La Corte Constitucional declaró la desaparición forzada de cuatro niños de Las Malvinas, a manos de una patrulla de la Fuerza Aérea en Guayaquil, en diciembre de 2024. Once soldados fueron condenados a 34 años de cárcel y cinco más a tres años por cooperar con la investigación.  Para el organismo lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos. En representación del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el Comandante de la FAE deberá disculparse públicamente en una cadena nacional. Los familiares deberán ser indemnizados por el Gobierno.  

Redacción Cóódigo Vidrio

La Corte Constitucional fue tajante. Declaró en una sentencia, sin predecentes, que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas son las responsables de la desaparición forzada de los niños Josué, Ismael, Steven y Nehemías, ocurrida en Guayaquil en diciembre de 2024.

Este delito de lesa humanidad ocurrió en el contexto del conflicto interno armado decretado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, para enfrentar a 22 organizaciones narcoterroristas, que continúa, a pesar de que el crimen organizado y la delincuencia han aumentado por la fragmentación y empoderamiento de los grupos delictivos.

Con esta sentencia, emitida este martes 10 de marzo, la Corte aceptó la acción extraordinaria de protección presentada contra la sentencia de apelación que negó una acción de hábeas corpus presentada en favor de los cuatro niños desaparecidos en diciembre de 2024 en Guayaquil. La defensa de los familiares de los niños de Las Malvinas había presentado este recurso después de que el 19 de mayo de 2025 el Tribunal Penal de la Corte de Guayas había revocado un Hábeas Corpus -una medida de protección constitucional paralela al proceso penal- que declaró la desaparición forzada de los menores. El caso finalmente tuvo su condena en la justicia ordinaria en diciembre 2025. 11 militares fueron sentenciados por un tribunal a 34 años de prisión por desaparición forzada, y a cinco más a tres años de encierro, por haber colaborado con la investigación.

La Corte Constitucional determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder oportunamente a las pretensiones de las familias de los menores.

Los niños, según los jueces constitucionales, fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares. Sin embargo, el Gobinero no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero. Con base en estos elementos, la Corte declaró en el ámbito constitucional que Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada.

Disculpas públicas del Comandante de las FAE

Entre las medidas de reparación integral, la sentencia ordenó la realización de un acto público dereconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado. Este deberá ser efectuado por el comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Mauro Salazar, en el lugar que determinen los familiares de las víctimas y con difusión pública nacional, de acuerdo con el siguiente texto: “Por disposición de la Corte Constitucional del Ecuador, establecida en la sentencia 1732-25-EP/26, el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, comparece ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías y ante la sociedad en su conjunto para reconocer, con vergüenza y dolor, que el Estado es responsable de un horrendo suceso: la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil, arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”.

Cuando la desaparición de los menores se supo por denuncia de los familiares en varios medios de comunicación, con el apoyo directo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, tanto el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, como los entonces jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, y ministro de Gobierno, José de la Gasca, minimizaron la desaparición y dijeron que se trataba de una campaña para desprestigiar al Régimen insinuando que el crimen fue cometido por una banda delictiva. José de la Gasca, dijo que no se puede hablar de un crimen de Estado. «Las investigaciones están en curso (…). Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas (…). Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad», dijo De la Gasca, quien hoy es uno de los candidatos  a fiscal general.

La noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas de la Fuerza Aérea, subordinadas al Ministerio de Defensa,  privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad, a los cuatro menosres; “los sustrajeron de la protección de la ley y los colocaron en absoluta indefensión, incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad”, destacó la Corte. “El Estado no protegió a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, como era su obligación”, y las Fuerzas Armadas incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”.

Estas medidas, según la Corte,  buscan contribuir al derecho a la verdad, preservar la memoria y fortalecer las garantías de no repetición. Lo dispuesto en la sentencia no sustituye las  competencias de la justicia penal para determinar responsabilidades individuales.

Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron desaparecidos y luego asesinados en diciembre de 2024

Este tribunal reconoce que lo ocurrido con Josué, Ismael, Steven y Nehemías constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos, incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana. “Frente a hechos de esta naturaleza, existe la obligación de esclarecer la verdad, reparar a las víctimas y preservar la memoria de lo ocurrido, como condición indispensable para garantizar la no repetición”.

Las disculpas del Ministro Loffredo

Según la Corte, el ofrecimiento de disculpas públicas debe valorarse como un “elemento preponderante” la opinión que tengan las víctimas o sus familiares respecto a la manera en que estas deban de llevarse a cabo. Esto, porque las disculpas públicas tienen el objetivo de “responder de la manera más humana posible a la necesidad de las víctimas y sus familiares de aliviar el sufrimiento experimentado”.

Sin embargo, en la presente causa, la Corte anota que, debido a la ejecución de la sentencia de primera instancia, ya se hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad del ministro Loffredo. “Si bien el ministro de Defensa “cumplió” formalmente con la disposición, aprovechó el momento para negar la participación de las Fuerzas Armadas –pese a que no se había concluido la investigación – y amedrentar a la jueza de la Unidad Judicial indicándole “llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación […] no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas.”

Estos hechos quedaron registrados en la cadena nacional de Gian Carlo Loffredo, el 6 de enero de 2025. Esta respuesta también mereció el reproche de los accionantes del recurso y de organizaciones como Amnistía Internacional, la cual compareció en la presente causa como amicus curiae.

En esta línea, a criterio de la Corte, “la conducta demostrada por el ministro de Defensa distorsionó por completo el sentido las disculpas públicas y constituyó una nueva forma de revictimización a los familiares de los niños. El acto de disculpa públicas identificado no honró a las víctimas, ni señaló la importancia de restaurar el respeto por ellas a fin de reconocer su dignidad.

Un nuevo acto de reconocimiento de responsabilidad, entonces, debe tomar en cuenta que los accionantes han aclamado su necesidad de recibir una explicación que satisfaga su derecho a la verdad como víctimas indirectas de la desaparición forzada de sus hijos. En igual sentido, como ha quedado demostrado del análisis realizado en la presente decisión, las entidades del ámbito militar han fallado en proporcionar una explicación convincente sobre los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024, concluye el fallo de la Corte.

El juez anticorrupción Sebastián Cornejo emitió un auto de sobreseimiento a favor de 7 de 16 procesados por delincuencia organizada, en el denominado caso Finiesterra, por pedido de la fiscal Janeth Cueva, quien está a cargo de la investigación desde hace tres meses. Los procesados absueltos son parte de una organización transnacional, liderada por el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por narcotráfico y lavado de activos. Este grupo fue desarticulado en septiembre pasado en una operación transnacional, que tomó tres años, coordinada entre la Policía y Fiscalía de Ecuador con agentes de Europol. Fuentes cercanas a la investigación mostraron su preocupación por la decisión porque, según las evidencias que constan en el juicio, todos los exculpados participaron en el transporte de la droga y contaminación de contenedores, así como en el uso de una empresa para exportar atún.   

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El jueves 26 de febrero, a las cuatro de la tarde, la fiscal que investiga delitos transnacionales, Janeth Cueva, emitió un dictamen sorpresivo. En el documento se abstiene de acusar a 7 de los 16 procesados en el caso de delincuencia organizada, que se sigue en contra de la estructura delictiva, liderada por el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Esta red es investigada desde hace 3 años entre agentes antidrogas de Ecuador y varios países europeos. Con base en abundantes elementos probatorios, los investigadores y la Fiscalía establecieron que el grupo delincuencial fue responsable de enviar casi diez toneladas de cocaína a Europa, entre 2019 y 2021.

El caso es conocido como ‘Operación Finisterra’. Se trata de una investigación de gran trascendencia, desarrollada por unidades especializadas de la Policía en cooperación internacional con unidades élite de la Europol, en particular, de Francia.

Gracias a esa investigación se logró desarticular la red de envío de drogas hacia diferentes puertos en naciones europeas, en contenedores con frutas y productos de mar, que contaminaban con cocaína. Para apuntalar su esquema de simulación financiera compraron y crearon empresas exportadoras de frutas y otros productos y emplearon mecanismos diversos de contaminación, con la colaboración de agentes y trabajadores en varios puertos de Guayaquil y otros países.

La fiscal Cueva quien es parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional UNIDOT 10, emitió su dictamen abstentivo pocos días antes del inicio de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de Jezdimir Srdan y otros 15 procesados en el caso de delincuencia organizada. Esta diligencia estaba prevista para el jueves 5 de marzo.

 

En noviembre pasado, Srdan fue sentenciado a diez años de prisión por lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Al conocer la condena, el serbio amenazó de muerte al entonces  juez Carlos Serrano, durante la audiencia telemática, que se trasnmitía en vivo. Los días siguientes la Policía le quitó su equipo de seguridad dejándolo en absoluta indefensión, aunque el nivel de riesgo de atentados contra su vida aumentó. Por ese motivo, Serrano abandonó el país el 15 de diciembre y renunció al cargo que siguió ejerciendo, hasta terminar el despacho de algunas causas pendientes. Precisamente, su dimisión acaba de ser aceptada por el Consejo Nacional de la Judicatura este sábado 7 de marzo.

       La  audiencia preparatoria es hoy

 Por pedido de la fiscal y de uno de los abogados defensores, la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada quedó prevista para hoy, lunes 9 de marzo, a las 08h30. De no presentarse incidentes debe empezar este día.

Poco después de recibir el dictamen abstentivo, el juez de la unidad anticorrupción Sebastián Cornejo emitió el auto de sobreseimiento a favor de los 7 procesados de los 16 involucrados. Esto ocurrió a inicios de marzo.

El proceso investigativo empezó en 2023. Para entonces, el fiscal que estuvo a cargo de la Unidot 10 era Galiano Balcázar, quien formalizó cargos inicialmente contra 12 personas, y lideró la investigación hasta fines de noviembre de 2025. Fue notificado con su relevo el 28 de noviembre, como parte de un proceso de renovación institucional.

Por esos mismos días varias oficinas de la Unidot fueron reestructuradas por decisión del flamante fiscal general Leonardo Alarcón. Él relevó en el cargo a su antecesor, Wilson Toainga, quien fue enviado a la unidad de Género en Machachi.

Como consecuencia, la mayoría de fiscales de la Unidot, con muchos años de experiencia y capacitación en investigación del crimen organizado transnacional, también fueron reemplazados y trasladados a otras dependencias dentro de la misma institución. El fiscal Alarcón justificó la decisión como una política de refrescamiento y relevo con fiscales con suficiente experiencia para investigaciones transnacionales.

La doctora Cueva se hizo cargo de Unidot 10 en diciembre pasado. A pocos días de asumir el despacho vinculó a 4 personas al expediente por delincuencia organizada, que hasta entonces tenía a 12 procesados. De este modo, el total de individuos vinculados subió a 16.

No obstante, el reciente dictamen abstentivo, de fines de febrero, redujo el número de procesados a 9. La fiscal tomó estas decisiones en tres meses, para lo cual debió revisar un voluminoso expediente, que tiene decenas de cuerpos, con miles de fojas, además de continuar con la sustanciación de otras causas.

Pero, ¿Quiénes son los favorecidos con esta decisión judicial y qué rol habían tenido en la estructura, según la investigación transnacional? Esta alianza lo revela a continuación.

Los siete que no irán a juicio

Los siete procesados que recibieron dictamen abstentivo de la fiscal Cueva y auto de sobreseimiento del juez anticorrupción pertenecen al círculo logístico de la red, según pudo conocer esta alianza a partir de la revisión del proceso y de entrevistas con los agentes que vienen investigando el caso por años. En suma, se trata de quienes transportaron los cargamentos con la droga escondida, o la ocultaron en los contenedores, desde los cuales fue enviada por el Pacífico hacia los puertos europeos.

A este grupo se suma un empresario, directivo de una empresa exportadora de atún en lata. La compañía fue usada por la estructura del serbio con el fin específico de enviar cocaína, según evidencian los documentos, chats, fotografías y otros elementos, incluidos en el juicio.

El argumento de Fiscal es que estas personas no intervinieron en todos y cada uno de los eventos que motivan el proceso penal por delincuencia organizada.

1. Luis L. Junto con otras dos personas, fue sorprendido por el control de cámaras en el puerto de Contecon contaminando un contenedor con ocho sacos de yute con franjas rosado, negro y celeste. Contenían 573 mil gramos de cocaína. El hecho ocurrió en mayo de 2020. En su defensa argumentó que ya fue procesado por narcotráfico.

Según el dictamen abstentivo, no participó en los diez eventos señalados en el proceso penal, sino solo en la contaminación con la droga.

2. Gabriel P. Fue uno de los tres empleados portuarios que fueron capturados cuando contaminaban el contenedor, en mayo de 2020.

Según el dictamen, no participó en todos los eventos señalados en el proceso.

3. Miguel F. El 3 de junio de 2020 fue sorprendido transportando un contenedor que tenía ocultos en el piso 423 mil grados de cocaína, con la inscripción ‘Holly’.

El argumento de la fiscal es que no participó en todos los eventos documentados en el juicio.

4. Darwin T. Se encontraba en el transporte (cabezal) que llevaba este contenedor.

Según el dictamen abstentivo ya fue sentenciado por este hecho en el caso por narcotráfico.

5. Ramón Z. Estaba en el vehículo pesado que transportaba el mencionado contenedor.

Según la Fiscal, no participó en la totalidad de los hechos señalados en el proceso.

6. William T. Conducía el furgón blanco con cajón de madera cubierto con carpa, en el cual se escondían 474 mil gramos. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 2020.

Según el dictamen, no participó en todos los eventos señalados en el proceso.

7. Miguel A. El empresario que trabaja en la empresa exportadora que envió cocaína en latas de atún también recibió un fallo absolutorio.

Según el pronunciamiento fiscal, no se puede asociar su identidad con los seudónimos de ‘Rafa’, ‘Ratón’ o ‘Speedy’. Con estos tres nombres se identifica, en múltiples chats en la plataforma SKY ECC, -desencriptados en Francia y periciados por analistas de la Policía en Ecuador- al colaborador de la estructura que contaminaba el cargamento de atún con droga. Ellos corroboraron la identidad del empresario con los seudónimos en sus análisis.

Las consecuencias

El proceso habría perdido continuidad técnica y estratégica en la investigación, tras el cambio de fiscales, advirtieron fuentes cercanas al caso.

La decisión de la fiscal de abstenerse de acusar podría ser objeto de análisis y cuestionamiento jurídico, particularmente en lo relativo a la interpretación del tipo penal de delincuencia organizada y la valoración de todos los elementos de convicción existentes en el proceso, según fuentes judiciales que han seguido la investigación. En particular, una asistencia penal de Francia permitió desencriptar miles de mensajes de texto y fotos, en los que se evidencia los roles de cada uno de los miembros de la estructura delictiva. A la cabeza, estaba ‘Brate’, que en serbio significa ‘hermano’. En cientos de mensajes se menciona que se trata de una estructura compleja con operadores empresariales, empacadores de frutas, conductores, trabajadores del puerto encargados de la contaminación y autoridades de la Policía que tomaban decisiones sobre la revisión de los contenedores.

Esta alianza conoció que agencias de cooperación policial de la Unión Europea están preocupadas por el desarrollo de este proceso. Esto, debido a la comprobada capacidad del serbio Srdan de buscar impunidad por todos los medios.

La decisión causó revuelo. La razón de fondo de la expulsión del embajador de Cuba y de toda la misión diplomática en Ecuador se relaciona con cargos de supuesta desestabilización e injerencia en asuntos internos de agentes del servicio de inteligencia de La Habana. 22 diplomáticos fueron expulsados por el gobierno de Daniel Noboa y deben dejar el país hasta este viernes, cuando efectivamente se concretó la salida de todo el personal del inmueble donde operaba la embajada. Fuentes de inteligencia ecuatoriana indicaron que desde 2018 también se descubrieron acciones coordinadas entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, para apoyar al correísmo y otros grupos radicales, en diferentes aciones contra el gobierno de turno a diferentes niveles. Nota actualizada este viernes 6 de marzo.

Por alianza Código Vidrio – Vistazo

El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador cubano acreditado en el país, Basilio Gutiérrez, y a todos los miembros de la misión diplomática y consular. En una comunicación verbal notificada ayer miércoles 4 de marzo, la Cancillería dio a Gutiérrez y a los 21 funcionarios cubanos un plazo de 48 horas para abandonar Ecuador.

Según confirmó esta alianza de fuentes del Gobierno, la decisión se sustenta en informes de inteligencia que registran actividades que atentan contra la seguridad interna, por lo cual la misión debe abandonar el país hasta este viernes 6 de marzo.

La Cancillería sustentó su decisión en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que faculta al Estado receptor a declarar persona non grata al jefe de misión o a cualquier miembro del personal diplomático, en cualquier momento y sin necesidad de exponer los motivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo su personal.

Según Cuba, la decisión se tomó sin aportar ningún argumento. “Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”, indicó el gobierno cubano en un comunicado, destacando que su personal diplomático “ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos”.

Minutos después de conocerse la decisión, cuando caía la tarde, una cámara grabó a una persona en la terraza del inmueble de la sede diplomática, que estaba quemando documentos en una parrilla metálica. Un video, donde se observa a un individuo, que vestía una camiseta blanca y un pantalón azul y quemaba los papeles, fue difundido por el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales, con un escueto texto: “Parrillada de papeles”.

Desde el jueves 5 de marzo funcionarios diplomáticos cubanos empezaron a desalojar el edificio de cuatro pisos donde operaba la representación de ese gobierno en el centro norte de Quito. Y este viernes 6 un diplomático retiró la bandera de Cuba, mientras varios vehículos entraban y salían del inmueble con implementos y carpetas con documentos, así como mobiliario.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en respuesta a la arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de Ecuador (…), ante la imposibilidad de mantener una representación diplomática, ha decidido prescindir del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito. A partir de las 10:00 a.m. (hora de Quito) de hoy 6 de marzo de 2026, la Embajada de Cuba en Ecuador cesa sus funciones como sede diplomática. El gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países», indicó en un comunicado la Cancillería cubana.

Fuentes del gobierno informaron que hasta las 15:00 de este viernes, solo siete de los 22 diplomáticos habían abandonado el país por vía aérea. Se desconoce si los 15 restantes lo harán en la siguientes horas como dispuso el Gobierno, pues fueron expulsados y automáticamente desde mañana estarían en condición de indocumentados de indocumentados.

La expulsión de la misión cubana fue fustigada en duros términos por el expresidente Rafael Correa y militantes del su movimiento. Tras conocer la decisión que se hizo pública el 4 de marzo, Correa reaccionó en su cuenta en X. «Cuando lo escuché, creí que era broma. Eso pasa por elegir a un drogo pelafustán nacido en Miami. No solo destruye a Ecuador, sino también a la Patria Grande», señaló Correa. Otros militantes del correísmo también cuestionaron lo ocurrido y se solidarizaron con el gobierno cubano, incluidos Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento.

Un piquete policial se ubicó frente a la sede diplomática que suspendió su atención al público. Luego también llegaron miembros del Ejército para vigilar el perímetro.

Pasadas las 17:00, militantes del Partido Comunista Ecuatoriano (PCE) y simpatizantes del régimen cubano se concentraron en las afueras de la embajada ondeando banderas rojas y flores. Los manifestantes expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno de solicitar la salida de la misión diplomática caribeña. Entre quienes protestaban estuvo la exembajadora de Ecuador en Cuba durante el gobierno de Lenín Moreno, María Augusta Calle y exasambleísta constituyente en 2008. Ella expresó su rechazo a la decisión del presidente Noboa de expulsar al personal diplomático cubano del país.

La decisión del Gobierno también fue rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). La organización considera que la medida responde a presiones de Estados Unidos y reiteró su solidaridad con el pueblo cubano.

La expulsión de la delegación cubana de Ecuador ocurre en medio de la profundización de las relaciones entre el gobierno de Noboa y Donald Trump, con el reciente anuncio de operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado.

Desde su llegada al poder Trump ha puesto en marcha una agresiva política que busca la salida del actual régimen cubano, a través de acciones consecutivas que han afectado gravemente su economía que está al borde del colapso, especialmente por el desabastecimiento de petróleo. La política de EE.UU. hacia Cuba se enmarca en una estrategia más amplia de reducir la influencia china y rusa en América Latina. Gobiernos de izquierda como Colombia, Nicaragua y Cuba son vistos como «demasiado cercanos» a Moscú y Beijing.

Desestabilización y espionaje

Fuentes de Inteligencia informaron que los seguimientos a funcionarios cubanos empezaron el año pasado, ante una serie de indicios sobre el supuesto reclutamiento, a cargo de agentes cubanos de la embajada en Quito, de personas de distintas organizaciones sociales, con el fin de desestabilizar al gobierno, en supuesta coordinación con militantes del correísmo. Esas acciones también tendrían el soporte tecnológico de Rusia y China para Cuba. Los servicios de Inteligencia ecuatorianos además habrían identificado a ciudadanos cubanos que llegaron con visa de turismo y se quedaron en el país trabajando en dos universidades de Quito y Cuenca, cuya misión también sería apuntalar las tareas de desestabilización.

En las protestas encabezadas por la Conaie y otros movimientos, en octubre de 2019, un grupo de 17 extranjeros, entre cubanos y venezolanos, fue detenido en las inmediaciones del aeropuerto de Tababela, en Quito, bajo cargos de espiar al gobierno de entonces,  cuando Lenín Moreno era presidente.

“Se detectaron irregularidades relacionadas con personas extranjeras”, según el general (SP) Patricio Carrillo, que entonces era Director General de Operaciones de la Policía. Algunos de los detenidos no portaban su identificación, aseguraron las autoridades de Gobierno por ese entonces.

La detención ocurrió el 13 de octubre, justo un día después del pico de las protestas, que tuvieron en vilo al poder Ejecutivo varias semanas.

Los presuntos espías, según datos de Inteligencia, operaban con la cobertura de una compañía de taxis. En las primeras investigaciones se hallaron evidencias de que conocían sobre los viajes presidenciales, cronogramas, itinerarios y destinos, con precisión de detalles.

Estas manifestaciones se desataron luego de un paquete de medidas anunciado por Moreno. La más controversial fue el fin del subsidio al diésel y la gasolina extra, que luego debió revocar. Las protestas contra el gobierno también fueron azuzadas por medios oficialistas rusos como RT y Sputnik.

Exautoridades del Centro Nacional de Inteligencia Estratégica (CIES), hoy CNI, confirmaron que desde 2018 también se descubrieron acciones coordinadas entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, para apoyar al correísmo y otros grupos radicales, en diferentes aciones contra el gobierno. «Para todas las elecciones, desde 2018, enviaban equipos especializados en fraudes electorales, inteligencia y entrenamiento en revueltas», destacó un funcionario de Inteligencia del régimen de Moreno. «Llegaban con visas de turismo, unos 15 días antes, a provincias como Manabí, Esmeraldas, Guayas, Azuay y Pichincha. Luego se dispersaban a sus tareas en coordinación con miembros de organizaciones aliadas, para apuntalar acciones de desestabilización a diferente nivel con fondos, especialmente, de Venezuela», destacó el exfuncionario. 

Moreno pone fin a las misiones

Como resultado de estos acontecimientos con la participación de los extranjeros, el gobierno de Moreno decidió en noviembre de 2019 poner fin a la misión Milagro desde Cuba. Se trataba de un programa de apoyo médico que enviaba la isla con especialistas cubanos. A la fecha de su conclusión, había seis convenios en marcha.

En realidad, la Operación Milagro había comenzado en 1992 en Ecuador. Para 2006, según reportó la embajada de Cuba, 153 colaboradores participaron en 168. 543 intervenciones quirúrgicas. De ese total, 118.575 correspondieron a Pterigium y 4.609 a cataratas.

El presidente Rafael Correa visitó Cuba en enero de 2009. Y en esa ocasión firmó el convenio marco de cooperación en salud. Meses después se concretó otro proyecto entre la Vicepresidencia (a cargo de Lenin Moreno) y el ministerio de Salud de Cuba.

Se trató del estudio psicosocial, pedagógico y clínico Manuela Espejo, para detectar personas con discapacidad. La misión solidaria Manuela Espejo atendió más de 825 mil personas. Hacia 2013, por un convenio con la seguridad social ecuatoriana, 293 médicos cubanos prestaron sus servicios en 52 unidades de salud.

Espionaje y vigilancia

Fuentes consultadas de ese gobierno informaron que el trabajo de las misiones médicas estuvo atravesado por un eje de espionaje y vigilancia. Detrás de las intervenciones de médicos hubo una agenda para espiar el accionar gubernamental, especialmente, luego de que las relaciones entre el correísmo y el morenismo sufrieron un quiebre.

Las investigaciones de la Dirección General de Inteligencia de la Policía mostraron que en 2019 algunos de los extranjeros detenidos, presuntos taxistas, tenían grandes cantidades de dinero consigo y no pudieron justificar su origen. No obstante, luego fueron liberados.

Esas operaciones soterradas se profundizaron, según reportes oficiales, luego de la ruptura de Moreno con Correa, quien mientras estuvo en el poder mantuvo una estrecha alianza con Cuba.

El fin de todos los acuerdos con Cuba en 2019 implicó la salida de cerca de 400 médicos del país. La decisión se tomó también por la necesidad de priorizar el empleo de profesionales ecuatorianos.

La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, destacó que la medida buscaba reemplazar a los médicos cubanos con especialistas ecuatorianos, tras los indicios de la participación de cubanos y otros extranjeros en las protestas de 2019, que tuvo al correísmo como uno de sus principales protagonistas.

Entonces se cancelaron seis convenios bilaterales que estaban vigentes desde 2013, firmados durante la administración de Correa.
382 médicos cubanos que trabajaban en hospitales y centros de salud urbanos y rurales fueron retirados, con un primer grupo regresando el 19 de noviembre de 2019.

Esta acción marcó el inicio de un enfriamiento significativo en las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Cuba, que acaba de tener un último desenlace con la expulsión de toda la misión de diplomáticos cubanos en Quito.

• La dinámica de violencia y criminalidad organizada escaló imparable entre enero y febrero de este año en Ecuador. Esto evidencia la poca efectividad de la política anclada exclusivamente a la mano dura, con la militarización de un conflicto que es multicausal, con características estructurales híbridas. Informes de Fuerzas Armadas, Policía y el Centro Nacional de Inteligencia coinciden en que la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado una mayor fragmentación de las  estructuras delictivas, generando disputas internas por el control de los grupos delictivos. Estas pugnas han desatado un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial. Por esos motivos, el presidente Daniel Noboa acaba de renovar, por 30 días más, la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en nueve provincias, incluida Pichincha. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional. 

• La amenaza de los grupos delictivos ha evolucionado hacia formas más complejas, violentas  y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de alto poder. Además con redes  clandestinas  de financiamiento y comunicaciones, fragmentación estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta  por  el control territorial y capacidad sostenida de  intimidación  contra  instituciones  del Estado. Ecuador se ubicó entre los cuatro países con mayor criminalidad y menor resiliencia del planeta.

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El crimen organizado ha ganado terreno. Aumentó su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social, según un forme del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Guayas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sto.Domingo, Los Ríos, Sucumbíos, Pichincha y El Oro, así como los cantones de La Maná,Las Naves y Echeandía, configuran un escenario nacional de violencia criminal estructural y persistente.

El régimen no ha logrado pasar de la etapa reactiva, pese al aumento de operaciones militares y policiales enfocadas en la captura de delincuentes y cabecilas, incautaciones de armas y cocaína, pero que no han afectado a las estructuras delictivas, su músculo económico y red de cooperantes invisibles, dentro y fuera del estado. Los grupos criminales siguen expandiéndose con mayores capacidades logísticas, de armamento y disputas sangrientas por el control territorial, que dejan una estela de centenares de asesinatos. Ecuador es el país con más homicidios de la región y uno de los más violentos del mundo. La tasa de homicidios es de 51 por cada 100 mil habitantes.

Este diagnóstico está detallado en varios informes incluidos en el último decreto, expedido el pasado sábado 28 de febrero, por el presidente Daniel Noboa, que acaba de renovar por 30 días más la Declaratoria del Estado de Excepción por grave conmoción interna en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves y Echandía, en Bolívar.

Este documento es revelador porque muestra la radiografía real de los resultados de la lucha contra el crimen organizado estos dos primeros meses del año. Evidencia la gran preocupación de las autoridades policiales, militares y de Inteligencia por el aumento de homicidios múltiples y empleo de explosivos, que están documentados en informes de la Policía, el Comando Conjunto de FF.AA. (Comaco), y el ECU-911, así como del Centro de Inteligencia.

Más bandas, mayor criminalidad, violencia y corrupción

Así, la guerra interna declarada por el régimen contra las organizaciones delictivas desde el año pasado, en lugar de reducir la violencia la ha disparado, debido a la fragmentación de más bandas, con más actores delictivos involucrados, según se desprende del último Índice del Crimen Global del Crimen Organizado 2025, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC por sus siglas en inglés). Ecuador obtuvo 7.48 sobre 10 puntos en criminalidad y 4.46 en resiliencia, que es la capacidad de respuesta frente a los delitos. Así, según GITOC Ecuador se ubicó en el cuarto puesto con mayor criminalidad entre 193 países y cuarto en crimen organizado transnacional, empatando con Paraguay a nivel regional. Aumentó la criminalidad (+1.23 puntos) y se redujo la resiliencia (−1.25 puntos). Esta tendencia es constante desde 2021. Los sectores con menos resiliencia son el Gobierno, la fuerza pública y el poder judicial, que también tienen altos niveles de corrupción. Ecuador ocupa el puesto 24 entre 35 países de la región con mayor percepción de corrupción.

Desde el año padado hay también una mayor diversificación de los mercados ilícitos: la minería ilegal se posicionó por encima del promedio y emergió como mercado ilícito relevante, además del de la cocaína; aumentaron las extorsiones por la atomización de los grupos y creció el tráfico de armas, ligado a una mayor violencia y crímenes, según destaca Renato Rivera, experto en seguridad y criminología.

Evolución con uso de armas de guerra

Según un Informe del Comando Conjunto, la amenaza de los grupos narcoterroristas ha evolucionado hacia  formas más complejas, violentas  y adaptativas, caracterizadas por el empleo de armamento de  alto poder. Además con redes  clandestinas de financiamiento y comunicaciones, fraccionamiento estructural con elevada resiliencia operativa, disputa violenta por control territorial y capacidad sostenida de intimidación  contra  instituciones del  Estado. “Esto demuestra que la amenaza no ha sido neutralizada estructuralmente y mantiene potencial real de escalamiento”, resalta el reporte del Comaco.

El  análisis  estratégico confirma, además, la persistencia  de  las condiciones que motivaron la declaratoria del  Estado de Excepción en 2025, “evidenciándose un escenario de violencia organizada, sistemática y adaptativa que continúa afectando la seguridad. Los grupos criminales organizados mantienen su capacidad operativa, logística y presencia activa, con intentos sostenidos de control territorial”.

Más atomización y expansión territorial

Estos reportes militares coinciden con informes de la Policía que destacan la agudización de la violencia a partir de procesos de reconfiguración criminal. Expresamente se señala: “la detención y asesinato de cabecillas criminales ha provocado que varias estructuras delictivas se dividan, generando disputas internas por el control. Estas pugnas derivan en un aumento de acciones violentas, con mayor expansión territorial e incrementando la criminalidad a nivel nacional”.

 

Las   organizaciones  delictivas -agreaga- atraviesan procesos constantes de reconfiguración interna de sus estructuras y en el surgimiento de nuevas estructuras delictivas.

⇒ Según estadísticas oficiales, hay una persistencia y concentración de letalidad sistemática, concentrada en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbios. En estas provincias se concentra el 90% de la violencia a nivel nacional. Un caso destacado es el desplazamiento criminal hacia jurisdicciones focalizadas como El Oro, que registra un incremento del 110% en homicidios intencionales, en relación al mismo periodo del ano anterior (enero-febrero 20205).

Estas zonas han experimentado un recrudecimiento de la violencia, expresado en un aumento de homicidios intencionales ligados principalmente al narcotráfico, microtráfico y extorsiones, lo que afecta gravemente la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Para la Policía, esta dinámica permite determinar que  prevalece la violencia criminal y se puede seguir c consolidando este año. Esta concentra el 97,2% de la problemática, junto con las amenazas que concentran el 73,7% de la violencia criminal».

⇒ Según el Centro Nacional de Inteligencia (Informe de Inteligencia No.STIE-DOAIE-SD_IE-26-002,de  17 de febrero de 20226) “El crimen organizado ha incrementado su capacidad de confrontación al Estado, mediante disputas territoriales sostenidas, fragmentación de mandos, expansión de economías ilícitas y uso sistemático de la violencia como mecanismo de regulación interna y control social. Estas dinámicas se expresan de forma territorialmente diferenciada, adaptadas al valor estratégico de espacios urbanos, portuarios, rurales y corredores de tránsito, generando procesos de cooptación del tejido social e infiltración en economías locales que erosionan la gobernabilidad”.

En el período analizado se ejecutaron 17.887 operaciones militares, en apoyo a la seguridad interna,  así como el decomiso de 292 armas de fuego y 522 artefactos explosivos. Esto no solo muestra respuesta estatal sino la persistencia del poder ofensivo y la capacidad logística de los grupos armados organizados. El ECU-911 coordinó 178.669 emergencias en las seis jurisdicciones, que están bajo estado de excepción, entre el 19 de enero y el 16 de febrero. 69,6% correspondieron a eventos vinculados a seguridad ciudadana, lo que refleja una demanda sostenida de intervención estatal frente a hechos violentos y de criminalidad organizada.

En síntensis -destaca el último decreto de Noboa- las causas que justificaron la declaratoria del estado de excepción en diciembre pasado persisten, han mutado y mantienen una capacidad real de afectación grave al orden público.

• Por años Ecuador ha enfrentado reiteradas incursiones de botes de la flota china en los alrededores de Galápagos, un área marina protegida de más de 130.000 km² y Patrimonio de la Humanidad. Esta es una de las pesquerías más importantes del mundo y está siendo empujada hacia una crisis ecológica y social, en un contexto de débil regulación y control en alta mar, en las denominadas aguas internacionales.
• La flota china de aguas distantes operó con 528 buques poteros en 2024, el doble que en 2014, concentrando la gran mayoría de la pesca en alta mar. 
• La última investigación de Environmental Justice Foundation (EJF) documenta denuncias de trabajo forzoso, violencia a bordo y prácticas pesqueras destructivas, junto con fallas crónicas de transparencia y control. 
• La falta de control estimula prácticas de pesca destructivas, como el “aleteo” de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas y otras especies. 
• La pesquería de calamar gigante es un pilar económico para la región y sustenta miles de medios de vida en Chile, Perú y Ecuador. En 2023 se desembarcaron 1.225.798 toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sudeste, con Perú, China y Chile como los tres países más importantes de la pesquería los últimos 25 años. En Ecuador, se reportaron 3.028 toneladas de desembarques en 2023, pese a enfrentar intrusiones reiteradas de la flota china en torno a las islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible y protegida.

Redacción Código Vidrio

Abusos sistemáticos contra los derechos humanos y daños ambientales en la pesca del calamar en el Pacífico Sudeste ponen a Ecuador en una posición clave, con Galápagos como punto de atención mundial, por las secuelas de la pesca indiscriminada de calamar gigante practicada por la flota china, que opera con más de 500 barcos, en los alrededores de las islas Galápagos, a donde llegan siguiendo una ruta que empieza en Chile y pasa por Perú.

Esta es una de las conclusiones del último informe de la organización internacional Environmental Justice Foundation (EJF), titulada «Invisible e Impune, la creciente amenaza de la flota motera en el Pacífico Sur», que revela cómo una de las pesquerías de calamar más importantes del mundo está siendo empujada hacia una crisis ecológica y social. Esto ocurre en un contexto de débil regulación y control en alta mar, mientras grandes flotas chinas de aguas distantes aprovechan vacíos normativos en los paíeses del Pacífico Sudeste.

La publicación del informe coincide con un momento clave para la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP‐PS), que se reunirá en Panamá a partir del 2 de marzo para discutir diversas propuestas concretas para revertir esta situación.

Ecuador se ha enfrentado en los últimos años a decenas de incursiones documentadas de la flota china de aguas distantes en los alrededores de las Islas Galápagos, un área marina protegida de más de 130.000 km2 y reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Una pesquería clave en el Pacífico

La pesquería de calamar gigante es un pilar económico para la región y sustenta miles de medios de vida en Chile, Perú y Ecuador. En 2023 se desembarcaron 1.225.798 toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sudeste, con Perú, China y Chile como los tres países más importantes de la pesquería durante al menos los últimos 25 años. Juntos representan más del 99% de todos los desembarques declarados.

Solo en 2023, la pesquería de calamar gigante de Perú aportó 621.925 toneladas por un valor de 831 millones de dólares, con entre 2.500 y 4.500 embarcaciones artesanales en su mayoría menores de 15 metros dedicadas a esta especie.

En Ecuador, se reportaron 3.028 toneladas de desembarques en 2023, pese a enfrentar intrusiones reiteradas de la flota china en torno a las islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible y protegida. En Chile, una flota artesanal de alrededor de 1.800 embarcaciones desembarcaron más de 105.000 toneladas de calamar gigante en 2023, y las exportaciones alcanzaron los 178 millones de dólares en 2024, un aumento del 56,2% respecto de 2023.

Transparencia insuficiente y abusos graves

La investigación de EJF documenta fallas crónicas de transparencia y regulación en la flota de calamar gigante de aguas distantes de China, que operó con 528 buques poteros en el área de la OROP PS en 2024, el doble que en 2014 y responsable del 98,7% de toda la actividad de pesca conpota en alta mar en el Pacífico.

Esta falta de control permite que prosperen abusos contra los derechos humanos – incluidas condiciones de trabajo forzoso, violencia física y fallecimientos de tripulantes – así como daños ambientales y prácticas de pesca destructivas, como el “aleteo” de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas, alerta la investigación de EJF.

“Esta investigación muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas a nivel regional está alimentando el daño ambiental y poniendo vidas en riesgo. La transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional: es la base de un océano seguro y sostenible”, afirmó Steve Trent, director ejecutivo y fundador de la Environmental Justice Foundation.

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⇒El calamar es un producto pesquero cada vez más importante y demandado en países de todo el mundo. Se prevé que el mercado mundial del calamar crezca casi un 4% anual y podría alcanzar un valor de 18.400 millones de dólares estadounidenses para 2035. A medida que consumidores y compradores de productos del mar continúan impulsando la demanda de especies como el calamar argentino (Illex argentinus) del Océano Atlántico Sudoccidental (ASO), el calamar gigante (Dosidicus gigas) del Océano Pacífico Sudoriental (PSO) y el calamar volador japonés (Todarodes pacificus) del Océano Pacífico Norte, las flotas pesqueras están respondiendo mediante el aumento del esfuerzo de pesca. Este nuevo informe extiende dichas investigaciones al PSO y muestra cómo el gran esfuerzo pesquero de una flota potera mayoritariamente de bandera china está amenazando la pesquería de calamar más importante del mundo: la del calamar gigante.

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La región también ha sufrido incursiones ilegales de buques chinos en aguas de Estados costeros latinoamericanos, lo que ha derivado en numerosos incidentes diplomáticos, protestas de pescadores artesanales y una amplia condena por parte de
organizaciones ambientalistas.

Liderazgo costero de Ecuador en la OROP‐PS

La publicación del informe se produce justo antes de la 14° reunión de Comisión de la OROP‐PS, donde Ecuador y Perú, junto a otros países, han presentado un paquete sólido de medidas para mejorar la gobernanza del calamar gigante en alta mar en una de las pesquerías más grandes del mundo. Estas propuestas –elaboradas en coordinación con organizaciones de productores como CALAMASUR– buscan establecer límites de captura basados en la ciencia, fortalecer el monitoreo y control, y cerrar vacíos que permiten que continúen prácticas abusivas.

Perú ha dado pasos decisivos para ordenar la actividad en sus propias Zonas Económicas Exclusivas, mientras la flota china concentra su operación en alta mar. Redujo drásticamente el uso de sus puertos por parte de flotas de alto riesgo tras exigir que los buques extranjeros de calamar instalen su sistema nacional de seguimiento (VMS) seis meses antes de ingresar, medida que llevó a que las entradas de buques chinos fueran cero en 2025.

Mientras Perú cerraba sus puertos a los buques de alto riesgo, las recaladas de naves chinas a puertos chilenos pasaron de menos de diez en 2024 a alrededor de 180 en 2025, convirtiendo a Chile en el puerto de menor resistencia para esta flota.

“Ecuador y Perú son un claro ejemplo del camino que recorrer y junto con Chile están frente a la oportunidad histórica de ser líderes regionales en la OROP‐PS. Alinear sus decisiones de acceso portuario con las reformas propuestas por los países costeros enviaría una señal clara de que los abusos no serán tolerados”, señaló un portavoz de EJF.

El rol clave de Ecuador

A pesar de concentrar entre el 40 y el 45% de las capturas de la pesquería de calamar gigante del Pacífico Sudeste, China no ha presentado hasta ahora propuestas para mejorar la sostenibilidad de este recurso dentro de la OROP PS. EJF y sus aliados regionales subrayan que las moratorias unilaterales en alta mar anunciadas por China no sustituyen la adopción de medidas multilaterales vinculantes a través del proceso de consenso de la organización.

“Tras más de una década de retrasos injustificados, 2026 debe ser un año decisivo. Los países de la región no pueden permitir que se bloquee de nuevo el consenso. China debe comprometerse seriamente con las reglas multilaterales y apoyar las propuestas ya presentadas por los Estados costeros”, agregó Trent.

EJF insta a los Estados miembros de la OROP‐PS a aprovechar este momento para adoptar un paquete completo e indivisible de medidas que protejan la pesquería de calamar, defiendan los derechos humanos a bordo y garanticen que la demanda internacional de pota no se construya sobre la explotación y la ilegalidad.

Principales hallazgos

● Las investigaciones de EJF, que incluyen entrevistas con 77 pescadores indonesios y cuatro filipinos que trabajaron en 60 buques poteros de pesca de altura (DWF, por sus siglas en inglés) con pabellón chino entre 2020 y 2025 y que operaban en el Pacífico Sudeste (SEP), revelan niveles alarmantes de prácticas pesqueras destructivas y violaciones de derechos humanos.
● El 60% de los buques habría incurrido en aleteo de tiburones y la posterior eliminación de los cuerpos en el mar, y el 33% en la captura intencionada de
mamíferos marinos como focas, falsas orcas y delfines.
● Ni China ni la SPRFMO cuentan con regulaciones adecuadas para disuadir estas prácticas extremadamente destructivas, lo que demuestra que el caladero de pota gigante del Pacífico Sudeste (Zona de Pesca FAO 87) está gravemente desregulado en lo que respecta a sus impactos más amplios sobre el ecosistema.

● Según estimaciones del esfuerzo pesquero de todos los buques de pesca de altura, las horas totales de pesca en el SEP son aproximadamente 3,25 veces superiores a las del caladero del Atlántico Sudoccidental (SWA). El esfuerzo pesquero de la flota china aumentó un 100% entre 2014 y 2024.
● Los hallazgos de la investigación refuerzan las crecientes preocupaciones de que el SEP esté sometido a una presión cada vez mayor por prácticas pesqueras
destructivas, al mismo tiempo que las evaluaciones recientes de las poblaciones de pota gigante indican los primeros signos de declive poblacional.
● Los pescadores también informaron de frecuentes abusos de derechos humanos a bordo, incluidos malos tratos físicos, condiciones laborales y de vida abusivas, servidumbre por deudas y retención de salarios. Casi la mitad de los pescadores entrevistados por EJF afirmaron haber sufrido o presenciado abusos físicos durante su estancia a bordo.
● La preocupante frecuencia de desembarcos de tripulantes fallecidos procedentes de buques de pesca de altura en puertos latinoamericanos exige la actuación de los Estados portuarios. Al menos 41 tripulantes fallecidos fueron desembarcados de buques chinos entre 2013 y 2023, lo que dibuja un panorama sombrío de negligencia, falta de rendición de cuentas y los peligros de trabajar a bordo de buques poteros con pabellón chino.

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Sobre Environmental Justice Foundation
El trabajo de EJF para asegurar la justicia ambiental tiene como objetivo proteger el clima global, los océanos, los bosques, los humedales, la vida silvestre y defender el derecho humano fundamental a un medio ambiente natural seguro, reconociendo que todos los demás derechos dependen de este. EJF trabaja a nivel internacional para informar las políticas e impulsar reformas sistémicas y duraderas para proteger el medio ambiente y defender los derechos humanos. Investiga y expone abusos y apoya a defensores ambientales, pueblos indígenas, comunidades y periodistas independientes en la primera  línea de la injusticia ambiental. 

El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil notificó este martes 24 de febrero de 2026 la sentencia escrita a 34 años y ocho meses de prisión en contra de 11 militares de una patrulla militar de la Fuerza Aérea por la desaparición forzada y muerte de los menores Steven Medina, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero, ocurrida en diciembre de 2024. También fueron condenados a una pena de 30 meses cinco enjuiciados más, en vista de que colaboraron con información para esclarecer lo ocurrido.

Redacción Código Vidrio

La condena dictada por los jueces José Suárez, Kelttya López y Smirnova Calderón fue noficada dos meses después de que concluyera la audiencia de juzgamiento en el denominado caso Malvinas. Según el fallo, 11 miembros de la patrulla fueron responsables del delito de desaparición forzada, por lo cual  fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de cárcel. Los condenados son Wilson C., de 54 años; Wilmer L., de 38; Jonathan G., de 37; Ronald P., de 31; Paúl N., de 38; Sergio Y., de 30; Jhon T., de 30; Lister L., de 30; Bryan N., de 26; David C., de 25, y John Z., de 28.  Otros cinco procesados recibieron una pena menor de 30 meses (2 años y medio) porque colaboraron con información clave para esclarecer los hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024. Ese día Ismael y Josué salieron a jugar y nunca más regresaron. Se les perdió el rastro, junto a otros dos menores de edad, Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11, tras ser detenidos por una patrulla militar en el barrio popular de Las Malvinas. Sus cuerpos fueron hallados cerca de un cantón militar en Taura, el 24 de diciembre.
Se trata de la pena más alta posible, aplicada por este delito en vista de los  agravantes, como actuar en grupo, el ensañamiento y que las víctimas eran menores de edad, según el fallo, que podrá ser apelado ante la Corte Provincial del Guayas.
Los 16 sentenciados deberán pagar 800 salarios básicos unificados cada uno como multa. Y USD 10.000, cada uno, como reparación para la familia de las víctimas. También, el Tribunal ordenó congelar cuentas y prohibir la venta de bienes para asegurar el pago. La notificación implica que los condenados, que seguían formando parte de las Fuerzas Armadas y cobrando su sueldo, sean finalmente desvinculados de la institución.
El fallo dispone, además, una disculpa pública en donde se aclare que las víctimas no eran delincuentes. También, el Municipio de Guayaquil deberá renombrar un puente como “Puente Niños de las Malvinas” y se ordenó la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para personal militar.
“Este Tribunal ha constatado que, durante la fase de desaparición y posterior hallazgo, circularon en medios de comunicación y redes sociales versiones estigmatizantes que vinculaban a las víctimas (Ismael, Josué, Nehemías y Steven) con actividades delictivas o bandas criminales, “versiones que han sido totalmente desvirtuadas en esta etapa de juicio, donde se probó su condición de víctimas inocentes de un crimen de Estado”.
Dichas aseveraciones públicas, según el fallo, causaron un daño moral adicional a sus familias y mancharon la dignidad de los fallecidos. “Por tanto, para restituir el honor y la verdad histórica, este Tribunal dispone: DISCULPAS PÚBLICAS Y PUBLICACIÓN DE LA VERDAD. Se ordena que la Institución del Estado (Fuerza Aérea Ecuatoriana / Ministerio de Defensa Nacional) y los sentenciados publiquen un extracto de la sentencia y de una disculpa pública a las familias.

La ejecución de Nemesio Rubén Oseguera,“El  Mencho”, el capo más poderoso de la cocaína en México, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, continuará moldeando el nuevo mapa del crimen organizado en la región. Y tendrá repercusiones en Ecuador, donde opera con las bandas Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, entre otros grupos delictivos locales. Su asesinato ayer domingo representa una importante demostración de fuerza por parte del ejército del país, mientras el presidente Donald Trump continúa presionando a México para que tome más medidas para combatir a sus organizaciones de narcotráfico.

Por Pablo Zeballos y Douglas Farah, con redacción Código Vidrio 

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNG), fue abatido ayer domingo 22 de febrero durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tapalpa, municipio de Jalisco. Esta es, en lo que va del siglo XXI, la noticia más significativa en materia de crimen organizado en el continente americano. Mayor incluso que la captura de El Chapo. El CJNG, bajo su liderazgo, había alcanzado una escala de poder, diversificación y violencia que ninguna otra organización criminal del hemisferio había logrado consolidar en tan poco tiempo, según explica el experto en crimen organizado Pablo Zeballos.

La caída de “El  Mencho”continuará moldeando el nuevo mapa del crimen organizado en la región. Y tendrá repercusiones en Ecuador, donde opera con las bandas Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers, entre otros grupos delictivos locales.

El asesinato de Nemesio Oseguera representa una importante demostración de fuerza por parte del ejército del país mientras el presidente Donald Trump continúa presionando al vecino del sur de Estados Unidos para que tome más medidas para combatir a sus organizaciones de narcotráfico. El asesinato del líder del cártel desencadenó una ola de violencia en las zonas controladas por el cártel, con informes de autos incendiados bloqueando carreteras. En Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco y una de las ciudades sede de la próxima Copa Mundial, se cerraron negocios, se podían escuchar sirenas y helicópteros en el centro de la ciudad, y se advirtió a los residentes que permanecieran en sus casas. Durante varias horas se registraron narcobloqueos con vehículos incendiados en Jalisco y en otros estados como Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes. Esta respuesta es coherente con la doctrina operativa del CJNG: demostrar capacidad de respuesta territorial y enviar señales de cohesión interna incluso en los peores momentos. Pero no engaña a los analistas. Los bloqueos son el último recurso de una organización que ha perdido a su figura de autoridad máxima, no una demostración de fortaleza.

Esta operación no ocurre en el vacío. Ocurre semanas después de que Estados Unidos ejecutara una controvertida pero exitosa operación en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y cilla Flores. En ese marco, Washington advirtió a las autoridades mexicanas que los líderes del narcotráfico estaban en la mira. El operativo fue coordinado entre fuerzas federales mexicanas y el Joint Interagency Task Force-Counter Cartel, que ha trabajado con el ejército mexicano a través del Comando Norte de EE.UU. El mensaje es claro: México respondió antes de que Washington actuara por cuenta propia en su territorio, coinciden en este análisis Zeballos y el especialista en investigación criminal organizada Douglas Farah.

Los coletazos en Ecuador

Jalisco Nueva  Generación (JNG) empezó a tejer rutas para la salida de cocaína desde Colombia por Ecuador en 2014, tras la detención y posterior extradición a Estados Unidos del Chapo Guzmán, entonces capo del cartel de Sinaloa. Aprovechando el vacío de poder por la captura del Chapo, JNG cuajó alianzas con bandas locales para su logística y transporte de coca a Centroamérica y Estados Unidos. Eso implicó el inicio de una guerra por el control de rutas y territorios, de redes, con el cartel de Sinaloa, cuyo brazo operativo son Los Choneros y otros grupos criminales.

Los Lobos son identificados como el principal brazo operativo y aliado del CJNG en el país. También se han reportado vínculos con grupos como Los Tiguerones y Chone Killers, quienes se unieron originalmente bajo la coalición de «Nueva Generación» para disputar el control de los territorios a Los Choneros, cuyo cabecilla José Macías, alias Fito, está preso y enjuiciado en Estados Unidos. Este mismo camino seguirá Wilmer Chavarría, “Pipo”, líder de Los Lobos, quien fue detenido en España y espera su extradición también a EE.UU.  Estos dos acontecimientos han significado el inicio de una nueva fragmentación criminal y una disputa cruenta para reemplazarlos entre algunos de sus subalternos. Esta, según oficiales de Inteligencia de la Policía y el Ejército, sería una de las causas de los asesinatos múltiples ocurridos este último año en Manabí, Guayas y El Oro.

Una familia criminal desmontada pieza por pieza

La muerte del Mencho se suma a un proceso sistemático de desarticulación familiar y orgánica. En 2025, un tribunal federal sentenció a su hijo Rubén Oseguera González conocido obviamente como El Menchito a cadena perpetua y a pagar una multa millonaria; durante ese juicio, antiguos aliados testificaron sobre el alcance político del cártel, incluyendo millones de dólares entregados a campañas electorales estatales.  Su hija Jessica se declaró culpable de operaciones financieras vinculadas al CJNG. Su esposa Rosalinda González fue condenada. La arquitectura familiar que sostenía la continuidad del liderazgo ha sido desmantelada sistemáticamente por la justicia estadounidense. El CJNG llega a este vacío de poder sin herederos claros dentro del núcleo duro.

El CJNG no es una estructura monolítica sino una federación de grupos locales que juraban lealtad al Mencho. Sin su figura de autoridad, es altamente probable que ocurra una fractura interna por el control de las plazas, lo que dispararía la violencia en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.  Y aquí está el verdadero riesgo: el CJNG controla economías ilícitas extraordinariamente rentables —fentanilo, metanfetamina, cocaína, extorsión, trata, contrabando, medicamentos falsificados, etc— con presencia en decenas de países. Ese portafolio criminal no desaparece con el líder; se convierte en un botín que atrae a grupos aliados y rivales por igual. El Cártel de Sinaloa, en proceso de recomposición tras sus propias crisis, intentará recuperar territorios perdidos. Células locales buscarán autonomía. Grupos menores verán la oportunidad de crecer en el vacío.

El Sapo: el sucesor en la mira

En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a tres altos miembros del cártel, identificados como posibles sucesores del Mencho. Entre ellos destaca Gonzalo Mendoza Gaytán, «El Sapo», identificado por la FGR como el posible relevo en el liderazgo del CJNG. El Departamento del Tesoro de EE.UU. lo describió en sus propias designaciones como un miembro de alto rango conocido por sus prolíficas estrategias de reclutamiento para aumentar los soldados rasos del CJNG. Su perfil revela algo importante: no es el sucesor carismático y vertical que fue el Mencho, sino un operador de expansión y recursos humanos. Eso dice mucho del tipo de organización que el CJNG podría convertirse: más horizontal, más fragmentada, potencialmente más difícil de perseguir pero también más vulnerable a disputas internas.

Seamos directos sobre lo que se avecina. Cada vez que cae un líder de esta magnitud, la narrativa oficial celebra el logro —y el logro es real— pero los análisis de largo plazo muestran un patrón consistente: los vacíos de poder en el crimen organizado no producen paz, producen guerras de sucesión. El Mencho fue probablemente el último de los líderes con un control vertical y absoluto, y su caída podría dar paso a una fragmentación en células más pequeñas pero más difíciles de combatir.  Esa violencia no se librará en las salas de reuniones ni en los despachos gubernamentales. Se librará, como siempre, en los barrios periféricos de Guadalajara, en las comunidades rurales de Michoacán, en los municipios de Zacatecas y Guanajuato donde el Estado es una ausencia o, peor aún, una complicidad. Allí donde los grupos criminales ejercen control territorial, gobernanza extralegal, justicia propia y economía informal como única opción de sobrevivencia para muchas familias. Son esas comunidades las que pagan siempre el precio de los ajustes en la cima.

La caída del Mencho es, sin duda, un hito histórico. Pero la historia no termina aquí. En muchos sentidos, apenas comienza el siguiente capítulo, y es probable que sea el más turbulento.

Los criminales rezan, hacen rituales. Piden protección y buscan redención como cualquier persona. Estas prácticas religiosas son mucho visibles en contextos como el ecuatoriano, marcados primero por la carencia y luego por la inseguridad, el miedo y la violencia. En estas condiciones lo que estos niños, jóvenes y adultos atratapados en las redes de las bandas buscan es cobijo, una ilusión o una promesa de seguridad. Una familia que los acoja, un mito, un redentor en quien creer para seguirlo como ejemplo, o como la promesa de una salvación, más allá de la vida. Ese terreno poco explorado de la religiosidad en el mundo criminal es recorrido, a partir de una aguda y osada  búsqueda de hechos con diversas fuentes, en el terreno donde ocurren esos fenómenos sincrético-culturales, en el último libro del investigador chileno Pablo Zeballos “Cuando el crimen reza”, publicado por la editorial Catalonia. Aquí una síntesis de la obra. 

Redacción Código Vidrio

Cuando el Crimen Reza es el último libro de Pablo Zeballos, investigador y analista chileno de fenómenos criminales en contextos locales, regionales y globales. En este texto, la religiosidad de los criminales y sus bandas es el eje central, el hilo conductor de una narración fluida y sólida, documentada ampliamente sobre un fenómeno que está cambiando aceleradamente nuestras sociedades en dimensiones no solo delictivas, sino culturales, políticas, económicas…

Porque los criminales rezan. Creen. Hacen rituales. Piden protección y buscan redención. En contextos marcados, primero por la carencia y luego por la inseguridad, el miedo y la violencia, lo que estos adolescentes, jóvenes y adultos -que integran las bandas- buscan es cobijo, una ilusión o una promesa de seguridad, explicó la escritora y académica Ainhoa Vasquez en la presentación de la obra.

La extrema religiosidad de quienes delinquen también está cada vez más presente en Ecuador y en otros países del la región. En operaciones antidelictivas el hallazgo de objetos religiosos es frecuente. Destaca el de la santa muerte, venerada por los integrantes de grupos criminales, que también practican rituales no solo de influencia cristiana sino de santería africana. José Adolfo Macías, conocido como Fito, líder de Los Choneros, la megabanda más poderosa y antigua del país, era un devoto de Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas. Fito fue capturado el año pasado en una vivienda donde tenía altares religiosos y varias imágenes de Judas Tadeo. Hoy está preso en Estados Unidos a donde fue extraditado.

En ese narcopanteón ecléctico (fusión de creencias religiosas), los fieles de las bandas, devenidas en sectas paganas, pueden pedir tanto que el próximo delito resulte exitoso como simplemente seguir con vida un día más; o, en caso de morir, alcanzar alguna forma de salvación, destaca Vázquez. “Cada santo, cada virgen, cada figura tiene una función específica. Mientras unas protegen y cuidan, otras redimen. Y cuando rezar no basta, hay que ofrendar: alimentos, bebidas, animales… y, otras veces, vidas humanas”.

La devoción, sin embargo, no produce solo efectos concretos, según evidencia Zeballos. La fe también construye identidad, cohesiona, otorga amparo simbólico. Por eso, en muchos casos, los líderes narcos son también guías espirituales: figuras que congregan, que ordenan, que dan sentido a la misión. La hermandad se vuelve familia. Así, el investigador, exoficial de Carabineros de Chile, desmonta uno de los grandes errores analíticos que se han cometido desde la academia: creer que quienes ingresan al mundo del narcotráfico lo hacen únicamente por ambición material. Lo que buscan, ante todo, es identidad y protección. Entregarse al narcomundo, y como en este caso, amparados por la religión, es entregarse a algo más grande que uno mismo, es encontrar un refugio frente a la orfandad simbólica, frente al vacío de sentido que deja la exclusión sistemática.

Este libro demuestra que la religión, en estos contextos, nunca es inocente. ingenua. No lo es en el narcotráfico, pero tampoco lo es en otros espacios de violencia: en las redes de pedofilia que operan en la virtualidad, en los autoritarismos políticos, en las guerras. La religiosidad controla, cohesiona, legitima. Funciona como herramienta de dominación territorial, pero también como lenguaje común que hermana. Por eso, narcos, víctimas y vecinos pueden encontrarse en una misma oración. En un mismo rezo conviven quienes piden por la vida de un secuestrado y quienes ruegan que el secuestro se concrete con el pago acordado y sin violencia. La fe desarma la dicotomía simplista entre buenos y malos: todos pueden sentirse acogidos, protegidos, escuchados, observa Vásquez.

“No es que la religiosidad conduzca al crimen, pero sí suele entrelazarse con él. Los narcos buscan protección divina y legitimidad mística, por eso ritualizan públicamente su fe. En muchos territorios se produce una interdependencia simbólica entre iglesia y narcotráfico: la iglesia ofrece oraciones, acompañamiento espiritual, espacios de reunión; el narcotráfico aporta recursos, seguridad, presencia. En este entramado, el narco puede ser simultáneamente pecador y redimido. Esa es su coartada, que es la misma que tienen, como un bondadoso autoengaño, la mayoría de creyentes. Cualquier pecado es perdonado si llega el arrepentimiento con la confesión rezada o confesada ante el sacerdote, el mediador, muchas veces juez y parte a la vez.  

“Por todo esto, comprender la religiosidad en el crimen organizado no es un lujo teórico, sino una necesidad urgente. Si realmente se quiere disputar ese espacio simbólico, primero hay que entenderlo. No vanalizarlo, no minimizarlo”.

Sobre el método, según describe Zeballos, este es un trabajo lento, minucioso, para el que la mayoría de los estados no tiene paciencia ni voluntad política, porque prefieren resultados rápidos: cifras, decomisos, estadísticas.

Pero hay algo aún más profundo y en lo que pocas veces se repara: esta es también una guerra de narrativas. El narco tiene un relato potente, coherente, que promete lo que el Estado no ha sabido o no ha querido ofrecer: dinero, pertenencia, protección, estatus, sentido. Combatir el crimen no es solo una cuestión de fuerza, sino de desmontar un sistema de creencias que da identidad y propósito a quienes nunca los tuvieron.

 

Así, la académica y escritora destaca tres puntos fundamentales del libro:

-La importancia del conocimiento de primera fuente. No se puede intervenir lo que no se comprende. Zeballos nos da una lección de trabajo de campo humano y comprometido que nos recuerda que entender un territorio implica estar en él.

-La necesidad de investigar desde la sensibilidad. Trabajamos con personas, no con abstracciones. Abandonar la dicotomía de buenos y malos no significa justificar, sino comprender. Preguntarnos qué opciones reales ha tenido quien delinque y reza al mismo tiempo. El crimen, muchas veces, no es una elección libre, sino una reacción al abandono, pues llega antes y con más claridad que cualquier política pública.

-La religiosidad criminal es un campo simbólico que exige ser interpretado. Es una dimensión narrativa, lingüística, poética, que no nos entrega respuestas cerradas, sino preguntas incómodas y necesarias. Zeballos se atreve a formularlas desde una humanidad profunda, hablando en el mismo código simbólico que analiza. En este mismo sentido, resuena profundamente una de sus conclusiones: “Urge reconstruir los lazos familiares y comunitarios que den a nuestros niños la contención y oportunidad que merecen, para que nunca más un menor empuñe un arma convencido de que matar es su destino”.

Porque cuando el Estado se retira, cuando la familia se fragmenta y la comunidad deja de contener -reflexiona Vásquez- la religión aparece como uno de los pocos lenguajes disponibles para nombrar el dolor, el miedo y la esperanza. “Para muchos niños y niñas que crecen en territorios capturados por el crimen, la fe no es un dogma sino un refugio simbólico: una promesa de cuidado, de sentido, de destino. Y el problema no es la creencia en sí, sino que ese anhelo legítimo de protección y pertenencia sea capturado por estructuras criminales que ofrecen respuestas rápidas donde solo hay abandono.

La guerra contra el narcotráfico no se ganará con más violencia, sino devolviendo a esas niñeces precarizadas la fe en un futuro distinto, en la posibilidad real de una vida digna. Comprender esta relación entre niñez, precariedad y religiosidad no es solo un ejercicio analítico, sino una urgencia ética. Esta es una de las premisas e invitaciones que nos hace Pablo: tenemos que ser capaces de ofrecer a esas niñeces un horizonte de sentido distinto, una comunidad que cuide… esa es la única forma en que prime la fe en la vida antes que en la muerte”.

ENTREVISTA. En medio de críticas por una supuesta cercanía a los intereses políticos del gobierno, el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, defiende la independencia de su gestión y de la institución que dirige. Niega cualquier cercanía o sumisión al régimen o a cualquier poder. Asegura que no tiene ninguna animadversión si sesgo contra militantes del correísmo, desde donde recibe duras críticas. En especial ha sido atacado por importantes figuras de ese movimiento, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la cabeza. Él fue detenido ayer martes dentro de una investigación por supuesta delincuencia organizada y espera una audiencia de formulación de cargos ante un juez anticorrupción, en Quito. Álvarez también fue llamado a juicio en el proceso Triple A, por tráfico de combustibles, que investigó el fiscal Alarcón, un año antes de ser designado fiscal subrogante. Otro caso que impulsa la Fiscalía involucra a la excandidata presidencial de la RC, Luisa González, Andrés Arauz, Rafael Correa, dos de sus exministros de Economía y el exasambleísta Santiago Díaz, quien está colaborando en la investigación de un presunto financiamiento ilegal a la campaña de ese movimiento en 2023, con fondos provenientes del gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro. La cooperación de Días habría empezado a fines del año pasado, mientras también enfrentaba un juicio por supuesta violación a una niña de 12 años, por el cual esta preso.         

–El alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, acaba de ser detenido y traído a Quito para formularle cargos, acusado de un supuesto delito de delincuencia organizada por la Fiscalía, que ha pedido su prisión preventiva. Es el segundo caso que él enfrenta desde el año pasado cuando fue procesado en el juicio Triple A. Él y su defensa, así como los partidarios del correísmo del que es parte, alegan una persecución política sistemática como una retaliación porque mantienen una lucha frontal contra el gobierno, al que supuestamente no se investiga con la misma prolijidad en varios casos de corrupción. Hace pocas semanas se inició la indagación Caja Chica que involucra también a personajes influyentes del correísmo. ¿No se ha direccionado políticamente la investigación a integrantes de ese movimiento? ¿Cuán sólidos son los casos en contra de algunos de sus miembros?
El caso Triple A se inició por una denuncia de la ARCH, por un presunto delito de comercialización ilegal de combustibles y yo empecé la investigación, la etapa de instrucción fiscal y llegué a la etapa de la audiencia preparatoria de juicio. Y actualmente hay un pedido del fiscal que asumió esa investigación de que el tribunal anticorrupción fije fecha para pedir la prisión del alcalde Álvarez, por no usar el grillete electrónico, que había ordenado el juez de la causa. En la audiencia preparatoria de juicio, donde yo intervine, entre junio y julio del año pasado, cuando era fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, le expuse al juez todos los elementos de convicción que había recabado para que  establezca si llama o no a juicio a los procesados. En vista de que las pruebas y el caso eran sólidos, el 19 de julio pasado, el juez anticorrupción Renán Andrade llamó a juicio a 16 personas naturales y a seis empresas contra las que presenté un dictamen acusatorio. Es decir que existieron elementos claros suficientes para que el juez, que es garantista del debido proceso, decidiera llamar a juicio a estas personas. Destacó que en esta audiencia se analizó y descartó posibles vicios que pudieran afectar la validez del proceso. Es más, solo una defensa alegó una supuesta nulidad, eso quiere decir que los otros abogados estuvieron de acuerdo con el debido proceso y la objetividad en la investigación.

-¿Pero constantemente, durante los casi 15 meses que ha tomado este proceso, el alcalde Álvarez y su abogado Ramiro García han alegado que se trata de una persecución política, sin evidencias contundentes, orquestada por el gobierno?
La Fiscalía general no persigue personas, persigue delitos. Eso está demostrado plenamente en el caso Triple A. No existe ninguna persecución política, el expediente es completamente sólido, lo cual se evidencia en el avance del juicio.

-En noviembre pasado también se abrió una investigación y el 28 de enero último se allanaron los domicilios de varios dirigentes del correísmo, incluida la excandidata presidencial Luisa González, Andrés Arauz, y el asambleísta Patricio Chávez. Ellos son sospechosos de una supuesta delincuencia organizada, que indaga si la campaña del 2023 fue financiada con fondos entregados por el gobierno de Venezuela. Esas diligencias son parte del caso Caja Chica, en el que también está involucrado el exasambleísta separado de la RC, Santiago Díaz, quien estaría colaborando con información sobre este caso. Los indagados y otros líderes del movimiento de Rafael Correa denunciaron también persecución y negaron cualquier financiamiento. ¿La Fiscalía tiene pruebas, indicios sufícientes que justifiquen una intervención de esta magnitud?
Sin indicios sólidos no habríamos abierto esta indagación. En este caso recibimos una denuncia por medio del buzón de la Unidad de Transparencia, donde cualquier persona puede denunciar. Así, el siguiente paso fueron los allanamientos porque tenemos información, con datos específicos, relacionada con los indagados de una persona que está colaborando con la Fiscalía.

 –Según se ha conocido los datos y detalles de las transferencias y viajes que se hicieron desde Venezuela y quienes fueron los responsables están siendo proporcionados por Díaz, que era uno de los que coordinaban esas operaciones por su cercanía con Correa. Él estaría colaborando con la Fiscalía para obtener una rebaja en su pena. Incluso cuando acudió recientemente a dar su versión declaró a los medios que trasladó dinero desde Venezuela por disposición del expresidenteCorrea. ¿Él es el colaborador que está aportando esas evidencias?
Lo único que le puedo informar es que estamos accediendo a información relevante que no puedo revelar porque es una indagación previa. Sobre eso no me puedo pronunciar.

-¿En su actuación como fiscal general usted ha preferido mantener un perfil bajo, parecido al del exfiscal Wilson Toainga, pero muy distinto al de Diana Salazar que tenía una política de comunicación potente y de gran exposición mediática?
Prefiero ser más cauteloso y reservado, no me interesa figurar, soy un funcionario de carrera, que ingresé en 2007.

-Pero ahora es fiscal general subrogante, es un cargo de mucho poder e influencia. Y entiendo que usted también estaría interesado en participar en el concurso para el cargo de Fiscal general, cuyo concurso está en marcha. Si es así, ¿Por qué participaría, cuáles serían sus razones?
En este momento estoy enfocado en mis funciones, en calidad de Fiscal General del Estado, al 100%. Debo atender los casos en tribunales de justicia, en Corte Nacional de Justicia y la situación administrativa. Si participaría o no lo estableceré en su momento adecuado. Pero si decidiera participar no será por un capricho, ni por querer sobresalir por vanidad; sería porque, como ya lo dije en algún momento, me siento preparado para tener la calidad de Fiscal General del Estado titular. Es más, considero que hay muchas personas que también están preparadas y que deberían concursar, porque esto es un apoyo al país, no a la persona, no a mi.

-Hay un tema que es recurrente y sale a la luz en estos procesos, que genera preocupaciones y críticas porque ya hemos tenido fiscales que han sido muy cercanos al poder político. ¿Cómo  puede usted garantizar que mantendrá una autonomía e independencia en la Fiscalía, en medio de las presiones naturales que llegan de todos los sectores, no solo del poder político, sino de otros sectores?
Yo no me siento sesgado ni subyugado por ninguna persona. La Fiscalía General es autónoma y en este caso yo la represento, no soy cercano a ninguna persona, a ningún grupo o partido, ni al poder político de turno en el Ejecutivo. Yo me debo a la ciudadanía. Y tal vez la pregunta que me hace es por cuánto yo he llevado algunos casos que precisamente se quiere hacer creer a la ciudadanía erróneamente que soy un fiscal cercano al poder y eso es completamente falso. Lo descarto tajantemente.

-¿Cuáles son sus credenciales para probar esa indepedencia?
Lo he demostrado a lo largo de mi carrera y he estado aquí estudiando los expedientes, investigando, no son solo palabras. Lo he demostrado en los juzgados, en los tribunales. En los expedientes fiscales, en las etapas procesales que hemos pasado para obtener las diferentes sentencias. Yo mantengo mi independencia, soy el Fiscal General encargado en este momento, y actúo como tal, de manera objetiva. No permito que nadie me presione y me diga lo que tengo que hacer.

-¿Qué encontró al asumir el cargo en circunstancias complejas que vive el país por la criminalidad, por el narcotráfico y otros delitos transnacionales, en medio de un ambiente político siempre caldeado?
Al llegar a la institución, he pasado algunas audiencias, así como también he podido observar que al interior estaba un poco desprotegida en el campo de las funciones que realizamos los agentes fiscales y su personal. Por lo tanto, también llegué a conocer casos que ya fueron tratados por las anteriores autoridades, como los doctores Salazar y Toainga. Estos casos siguen todavía en diferentes etapas, algunos aún deben resolverse en última instancia. No obstante, ya en calidad de Fiscal encargado, he formulado cargos hacia una persona por un presunto delito de abuso sexual, que goza de fuero de Corte Nacional.

-Al asumir el cargo, usted también ha realizado cambios importantes de personal, de fiscales de unidades especiales, con gran experiencia, como la Unidot, Fedotti y Anti Lavado de Activos. ¿Por qué cambió a esos fiscales, incluido al doctor Toainga qué tenían tanto conocimiento de investigaciones complejas de crimen transnacional?
Lo que buscamos es un oxigenamiento de la institución. En este contexto, a los compañeros fiscales que estaban ya más de cinco años en las mismas unidades era importante desde mi perspectiva que tegan la oportunidad de estar en otras unidades, donde pueden aportar con todo su conocimiento. Y estas fiscalías especializadas son a nivel nacional. Llevan casos de alto impacto. En este contexto existen también otros compañeros que tienen mucha experiencia y probidad para trabajar en estas unidades. Incluso hemos fortalecido y creado otra unidad especializada más.

-Un problema estructural, sistémico, que afecta a todo el estado es la corrupción. ¿Cómo están enfrentando casos de fiscales y funcionarios que cometen delitos?
Así es. Han existido ilícitos de agentes fiscales y efectivamente se ha actuado, se han abierto diferentes instrucciones fiscales y audiencias de juicio en contra de ellos porque han caminado fuera de la norma. Han sido cooptados por otros intereses que no son los de la justicia, que es el bien común para la sociedad.

-¿Pero existen resultados, hay sentencias?
Sí, se ha llevado procesos en contra de fiscales, ya existen sentencias en contra de algunos por delincuencia organizada, por concusión, por cohecho, por enriquecimiento ilícito. Esto se ha trabajado al interior de la institución. Algunos casos se han llevado en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en donde yo fui coordinador durante seis años. Duele decir esto porque hemos procesado a quienes fueron nuestros compañeros, pero es nuestro trabajo, es nuestra obligación hacerlo. Así investigamos delitos que generan mucha conmoción social y más allá de aquello luchamos contra un gran poder económico y político es decir los llamados delitos de cuello blanco.

ENTREVISTA. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, confirmó que la suspensión la minería en Napo es un plan piloto que se replicaría en otras provincias críticas del país. Además reveló que hubo filtración de información días antes de las intervenciones en Portovelo, donde la semana pasada cerraron diez plantas de beneficio, aunque se había previsto suspender las operaciones en 24 de estas facilidades, que registran incumplimientos permanentes, en medio del descontrol sistemático de las autoridades durante años. No obstante, explicó que avanzaron con los cierres en Portovelo con base en estudios científicos que prueban la contaminación de los ríos Calera y Amarillo, con cobre, plomo, arsénico, cadmio y cianuro, arrojados por las plantas. Manzano ratificó que las 208 plantas que procesan minerales en el país empezaron a ser auditadas, para impedir que arrojen contaminantes a los ríos ni procesen oro de fuentes criminales. Los mineros ilegales y los grupos delictivos extendieron la explotación minera, de nueve a 12 áreas protegidas, en un año, incluido el parque Podocarpus, en Zamora Chinchipe, devastada por la explotación de oro en los ríos.

Por Arturo Torres

-La decisión que usted acaba de tomar de suspender todas las actividades de minería en Napo y de cerrar plantas de beneficio, donde se procesa el oro en Portovelo, no tiene precedentes. ¿Por qué fue tan radical?
Primero porque es un golpe directo a la minería ilegal. Recuerde que las plantas de beneficio están al final, o sea, al final del proceso de la explotación del mineral. Y segundo es un tema también de seguridad, porque el bloque de seguridad tiene la misión de tratar de que todo el Ecuador tenga esta estabilidad. Pero mientras tengamos todavía un flujo de dinero de minería ilegal hacia estas bandas delictivas o grupos delictivos de la minería ilícita, su trabajo -el de la fuerza pública-, es cuesta arriba.

-¿Entonces, eso también implica que se aplicarán controles severos a la extracción, compra de minerales y comercialización del material mineralizado en todas las plantas, antes de la salida de la comercialización y  exportaciones de oro y otros minerales refinados. Ahí es donde se refina y lava todo el oro sucio que proviene de fuentes ilegales?
Ahí se lava la minería ilegal. Y el problema que han tenido es que sus propietarios, accionistas y personal no han sido controlados. Lo segundo, la comercialización del mercurio, que varias plantas emplean, en Ecuador está prohibida, no hay posibilidad de que nadie lo tenga. Pero los mineros ilegales lo emplean en grandes cantidades. Si descubro una planta con mercurio, sencillamente es ilegal y debe cerrarse.

-¿Y eso es una causal de sanción y de suspensión para cualquier planta que use mercurio y otros químicos y metales prohibidos, que causan daños en los ríos y el ambiente, enferman a los habitantes, a las especies?
Exacto. Por eso se cerraron diez plantas en Portovelo, por la gran contaminación que causan con el uso de químicos y metales prohibidos. Y lo otro que hicimos, porque todo esto fue planificado con tiempo, hemos estado mirando, digamos, todas las áreas concesionadas, porque aquí está interviniendo todo el Ministerio de Ambiente y Energía. Es la primera vez que los cinco sectores estratégicos están juntos lidiando con el tema para enfrentar la minería ilegal y sus consecuencias graves para el ambiente. Sacamos los muestreos de agua de los ríos. Eso se hizo desde hace dos semanas. Y todo eso luego fue decantado en un análisis de laboratorio. Pasaron diez días, más o menos, hasta que tuvimos la información confirmando la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles, en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango Tumbes.

-¿Qué pasa con los ríos Pindo y Puyango en esta región?
Ambos ríos también tienen grandes niveles de contaminación, que incluso traspasa los límites territoriales y llega hasta Perú.

-Otro caso dramático es el de los ríos de Zamora Chinchipe, donde hay una gran devastación, así como el daño a las poblaciones, también con secuelas en ambos lados de la frontera.
Así es, el daño y la contaminación también se extienden a grandes zonas de Zamora, donde las FF.AA. están haciendo operaciones constantes para destruir maquinaria y campamentos de mineros ilegales.

-¿La resolución que declara la suspensión en Napo y el cierre en las plantas en Portovelo se tenía lista hace varias semanas y se aplica la semana pasada, también en medio de cuestionamientos sobre la demora en la decisión?
Yo tenía preparada la resolución desde hace, tal vez, varios meses. Pero estaba esperando contar con todas las pruebas científicas, los análisis técnicos, evidencias irrefutables sobre la contaminación de los ríos, para que los afectados no se nos vengan encima con las protestas de siempre. Lo de Portovelo es un golpe directo a las mafias de la minería ilegal, a los grupos criminales que trabajan con ellos y a los funcionarios que han sido sus cómplices.

-¿En el caso de El Oro, en las plantas de refinación de Portovelo empieza la contaminación?
Precisamente comienza la contaminación el momento en que los desechos tóxicos salen con el agua que se emplea en las plantas para procesar el mineral aurífero, ahí es cuando los metales y químicos empiezan a circular río abajo. Río arriba no existe esa contaminación.

–Pero el papel que muchas plantas de Portovelo cumplen para procesar oro de fuentes delictivas es apenas la punta del iceberg. Entiendo que las decenas de plantas de beneficio del país, incluidas las de Camilo Ponce Enríquez, también deben entrar en proceso de revisión, de una auditoría, que nunca antes ha existido, por cierto. Ya sea por corrupción de las autoridades o por las limitaciones de la Arcom, que fue mermada en sus facultades desde 2020, en medio del crecimiento de la criminalidad en esas zonas.
Sí, serán auditadas y controladas las 208 plantas de beneficio que existen en el país. Solo en Potovelo hay 80. Y eso hace que también las mismas plantas o refinierías donde se tritura, procesa, lava, filtra y funde el oro entiendan que no pueden arrojar el agua contaminada del proceso directamente a los ríos, lo cual está prohibido por la ley. Y que no pueden procesar minerales de fuentes ilícitas.

-¿Pero qué mecanismo empleaban para que esto no se visibilice, en las pocas inspecciones que han realizado las autoridades, especialmente después de la pandemia?
Ocultaban los desechos subfluviales, las descargas contaminadas de las aguas empleadas para lavar el mineral. En las plantas que hacen minería legal eso no ocurre. Hablo de las empresas que cumplen con sus obligaciones. Pero en otras han operado siempre al margen de la ley, sin licencias ambientales.

-¿El cierre de las plantas en Portovelo fue simultáneo?  
La Arcom empezó a cerrar las plantas en base a revisión documental, de licencias, auditorías ambientales y otros requisitos que no cumplían y con lo que empezamos a determinar en el monitoreo ambiental de la contaminación de los ríos. Con todos esos soportes se cerraron diez plantas. También esperamos la acción del Viceministerio de Ambiente para que comience a hablar de los procesos administrativos. La contaminación ambiental, de acuerdo a la Constitución, no prescribe y es causal para cierre y suspensión de concesiones mineras. Este delito tiene la reversión de la carga de la prueba. O sea, ellos tienen que probar que no contaminaron.

-Pero cuando Ambiente o Energía han intervenido para sancionarlas, las empresas que contaminan han acudido a la ley e infinidad de recursos y garantías que los amparan para inmovilizar la acción del Estado. A jueces, funcionarios y autoridades seccionales, que compran y tienen en el bolsillo. Siempre vuelven a operar. 
Hay un fundamento importante, se conoce como la responsabilidad objetiva que estamos aplicando para que no puedan ampararse en ese entramado y legal. Es decir, no importa si tú has presentado tu licencia ambiental en orden, si tienes todas tus auditorías en orden, si cuentas con los informes, los reportes anuales. Todo está muy bien en los papeles.

-¿Esa es la coartada perfecta que empresas vinculadas a actividades ilícitas de minería han tenido para seguir operando en la impunidad?
Sí, para ellos ha sido fácil obtener todos los documentos corrompiendo a los funcionarios en las zonales de Arcom y el viceministerio. Pero ahora ese ya no es un obstáculo, no es relevante porque la evidencia técnica de los monitoreos del daño y contaminación en los ríos es fulminante. Y con eso no tienen excusa alguna; por eso aplicamos la responsabilidad objetiva, basados en la Constitución y el Código Orgánico.

-¿Debe haber sido una decisión difícil porque hay muchos intereses en juego, sectores poderosos afectados, hay gremios mineros que ya están protestando en Portovelo, presionando para que se reviertan las suspensiones?
Así es, pero para mala suerte de los ilegales tienen una ministra que es ambientalista y abogada al mismo tiempo.

–Con esta figura legal de la responsabilidad objetiva se puede desbaratar este monstruo descomunal de cientos de leyes y reglamentos, de infinidad de recursos, creado muchos años atrás por clanes mafiosos, para facilitar la corrupción, inmovilizar al Estado. ¿Cree que se puede mantener, en medio de la oposición de tantos grupos?
Sí. Y se rompe por decisión política de este gobierno, porque siempre se pudo haber hecho. Es solo una toma de decisión política impulsada por el presidente Daniel Noboa contra la minería ilegal basada también en los principios de precaución y de prevención que están en la Constitución, así como los derechos de la naturaleza, del agua. El agua, al final del día, es para el consumo humano, es para los animales, para las plantas, para el riego, para los temas eléctricos, obviamente hidrocarburos, etcétera, y para la biodiversidad. Entonces yo estoy cogiendo el agua como el hilo conductor del desafío para impulsar y fortalecer la minería legal, bajo estándares ambientales. Cuando yo asumí el cargo una de las cosas que hablábamos con el Presidente fue que el agua tiene que volverse el eje estratégico y transversal.

-¿Entonces el centro de gravedad criminal en estos casos han sido las plantas de beneficio?
En las plantas todo se basa en la presentación de documentos, que no se han verificado por las autoridades en el terreno. En el proceso que ejecutamos las semanas previas  se había previsto cerrar 25 plantas de beneficio. Pero cuando fuimos a los sitios resulta que de las 25 solo pudimos suspender 10 porque las otras mágicamente habían obtenido en pocos días formalizaciones en su licencias, las auditorías habían tenido los papeles que no poseían.

-¿Les filtraron la información de lo que iban a ejecutar los cierres?
Claro, entonces tengo el enemigo en casa, que avisa y que cuando uno hace estas incursiones entonces obviamente la mitad te sale preparado, que está todo en orden y de las 25 solo suspendimos menos de la mitad. Eso me dio la total certeza, ya con los estudios de la contaminación, de que este no era un tema documental sino fáctico de corrupción.

-¿Sin embargo ustedes avanzaron con el cierre?
Así es. Por eso, ahora todos están alborotados porque es una decisión apoyada íntegramente por el Presidente. Es una decisión que tenemos meses conversando de cómo se haría, cuál es la mejor manera, cómo tenemos que reaccionar, dónde está la parte que hay que entrar e ir solucionando. Hay plantas de beneficio que yo tengo, un par de nombres, que lo están haciendo bien y que nosotros debemos proteger. Y lo otro en Ecuador acabamos de aprobar unos fondos para hacer los estudios de una planta de beneficio del Estado, de ENAMI.

-¿No está previsto construir una refinería del Estado?
Sí, tenemos unos fondos para el estudio de la refinería de oro del Estado. Queremos ser la refinería, el hub de oro de toda la zona andina donde hay oro y que podamos tener la trazabilidad adecuada para que la minería legal sirva para el desarrollo del país. Lo podemos hacer con estas dos medidas que hacemos al mismo tiempo: una es en el momento cuando termina la trazabilidad de las plantas de beneficio, que tienen una capacidad, entre la más pequeña de procesar de 30 toneladas, a la más grande, de 300 toneladas, por día, en pequeña minería. Queremos construir grandes refinerías para refinar miles de toneladas siguiendo todos los parámetros para no contaminar los ríos. Así incentivaremos a los empresarios legales, para que inviertan en el país. El oro ilegal no tendrá por donde salir porque automáticamente con los controles que estamos haciendo solo podrán sobrevivir las empresas que cumplan los planes de acción. El Estado lo que quiere es asegurarse es que por lo menos esas mil toneladas que podamos procesar vienen de minería legal y van directamente a una refinería de oro para poder ser exportadas.

-¿Es decir que con la trazabilidad ya se sabrá que esas plantas procesan oro de fuentes legales o ilegales?
Es la mejor forma de acabar con el lavado del oro sucio. También hay titulares que han denunciado actividades de ilegales en sus concesiones, pero controlar lo que se hace en todas las áreas es físicamente imposible, al menos hasta que tengamos la tecnología para hacerlo. Entonces el embudo para empezar a frenar estos delitos está en el verdadero control de las plantas, porque ahí convergen todos los materiales y de ahí ya salen para su comercialización.

-Ahí es donde ocurre el milagro, la alquimia que aprendieron las mafias mineras para convertir el oro sucio en plata, en miles de millones de dólares, con la complicidad de autoridades. Pero los últimos años también se está lavando en las exportaciones de concentrado de oro.     
-En ese sector es donde también tenemos que apretar porque si la gente ve que ya no podrá con sus delitos por las medidas en las plantas encontrará una vía por las exportaciones de concentrado de oro.

-¿Y cómo van a trabajar con las comunidades que hoy no tienen agua? Precisamente una de esas poblaciones que hemos visitado hace pocas semanas es Capirona, en Napo, que ya no puede usar el agua del río por los grandes niveles de contaminación. Reciben el líquido de un tanquero, una vez por semana. Sus habitantes padecen enfermedades cutáneas y otros males que no pueden atenderse porque no tienen centros médicos?
Vamos a visitar esas comunidades, para ver sus necesidades, y trabajar de forma coordinada para darles los servicios que necesitan. Porque tenemos justamente para desarrollar un proyecto que se llama Fogapri. Son 75 millones de la CAF para apoyo a los poblados rurales, para agua potable, para saneamiento y riego. Desde el Ministerio ayudaremos a esas comunidades con esa propuesta. Este año tenemos como 20 proyectos entre comunidades rurales que han podido presentar. Pero yo le puedo abrir un espacio también a Capirona.

-¿El impacto de la suspensión es en toda la provincia de Napo?
Sí. No es solo el río Napo sino todos sus afluentes. Realmente es una decisión fundamental, con la cual me siento feliz.

-¿Pero cómo enfrentarán a los que se oponen, incluidas algunas de las comunidades y campesinos que viven de la minería ilegal y legal?
Es una decisión dura, en la que necesitamos el acompañamiento de todas las comunidades. Que entiendan que lo hacemos por ellos. Que no estoy haciéndolo solo por el pajarito, por la fauna. Es por sus habitantes, por el agua en la que ya no hay vida. Por eso recalco que no hay otro eje más importante para mejorar la vida del Ecuador que no sea el agua, para darles un verdadero bienestar a los habitantes, para bajar la pobreza, que es la principal aspiración del Presidente. Por eso una de las tareas fundamentales que haremos es ir a Napo para buscar aliados entre los habitantes, que han resistido y se oponen a la minería ilegal.

-¿Cuáles son los siguientes pasos tras la suspensión?
Vamos a hacer varias cosas con diferentes entidades. La Arcom deben ir al territorio para aplicar y verificar el cierre de todas las operaciones de minería, que están suspendidas completamente. Simultáneamente la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA y el Viceministerio de Ambiente harán los análisis de los sedimentos y la calidad del agua del río y sus afluentes. Se aplicará también una protección hídrica, que toma alrededor de 90 días, pero le hemos dado 30 días. Así podremos verificar el uso del suelo con la participación de los gobiernos locales y nuevamente de las comunidades. Aspiramos a dotarles, por ejemplo, de plantas de agua potable, que deberán hacer un tratamiento extraordinario porque deben filtrar metales pesados, que yacen en los lechos del río.

-¿Y cómo se realizará el proceso de recuperación?
Tenemos un programa en el Viceministerio de Ambiente que se llama PRAS, de remediación ambiental y social que se orientará para remediar daños por minería ilegal. Y Arcom avanzará depurando controles in situ y documentales.

-¿Si los procesos de revisión oficial han permitido la ilegalidad, cómo se puede garantizar que eso no vuelva a ocurrir?
Pues sí, desde el estado lo ilegal se hizo legal porque tenemos unos procesos súper engorrosos heredados, porque no hemos podido ser ágiles y entender que el dinero, el presupuesto del Estado, tiene que estar en estas cosas.

-¿Pero el Gobierno impulsa varios proyectos mineros de gran escala, lo cual suena contradictorio con al defensa del agua?
Creemos que la minería es un puntal para el desarrollo del país. Yo sí estimo que se puede hacer una minería legal responsable; entonces tenemos que atacar a la minería ilegal, porque se nos están llevando los recursos, pero además al llevarse los recursos es como elefante en cristalería. Van arrasando con todo, dañando todo.

–En estos casos, ¿Va a pasar algo con la responsabilidad de los titulares mineros que no hicieron lo que tenían que hacer. Habrá una consecuencia legal. Porque, por ejemplo, hay dueños de concesiones que en lugar de explotar sus concesiones, las negocian, a través de la entrega de contratos de operación a mineros ilegales ilegales, incluso narcos. ¿Habrá alguna intervención?
Claro, y el inicio es la resolución que acabo de emitir la semana pasada. Todo está suspendido. Ya veremos un desfile de gente tratando de sacar el cuerpo, de deslinar su responsabilidad. Eso, por ejemplo, lo hicimos de manera frontal con la empresa china Terraearth, cuyas operaciones en 130 hectáreas están paradas completamente en Napo, desde el año pasado. Se suspendieron las actividades, ellos presentaron un plan, etcétera, pero es porque tienen unos cinco contratos de operación para seguir actuando en otras concesiones. Yo no quiero contratos de operación.

-¿El mayor problema se focaliza en las operaciones ilegales en la pequeña minería?
–Es la minería que ha acabado con los ríos, que está acabando en nuestras áreas protegidas. Porque, ojo, cuando yo entré en septiembre del 2024 había nueve áreas protegidas con minería ilegal. Hoy tengo doce áreas con minería ilegal.

-¿Eso ocurrió apenas en un año?
Es un avance rapidísimo. Eso pese a que hemos aumentado el control, en el 2025 hemos tenido operativos constantes, con el direccionamiento del Conim, que es el Consejo Minero.

-¿Cómo coordinan las operaciones?
Obviamente desde mi lado, que es el de ambiente y energía, de minería, nosotros tenemos la información, y también la tiene inteligencia militar. Activamos alertas desde varios frentes para que se planifiquen operaciones. Entonces las Fuerzas Armadas automáticamente hacen lo que debe hacer, que es ir, destruye las bocaminas, y obviamente nos va reportando.Por ejemplo, les dije, Muyuyacu en Camilo Ponce. Quiero que recuperen Muyuyacu de los ilegales. Muyuyacu es del estado. Es una concesión minera de oro, de Enami. Sacamos a los disque socios que habían ahí, que nunca nos pagaron un centavo. Un centavo a Enami los hemos sacado. También hemos intervenido con FF.AA. para sacar a los grupos criminales del proyecto Río Blanco en Azuay, donde han estado desde 2018 extrayendo oro, cuando se suspendieron las operaciones de la empresa Ecuagoldmining, con la que ahora tenemos un arbitraje por 480 millones.

 –¿También han expedido regulaciones, han dado resultados?
Son varias normativas y reglamentos que hemos sacado desde ARCOM, por ejemplo con el tema de la maquinaria amarilla, de las excavadoras, hemos sacado el tema de cuando ellos reciben el material y decomisado y lo pasan al ENAMI. Los esfuerzos han sido titánicos porque dentro de mis instituciones yo estoy segura que sigo teniendo al enemigo dentro y vamos a seguir depurando. En breve ARCOM xeberá hacer algo extremo.

–Un tema medular ha sido la corrupción persistente dentro de todas las instituciones de control, como Arcom, que utilizan estos mecanismos legales que saben todo al revés y al derecho para beneficiar a los clanes mafiosos de la minería ilegal y perjudicar a las empresas legales, que son perjudicadas por la invasión de sus concesiones por mineros ilegales. ¿Hay un plan específico para enfrentar esto, porque se conoció la semana pasada que varios funcionarios fueron separados porque no pasaron pruebas de confianza como el polígrafo?
Las pruebas de confianza, con el empleo del polígrafo, comenzamos el año pasado en el viceministerio de Minas. Sacamos el 40% del personal. Fue un resultado drástico.

-¿Entonces salió el 40% del personal en el Viceministerio?
Sí. Ahora estamos también enfocados en la depuración de las direcciones zonales y en la Arcom donde también fueron separados jefes que no quería acatar nuestras disposiciones para controles específicos.

-¿Pero es una medida puntual o se mantendrá en el tiempo, ya que el riesgo de que un funcionario sea corrompido es permanente?
Por supuesto, será constante. No puede ser una sola vez. Se aplicará como mecanismo sistemático.

-¿Y qué pasa con los patrimonios de quiénes han sido separados, los han investigado. Hay funcionarios que tienen ingresos que no se justifican de acuerdo a sus sueldos, según hemos denunciado?
De eso se encarga el Comité Nacional de Integridad para el Sector Minero (Conim).

-¿Pero en esa tarea qué papel está realizando la Contraloría, que hasta ahora no ha emitido ningún informe o pronunciamiento al respecto, que se conozca?
Contraloría no ha entrado. Me encantaría que entre en estas cosas tan álgidas y que comience a trabajar en esto, que es importante como su responsabilidad. Creo que lo importante es que Contraloría se alinee también para que entienda todo el proceso de la minería y la trazabilidad y ahí ellos intervengan en instituciones que no están haciendo bien dentro de este proceso.

¿Cómo lograron identificar al personal que podía estar contaminado o no estaba cumpliendo con su trabajo de forma premeditada?
Eso ocurrió cuando ya tuvimos señales de problemas con el abuso de los registradores mineros, que tenían excesivo poder para inscribir concesiones y contratos en las provincias, así decidimos normar claramente esas atribuciones que están centralizadas en la Arcom en Quito. Cambiamos el tema del registrador minero porque en Zamora Chinchipe había uno que decidía que él se iba a su casa con el libro de inscripción de concesiones y contratos escrito a mano, debajo del brazo. Nada podía hacerse en las provincias si él no estaba. Un día tuve que yo personalmente decirle que desgrafique el área y saque lo de Cumbaratza que estaba perjudicando al Estado, pero no lo hizo porque se sentía inmune, protegido por los jueces. Hoy está fuera. La regulación se hizo para que los registradores controlen todo. Tenían más poder que sus jefes, en las direcciones zonales.

Claro, por eso los conocían como los dioses de la Arcom.
Pero, al final, todas esas decisiones han ido surtiendo efecto. Son duras, pero firmes y digamos que llevan a un objetivo. Entonces, si vemos todo lo que se ha hecho en minería desde fines del 2024 hasta ahora, se ve claramente un objetivo de sinceramiento de esta actividad, que la minería ilegal pierda cada vez más espacio.

-Por otro lado, volviendo a las plantas también hay muchas de estas facilidades que procesan minerales de explotación delictiva en Camilo Ponce Enríquez, donde la minería ilegal afecta a empresas legales abriendo bocaminas en sus concesiones ¿Qué harán en estos casos?
Seguiremos los mismos procedimientos que en Portovelo, que es un plan piloto, al igual que Napo. Estamos midiendo las reacciones y acciones de quienes han sido afectados para saber lo que debemos ajustar en cada institución. Napo no debería de tener nada de minería aluvial, nada, porque es prohibido hacer minería al lado del río. Si todo sale bien en Napo debemos llevar la intervención a cierta zona de Zamora Chinchipe, hacia el sur, en la frontera con Perú.

¿Esa es una zona crítica?
Así es, hay que tener mucho cuidado, porque ahí todavía hay minería artesanal, con el antecedente de Nambija,, con miles de personas dedicadas a esas actividades.

También operan bandas delictivas de Ecuador y Perú, que están enfrentadas o pueden ser aliadas.  
Sí, exacto. Entonces hay que atacar hacia abajo estas actividades, hacer que la gente reaccione y diga no puedo seguir haciendo eso no puedo seguir llevándome el dinero del estado sin pagar, sin que existan unas consecuencias. De hecho el proyecto de nueva ley de minería está tratando de que el minero artesanal pueda migrar a ser un pequeño minero, que tenga la aspiración de ser pequeño minero porque no puedo quedarme con el pequeño minero durante 15 años de su concesión. Esta a flor, porque el impacto de miles es desastroso. Necesitamos que tengan la gana de crecer que nosotros podemos ayudar con capacitación, con apoyo. Que aspiren a formalizarse para poder crecer y hay que obviamente ser cuidadosos con el tema ambienta.

¿Y cómo están enfrentando el problema de los recursos para financiar todas estas operaciones, cómo van a hacer para enfrentar todo esto. Habían anunciado que la tasa minera se emplearía para combatir la minería ilegal. Se está pagando la tasa minera, como esperaban?
Se ha pagado no lo que quisiéramos pero hay que tener presente que que los pequeños en minería pagan una vez al año y deben pagarlo ahora o sea debe cubrir lo del año pasado, lo debe cancelar en este en este mes que pasó. Luego las empresas de gran minería no han pagado. Han hecho algo que nos parecía correcto que han estado acumulando hectáreas y como la tasa de minera es por hectáreas y ellos no han hecho las inversiones, lo que hacen es dejarlas fuera de sus proyectos iniciales. Nos han pedido redefinir los acuerdos, reducir las hectáreas de sus concesiones que pasan al Estado, para poder operar en donde realmente tienen capacidad. Entonces ese es un sinceramiento positivo porque me da la oportunidad de que se regresen al Estado y que yo pueda o concesionarlas o reservarlas. Pero esto no ha sido el éxito que hayamos querido porque esperábamos 120 millones anuales pero todo lo que hemos hecho es para demostrarle justamente a la minería mediana, a la grande y a la pequeña que esto va en serio y que aunque no hayamos tenido el éxito esperado en la tasa de minería, nosotros seguimos adelante.