellos, según Llerena, han sido identificados por las autoridades de China, que mantienen coordinaciones de búsqueda con Interpol. “Hemos articulado el trabajo con Interpol, les hemos pasado información de los chinos que estarían involucrados en casos de migración ilegal. Estamos esperando los datos de su ubicación para junto con la embajada realizar expulsiones desde Ecuador”, destacó el oficial.

Esas redes tienen montada una compleja estructura para trasladar a los migrantes hasta EE.UU. “Cuentan con un sistema completo de alojamiento y transporte, lo cual ha sido corroborado por los servicios de Inteligencia de China. No han podido ser ubicados porque se mueven constantemente por diferentes provincias”, explica Llerena.

Los oficiales de Migración mantienen reuniones con funcionarios chinos de la embajada, que han pedido que Interpol gestione la emisión de difusiones rojas para detenerlos, según Llerena. “En China los tienen bien identificados. Hace siete meses hubo una reunión con policías de ese país para abordar este tema. Entregaron un paquete de información de estos ciudadanos, para concretar su extradición”.

Dos chinos fueron extraditados

En respuesta a un pedido de esta alianza periodística, Interpol Ecuador informó que entre 2020 y abril de 2025 no ha emitido notificaciones rojas contra ciudadanos chinos.

Sin embargo, destacó que ha llevado a cabo dos extradiciones pasivas, en 2024, de los chinos Wu Zhirong y Feng Meiying, requeridos por la República Popular de China por fraude.

Zhirong y Meiying fueron detenidos por agentes de Interpol el 1 de agosto de 2024 en Guayaquil. para su extradición pasiva, requeridos mediante notificaciones rojas (A-8765/10-2021 y A-5626/6-2021, respectivamente). Ambos fueron denunciados en el distrito de Huadu, China, por defraudar a múltiples víctimas por 550.000 yuanes ($75.908 dólares). Según el reporte de las autoridades chinas, utilizaron métodos engañosos, como simular enfermedades familiares y presentar certificados falsificados de uso de tierras como garantía. La investigación penal empezó el 12 de noviembre de 2015 por la Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou.

“Estos procesos se realizaron conforme a la normativa ecuatoriana, incluyendo la Ley de Extradición, el Código Penal y los protocolos de Interpol, en coordinación con autoridades judiciales y la Cancillería”, indicó la entidad.

Interpol sostiene que no ha registrado solicitudes formales para la localización de ciudadanos chinos en el país. Desde el 2022, ha mantenido una cooperación activa con China, intercambiando 17 comunicaciones con información sobre personas de esa nacionalidad.

Frente a las denuncias de que China ha usado el mecanismo de difusiones rojas para que Interpol detenga a disidentes políticos y minorías sometidas a persecución en ese país, sus autoridades indicaron que aplican seis filtros y requisitos estrictos a cargo de un equipo especializado, para evitar el uso de notificaciones de detención con fines políticos, militares, religiosos o raciales, y que se concentren en delitos comunes.

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Un activista político chino fue arrestado en 2023 cuando intentaba llegar a Ecuador; al final fue deportado a China. El caso de Jack Ma, de la empresa Alibaba, evidencia cómo ese país utiliza la policía internacional Interpol como arma para fines políticos. China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas, críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero. 

Por Scilla Alecci y periodistas de ICIJ

Gao Jianhuan, activista político que afirmó haberse mudado a Vietnam tras presenciar abusos contra los DD.HH. en su provincia natal de Zhejiang, fue acusado por las autoridades chinas de estafar a tres ciudadanos chinos en 2017. A principios de 2023, mientras se dirigía a Ecuador, fue arrestado y retenido en una comisaría de policía de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con base en una notificación roja de Interpol, la policía internacional. 

Jianhuan, agente de viajes de 43 años, fue liberado después de que las autoridades chinas no procesaran una solicitud de extradición en su contra, según consta en los registros judiciales de los EAU. 

Quince meses después, Gao fue arrestado nuevamente en Benín, con base en la misma notificación roja, mientras Interpol revisaba su petición de que se eliminara su nombre de la base de datos de la organización. Gao permaneció recluido en una celda en Cotonú. Entre tanto, su abogado alegó en los documentos judiciales que “esta detención se prolongó como resultado de una solicitud presentada al margen del procedimiento formal de extradición” por las autoridades chinas. 

Gao fue finalmente deportado a China. No logró llegar a Ecuador.

El caso de Gao no es aislado. 

En una tarde fría de la primavera de 2021, mientras esperaba una audiencia de extradición en Burdeos, Francia, el empresario H. (nombre protegido) recibió una llamada de un viejo amigo y socio.

Jack Ma estaba en la línea. se sorprendió al recibir noticias de Jack Ma, cofundador de Alibaba, la plataforma de comercio electrónico más importante del planeta, y uno de los hombres más acaudalados de China, según una transcripción de la llamada.

Ma dijo que le llamaba a petición de las autoridades chinas, que pedían su regreso inmediato a China.

Semanas antes, H. había sido arrestado por las autoridades francesas por una notificación roja de Interpol, organización policial internacional. Según los críticos, esta entidad puede ser utilizada por los regímenes autoritarios.

Jack Ma había reaparecido en la escena pública. Desapareció durante tres meses tras dar un discurso en el que criticó a los reguladores financieros chinos. El gobierno canceló la salida a la bolsa de su empresa de tecnología financiera, Ant Group, y forzó su reestructuración. 

Las autoridades chinas intentaban que H., ciudadano de Singapur naturalizado y nacido en China, testificara en un tema no relacionado con su notificación roja: un caso de corrupción contra el exviceministro de seguridad pública Sun Lijun, según los registros judiciales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus socios Radio Francia y Le Monde, bajo la condición de que no se revelara la identidad de H.
H. declinó hacer declaraciones; tampoco Ma respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.

H., empresario de 48 años, era propietario de un viñedo en Burdeos, al oeste de Francia, y aparecía en la prensa de farándula junto a su esposa, Zhao Wei, estrella de cine. 

Un mes antes de la llamada de Jack Ma, agentes franceses habían arrestado a H. al descender de un avión privado en el aeropuerto de Burdeos, alegando una notificación roja de Interpol en su contra, a petición de la fiscalía china de la ciudad sureña de Dongguan.

El expediente acusaba a H. de lavado de dinero y complicidad en un escándalo de malversación de fondos que involucra a Tuandai, compañía de préstamos privada en la que H. había invertido. No mencionaba al viceministro, Sun Lijun.

“Están usando el caso Dongguan como pretexto”, le dijo H. al multimillonario Ma. “Si les explico lo que pasó con Sun Lijun, no me perseguirán más. ¿Eso es lo que te aseguraron? No le creo a nadie”.

«Creo que no tienes otra opción», dijo Ma. «Ahora te están dando una oportunidad. Si no regresas, te destruirán». H. dijo que lo pensaría.

Hace una década, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a Interpol apoyo para rastrear a quienes denominó ciudadanos corruptos en el extranjero. 

Una investigación transfronteriza dirigida por el ICIJ reveló que China ha utilizado notificaciones rojas y otras herramientas para perseguir no solo a delincuentes, sino a empresarios con conexiones políticas como H., así como a críticos y miembros de minorías religiosas que buscan refugio en el extranjero.

Los hallazgos forman parte de la investigación «Objetivos de China» del ICIJ, una colaboración entre 41 medios de comunicación de 30 países que expone los mecanismos de la campaña de represión global del gobierno chino. 

La investigación concluyó que el uso indebido de Interpol por parte de China forma parte de un esfuerzo organizado para silenciar a quienes el Partido Comunista considere amenazas para su gobierno, aunque no residan en ese territorio. Las autoridades también utilizan la vigilancia, el hackeo informático, la incautación de activos financieros y la intimidación de los familiares en China, para neutralizar a los críticos.

La investigación se basa en entrevistas con más de 100 objetivos de la represión transnacional de China que ahora viven en 23 países, así como en grabaciones secretas de vídeo y audio de interrogatorios policiales, documentos chinos confidenciales y otras pruebas.

Notificaciones rojas

Ted Bromund, especialista en estudios estratégicos y perito en casos legales relacionados con Interpol, afirma que este organismo se convirtió en un elemento central de la campaña de represión. China utiliza las notificaciones rojas como un alfiler en una mariposa, afirmó. «Retienen a alguien, lo inmovilizan para que no pueda escapar».

En una declaración al ICIJ, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington D. C., afirmó que “el gobierno chino respeta estrictamente el derecho internacional y la soberanía de otros países”. Liu no abordó cuestiones específicas sobre el uso de Interpol por parte de China.
El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a la solicitud de comentarios del ICIJ.

En noviembre de 2014, representantes de las fuerzas policiales internacionales se reunieron en Mónaco para celebrar el centenario de la creación de Interpol. La organización, cuya misión es apoyar a las fuerzas del orden e impulsar la cooperación policial entre sus 196 países miembros.

Meng Hongwei, entonces viceministro de seguridad pública de China, subió al escenario con un mensaje de su gobierno.

La República Popular China se convirtió en miembro de Interpol en 1984, Meng dijo que se había convertido en un «canal importante para que la policía china reciba asistencia en la investigación y cooperación en casos transfronterizos».

DEPEDENCIAS ESPECIALIZADAS DE INTERPOL 

Habló de aprovechar “los recursos de Interpol” para cazar terroristas y fugitivos en todo el mundo. Según los críticos, ese régimen designa así a opositores políticos y miembros de la minoría étnica uigur.

Xi Jinping mencionó a la «cooperación policial» en discursos, según el sitio web de una agencia provincial anticorrupción. Dejó clara la prioridad a los funcionarios en una sesión de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, la agencia anticorrupción de China.

El gobierno lanzó dos campañas anticorrupción, conocidas como Fox Hunt y Sky Net, para perseguir a los que describió como funcionarios corruptos prófugos. El Ministerio de Seguridad Pública creó una unidad encargada de la cooperación internacional e incentivó a las comisarías a recurrir a la Interpol.

Los registros revisados ​​por el ICIJ muestran cómo las agencias de seguridad compitieron para mostrar al gobierno el número de casos “resueltos”: objetivos de notificaciones rojas y otros sospechosos repatriados.

Durante dos mandatos consecutivos, un alto funcionario de la policía china fue elegido miembro del comité ejecutivo de Interpol. Meng Hongwei fue nombrado presidente de Interpol en 2016. (Su presidencia terminó menos de dos años después, cuando las autoridades lo detuvieron por cargos de corrupción durante un viaje de regreso a China y lo sentenciaron a 13 años de prisión).

Segundo financista de Interpol

China es el segundo mayor contribuyente de Interpol, una obligación calculada según el peso económico de sus miembros, con un gasto de 13,7 millones de dólares en 2024, por detrás de Estados Unidos, con 19,8 millones. China, que destinó a 11 agentes a la Secretaría General de Interpol en 2023, financia operaciones especiales, incluidas algunas dirigidas al fraude en las telecomunicaciones y al tráfico de armas ilegales.

El gobierno chino afirma haber utilizado la Interpol para localizar, detener y repatriar al menos a 479 presuntos delincuentes en la última década. También afirma haber repatriado a 62 de los 100 principales objetivos de las «Alertas Rojas» que el gobierno comenzó a difundir en 2015.

En los países que han firmado un tratado de extradición con China, la notificación roja puede dar lugar a arresto, extradición y deportación. Estados Unidos no realiza arrestos únicamente por una notificación roja. Otros países sí lo hacen, como Italia, Albania y Francia.

Para 2016, dos años después del discurso de Meng, China se encontraba entre los 10 principales países objeto de nuevas quejas y solicitudes de información por parte de personas con notificaciones rojas, según un informe de la Comisión para el Control de los Archivos de Interpol. También conocida como CCF, la comisión está compuesta por juristas y expertos legales internacionales que vigilan los debidos procesos.

‘Una caja negra’

Interpol no cuenta con una fuerza policial propia. Se basa en información policial de democracias y regímenes autocráticos para compilar bases de datos masivas que los países miembros utilizan para compartir información sobre delincuentes buscados y cooperar en delitos transfronterizos como el terrorismo, la trata de personas, los delitos financieros y el narcotráfico.

Hace una década, después de que defensores de los DD.HH. y organizaciones de noticias, incluido ICIJ, expusieron cómo Irán, Rusia y otros regímenes autoritarios hicieron mal uso de Interpol para acorralar a opositores políticos y refugiados, la organización anunció “reformas radicales”.

En 2016, creó el Grupo de trabajo sobre notificaciones y difusión, integrado por abogados, agentes de policía y especialistas que examinan las notificaciones rojas antes de autorizar su publicación en las bases de datos de Interpol. Pero el grupo trabaja con la información disponible y abierta, y con los datos de las autoridades que presentan las solicitudes de notificación. Se basa en la buena fe del gobierno solicitante para garantizar que la información sea precisa y apolítica. Si un objetivo de notificación roja no tiene perfil público, es probable que el grupo de trabajo apruebe una solicitud, dijeron a ICIJ abogados. «Las solicitudes de notificación roja con motivaciones políticas pueden pasar desapercibidas», dijo Charlie Magri, un abogado que trabajó como funcionario jurídico para el organismo de supervisión de la CCF.

La CCF, que se reúne cuatro veces al año, revisa, e incluso puede revocar, las notificaciones de Interpol.

Pero los gobiernos autoritarios, con sistemas jurídicos bajo control político, siguen planteando un problema especial para Interpol, que, según expertos, intenta navegar entre sus reglas con los estados miembros que a su vez brindan apoyo financiero.

La mayoría de los procedimientos de Interpol son secretos, por lo que determinar si una notificación roja tiene motivaciones políticas es difícil, dicen estos defensores.

«Es como una caja negra», dijo Ben Keith, abogado de DD.HH. radicado en Londres que ha representado a ciudadanos chinos, incluidos empresarios buscados por fraude y uigures acusados ​​de terrorismo.

Un portavoz de Interpol dijo en una declaración a ICIJ que la organización «sabe que las notificaciones rojas son herramientas poderosas para la cooperación policial y es consciente de su impacto potencial en las personas involucradas, por lo que tenemos procesos sólidos, y continuamente evaluados y actualizados, para garantizar que nuestros sistemas se utilicen adecuadamente».

Sin embargo, el portavoz dijo que la decisión original del grupo de trabajo de autorizar una notificación roja “sólo puede basarse en la información disponible en el momento de la publicación”.

Blancos selectivos del gobierno

ICIJ y los medios aliados hablaron con ocho objetivos de notificación roja de China y revisaron registros de extradición, decisiones confidenciales de la CCF y documentos relativos a un total de casi 50 sospechosos perseguidos a través de Interpol, después de las reformas de 2016.

La mayoría supo que era buscada luego de su detención en un control fronterizo. Entre los objetivos se encontraban empresarios que afirmaban ser buscados por criticar las políticas gubernamentales; defensores de los derechos de los uigures que afirmaron haber sido falsamente acusados ​​de terrorismo; un político de un pequeño pueblo que afirmó haber sido incluido en la lista negra tras exponer la corrupción del Partido Comunista; y tres empresarios que afirmaron que las autoridades los perseguían por ser seguidores del movimiento religioso Falun Gong, prohibido en China. El pretexto más común utilizado por China para obtener una notificación roja es un delito financiero, según los defensores.

“Si alguien acusa a alguien de asesinato, debe haber un cadáver”, dijo Ted Bromund, crítico de Interpol y director de políticas de Pursuit, organización no gubernamental que se opone a la represión transnacional. 

En los días posteriores a su arresto en Burdeos, H. recibió un bombardeo de llamadas desde China. Además de Ma, otros dos amigos y tres altos funcionarios de seguridad llamaron con el mismo mensaje: el gobierno chino estaba dispuesto a retirar la notificación roja, desistir de la solicitud de extradición y etirar los cargos de lavado de dinero si aceptaba regresar a China y cooperar en el sonado caso contra el político, según los registros judiciales.

Mientras todavía estaba en la cárcel de Burdeos, H. se enteró de que su familia estaba bajo presión.

«Hablé con su esposa», dijo Wei Fujie, entonces subdirector de la unidad asignada al caso Sun Lijun dirigida por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, en una de las llamadas.

En otra llamada, Erick Tsang, un alto funcionario de Hong Kong y amigo, le dijo a H.: «Siempre usan los mismos dos trucos… El primero es congelar todo tu dinero… el segundo es amenazar a tu familia».

En otra llamada grabada, H. le rogó a Li Jiangzhou, funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su papel en “destripar las libertades” del pueblo de Hong Kong, que liberara a su hermana.

“No, no es una condición”, respondió Li, subdirector de la Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional de Hong Kong. “Si regresa a Hong Kong, su notificación roja será cancelada. Después de reunirse con los investigadores, puedo pedirles que tramiten cualquier asunto pendiente”.

Al final, H. decidió no regresar.

Un mes después de la llamada con Ma, en mayo de 2021, las autoridades chinas solicitaron al gobierno francés la extradición de H. 

Las autoridades francesas comenzaron a investigar los méritos de la solicitud de extradición y pronto encontraron problemas.

En su declaración, los abogados explicaron que el único vínculo de H. con Sun, el acusado en el caso de corrupción, databa de un acuerdo comercial no relacionado en 2018. En ese momento, Sun le pidió a H. que invirtiera alrededor de 5 millones de dólares en una empresa de seguridad que contrató a agentes de policía de Hong Kong, acusados ​​de abusar de los manifestantes durante el movimiento prodemocracia en la ciudad, según el comunicado.

En otra llamada, H. le dijo a Tsang, el funcionario de Hong Kong y amigo, que había hecho la inversión porque sentía que no tenía otra opción.

Li y Tsang no respondieron a las solicitudes de comentarios de ICIJ.

En julio de 2021, el Tribunal de Apelación de Burdeos rechazó la solicitud de China de extraditar a H. Unos meses más tarde, CCF aprobó su solicitud de que su nombre —y la notificación roja— se eliminaran de la base de datos de Interpol.

El de H. fue uno de los casi 300 casos en los que la CCF decidió eliminar una notificación roja de sus sistemas ese año, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF. El número de notificaciones rojas publicadas anualmente se ha mantenido igual, pasando de 10.718 en 2014 a 12.260 en 2023. Mientras tanto, las quejas por corrección o eliminación han aumentado al 350 % en la última década, según un análisis del ICIJ de los informes de la CCF.

“La diferencia entre Interpol y otras organizaciones internacionales radica en que sus acciones tienen un impacto inmediato en la vida de las personas”, dijo Keith, el abogado londinense. “Arrestan a alguien, lo meten en la cárcel y punto”.

En 2017, la CCF dejó de publicar información que identificaba a los países responsables del mayor número de quejas sobre notificaciones rojas y otros datos incluidos en las bases de datos de Interpol, argumentando que la información carecía de contexto y era “potencialmente ambigua y podría dar lugar a malas interpretaciones”, dijo la comisión a ICIJ.

“La ausencia de un desglose por país impide identificar patrones de uso indebido por parte de cada país miembro, un paso esencial para abordar los abusos con motivos políticos”, afirmó Charlie Magri, quien revisó las solicitudes de cancelación de notificaciones rojas como asesor jurídico de la secretaría del CCF de 2017 a 2023. 

Interpol puede imponer medidas correctivas a los países miembros responsables de abusar de su sistema, incluido un examen riguroso de las solicitudes de notificaciones rojas, así como una suspensión temporal o una exclusión a largo plazo de la red.

Interpol ha declarado haber impuesto medidas correctivas a varios países desde 2012, pero hasta el momento solo ha mencionado a dos: Rusia y Siria.

Después de que el tribunal de Burdeos rechazara la extradición de H., el empresario se vio envuelto en deudas por unos 135 millones de dólares, según los medios chinos.

El gobierno chino ordenó la retirada de todas las películas y series de televisión protagonizadas por su esposa, Zhao. La pareja solicitó el divorcio discretamente. Los intentos de ICIJ por contactar con Zhao fueron infructuosos.

Durante tres años Zhao apenas fue vista en público.

Tras reaparecer en diciembre pasado, Zhao publicó un mensaje en Weibo, la popular red social donde tiene 83 millones de seguidores. Dijo que ya no quería que la relacionaran con su exmarido, H.

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Reporteros colaboradores: Jelena Cosic, Sam Ellefson, Jesús Escudero, Agustin Armendariz (ICIJ), Echo Hui (ABC Australia), Géraldine Hallot y Maxime Tellier (Radio France), Simon Leplâtre (Le Monde), Sophia Stahl (Der Spiegel/ZDF/Paper Trail Media), Pelin Unker (Deutsche Welle Turquía), Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten), Mašenjka Bačić, Uroš Škerl Kramberger (Oštro), Justin Wong (The Post/Stuff).

 

OBJETIVOS DE CHINA ⊗ Decenas de organizaciones sociales (GONGOs), respaldadas por Pekín, han transformado el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, en un entorno hostil para los críticos del presidente Xi Jinping. Los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió esa organización. 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino. 46 están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido. Y diez reciben más del 50 por ciento de su financiación del estado chino. 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China denuncian haber sido vigilados ​​por probables agentes oficiales. 

Por Tamsin Lee-Smith y Jelena Cosic

En la «capital de la paz», la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra acoge a defensores de derechos humanos. Sin embargo, para 15 activistas, en marzo de 2024, el complejo de la ONU entrañaba riesgos.

Por temor a represalias del gobierno contra sus familias en China continental y Hong Kong, varios se negaron a entrar en el recinto diplomático. Prefirieron reunirse en la última planta de un discreto edificio cercano, para hablar sobre las violaciones de DD.HH. en China y Hong Kong con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. Volker Türk.

“Tomamos las precauciones necesarias”, dijo Zumretay Arkin, vicepresidente del Congreso Mundial Uigur, que aboga por los derechos del grupo étnico de Xinjiang, en el noroeste de China, al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés.

Arkin y sus colegas se reunían en las oficinas del Servicio Internacional para los DD.HH. (ISHR), organización independiente de capacitación. Antes de la llegada de Türk y sus colegas, dos mujeres y dos hombres aparecieron fuera de la oficina. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó un miembro de ISHR al abrir la puerta, según su relato a ICIJ.

Una de las mujeres dijo que ella y el grupo, que afirmaba pertenecer a la «Asociación de Derechos Humanos de Guangdong», participarían en una reunión. No estaban invitados y no les permitieron entrar. 

Cuando dos activistas uigures salieron de la oficina vieron a personas que los fotografiaban; sus descripciones coincidían con las personas que quisieron entrar sin invitación.

“Fue un acto intimidatorio”, declaró Raphaël Viana David, director de programas del ISHR. Arkin declaró a ICIJ que cree que el grupo estaba enviando una señal del gobierno: “Los estamos vigilando. No pueden escapar de nosotros”.

El incidente es uno de los ejemplos que el ICIJ y sus medios de comunicación asociados recopilaron de representantes de la diáspora china —activistas prodemocracia, miembros de minorías étnicas y religiosas, entre otros—, a quienes el gobierno chino ha intentado silenciar en el mundo. 

Los hallazgos forman parte de China Targets (Objetivos de China), una investigación del ICIJ y 41 medios de comunicación asociados. Este proyecto explora cómo el Estado chino, con su amplio brazo, ataca a los críticos más allá de sus fronteras, incluso en el Palacio de las Naciones en Ginebra, el corazón del sistema de derechos humanos de la ONU.

El ICIJ y sus socios entrevistaron a 15 activistas y abogados especializados en DD.HH. en China, quienes relataron haber sido vigilados ​​por sospechosos de ser agentes del gobierno, incluyendo a miembros de organizaciones no gubernamentales chinas. Los incidentes ocurrieron dentro del Palacio de las Naciones y en Ginebra. Algunos activistas afirman que sus familiares, bajo la posible presión de las autoridades chinas, les pidieron silenciarse. 

El Palacio de las Naciones, cerca de la orilla del lago Lemán, es la sede del Consejo de DD.HH. de la ONU, un órgano de 47 Estados miembros que se reúne al menos tres veces al año. Ginebra también alberga la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH., que investiga y monitorea las atrocidades cometidas en todo el mundo.

Los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG, NGO por sus siglas en inglés) pueden hablar ante el Consejo de DD.HH. 

Sin embargo, en los últimos siete años, un creciente ejército de ONG chinas invadió el Palacio de las Naciones. Sus delegados buscan acallar las críticas a China.

“Es corrosivo. Es deshonesto. Es subversivo”, afirmó Michèle Taylor, ex embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de DD.HH. desde 2022 hasta inicios de este año. Taylor afirmó que los grupos respaldados por China “se hacen pasar por ONG” como parte de un esfuerzo más amplio de Pekín “para ocultar sus propias violaciones de derechos humanos y redefinir la narrativa en torno a las culpabilidades de China”.

Y su presencia se siente.

“El impacto de nuestro trabajo no sería el mismo si pudiéramos hacerlo abiertamente”, dijo Renee Xia, quien dirige Defensores de DD.HH. de China, coalición con sede en Estados Unidos. “No sabemos quién está grabando, filmando o anotando”.

Miles de ONG en la ONU tienen estatus consultivo: esto les otorga privilegios para que actúen sin interferencias gubernamentales. 

Sin embargo, un análisis del ICIJ sobre 106 de estas ONG de China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán revela que 59 tienen vínculos con el gobierno chino o el Partido Comunista Chino (PCCh). Cuarenta y seis están dirigidas por personas con cargos en el gobierno o el partido.

El actual secretario general de una ONG omnipresente es también el director de DD.HH. del Departamento de Publicidad del Comité Central del PCCh, también conocido como Departamento de Propaganda. (Un exsecretario general también ocupó ambos cargos).

Y diez aceptan más del 50 por ciento de su financiación del Estado chino.

En Ginebra, las organizaciones no gubernamentales (ONG) organizadas por el gobierno, como las docenas identificadas por el ICIJ, se denominan » ‘GONGOs’ (por sus siglas en inglés). «Es paradójico», dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Chengchi de Taiwán. «Una ONG no debe ser organizada por el gobierno».

Hoy China es uno de los estados miembros más poderosos de la ONU. Es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con Estados Unidos y Rusia. Se espera que financie una quinta parte del presupuesto regular de la ONU este año, más que cualquier otro país excepto EE. UU. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la retirada de EE. UU. del Consejo de DD.HH., se ha abierto un vacío que China está a punto de llenar.

Según Kenneth Roth, quien dirigió Human Rights Watch durante casi 30 años, «Para disuadir la condena de su severa represión, en particular la detención masiva de uigures, Pekín ha propuesto reescribir el derecho internacional de los derechos humanos», declaró a ICIJ.

“La ONU es uno de los pocos foros donde podemos defender nuestra causa”, dijo Arkin, quien a los 10 años se mudó con su familia a Montreal desde Urumqi, la capital de la región china de Xinjiang, para escapar de la discriminación contra los uigur. Sin embargo, añadió, “se ha convertido en uno de los lugares donde estos gobiernos ejercen su represión”.

Una «represalia mortal»

Diez años atrás, Cao Shunli, una activista china, fue secuestrada mientras viajaba a esas oficinas.

Cao había presionado al gobierno para que permitiera a los ciudadanos contribuir a un informe que Pekín presentaba al Consejo de DD.HH.  antes de su revisión de 2013. Cao ya había sido detenida varias veces por su activismo.

En septiembre, Cao, de 52 años, intentó abordar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Pekín a Ginebra, donde planeaba asistir a un programa de capacitación sobre defensa de los DD.HH. de la ONU. Y desapareció. (Activistas de otras ciudades chinas fueron interrogados y se les advirtió que no asistieran al mismo programa de capacitación, informó la ONU).

Pasarían semanas antes de que las autoridades confirmaran a su familia que estaba recluida en el Centro de Detención del Distrito de Chaoyang en Pekín, acusada de «provocar peleas y causar problemas». Su salud se deterioró, según informes. Se le negó la atención médica adecuada y falleció por insuficiencia orgánica múltiple en marzo de 2014, en un hospital militar.

Durante una sesión del Consejo de DD.HH: en 2015, China negó que Cao fuera defensora o activista. También afirmó que nadie sufre represalias.

Sin embargo, un documento interno del gobierno, filtrado del archivo digital de un policía de Tekes, Xinjiang, emitido ocho meses antes de que Cao no pudiera salir de China, revela tácticas para controlar amenazas. La presentación de PowerPoint da instrucciones sobre el control fronterizo, incluyendo la prohibición de que ciudadanos participen en eventos, como invitaciones a capacitaciones por parte de organizaciones de DD.HH. en el exterior. El documento fue compartido con el ICIJ por Adrian Zenz, director de estudios sobre China en la Fundación Conmemorativa de las Víctimas del Comunismo.

La muerte de Cao fue una advertencia. La «mortal represalia» —como la denunciaron grupos— ha disuadido a otros activistas. Una década después, la participación de defensores chinos en las actividades de la ONU ha caído a un mínimo histórico, según la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.

El ICIJ descubrió que el número de ONG chinas con estatus consultivo de la ONU casi se ha duplicado desde 2018. Ese año, la creciente evidencia de campos de detención en Xinjiang atrajo la atención internacional, seguida por la brutal represión de las fuerzas de seguridad de Hong Kong contra manifestantes pro democracia en 2019. 

Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, D.C., no respondió directamente a preguntas sobre el despliegue de ONG por parte de Pekín en Ginebra. Escribió en un correo electrónico a ICIJ que China había contribuido «de forma constructiva a la gobernanza global de los DD.HH.».

“A nivel internacional, China ha presentado propuestas en el Consejo de DD.HH. de la ONU sobre la promoción de los derechos humanos a través de la cooperación y el desarrollo, y sobre el avance de los derechos económicos, sociales y culturales, así como los de grupos específicos”, dijo.

La Oficina de DD.HH. de la ONU dijo al ICIJ en una declaración que trabaja para asegurar espacio para organizaciones independientes, pero que no puede empezar a diferenciar entre ONG “auténticas” y “no auténticas”. 

La aprobación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong en 2020, que penalizó la «colusión con fuerzas extranjeras», y otras leyes en marzo de 2024, aumentaron riesgos. Un hongkonés que reside en el extranjero declaró a ICIJ que «Muchos no queremos entrar al Palacio, pero todavía hay algunos que sí lo harán… Tenemos que ser cautelosos».

La cortina de humo del PCCh

El Servicio Internacional para los DD.HH. dijo a ICIJ que identificó a las dos mujeres del grupo que intentó asistir a la reunión de 2024 en sus oficinas. Según ISHR, las reconoció por los detalles que vio en línea sobre sus actividades en Ginebra. Quien habló con el miembro de ISHR es Zhou Lulu, secretaria de una rama del Partido Comunista Chino y vicedecana del Instituto de DD.HH. de la U. de Guangzhou. Guangzhou es la capital de Guangdong, la provincia china de la que el grupo afirmó ser. ISHR dijo que estaba acompañada por Wang Shuqi, quien, según el Global Times de China, es investigadora adjunta en el Centro de Investigación de DD.HH. de la Universidad del Noroeste de Ciencias Políticas y Derecho en la provincia de Shaanxi.

Al preguntársele por teléfono si intentó acudir a las oficinas del ISHR como representante de la Asociación de Derechos Humanos de Guangdong, dijo que no lo recordaba: «He hecho tantas cosas desde ese viaje», dijo. «Así que no recuerdo cuál «.

Zhou estaba en Ginebra con una delegación de expertos en «libertad religiosa, historia, derechos humanos y antiterrorismo», según una emisora ​​estatal china. Su objetivo era «mostrar los logros y las mejores prácticas de China».

Raphaël Viana David, director de ISHR, comentó que se encontró con Zhou en el Palacio de las Naciones un día después de la reunión, tomando fotos de los panelistas, en un evento donde estaba un exiliado tibetano. Viana David explicó que le pidió a Zhou que las borrara. Tras cierta resistencia, accedió. Está prohibido tomar fotos en las reuniones, sin autorización previa.

Zhou dio un discurso como representante de la Sociedad China de Estudios de DD.HH. (CSHRS). Con sede en Pekín, se describe como «la mayor organización no gubernamental de China dedicada a la promoción de los DD.HH.». Según el análisis del ICIJ, se considera una GONGO porque tres de sus principales líderes ocupan cargos en el PCCh y realizó declaraciones a favor de China en el Consejo de DD.HH.

Wang, quien no respondió a las preguntas del ICIJ, también estuvo en Ginebra en marzo de 2024, en un evento paralelo. Según ISHR, intervino como delegada del CSHRS. La organización fue elogiada en 2022 por el presidente chino, Xi Jinping. 

Titus Chen, quien en 2019 publicó un análisis exhaustivo de discursos, declaraciones y anuncios del sitio web del CSHRS, califica al grupo de portavoz de propaganda del Partido Comunista. «Son dos caras de la misma moneda», afirmó Chen.

CSHRS no respondió a preguntas detalladas de ICIJ, sin embargo, un representante de la organización dijo por teléfono: “Somos simplemente una institución académica”.

Todas las ONG chinas deben registrarse en el Ministerio de Asuntos Civiles y ser supervisadas por un departamento gubernamental o por el PCCh; esto por sí solo no las califica como GONGOs. 

Sin embargo, el análisis del ICIJ muestra hasta qué punto el gobierno o el partido interfieren con la independencia de algunas ONG con estatus consultivo ante la ONU.  53 organizaciones declaran su lealtad al Partido Comunista en sus sitios web o documentos oficiales. Y 12 permiten que el partido intervenga en su toma de decisiones, lo que puede incluir la aprobación de donaciones o nombramientos de líderes.

El Consejo Económico y Social de la ONU otorgó al CSHRS estatus consultivo en 1998. Esto le faculta a presentar declaraciones ante el Consejo de DD.HH., ejercer presión en los círculos de poder y organizar eventos paralelos en el Palacio de las Naciones. 

De las ONG chinas que intervinieron en las sesiones del Consejo de DD.HH. entre 2018 y 2024, el ICIJ determinó que el CSHRS fue la más activa, apareciendo más de 300 veces en las listas de oradores (tanto presenciales como en línea). La mayoría de sus declaraciones pueden clasificarse como pro-China, según un análisis del ICIJ de los datos recopilados por el ISHR. 

Tras el incidente de marzo en Ginebra, el ISHR presentó a la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH.pruebas fotográficas que respaldan su versión de lo sucedido, incluyendo la identidad de los asociados del CSHRS. El episodio del grupo de Guangdong no se mencionó en el informe del secretario general de 2024. 

Creación de un ejército de GONGOs

Cartas proporcionadas al ICIJ por Emma Reilly, ex funcionaria de DD,HH. de la ONU, muestran la presión ejercida por China sobre la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. para que deniegue la acreditación de tibetanos y uigures ante el Consejo , calificándolos de «secesionistas». Las presiones datan desde 2001.

Desde la reelección de Xi como secretario general del Partido Comunista en 2017 y presidente al año siguiente, China busca una mayor influencia en el sistema.

En 2017, el gobierno chino donó por primera vez a la Oficina del Alto Comisionado la cifra de 100.000 dólares; aumentó a 4 millones en 2023. (Estados Unidos donó más de 36 millones de dólares en 2024). Sin embargo, el gobierno chino destina cuidadosamente todo el dinero a causas específicas. Por ejemplo, a financiar relatores especiales para el derecho al desarrollo, los derechos de los migrantes y las medidas coercitivas unilaterales, a menudo denominadas sanciones (1,2 millones entre 2019 y 2023). El relator especial sobre estas medidas visitó China en mayo de 2024 y luego instó a los estados a levantar las sanciones impuestas al país, citando su impacto desproporcionado en la economía de Xinjiang.

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial alertó sobre la detención de personas de etnia uigur y otras minorías musulmanas en agosto de 2018. Sin cifras oficiales, el comité advirtió que el número de detenidos podría superar el millón. Al mes siguiente, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, en un discurso como Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., calificó las acusaciones de «profundamente inquietantes» y solicitó a Pekín que permitiera la visita de su oficina.

Pero para entonces, una campaña liderada por el gobierno chino ya impulsaba la creciente presencia de ONG chinas en Ginebra. 

“El gobierno chino claramente usa a las ONG como herramienta”, afirmó Rana Siu Inboden, investigadora principal del Centro Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacional de la Universidad de Texas en Austin. “Las asesoran para obtener este estatus consultivo… Y una vez en la ONU, sus declaraciones, benefician al gobierno”.

En 2024, 33 ONG chinas aparecieron unas 300 veces en las listas de oradores de las sesiones del Consejo de DD.HH. En 2018, solo hubo tres. Ninguna criticó a China, según el análisis de sus declaraciones realizado por el ICIJ. 

Cuando Bachelet visitó China durante seis días en mayo de 2022, desató una polémica. Organizaciones internacionales la criticaron por no estar a la altura de las circunstancias. A las pocas semanas anunció que no se presentaría a un nuevo mandato por «motivos personales».

Pekín intensificaba su campaña para ocultar sus hallazgos. Un grupo de casi 1.000 organizaciones, incluidas 20 ONG chinas con estatus consultivo ante la ONU, escribió una carta abierta en el periódico estatal China Daily implorando a Bachelet que «no publique una evaluación llena de mentiras».

A las 12 menos 12 del último día del mandato de Bachelet, su oficina publicó el informe. Éste documentó violaciones y torturas en centros de detención, así como anticonceptivos forzados y una vigilancia exhaustiva en Xinjiang. Bachelet concluyó que las acciones de China podrían constituir «crímenes de lesa humanidad».

“Fue un momento extraordinario ver al principal organismo de investigación de DD.HH. de la ONU formular esa acusación contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo”, declaró Sophie Richardson, para entonces directora para China de Human Rights Watch. Sin embargo, cuando los estados miembros del Consejo de DD.HH. votaron sobre una propuesta para debatir la situación en Xinjiang, el presidente Xi llamó a varios jefes de estado para solicitar su apoyo. La medida fue rechazada por dos votos, y los aliados de China prorrumpieron en aplausos.

Tras la salida de Bachelet, la responsabilidad recaía sobre su sucesor: Volker Türk. Un portavoz de Türk declaró a ICIJ en un comunicado que se comprometía a mantener conversaciones francas con el gobierno chino y a defender públicamente a las víctimas. 

Para que una ONG tenga estatus consultivo de la ONU se realiza un proceso de verificación a cargo del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la ONU en Nueva York. Este comité en los últimos 10 años, ha tenido entre sus miembros a países que tienen «regímenes autoritarios», según un análisis del ICIJ basado en los criterios del Índice de Democracia 2024 de la Unidad de Inteligencia Económica (EIU). Cuba, Nicaragua y Pakistán han formado parte del comité junto con China desde al menos 2015; todos ellos son regímenes autoritarios según el índice de la EIU.

‘El patio de recreo de China’

Antes de que el sol saliera en Ginebra, una mañana de enero de 2024, una fila de delegados de ONG chinas se había formado en la oficina de seguridad junto a la entrada del Palacio de las Naciones. Buscaban un lugar para escuchar la primera revisión del Consejo de DD.HH. sobre China en unos cinco años.

En la sesión, el embajador chino, Chen Xu, se jactó de que su gobierno había sacado a casi 100 millones de personas de la pobreza y había erradicado la pobreza absoluta. Otros 161 países intervinieron, con 45 segundos cada uno. La división de lealtades fue previsible. Estados Unidos condenó a China por el genocidio en Xinjiang. Rusia, Irán y Venezuela elogiaron los logros del gobierno chino.

Rushan Abbas es cofundador de la Campaña por los Uigures, con sede en Estados Unidos. Su hermana fue arrestada en Xinjiang hace casi siete años. Nueve días después de la revisión en Ginebra, presentó su testimonio ante la Comisión Ejecutiva del Congreso de EE.UU sobre China. Detalló que fueron fotografiados por activistas pro China.

Abbas dijo a ICIJ: “No informé [de esto] a las autoridades de la ONU porque perdí la fe en ellas, ya que China estaba actuando… como si la ONU fuera su patio de recreo”.

En una sesión celebrada meses después, se permitió la intervención de las ONG. Solo se asignaron diez espacios para la intervención de entidades no gubernamentales (ONG). La mitad de estos espacios estaban ocupados por ONG chinas, identificadas por el ICIJ como GONGOs.

“Desempeñaron un papel de apoyo”, dijo Titus Chen, profesor de relaciones internacionales en Taiwán. “Creo que a cada uno se le asignó un rol diferente para la misma agenda: decirles a los asistentes al Examen Periódico Universal del Consejo de DD.HH. que China está haciendo un buen trabajo en todos los sentidos”.

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Colaboradores: Sylvain Besson (Tamedia); Maria Christoph, Frederik Obermaier (medios de comunicación/ZDF/DER SPIEGEL); Justin Wong (The Post/Cosas); Greg Miller (El Washington Post); Sebastian Kjeldtoft (Politiken); Tobias Andersson Åkerblom (Göteborgs-Posten); Jane Tang (Radio Asia Libre); Echo Hui (Corporación Australiana de Radiodifusión); Stefan Melichar (perfil); Linda Kakuli (SVT); Simon Leplâtre (Le Monde); Denise Ajiri, Scilla Alecci, Agustín Armendáriz, Sam Ellefson, Jesús Escudero, Miguel Fiandor Gutiérrez, Karrie Kehoe (ICIJ)