Al menos eso es lo que ha intentado posicionar el canal ruso RT y otros medios que aprovecharon la coyuntura narcoterrorista en Ecuador para cuestionar la dolarización. Y no es un tema reciente: estos discursos siempre han estado presentes en ciertos actores para responsabilizar a esta medida de las crisis económicas y sociales. Ahora, si bien los expertos siempre han señalado a la dolarización como una variable importante en el fenómeno del narcotráfico, esta relación no es como la vende Rusia, ni la principal ni la única.

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“Los países dolarizados atraen al narcotráfico como la miel a las moscas, algo que está comprobando actualmente Ecuador. Y por las malas…”. Son las palabras de apertura del presentador argentino Mirko Casale, quien hace el programa de “humor político” “Ahí les va”, reproducido por la cadena rusa RT a través de sus redes sociales. En este capítulo dedicado a Ecuador tras los hechos de violencia de inicios de enero, en medio de una declaratoria de conflicto interno armado, intenta situar a la dolarización como la causa del auge de las bandas criminales. “¿Qué nexos existen entre dolarización y narcotráfico? ¿Es posible salir de él una vez que el engranaje comienza a girar? ¿Qué lecciones pueden extraerse del caso ecuatoriano?”, se pregunta Casale, quizá haciendo un guiño a la Argentina de Miley que no ha descartado su idea de dolarizar el país.

El argumento principal es que los narcos se evitan “dolores de cabeza” en Ecuador al momento de hacer sus negocios, porque traen los dólares, se llevan la droga, y esos dólares inmediatamente entran al sistema financiero, sin pasar por un cambio de divisa, que haría saltar las alarmas. Al final, Casale contrargumenta que la dolarización por sí sola no explica el narcotráfico, que hay otros factores, como el descontrol estatal en fronteras y puertos, además de la crisis económica y situación de los jóvenes que, a falta de oportunidades, ven un camino en las bandas criminales. Pero ya dejó su tesis en el programa: ¿’Narcodolarización’? El caso ecuatoriano.

El capítulo que “Ahí les va” le dedicó al problema ecuatoriano el 16 enero no solo fue coyuntural, sino que ya traía cola. Unos días antes, RT destacaba en un titular: “Dolarización y narcotráfico: el vínculo por detrás del conflicto interno en Ecuador”. Un mes antes, en diciembre de 2023, RT titulaba “La crisis de seguridad de Ecuador inició con la dolarización hace más de 20 años”, en la que el economista ecuatoriano Ludwig Álvarez Rengifo dice que esa es la razón para que, 23 años después, Ecuador sea “sede logística” para tráficos ilegales “de armas, de blancas, también todo lo que es los dineros producto de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito…”

Mirando más atrás, en agosto de 2023, cuando fue asesinado el candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio, la cadena rusa decía que: “La dolarización de Ecuador lo ha convertido en el centro de operaciones de las mafias”. Pero ¿es la dolarización la causante de todos los males habidos y por haber?

Más allá del discurso

Bajo la teoría de que la dolarización atrae al narcotráfico, Panamá, que adoptó esta moneda hace 120 años y tiene frontera con Colombia, ya se habría “narcotizado” mucho antes que Ecuador. Los expertos coinciden en que el tema tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que el control militar que se desplegó con el Plan Colombia hizo que ciertas actividades se desplacen hacia Ecuador, aprovechando sus puertos en las costas del Pacífico.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), ubica a la década del 2000 como el inicio de la expansión del crimen organizado, cuando la banda de Los Choneros logra alianzas con organizaciones extranjeras como el Cartel de Sinaloa y las disidencias de las FARC. Una segunda etapa llegaría entre 2010 y 2015, cuando Los Choneros se hacen con el monopolio criminal, tras la salida de escena de las pandillas Latin Kings y Ñetas, que empezaron un proceso de pacificación.

Entre el 2015 y 2020, aterrizan en Ecuador otros actores criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa y otros grupos disidentes de las FARC. Y es asesinado alias “Rasquiña”, quien comandaba a Los Choneros. Para el 2020 se habría abierto una fase de atomización con la emancipación de las bandas satélites de Los Choneros, situación que parece haberse consolidado para para 2024, cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa identificó 22 bandas a las que calificó de terroristas.

Durante todo este tiempo hubo narcotráfico y lavado de dinero en Ecuador, pero a criterio de Freddy Rivera, consultor de temas de seguridad e inteligencia y académico de Flacso, el lavado se intensificó desde 2018. No solo por el ascenso y disputa de las bandas criminales, sino también por tres medidas del gobierno de entonces que considera erradas: la eliminación del Ministerio de Justicia, la reestructuración de sistema de inteligencia y el debilitamiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

“Eso deja sin datos para hacer inteligencia criminal, inteligencia estratégica e inteligencia económica”, dice Rivera. “La dolarización no es la causa, es un ingrediente más, que es aprovechado por el crimen gracias a la falta de control de Estado”. Refuerza este argumento con el caso Metástasis que explotó a finales de diciembre y salpicó a un general, ex director de antinarcóticos y ex director del SNAIen el gobierno de Guillermo Lasso, a un exasambleísta afín al correísmo, y hasta al expresidente del Consejo de la Judicatura. El caso también salpicó el proceso de selección de Superintendente de Bancos. Aunque Ecuador es un país poco bancarizado y muchas transacciones se hacen en efectivo, es justamente el sistema financiero por donde pasa gran cantidad del lavado.

Un estudio de CELAG estimó que en 2021 se lavaron unos 3.500 millones de dólares, lo que representa un 3 por ciento del PIB. De allí, por ejemplo, que un análisis de InSight Crime destaque tres variables que inciden en el lavado: el rol del Ecuador como país de tránsito, el dólar como moneda en curso, y la permeabilidad del sistema bancario. De hecho, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que había encontrado “desmantelada” a la UAFE, lo que impide investigaciones y cruces de información.

Si bien, los análisis y expertos consultados por la cadena rusa aciertan en que parte del problema es la falta de control del sistema bancario, se equivocan al afirmar que el lavado es tan sencillo como pagar la droga en dólares y que esos dólares circulen en la economía ecuatoriana.

Una de las dinámicas y explicaciones de la violencia, explica Fernando Carrión, experto en seguridad, es que a los cárteles se les hacía difícil traer los dólares. Eso hizo que desde hace tiempo atrás empezaran a pagar a las bandas locales con parte de la droga. Eso a su vez hizo que las bandas empezaran a vender el producto en las calles y a pelearse por el territorio, consecuentemente, las bandas cada vez se hacen más poderosas. Por eso, Carrión considera que gran parte de ese lavado corresponde a recursos locales generados por las bandas. Esos 3.500 millones de dólares que se estarían lavando en el país, representan una suma muy alta dentro en la economía ecuatoriana, pero relativamente pequeña dentro de todo el tráfico internacional. “La dolarización sí, es un factor, pero decir que la droga depende de la dolarización o que la droga es un paraíso con la dolarización, hay una gran distancia.”

La agenda de la dolarización

A medida que la droga proveniente de Ecuador siga ganando mercado en Europa y otras zonas, en lugar de Estados Unidos, se comprobará si esas transacciones se hacen en euros, dólares u otras monedas. Pero, además, los analistas dicen que las incautaciones de armas están demostrando que los carteles no solo están pagando a las bandas locales con droga, sino con armas y tecnologías, como drones y equipos de comunicación, lo que les ha permitido dedicarse a otras actividades delincuenciales como la extorsión y minería ilegal, por ejemplo. Las dinámicas de la violencia y el lavado de dinero, sus causas y efectos van más allá de si el país está dolarizado o no.

Siempre ha habido un estigma sobre la dolarización de parte de ciertos políticos, dice Jaime Carrera Andrade, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF). Explica que los sistemas dolarizados implican una férrea disciplina fiscal de los países, es decir, que no se debe gastar más de lo que se tiene, y eso resulta ser una camisa de fuerza para los populismos y la demagogia. Por el contrario, en sistemas de moneda propia se pueden hacer devaluaciones. Esto quiere decir que, si un gobierno ya se acabó todo el dinero, recurre al Banco Central para imprimir más billetes, llámense sucre, pesos, bolívares, etc. Eso sirve para pagar los sueldos del sector público, pero al día siguiente, cuando esa persona va a comprar algo, como hay más billetes en circulación, las cosas son más caras.

Eso se llama inflación: “crecen los billetes, pero no crece la economía”, señala Carrera. Justamente Venezuela y Argentina, que han sido países que recurren a la devaluación, muestran inflaciones astronómicas, que han llevado a pensar en la dolarización. No obstante, en esas economías muchos sectores se manejan dólares para resguardar el valor del dinero. Así que las respuestas al narcotráfico o la hiperinflación no están en si un país es dolarizado o no, porque hay ejemplos para todo.

Carrera dice que la dolarización facilita el lavado de dinero, pero solo cuando el Estado es débil y no puede controlar las actividades ilícitas. Por eso, los analistas consultados coinciden en que para salir de esta crisis el país requiere institucionalidad. Primero, institucionalidad para impedir la permeabilidad del narcotráfico en la Justicia, las fuerzas del orden y la política. Segundo: reforzar sus sistemas de inteligencia estratégica e inteligencia financiera para detectar las transacciones que provienen de actividades criminales. Y tercero: crear las condiciones para una economía más formal y con mejores oportunidades para su población. Si eso, todo el despliegue militar del último mes, no servirá de nada.

Salir o no de la dolarización solo es una pregunta que se hace RT. Incluso puesto a hablar a expresidentes: fue uno de los temas abordados en el programa que Rafael Correa tiene en la cadena rusa llamado “Conversando con Correa”, en el que invitó al expresidente de Colombia Ernesto Samper y los dos coincidieron en que la dolarización es una de las causas de la desglobalización en América Latina, ya que el dólar impone sus reglas. La desglobalización se refiere a una disminución de la actividad económica de los países.

De hecho, uno de los principales temas de la geopolítica rusa es la creación de una moneda común para los BRICS y también el apoyo para una moneda regional en América Latina. Varios medios satélites de RT, como Sputnik, o en misma línea de Rusia, como Página 12, sobre todo en Argentina, donde el presidente Javier Miley ofreció dolarizar el país, replicaron el discurso de la dolarización y el narcotráfico cuando Ecuador vivía los peores días de violencia durante la segunda semana de enero. Pero ¿por qué la dolarización es objetivo de estos debates?

Una búsqueda rápida sobre lo que han publicado otros medios internacionales sobre la dolarización, como BBC Mundo, France24, DWNoticias, El País, muestran un abordaje a los retos económicos que implica para Ecuador o para una potencial medida en Argentina, pero ninguno ha fijado la tesis de una relación directa con el incremento del narcotráfico y la violencia como lo ha hecho RT.

El investigador estadounidense Douglas Farah, quien escribió el informe “Campañas de influencia rusa en América Latina, junto al español Román Ortiz, dice que a través de estos discursos Rusia intenta posicionarse en América Latina y lo está logrando. “Lo que buscan es quitar, redefinir lo que ha definido o tratado de definir Estados Unidos y la Unión Europea desde la guerra fría. El discurso es “necesitamos un mundo multipolar, Estados Unidos maneja un mundo unipolar”. Lo que ellos entienden es que no pueden quedar mensajes muy pro rusos, no están diciendo “Rusia es lo mejor”, sino: “Somos una alternativa a Estados Unidos”.

China es el actor oculto en la operación del bloque 43-ITT. La empresa CDCC, subsidiaria de CNPC, también china, proyectó una inversión de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento, según el informe sobre actividades de empresas chinas en nueve países de la región, del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). Varios sectores ven con preocupación el anuncio presidencial de extender el plazo para el cierre de las operaciones del bloque petrolero. En agosto de 2023, la mayoría de votantes decidió dejar el crudo bajo el subsuelo de esa zona. El plazo para el cierre vence en agosto de 2024.

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En agosto de 2023, el 59 por ciento de ecuatorianos votó a favor de dejar el petróleo bajo el subsuelo del bloque 43, conocido como ITT, en el Yasuní. En ese grupo de votantes se encontraba el entonces candidato presidencial Daniel Noboa. Han transcurrido apenas cinco meses; el escenario cambió. El último lunes de enero,  Noboa –hoy presidente- anunció la posibilidad de aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Éste debería cumplirse en agosto de 2024. Ahora está por verse; no está dicha la última palabra.

El estallido de la violencia, que tuvo su clímax el martes nueve de enero, provocó que el gobierno de Noboa declarara la existencia de un conflicto armado interno en el país. Es una declaratoria de guerra contra el terrorismo, identificado en 22 grupos narcodelictivos.

Aplazar el cierre de operaciones del bloque 43 permitiría un alivio económico al Gobierno, que busca financiar la decisión adoptada en materia de seguridad.

El anuncio sorprendió a más de uno. Especialmente, a los grupos de la sociedad civil que realizan vigilancia y monitoreo sobre proyectos extractivistas en la Amazonía.

“Por la dinámica del conflicto armado, otra de las víctimas del narcotráfico es el Yasuní. Es paradójico, el pueblo votó por la consulta; era una medida de reparación hacia los colectivos que hace diez años plantearon la iniciativa. Aplazar el cierre del bloque es un anuncio grave para la sostenibilidad democrática, en el marco de condiciones de lo que implica declarar un conflicto armado interno”, advierte Sofía Jarrín, asesora de Incidencia Internacional de Amazon Watch.

Esta organización integra el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil, que arrancó hace más de seis años, explica Jarrín. “Documentamos de forma sistemática las inversiones chinas en América Latina”. El grupo articula a organizaciones de nueve países, incluido Ecuador.

 

En julio de 2023 el colectivo CICDHA presentó el informe sobre “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela”. Esto, en el contexto del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a la República Popular China.

China ratificó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “en el marco de ese documento se desprenden obligaciones en temas de derechos humanos”, explica la experta.

El informe del colectivo presenta el resultado del monitoreo a 28 proyectos, en los que participan 28 empresas domiciliadas en China y al menos ocho bancos chinos. “Se desarrollan en territorios de nueve países de América Latina: Argentina (tres); Bolivia (cuatro); Brasil (uno); Chile (dos); Colombia (uno); Ecuador (ocho); México (dos); Perú (cinco) y Venezuela (dos).

Los proyectos comprenden los sectores de minería (14), hidroeléctricas (cinco); hidrocarburos (cuatro); infraestructura (dos); industria agroalimentaria (dos) y energía (uno)”. Sofía Jarrín explica que la cantidad de proyectos ecuatorianos analizados refleja la actividad de los grupos de la sociedad civil.

La explotación de petróleo en el Yasuní es analizada en el marco de este estudio. Y hay hallazgos, preocupantes.

Los problemas del ITT

Las observaciones del informe se focalizan en uno de los campos del bloque 43, llamado Ishpingo Tambococha Tiputini, ITT. Este bloque, cita el informe, se encuentra en las inmediaciones del territorio de la nacionalidad indígena waorani y el parque Yasuní, reconocido por la Unesco como reserva de biósfera.

“De los tres campos que conforman el ITT, Ishpingo es el área más sensible, tanto por la vulnerabilidad de los pueblos indígenas que habitan en este territorio, como por la potencial afectación de la riqueza ecosistémica del Yasuní y su vital contribución en el equilibrio del clima global”.

China National Petroleum Corporation, CNPC, explica el informe, empezó a operar en el ITT en 2016. Esto se tradujo en la asignación del contrato de perforación y completación de pozos en el área de trabajo del Campo Tambococha, del bloque 43, desde 2017, operado por la estatal Petroamazonas EP, que hoy es Petroecuador. El contrato se extendió hasta diciembre de 2019.

Según el informe de monitoreo, en febrero de 2022, la Empresa Pública Petroecuador adjudicó el contrato de prestación de servicios para la perforación de 40 pozos en las plataformas A y B de Ishpingo a la empresa china Chuanquing Drilling Engineering Company Limited (CDCC), que es subsidiaria de National Petroleum Corporation (CNPC).

“El proyecto cuenta con una inversión proyectada de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento”, detalla el documento.

La operación del campo Ishpingo vulnera tres derechos: al territorio; a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane; y el derecho al ambiente sano y evitar los efectos del cambio climático.

Derechos vulnerados

Al territorio. El bloque intersecta con los territorios de vida de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane, y la Zona Intangible (ZITT), que fue delimitada en 1999.

El campo Ishpingo A interfiere directamente en la vida de los pueblos en aislamiento, al vulnerar los principios de no contacto y autodeterminación, cita el informe.

La explotación del bloque 43 – ITT impacta a una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y fauna, el Parque Nacional Yasuní, el cual ha sido catalogado por la UICN como un área protegida. Abarca más de 770 hectáreas de bosque húmedo, en el cual se han registrado unas 1.500 especies de plantas, 600 especies de aves y 167 especies de mamíferos. Entre ellos, especies acuáticas amenazadas como el manatí amazónico y las nutrias gigantes.

El informe de monitoreo enfatiza que por las irregularidades y potenciales afectaciones a los derechos de la naturaleza, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador interpuso en junio de 2022 una Acción de Protección. Esto, para impugnar al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En ella, se señalaba a las entidades ecuatorianas por la “omisión de sus funciones por la ausencia de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado frente a la suscripción del contrato con la empresa China National Petroleum Corp (CPNC) para la operación de pozos en el campo Ishpingo”.

El parque nacional Yasuní

 

Las organizaciones de la sociedad civil determinan que las empresas chinas tienen responsabilidades. Según el informe, “China tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas afectadas por sus decisiones, acciones y omisiones, dentro y fuera de sus fronteras, de manera progresiva, no discriminatoria y hasta el máximo de sus recursos disponibles”. Una de las recomendaciones menciona que “las empresas domiciliadas en el territorio y/o jurisdicción de los Estados partes deben ejercer la debida diligencia para identificar, prevenir y atender las violaciones a los derechos”.

Los intereses de China

El estudio “China en el Yasuní ITT” fue lanzado a mediados de 2023 por la organización de la sociedad civil Latinoamérica Sustentable (LAS). Es una voz de alerta.

En él se describe que cuando la empresa china CDCC entró por primera vez al campo Ishpingo Norte, llegó a 300 metros de la Franja de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).

La Corte Constitucional prohibió actividades extractivas en la Zona de Amortiguamiento de la ZITT, esto suspendió la expansión de nuevas plataformas petroleras en el campo Ishpingo Sur.

“El campo Ishpingo no solo es el campo más sensible del Bloque ITT-43 por su proximidad a la ZITT en el Yasuní, sino que también este territorio es fundamental para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane debido a su riqueza en palmas de morete, importante fuente de alimento y refugio para estos pueblos”.

La empresa china CDCC se adjudicó la explotación de 40  pozos en las plataformas A y B del campo. “Dos meses después de la firma, el 13 de abril se abrió la primera válvula del pozo A5 en Ishpingo y para el 5 de mayo se incorporó el segundo pozo A6”,arelata el estudio. El objetivo  era perforar 36 pozos más, para obtener 200 mil barriles diarios. Eso no se cumplió. Todo indica que en Ishpingo el crudo es de baja calidad. “Una de las principales razones que presionan la expansión petrolera en Ishpingo es la deuda externa con China, que al menos durante los siguientes tres años continúa atada al pago con petróleo. Ishpingo es el área con mayores reservas de todo el Bloque ITT-43. Según fuentes oficiales, de los 458 millones de barriles de petróleo en reservas probadas en el bloque, el 87% están en el campo Ishpingo”, señala el documento.

Escenarios

A fines de enero, el presidente Noboa advirtió que pediría un criterio a la Corte Constitucional para determinar si se puede aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Este estaba previsto para agosto de 2024.

“Si la Corte accede, estaría actuando en forma incoherente, frente a su decisión de dar paso a la consulta popular, resuelta en mayo de 2023, con diez años de retraso frente a las demandas de los colectivos”, advirtió Sofía Jarrín, de Amazon Watch.

Para la experta, no deja de ser paradójico que mientras la sociedad civil señala a las empresas chinas por sus prácticas violatorias de derechos, el Gobierno busque irrespetar la voluntad popular, expresada en las urnas en agosto de 2023.

Al menos cuatro comunicaciones oficiales ha enviado la Cancillería a la vicepresidenta, Verónica Abad, pidiéndole que se abstuviera de emitir declaraciones que pudieran echar al traste la negociación del acuerdo que Ecuador negocia con Israel, para la concreción de 25 mil plazas de trabajo para ecuatorianos en ese país.

Redacción Código Vidrio

Este martes 30 de enero, la vicepresidenta Verónica Abad volvió a desconcertar al Gobierno. Difundió un comunicado en el cual hizo públicas las advertencias de la canciller, Gabriela Sommerfeld, de abstenerse de pronunciarse sobre el acuerdo que se afina con Israel «ya que todo este tema está siendo directamente negociado al más alto nivel”.

“La intención de la vicepresidenta Verónica Abad nunca será entorpecer los procesos encaminados a conseguir el desarrollo de los objetivos nacionales, razón por la cual, esta institución respetará los lineamientos establecidos por la Cancillería”, indicó Abad en un comunicado de la Vicepresidencia.  “Seguiremos velando por el cumplimiento del plan de gobierno que el país respaldó mayoritariamente en las urnas y auguramos éxito en la toma de decisiones a favor del empleo y la seguridad, por el bien de los ecuatorianos”, recalcó, tras el tirón de orejas del Gobierno.

Los pronunciamientos constantes y reuniones de la Vicepresidenta con diferentes actores políticos dentro y fuera del país, al margen de las directrices del presidente Daniel Noboa, han provocado encendidos roces, que tuvieron un primer desenlace en diciembre pasado. Entonces, Abad fue designada inesperadamente por Noboa “embajadora de paz en el conflicto entre Israel y Hamas”.

Pese a las sucesivas alertas, el martes pasado Abad dio unas declaraciones que nuevamente agitaron el avispero en la radio colombiana Caracol. Desde Tel Aviv, la Vicepresidenta dijo el presidente Noboa no estaba cumpliendo con su plan de gobierno, y lamentó que se estuvieran gestionando empleos para el exterior y “no en el país donde las necesidades son mayores”.

Tras estas declaraciones, ayer 30 de enero la canciller Sommerfeld volvió a llamarle la atención, a través del oficio Nro. MREMH-VRE-2024-0162-M, pidiéndole que se abstuviera de pronunciarse en los medios de comunicación, pues no cuenta con ninguna autorización oficial y sale de los canales diplomáticos formales, en perjuicio de la política exterior. “Se ha mal informando sobre el alcance del acuerdo y eso genera falsas expectativas en la población”, dijo una alta fuente de la Cancillería.

La Vicepresidenta también ha dado varias entrevistas sobre la relación Ecuador- Venezuela, que desentonan con las directrices del Gobierno, que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro.

Así mismo, en otro comunicado previamente se le instruyó a la vicepresidenta Abad que cualquier pronunciamiento público sobre política exterior debía ser autorizado previamente por la Cancillería.

“La política exterior la dicta el Presidente y la Canciller la ejecuta a través de las respectivas instrucciones que imparte al servicio exterior ecuatoriano. Abad cumple actualmente las funciones de embajadora en Tel Aviv, y debe seguir esos lineamientos”, dijo un funcionario diplomático.

El artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior establece que las misiones diplomáticas, como órganos de las relaciones internacionales, dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y sólo a éste corresponde impartirles o transmitirles órdenes e instrucciones.

“Qué sería nuestro país si los representantes de las 44 misiones dan declaraciones a los medios sobre lo que piensan de la política exterior que dicta el Presidente, o comentan y ofrecen cosas que no están en acuerdos antes de que terminen su negociación?”, se preguntó el funcionario consultado por Código Vidrio.

La región y Ecuador viven un rápido deterioro en la situación de seguridad. La inseguridad es asociada con delitos violentos generadores de alta conmoción social que quedan en la impunidad. Todas estas actividades criminales tienen un lado muy poco visibilizado en el país, pero absolutamente indispensable para saber su razón de existir, vinculada estrechamente con sus economías. Esa radiografía poco explorada a fondo se muestra en la investigación «Economías Criminales en Ecuador», que se presentó este lunes 29 de enero.  

Redacción Código Vidrio

En el país existe una elevada tasa de homicidio-asesinato (45 muertes por cada 100 mil habitantes) modalidad sicariato, asalto y robo con armas de fuego, secuestro extorsivo, delitos dolosos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito, peculado, concusión). Además evasión tributaria, presencia de grupos de delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, falsificación, contrabando, y el narcotráfico (macro y micro tráfico de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización).

Toda esta cadena delictiva tiene un fin, acceder a recursos económicos a toda costa y a cualquier precio. Las manifestaciones delictivas esconden la dinámica económica que mueve los hilos de todos los nodos criminales y los roles de sus operadores en diferentes sectores.

Este lunes 29 de enero, a las 15:00, la Fundación Konrad Adenauer presenta una investigación inédita de gran profundidad, muy oportuna. Se trata del estudio «Economías Criminales en Ecuador», escrito por los exministros del Interior Patricio Carrillo y María Paula Romo; el especialista en seguridad Mario Carrillo y  Santiago Andrade.

En el prólogo de la obra, la Fundación, que tiene como uno de sus pilares la seguridad, destaca que con este trabajo busca construir el diálogo entre diferentes actores, tendiendo puentes para el desarrollo de nuevas ideas y acciones que beneficien colectivamente a la sociedad. Se trata de un proceso investigativo minucioso, riguroso y equilibrado que tiene el corte de análisis a  inicios de 2023.

Los temas que se abordan en profundidad son: Economías criminales; tráfico de armas, municiones y explosivos; deterioro de la gobernabilidad del Estado y  fricción y realidad de la delincuencia organizada.

Las organizaciones criminales  se cimentan en su probada suficiencia recursiva en todos los ámbitos (financiamiento; tecnología y comunicaciones; monopolio de la cadena de diversificación delictiva; logística, armamento y seguridad); así como en las amplias redes de imbricación estructurada, impregnación estatal en los aparatos de prevención, control y represión (aparato de seguridad pública y de defensa), influencia política (financiamiento de campañas políticas y apropiación del aparato administrativo).

Además en la permeabilización institucional de los órganos del poder público (cooptación de funcionarios gubernamentales en las distintas funciones del Estado, niveles de gobierno, y sistema de justicia), penetración corporativa y social (gremios empresariales y financieros, y de la economía popular y solidaria), capacidad de expansión territorial y multinacional, mimetización financiera, estructuración de velos societarios inescrutables, alta capacidad de permeabilizar la economía nacional en todos los sectores, segmentos y escalas, utilizando el terror para la generación expansiva del miedo como factor de disolución de la democracia. 

En este oscuro contexto, la institucionalidad llega a ser percibida como una suerte de connivencia, impotencia o incluso de resignación del Estado, frente a las múltiples amenazas que tiene la convivencia pacífica.

Según recalca el informe, eso obliga al Estado a pensar en nuevas estrategias, actualizar las que ya existen; o aún mejor, generar otras, a partir de un nueva agenda y nuevo modelo de seguridad pública integral, que permita responder efectivamente contra las actividades delictivas del crimen organizado y reconociendo que este ha permeado a la sociedad ecuatoriana a un nivel de profundidad ciertamente agudo, en el que el mismo simbolismo representado por el servicio y la obra pública, como justificación histórica de la propia existencia del Estado, se halla en riesgo.

Según el exministro Carrillo, un ejemplo de ello es el caso Metástasis y su relación con el episodio ocurrido en el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Manta. Las noticias dan cuenta del aprovechamiento doloso de disposiciones legales que norman el régimen de contratación pública, para presuntamente inyectar dineros de procedencia ilícita en la ejecución de contratos administrativos, y blanquear recursos provenientes del narcotráfico.

Las empresas financian las obras de los municipios 

A partir del 2009, en Ecuador es factible que en la obra pública, “se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u organismos e instituciones financieras o crediticias”; y que desde aproximadamente un lustro, la incipiente –o ausente– política de inversión pública del Estado, ha generado que, ante la crítica situación económica, el efecto provocado por la no entrega de anticipos, los municipios convoquen concursos públicos en los que una de las condiciones es que el financiamiento del contrato sea asumido por las empresas.

Rutas de ingreso y salida de cocaína

No obstante, el sentido preventivo de financiamiento alternativo que tiene la normativa jurídica, ha sido pulverizado, indica la investigación. En el caso específico de ese municipio, al menos 20 contratos se han suscrito con esa modalidad. Por lo cual esta mala práctica amenaza con extenderse –si ya no lo está– en el resto de gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales o en el mismo gobierno nacional que hoy anuncia la construcción de nuevos centros penitenciarios sin transparentar el proceso de contratación.

En este momento histórico, sale a la luz la investigación Economías Criminales en Ecuador que recaba, organiza e interpreta información a partir del análisis de elementos relacionados con los mercados ilegales de alta rentabilidad y el impacto de esta economía criminal en las amenazas contra la seguridad ciudadana, en la obra pública.

Es un diagnóstico preventivo, no es el salto estratégico en la gestión de seguridad. La visión es verificar la complejidad del fenómeno para revertir este tipo de tendencias –esto solamente se logra relacionando claramente las respuestas con las causas–, lo cual, aunque parece evidente, suele ser el camino más complejo.

Es una alternativa ante la convergencia criminal que se organiza y coopera de una forma cada más sofisticada; todos somos testigos de la diversificación de los delitos interrelacionados, según Carrillo, coordinador del equipo. Esto hace urgente tener una mejor comprensión y entendimiento de la lógica de alianzas y las cadenas de los negocios criminales.

A partir de estudiar cada mercado y sus indicadores de estructuras (¿quién?), operatividad (¿dónde?) e impacto (¿cuánto?), se podrá definir el ¿por qué? Esto es necesario para los estados, y para el Ecuador en particular, a fin de modernizar y democratizar los mecanismos de gestión de la seguridad en todos los niveles de gobierno.

Este estudio de las economías criminales permitirá además aplicar y evaluar longitudinal y transversalmente, y de manera contrafactual, las acciones desde líneas base para mirar comportamientos y tendencias, con la intención de evitar el dispendio de recursos y alcanzar inversiones justificadas en la reducción objetiva y subjetiva de las violencias y el delito.

Así como, determinar la efectividad de la política criminal del Estado ecuatoriano sobre el desarrollo de las economías criminales en la vasta economía informal, debido a que la irrupción del fenómeno delictivo en Ecuador ha llegado a niveles no conocidos en la historia contemporánea. La continua aparición de episodios criminales en la mayoría de las provincias, dan cuenta de una diversificación de delitos, para cuya apreciación real es necesario estudiarlos en función de la violencia generada, la vulnerabilidad del tejido social, la brecha existente entre el dinamismo de la economía y las demandas de la ciudadanía social; vinculándolos con el debilitamiento del Estado, la desarticulación de los niveles de gobierno, la ausencia de políticas públicas como pilar del sistema de fuentes normativas, la securitización y militarización de la sociedad (como única reacción de los órganos punitivos a la violencia generada por la reversión del sentido de estatalidad en el proceso social y económico) y la distorsión en la ritualidad política.

Ecuador tiene problemas de seguridad -señala la investigación- en la medida en que se mantenga ceguera o se pretenda ignorarla. El fenómeno no es nuevo y es en democracia que se debe enfrentar, lo han hecho y lo hacen otras sociedades, no es que desaparece, se trata de que siempre estará presente, pero las ventanas de oportunidad siempre existen, no puede cooptar y dañar todo. No hay países en el mundo entero con cero delitos, hay países con mejores indicadores de resistencia; ahí aparece la primera congruencia de este estudio: entender desde información disponible, académica, doctrinaria y relevante producida en otros espacios.

También se pone énfasis en caracterizar el dato, clasificarlo y conceptualizarlo para definir insumos de política pública y estrategia. Así busca conectar y correlacionar sus resultados con argumentos éticos, de abuso de poder (corrupción e impunidad) cuantificar en aproximados los costos económicos de los mercados ilegales y el detrimento en el desarrollo social, también permitirá el análisis con reflexiones justificadas estadísticamente.

Estudios fragmentados de cada mercado ilegal, son otros de los aportes, todos centrados en el argumento de la economía criminal de los mercados de mayor rentabilidad económica. Otras contribuciones revelan los actores públicos y privados que podrían participar y su incidencia en los negocios informales e ilícitos. En Ecuador la información oficial se obtuvo de fuentes abiertas y cerradas, organismos de control formal y bases de datos de instituciones de los diferentes niveles de gobierno; en lo regional y mundial de informes e índices de percepciones y barómetros con contenidos relacionados a las variables de estudio, según se cita en el estudio.

Un informe de esta naturaleza no sólo es relevante porque aporta información sobre un tema de gran interés para el debate público. Sino, sobre todo, porque plantea una pequeña estrategia de incidencia sobre el círculo rojo de opinión pública y respecto de los legisladores que tramitan reformas en materia de seguridad (Comisión Especializada de Seguridad y Relaciones Internacionales en primera instancia), las autoridades de la Función Ejecutiva que son responsables de esta área de la política pública: Ministerio de Gobierno y del Interior, Defensa, Unidad de Lavado de Activos, SERCOP, autoridades mineras y ambientales, autoridades migratorias, entre otras; y los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales.

Entre las principales conclusiones destacan: los conceptos de crimen organizado y economías criminales se utilizan a partir de 1990. Estudiosos del tema criminal sostienen que las sociedades con baja capacidad de aplicación de la ley son superadas por industrias ilegales que maximizan sus beneficios a partir de la poca probabilidad de cumplir condenas. Un debate serio y equilibrado sobre la inseguridad debe basarse en entender mejor el fenómeno y conceptualizar esta amenaza a la democracia que permea y debilita el poder estatal.

Así se han consolidado los grupos de delincuencia organizada (GDO) formando redes donde convergen diversos mercados ilegales transnacionales de alta rentabilidad como narcotráfico, trata de personas, delitos ambientales y minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, etc. Para este fin, corrompen funcionarios estatales y cooptan instituciones públicas y privadas con la finalidad de generar impunidad y realizar contratos con el Estado, beneficiándose de la obra pública.

El mapa de los grupos criminales

Esta integración criminal cuenta con tres estructuras, una violenta encargada de masificar el delito común -asalto y robo-, de asesinar en modalidad sicariato, del secuestro extorsivo, y de actos de terrorismo menor en las cárceles y calles. Un segundo nivel responsable del fraude procesal que permita a su vez debilitar la confianza en el sistema de justicia; en este mismo nivel se ubica un empresariado corrupto que soborna y una prensa trabajando para crear relatos y narrativas que deslegitiman a quienes los enfrentan. Finalmente, la tercera estructura es una elite política mafiosa y populista que, evita la creación de leyes de calidad.

Cuando el Estado pierde su capacidad de control a través de la disuasión y coacción, aparece el crimen organizado y empieza a competir en términos de economía, justicia, llegando incluso a coaccionar al ciudadano, esto no es por generación espontánea, advierte la investigación.

Es un poder que actúa desde la sombra para reducir las capacidades estratégicas del Estado, muchos consideran que los países afectados por el crimen organizado y las economías ilegales han perdido extensión territorial, son espacios controlados por los grupos de delincuencia organizada.

Las economías ilegales se organizan con apoyos de actores estatales, el fin es introducir dinero ilegal en el sistema económico formal, esa maquinaria de producción de economía subterránea, producto de un portafolio criminal, es la principal causa del conflicto. Por eso una de las  recomendaciones de los autores es reestructurar el sistema de justicia; «de lo contrario llenaremos de terroristas las cárceles sin lograr desarticular el andamiaje criminal».

500 mil personas dependen de redes criminales

Según el Foro Económico Mundial (FEM) los mercados ilegales representan en términos de economía subterránea entre el 8 y el 15 % del PIB. La UNODC establece que en el Ecuador se lava dinero en aproximadamente 4 y 5 % del PIB, se dice que cada punto del PIB representa 45 mil o 50 mil empleos, lo que permite inferir que medio millón de personas trabajan para la cadena de ilícitos asociadas con el crimen organizado. Eso además podría ser una base electoral populista que tiene impacto en la definición de la política pública de seguridad.

Reconociendo que existe un deterioro de la gobernabilidad derivado de inserción de las economías ilegales en el país, como efecto de la corrupción e impunidad económica, consideramos oportuno analizar el conflicto desde una mirada geoestratégica, geopolítica y geoeconómica.

Ubicados en la región mas violenta del mundo el Estado está cada vez más marginado. Eso debido a los niveles más altos de violencia y más bajos de transparencia, con mayor integración criminal de los carteles mexicanos, el Tren de Aragua venezolano, los maras centroamericanos, el paramilitarismo colombiano, las milicias brasileras, unidas a mafias de Europa del este, como la albanesa, con la declaratoria de conflicto interno por la presencia de 22 grupos terroristas ecuatorianos, con la expansión en la producción de cocaína por Colombia y Perú, con la competencia del fentanilo y las anfetaminas en el consumo norteamericano y la desintegración regional por ideologías políticas.

A diferencia de lo que nos dicen: Actores del crimen organizado con poder político son responsables del desorden y la violencia, y no los delincuentes que mueren en la calle o en las cárceles, no son los capos etiquetados como los más buscados y peor los ahora detenidos por terrorismo en un conflicto interno.

Economía ilegal no es sólo narcotráfico, es un holding empresarial corrupto e ilegal ligado con todo mercado ilícito.

Cada sociedad tiene el tipo de delincuencia que se merece, sugiere la investigación. Pero también el tipo de control que quiere e insiste. Las economías ilegales son la real amenaza para la pervivencia de la democracia y del Estado. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico ilícito de todo mercado que constituya medio y oportunidad para el delito y un mecanismo para imponerse a través de la fuerza, con armas, con explosivos, u otras medidas, incluidos los ataques cibernéticos y mediáticos de prensa vocera de la mafia, es lo que más impacta en la inseguridad, mucho más en sociedades con problemas estructurales, como pobreza extrema, exclusión, inequidad y corrupción.

Confianza de la población en sus instituciones 

Es el crimen organizado y su economía ilegal lo que vulnera la calidad de vida, afecta la gobernanza, limita la gestión pública fragmentando al Estado y destruye la democracia atentando principalmente contra el sistema político jurídico, señala el informe. A la vez que socava la relación gobierno ciudadano a través de un conjunto de acciones transitorias o permanentes, en tiempo y espacio donde el Estado se encuentra incapacitado para contener la criminalidad.

Esta incapacidad -apunta la investigación- se traduce en:

-Sistemas ineficientes de justicia (investigadores, peritos, fiscales y jueces) sin procesos de rehabilitación social, sin modelo de gestión de cárceles y penitenciarias, con déficit de equipamiento y tecnología en lo policial y militar.

-Instituciones atacadas y deslegitimadas como maniobra para alcanzar desconfianza y perdida del principio de autoridad, con una débil aplicación de la ley.

-Nulo intercambio de información y desconfianza inter agencias, abandonada la cooperación internacional, sin el diseño de políticas de prevención e ineficiente servicio de inteligencia criminal y una sociedad con armas y recursos para enfrentar y anular el estado de derecho.

El mercado criminal actúa como una mano invisible que maximiza los conflictos sociales. El impacto, según este reporte,  no es solamente en la cultura, en la ética y en la moral pública, es en la justicia, en la defensa y protección de derechos, en la economía, en la organización social y política, en la confianza y en la democracia. Allí está en gran parte el germen de la violencia y delincuencia.

Las ciudades azotadas por estos fenómenos experimentan además procesos de deshumanización, con frecuencia presionan a los gobiernos por medidas que limiten derechos en su afán de contener la irracionalidad y la inconducta ciudadana, demandan leyes severas y en una suerte de evidente egoísmo disfruta de todo aquello que le haga suponer es utilizar toda la fuerza contra el malo.

Ese desdoblamiento de la personalidad nos impide ver nuestra propia conducta, y nos condiciona a juzgar solamente la de los otros, destaca el informe. Para un crecimiento exponencial de la violencia, la economía criminal debió haberse elevado en mayor proporción, y de manera similar, incremento la corrupción en todos los espacios.

¬¿Cuánto de esa ilegalidad practicamos¬?, desde adquirir un bien sin factura o de contrabando, comprar bienes ilícitos, pagar un soborno, pedir una coima, etc. Lo cierto es que el Ecuador tiene una elevada presencia de economía ilegal y un ejército de ciudadanos que con conciencia o inconciencia laboran para los mercados criminales, concluye la investigación.

Un escándalo de grandes proporciones se desató en Ecuador el 14 de diciembre de 2023. Ese día se realizó el operativo Metástasis, que dejó 31 detenidos, entre ellos jueces y oficiales de Policía de alto rango, a quienes se les imputan cargos por crimen organizado. Debido a su magnitud, el caso tuvo eco a escala internacional y los medios oficialistas rusos RT y Sputnik, no fueron la excepción.

Redacción Código Vidrio

El expresidente Rafael Correa, prófugo en Bélgica,  es un personaje protagónico en las notas del canal oficialista ruso RT. No así otros exmandatarios como Guillermo Lasso y Lenin Moreno que también se han pronunciado sobre temas como Metástasis y la escalada de la violencia que se ha desatado en los últimos meses en Ecuador.

En total, ese medio ruso subió 12 piezas periodísticas a su portal en español, desde diciembre pasado hasta el cierre de esta nota. El 4 de enero fue el día con más publicaciones. Una de ellas se titulaba: ‘Correa denuncia que la fiscal de Ecuador sabía que Villavicencio estaba en peligro y no lo protegió’. En el sumario se apunta: «Permitió que nos culparan», recriminó el exmandatario ecuatoriano en referencia a Diana Salazar”. El texto se basa en un tuit del expresidente.

En su trino, Correa acusó directamente a Salazar de tener responsabilidad en el asesinato del entonces candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio: “El contenido del celular de Norero fue extraído el 27 de marzo de 2023. Es decir, Diana Salazar sabía que Villavicencio estaba en peligro y, cuando lo mataron, sabía quiénes lo habían hecho. Sin embargo, no hizo nada para protegerlo y permitió que nos culparan. Esto da asco”, escribió Correa. La nota de RT se acompañó de un video de su noticiero y fotos del funeral de Villavicencio.

Las demás publicaciones del 4 de enero abordan las investigaciones sobre amenazas en contra de la vida de Salazar, su denuncia de que el mismo grupo que asesinó a Villavicencio la tenía en la mira y un texto sobre la audiencia de formulación de cargos a ocho nuevos implicados en Metástasis.

Sputnik, otro medio ruso que tiene su división en español, difundió la noticia de ese megaoperativo. Pero hay una diferencia marcada en la relevancia que este último le dio al caso. Allí solo aparece una nota, difundida la noche del 14 de diciembre, con el título: ‘Metástasis, el mayor operativo contra la corrupción y el narcotráfico en Ecuador’. Se trata de un resumen del caso basado en lo que se difundió en su programa En Órbita, que se transmite en línea y por los medios M24 en Uruguay, Radio Illimani y Radio Kawsachun Coca, de Bolivia.

Este espacio radial es parte de la sección Mundo, que recoge noticias internacionales. En la nota, los periodistas Martín González y Alejandra Patrone incluyeron una entrevista con el periodista ecuatoriano Juan Carlos Cabezas, quien ha trabajado en Radio La Calle.

En uno de sus párrafos se lee: “El hecho conmocionó a la opinión pública. Aquí hay un triángulo relacionado con presiones políticas y asuntos técnicos como el reemplazo de jueces de la Corte Nacional de Justicia, dijo a En órbita Juan Carlos Cabezas, periodista y analista político ecuatoriano”.  Más adelante, el texto dice: “El caso es un galimatías, con intereses cruzados vinculados con el flagelo del narcotráfico en el país, en avance y en constante discusión en estos últimos años», agregó Cabezas.

Esta posición coincide con los argumentos de defensa de Wilman Terán, quien fue uno de los detenidos tras el operativo cuando ostentaba el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura. Uno de sus abogados, Iván Durazno, dijo a dos días del arresto de Terán que esta era una ‘vendetta’ política por su decisión de continuar con el concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional, pese a varios cuestionamientos y dudas sobre su transparencia.

En la nota de Sputnik se recoge la versión de Terán, quien ha denunciado una supuesta operación para evitar la depuración del Poder Judicial, en lo cual también concide la narrativa de Correa y sus seguidores. Por otro lado, se mencionan las declaraciones de la fiscal Diana Salazar, quien advertía que tras el operativo podría ocurrir una escalada de violencia.

RT le ha dado mayor cobertura al caso. Sus dos publicaciones más recientes hablan del asesinato del fiscal César Suárez, el 17 de enero último. Aunque esas notas no tratan directamente el tema de Metástasis, lo mencionan porque la víctima había trabajado en casos importantes como uno que investigaba a Daniel Salcedo, que fue detenido el día anterior en Panamá y extraditado a Ecuador.

 

Las notas de RT sobre Metástasis incluyen muy poco contacto con fuentes en Ecuador sobre el tema, no tienen reportería propia. Son elaboradas, mayoritariamente, con material tomdo de otros medios o la información de la red social X (antes Twitter) del Consejo de la Judicatura, la Presidencia, la Fiscalía, el Snai, la vicepresidenta Verónica Abad y la fiscal Salazar.

El eco de Radio Pichincha

El medio ruso le da especial relevancia a lo difundido por Radio Pichincha, financiada con recursos de la Prefectura de esta provincia. Su titular es Paola Pabón, una de las cabezas del correísmo en Pichincha.

Publicaciones de ese medio se citan en cuatro de las doce notas analizadas e incluyen varios tuits. El 22 de diciembre de 2023 se difundió en RT una nota titulada: ‘Criminales vigilaban a Fernando Villavicencio, a través del sistema 911 de Ecuador’. Allí se incluyeron dos tuits de Radio Pichincha.

Uno de ellos presenta en video a una reportera que habla sobre una mención a Villavicencio en los chats de Leandro Norero con uno de sus abogados. El texto reza: “Atención: Una de las revelaciones más fuertes del caso Metástasis, según Fiscalía, involucraría a Fernando Villavicencio y sus intenciones de solicitar USD 200.000 a la mafia para “dejar de molestarla”.

Sin embargo, esto no concuerda con los chats del narcotraficante Leandro Norero, parte fundamental del caso Metástasis. Ninguno de los mensajes develados hasta el momento establece esa supuesta conexión de Villavicencio con uno de los abogados de ‘El Patrón’.

En el mensaje que sirvió para la nota en mención, un miembro del equipo legal de Norero menciona que un abogado de Villavicencio, de quien no se revela su identidad, habría pedido en su nombre ese valor. Tampoco aparecen pruebas de que ese dinero haya sido entregado.

Además de los tuits de Radio Pichincha, las notas analizadas de RT solo incluyen un post de un medio más, Ecuador Play, que es una cuenta que difunde contenidos únicamente en redes sociales. La diferencia es notoria con respecto a cómo se cita la información de otros medios, con una línea editorial distinta a la de Radio Pichincha.

Por ejemplo, en una ocasión se cita a diario El Universo y en dos al medio digital Primicias. Pero en ambos casos solo se menciona al medio, sin incluir un link que redirija a sus textos o tuits embebidos. Otro caso es el de una noticia del 19 de diciembre pasado, en la que RT toma varias fotos difundidas por Fiscalía. Son imágenes de una entrevista que Salazar concedió a Teleamazonas. Allí, RT cita algunas de las respuestas de la fiscal. Sin embargo, no menciona como fuente al canal ni le atribuye crédito alguno.

El 10 de enero se publicó una nota de mayor profundidad sobre el caso. Allí se hace un análisis sobre la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar al Ecuador en un conflicto armado interno. El reporte compara a Ecuador con lo ocurrido durante décadas en Colombia y no menciona el caso mexicano. En el texto se toca brevemente el caso Metástasis y se señala la posibilidad de detenciones arbitrarias, como ha pasado en Colombia. También menciona que meses atrás, Gustavo Petro, presidente colombiano, dijo que Ecuador pasó de ser un país pacífico a ser más violento que Colombia “y quizá por eso asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio”. En el texto se dice que las bajas de la venta de cocaína, la aparición del fentanilo y la sustitución causada por otras actividades ilícitas como la explotación minera, la extorsión y el secuestro, son parte del problema.

Solo el penúltimo párrafo apunta a la relación de bandas criminales  ecuatorianas con carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación “que incluso han penetrado a las instituciones del Estado y que manejan buena parte de sus actividades delictivas de tráfico de drogas, armas, sicariato, lavado de activos y minería ilegal desde los penales”.

La nota finaliza así: “Aunque este giro hacia la declaratoria de un conflicto interno en Ecuador apenas comienza, las duras cicatrices que ha dejado Colombia, el país vecino, quedan expuestas como un recordatorio de lo que podría acarrear en un contexto de extrema violencia y laxitud”.

Iza en RT refuerza argumentos correístas

La Conaie publicó en su cuenta de X tres extractos de una entrevista que su presidente, Leonidas Iza, concedió a un reportero de RT. Allí, el líder del movimiento indígena habla sobre la violencia que nuevamente se desencadenó en el país a partir de la fuga de José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), que, según el Gobierno, ocurrió el pasado 7 de enero de 2024.

En el diálogo, Iza subrayó que la situación del país no podía ser un instrumento político para aprobar leyes “en contra del pueblo” a las que calificó como “terrorismo económico”. Los videos fueron difundidos el 13 de enero pasado, un día después de que el presidente Daniel Noboa anunciara que envió a la Asamblea un proyecto económico urgente. Allí se propone aumentar el IVA del 12 al 14%, como una herramienta para enfrentar el conflicto armado interno y la situación económica del país, que está en crisis.

El bloque correísta también ha hecho público su rechazo a esta propuesta y fue el mismo Correa quien escribió en X que no aceptarán el proyecto de ley. Luego, su bancada en la Asamblea anunció que no votarán a favor de este incremento, con la frase: “¡Que el peso de la crisis lo carguen quienes nunca pierden!”.

Iza, por su parte, señaló que la situación económica del país es producto de la implementación de medidas económicas neoliberales. Según su criterio, es necesario combatir al crimen organizado con unidad nacional, pero criticó la “arrogancia” de Noboa. En cuanto a lo económico, señaló que se debe también combatir el “terrorismo económico” de grupos económicos que “no pagan la plata aquí en el Estado ecuatoriano (…) Ahí está la fábrica de pobreza en este país”. Y agregó que es necesario, a la par de la guerra contra el narco, trabajar en el desarrollo social.

Iza dijo que el aporte de las comunidades indígenas es su organización, a través de la guardia y justicia indígena, que ha evitado que la delincuencia ingrese en esos espacios y que así han “ahorrado recursos” al Estado. Pero dijo que no permitirán que se utilice el miedo y la zozobra para implementar “políticas neoliberales por más difícil que esté la situación en el Ecuador”.

Tras un primer revés, el Gobierno y su principal aliado, el Partido Socialcristiano, cabildean intensamente en el Legislativo para alcanzar los 70 votos necesarios para aprobar el Tratado Comercial con China. 

Alianza Código Vidrio – Vistazo

El 11 de enero pasado, en el pleno de la Asamblea, el oficialismo con su bloque ADN y el PSC no pudieron aprobar el acuerdo, en medio de la oposición y críticas encabezadas por legisladores del correísmo, así como otros sectores sociales. Ante la falta de apoyo la sesión fue suspendida, pues hasta ese momento solo se habría alcanzado 62 votos del PSC, ADN y otros legisladores de bancadas más pequeñas.

Días antes de que se instalara el debate parlamentario, unas 100 organizaciones, colectivos de derechos humanos, ecologistas y representantes de la academia, rechazaron la intensión de ratificar el TLC con China, que “fue negociado, con opacidad y ausencia de debate por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso”. El 4 de enero enviaron una carta que tampoco fue debatida suficientemente en la Asamblea. Fue firmada por el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, Acción Ecológica, y la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, entre otras.

La negociación del TLC fue realizada -indica la misiva- bajo reserva y a puerta cerrada, sin que existera la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil pudieran analizar detalladamente los efectos del acuerdo, que fue suscrito por el entonces Ministro de la Producción, Julio José Prado y su contraparte de China, en mayo del 2023.

El Tratado Comercial generaría un aumento de las exportaciones, una reducción de los aranceles, un crecimiento de la inversión extranjera y el acceso a nuevas tecnologías, según ha defendido las últimas semanas Prado, al salir al frente de las críticas.

El acuerdo incluye a productos de exportación como el camarón, banano, madera, alimentos para animales, cacao, frutas y otros incluyendo el atún, que se exportarán a China sin ningún pago arancelario. En la otra vía, es decir en las importaciones, se excluyeron 826 productos ecuatorianos sensibles para proteger a la industria nacional, entre ellos la pesca. El acuerdo dispone la eliminación inmediata de los aranceles de importación aplicables para las exportaciones ecuatorianas hasta el 99,6% del total.

La división de Construye

Pese al traspiés inicial, altas fuentes del gobierno aseguraron que el presidente Daniel Noboa tiene la firme decisión de impulsar a toda costa la aprobación del acuerdo con China, para lo cual ya contaría con más de 70 votos en el Parlamento, incluidos algunos asambleístas de la bancada de Construye, que aún no ha anunciado una posición oficial.

Nataly Morillo, asambleísta de esa fuerza política, dijo que en las actuales circunstancias el tratado con China es una gran oportunidad para un país como el Ecuador, con el empleo y la economía estancada por décadas. “En un contexto donde hay un déficit fiscal de más de seis mil millones de dólares, pobreza del 40%, y donde solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, es una buena vía para estimular la economía”, destacó, al confirmar que hay posiciones divergentes.

Durante el debate de la semana pasada en Construye hubo una división, más que por el acuerdo con China, por intereses políticos, comentó otro integrante de ese bloque.

Ningún asambleísta de ADN se acercó a dialogar con este partido, con el antecedente de las críticas que Noboa hizo a la líder de esa agrupación, María Paula Romo,  a quien calificó de “pokémon”, señalando que habría tenido una evolución política del correísmo a la “ultraderecha”.

La última semana, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, se reunió con esa bancada y se refirió varias veces al acuerdo con China insinuando que incluiría nuevamente la continuación del debate en el orden del día esta semana. En esas circunstancias, al menos, nueve de los legisladores estarían a favor del acuerdo y 12 en contra. Una de las observaciones y preocupaciones recurrentes de quienes se oponen es la afectación a la mediana y pequeña industria.

En estos casos, precisamente más de 800 productos chinos quedaron excluidos del Tratado, como textiles y confecciones, calzado escolar, azúcar, arroz, leche, papas, maíz, entre otros. Es decir que no ingresarán con beneficios al mercado ecuatoriano y no perjudicarán a la industria nacional.

El Gobierno confía en que el TLC se aprobará los siguientes días, aunque inicialmente también se analizó la posibilidad de que no fuera ratificado por falta de apoyo en el Legislativo, lo cual implicaría volver a empezar de fojas cero.

No es fácil ni empezar un acuerdo, peor aún negociar desde cero uno nuevo de libre comercio o de cualquier otra materia, con una superpotencia como China o Estados Unidos, observó la politóloga internacionalista Grace Jaramillo. “El mero intento de hacerlo demuestra una falta de seriedad de parte del Estado ecuatoriano que, automáticamente, le cuesta a nuestro país en términos de ventajas en cualquier negociación futura”, advirtió.

En términos simples, agregó, Ecuador puede perder la oportunidad de tener un acuerdo comercial con China, por una década o más (dependiendo del caso) o si lo consigue, sería en condiciones mucho menos ventajosas. En el mejor de los casos, el gobierno chino lo puede tomar con una falta de madurez del estado ecuatoriano. En el peor escenario como una afrenta.

En 2022, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó alrededor de los 12.000 millones. Las exportaciones ascendieron a 5.823 millones de dólares, destacándose productos como el camarón, el concentrado de plomo y cobre, banano, balsa, madera y sus elaborados. Se registraron importaciones por 6.353 millones de dólares en productos como: manufacturas de metales, automóviles, teléfonos celulares, computadoras, máquinas y sus partes, entre otros. 

Impiden participación de colectivos

Otro de los aspectos observados por diversas organizaciones sociales es que la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea impidió su participación, pese a que previamente se abrió esta posibilidad para que presentaran datos relevantes sobre los efectos negativos del TLC, como el ingreso incontrolable de desechos tóxicos plásticos de China. Además, el riesgo de impunidad para las inversiones chinas, pues el capítulo 13, por ejemplo, prohíbe alegar derechos internos, si existen desacuerdos en los procesos de mediación y arbitraje.

“Si la sociedad civil organizada o los partidos en la Asamblea querían parar este tratado o abrirlo a discusión con la sociedad civil deberían haberlo hecho cuando y mientras se estaba negociando. Ese era el momento para demostrar oposición al todo, o a sus partes, trazar líneas rojas o preocupaciones”, subrayó Jaramillo.

Sin embargo, según conciden varios analistas y colectivos, el gobierno de Guillermo Lasso priorizó la premura para concretar el TLC, en lugar de abrir el debate a la sociedad.

No obstante -destaca Jaramillo- este no es un tratado de libre comercio como el que se negociaba con EE.UU. o con Europa. “Es lo que se denomina un acuerdo de alcance limitado, al estilo que negoció China su RCEP (Acuerdo Regional de Complementación Económica) con otros países del Asia Pacífico; es decir no tienes cláusulas arbitrales draconianas, ni capítulos que limiten la capacidad del Ecuador de ejercer soberanía económica”.

En este contexto, son los estados los que determinan que se autoriza o no a importar a un país, independientemente de lo firmado en un tratado comercial. Los estados tienen la última palabra en áreas que pueden tener incidencia en temas de salud o medio ambiente, indica.
Desventajas y riesgos

Al ser un país que prácticamente no genera valor agregado y que sus exportaciones se basan principalmente en materias primas, la firma del TLC  podría acarrear para Ecuador algunas desventajas, según un estudio de Santiago Jaramillo y Luiis Tonon, de la Universidad del Azuay titulado “Ventajas y desventajas de la firma de tratados de libre comercio”.

El sector agrícola, por ejemplo, corre muchos riesgos. Ecuador tendría que competir con sectores que cuentan con apoyo por parte del gobierno chino y con una alta eficiencia y productividad.

Esto produciría una competencia desigual en la que China tendría una ventaja absoluta que se vería reflejada en ganancias superiores a las del país. No es un caso aislado. Lo mismo ha ocurrido con muchas naciones latinoamericanas que han abierto sus puertas al comercio exterior con potencias mundiales, cuyas economías se basan en la exportación de materias primas y dejan a un lado la priorización del desarrollo tecnológico.

La carencia de instituciones sólidas también explicaría la diferencia de que unos países se beneficien de estos tratados y otros no. Para que un TLC conduzca a un crecimiento de PIB per cápita se deben realizar reformas, que una vez ejecutadas  direccionen la actividad productiva hacia sectores intensivos en innovación y cambios tecnológicos, según la investigación de Jaramillo y Tonón.

Esto se evidenciaría en la existencia de dumping de precios. La capacidad productiva y los precios bajos, como es el caso de China, inundarían el mercado ecuastoriano mermando su competitividad.

China, por su lado, ha aprovechado el libre comercio con otros países para acceder y controlar recursos claves del mundo y obtener una importante influencia tanto regional como global.

Los antecedentes son elocuentes. Algunos países latinoamericanos, africanos o asiáticos, con una pobre industrialización, no han podido aprovechar las oportunidades del libre comercio en su totalidad. Esto se debe principalmente a la falta de innovación y competitividad para hacer frente a productos extranjeros de economías desarrolladas, la poca cantidad de inversión que se destina a la investigación y desarrollo, los bajos niveles de productividad, una mala infraestructura comercial, mala logística comercial, y la corrupción, según análisis de expertos y académicos.

Por tanto -concluye el informe- las economías que no se encuentran desarrolladas y que su sistema exportador se basa principalmente en materias primas y commodities, sin valor agregado y las cuales no priorizan el desarrollo tecnológico, afrontan un gran riesgo. Entonces, al eliminarse las barreras arancelarias se puede provocar un reemplazo de la producción nacional. Esto se debe a que ciertos sectores de la economía deberán competir con industrias internacionales con alta productividad y eficiencia, lo cual a su vez podría generar repercusiones graves e incluso conducir a la quiebra de pequeñas empresas.

Para maximizar los beneficios del TLC deben aplicarse cambios urgentes; es fundamental reformular la matriz productiva, en la que la exportación principalmente de materias primas debe dejarse a un lado, para añadir valor agregado a los productos nacionales a través de la innovación y la productividad. Solo así se puede mejorar su competitividad en los mercados internacionales.

Armamento y municiones de las Fuerzas Armadas peruanas llegan ilegalmente a Ecuador para sostener las acciones criminales de las bandas del narcotráfico que operan y asesinan en este país. Un análisis al que se tuvo acceso para esta investigación de la Red Transfronteriza de OjoPúblico en alianza con Vistazo y Código Vidrio revela que el 52% de todos los explosivos incautados en Ecuador el 2023 proceden del Perú. En base a información de los sistemas de inteligencia ecuatorianos se identifican las vías que utilizan las organizaciones criminales para traficar las armas que han ocasionado las muertes y acciones terroristas en Ecuador.

Alianza OjoPúblico, Revista Vistazo y Código Vidrio

El hombre encapuchado aparece con una pistola en medio de la emisión en directo del programa “Después del Noticiero”, de TC televisión, de Ecuador. Es alrededor de las dos de la tarde, del segundo martes de enero del año que empieza. Otros dos pistoleros apuntan con una escopeta y una subametralladora a los periodistas. “Todos al piso. Estamos al aire pa’ que sepan que no se puede jugar con la mafia”, grita uno de los armados, mientras muestra un explosivo y lo coloca en el bolsillo de la chaqueta de uno de los reporteros cautivos. El terror se apodera de todos en el canal y de las miles de personas que siguen la transmisión en vivo.

En el asalto al canal participaron 13 encapuchados, de entre 16 y 32 años, integrantes de la banda Los Tiguerones, vinculados a los poderosos Los Lobos. De acuerdo a información policial de Ecuador y Perú, este grupo criminal vinculado al narcotráfico extendió sus violentas acciones hasta la capital peruana, en Lima, desde el año 2022. En esta ciudad, de acuerdo a la información policial, esta banda disputa el control del territorio para el microtráfico de drogas con bandas locales y con el Tren de Aragua.

El ataque y secuestro del medio ecuatoriano expuso el origen del armamento utilizado y el serio problema del tráfico de armas procedente de las Fuerzas Armadas peruanas. Las armas y explosivos empleados en el ataque a la televisora eran de origen peruano, confirma el general Víctor Herrera, jefe policial del distrito de Guayaquil, entrevistado para este informe.

Los fusiles de asalto y granadas tienen los sellos de las Fuerzas Armadas de Perú. Del mismo modo, los tacos que usaban los criminales son emulsiones de elaboración industrial, producidas por la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército de Perú (FAME), destinados para la explotación minera, explica el general Herrera. La expansión transnacional de Los Tiguerones y Los Lobos hacia Perú facilitó el tráfico de armamento desde este país hacia Ecuador.

El catálogo de explosivos y materiales relacionados, emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios y Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), de Perú, detalla 1.035 ítems. Entre ellos, constan una docena de emulsiones encartuchadas de alto poder detonante. Son este tipo de artefactos fabricados por la industria militar peruana los que están actualmente circulando fuera del territorio peruano y es usado por narcoterroristas en las calles de Ecuador.

Las vías del tráfico de armamento

Un documento clasificado del sector Inteligencia, al que OjoPúblico, Código Vidrio y Vistazo tuvieron acceso, revela que existen cuatro rutas para el contrabando de armas, municiones y explosivos desde Perú hacia Ecuador.

La primera sale desde Aguas Verdes (distrito fronterizo de Perú), desde donde el cargamento se transporta en taxis y motos hacia un grupo de fincas de la frontera en Ecuador. La segunda parte de la ciudad de Tumbes hacia Huaquillas, luego Guayaquil, Quevedo, Ambato, Tena, Lago Agrio y el Putumayo, antes de llegar a Colombia.

La tercera ruta incorpora la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, luego Quito, Ibarra y Tulcán. Y la cuarta variante incorpora el centro andino, al pasar por Latacunga, Ambato y Baños.

“La deficiencia en los controles fronterizos, pasos ilegales o irregulares en las fronteras de Ecuador ha permitido el paso de armas y municiones. La puerta principal del tráfico de armas es la frontera sur [de Ecuador], por uno de los 80 pasos irregulares detectados”, señala uno de los informes clasificados revisados por esta alianza. Y establece que la procedencia es, mayoritariamente la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército peruano (FAME), la principal proveedora de armamento para las Fuerzas Armadas.

Durante los últimos años, la violencia urbana ejercida por las bandas de narcotraficantes se ha incrementado en Ecuador y en gran parte de estas acciones se han usado estas armas de origen peruano.

Un análisis al que se tuvo acceso esta investigación revela que el 52% de los explosivos incautados en todo Ecuador se fabrican en Perú, según explicó el general Herrera en entrevista. Al igual que las armas y otros pertrechos bélicos, estos ingresan clandestinamente por la frontera, según informes del Comando de Inteligencia Militar Conjunto de Ecuador.

La sustancia explosiva predominantemente usada por las mafias del narcotráfico es Emulnor. En el catálogo del ente de control peruano, Sucamec, corresponde al ítem 423. La unidad de medida es el kilogramo y es definido como un explosivo secundario, consistente en una emulsión o hidrogel encartuchada.

El año 2007 Ecuador tenía tres organizaciones delictivas: Los Choneros, Ñetas y Latin Kings; y este año, con la reciente ola de violencia, se han identificado por lo menos 22 organizaciones. El gobierno de este país ha declarado el Conflicto Armado Interno y ha calificado a estas organizaciones terroristas, de acuerdo al Decreto 111, firmado el segundo martes de enero, por el presidente Daniel Noboa.

El poder de las organizaciones criminales se sostiene en gran parte en su capacidad de fuego y violencia. Utilizan artefactos explosivos improvisados (AEI) que usan la sustancia explosiva citada Emulnor.

El ingreso ilegal de armamento desde Perú, de acuerdo a las fuentes consultadas, se intensificó desde el año 2022. En enero de ese año, las autoridades incautaron alrededor de diez mil municiones en Huaquillas, y en Tulcán (norte andino), otras 798 cajas de explosivos. Todo este material tenía como origen de fábrica la empresa de armas del Ejército Peruano (FAME).

Municiones incautadas en Ecuador, según país de procedencia 

El diez de marzo, en el cantón Camilo Ponce –una zona donde se realiza mucha actividad minera de oro ilegal controlada por la organización criminal Los Lobos– se detectó un arsenal de dinamita también producido en Perú. La historia se ha repetido en los meses siguientes en otras regiones.

El 2022, el Perú, con 33 millones de habitantes, tenía registradas 127 mil armas de fuego. Ecuador, con 18 millones de habitantes, tenía 160 mil armas registradas.

Cooperación militar ineficaz

El general Luis Altamirano, excomandante del Ejército de Ecuador entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, señala que existen dificultades para lograr la trazabilidad de armamento incautado.

Las permanentes incautaciones y capturas son reportadas mensualmente y analizadas en las reuniones ordinarias de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron), que realizan los militares de los países en la frontera. Y en estos espacios es frecuente observar las cifras de incautaciones de pertrechos procedentes de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército Peruano.

En Huaquillas los militares ecuatorianos han capturado cargamentos con cajas de explosivos, dinamita y fusiles de la misma fábrica que abastece a la Policía y al Ejército peruanos. Sin embargo, “la cooperación de las fuerzas peruanas es escasa y desarticulada, poco efectiva”, señala un oficial del Ejército de Ecuador que ha participado en las reuniones binacionales.

Patricio Carrillo, general de policía retirado, excomandante de Policía y exministro de Gobierno ecuatoriano, explica que el sistema de inteligencia nacional fue incapaz de alertar la magnitud del problema de narcoviolencia que se incubaba durante los últimos años.

La institucionalidad de seguridad pública no logró anticiparse a los hechos.
Hugo Espín, experto en seguridad, destaca que el enfoque en las capturas y detenciones se centra en las flagrancias, pero que esto “no frena el ingreso del arsenal que aumentó el poder armado y la peligrosidad de las organizaciones delictivas”.

Las armas, explosivos y precursores ingresan por Tumbes
y 80 pasos clandestinos 

“Ni las Fuerzas Armadas ni la Policía han hecho una trazabilidad efectiva (rastreo) que permita romper las cadenas logísticas que tienen las organizaciones criminales en la frontera con Perú”, dice Espín. La Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía, según el experto, debía encargarse de esa tarea, pero sobre la marcha los mandos policiales cambiaron sus objetivos de búsqueda hacia las estructuras delictivas, en lugar de la trazabilidad inversa.

El traslado cuenta con el apoyo de pobladores locales. En muchas zonas se camuflan entre frutas, hortalizas y legumbres. Una de las modalidades recurrentes es el tráfico hormiga, que consiste en pasar el arma pieza por pieza y por unidades, para luego acopiarlas en bodegas o talleres. Posteriormente son rearmadas.

Municiones homicidas y minería ilegal

La Jefatura Zonal de Criminalística de Guayaquil realizó un análisis forense a casi diez mil vainas (la parte de un cartucho que contiene la carga de pólvora) recogidas en las escenas de asesinatos por sicariato, durante el 2022, y determinó que la munición procedente del Perú era la tercera en importancia.

El 12 de agosto de 2023, apenas tres días después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito, la Policía de Perú anunció la captura de un presunto sicario, de origen ecuatoriano, en Tumbes.

Se trataba de Bryan Maza Pardo, quien en 2019 fue sentenciado por robo en Arenillas, provincia de El Oro, al sur del Ecuador, según el expediente judicial revisado para este reportaje. Según la Policía peruana, Maza Pardo ingresó a Perú para asesinar a un empresario a pedido de Los Lobos.

Los Lobos es uno de los 22 grupos del narcotráfico, la extorsión y el sicariato que operan en Ecuador, y que ha extendido su influencia y violencia hacia el Perú.

“Tumbes está a dos horas de distancia del cantón ecuatoriano de Camilo Ponce Enríquez. Éste se está convirtiendo en un centro de operaciones para la minería ilegal predominante, por parte de Los Lobos, y ellos se desplazan con facilidad, a través de la provincia de El Oro, hacia el norte peruano, donde realizan el lavado de activos”, detalla un oficial de Inteligencia que no puede ser identificado.

La relación entre la minería ilegal del oro y explosivos no es nueva. A fines de julio de 2022, una operación de control de armas, municiones y explosivos en el sector Bella Rica, del cantón Ponce Enríquez, incautó 1.900 tacos de explosivos Emulnor, fabricados en Perú. Además, 512 tacos de un explosivo que es producido comercialmente en ese país desde el año 2021. Tiene el mismo poder de la dinamita, a diferencia de ésta, no usa nitroglicerina.

Dos días después de la violencia desatada el segundo martes de enero, en el extremo norte de la zona andina la policía capturó a siete personas, bajo cargos de vinculación con Los Lobos. Tenían 13 cartuchos de explosivos de origen peruano.

Un documento clasificado de la Inteligencia ecuatoriana –al que se tuvo acceso para este reportaje– define a Los Lobos como parte de una trilogía integrada también por los Chone Killers y Los Tiguerones.

“Esta trilogía nace con la muerte de [José Luis Zambrano] alias JL o Rasquiña, a raíz de una alianza entre varios grupos emancipados de los Choneros para facilitar a los grupos organizados transnacionales un servicio logístico. Esta alianza contaba con el financiamiento de Leandro Norero”, precisa la fuente.

Los Tiguerones son otro de los grupos identificados como terroristas por el decreto presidencial. Sus integrantes, según la policía de Ecuador, fueron quienes secuestraron a los periodistas del set de TC televisión. Su fundador, Wiliam Alcívar Bautista, conocido como Negro Willy, fue originalmente un agente de seguridad penitenciaria.

El tráfico de armas procedentes del Perú a Ecuador es conocido hace tiempo: múltiples incautaciones en este país así lo confirman.

El general Luis Altamirano, quien fue comandante del Ejército ecuatoriano entre octubre de 2019 y diciembre de 2020 y hoy está en retiro, señala que Ecuador pasó de ser zona de paso, a destino de las armas peruanas.

“El origen y la fabricación pueden ser determinados en el armamento, a menos de que sea artesanal. Los sellos o improntas son un distintivo, entiendo que parte del armamento tiene colocado el logo del Ejército del Perú. Ahora bien, Ecuador fue considerado como parte de la ruta en el tráfico de armas hacia Colombia, década de los 90 y 2000. Inclusive en 2010 se comprobó la venta de armamento a grupos irregulares de Colombia y hay militares que cumplen condena hasta el presente”, sostiene Altamirano.

El general Altamirano explica sobre los armamentos, “estos pueden estar bajo custodia para uso; bajo depósito, es decir, está destinado para reservas; o en fase previa a ser desmilitarizado, esto implica destrucción por obsolescencia. La posibilidad es la sustracción en una de las tres fases. En Ecuador se detectó en algunos casos que armamento que constaba como destruido se vendió, esto también puede ocurrir. La numeración genera la trazabilidad, es como el registro de vida del armamento, esto permite saber quién tenía posesión del armamento la última vez que fue visto”. El oficial menciona que no se puede descartar que la numeración o los sellos en el material bélico sean borrados, para dificultar el rastreo efectivo.

Una vez en Ecuador, las armas que ingresan en forma ilegal, tienen seis destinos identificados: los grupos de delincuencia organizada; las bandas delictivas locales; la frontera norte donde operan grupos de narcotraficantes; los grupos articulados con minería ilegal; los centros carcelarios donde operan los grupos de delincuencia organizada; y localidades costeras, articuladas al transporte marítimo de drogas.

El aparato de propaganda y desinformación que levantó Moscú en la región habría incidido en que la mayoría de gobiernos asumiera inicialmente una posición de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. El presidente Daniel Noboa dio un giro sorpresivo. Anunció que intercambiará con Estados Unidos equipo de uso militar, de origen ruso, por armamento de última generación. El equipamiento serviría para enfrentar las arremetidas criminales, en el contexto del Plan Fénix. Rusia amenazó con considerar a Ecuador un país hostil por ese intercambio.

Alianza periodística Código Vidrio – Vistazo

El presidente Daniel Noboa dio un giro inesperado. A inicios de enero confirmó que entregará material bélico, de origen ruso y ucraniano, al que llamó “chatarra” a Estados Unidos. A cambio, el país recibirá equipo de última generación por 200 millones de dólares. El anuncio generó la respuesta furibunda de Moscú, que amenazó con considerar hostil esta operación de intercambio.

Para Rusia, la decisión de Ecuador cambiaría la posición neutral que ha mantenido el país frente a la confrontación bélica, desatada en febrero de 2022 contra Ucrania.

Según declaraciones del embajador ruso en Ecuador, recogidas por el medio estatal de ese país Sputnik, “El envío de esta supuesta ‘chatarra’ será una contribución al conflicto por una parte. La posición declarada por el Estado –sobre la neutralidad y la búsqueda de oportunidades para la mediación entre Rusia y Ucrania o para una resolución pacífica por medios diplomáticos de este asunto- será violada”.

¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Rusia habría construido un engranaje de propaganda, durante una década en la región latinoamericana, según Douglas Farah, coautor del estudio “Campañas de Influencia Rusas en Latinoamérica”. A partir de ese esquema, habría conseguido en la región una respuesta de neutralidad frente a la invasión de Ucrania. Cuando el presidente Noboa anunció que daría paso al canje de equipo militar, al que denominó “chatarra”, rompió el guión de lo esperado por Rusia.

Moscú da por hecho que el material intercambiado será entregado a Ucrania, para que pueda repotenciar y reparar el armamento, con el fin de aumentar su capacidad bélica. La agencia noticiosa Sputnik resaltaba, el segundo jueves de enero, que “en 2023, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov expresó su esperanza de que Ecuador no suministrara armas a Ucrania”.

Los coqueteos de Rusia

Habían transcurrido apenas tres días desde el triunfo, en segunda vuelta, de Daniel Noboa como Presidente del Ecuador. La agencia Sputnik Mundo sugería que impulsar el comercio con Rusia sería “muy positivo” para el próximo gobierno de Ecuador, liderado por Noboa.

La nota destacaba que Ecuador exporta a Rusia varios productos: banano, camarón, flores y café, eso suma ingreso por unos 1.000 millones de dólares anuales. Y a su vez, nuestro país importa principalmente gasolina refinada, “cuyo precio final se encarece debido a las sanciones por el conflicto con Ucrania”. El texto sugería que el entrante gobierno ecuatoriano pudiera tener “voluntad política” para operar en otras monedas, fuera del dólar, en intercambio comercial.

Noboa, como asambleísta y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico hasta mayo de 2023, propuso la creación del Grupo Interparlamentario de Amistad con Rusia. A finales de 2022 organizó un viaje a Moscú, “acompañado de varios legisladores”, recordaba esa nota. El periplo habría tenido otras implicaciones: su padre Álvaro encabeza la bananera Noboa, según refiere ese artículo, una de las empresas que más vende banano a ese país.

No obstante, en entrevista con periodistas de Vistazo, a mediados de 2023, el entonces candidato Noboa separó aguas. Afirmó que ese desplazamiento no respondió a una agenda particular pues el conglomerado familiar al que pertenece no vende banano a Rusia. Y enfatizó que fue duro crítico de la invasión a Ucrania, durante la visita mencionada, en foros públicos a los que visitó.

La publicación del 18 de octubre, por parte del medio oficialista Sputnik, coincidió con el pronunciamiento del Kremlin. No era una casualidad.

“Rusia saluda el exitoso ejercicio de la libertad de expresión y de la voluntad democrática en Ecuador. Confirmamos el enfoque de principios en el desarrollo y el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.

La reacción de Noboa

Noboa ya dio pistas de un giro. A inicios de diciembre pasado, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante el cambio de mando en Argentina. En la reunión, el ecuatoriano expresó sus deseos por una pronta y pacífica solución al conflicto.

El 20 del mismo mes de diciembre, el presidente ecuatoriano se reunió con el embajador ruso Vladimir Sprinchan. En la cita, se analizaron las perspectivas de un mayor desarrollo de la cooperación ruso-ecuatoriana en diversas esferas, según un comunicado de la embajada.

Sin embargo, 48 horas más tarde el presidente ecuatoriano emitió un corto video dando pistas sobre el plan de seguridad Fénix. “Tenemos cooperación con países como Estados Unidos, con el cual hay un intercambio de chatarra con armamento de última generación. Esto es un valor de 200 millones”.

Y la primera semana de enero, en una entrevista radial, en Quito, el presidente ratificó que Ecuador planeaba intercambiar con Estados Unidos “chatarra ucraniana y rusa por 200 millones de dólares en equipamiento moderno”. Es algo que terminaremos de completar a fines de este mes, advirtió el mandatario ecuatoriano.

El Comando Sur impulsaba el canje

Desde enero de 2023, la comandante general del comando Sur, Laura Richardson, exploró la posibilidad de intercambiar equipo militar obsoleto –básicamente helicópteros pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú- por equipamiento nuevo, de fabricación estadounidense. Esto lo detalla el informe “Campañas de Influencia Rusa en América Latina”, de Douglas Farah y Román D. Ortiz. “El equipo ruso en la región no puede ser mantenido a causa de sanciones y en muchos casos se encuentra realmente inoperativo”, menciona el documento. “Mientras que es relativamente inútil para la región latinoamericana mantener el equipo militar desgastado, tiene alto valor para las fuerzas ucranianas, que tienen capacidad y infraestructura para mantenerlo. El intercambio sería beneficioso”, según el documento. En sus conclusiones destaca que la propuesta no tuvo el eco esperado. Colombia y México rechazaron la oferta de plano, con declaraciones altisonantes de sus respectivos presidentes, sobre la inconveniencia de la operación.

Ecuador prioriza lucha antiterrorista

La reacción positiva del gobierno de Noboa se produce en una coyuntura particular, cuando Ecuador se enfrenta con una explosiva ola de violencia, provocada por la actividad narcodelictiva y sus bandas aliadas. El país cerró el año 2023 con una tasa de 45 muertes violentas por cada cien mil habitantes. El número de crímenes se multiplicó en 500 por ciento, entre 2019 y 2023. Por esto, subió 20 puntos en el índice que mide la incidencia del crimen organizado y está entre los diez países más violentos del planeta, según la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional.

El intercambio permitirá al Ecuador acceder a armamento de última generación, para enfrentar la crisis interna, desatada por el violento accionar de 22 bandas narcocriminales. Estos grupos violentos fueron identificados mediante un decreto presidencial, el segundo martes de enero.

El viernes pasado la canciller Gabriela Sommerfeld expuso en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la grave situación interna por las arremetidas violentas del crimen organizado y los esfuerzos del gobierno por enfrentarla. En la reunión regional de Washington, el gobierno obtuvo un espaldarazo de la comunidad internacional que aprobó la resolución propuesta de “Defensa de la democracia, la soberanía y la paz en la República del Ecuador”.

El equipo canjeable

El material a ser entregado comprendería “seis sistemas lanzacohetes DM-21 y seis RM-70, 34 sistemas antiaéreos ZU-23-2 (Tipo 85) de 23 mm, los cuales fueron comprados en 1994 a Nicaragua”, explicó el medio especializado Pucará Defensa. “Además, se prevé la entrega de los seis helicópteros Mi-171 (matrículas A.A.E.480 a 486) de la Brigada de Aviación del Ejército que no vuelan desde 2021 y no han podido ser recuperados debido a la guerra en Ucrania. No se indicó si además se entregarán los dos Mi-171E matriculados A.A.E.487 y 488 que se mantienen operativos”. Ecuador recibió en 2010, dos helicópteros Mi-171E de fabricación rusa, con capacidad para transporte de 23 pasajeros.

Rusia ha especificado que la transferencia de material militar a terceros países suele estar prohibida por las condiciones de los contratos.

La tesis de Rusia frente al conflicto

La potencia rusa maneja un discurso, que fue ratificado por el presidente Vladimir Putin, a mediados de diciembre de 2023, en un mensaje a la Nación. “Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos”. Esos objetivos son la “desnazificación, desmilitarización” y lograr “una situación neutral” de Ucrania. Con estos términos, Putin afirma que el gobierno ucraniano está infuenciado por nacionalistas radicales y grupos neonazis, con el apoyo de las potencias occidentales.

Poco después de las declaraciones de Putin, desde Moscú, el embajador ruso en Ecuador, Vladimir Sprinchan, publicó una columna de opinión en el un medio virtual local afín al correísmo. “Rusia ha subrayado en repetidas ocasiones que está lista para llevar a cabo las tareas de desnazificación y desmilitarización de Ucrania y eliminar las amenazas de su territorio, tanto por medios diplomáticos como en el marco de una operación especial. Todos esos objetivos se cumplirán. Cuanto antes lo entiendan los dueños del régimen de Kiev en bancarrota, mejor será tanto para los propios ucranianos como para el espacio europeo en su conjunto”.

Desinformación frente a la guerra

El estudio “Campañas de Influencia Rusas en Latinoamérica”, de los investigadores Douglas Farah y Román D. Ortiz, publicado en octubre de 2023 menciona que la estrategia de desinformación rusa aumentó durante las invasiones de Rusia a Ucrania, en 2014 y 2022.

Desde esta perspectiva, el aparato propagandístico levantado por Rusia a partir de un engranaje de medios rusos estatales que transmiten en español, aliados en países de América Latina y actores que difunden los mensajes, contribuyó a posicionar la tesis rusa frente a Ucrania.

Rusia plantea que “Estados Unidos apoya a grupos nazis en Ucrania, y estos grupos cometen atrocidades contra soldados rusos”, de acuerdo con el documento mencionado.

La región está en el radar de Rusia desde 2013. En una década, el aparataje aumentó en alcance y potencia, según el documento. El hallazgo cita un estudio realizado a través de la herramienta de análisis de data Meltwater.

Dos medios medios públicos rusos difundieron, entre 2014 y 2015, informaciones referentes a Ucrania y Crimea. Las notas tuvieron 1.352 entradas. Pero en el período comprendido entre 2021 y 2022, los mismos medios públicos tuvieron 14.744 entradas en temas relacionados con la guerra. “Esta diferencia muestra la expansión dramática de la infraestructura, las habilidades y alianzas que ha logrado la plataforma de desinformación de Rusia”, determina la investigación.

Los grupos criminales que inicialmente crecieron por sus servicios para los carteles del narcotráfico en Ecuador han diversificado rápidamente su portafolio de actividades criminales. Los Lobos, la banda de mayor expansión los últimos años, ha extendido sus operaciones a la explotación de oro ilegal por su
facilidad para el lavado de activos.

Como parte de un alianza periodística, integrada por Código Vidrio, Vistazo y OjoPúblico, de Perú, accedimos a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia nacional y expedientes judiciales, que ayudan a conocer, por primera vez, la magnitud de la influencia y operaciones en la minería ilegal de una de las bandas criminales más violentas del país.

Esta organización criminal explota directamente 20 minas de oro, extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controla a 40 grupos de mineros ilegales. Estas actividades criminales les dejan a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Reportes oficiales sugieren que El Tren de Aragua también operaría como aliado de esa megabanda en estas zonas en actividades logísticas.

Los documentos del caso Metástasis, alrededor del narcotraficante Leandro Norero, que fingió su muerte por Covid-19 en Perú, también alertan las conexiones políticas, los métodos del lavado y el financiamiento de estas bandas en la minería. Norero era financista de Los Lobos. En su domicilio tenía 43 lingotes de oro.

Alianza Vistazo, Código Vidrio y OjoPúblico (Perú)

El crimen organizado, impulsado por la violencia del narcotráfico, diversifica su portafolio de actividades ilegales en Ecuador. La banda Los Lobos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y que se atribuyó el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ha extendido sus actividades de tráfico de drogas, sicariato y extorsión a la extracción de oro ilegal en una de las zonas mineras más importantes de este país: el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, al sur del Ecuador.

Esta alianza periodística transnacional accedió a una docena de informes clasificados del sistema de inteligencia ecuatoriano, que ayudan a entender la magnitud de su influencia y operaciones. En Camilo Ponce Enríquez, Los Lobos controlan y operan directamente unas veinte minas de oro ilegal. Además, realizan extorsiones (vacunas) en otras 30 minas de empresas privadas y controlan a 40 grupos de mineros ilegales, llamados sableros. Esta maquinaria criminal genera decenas de millones de dólares cada mes, y explica en parte el crecimiento sostenido de integrantes de ese grupo delictivo, los tres últimos años.

El 70% de los habitantes del cantón Camilo Ponce Enríquez vive en situación de pobreza y la fuente tradicional de ingresos ha sido la minería artesanal de oro. Sin embargo, esta actividad que antes era de subsistencia, en los últimos años ha sido desplazada por la violencia de grupos armados que responden a la línea jerárquica de una organización criminal como Los Lobos.

Como sucede en otras zonas, según los documentos a los que tuvimos acceso, la estructura delictiva ha establecido nexos con decenas de policías, militares, agentes estatales y operadores de justicia para garantizar su protección e impunidad.

De acuerdo con los mismos documentos, las investigaciones actualmente apuntan a uno de los líderes de la estructura delictiva, un político que ha sido asesor en el despacho de un legislador, entre los años 2021 y 2023. El exfuncionario, cuya identidad aún no se puede difundir porque las investigaciones están en marcha, registra antecedentes por actividades ilícitas. Según los expedientes, este personaje es asociado como colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La vía del terror del oro ilegal

La incursión de Los Lobos en la minería ilegal de Ponce Enríquez se acentuó a fines de 2022, detallan los documentos de Inteligencia. Sus acciones criminales comenzaron con la “intimidación, secuestro, sicariato, extorsión y cobro de vacunas”.

En una siguiente etapa, tomaron el control de operaciones mineras que comprenden incluso concesiones legales dedicadas a la explotación de oro. Para ello incursionaron en minas y se instalaron en varias de ellas, sin dejar opción a los concesionarios legales, algunos de los cuales optaron por marcharse por temor a ser asesinados.

Con su llegada, estos actores instalaron la violencia y el miedo entre la población. El cantón Ponce Enríquez registró oficialmente 26 crímenes entre 2022 y 2023, según registros policiales. De entre las víctimas, sobresalen titulares de concesiones legales de minería de oro.

La violencia alcanzó también a las autoridades locales. En febrero de 2023, el alcalde saliente Baldor Bermeo fue atacado con disparos de un grupo de desconocidos pero sobrevivió. Previamente había sufrido otro atentado. Además, en junio de 2022, un ataque contra una mina de su propiedad dejó tres muertos y cinco heridos.

Su sucesor en la alcaldía, José Sánchez Reyes, también denunció un ataque armado a su vivienda a inicios de octubre de 2023. No hubo víctimas en esta ocasión.

En agosto de 2023, en un hecho que no se conoció públicamente, pero que consta en los documentos de inteligencia a los que se accedió para esta investigación, las Fuerzas Armadas realizaron una intervención en la zona minera de Camilo Ponce Enríquez.

En el operativo se hallaron, además de un arsenal, libretas con anotaciones reveladoras. Según los registros, solo de esta zona se extraen ilegalmente entre “16 y 20 kilos de oro al mes”, un volumen que no es reportado ante autoridad alguna. El “valor promedio por cada kilo bordea los 58 mil dólares”. El material extraído era llevado hacia una planta procesadora (molino) en la zona de Portovelo, un enclave minero tradicional del país. Eso representa 1 millón 660 mil dólares al mes en ingresos para ese grupo criminal.

 

En la intervención realizada, y que ahora detallamos en esta investigación, también se encontraron registros del cobro de vacunas en distintas zonas. Los montos variaban según la producción mensual de oro, que oscilaba entre 5 y 50 kilos, dependiendo de la mina.

Una millonaria maquinaria criminal

Los Lobos no solo operan y extraen oro, también extorsionan a las concesiones mineras legales. Además, cobran entre 300 y 900 dólares a cada minero ilegal que quiera entrar a trabajar, a manera de “acción”. A estos operadores se les denomina “sableros”, y se los considera leales a la organización. Según los cálculos mencionados en los reportes a los que tuvimos acceso, la operación minera les deja a Los Lobos ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes.

Las estructuras armadas alrededor de las zonas mineras controladas por Los Lobos tienen un brazo bélico (con armas de largo y corto alcance); un brazo operativo (con mineros ilegales) y un brazo de seguridad, que a su vez comprende tres anillos, detalla uno de los documentos. Tienen conexiones con políticos y funcionarios judiciales, que están en su nómina de cooperantes. estos actores boicotean los operativos.

Los primeros registros de violencia de este grupo se remontan a octubre de 2022, con el secuestro de 70 trabajadores de una mina formal en el sector Bella Rica, por parte de delincuentes y “sableros”. Los secuestros continuaron hasta diciembre de ese mismo año, cuando se reportaron dos nuevos episodios con la retención de 45 trabajadores legales.

A inicios de 2023, los grupos armados obligaron a los mineros legales a extraer oro bajo amenazas de muerte. En marzo del 2023, en una nueva incursión, asesinaron a un guardia de seguridad y en los primeros días de abril del mismo año robaron cinco barras (lingotes de oro) de un kilo cada una.

“Están infiltrados en concesiones mineras y reclutan a figuras claves de las entidades de control y justicia, como fiscales, jueces y uniformados”, advierte un oficial de Inteligencia. En uno de los operativos militares se detectó que un detenido tenía radios de comunicación con la frecuencia policial activada; conocían de posibles operativos y buscaban evadirlos. En otra intervención se detuvo a un miembro activo de la policía que colaboraba con la estructura ilegal.

El Tren de Aragua se habría aliado con Los Lobos

Ecuador dolarizó su economía el año 2000 y para los especialistas el uso de esta moneda facilita la venta del oro de origen ilegal, y atrae también a mineros de otros países. Uno de los informes señala que en las zonas mineras de Ecuador se encuentran mineros peruanos, colombianos y, recientemente, un importante número de venezolanos.

Los documentos de Inteligencia sugieren que en estas zonas mineras estaría operando también un grupo de integrantes del Tren de Aragua –la violenta organización criminal de origen venezolano–, y que ellos estarían trabajando junto a Los Lobos en Ponce Enríquez.

En uno de los documentos de inteligencia, se menciona, a modo de hipótesis, que de acuerdo a la forma en la que actúan estos grupos criminales, una vez que los miembros del Tren de Aragua consoliden su trabajo en la minería ilegal, luego intentarían desplazar a las cabezas de Los Lobos. “Un gran número de colaboradores, de origen venezolano, podría ser integrante de otros grupos delictivos, como el Tren de Aragua. A futuro podrían aplicar su modus operandi, esto es, eliminar a Los Lobos y tomar el control de las áreas mineras, considerando el alto rédito económico”, se lee en uno de los informes.

Los Lobos es la organización criminal con mayor presencia territorial en Ecuador. El grupo surgió en 2019, en la cárcel de Turi, en Cuenca. Su matriz fueron Los Choneros, la organización dedicada al narcotráfico que nació a inicios de los años 90 en el puerto de Manta y que es el brazo logístico del cártel mexicano de Sinaloa.

Antes de la fragmentación, el cabecilla de Los Lobos, Wilmer Geovanny Chavarría Barre, conocido como Pipo o Tuerto, era leal a José Luis Zambrano (llamado JL o Rasquiña), jefe de Los Choneros.

Pero todo cambió a fines del 2020, con el asesinato del jefe de Los Choneros. José Luis Zambrano fue acribillado en un centro comercial de Manta en diciembre de 2020. Su muerte generó una disputa que terminó en la guerra de bandas.

Esta escisión hizo que Los Lobos se conectaran con otro socio para el tráfico de drogas en México: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces varios grupos delictivos encabezados por Los Lobos se han unido para disputarle a Los Choneros el control de plazas y rutas del tráfico.

La historia del avance y escisión de estas bandas criminales consta en el informe Evaluación situacional del narcotráfico en Ecuador, elaborado por la Policía de Ecuador con el apoyo técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). “La relación con alias JL o Rasquiña determinó el ascenso de Los Lobos durante esos años, al punto que Pipo proporcionaba hombres para la seguridad personal de Rasquiña”, se lee.

Según el informe citado, Pipo o Tuerto, líder de “Los Lobos”, habría fallecido por efectos del Covid-19 a inicios de 2021. O, al menos, eso habría simulado. “Se presume que habría falsificado el acta como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”.

El patrón Norero, la conexión con Los Lobos y la minería

A mediados de diciembre de 2023, la Fiscalía ecuatoriana difundió las piezas de un rompecabezas que muestra las conexiones del narcotráfico con actores políticos en Ecuador. El caso fue conocido como Metástasis y tiene como figura central a un narcotraficante y procesado por lavado de activos de origen ecuatoriano que evadió la justicia peruana: Leandro Norero Tigua.

Norero Tigua había sido detenido en mayo de 2022, durante un operativo en el cual las autoridades le incautaron 42 lingotes de oro; 6,4 millones de dólares; joyas y relojes finos.

Él era buscado por la justicia peruana desde febrero de 2020, por el presunto delito de tráfico de drogas agravado, cometido en 2014, pero durante la pandemia por Covid-19, sus abogados presentaron un certificado de defunción falso peruano con el fin de evadir a la justicia. Una vez libre, operó clandestinamente en Ecuador.

Tras su detención fue conducido hasta la cárcel de Cotopaxi. Cinco meses más tarde, en octubre de 2022, se produjo una masacre en esa cárcel, en la que murieron 16 internos. Entre ellos, Norero.

Leandro Norero constituyó un conglomerado de siete empresas, en tres provincias. Con las ganancias financiaba la operación de las bandas criminales Los Lobos y los Chone Killers, enemigos de Los Choneros. Luego del asesinato del cabecilla de Los Choneros, a fines de 2020, Norero quiso sucederlo en el liderazgo, pero otros dirigentes lo desconocieron. Por eso, en venganza, financió a los grupos rivales, en particular a Los Lobos, relataron dos agentes investigadores entrevistados para este reportaje.

El contenido del teléfono celular de Norero, desencriptado en el contexto de la investigación fiscal por lavado de activos del caso Metástasis, arroja pistas sobre sus conexiones con la esfera judicial, la policía, abogados del sector privado, fiscales y político

La obsesión de Norero, en la celda desde donde chateaba por celular, era confundir a las autoridades que seguían la ruta de sus activos. En las conversaciones –a las que se tuvo acceso para esta investigación– se observa que una de sus preocupaciones era encontrar una manera para justificar la posesión de los lingotes de oro que habían sido encontrados en una caja fuerte detrás de una pared falsa de su lujosa vivienda.

En las conversaciones, su abogado le propone una fórmula para salir del problema.

“Le envío el contrato de la persona que está dispuesta a suicidarse por usted y hacerse cargo de ese oro”, le advierte su abogado. “Tiene registros de haber extraído durante los últimos seis años, 24 toneladas de material bruto que contiene fragmentos de oro”, se lee en el chat.

Ante las dudas de Norero, que cuestiona si el mecanismo está blindado, su brazo derecho le explica que “tienen 54 hectáreas totalmente autorizadas para la explotación (minera). Declararon durante los últimos ocho años, 45 millones en ventas”.

Norero no se decide. Pero el interlocutor le explica que a esa planta se le incendió su fábrica y el centro de procesamiento de materia prima y que con eso pueden justificar la pérdida del molde con que se marcaron los lingotes, en forma de L.

En un mensaje posterior, Norero recibe el borrador de un documento según el cual él prestó una alta suma al empresario, quien habría entregado los lingotes como garantía. Los diálogos tuvieron lugar a inicios de agosto de 2022. Dos meses más tarde, Norero fue asesinado en la cárcel.

La difusión de miles de documentos que contienen los chats de Norero Tigua con su círculo de operadores generó un tsunami en Ecuador, a mediados de diciembre de 2023.

La Fiscalía difundió los mensajes durante las audiencias para sustentar las acusaciones contra alrededor de 30 personas, entre jueces, autoridades, oficiales de la policía, fiscales y abogados, que habrían actuado a favor del narcotraficante detenido en el penal de Cotopaxi.

Entre mayo y octubre de 2022 buscó recuperar la libertad y esconder el rastro de sus activos. Una vez asesinado, su equipo celular fue desencriptado para descubrir qué conversaciones mantuvo a través de la plataforma Threema.

La fiscal general, Diana Salazar Méndez, calificó a ésta como la operación más grande en contra de una estructura criminal por sus amplias conexiones políticas. Y denominó al caso como Metástasis, nombre que grafica la gravedad del cáncer de corrupción que afecta a la esfera judicial en Ecuador.

Sobre el oro encontrado en poder de Norero, Renato Rivera, coordinador técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), señala que “si bien la explotación [de oro] puede realizarse de manera ilegal, una vez que pasa por la etapa de procesamiento o en las chancadoras que hacen la limpieza del oro ya pierde la trazabilidad, no se puede saber de donde salió”.

Rivera advierte que la dinámica de los lingotes responde a su uso como “método de pago a funcionarios corruptos, que los sacan del país para ser lavados».

Las investigaciones policiales y fiscales revelan que Norero era como un “patrón” para Los Lobos. Los cabecillas de esta organización criminal lo reconocían como su financista. Lo más probable es que una de las vías que usaba para lavar dinero proveniente del narcotráfico era la inversión en explotación de oro en Camilo Ponce Enríquez, los dos últimos años, apoyando la logística de Los Lobos. No solo en esa zona sino en Buenos Aires, donde el Ejército también detectó actividades delictivas de esta banda el año pasado.