El presidente del Consejo de Participación, Andrés Fantoni, asegura que el concurso y designación del nuevo Fiscal General, así como del presidente de la Judicatura y otras autoridades, se realizarán en base a los méritos de los postulantes, con procesos transparentes, sin espacios para la injerencia del Gobierno. No obstante, desde su creación, en 2008, el organismo ha actuado, con contadas excepciones, como un apéndice del Ejecutivo y de movimientos políticos. Ese mismo guión podría ser aplicado por el régimen de Daniel Noboa. José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y anunció que correrá para Fiscal General. En 2018 ya concursó para ese cargo, pero terminó en el puesto 16 entre 17 postulantes. Nota actualizada este 3 de agosto.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo

Las sombras de la politización nuevamente acechan el concurso para la designación del Fiscal General, considerado la joya de la corona en el sistema judicial. Este proceso está a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), observado por su aparente afinidad con el gobierno de Daniel Noboa. De por medio está la declaratoria de una emergencia judicial, para una segura reorganización, a través del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyo presidente y vocales serán escogidos por el CPCCS.

El nuevo titular de la Fiscalía debía asumir su cargo en abril de 2025, una vez que Diana Salazar terminó sus funciones. Pero por una serie de incidentes y retrasos el concurso recién empezará a fines de este año. Entre tanto, frente a la entidad permanece el fiscal subrogante Wilson Toainga.

El cargo de Fiscal es medular, en medio de una escalada de corrupción en el sector público por la penetración del crimen organizado y el narcotráfico. Investigaciones sistemáticas de la fiscalía, los últimos años, han sido determinantes para evidenciar el nivel de contaminación estatal (casos Purga, Metástasis), pese a sus limitados recursos.

 En los próximos días, los vocales del CPCCS enfrentarán una primera prueba de fuego para medir su independencia del Gobierno: la designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente de la Judicatura. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación de paso al proceso de designación del titular y los vocales de la Judicatura.

Todo apunta a que será ratificado, por seis años más, el actual titular, Mario Godoy, quien encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura designará a los nuevos miembros de la Corte. Además, Godoy ya anunció que se declarará la emergencia a la Función Judicial en agosto, que implicaría una nueva reorganización a través de un proceso de evaluación de todos los jueces.

Fantoni niega afinidad con el Gobierno

En entrevista con Código Vidrio, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, negó tener afinidad con el presidente, Daniel Noboa: “No. Aquí se respeta las funciones del Estado y se respeta los que son concatenados a cada una de las funciones. Nosotros somos parte de la Función de Transparencia y Control Social y la Presidencia es parte del Ejecutivo”, afirmó.

Comentó que como organismo han mantenido “una relación o coordinación para sacar el país adelante”, lo cual es positivo. “Pero no es cierto que nos debamos a otra función del Estado, y lo hemos demostrado con hechos. Yo, como presidente del Consejo, he sido transparente en mis votaciones, siempre han sido consecuentes en  todos los procesos para la selección de ternas con verificaciones rigurosas”. Y sobre los méritos y concursos de oposición, explicó  que no es una responsabilidad de los consejeros, sino de una Comisión Ciudadana.

El termómetro de la independencia en la selección del nuevo Fiscal General tendrá un indicador claro cuando se concrete la designación del Presidente de la Judicatura. Por lo pronto, la semana que termina aparecieron claras señales de cual es la intención del régimen de Daniel Noboa.   José de la Gasca acaba de renunciar al ministerio de Gobierno y no descartó que correrá para Fiscal General.

Un cargo en la cúspide del poder judicial

Los alcances y facultades del fiscal han cambiado significativamente desde el siglo pasado. Desde 1948 hasta 1979, su titular tenía el cargo de ministro general de justicia. Los legisladores lo elegían para un periodo de seis años. En esa época también hubo casos de ministros interinos, de 1964 a 1967 y de 1970 a 1979. Algunos de esos años coincidieron con la Junta Militar y con la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y el posterior Triunvirato Militar. El primero en ocupar ese cargo fue Manuel Cabeza de Vaca, seguido por Alfonso Mora Bowen.

En 1979 asumió el cargo Edmundo Durán Díaz como ministro fiscal general de la Nación. Desde esa época era designado de ternas de la Procuraduría, de los presidentes de turno y del  Consejo de la Judicatura.

Desde el 2007 hasta la actualidad, han ocupado el cargo de fiscal general del Estado Washington Pesántez, Galo Chiriboga, Carlos Baca Mancheno y Diana Salazar, además de fiscales que recibieron el encargo del CPCCS: Paúl Pérez Reina, Ruth Palacios y Wilson Toainga.

¿Por qué hay tanta expectativa e intereses alrededor de quién ocupará ese puesto? Para la exfiscal Mariana Yépez, la Fiscalía es la columna vertebral del proceso penal y siempre lo ha sido, pero actualmente, en el país existe mucha delincuencia, crimen organizado, contacto con la minería ilegal y el narcotráfico. En ese contexto, destaca Yépez, la atención se centra en quien estará a cargo de investigar, presentar un dictamen y sugerir que se inicie un juicio o no en las altas esferas. Sobre todo porque desde la década del 2000, en Ecuador rige el nuevo sistema procesal penal acusatorio oral, que le ha dado a la figura del fiscal mayor protagonismo y poder.

En ese escenario -agrega Yépez- hay distintos intereses sobre el cargo, incluido el político, y si la persona que lo ostenta lo usa para favorecer a sus “amigos de determinado sector y a perseguir a los enemigos”, su figura perderá peso, pues se evidenciará que no es imparcial. “.

El Fiscal es el titular de las acciones penales y decide los casos que se van a procesar y los que no, los que van a instrucción fiscal, los que se quedan en investigación o los que se archivan, indica la abogada penalista Lorena Grillo. Esa es la parte medular para la justicia
-señala-, porque si no acciona, no hay proceso penal.

Antes de las reformas que empezaron a regir desde inicios de este siglo los fiscales generales recibían exclusivamente procesos de fuero y de tipo político por causas como el peculado. Ahora, y con los cambios drásticos por los que ha atravesado el país en los últimos 20 años, el cargo es más relevante, explica Grillo. “Hoy enfrentan organizaciones que tienen participación en diferentes tipos penales, son estructuras criminales que participan de una serie de delitos de manera coordinada y jerárquica y también tienen tentáculos en la justicia, en la misma Fiscalía, en los poderes políticos. Es decir, son estas empresas criminales que tienen inversiones, si se puede mal llamar así, en todo tipo de áreas dentro del mismo Estado”, dice Grillo.

 Su poder no está solo en el campo del litigio, sino en lo administrativo. Tiene tareas administrativas en cuanto a la estructura y organización interna, suscribe convenios, maneja la coordinación internacional en cuanto a delitos nacionales, internacionales y transnacionales y temas de capacitación, entre otras tareas.

El abogado Hugo Espín destaca que una arista polémica del fiscal es que hay un alto riesgo,  como ya ha ocurrido, de que sea selectivo, sesgado, en cuanto a qué procesos decide darles celeridad y a cuáles no. Precisamente este tema ha sido el centro de críticas en contra de los fiscales generales electos bajo concursos dirigidos por el CPCCS.

Por ejemplo, Chiriboga fue cuestionado, inicialmente, por ser familiar político del expresidente Rafael Correa. Al terminar sus funciones, todos los dedos apuntaban hacia un gran vacío en su gestión: la falta de resultados de la investigación sobre el entramado de corrupción en los contratos en Ecuador de la firma constructora brasileña Odebretch fue uno de los más sonados. Según sus detractores, Chiriboga represó la investigación porque involucraba a personajes del gobierno de Correa, donde también fue ministro de Energía.

La “traición” de Baca Mancheno

Aunque Chiriboga decía haber entregado miles de fojas sobre el caso a su sucesor, Baca Mancheno, no tomó ninguna decisión. Fue Baca quien, pese a haber ocupado cargos en el gobierno de Correa, procesó y acusó al entonces vicepresidente Jorge Glas de asociación ilícita en el caso Odebretch, junto al excontralor Carlos Pólit, hoy preso y sentenciado en Estados Unidos. Ambos fueron enjuiciados por recibir coimas por un total de  24 millones de dólares de la empresa brasileña. Esa decisión, a la larga, le costó el cargo a Baca, (tildado de traidor por Glas) pues fue enjuciiado y censurado por la Asamblea. Estuvo menos de un año en funciones.

A Baca le sucedió Diana Salazar, quien era una funcionaria de carrera en la Fiscalía. Llegó al cargo durante la presidencia de Lenín Moreno. Y si bien su selección fue considerada como una apuesta del país hacia la independencia, también hubo señalamientos en su contra por haber sido funcionaria en la administración de Moreno, como directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Moreno convocó a un referéndum para cambiar la conformación del CPCCS: pasó del concurso de oposición y méritos, a la designación de sus vocales en un proceso electoral.

Salazar ejerció su cargo durante tres gobiernos: Moreno, Lasso y Noboa. Durante esos seis años, su gestión fue aplaudida y criticada. Su rol, en buena medida, profundizó la polarización que ha vivido el país, desde la década pasada: aplaudida por el anticorreísmo, criticada sin piedad desde el correísmo. Sin embargo, su salida dejó un sabor agridulce entre sus simpatizantes. Minutos después de renunciar al cargo, en mayo pasado, el gobierno de Noboa anunció que la había designado embajadora de Ecuador en Argentina.

Sus últimos años en funciones impulsó los casos Metástasis, Purga, Plaga y Amistad. Pero el que la catapultó fue el caso Sobornos, que tuvo un desenlace con la condena a 8 años de prisión a Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. Su desempeño destacó entre sus antecesores, con un marcado protagonismo en los medios, porque proyectó la imagen disrruptiva de una mujer negra empoderada, de carácter vehemente y confontativo. Su desempeño fue el foco de sistemáticos ataques, cuestionamientos y descalificaciones, especialmente desde el correísmo, que intentó sacarla del cargo en varias ocasiones. Recibió amenazas constantes contra su vida, lo cual la condenó a vivir con un dispositivo permanente de seguridad.

Si bien tuvo una aprobación generalizada por sus aciertos y celeridad en importantes investigaciones, Salazar también fue criticada por una supuesta selectividad al decidir en qué temas concentrar su atención: mientras apretaba el acelerador en los casos que incluían al expresidente Rafael Correa y sus excolaboradores, en otros, relacionados con otros gobiernos no hubo la misma agilidad, según juristas consultados.

---

LEA MAÑANA. La Fiscalía depende económicamente del Ejecutivo  y no tiene control disciplinario de sus funcionarios.

ENTREVISTA. El jurista y académico de la Universidad San Francisco, Xavier Andrade, estima que los políticos en general carecen de ética intelectual y académica para ocupar el cargo de Fiscal General, dignidad que el Consejo de Participación debe designar en los próximos meses. Un Fiscal, recalca, debe cumplir, al menos, con tres estándares mínimos: integridad, determinación y solvencia académica, ética e intelectual.

Redacción Código Vidrio

–En 2019 usted participó en la evaluación para elegir al nuevo fiscal. Hoy estamos empezando un nuevo proceso de selección de esa autoridad. Como académico y jurista litigante, especializado en derecho penal, ¿Cuál es su evaluación del desempeño de estos seis años de Diana Salazar como Fiscal General?
El desempeño de la fiscal general, en estos últimos años, lo calificaría como bueno, tomando en cuenta que ha liderado una lucha frontal contra la delincuencia organizada. Pero también he visto desigualdad de condiciones en el manejo de otros casos, como por ejemplo Ina Papers o Grilletes Electrónicos. Descuidó estas y otras investigaciones a las que no les puso suficiente énfasis.

–Si bien Salazar tuvo un apoyo mayoritario por su frontalidad y valentía para empujar casos emblemáticos también tuvo detractores y muchos enemigos.
Creo que ella maduró mucho en el cargo, en muchos aspectos, en conocimientos, tuvo mayor preparación en los casos, aunque su posición fue a veces autoritaria.

–Un hecho que desató una encendida polémica durante el concurso y luego fue usado políticamente en contra de Salazar fue la nota que usted le puso, de 10 sobre 20, en el examen de conocimientos penales y procesales.
Ella era la candidata favorita, entre 17 postulantes; sus admiradores esperaban que la evaluara bien, pero yo solo califiqué sus respuestas, sin ninguna animadversión, en presencia de cuatro académicos que eran parte de la comsión que yo dirigía. Pero a la larga luego se produjo un efecto que le molestó mucho a la fiscal, pues un movimiento político empezó a llamarla la fiscal 10 sobre 20. Esos ataques injustificados de desprestigio cada vez le recordaban la nota que yo le había puesto. Eso generó una especie de rechazo hacia mí, que también la pasé mal, más allá de que éramos un equipo de evaluadores, pero yo asumí la responsabilidad porque presidía el comité. Sin embargo, además de esa prueba había otros componentes, por los cuales ganó el concurso, además de la prueba oral. El primero es que era afrodescendiente, era la primera vez en la historia que una persona de una minoría aspiraba a ocupar una dignidad tan alta, además era mujer, sucedía luego de varios hombres como fiscales. Uno más era que Salazar había empezado desde abajo, era una funcionaria de carrera en la Fiscalía.

–Volvamos al presente. ¿Cuál es su apreciación sobre la forma en que está desarrollándose el proceso para la designación del nuevo fiscal; existe el riesgo de que se politicen los concursos?
La falta de publicidad y transparencia en la designación del nuevo fiscal me genera muchas dudas de cómo se va a elegir, particularmente porque quienes han mostrado públicamente su interés en postularse tienen vínculos con partidos políticos.

-La designación del nuevo fiscal se da en momentos muy distintos a los que se vivían en 2019. El contexto del narcotráfico, la criminalidad organizada y la violencia con la corrupción son factores presentes a diferente nivel dentro y fuera del estado. ¿En estas circunstancias cuál es el perfil ideal que debe tener el nuevo fiscal?
Un Fiscal debe, al menos, cumplir con tres estándares mínimos para ocupar el cargo: integridad, entendida como la coherencia, entre lo que dice, piensa y actúa, tanto en la vida privada como la pública; determinación, a efectos de enfrentar con firmeza todas las adversidades, obstáculos y limitaciones que la gestión del cargo exige tanto en la parte administrativa, como la de litigio. Y finalmente, solvencia académica, ética e intelectual, para resolver todos los problemas jurídicos que el ejercicio de un cargo de esta naturaleza exige.

–¿Cuál es su opinión sobre la participación en el concurso de abogados litigantes y políticos que aspiran a ser fiscal general?
Para responder esta pregunta, yo preguntaría al abogado litigante y al político cuál es la razón, su motivo, cuál es la fuente para querer ser Fiscal. En la medida de su respuesta, yo valoraría que el abogado debería tener una experiencia previa sobre el funcionamiento interno de la Fiscalía, y no solamente la experiencia de conocer la Fiscalía. Es decir, el abogado debe conocer los procesos internos del manejo administrativo de una fiscalía y todos los componentes alededor de esto. Si el litigante no tiene esta experiencia, veo inútil su participación en este concurso ya que no generaría ningún cambio, sino todo lo contrario. En cuanto al político, en mi opinión, es poco idóneo que quiera asumir un cargo tan importante, ya que adolece de dos estándares que mencioné hace un momento, el político es poco íntegro y carece de ética intelectual y académica. Un ejemplo he que he escuchado a expolíticos que son abogados es que por su experiencia en el campo público, serían un buen fiscal. Los peores candidatos para este cargo son los políticos, porque ellos no tienen un criterio jurídico sino político y actuarán con esa perspectiva. Hay muchos que quieren alinear los dos conceptos, pero para mí siempre han estado divorciados.

-¿Un político debería saber que no puede ser fiscal, que no debe, porque está en la orilla opuesta. Ya estuvo en el otro lado, en un partido o en el gobierno?
Correcto. Es un tema de sentido común.

-En el caso de un abogado que litiga y se presenta como candidato a fiscal y gana ¿hay la posibilidadd de que no sea imparcial si debe investigar a uno de sus exclientes?
Por supuesto, hay un conflicto de interés latente, si eso ocurre su tarea se complicará mucho.

-¿Cómo ve usted la evolución de este nuevo proceso de selección, cuán confiable y solvente es?
Escucho y veo en los medios que se volverá a emprender evaluaciones y que hay nuevos reglamentos, con comisiones de veedores, pero seguimos enfocándonos exactamente en los mismo; lo cierto es que no se evalúa de manera distinta, se evalúan títulos, experiencia, pero no se llega a elaborar una propuesta distinta.

-¿Por qué no se lo hace?
Hay temor de subir los estándares, la calidad de quienes van a ser los candidatos.

¿Hasta dónde llega la independencia del Fiscal General?  Una de las mayores debilidades es su subordinación económica al Gobierno, que le asigna el presupuesto para su funcionamiento. Otro aspecto que merma su independencia es el control disciplinario de los agentes fiscales, que está a cargo del Consejo de la Judicatura. Por eso, “la Fiscalía no es independiente ni autónoma”, según expertos consultados, que coinciden en que el Ejecutivo está moviendo sus alfiles para controlar la Judicatura, la Fiscalía y el Poder Judicial.

Redacción Alianza Código Vidrio – Vistazo 

No todo lo que brilla es oro. Pese a que el cargo del Fiscal General es considerado el de mayor peso en el poder judicial, la estructura legal y constitucional vigente es una camisa de fuerza que merma su independencia y autonomía y lo subordina al poder Ejecutivo, que tiene la última palabra en las asignaciones de su presupuesto.

La necesidad de fortalecer la independencia del Fiscal es oportuna, en vísperas de que empiece el proceso para escoger a quien dirigirá esa entidad los próximos seis años, y está previsto arrancar a fines de este año.

Desde 2008, tras la aprobación de la Constitución de Montecristi, la Fiscalía volvió a ser parte de la Función Judicial, de acuerdo con el artículo 194. Aunque ahí se menciona que “funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”, esa autonomía es solo declarativa.

Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), considera que eso se queda solo en el papel. “La Fiscalía en este momento, lamentablemente, ni es independiente ni es autónoma. En el tema presupuestario, se convierte a la institución en un dependiente del Ejecutivo a tiempo completo”, apunta.

 ¿Por qué la Fiscalía debe mendigarle al Ejecutivo presupuesto cuando debería tener garantizado por ese principio de autonomía?, se pregunta Alarcón.

Por esa falta de autonomía económica actualmente Ecuador tiene 4,75 fiscales por cada 100.000 habitantes, mientras el estándar internacional recomienda que debería contar con, al menos, ocho por cada 100.000 habitantes. En total hay 887 fiscales operando.

Desde hace varios años, la Fiscalía enfrenta problemas de presupuesto que le impiden contratar nuevos funcionarios.  Actualmente hay un déficit de 546 agentes, además de la necesidad de aumentar el personal administrativo y los puntos de atención, según datos oficiales.

En 2024 el presupuesto de la Fiscalía fue de $143 millones, menor al de años anteriores. Esto aumentó sustancialmente el represamiento de procesos judiciales, en el contexto de cada vez más detenciones por la oleada criminal que asola el país desde 2020. En la práctica, ése es un factor que favorece a la impunidad, perforando la lucha antidelictiva.

Sin control sobre sus subordinados

La falta de independencia de la entidad se refleja también en que su titular no tiene un real control sobre los funcionarios y fiscales de la integran, pues no tiene es facultad. Ésa es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura.

Para la jurista Lorena Grillo, eso, más allá de un tema de jerarquías, es un error garrafal porque no permite que la institución tenga una línea clara de trabajo. Cada fiscal “hace lo que quiere”, pues disciplinariamente se debe a la Judicatura y, por otro lado, su designación no necesariamente depende de su conocimiento sino que está supeditada a los vaivenes políticos. “Para que para exista una Fiscalía totalmente funcional, -siempre y cuando se tenga un fiscal general confiable y en la línea de defensa del país, haciendo su trabajo como debe-, debería tener control sobre sus fiscales”.

Apéndice de los gobiernos de turno

La reforma de Montecristi también significó un giro en el mecanismo de designación del Fiscal General. Hasta 2008, el fiscal debía ser elegido por el Congreso entre los integrantes de una terna presentada por el Consejo de la Judicatura. La Constitución vigente delega esas funciones al CPCCS, que, bajo la fachada de un poder ciudadano, se volvió un apéndice del Ejecutivo, especialmente durante los gobiernos de Rafael Correa.

El Consejo de Participación debe organizar una comisión ciudadana de selección, el concurso público de oposición y méritos, la veeduría y permitir el derecho a la impugnación ciudadana. El concurso y las pruebas varían en cada ocasión y las dudas no faltan en cada convocatoria. Las cinco Funciones del Estado deben enviar su delegado, al igual que organizaciones sociales y ciudadanas. Una vez elegido quien obtenga el mayor puntaje, el CPCCS debe informar a la Asamblea Nacional para que lo posesione.

Cuando se creó, el gobierno de entonces publicitó la idea de que los ciudadanos serían gravitantes en la desiganción del fiscal y otras autoridades de control. Para la exfiscal Mariana Yépez, el CPCCS es una pseudo representación del poder ciudadano, porque en realidad tiene una participación de carácter político. Por ello cree que el Consejo debe desaparecer, una vez que se escoja al nuevo Fiscal.

“Los concursos ya están politizados”

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General avanza con altibajos, en medio de dudas sobre su confiabilidad e independencia de injerencias políticas.

Fausto Murillo, abogado y expresidente del Consejo de la Judicatura, sostiene que los procesos de selección ya están viciados por la politización.  “En el caso de los vocales para el nuevo periodo de 6 años en la Judicatura, han sido las fuentes políticas ( Asamblea y Ejecutivo) las que han demorado en el envío de las ternas, sin duda hubo cálculo electoral y político obviamente”.

Los mismo ocurre respecto al Fiscal, indica Murillo. “Es el CPCCS que al parecer respondiendo a una línea política viene dilatando el procedimiento de selección de la máxima autoridad de la FGE, no hay que olvidar que el período de la anterior autoridad concluyó en abril de este año y según lo han manifestado esta designación puede concretarse recién en febrero del 2026”.

Los hechos coinciden con esa interpretación. Recién el 16 de julio pasado se abrió la convocatoria para que los ciudadanos se postularan, entre el 18 y el 31 de julio, para integrar la Comisión Ciudadana de Selección que se encargará de este proceso.

Luego, el concurso, cuyo reglamento fue aprobado en septiembre de 2024 y reformado en junio pasado, tendrá cuadro fases: convocatoria y postulación, admisibilidad y reconsideración, escrutinio público e impugnación ciudadana, calificación de méritos y recalificación.

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, ha ofrecido celeridad y transparencia en las designaciones; no obstante la veeduría ciudadana de este proceso ha mostrado reparos, tanto por la reforma al reglamento de un concurso en marcha como por la falta de información con respecto de los avances, el cronograma y el presupuesto.

La preocupación principal sobre el concurso apunta al núcleo del CPCCS, que jugará un rol medular en la conformación del Consejo de la Judicatura, mientras las sospechas sobre la politización cobran cuerpo y apuntan al Gobierno como un actor gravitante para inclinar la balanza a su favor.

Las sospechas de una nueva metida de mano en la justicia se profundizaron tras la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el 24 de junio pasado. Esta norma trajo un elemento sorpresivo: la declaratoria de emergencia en la justicia. Mario Godoy, actual presidente del CJ, dijo que el mes entrante se declarará esa emergencia, luego de haber realizado varios informes. Esto le permitirá anticipar evaluaciones a jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales, acceder a un mayor presupuesto y hacer contratos bajo esta figura.

Godoy es nuevamente candidato para volver al Consejo de la Judicatura, y un seguro aspirante a presidirlo. El 24 de julio pasado, la Corte Nacional de Justicia remitió al CPCCS su terna para la designación del nuevo presidente del organismo. La lista era la última que faltaba para que el Consejo de Participación diera paso al proceso de designación de los vocales. Él encabeza la terna de la Corte y es señalado como un alfil del Ejecutivo. Ese puesto es clave, pues la Judicatura también designará a los nuevos miembros de la Corte.

La impugnación ciudadana puede romper el nudo gordiano

Para Murillo, hay una línea transversal que particularmente en estos dos procesos de selección, debe ser aprovechada rigurosamente y que puede marcar la diferencia entre una selección objetiva y una discrecional o arbitraria, con claros intereses políticos.

“Esa línea es la impugnación ciudadana”, resalta.

En las impugnaciones se evidenciarán, por ejemplo, los conflictos de intereses entre los postulantes y el poder: político, económico, gremial, o de cualquier otra índole, incluido el que tienen las mafias y la delincuencia organizada. Mostrará, según el exvocal de la Judicatura, si los postulantes tienen probidad notoria y están formados para dirigir nada más ni nada menos que el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la FJ; y, el órgano titular de la acción penal pública, en el marco de la tolerancia cultural a la corrupción y a la ilegalidad que ha superado a la cultura de la legalidad y la justicia.

El Observatorio de Control Ciudadano ha pedido la revocatoria de Fantoni, pues las demoras y repentinos movimientos en los concursos despiertan sospechas sobre su afinidad con el Ejecutivo. Y éste no sería primer caso pues desde su creación, el CPCCS ya ha enfrentado críticas similares. Tras la selección del nuevo CJ vendrá la designación del apetecido cargo de Fiscal general y ese concurso apenas empieza.

El presidente del CPCCS señaló que este Consejo “tiene proyección” y que para que no haya demoras en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, que debe tener 10 integrantes, ya envió Quipux para que las cinco funciones del Estado manden a sus delegados. Agregó que para que no haya demoras de su parte y que cumplan con su deber, “habría que cambiar el mandato constitucional”.

Fantoni mencionó que las nuevas dilaciones en el concurso para el titular de la Fiscalía General obedecen a la reforma que se hizo al reglamento, por solicitud de los nuevos miembros del Consejo. Hasta fines de octubre, dijo, estaría conformada la comisión de selección, y luego de seis meses se podría contar ya con la nueva autoridad. Según el comisionado, si bien se designará al sucesor de Salazar y Toainga, con un año de retraso, este Consejo ha trabajado para nombrar, de forma ordenada, a 13 autoridades que llevaban años en funciones prorrogadas, entre ellas el Contralor General y varios superintendentes.

Un proceso de selección que requiere cambios

Luego de dos mecanismos de designación de consejeros fallidos y de cuestionados concursos para elegir autoridades nacionales gravitantes como contralor, fiscal, miembros del Consejo de la Judicatura, superintendentes, entre otros, todo apunta a que es necesario tomar un rumbo distinto en esta tarea.

Durante su mandato, el expresidente Guillermo Lasso convocó a un referéndum con la idea de enmendar la Constitución para eliminar el CPCCS y hacer cambios para que la Fiscalía trabaje de forma independiente de la Judicatura, cuente con personal especializado y recupere la confianza de la gente. Sin embargo, la consulta no tuvo apoyo en las urnas.

Las reformas para la designación del fiscal y otras autoridades, segun varios analistas, requieren de cambios constitucionales. Para Mauricio Alarcón es necesario “meter mano de forma muy firme” en ese tema y también en el Código Orgánico de la Función Judicial para que la autonomía de la institución sea real y para que su titular pueda evaluar al resto de fiscales y así la carrera fiscal tome forma y arroje buenos resultados.

Hoy los concursos son manipulables y basta revisar la historia para darse cuenta de que el país tuvo mejores fiscales cuando intervenían el Ejecutivo y el Legislativo en la selección de las ternas, había más transaparenca, agrega Alarcón. “Si se quisiera incluso mejorar el sistema de pesos y contrapesos, se podría utilizar una designación no solo de Ejecutivo y Legislativo sino incluso, para determinadas autoridades, contar con la intervención del Poder Judicial”.

Estados Unidos oficializó esta tarde del 8 de julio el pedido de extradición de José Adolfo Macías, alias Fito, ante la Corte Nacional de Justicia.  Minutos después de sus captura, Fito habló con los policías y militares que lo detuvieron el miércoles 25 de junio y precisamente lo primero que les preguntó es si secretaría su entrega a las autoridades de ese país. Esta alianza reproduce parte de la conversación que mantuvo el líder de Los Choneros. Nota actualizada a las 21:00.

Alianza Código Vidrio – Vistazo

No hubo arrepentimiento en las primeras palabras que pronunció José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, luego de su recaptura en un bunker, bajo una casa entre Manta y Montecristi, el pasado miércoles 25 de junio. Esta alianza accedió a la transcripción de los primeros diálogos, una vez que el narco salió del subsuelo de la lujosa vivienda, por temor de que las paredes lo sepultaran. La operación duró más de 13 horas.

“Bueno, una pregunta, una pregunta, ¿Me van a extraditar? Yo no soy traqueto, lo que yo  vendo es un kilo de creepy, un kilo de polvo. Con eso sobrevivo, ¿Todo el mundo lo sabe, no?”. Esto dijo a los uniformados que lo atraparon y recapturaron, según la reconstrucción del diálogo.

De las conversaciones iniciales se desprende que le preocupaba el tema de su extradición.

Este 8 de julio, 13 días después de su recaptura, Estados Unidos pidió formalmente la extradición de José Adolfo Macías, quien es requerido por la justicia de ese país por narcotráfico y otros delitos.

La solicitud llegó al presidente  de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, este martes 8 de julio, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

“El proceso de extradición pasiva se tramitará de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano”, informó la Presidencia de la Corte en un comunicado. 

Según el artículo 199 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Presidente de la Corte es la autoridad central competente en materia de extradición.

Esta misma tarde el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, conversó con la Canciller, Gabriela Sommerfeld, sobre los esfuerzos conjuntos para combatir la delincuencia transnacional en la región. Además elogió al gobierno por la exitosa captura de Fito y destacó la colaboración para promover la seguridad en todo el hemisferio.

Cuando fue detenido, Fito se refirió a la extradición en varias ocasiones, en el diálogo con los agentes que lo capturaron.

Además, minimizaba su rol como responsable de una organización de narcotráfico a gran escala.

En pericias de perfilamiento criminal que habían realizado expertos, cuando Fito estaba detenido, se reveló que no admite sus delitos.

“Lo que me gano la vida es en lo local”, se lo escucha decir, ante los interrogatorios de agentes y uniformados, policías y militares, que lo recapturaron luego de que él lograra permanecer prófugo durante 17 meses.

Fito se había atrincherado en el bunker de la lujosa mansión con paredes de mármol, piscina interior, gimnasio y área de juegos, en la provincia de Manabí.

De sus primeras intervenciones se desprende su interés en conocer sobre el proceso de extradición. Pregunta sobre los plazos y los tiempos. Y queda en evidencia su voluntad de negociar con agencias del extranjero.

Agentes de inteligencia consultados por esta alianza coincidieron que Fito pedía entregarse en un tercer país, para ser extraditado hacia Estados Unidos. Además, su temor era llegar a la cárcel de El Salvador.

A inicios de enero de 2024, Fito huyó de la prisión regional de Guayaquil, ante su inminente traslado a la cárcel de La Roca.

Al ser recapturado, el miércoles 25 de junio, Fito explicó las razones de su huida. “Me fui de la prisión porque me iban a matar el día que me iba, que me iban a trasladar. Yo ya estaba para mi 40 por ciento, no tenía porqué fugarme, ese mismo año tenía que salir. Me fugué por ganar un día más de vida; por lo menos sería factible ingresar a un cuartel”, afirmó, poco después de ser aprehendido.

Un extenso reportaje publicado por The Washington Post sobre la captura de Fito revela que él narco mantuvo en paralelo varias líneas de negociación con distintos actores, no solo del Estado ecuatoriano sino de agencias extranjeras.

Fito no se arrepentía

“He tratado de cambiar la vida a mucha gente, que sí lo he hecho. Sí, lo he hecho entonces, toda la vida, a mucha gente. ¿A cambio de qué? De nada, de nada. Me siento bien, de tantos errores que he cometido. Me siento bien”.

“Es que a mí me conviene salir. Dios es grande, nada más, o sea… Yo estoy dando un tratado con ellos, quiero entregar con ellos, quiero que entienda. ¿Qué eso demora? ¿Cómo está? Todo era leyes”.

Mencionaba la necesidad de proteger a su padre, a su hija y a su familia. Así, queda en evidencia que mantenía comunicaciones, con distintos interlocutores.

Esta alianza conoció que a inicios de marzo de 2025 hubo una operación para detenerlo en una zona rural de Manabí, llamada Junín. Ese intento fue fallido.

En su alocución destacaba que su fuga, en 2024, no causó violencia. “Por eso le dijo, no soy como lo pintan, ya me fugué sin hacer daño a nadie. No tengo nada que ver con las muertes”.

El capo ya se fugó de La Roca en 2013

En febrero de 2013 un grupo de detenidos se fugó de la cárcel de La Roca, usando el río Daule como vía de escape. Entre ellos se encontraba Fito.

Tres meses después, en mayo de ese año, el ministerio de Gobierno de la época anunciaba que Fito había sido recapturado en el escondite bajo la vivienda de un familiar suyo en El Palmar (Manta). En la casa de enfrente, también en un sitio subterráneo, estaba escondido su hermano Ronal Xavier Macías Villamar, alias Javi.

Antes de la captura, la madre de los hermanos Macías Villamar había intentado negociar las condiciones para que ellos se entregaran. “Al gobierno de la Revolución Ciudadana no se le puede chantajear ni manipular. Desde el inicio fuimos tajantes al afirmar que no íbamos a aceptar las condiciones de dos peligrosos delincuentes y les advertimos que haríamos hasta lo imposible por recapturarlos”, dijo en esa ocasión el entonces ministro de Gobierno, Javier Córdova.

En enero de 2024, al huir de la cárcel regional de Guayaquil, Fito evadía La Roca. Hoy, espera en ese entro de privación de libertad su inminente extradición hacia Estados Unidos.

La recaptura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, es solo la punta del iceberg. Debajo han permanecido ocultos hechos inéditos que el medio estadounidense The Washington Post reveló este domingo 6 de julio en un amplio reportaje. La detención del capo fue el resultado de una búsqueda sistemática de más de un año de un equipo élite de inteligencia militar, en coordinación con un grupo especial de la Policía, que avanzaban indistintamente de las conversaciones que Fito y sus intermediarios tenían, por cuerda separada, con funcionarios del gobierno, agentes estadounidenses de la DEA y autoridades colombianas. Fito buscaba, según declaró tras su detención, asegurar a toda costa su extradición a Estados Unidos. En ese contexto, la fiscalía estadounidense ya había iniciado el caso penal en contra del líder de Los Choneros en el Departamento de Justicia.    

Redacción Código Vidrio

Los agentes de inteligencia llevaban más de un año tras la pista del narcotraficante fugitivo, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una operación de alta prioridad a la que denominaron «Zeus II».  Buscaron pistas de su paradero en varios países; en un momento dado, incluso creyeron que se escondía al otro lado de la frontera, en una zona remota de Colombia, según publica este domingo The Washington Post https://www.washingtonpost.com/world/2025/07/06/fito-captured/.

En cambio, el líder de Los Choneros se refugiaba en una lujosa casa con paredes de mármol que las autoridades ya habían allanado al menos tres veces, en Montecristi, Manabí, una zona que controlaba desde hacía mucho tiempo, donde disfrutaba de todas las comodidades,  incluidos un gimnasio y una piscina cubierta.

Según la nota del medio estadounidense, firmada por Samantha Schmidt y Arturo Torres, las fuerzas de seguridad supieron que estaban cerca el 25 de junio pasado cuando descubrieron, en un allanamiento a esa vivienda, a su hija de 3 años, los medicamentos que conocían que tomaba para la gastritis crónica, así como prendas personales, perfumes y otros objetos.

Pero ese día, mientras lanzaban gases lacrimógenos dentro de la propiedad, el líder de los Choneros no aparecía por ningún lado. Sospechaban de un búnker oculto. Y tendrían que excavar debajo de la casa, contra el tiempo.

«Entren, con fe», le dijo un alto oficial a un agente de policía que participaba en la operación de inteligencia, en coordinación con un equipo élite del Ejército, que lideró la operación. “Busquen como puedan. Usen todos los medios a nuestro alcance. Pero tenemos que encontrarlo”, describe el Post.

Mientras las fuerzas de seguridad excavaban, Fito temió que el búnker se desplomara sobre él. Salió de una puerta secreta en el suelo de una lavandería y se encontró en la mira de un militar, sorprendido al reconocerlo, pero listo para reaccionar con su arma, apuntándole a la cabeza.

La captura -según el Post- fue una victoria simbólica para el presidente Daniel Noboa, el heredero millennial de los negocios de un emporio bananero. Él ganó la reelección este año con la promesa de contener la violencia criminal que ha convertido a esta otrora pacífica nación sudamericana en un campo de batalla del narcotráfico.

Noboa declaró la guerra a los grupos criminales, a los que denomina narcoterroristas, el año pasado, días después de la fuga de Fito.

Como líder de Los Choneros, según la fiscalía estadounidense, Fito colaboró ​​con el Cártel de Sinaloa de México para enviar cargamentos de varias toneladas de cocaína a Estados Unidos y otros países. En una acusación formal, desvelada en abril, lo describieron como un «líder despiadado y prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional» que contrabandeaba ametralladoras de uso militar, rifles de asalto y granadas desde Estados Unidos y utilizaba sicarios para secuestrar, torturar y asesinar. Bajo el liderazgo de Fito, la organización atacaba a policías, políticos, fiscales y civiles, utilizando amenazas, sobornos y corrupción para construir y proteger un imperio de la cocaína.

Este reportaje del Washington Post incluye detalles no divulgados previamente sobre la captura de Fito, se basa en entrevistas con tres altos funcionarios de seguridad e inteligencia que ayudaron a supervisar la operación, así como en documentos, videos, fotos, grabaciones, informes de Inteligencia y una transcripción de conversaciones grabadas con el propio Fito, después de su recaptura. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato.

El ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, al día siguiente de la detención de Fito, afirmó que el arresto demostraba que el gobierno de Noboa no negocia con criminales. «No hay ningún acuerdo aquí y nunca lo ha habido».

Sin embargo, tres funcionarios de seguridad que participaron en el operativo de búsqueda desde hace meses afirmaron que el gobierno sí negoció con Fito una posible entrega.

Los contactos con la DEA

Según el Washington Post, un informante, que actuó como intermediario de Fito, contactó a funcionario de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para intentar ayudarlo a negociar su extradición a ese país, en cuyo sistema penitenciario creía que estaría más seguro, según un funcionario de inteligencia ecuatoriano. El funcionario afirmó que la DEA habló luego directamente con Fito, por medio de una videollamada.

La  DEA y el Departamento de Justicia declinaron hacer comentarios, ante los pedidos del Post. Sin embargo, Fito, tras su captura, declaró a autoridades ecuatorianas que había hablado con la agencia. “Estaba hablando con la DEA y usted lo sabe, ministro”, le dijo al ministro del Interior tras su captura, según una transcripción de un audio revisada por el Washington Post. “Quería entregarme y decirles algunas cosas”.

Parece que Fito -según el reportaje- podría conseguir al menos parte de lo que quería. Las autoridades locales afirman que han adelantado su traslado a custodia estadounidense y esperan que las autoridades de ese país formalicen el pedido de extradición en la Corte Nacional de Justicia.

Pero las negociaciones para la entrega fracasaron. Cuando los agentes de inteligencia recibieron un aviso de una fuente humana con las coordenadas de la ubicación de la casa donde estaba Fito, decidieron actuar. Era el 19 de junio. Entonces realizaron reconocimientos terrestres y aéreos identificando la vivienda con alta seguridad y artículos infantiles. En el lugar observaron tres hombres, uno con rasgos muy similares a Fito, otro con apariencia de guardaespaldas y tres perros.

La cacería del capo

Desde la cárcel -detalla el Post- Fito lideró una organización criminal que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 más allá. Controlaban la penitenciaría del Litoral, contrabandeando drogas, teléfonos y armas a su antojo. Fito incluso grabó un video musical de alta producción desde el interior de la prisión, presentándose como una especie de Pablo Escobar moderno. «Es el jefe y patrón», cantaban sus hombres en el video.

Los Choneros habían contribuido a convertir a Ecuador en un importante punto de tránsito de cocaína y en uno de los países más violentos de la región. Tras la toma de posesión de Noboa, se comprometió a restablecer la seguridad sin negociar con las organizaciones criminales del país. Anunció planes para restablecer la ley y el orden en el sistema penitenciario. «Simplemente no se lo digan a Fito», dijo en una entrevista televisiva, el año pasado.

A principios de enero de 2024, el capo de la droga escapó. Los agentes de inteligencia supieron que había recibido información sobre los planes para reubicarlo y simplemente salió por la puerta principal, porque temía ser asesinado.

En cuestión de días, disturbios en la prisión, coches bomba y un atentado contra una transmisión de noticias en vivo llevaron a Ecuador al borde del colapso. Noboa declaró el estado de conflicto armado interno, nombró a 22 bandas criminales como organizaciones terroristas y permitió que las autoridades movilizaran al ejército contra ellas.

Durante el siguiente año y medio, uniformados del Ejército y la Policía buscaron al narcotraficante en Ecuador, confiscando sus negocios y bienes, allanando sus propiedades, capturando a sus sicarios y, finalmente, arrestando a personas de su círculo íntimo, incluyendo a su pareja. El ministro del Interior, John Reimberg, describió esto como una operación psicológica para que Fito perdiera el control de sus acciones.

Las autoridades habían registrado la casa cerca de Manta al menos tres o cuatro veces, según dos agentes confirmaron. En una grabación de audio obtenida por The Post, un aliado de Fito le dijo a otro informante que las autoridades «registrarían todo y luego se irían… No consiguieron ni una sola pistola».

Un informante proporcionó a las autoridades grabaciones de video de Fito entrenando en un gimnasio en la casa y en su dormitorio. La misma persona se contactó con la DEA, en nombre de Fito, según un funcionario de inteligencia. Abogados y otros intermediarios de Fito contactaron a funcionarios de la administración de Noboa, según tres personas familiarizadas con las conversaciones.

En un momento dado, la embajada de Colombia en Ecuador recibió una carta de Fito solicitando la ayuda del país. En la carta, obtenida por The Post, Fito expresó su temor de que Ecuador lo enviara a CECOT, la megaprisión de máxima seguridad en El Salvador a la que la administración Trump ha enviado a migrantes detenidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que su embajador recibió la carta el 9 de junio, pero afirmó que no podía verificar su autenticidad y que no había dado respuesta a la solicitud.

El 19 junio, una fuente humana les entregó a los agentes las coordenadas donde Fito se escondía, en un búnker en la casa cerca de Manta, y que estaba bien armado. Las autoridades sobrevolaron la propiedad con drones y observaron su estricta seguridad: gruesos muros de concreto y acero, portones con doble blindaje, cámaras de circuito cerrado de televisión y hombres y perros de guardia, detalla la crónica del Post.

También vieron juguetes infantiles junto a la piscina. Eso significaba que Fito y su hija podrían estar allí.

La captura

 Un equipo de 300 militares, armados con rifles y otras armas, se desplegó en Manta antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana, usaron escaleras para escalar los muros exteriores de la propiedad. «¡Sube! ¡Sube!», gritó un oficial en la oscuridad, mientras sonaban las alarmas de la vivienda.

Los uniformados entraron corriendo a la casa, pasaron junto a los perros que ladraban. Llegaron a las habitaciones, junto a una mesa de billar y bajaron por una escalera de caracol, gritando «¡Al suelo!» a todo el que encontraron a su paso, describe el relato del Post. Detuvieron a seis adultos, incluyendo a la enfermera de Fito, dos hombres que lo ayudaban con las tareas de la casa, una cocinera y la niñera de su hija. Encontraron colonia y ropa suya, licores finos. Pero no encontraron al cabecilla de Los Choneros.

Entonces los militares apagaron, sin saberlo, un generador que proveía de energía eléctrica al búnker de Fito. Usaron equipos de escaneo, que llevaron policías de una unidad élite, para buscar estructuras subterráneas ocultas detrás de paredes y lozas, pero no encontraron nada. El ministro del Interior envió una retroexcavadora. «Destruyan la casa», les dijo a los funcionarios que dirigían la operación, según un funcionario. Pero sin saber exactamente dónde estaba Fito, les preocupaba enterrarlo vivo.

 

La excavación hizo temblar el techo del búnker de Fito. Las autoridades dicen que entró en pánico. Apresurado subió por una escalera para salir. Atravesó una puerta pequeña, oculta en el suelo del lavadero de la casa. Chocó con un soldado, lo empujó a un lado y siguió caminando. Luego se encontró, cara a cara, con el jefe del operativo. El oficial le apuntó con un arma a la cabeza, le ordenó que levantara las manos, lo tiró al suelo y lo esposó.

Poco después fue trasladado por vía aérea a la Roca, una prisión de máxima seguridad en Guayaquil.

«Hoy, este narcoterrorista está donde debe estar, en La Roca», declaró a la prensa el ministro de Defensa, Loffredo. «Mediante una operación quirúrgica, logramos aprehender al criminal más buscado de todos los tiempos en Ecuador».

Unidades de inteligencia de la Policía y el Ejército encontraron posteriormente un segundo búnker con 15 pistolas, dos revólveres, dos rifles y 2.000 cartuchos, además de 19 relojes, docenas de anillos y brazaletes, y 7.600 dólares en efectivo.

La captura representa un triunfo político para Noboa, según el analista de seguridad Fernando Carrión, pero cualquier refuerzo «probablemente se verá afectado por todos estos factores que aún no están claros». Las noticias sobre las conversaciones del gobierno con Fito han generado controversia.

«A pesar de mi errores me siento bien»

Mientras se encontraba oculto, Fito seguía liderando a Los Choneros a través de su segundo al mando, un pariente cercano, según un funcionario de inteligencia. No está claro cómo afectará su captura a la organización. En un informe interno, funcionarios de inteligencia advirtieron que su captura podría desatar violencia entre los tenientes que compiten por reemplazarlo. También podría inspirar a bandas rivales a luchar por el control de corredores de narcotráfico o alianzas criminales, indica el diario estadounidense.

Por ahora, Fito espera su extradición a Estados Unidos. Ha declarado a las autoridades que lo mejor para él es ser enviado a Estados Unidos.

«No soy como me pintan», dijo, según una transcripción de un audio grabado el momento de su captura, haciéndose eco de la imagen de Robin Hood que retrata Escobar. «He intentado cambiar la vida de muchas personas, y lo he hecho. ¿A cambio de qué? De nada. De nada».

«Me siento bien, a pesar de todos los errores que he cometido», dijo. «Me siento bien».

La producción y comercialización de cocaína han alcanzado niveles históricos, con un aumento en América Latina y una expansión sin precedentes a mercados emergentes en Europa, África y Asia. Ecuador es un punto neurálgico para el envío de cocaína hacia varios continentes, con consecuencias directas en la criminalidad y violencia desatadas por las bandas locales, que trabajan para los carteles transnacionales, según el último informe mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

Redacción Código Vidrio

El aumento histórico de la producción y comercio de cocaína a escala global ha empoderado a los grupos de delincuencia organizada, que mutan constantemente, tejen alianzas, multiplican su incidencia en actividades como minería ilegal, tráfico de especies, trata de personas, así como en inversiones en el sector formal de la economía, con lo cual obtienen mayores ganancias.  Esa es una de las principales conclusiones del último informe Mundial sobre las Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que identifica una nueva era de inestabilidad global por el explosivo aumento del consumo de diferentes tipos de drogas.

El cannabis sigue siendo la droga más requerida: 244 millones de personas la consumen, seguida por los opioides (61 millones), la cocaína (31 millones), el éxtasis (25 millones) y las anfetaminas (21 millones). Solo 1 de cada 5 consumidores con trastornos graves recibe tratamiento.

“Esta edición del Informe Mundial sobre las Drogas muestra que los grupos delictivos dedicados  al tráfico de drogas continúan adaptándose, explotando las crisis y teniendo en la mira a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”, destacó Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Debemos invertir en prevención del consumo y abordar las causas raíz del tráfico de drogas en todas las etapas de la cadena de suministro. Debemos reforzar las respuestas, aprovechando la tecnología, fortaleciendo la cooperación transfronteriza, proporcionando medios de subsistencia alternativos y tomando acciones desde la justicia para combatir a quienes impulsan las redes ilícitas del tráfico de drogas. Mediante un enfoque coordinado e integral, podemos desmantelar a las organizaciones criminales, reforzar la seguridad global y proteger a nuestras comunidades”.

El mercado global de cocaína bate récords 

La producción, incautaciones y consumo de cocaína alcanzaron nuevos máximos en 2023, convirtiéndose en la droga ilícita con mayor crecimiento en el mercado. La producción ilegal creció a 3,708 toneladas, casi 34% más que en 2022. Las incautaciones mundiales llegaron a un récord de 2.275. Esto supone un aumento de 68% entre 2019 y 2023. El consumo creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023.

Flujos de envíos de cocaína a escala global 

Los narcotraficantes están encontrando nuevos mercados en Asia y África. La violencia y la competencia que caracterizan el ámbito ilícito de la cocaína, antes confinado a Latinoamérica, se está extendiendo a Europa Occidental y países asiáticos, mientras los grupos de delincuencia organizada aumentan su influencia en el mercado. Hay también nuevos países usados para el envío de cocaína, lejos del epicentro Colombia-Ecuador-Perú. Especialmente en el Cono Sur, como Chile y Argentina. Esta dinámica también evidencia la participación de cada vez más actores y grupos criminales, que brindan servicios específicos y especializados. Los holdings transnacionales ya no controlan toda la cadena, desde la producción hasta la venta de la cocaína. Los envío de esa droga se concretan a través de sociedades criminales de grupos diversos.

Las organizaciones criminales aprovechan la inestabilidad y las brechas en el estado de derecho para expandir sus operaciones. El informe de la UNDOC destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en ciertas regiones, especialmente en América Latina. El caso de Ecuador es el más preocupante. Se reportan en promedio 45 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. La mayoría tienen relación con disputas de territorio y ajuste de cuentas entre miembros de las células criminales.

Según el Informe de la ONU, los países y regiones de América Latina que enfrentan los mayores desafíos relacionados con el narcotráfico y sus consecuencias son:

Colombia: Enfrenta altos índices de criminalidad vinculados a la producción récord de cocaína, conflictos armados internos y violencia estructural. El informe destaca la relación entre el tráfico de drogas y los altos niveles de violencia en el país.

Ecuador: Ha experimentado un aumento significativo en la violencia relacionada con el narcotráfico en los últimos años, con grupos criminales disputando rutas de tráfico.

Perú: Como segundo productor mundial de cocaína, enfrenta desafíos relacionados con la producción y el tráfico, así como daños ambientales en ecosistemas frágiles.

México: Presenta desafíos críticos relacionados con el crimen organizado, violencia asociada al narcotráfico y el tránsito de drogas hacia Estados Unidos. El informe señala problemas de seguridad fronteriza y combate a las drogas como prioridades.

Venezuela: Enfrenta una crisis multidimensional donde el narcotráfico se ha convertido en un factor desestabilizador, con escasez de energía y otros recursos que complican la situación.

Centroamérica (especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador): La región es identificada como un corredor de tránsito clave donde el narcotráfico alimenta la violencia y debilita las instituciones.

Estos países enfrentan no solo el problema del tráfico de drogas, sino también sus consecuencias: violencia estructural, erosión del estado de derecho, corrupción institucional y convergencia con otras economías ilícitas que desafían la gobernabilidad.

¿Qué impacto tiene la producción récord de cocaína en Ecuador?

Aunque Ecuador no es un productor tradicional de coca como Colombia o Perú, su posición estratégica entre estos dos grandes productores lo ha convertido en un importante punto de tránsito, con aproximadamente un tercio de la cocaína colombiana (estimada en 467 toneladas en 2021) pasando por territorio ecuatoriano, generando un mercado de aproximadamente 953 millones de dólares.

El aumento del tráfico de cocaína ha coincidido con un incremento dramático en la tasa de homicidios en Ecuador, pasando de 6 por 100 mil habitantes en 2016 a 39 en 2024. La tasa de homicidios en Ecuador en 2025 muestra un panorama preocupante, con un aumento significativo en comparación con años anteriores. Las cifras oficiales indican que el primer trimestre de 2025 ha sido el más violento de la historia del país, superando en un 65% los homicidios del mismo período en 2024. Se reporta un asesinato por hora en promedio en lo que va del año. Guayaquil, en particular, ha experimentado un aumento alarmante de la violencia, con 236 homicidios solo en enero, debido a disputas entre bandas narcodelictivas.

En este sentido, la declaratoria del conflicto armado interno del gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico ha tenido un impacto mixto en la lucha contra el narcotráfico, con resultados a corto plazo positivos pero con interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.

La militarización de las cárceles permitió a las fuerzas de seguridad recuperar cierto control sobre estos espacios que funcionaban como centros de operaciones para grupos criminales. Se reportó una disminución significativa en la violencia carcelaria tras la toma de control militar, pero el sistema es inestable y está permeado por altos niveles de corrupción de funcionarios y uniformados. Con

Ausencia de estrategia para la salida del conflito

Según coinciden varios analistas, el gobierno de Noboa ha dado pocas señales sobre su estrategia de salida del conflicto. Existe evidencia creciente de que Ecuador podría quedar atrapado en un conflicto a largo plazo, lo cual ha saturado a las fuerzas militares, que cumplen diferentes roles operativos y tácticos, con una cooperación y coordinación débil con la Policía.

Los éxitos del Bloque de Seguridad expresados en capturas constantes de miembros de las bandas y mayores incautaciones de droga, han fragmentado aún más a los grupos delictivos, aumentando inicialmente la incertidumbre, la competencia por las rutas de drogas y la violencia. Quienes han sido dados de baja en enfrentamientos o encarcelados por las fuerzas de seguridad están siendo reemplazados por otros delincuentes.

A pesar de la reducción en homicidios, continúan los ataques a políticos, policías, funcionarios de gobierno local, autoridades penitenciarias y jueces, junto con la violencia brutal de pandillas en las comunidades.

Las perspectivas a futuro

En mayo de 2025, el presidente Noboa envió un proyecto de ley a la Asamblea para «Desmantelar la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno en Ecuador», lo que sugiere que la estrategia continúa evolucionando hacia un enfoque más integral que aborda no solo la violencia sino también las estructuras económicas del narcotráfico.

Las rutas del narcotráfico de cocaína desde América hacia Australia y Asia

Human Rights Watch expresó en mayo de 2024 su preocupación por la respuesta del gobierno ecuatoriano al crimen organizado, cuestionando la base legal de la declaración de «conflicto armado interno» y advirtiendo que podría conducir a violaciones de derechos humanos.

Las experiencias en América Latina sugieren que los operativos militarizados contra grupos criminales no reducen los homicidios a largo plazo y pueden incluso aumentar la inseguridad. Normalmente, cuando los gobiernos responden al crimen organizado con violencia, esto genera más violencia.

El enfoque debe ser multidimensional, reconociendo que «la ‘mano dura’ puede ser efectiva excepcionalmente y a corto plazo, pero no a mediano y largo plazo.» La política debe construirse en democracia, con la institucionalidad establecida y como una oportunidad para entender y actuar con alcance regional andino.

---

ANÁLISIS

¿Cuáles son las políticas más efectivas para reducir la violencia causada por el narcotráfico?

Las políticas que han demostrado ser más efectivas para reducir la violencia relacionada con el narcotráfico en Ecuador y otros países de América Latina incluyen:

1. Enfoque en reducción de violencia, en lugar de controlar solamente el envío y la oferta.

La experiencia regional muestra que las políticas centradas exclusivamente en reducir el suministro de drogas a menudo aumentan la violencia. Un enfoque más efectivo prioriza la reducción de la violencia como objetivo principal, econociendo que «el costo de la aplicación de la ley antidrogas no debería seguir pagándose en vidas civiles».

2. Aplicación focalizada de la ley.

Dirigir los esfuerzos hacia los grupos más violentos, no necesariamente los que venden más drogas. Las estrategias que concentran recursos en las organizaciones más violentas, en lugar de dispersar esfuerzos contra todos los grupos criminales, han mostrado mejores resultados. Comunicar claramente a los delincuentes violentos que serán procesados

3. Alternativas socioeconómicas

Las políticas que abordan las causas estructurales de la violencia han mostrado resultados positivos. Incluyen:

-Programas de desarrollo económico en zonas vulnerables

-Creación de oportunidades de empleo legal para jóvenes en riesgo

-Atención a la desigualdad y la pobreza que facilitan el reclutamiento criminal

4. Reforma del sistema penitenciario

El sistema carcelario ecuatoriano se ha convertido en un centro de operaciones para grupos criminales. Las reformas efectivas deben incluir:

-Reducir el hacinamiento carcelario

-Separar a los reclusos según su nivel de peligrosidad, no agruparlos por bandas

-Implementar programas de rehabilitación y reinserción

5. Enfoque multidimensional

Ninguna política aislada es suficiente. Se requiere una combinación de:

-Fortalecimiento institucional

-Mejora de la investigación criminal

-Protección de las fuerzas de seguridad contra la corrupción

-Mejora de la policía comunitaria

-Atención a las necesidades sociales que aprovechan los grupos criminales*

 

---

 

*Para este análisis recurrimos a la plataforma Nelson de Southern Pulse, que es un asistente de investigación de inteligencia artificial especializado en análisis de información sobre América Latina.

Unidades de Inteligencia del Ejército, con apoyo de la Policía y asistencia de agencias de EE.UU. y otros países, ubicaron en un sótano de una lujosa vivienda en Montecristi al narcotraficante y líder de Los Choneros, José Adolfo “Fito” Macías Villamar. La recaptura ocurrió este miércoles 25 de junio, más de un año después de que escapara de la Penitenciaría del Litoral, que controlaba. La detención es ampliamente desplegada en un reportaje que publicó el medio estadounidense The Washington Post. (Nota actualizada a las 14:00 de este 26 de junio)

Redacción Código Vidrio

El rastreo de la casa donde se ocultaba  José Adolfo Macías, alias Fito, en Montecristi, Manabí, fue posible gracias al seguimiento de un equipo élite de Inteligencia del Ejército que le seguía los pasos hace meses, en varias zonas de Manabí, de donde son originarios Los Choneros, la banda que él lidera. La pista los condujo el miércoles pasadas las 17:00 hasta un sótano donde se escondía y había acondicionado para vivir, según un alto funcionario policial que habló bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la delicada operación, según destacó el diario The Washington Post en un reportaje firmado por Arturo Torres y Samantha Schmidt.

Videos difundidos por el Ministerio de Defensa y el Ejército mostraron a militares metiéndose en un agujero en un piso de baldosas para llegar al sótano oculto e inacabado que se encuentra debajo. Otros videos mostraron a los agentes sujetando a Macías en el suelo, boca abajo, con las manos atadas a la espalda.

Las autoridades comenzaron de inmediato a solicitar su extradición a Estados Unidos, según informó el presidente Daniel Noboa en una publicación en X.

Un alto oficial de la Policía, al tanto del proceso, dijo a Código Vidrio que los diálogos con autoridades estadounidenses están avanzadas para concretar el traslado de Fito a ese país, aunque no preciso el tiempo que podría tomar.

Fuentes de Inteligencia informaron que después de escapar de la Penitenciaría del Litoral, hace más de un año, Fito estuvo en algunos sitios de Manabí. Nunca abandonó el país.

A EE.UU. también han sido extraditados, tras ser detenidos en Colombia, los narcos ecuatorianos Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias ‘Gato Farfán’, y Washington Prada Álava, alias Gerald. Sánchez se declaró culpable de tráfico internacional de drogas. Espera su condena en prisión, en agosto de 2025. Gerald cumple una sentencia de 19 años de prisión.

Más de un año clandestino 

Macías es uno de los principales líderes de Los Choneros, una banda que llegó a tener 5.000 miembros dentro del sistema penitenciario y 7.000 fuera, y que se alió con el Cártel de Sinaloa de México para dominar el floreciente tráfico de cocaína en esta nación sudamericana. Las fuerzas ecuatorianas y de seguridad, así como sus aliados estadounidenses, lo han estado buscando desde que se fugó de una prisión en Guayaquil a principios de 2024, resalta el diario estadounidense.

Finalmente, lo encontraron en el sótano de una vivienda perteneciente a su pareja, Verónica Narcisa Briones Zambrano, quien actualmente se encuentra recluida en una prisión de Guayaquil, según un funcionario de inteligencia que también habló bajo condición de anonimato.

Para ubicar a Macías, las unidades tácticas del Bloque de Seguridad emplearon un densitómetro, aparato que permite medir el espesor de paredes y detectar posibles compartimentos secretos. También se usó una retroexcavadora para remover los alrededores de la vivienda, en especial un jardín, lo que terminó por acorralar al delincuente, quien se ocultaba en un búnker subterráneo. En la operación también se emplearon drones, que vigilaban la vivienda de tres pisos.

Junto a Fito se encontraban cuatro individuos : Eduardo H. C., Freddy Z.Z., Cristian M. V. y Carlos C. Z., el último registra antecedentes por robo, tenencia de armas, asesinato, existencia de delito. Asimismo, se decomisó un fusil.

En una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, el ministro del Interior, John Reimberg, precisó que la pieza clave en la captura de Fito fue Cristian Germán Mendoza Vélez, uno de los detenidos. Mendoza es un agente de Tránsito de Manta, que había trabajado por mucho tiempo en la Empresa de Movilidad de este cantón. Vivía en la casa donde se ocultaba Fito, y se trataría de uno de sus muchos testaferros.

El individuo nunca se presentaba a laborar en la Agencia de Tránsito de Manta. Mendoza fue jefe de los agentes de tránsito, subdirector de Tránsito, supervisor de tránsito y su último cargo fue supervisor de operaciones de la entidad.

Con esos datos, Inteligencia corroboró la información y realizó los seguimientos necesarios, que permitieron confirmar que Fito se refugiaba en la vivienda de Mendoza.

«Esta es una victoria que tomo mucho tiempo y mucho esfuerzo por el Bloque de Seguridad, intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información y no es sino la presión constante lo que ha logrado la captura de alias Fito», dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Tras su recaptura, Fito fue trasladado en un jet, bajo un estricto resguardo, desde Manabí hacia Guayaquil, a la cárcel de La Roca, durante una operación anunciada ante los medios por los ministros Reimberg y Loffredo.

Bajo cargos criminales en EE.UU.

El Post destaca que Macías fue acusado formalmente en un tribunal federal de Brooklyn en abril por distribuir grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. La fiscalía alega que lideró Los Choneros desde al menos 2020 hasta 2025, controlando las rutas de tráfico de cocaína a través de Ecuador y dirigiendo una red de distribución a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos y otros países.

Acusan a la organización de usar sicarios, corrupción y sobornos para asegurar su lealtad y de contrabandear armas de fuego desde Estados Unidos para financiar sus operaciones.“Como se alega, el acusado era un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional”, declaró John J. Durham, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York. “Al liderar la red de asesinos y traficantes de drogas y armas de Los Choneros e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un gran daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de Los Choneros”.

El empoderamiento de Los Choneros

El crecimiento descontrolado de las bandas de narcotraficantes en Ecuador -destaca el Post- ha contribuido a convertir a este país, antes pacífico, en un centro crucial para el tránsito de cocaína. Utilizando las cárceles del país como centros de mando, Los Choneros y otros han formado alianzas con cárteles mexicanos y la mafia albanesa, e infiltrado el gobierno en casi todos los niveles.

Macías se burló del gobierno en septiembre de 2023 en un video musical de alta producción filmado dentro de la prisión donde estaba recluido. En enero de 2024, empezó a correrse la voz de que Fito se había fugado de la penitenciaría regional de Guayaquil.

Cuando la Policía entró en la prisión, el capo ya no estaba; días antes, según informaron los servicios de inteligencia, simplemente había salido por la puerta principal tras recibir información sobre los planes para reubicarlo. Las autoridades ecuatorianas lo han estado persiguiendo desde entonces y el 9 de marzo anunciaron una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

Noboa atribuyó las leyes recientemente aprobadas que han ampliado las facultades de las fuerzas de seguridad para detener rápidamente a presuntos delincuentes. «Mi reconocimiento a nuestra Policía y Ejército que participaron en esta operación», dijo Noboa. «Caerán más, recuperaremos el país. Sin tregua».

Según el Post, la captura es una victoria para Noboa, el millennial que fue reelegido para un mandato completo este año con la promesa de restaurar la seguridad. Noboa ha buscado presentarse como un líder de mano dura; declaró la guerra a las pandillas el año pasado, días después de la fuga de Fito, cuando una revuelta del narcotráfico llevó a Ecuador al borde del colapso. «Era como vivir en Ciudad Gótica», declaró Noboa a The Washington Post el año pasado. «Todos los locos habían escapado».

La semana pasada, otro capo de la droga de alto perfil escapó de la prisión. Rolando Federico Gómez, conocido como Fede, escapó de una cárcel de Guayaquil disfrazado de militar.

Muchos niños, niñas y jóvenes se vinculan voluntariamente a las organizaciones delictivas, impulsados por un “sentimiento de pertenencia, lealtad y protección en contextos de precariedad económica, exclusión educativa y falta de oportunidades”. Ese es uno de los principales hallazgos de un revelador estudio elaborado por el Observatorio del Crimen Organizado, que se presenta hoy en Quito en el marco de un seminario internacional organizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF. El informe fue preparado por un equipo multidisciplinario de expertos; encuestó a 3.000 niños y jóvenes de nueve ciudades costeras; el ocho por ciento de entrevistados admitió pertenecer a un grupo criminal. (Ilustración de portada Código Vidrio-Canva)

María Belén Arroyo para la alianza  Código Vidrio – Vistazo 

“Salí de Esmeraldas cuando tenía 13 años. Estaba en el colegio y los chicos de una banda esperaban a la salida, para escoger novia. Bueno, lo de novia es un decir. Escogían la chica para la farra del fin de semana”. Doménica vive en Quito desde hace seis años. Sus hermanos mayores, que residen fuera del país, supieron que estaba en peligro cuando la mejor amiga de ella fue escogida como pareja de un ‘duro’.

Lejos de su casa, le costó acostumbrarse al frío, a las distancias y al trato de la gente, que es ‘más helada que el clima’. Doménica empezó a estudiar a distancia y aún no termina la secundaria. Pero cree que salir fue la mejor decisión y agradece a sus hermanos. No se imagina qué hubiera ocurrido con su vida, si permanecía ahí. Su amiga empezó a consumir licor y drogas en las fiestas interminables. Se volvió una ‘polilla’, una consumidora que hace cualquier tarea que le encomiende el ex ‘novio’, con tal de acceder a su dosis diaria. Ahora sabe de niñas, “peladitas todavía”, que siguen el mismo camino.

La vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos criminales es un fenómeno inquietante en el país, agravado desde 2019.

Un equipo multidisciplinario de expertos y organizaciones sumó esfuerzos para mapear el problema. El resultado es un informe con impactantes hallazgos, que se presenta hoy en Quito, en el contexto de un seminario internacional el cual apunta a identificar estrategias de prevención.

El estudio fue elaborado en forma conjunta por investigadores de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés); el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO); el aval académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el programa Comunidades Seguras. La iniciativa contó con el apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador.

El problema se agrava

A partir de 2019, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, “emergieron nuevas bandas criminales que han incrementado progresivamente su poder mediante el control territorial, la violencia, la extorsión, el tráfico de drogas y el secuestro, especialmente en ciudades costeras del país”, advierte el documento.

Y aclara que la expansión se produjo en el marco del deterioro de indicadores sociales y de desarrollo del país. Cita el dato según el cual unos 500 mil jóvenes de entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. En este contexto, las organizaciones criminales han ocupado los espacios abandonados por el sistema educativo, que ha excluido a más de 250 mil jóvenes. De ellos, más de la mitad, de entre 15 y 17 años, no expresan interés en reincorporarse al sistema formal, según datos de UNICEF, de 2021, mencionados en la investigación, cuyo título es “Estudio de Caracterización sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador”.

Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de 2024, entre 2019 y 2022 los homicidios intencionales de niños, niñas y jóvenes, “aumentaron en un 640 por ciento”. El 87 por ciento se cometió con armas de fuego. Las cifras se incluyen en el estudio.

Si bien en 2024 hubo una reducción general del 15 por ciento en la cifra de homicidios a nivel nacional -dice el documento- en el grupo etario de 0 a 17 años el número de homicidios subió en 8 por ciento respecto del año anterior.

Los hallazgos

Nueve ciudades del litoral ecuatoriano fueron incluidas en la investigación, expuesta en el contexto del seminario internacional Seminario “Crimen Organizado, Dinámicas de Vinculación de Niñez y Juventud a Grupos Criminales y Estrategias de Prevención”.

Las ciudades son: Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán. Los investigadores usaron una estrategia metodológica mixta, que usó técnicas cuantitativas y cualitativas, se enfocaron en niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años.

Son nueve los principales hallazgos de este proceso. El que más llama la atención: los nuevos integrantes de bandas se vinculan motivados por incentivos, antes que por la fuerza o coerción. Y entre los atractivos se incluyen; el pago de recompensas (factores económicos); las presiones ejercidas por el círculo social (sean amigos o familia); y, la imitación de conductas y estereotipos propios del grupo, advierte el documento.

Grupos como Los Lobos y Los Choneros ofrecen incentivos económicos como mecanismo de captación de nuevos miembros, según el hallazgo. En tanto, Los Tiguerones y los Chone Killers usan estrategias de presión grupal.

Según la investigación, los nuevos miembros pueden tener inclusive diez años de edad.

Los nuevos miembros buscan “el sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada”, buscan respuestas frente  a “la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social”. En cambio, la motivación para los grupos criminales “es la instrumentalización de los menores por su inimputabilidad”.

El ejercicio investigativo incluyó encuestas a casi 3.000 niños y jóvenes. El ocho por ciento aceptó pertenecer a una banda. Más de una quinta parte de los encuestados afirmó que encontró un sentimiento de importancia y respeto. Y el 11 por ciento mencionó que se unió por su deseo de abandonar su hogar.

Más de la mitad de encuestados (51 por ciento) afirmó que hay presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Por tanto, cinco de cada diez están expuestos a estos grupos. En Santa Elena y Durán la percepción es más alta, de 77 y 75 por ciento. En Guayaquil el 70 por ciento de encuestados refirió que hay grupos criminales en su zona de vivienda.

Según el 31 por ciento de los encuestados, el principal canal para vincularse y enrolarse es la plataforma WhatsApp, según el estudio.

Casi el 28 por ciento de los encuestados afirmó que conocía a un miembro de bandas criminales. En Esmeraldas, una cuarta parte de encuestados reconoció que uno de sus familiares directos es miembro de una banda.

Qué papel juega el entorno

El estudio exploró el entorno territorial de los encuestados. Hay novedades. Surgen indicios de que los grupos violentos controlan los desplazamientos de la población, regulan la vida cotidiana y resuelven conflictos entre los vecinos. Pero más grave aún. Ciertos testimonios, recogidos en la fase cualitativa de la investigación, mencionan que si una persona es de un barrio controlado por un grupo violento, por ejemplos los Águilas, debe tener un código de vestimenta, por ejemplo un tipo de calzado. Si esa persona se desplaza a otro sector, controlado por otra organización criminal, su integridad puede estar en peligro.

El documento establece que el contexto familiar tampoco puede ser ignorado en un intento por abordar el fenómeno desde la política pública. La pobreza es un factor que contribuye a la vinculación con grupos delictivos. “En contextos marcados por altos niveles de violencia, el abandono del hogar, forzado o voluntario, es aún más determinante”.

La familia juega un papel determinante en la prevención de la vinculación de los jóvenes a grupos criminales.

¿Qué pasa con la escuela? El resultado del estudio es alarmante. Entre el 10 y el 25 por ciento de los chicos encuestados dijo que se sentía insatisfecho con su escuela. Los niños “se sienten inseguros en las escuelas”, han sido testigos de intimidación y violencia. Enfrentamientos de grupos, amenazas de bomba, vacunas, extorsiones y muerte de sus compañeros. Todos ellos han ocurrido en los centros de estudio, según relataron los jóvenes.

• Los gobiernos de Ecuador y Perú mantienen contactos de alto nivel con el régimen de El Salvador para fortalecer sus sistemas carcelarios y políticas de seguridad. Siguiendo el ejemplo del mandatario estadounidense Donald Trump, las administraciones de los dos países latinoamericanos buscan concretar acuerdos para enviar peligrosos delincuentes a El Salvador.
• Tras una visita que en abril pasado hicieron a ese país los ministros del Interior, Jhon Reinberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post.
• La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió a la luz el viernes pasado, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas.

Redacción Código Vidrio

El polémico sistema penitenciario de El Salvador está teniendo eco como un modelo a seguir en Ecuador y Perú.

En su edición de este lunes 23 de junio el diario estadounidense The Washington Post reveló que los gobiernos de ambos países están evaluando el envío de peligrosos detenidos a las cárceles del país centroamericano, gobernado por Nayib Bukele https://www.washingtonpost.com/world/2025/06/21/bukele-salvador-prisons-peru-ecuador/.

Esa decisión está siendo considerada por los dos regímenes después de que la administración de Donald Trump deportó a cientos de migrantes a El Salvador, donde medios y organismos de derechos humanos han denunciado sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Según el reportaje del Post, firmado por Samantha Schmidt, Sarah Blaskey y Arturo Torres (director de Código Vidrio), semanas después de los primeros vuelos de deportación de la administración Trump, en marzo pasado, funcionarios ecuatorianos, encabezados por el ministro del Interior John Remberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, viajaron a El Salvador para reunirse con la administración del presidente Nayib Bukele y conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel del país, conocida como CECOT.

Días después de esa visita, que empezó el 29 de abril, funcionarios ecuatorianos informaron a diplomáticos estadounidenses que estaban considerando un posible acuerdo para enviar a «criminales de alto valor» a El Salvador, según un cable de la embajada estadounidense revisado por The Washington Post, para demostrar que «Ecuador se toma en serio el castigo de los criminales».

Funcionarios peruanos -agrega la nota del Post- afirman que ellos también están discutiendo la posibilidad de un acuerdo para enviar detenidos a cárceles salvadoreñas.

El ministro de Justicia, Juan Alcántara, declaró en una conferencia de prensa que se encontraba en conversaciones preliminares con funcionarios salvadoreños sobre el traslado de extranjeros encarcelados en Perú, vinculados a grupos criminales transnacionales para aliviar la sobrepoblación carcelaria.

Estas conversaciones evidenciarían el creciente papel de El Salvador como guardián de las prisiones en Latinoamérica, destaca el medio estadounidense.

El gobierno de Trump deportó a unos 260 migrantes, en su mayoría venezolanos, al CECOT, a unos 72 kilómetros al este de San Salvador, en un plan cuestionado que ha desatado un bloqueo en las cortes estadounidenses y amenaza con una crisis constitucional.

Para el Post, eso también muestra la influencia de Trump en una región donde algunos de sus líderes intentan abordar la creciente e imparable violencia criminal con medidas cada vez más autoritarias.

Según Felipe Rodríguez, abogado y académico, Estados Unidos «es visto como el ejemplo a seguir». «Si el Tío Sam, nuestro ejemplo de libertad y democracia, comienza a girar hacia el autoritarismo, eso también provocará que la región vire hacia el autoritarismo».

Si se concretan, las deportaciones generarían inquietudes sobre el debido proceso y la constitucionalidad en ambos países. A muchas de las más de 85.000 personas encarceladas en El Salvador, incluyendo venezolanos enviados allí por la administración Trump, se les ha negado el acceso a abogados o cualquier contacto con el mundo exterior, destaca el Post.

El Salvador y su sistema penitenciario operan bajo lo que se conoce legalmente como un “régimen de excepción”. En 2022, a petición de Bukele, la Asamblea salvadoreña autorizó una declaración de emergencia para combatir la violencia de las pandillas. Esta declaración suspendió los derechos básicos al debido proceso tanto para salvadoreños como para extranjeros acusados de estar afiliados a pandillas. Desde entonces, la policía y el ejército han detenido al menos a 85,000 personas sin órdenes de un juez, según informes del Legislativo.

El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con un 2 % de su población en prisión. La población carcelaria del país ha pasado de unas ya hacinadas 38,000 personas, al inicio de la administración de Bukele en 2019, a un estimado de 120,000 en la actualidad. La mayoría de las personas presas aún no han sido condenados por ningún delito, según denunció el medio de ese país, El Faro. Todavía no hay sentencias para las 85,000 personas detenidas sin órdenes judiciales.

Las cárceles fuera de control

Según el cable enviado por la embajada estadounidense en Quito a Washington, funcionarios ecuatorianos afirmaron que un acuerdo con El Salvador ayudaría a abordar la incapacidad de Ecuador para mantener encarcelados a criminales de alto valor. Uno de ellos, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, conocido como «Fito», se fugó de prisión a principios del año pasado por segunda vez. La embajada de Estados Unidos en Quito no se pronunció. Un funcionario de seguridad salvadoreño le confirmó al Post que los ministros de Defensa e Interior de Ecuador conversaron sobre esa posibilidad con el ministro de Seguridad de El Salvador. El funcionario habló bajo condición de anonimato.

El ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con The Post, negó que se estuviera negociando dicho acuerdo. Sin embargo, lo calificó de idea «fantástica» y afirmó que, en teoría, estaría interesado. «Si se presentara la oportunidad», declaró Reimberg, «la consideraríamos». La Constitución ecuatoriana impide al gobierno enviar ciudadanos a un país extranjero sin una solicitud de extradición, afirmó Rodríguez. Sin embargo, sería posible transferir extranjeros.

Reimberg afirmó que Ecuador está trabajando para crear cárceles de máxima seguridad para albergar a sus delincuentes más peligrosos, lo que evitaría la necesidad de enviarlos a otro lugar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó al Post que en las próximas semanas se abrirá una agregaduría policial en El Salvador, para «canalizar la cooperación en materia de seguridad entre ambos países».

Una delegación de autoridades salvadoreñas está planeando una visita a Ecuador para trabajar en acuerdos de seguridad entre los dos países, dijo a The Post un funcionario de la policía ecuatoriana, quien agregó que el director del sistema penitenciario de Ecuador pronto visitará El Salvador. Ecuador ha convertido en un punto de tránsito clave para las cantidades récord de cocaína procedente de Sudamérica que inundan Europa. Las bandas ecuatorianas, en alianza con cárteles mexicanos y narcotraficantes albaneses, se han convertido en organizaciones criminales multimillonarias que han penetrado instituciones clave del gobierno ecuatoriano, incluido el sistema penitenciario, destaca el informe del Post.

El presidente Daniel Noboa, quien ganó la reelección este año ofreciendo frenar la creciente violencia desatada por los grupos criminales, ha emulado cada vez más el enfoque de mano dura de Bukele. Desde enero del año pasado, declaró un polémico conflicto armado interno y ha gobernado amparado en una serie de decretos de emergencia. No obstante, poderosas bandas aún controlan muchas de las cárceles del país, que siguen custodiadas por militares, mientras los índices delictivos aumentan.

La fuga cinematográfica de alias Fede

La dificultad que tiene el gobierno ecuatoriano para controlar las prisiones salió nuevamente a la luz este viernes 20 de junio, cuando se confirmó la fuga de la Penitenciaría del Litoral (principal centro carcelario del país), de Rolando Federico Gómez Quinde, alias ‘Fede’, uno de los líderes del grupo criminal Las Águilas. Fede evadió los controles vestido con uniforme militar, lo que ha encendido las alarmas sobre el descontrol del sistema penitenciario. Alias Fede fue detenido hace menos de cinco meses, el 31 de enero pasado, en Daule, provincia del Guayas. El Ministerio del Interior presentó su captura como un “logro clave” en la lucha contra el crimen organizado.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más conflictiva del país, con múltiples antecedentes de masacres, fugas y corrupción de funcionarios estatales.

El último sábado, 19 militares, dos funcionarios del Snai y un presos recibieron prisión preventiva por orden de un juez, una vez que  Fiscalía anunció que se inició la investigación previa por el delito de evasión. Estas acciones sucedieron luego de que el presidente Daniel Noboa ordenara la detención de todos los involucrados.  «La fuga de alias “Fede” no fue un descuido, fue complicidad. Por eso, he pedido que se aprehenda en flagrancia a todo el personal del CPL Guayas N.°1 que se sospecha estuvo involucrado, mientras Fiscalía determina responsabilidades. Esto no es solo una fuga. Es traición. Y la traición se reprime. “Fede” es objetivo militar y la nueva ley aplicará para él», escribió Noboa en su cuenta en X.

Tras la senda de Bukele

Coincidiendo por la línea de su par milenial Bukele, Noboa ha propuesto reformas penales que ampliarían drásticamente las facultades de las fuerzas de seguridad. El mes pasado, la Asamblea aprobó una controvertida ley de inteligencia que permite al gobierno espiar a cualquier ciudadano sin la autorización de un juez.

Los diputados también están debatiendo si los menores deberían enfrentar penas equivalentes a las de los adultos por delitos. Noboa, agrega el Post, ha luchado por recuperar el control de las prisiones y frenar la creciente tasa de homicidios, que ha alcanzado los 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Perú también ha enfrentado en los últimos años el aumento de la violencia de bandas y la extorsión. El Tribunal Constitucional de ese país prorrogó recientemente una resolución de 2020 que exige al gobierno reducir el hacinamiento carcelario por cinco años más. Alcántara, el ministro de justicia, afirmó que el traslado de presos a El Salvador podría ser una solución, según el reporte del Post.

El gobierno garantizaría que no violara la Constitución, afirmó. «Perú no puede desaprovechar ninguna oportunidad para contribuir a la reducción del hacinamiento carcelario», afirmó. Reconoció que las negociaciones han generado controversia, pero aún no se ha tomado ninguna decisión. «La situación se está evaluando».

• La semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos. Representantes de cámaras de minería, técnicos, abogados, empresarios y analistas han rechazado la decisión, que se tomó unilateralmente sin que medie un proceso efectivo de socialización.
• La Corte Constitucional ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos porque no estaban plenamente justificados, con una prestación efectiva de entidades estatales. En 2017, la Secretaría General de la Comunidad Andina eliminó una tasa por el servicio de control aduanero del SENAE, al considerar que era un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo.
• Según técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración. (Foto de apertura proyecto Fruta del Norte, de la minera Lundin Gold)

Redacción Código Vidrio

La Corte Constitucional (CC) ya ha sentado precedentes para el cobro de tasas desde entidades públicas por servicios. En, al menos, tres casos ha resuelto demandas declarando la inconstitucionalidad de estos tributos cuando no están plenamente justificados con una prestación efectiva del estado.

En 2017, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) estableció la tasa por el servicio de control aduanero, que fue eliminada por la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), al considerar que constituía un gravamen (tributo) y que no se trataba de un servicio efectivo

Estos antecedentes cobran relevancia una vez que la semana pasada entró en vigencia la tasa de fiscalización y control minera, que deberá ser pagada por los titulares de concesiones y derechos, muchos de los cuales han rechazado la decisión, al igual que empresas, cámaras, abogados, gremios y especialistas del sector. Si bien la mayoría coincide en que la tasa es antitécnica, desproporcionada e ilegal, analistas también destacan la intención (no conocida públicamente) del Gobierno de frenar la especulación en el manejo y traspaso de buena parte de las concesiones, que se mantienen en etapa de exploración.

Este medio conoció que algunas empresas preparan demandas de inconstitucionalidad que podrían ser presentadas en esta semana, con la solicitud de una acción urgente de suspensión de la aplicación de la tasa hasta que la Corte se pronuncie.

“Es saludable que el Gobierno quiera poner freno al manejo irresposable de las concesiones, a la especulación y superposición de áreas mineras, y que busque financiar las operaciones contra la minería ilegal, pero no de esta manera. El tributo fijado es desproporcionado, no tiene sustento jurídico ni técnico, no hay equidad”, observa Enrique Gallegos, exviceministro de Minas, abogado con larga experiencia en sectores estratégicos. “En la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) no hay un solo dato, ningún estudio que jutifique los montos que deberán pagar las empresas. Hay violaciones constitucionales flagrantes”, destacó.

Según la resolución, la tasa deberá ser pagada por los titulares de concesiones mineras metálicas y no metálicas, tanto en la etapa de exploración como en explotación. Las empresas de gran y mediana minería, así como  las licencias de comercialización harán pagos semestrales. Mientras que las de pequeña minería realizarán un desembolso al año. Fue excluida del pago de esta tasa la minería artesanal, aunque es uno de los regímenes más empleados para operaciones de explotación ilegal de oro.

Este medio pudo verificar que en varios casos la CC estableció que las tasas tienen una naturaleza estrictamente recuperatoria, sobre gastos ya realizados. Es decir que son tributos que se justifican cuando sirven exclusivamente para que el Estado recupere los gastos en los que incurrió para prestar un servicio determinado.

Bajo este razonamiento, la Corte ha aceptado demandas y declarado inconstitucionales estos gravámenes, dejándolos también sin efecto cuando no existía una relación entre su valor y el costo cubierto por el Estado para prestar ese servicio.

La Corte ha dictado, al menos, tres sentencias declarando la incostitucionalidad en el cobro de tasas injustificadas. Se trata de las sentencias 65-17-IN/21, 121-20-IN/21 y 60-21-IN/24. En la primera, conocida como caso Antenas, se fijó una tasa que cobraba un GAD por otorgar y renovar permisos para instalar antenas, así como por su inspección periódica. El demandante alegó que no había una proporción razonable entre esos valores y el servicio que recibía del Estado. La Corte concluyó que el cobro era inconstitucional porque no existía una relación entre su valor y el costo por  ese servicio. El Tribunal eliminó la tasa del ordenamiento jurídico. En la sentencia 121-20-IN/21 se declaró la inconstitucionalidad de otro tributo por las mismas inconsistencias.

En el fallo 60-21-IN/24 la Corte fue más estricta. Estableció que el GAD que emitió la tasa no justificó los costos en los que incurría para prestar el servicio. Por lo tanto, no había forma de verificar si existía una relación entre la tasa y el servicio. Este precisamente es uno de los argumentos de abogados y analistas mineros sobre las inconsistencias de la tasa minera.

La Comunidad Andina eliminó un tasa que se aplicó como un impuesto en Aduanas

Bajo la legislación ecuatoriana, la Tasa puede tener una doble naturaleza: administrativa, por la prestación de un servicio público, o tributaria, como obligación pecuniaria exigida por el Estado como consecuencia de la realización un hecho imponible previsto en la ley.

De acuerdo con la ARCOM, la tasa tiene naturaleza administrativa, dado que se cobra por la prestación de un servicio público. La Constitución y la ley facultan a las entidades públicas crear tasas por la prestación de servicios “cuantificables e inmediatos”, para recuperar los costos en los que incurran en estos casos, según analistas consultados.

En 2017, la imposición de una tasa similar, supuestamente de naturaleza administrativa, ya fue analizada previamente, en relación con la tasa por el servicio de control aduanero (TSCA), establecida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Esta entidad estableció la tasa por el servicio de control aduanero efectuado en todo el país, en las fases de control anterior, concurrente y posterior.

La Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) consideró que esa tasa constituía un gravamen (tributo), por lo cual ordenó su eliminación del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Determinó que no se trataba de un servicio efectivo e individualmente prestado al importador (contribuyente) que permita calificarla como tasa de naturaleza administrativa. Además, el pago no era optativo, sino obligatorio. Su cuantificación no se basaba en el costo real de un servicio específico, sino que tenía como finalidad financiar actividades previamente desarrolladas por el SENAE.

La SGCAN estableció que si bien la Tasa de supervisión y control se presenta como una contraprestación por un servicio público, su estructura y finalidad no cumplían con los requisitos legales para ser considerada una tasa de naturaleza administrativa, principalmente al no estar asociada a un servicio cuantificable e inmediato. También estableció que el cobro de la TSCA no correspondía a un servicio efectivamente prestado al importador; pues se ha evidenciado que el control aduanero no es una actividad directa y únicamente vinculada a las operaciones de importación; no se ha demostrado que el SENAE haya implementado servicios con el objeto de facilitar las operaciones de importación; y se ha constatado que su aplicación es de carácter obligatorio y no optativo.

“Ecuador será el país más caro para hacer minería” 

Según la resolución de la ARCOM, dependiendo tanto del tamaño de la minería como de la fase determinada (exploración o explotación), el estado cobrará una tarifa específica por hectárea, que incrementa conforme se trata de proyectos más grandes o más avanzados. En caso de incumplimiento se activará la gestión coactiva de conformidad con la normativa aplicable. En este caso, el SRI y no la ARCOM “ejerce jurisdicción coactiva para el cobro de regalías, patentes, tributos e intereses por mora […]”.

El abogado Stevie Gamboa, especialista en litigios mineros, dijo que es preocupante que se imponga una tasa a los titulares en la fase de exploración, que alcanzaría hasta el 100% de un salario básico unificado por hectárea. “Esta carga pretende obligar a muchas empresas a pagar decenas de millones anualmente, sin generar utilidad, sin extraer un gramo de oro, sin recibir nada a cambio”, destacó Gamboa.

La minería es la actividad que más impuesto soporta de todas, es la única que paga tributos cuando no está comercializando un producto o teniendo ganancias, recalcó Gamboa. “Representa un valor hasta quince veces superior al ya pagado anualmente por concepto de patente de conservación. Eso nos convertiría en el país más caro del mundo para hacer exploración minera”, agregó.

Esa tasa no responde, como incluso se ha reconocido públicamente, a ningún servicio prestado por la ARCOM, según Gamboa. “Es un nuevo impuesto encubierto, disfrazado de legalidad, cuyo único destino sería incrementar un presupuesto proyectado en más de doscientos millones de dólares con los pagos de los concesionarios mineros formales, no los delincuentes”.

Para Gallegos, la imposición de la tasa es una consecuencia más del pésimo manejo del catastro minero y la administración de las concesiones.  “Han hecho todo lo que han querido con los títulos mineros y las concesiones. Han desangrado al Estado funcionarios que deberían ser fiscalizados y, de ser el caso, enjuiciados y destituidos. Por eso, esta decisión de las tasas es una consecuencia apresurada del mal manejo del catastro minero, que nunca se cerró”, observó.

Según Gallegos, lo único que estuvo cerrado desde 2017 es la graficación para solicitar áreas mineras. Pero la nulidad de títulos, el archivo, el cambio de domicilio y traspaso de títulos, los contratos privados de todo tipo, la entrega de licencias, nunca dejaron de tramitarse. Para el exviceministro es un grave error que se haya abierto el catastro sin haber hecho una auditoría y una administración del manejo de las concesiones, para identificar todos los incumplimientos y aplicar las sanciones que corresponde, como el retiro de los títulos. “Como no los han topado, están esperando para pedir nuevas áreas y seguir lucrando de la especulación. Incluso quienes accedan a áreas para minerales no metálicos pétreos, de río, lo más seguro es que luego pedirán que les cambien a minería metálica, porque lo que realmente buscan es explotar el oro en los ríos”.

En una entrevista con Código Vidrio, en febrero pasado, la ministra Manzano dijo que precisamente desde el año pasado han estado trabajando en la depuración del catastro, así como en la expedición de normativas, reglamentos y reformas para corregir el descontrol absoluto del sector minero, tomado por mafias y anillos de corrupción por años.

No obstante, Gamboa apunta que con esta carga financiera injustificada se está asfixiando a la minería formal, mientras que desde las instituciones gubernamentales “se permite la exportación diaria de decenas de kilos de oro ilegal a través de empresas fantasmas, comercializadoras fraudulentas, concesiones inactivas o supuestos mineros artesanales de subsistencia que, por lo que declaran exportar, deberían, en teoría, ser multimillonarios”.

El remedio puede ser peor que la enfermedad

La Tasa de Supervisión y Control Minera aprobada busca financiar las actividades de fiscalización técnica, legal y ambiental que realiza la ARCOM, frente al crecimiento de la minería ilegal y no autorizada. Se basa en la Constitución (art. 317 y 408), el Código Orgánico de Finanzas Públicas, la Ley de Minería y reglamentos específicos como el Decreto Ejecutivo 256 y el Acuerdo Ministerial 0204.

Impacto de la tasa

La tasa minera aplica a todos los titulares de derechos mineros:
-Gran minería (230 concesiones)
-Mediana minería (49 concesiones)
-Pequeña minería (770 concesiones)
-Régimen general y no metálicos

Este tributo está calculado por hectárea, en función del tipo de minería, fase del proyecto y salario básico unificado. Por ejemplo: La explotación en gran minería pagará 470 dólares por hectárea, mientras que la exploración inicial en mediana minería debe abonar $141 por hectárea.

Los ingresos

Se estima una recaudación total de $220 millones anuales. Los principales aportantes serán:
–Gran minería: $130 millones
–Mediana minería: $21 millones
–Pequeña minería: $33 millones
–No metálicos: $1 millón

Principales empresas y pagos estimados

Aunque la resoluión no menciona nombres específicos, por la distribución de hectáreas es probable que los grandes operadores como Lundin Gold, EcuaCorriente o SolGold serían los principales contribuyentes. Estas empresas poseen proyectos en fases avanzadas o de explotación, con miles de hectáreas concesionadas y por lo tanto representarían pagos millonarios anuales.

Destino de los recursos recaudados

Según la resolución, los fondos se asignarán a:
Talento humano y capacitación de 600 técnicos: $70 millones
Equipos de campo, como drones, GPS, kits técnicos: $40 millones
Movilización y logística: camionetas, bases móviles: $59 millones
Infraestructura tecnológica y software: sistemas, licencias, laboratorio: $65 millones

Riesgo de expansión de la minería informal

Según varios analistas y técnicos mineros consultados, si el gobierno mantiene la tasa muchos de los concesionarios mineros devolverán las concesiones porque sus ingresos no serían suficientes para cubrir gastos de operación, mantenimiento de equipos, salarios, impuestos, sin ninguna posibilidad de invertir en tareas de exploración.

Si este escenario se cumple el remedio sería peor que la enfermedad. Se incrementaría la minería ilegal e informal, al reducirse la presencia del Estado en esas zonas; las zonas concesionadas y controladas quedarían expuestas a grupos criminales organizados, vinculados al tráfico de minerales; el Estado perdería ingresos significativos y capacidad de monitoreo territorial.
Esas áreas sería concesionadas a otros titulares, que están a la espera de que sean devueltas tras la imposición de la tasa