Así operan las economías criminales en Ecuador

La región y Ecuador viven un rápido deterioro en la situación de seguridad. La inseguridad es asociada con delitos violentos generadores de alta conmoción social que quedan en la impunidad. Todas estas actividades criminales tienen un lado muy poco visibilizado en el país, pero absolutamente indispensable para saber su razón de existir, vinculada estrechamente con sus economías. Esa radiografía poco explorada a fondo se muestra en la investigación «Economías Criminales en Ecuador», que se presentó este lunes 29 de enero.  

Redacción Código Vidrio

En el país existe una elevada tasa de homicidio-asesinato (45 muertes por cada 100 mil habitantes) modalidad sicariato, asalto y robo con armas de fuego, secuestro extorsivo, delitos dolosos contra la administración pública (enriquecimiento ilícito, peculado, concusión). Además evasión tributaria, presencia de grupos de delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de armas, minería ilegal, tráfico de seres humanos, inmigración ilegal, falsificación, contrabando, y el narcotráfico (macro y micro tráfico de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización).

Toda esta cadena delictiva tiene un fin, acceder a recursos económicos a toda costa y a cualquier precio. Las manifestaciones delictivas esconden la dinámica económica que mueve los hilos de todos los nodos criminales y los roles de sus operadores en diferentes sectores.

Este lunes 29 de enero, a las 15:00, la Fundación Konrad Adenauer presenta una investigación inédita de gran profundidad, muy oportuna. Se trata del estudio «Economías Criminales en Ecuador», escrito por los exministros del Interior Patricio Carrillo y María Paula Romo; el especialista en seguridad Mario Carrillo y  Santiago Andrade.

En el prólogo de la obra, la Fundación, que tiene como uno de sus pilares la seguridad, destaca que con este trabajo busca construir el diálogo entre diferentes actores, tendiendo puentes para el desarrollo de nuevas ideas y acciones que beneficien colectivamente a la sociedad. Se trata de un proceso investigativo minucioso, riguroso y equilibrado que tiene el corte de análisis a  inicios de 2023.

Los temas que se abordan en profundidad son: Economías criminales; tráfico de armas, municiones y explosivos; deterioro de la gobernabilidad del Estado y  fricción y realidad de la delincuencia organizada.

Las organizaciones criminales  se cimentan en su probada suficiencia recursiva en todos los ámbitos (financiamiento; tecnología y comunicaciones; monopolio de la cadena de diversificación delictiva; logística, armamento y seguridad); así como en las amplias redes de imbricación estructurada, impregnación estatal en los aparatos de prevención, control y represión (aparato de seguridad pública y de defensa), influencia política (financiamiento de campañas políticas y apropiación del aparato administrativo).

Además en la permeabilización institucional de los órganos del poder público (cooptación de funcionarios gubernamentales en las distintas funciones del Estado, niveles de gobierno, y sistema de justicia), penetración corporativa y social (gremios empresariales y financieros, y de la economía popular y solidaria), capacidad de expansión territorial y multinacional, mimetización financiera, estructuración de velos societarios inescrutables, alta capacidad de permeabilizar la economía nacional en todos los sectores, segmentos y escalas, utilizando el terror para la generación expansiva del miedo como factor de disolución de la democracia. 

En este oscuro contexto, la institucionalidad llega a ser percibida como una suerte de connivencia, impotencia o incluso de resignación del Estado, frente a las múltiples amenazas que tiene la convivencia pacífica.

Según recalca el informe, eso obliga al Estado a pensar en nuevas estrategias, actualizar las que ya existen; o aún mejor, generar otras, a partir de un nueva agenda y nuevo modelo de seguridad pública integral, que permita responder efectivamente contra las actividades delictivas del crimen organizado y reconociendo que este ha permeado a la sociedad ecuatoriana a un nivel de profundidad ciertamente agudo, en el que el mismo simbolismo representado por el servicio y la obra pública, como justificación histórica de la propia existencia del Estado, se halla en riesgo.

Según el exministro Carrillo, un ejemplo de ello es el caso Metástasis y su relación con el episodio ocurrido en el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Manta. Las noticias dan cuenta del aprovechamiento doloso de disposiciones legales que norman el régimen de contratación pública, para presuntamente inyectar dineros de procedencia ilícita en la ejecución de contratos administrativos, y blanquear recursos provenientes del narcotráfico.

Las empresas financian las obras de los municipios 

A partir del 2009, en Ecuador es factible que en la obra pública, “se presenten propuestas de financiamiento otorgado por los propios oferentes, o por inversionistas, organizaciones estatales, u organismos e instituciones financieras o crediticias”; y que desde aproximadamente un lustro, la incipiente –o ausente– política de inversión pública del Estado, ha generado que, ante la crítica situación económica, el efecto provocado por la no entrega de anticipos, los municipios convoquen concursos públicos en los que una de las condiciones es que el financiamiento del contrato sea asumido por las empresas.

Rutas de ingreso y salida de cocaína

No obstante, el sentido preventivo de financiamiento alternativo que tiene la normativa jurídica, ha sido pulverizado, indica la investigación. En el caso específico de ese municipio, al menos 20 contratos se han suscrito con esa modalidad. Por lo cual esta mala práctica amenaza con extenderse –si ya no lo está– en el resto de gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales o en el mismo gobierno nacional que hoy anuncia la construcción de nuevos centros penitenciarios sin transparentar el proceso de contratación.

En este momento histórico, sale a la luz la investigación Economías Criminales en Ecuador que recaba, organiza e interpreta información a partir del análisis de elementos relacionados con los mercados ilegales de alta rentabilidad y el impacto de esta economía criminal en las amenazas contra la seguridad ciudadana, en la obra pública.

Es un diagnóstico preventivo, no es el salto estratégico en la gestión de seguridad. La visión es verificar la complejidad del fenómeno para revertir este tipo de tendencias –esto solamente se logra relacionando claramente las respuestas con las causas–, lo cual, aunque parece evidente, suele ser el camino más complejo.

Es una alternativa ante la convergencia criminal que se organiza y coopera de una forma cada más sofisticada; todos somos testigos de la diversificación de los delitos interrelacionados, según Carrillo, coordinador del equipo. Esto hace urgente tener una mejor comprensión y entendimiento de la lógica de alianzas y las cadenas de los negocios criminales.

A partir de estudiar cada mercado y sus indicadores de estructuras (¿quién?), operatividad (¿dónde?) e impacto (¿cuánto?), se podrá definir el ¿por qué? Esto es necesario para los estados, y para el Ecuador en particular, a fin de modernizar y democratizar los mecanismos de gestión de la seguridad en todos los niveles de gobierno.

Este estudio de las economías criminales permitirá además aplicar y evaluar longitudinal y transversalmente, y de manera contrafactual, las acciones desde líneas base para mirar comportamientos y tendencias, con la intención de evitar el dispendio de recursos y alcanzar inversiones justificadas en la reducción objetiva y subjetiva de las violencias y el delito.

Así como, determinar la efectividad de la política criminal del Estado ecuatoriano sobre el desarrollo de las economías criminales en la vasta economía informal, debido a que la irrupción del fenómeno delictivo en Ecuador ha llegado a niveles no conocidos en la historia contemporánea. La continua aparición de episodios criminales en la mayoría de las provincias, dan cuenta de una diversificación de delitos, para cuya apreciación real es necesario estudiarlos en función de la violencia generada, la vulnerabilidad del tejido social, la brecha existente entre el dinamismo de la economía y las demandas de la ciudadanía social; vinculándolos con el debilitamiento del Estado, la desarticulación de los niveles de gobierno, la ausencia de políticas públicas como pilar del sistema de fuentes normativas, la securitización y militarización de la sociedad (como única reacción de los órganos punitivos a la violencia generada por la reversión del sentido de estatalidad en el proceso social y económico) y la distorsión en la ritualidad política.

Ecuador tiene problemas de seguridad -señala la investigación- en la medida en que se mantenga ceguera o se pretenda ignorarla. El fenómeno no es nuevo y es en democracia que se debe enfrentar, lo han hecho y lo hacen otras sociedades, no es que desaparece, se trata de que siempre estará presente, pero las ventanas de oportunidad siempre existen, no puede cooptar y dañar todo. No hay países en el mundo entero con cero delitos, hay países con mejores indicadores de resistencia; ahí aparece la primera congruencia de este estudio: entender desde información disponible, académica, doctrinaria y relevante producida en otros espacios.

También se pone énfasis en caracterizar el dato, clasificarlo y conceptualizarlo para definir insumos de política pública y estrategia. Así busca conectar y correlacionar sus resultados con argumentos éticos, de abuso de poder (corrupción e impunidad) cuantificar en aproximados los costos económicos de los mercados ilegales y el detrimento en el desarrollo social, también permitirá el análisis con reflexiones justificadas estadísticamente.

Estudios fragmentados de cada mercado ilegal, son otros de los aportes, todos centrados en el argumento de la economía criminal de los mercados de mayor rentabilidad económica. Otras contribuciones revelan los actores públicos y privados que podrían participar y su incidencia en los negocios informales e ilícitos. En Ecuador la información oficial se obtuvo de fuentes abiertas y cerradas, organismos de control formal y bases de datos de instituciones de los diferentes niveles de gobierno; en lo regional y mundial de informes e índices de percepciones y barómetros con contenidos relacionados a las variables de estudio, según se cita en el estudio.

Un informe de esta naturaleza no sólo es relevante porque aporta información sobre un tema de gran interés para el debate público. Sino, sobre todo, porque plantea una pequeña estrategia de incidencia sobre el círculo rojo de opinión pública y respecto de los legisladores que tramitan reformas en materia de seguridad (Comisión Especializada de Seguridad y Relaciones Internacionales en primera instancia), las autoridades de la Función Ejecutiva que son responsables de esta área de la política pública: Ministerio de Gobierno y del Interior, Defensa, Unidad de Lavado de Activos, SERCOP, autoridades mineras y ambientales, autoridades migratorias, entre otras; y los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales.

Entre las principales conclusiones destacan: los conceptos de crimen organizado y economías criminales se utilizan a partir de 1990. Estudiosos del tema criminal sostienen que las sociedades con baja capacidad de aplicación de la ley son superadas por industrias ilegales que maximizan sus beneficios a partir de la poca probabilidad de cumplir condenas. Un debate serio y equilibrado sobre la inseguridad debe basarse en entender mejor el fenómeno y conceptualizar esta amenaza a la democracia que permea y debilita el poder estatal.

Así se han consolidado los grupos de delincuencia organizada (GDO) formando redes donde convergen diversos mercados ilegales transnacionales de alta rentabilidad como narcotráfico, trata de personas, delitos ambientales y minería ilegal, contrabando, tráfico de armas, etc. Para este fin, corrompen funcionarios estatales y cooptan instituciones públicas y privadas con la finalidad de generar impunidad y realizar contratos con el Estado, beneficiándose de la obra pública.

El mapa de los grupos criminales

Esta integración criminal cuenta con tres estructuras, una violenta encargada de masificar el delito común -asalto y robo-, de asesinar en modalidad sicariato, del secuestro extorsivo, y de actos de terrorismo menor en las cárceles y calles. Un segundo nivel responsable del fraude procesal que permita a su vez debilitar la confianza en el sistema de justicia; en este mismo nivel se ubica un empresariado corrupto que soborna y una prensa trabajando para crear relatos y narrativas que deslegitiman a quienes los enfrentan. Finalmente, la tercera estructura es una elite política mafiosa y populista que, evita la creación de leyes de calidad.

Cuando el Estado pierde su capacidad de control a través de la disuasión y coacción, aparece el crimen organizado y empieza a competir en términos de economía, justicia, llegando incluso a coaccionar al ciudadano, esto no es por generación espontánea, advierte la investigación.

Es un poder que actúa desde la sombra para reducir las capacidades estratégicas del Estado, muchos consideran que los países afectados por el crimen organizado y las economías ilegales han perdido extensión territorial, son espacios controlados por los grupos de delincuencia organizada.

Las economías ilegales se organizan con apoyos de actores estatales, el fin es introducir dinero ilegal en el sistema económico formal, esa maquinaria de producción de economía subterránea, producto de un portafolio criminal, es la principal causa del conflicto. Por eso una de las  recomendaciones de los autores es reestructurar el sistema de justicia; «de lo contrario llenaremos de terroristas las cárceles sin lograr desarticular el andamiaje criminal».

500 mil personas dependen de redes criminales

Según el Foro Económico Mundial (FEM) los mercados ilegales representan en términos de economía subterránea entre el 8 y el 15 % del PIB. La UNODC establece que en el Ecuador se lava dinero en aproximadamente 4 y 5 % del PIB, se dice que cada punto del PIB representa 45 mil o 50 mil empleos, lo que permite inferir que medio millón de personas trabajan para la cadena de ilícitos asociadas con el crimen organizado. Eso además podría ser una base electoral populista que tiene impacto en la definición de la política pública de seguridad.

Reconociendo que existe un deterioro de la gobernabilidad derivado de inserción de las economías ilegales en el país, como efecto de la corrupción e impunidad económica, consideramos oportuno analizar el conflicto desde una mirada geoestratégica, geopolítica y geoeconómica.

Ubicados en la región mas violenta del mundo el Estado está cada vez más marginado. Eso debido a los niveles más altos de violencia y más bajos de transparencia, con mayor integración criminal de los carteles mexicanos, el Tren de Aragua venezolano, los maras centroamericanos, el paramilitarismo colombiano, las milicias brasileras, unidas a mafias de Europa del este, como la albanesa, con la declaratoria de conflicto interno por la presencia de 22 grupos terroristas ecuatorianos, con la expansión en la producción de cocaína por Colombia y Perú, con la competencia del fentanilo y las anfetaminas en el consumo norteamericano y la desintegración regional por ideologías políticas.

A diferencia de lo que nos dicen: Actores del crimen organizado con poder político son responsables del desorden y la violencia, y no los delincuentes que mueren en la calle o en las cárceles, no son los capos etiquetados como los más buscados y peor los ahora detenidos por terrorismo en un conflicto interno.

Economía ilegal no es sólo narcotráfico, es un holding empresarial corrupto e ilegal ligado con todo mercado ilícito.

Cada sociedad tiene el tipo de delincuencia que se merece, sugiere la investigación. Pero también el tipo de control que quiere e insiste. Las economías ilegales son la real amenaza para la pervivencia de la democracia y del Estado. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico ilícito de todo mercado que constituya medio y oportunidad para el delito y un mecanismo para imponerse a través de la fuerza, con armas, con explosivos, u otras medidas, incluidos los ataques cibernéticos y mediáticos de prensa vocera de la mafia, es lo que más impacta en la inseguridad, mucho más en sociedades con problemas estructurales, como pobreza extrema, exclusión, inequidad y corrupción.

Confianza de la población en sus instituciones 

Es el crimen organizado y su economía ilegal lo que vulnera la calidad de vida, afecta la gobernanza, limita la gestión pública fragmentando al Estado y destruye la democracia atentando principalmente contra el sistema político jurídico, señala el informe. A la vez que socava la relación gobierno ciudadano a través de un conjunto de acciones transitorias o permanentes, en tiempo y espacio donde el Estado se encuentra incapacitado para contener la criminalidad.

Esta incapacidad -apunta la investigación- se traduce en:

-Sistemas ineficientes de justicia (investigadores, peritos, fiscales y jueces) sin procesos de rehabilitación social, sin modelo de gestión de cárceles y penitenciarias, con déficit de equipamiento y tecnología en lo policial y militar.

-Instituciones atacadas y deslegitimadas como maniobra para alcanzar desconfianza y perdida del principio de autoridad, con una débil aplicación de la ley.

-Nulo intercambio de información y desconfianza inter agencias, abandonada la cooperación internacional, sin el diseño de políticas de prevención e ineficiente servicio de inteligencia criminal y una sociedad con armas y recursos para enfrentar y anular el estado de derecho.

El mercado criminal actúa como una mano invisible que maximiza los conflictos sociales. El impacto, según este reporte,  no es solamente en la cultura, en la ética y en la moral pública, es en la justicia, en la defensa y protección de derechos, en la economía, en la organización social y política, en la confianza y en la democracia. Allí está en gran parte el germen de la violencia y delincuencia.

Las ciudades azotadas por estos fenómenos experimentan además procesos de deshumanización, con frecuencia presionan a los gobiernos por medidas que limiten derechos en su afán de contener la irracionalidad y la inconducta ciudadana, demandan leyes severas y en una suerte de evidente egoísmo disfruta de todo aquello que le haga suponer es utilizar toda la fuerza contra el malo.

Ese desdoblamiento de la personalidad nos impide ver nuestra propia conducta, y nos condiciona a juzgar solamente la de los otros, destaca el informe. Para un crecimiento exponencial de la violencia, la economía criminal debió haberse elevado en mayor proporción, y de manera similar, incremento la corrupción en todos los espacios.

¬¿Cuánto de esa ilegalidad practicamos¬?, desde adquirir un bien sin factura o de contrabando, comprar bienes ilícitos, pagar un soborno, pedir una coima, etc. Lo cierto es que el Ecuador tiene una elevada presencia de economía ilegal y un ejército de ciudadanos que con conciencia o inconciencia laboran para los mercados criminales, concluye la investigación.

3 comentarios en «Así operan las economías criminales en Ecuador»

  1. Muy bien ese análisis felicitaciones , a los ministros, pero me sorprende q vaya el nombre de la Sra Paula q es un integrante más de la debacle del país junto con el correismo ? Es mi pensamiento si estoy equivocado mis debidas disculpas

  2. Extraordinario y muy oportuno Muchas Felicitaciones por su valentía en estos momentos de atentados, robo y crimen

  3. Terrible situación.Algo que en la vida y la mente de un ecuatoriano
    que quiere a su país,puede suceder esto.
    *DIOS SALVA AL ECUADOR*

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