Corrupción Covid-19

Alianza Código Vidrio – Vistazo

ENTREVISTA. Rusia ha creado un ecosistema de información, desinformación y tergiversación sin precedentes en el mundo y en particular en América Latina. En esta región sus pilares son Sputnik, Actualidad RT (Russia Today) y sus alianzas con la cadena venezolana Telesur y la iraní HispanTV. Un puntal  son sus acuerdos con gobiernos dictatoriales siguiendo el talante del presidente Vladimir Putin. Una radiografía actual de este fenómeno fue mostrada por el investigador estadounidense Douglas Farah y el español Román Ortiz en el informe “Campañas de Influencia Rusa en América Latina”.
¿Qué gana Rusia con al desinformación? El objetivo es multiplicar un sentimiento antiestadounidense, satanizar su incidencia global y debilitar las instituciones democráticas en América Latina, sintetiza Farah. (foto de portada tomada del informe sobre Rusia)

¿Cuáles son las principales revelaciones del informe sobre la influencia rusa en la región?
-El proyecto de los rusos en América Latina es mucho más avanzado de lo que se piensa, de lo que todos los análisis habían demostrado. Nosotros trabajamos en equipo con gente de análisis de datos que concluyen que Actualidad RT y otros medios oficialistas rusos tienen un alcance muy grande en toda la región, así como alianzas importantes con Telesur y otras redes nacionales latinoamericanas, que les permite difundir sus mensajes como si fueran mensajes latinoamericanos. Telesur usa la información tomada directamente de Actualidad RT, pero su narrativa no parece del extranjero sino una cosa más orgánica, local. La otra sorpresa grande fue que hay un nivel de alcance de la propaganda rusa hacia sectores influyentes de la extrema derecha, que no habíamos imaginado y que mucha gente, incluyéndome a mí al principio, no entendíamos que existía y el alcance que tiene. Basado en los postulados fascistas del filósofo ruso Alexander Dugin y su alcance en la región en cuanto al grupo muy cercano al expresidente Jair Bolsonaro, aliado del expresidente Donald Trump, muchos del grupo de Milei salen en ese mismo entorno. Sus seguidores son fanáticos que asumen mensajes de canales rusos como un evangelio, y llegan a la misma conclusión:  Estados Unidos es el enemigo principal de la región, por eso es necesario un mundo multipolar. Y este grupo de extrema derecha es antiaborto, anti gay, con el mensaje constante de que toda la destrucción cultural viene de Estados Unidos, que tiene la culpa de todo. Estos colectivos están vinculados también a los grupos de la iglesia rusa ortodoxa más conservadora que se conecta con evangélicos más retrógradas

¿Entonces al entrar con su propaganda en el campo religioso, tocan un nervio emocional?
-Exacto. La Iglesia rusa ortodoxa es muy conservadora en el mismo sentido que la Iglesia Católica más conservadora y los evangélicos.

Otro hallazgo del informe es el papel de los influencers para dorar la píldora, y así llegar sin resistencia a más lectores, ¿No es así?
-Sí, el alcance y las alianzas de los influencers es también muy importante. Una de las principales actoras en esta estrategia es la rusa Inna Afinogenova, que tiene muchos seguidores y está en una alianza potente con Pablo Iglesias de Podemos en España. Incluso lanzaron su nuevo canal de televisión que apunta hacia América Latina, que es casi puramente propaganda rusa.

¿Qué busca Rusia con su inversión en estas campañas de desinformación?
-Rusia está invirtiendo poquísimo, realmente. Si uno analiza lo que gasta Rusia, que son unos cuantos millones, y lo que invierte China, por ejemplo, que son decenas de millones de dólares, los medios chinos casi no tienen impacto y tienen muchos más recursos. Lo que ha hecho Rusia, con pocos recursos, es crear los “echochambers”, donde se repiten las noticias hasta que se vuelven algo grande. Es relevante el caso que incluimos en el estudio del joven Alexis, el colombiano que va a combatir en Rusia, muere en combate al lado ruso, ya era héroe nacional de Rusia por haber sido un internacionalista latinoamericano, que se quedó a defender ese país. Murió en combate. Entonces RT publica un primer tweet sobre su historia. Después comienza a viralizarse en todas las redes, entran los influencers… Después el que dispara el último tweet es el presidente Gustavo Petro de Colombia. Dice que murió un joven en combate que solo quería la paz, un tipo que que había combatido desde 2014. Después RT hace una gran noticia sobre el Tweet de Petro, sobre la noticia que ellos mismos lanzaron. Así se cerró el círculo. RT empezaron bien con el tuit, luego hicieron la nota… Poder generar esos círculos de información o desinformación es muy poderoso y muy poco entendido. Y son, al final, baratísimos, Rusia no tiene que invertir casi nada, que es lo increíble.

¿Y qué gana Rusia, cuál es el objetivo final?
-Ellos tienen la idea, la doctrina de los militares estrategas, el lejano cercano, todo lo que era la Unión Soviética. Según su doctrina, tienen derecho de manejar, influir y controlar esa zona que incluye Ucrania, que es parte de la justificación de la invasión. Y ellos ven a América Latina como la contraparte de Estados Unidos. Entones para eso, en términos estratégicos, tienen que estar presentes en América Latina, para defender sus intereses estratégicos. Lo que buscan es quitar, redefinir lo que ha definido o tratado de definir Estados Unidos y la Unión Europea desde la guerra fría. El discurso es “necesitamos un mundo multipolar, Estados Unidos maneja un mundo unipolar”. Lo que ellos entienden es que no pueden quedar mensajes muy pro rusos, no están diciendo “Rusia es lo mejor”, sino: “Somos una alternativa a Estados Unidos”.  Es la discusión que generan los influencers como Afinogenova. Ella dice: “Bueno la guerra es terrible, no queremos la guerra, ¿pero no es la misma cosa que que la policía esté matando negros en Estados Unidos? Todo se maneja a ese mismo nivel, no somos peores que nadie más y lo que queremos es que América Latina sea neutral en las discusiones de Rusia. Una cosa muy interesante es que el único país que entró a poner sanciones en Rusia en términos de que había pedido a la Unión Europea, a Estados Unidos, fue Costa Rica, que no es un poder, digamos económico, muy influyente. Y han logrado ese distanciamiento de no apoyar a Rusia, pero tampoco apoyar la alianza contra Rusia.

Precisamente en el informe se concluye que el éxito de la desinformación se vio en el tema del armamento, cuando vino la Jefa del Comando Sur y no logró que se haga la venta de “chatarra” o de viejos helicópteros rusos por nuevo armamento de EE.UU.
-Los principales países en ese tema fueron Colombia, Brasil y México. Estados Unidos al principio de la guerra quería, como tiene un equipo muy fuerte en Colombia que ya está casi destrozado por Petro, ellos ofrecieron cambiar los helicópteros rusos MI17 viejísimos, que ya no funcionan de todas maneras, están tirados ahí, por un grupo de Black Hawks modernos. Después se quería enviar esos MI17, se supone, para Ucrania. En México igual, y en Brasil querían comprar, ellos tienen un montón de municiones, de armamento ruso que está disponible que no están usando y no están queriendo intercambiar. Entonces la conclusión que sacamos es que, en cada elección, los rusos juegan un papel importante. Pero invirtieron recursos para tener acceso a los líderes que sí ganaron.

Ahora, esa conclusión en la práctica cambió en Ecuador, porque Noboa acaba de dar un giro. El mismo Sputnik sale a atacarle y amenazarle citando al embajador en Ecuador porque está aceptando ese acuerdo con Estados Unidos para devolver esa chatarra. Entonces parece que al final el problema se va zanjando por una necesidad concreta del gobierno de Daniel Noboa por reforzar su alianza con Estados Unidos para afrontar esta ola de criminalidad. Eso rompe con cualquier tema de propaganda e influencia que haya tenido anteriormente Rusia. Es una decisión pragmática.
-Puede ser que pase lo mismo en otro lado, no creo que Argentina tenga lo mismo, pero eso también, la necesidad de Argentina de apegarse a EE.UU. cambia la dinámica, es menos favorable a Rusia porque Argentina estaba con los brazos abiertos a Putin y ahora mucho menos. Pero el problema, o la realidad, que tienen Ecuador y Brasil específicamente, es que compran la mayoría del fertilizante de Rusia. Ustedes en Ecuador tienen mil millones de dólares de intercambio comercial, y cortar eso en un momento crítico económicamente es muy significativo”. Entonces, en la práctica, las necesidades coyunturales inmediatas de Noboa, que ya venía teniendo un acercamiento, desde que estaba en la Asamblea había creado el grupo parlamentario de apoyo a Rusia, viajó a Rusia, la primera foto que se hizo luego de llegar al poder fue con el Embajador; de hecho él tenía una relación muy fluida con Rusia.

«Por eso es que ahora Sputnik y el mismo embajador decían que si Ecuador acepta esta ayuda, lo va a considerar un enemigo, porque se está viendo en esa guerra a favor de EE.UU. No hay que olvidar que Noboa es heredero de este grupo empresarial, cuyo corazón es el banano, es la corporación bananera Noboa. De cada cuatro cajas que exporta Ecuador, una va a Rusia, cuando hablas de los mil millones de exportaciones es porque Rusia es el cuarto destino de
exportaciones no petroleras, y el banano es el 70%
de importancia dentro del total de exportaciones».

¿Todo vaticinaba que Noboa sería un aliado de Rusia, en la misma línea que Rafael Correa?
-Así es. Cuando vimos que Noboa era candidato nos pareció que iba a ser afín a la línea de Rusia, porque al fin y al cabo está defendiendo una agenda. Y no era raro, se mencionó que él como asambleísta, que lo fue hasta abril del año pasado, hubiera llevado a 7 asambleístas a Moscú en este grupo que él creó de amistad parlamentaria Ecuador – Rusia. ¿Entonces ahora entendemos que, como ya es presidente y está en la crisis de seguridad, EE.UU. ha sido más persuasivo aprovechando el timing. “¿Usted quiere armamento nuevo por 200 millones de dólares para combatir su guerra? Entréguenos esto”. Entonces ha tenido que cambiar.

¿Cuánto c0mplejiza la situación la relación de Noboa de su conglomerado familiar de más de 100 empresas trasnacionales, con el riesgo de un conflicto de intereses? Aunque claro ese tema pasó por el momento a un segundo plano por la situación coyuntural de la inseguridad.
-Interesante. Eso es importante, ahí creo que va a haber oportunidad en Argentina. Donde han hecho lo mismo que ha hecho Noboa es en Paraguay, el expresidente Cortés y el actual presidente Santiago tienen vínculos, no tan fuertemente comerciales como Noboa, pero se han esforzado mucho por llevar grupos parlamentarios y los rusos controlan, de hecho, cuatro de los principales puertos en los ríos de Paraguay, ellos son dueños. Ellos se esfuerzan y hacen estas cosas, digamos la gente no lo ve como un tema estratégico. Cuando hicimos un pequeño informe sobre los puertos rusos en Paraguay, todo el mundo se asustó, y era de fuente abierta, se había anunciado en los periódicos de Paraguay pero nadie prestó atención. Son muy hábiles en eso de no estorbar mucho y lograr sus objetivos.

-Entonces, una vez que ustedes hicieron este mapeo y sacaron sus conclusiones, hay un panorama que es muy cambiante en el mundo, lo de Israel, lo de Taiwán, ¿qué se puede esperar en las próximas semanas o meses?.
-Una de las cosas que me impactó mucho al hacer el informe es revisar dos cosas que salieron a la luz: uno es que la directora de la actualidad de RT califica los medios rusos oficiales como un ministerio de defensa de Rusia; ella da la dimensión de la importancia que le ponen a estos temas, y eso no va a cambiar. Dice que es un ministerio de defensa, que no se puede construir en un día y cuando hay guerra hay que entrar con todo, incluyendo esto.

«Entonces una cosa muy importante es que en todos los recortes que ha hecho Putin, fue enfático en que no va a reducir el presupuesto de su pull de medios oficiales. O sea, en un momento de escasez terrible, donde están recortando muchas cosas 20 o 30%, los presupuestos de actualidad RT seguirán intactos. Además se fortalecerán alianzas con otros medios como Hispan TV, de Irán,  y comparten los mismos mensajes a través de Telesur. EE.UU., como el principal afectado, no ha dimensionado bien los que está pasando con esta estrategia rusa mediática y de propaganda en América Latina.»

Precisamente, el expresidente prófugo Rafael Correa volvió a tener un programa con RT. Terminó de grabar su primera serie. ¿Cómo ves su papel en esta coyuntura y estrategia de Rusia?
-Correa ha sido una figura importante, porque tiene la capacidad de comunicar, su proyección es potente. Es tal vez la voz más altisonante y coherente de los bolivarianos hoy en día. Mejor que Maduro, Evo ya está casi acabado, Evo no habla. Entonces Correa es una pieza muy importante y como su ataque siempre va hacia Estados Unidos, y el imperio, y el concepto de la democracia, la transparencia, la justicia y el estado de derecho occidental, eso le sirve mucho a Rusia.

Daniel Salcedo no solo se benefició de jugosos convenios en salud. También negoció 3,6 millones de dólares en contratos con la CNT, a través de la empresa HDC, para publicidad, comunicación e imagen de la telefónica nacional.  Incluía estrategias de posicionamiento digital, el rol de community manager, diseño de memes y de videos para redes sociales. El primer tramo, de 1,6 millones tuvo una ampliación de 128 mil dólares entre 2018 y 2019. A fines de 2019, el segundo contrato se firmó por 1,9 millones, pero cuando empezaron los escándalos en salud, la caída de la avioneta y la prisión de Salcedo, se terminó el convenio por mutuo acuerdo.

Redacción Código Vidrio

A los 18 años vendía sánduches de jamón, queso y mayonesa en el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Guayaquil. Antes de los 32 levantó un imperio con empresas que recibieron ingresos por más de 10 millones de dólares, desde 2017. Daniel Salcedo dice que todo se debe a su empeño -se despertaba a las 04h00 para trabajar- y a que tiene un agudo olfato para los negocios.

Su defensa lo vende como una especie de Rey Midas millennial. Con su toque mágico levantó contratos con el sector público. Pero no solamente se benefició de contrataciones en salud, sino en telecomunicaciones, como aquí revelamos.

A mediados de 2018, las puertas de la abundancia se abrieron de par en par para la empresa HCD, representada por Salcedo Bonilla. El primer contrato con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se firmó el 28 de junio de ese año.

El contrato 4300001735 entre CNT y HDC Producciones, por 1,6 millones de dólares tiene como objeto: “la prestación de servicios de publicidad para la gestión de la planificación estratégica de la comunicación interna de la CNT-EP”. Lo firmaron Salcedo Bonilla y Darwin Gonzalo Romero Mora, gerente general subrogante de CNT. El economista Romero Mora había asumido ese cargo a inicios de mes, en reemplazo de Andrés Moreno.

El plazo establecido para emitir la totalidad de las órdenes de trabajo fue de 365 días, o hasta que se ejecute la totalidad del monto del contrato. Con cada orden de trabajo se devengaba parte del total pactado. A inicios de 2019, con el criterio favorable de la asesoría jurídica CNT, se firmó un contrato complementario por 128 mil dólares.

Como contratista de servicios especializados en comunicación social, la firma del prominente exsanduchero debía encargarse de la imagen institucional de CNT, manejar el noticiero, el periódico interno, la intranet y las piezas comunicacionales internas.

Según el contrato, cuya copia tenemos, “la CNT podrá solicitar estrategias de posicionamiento digital … el rol de community manager, el diseño de memes y de videos para redes”. Además, la construcción de un blog y una cuenta de youtube, junto con campañas internas y activaciones no comerciales (se las conoce como estrategias BTL) para la mejora del clima laboral. Unas seis mil personas trabajan en CNT.

El acta de entrega-recepción definitiva se firmó en febrero de 2019. Detalla las acciones que realizó la empresa de Salcedo para posicionar la marca CNT: puso la señalética en el lobby y el piso 4 del edificio Vivaldi; impulsó una campaña que buscaba incentivar la compra de planes y concursar para entradas al show Circo del Sol en agosto de 2018.

Organizó el concurso de talentos CNT, que terminó en una gran gala por el décimo aniversario de la constitución de la empresa nacional. Realizó una feria de influencers en Quito y en Guayaquil; encargó la producción de cobijas con el logotipo de CNT para entregar en albergues; organizó desayunos entre el gerente y jubilados.  Entre noviembre y diciembre se encargó de producir el material promocional “feliz 2019”.

El contrato complementario, firmado a inicios de febrero de 2019 por los mismos representantes, permitió que se lanzara la campaña Los valores que nos guían, CNT en mi corazón, y articular una campaña interna de donación de ropa. Además, realizar el mantenimiento de equipos audiovisuales para el noticiero interno, el evento de rendición de cuentas, el mantenimiento del rótulo del edificio Vivaldi y el lanzamiento de la revista de la asociación de empleados.

Una denuncia en redes sociales contra Romero, por mantener dos empresas off shore, desencadenó su salida de la gerencia de CNT.

El encendido navideño

El 17 de mayo de 2019 llegó a la gerencia de CNT Martha Moncayo Guerrero. El 18 de septiembre, la gerente autorizó el inicio de un nuevo proceso contractual para la comunicación interna de la empresa telefónica. El primero de octubre el comité a cargo abrió la única oferta que había recibido: HDC, de Salcedo. El monto fue 1,9 millones de dólares, a 365 días de plazo, o hasta que se ejecute todo el monto contractual, mediante órdenes de pago. El contrato fue adjudicado el 29 de octubre y lo firmó el mes siguiente la gerente, por recomendaciones del comité técnico.

Moncayo explicó a este portal que al asumir el cargo, Salcedo ya había firmado y liquidado el primer contrato, solo quedaron cuentas por pagar que se cubrieron luego de una verificación.

Para el segundo contrato, HDC fue la única oferente y su propuesta económica era inferior al rubro que había destinado para la comunicación interna, según Moncayo.

La telefónica aseguró que la política de comunicación interna logró mejorar el clima laboral en un 73 por ciento, considerando los parámetros del Ministerio de Trabajo, según una evaluación interna.

Según documentos en poder de este medio, Salcedo se encargó de la ceremonia de encendido del árbol navideño del Edificio Vivaldi, la atención a invitados y de imprimir calendarios para obsequiarlos. Por esa actividad devengó 6.612 dólares del monto total del contrato.

Moncayo aclaró que la última actividad que realizó HDC fue incentivar el teletrabajo al inicio de la pandemia por el Covid-19, en marzo pasado. Hasta ese mes, no tuvieron inconvenientes con la prestación de sus servicios.

Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, HDC justificó haber ejecutado 498 mil dólares del contrato, de los cuales aún quedaban por liquidar 119 mil dólares.

“Considerando los escándalos de corrupción que han envuelto a los accionistas de esta empresa, que están siendo investigados por las autoridades correspondientes y que no cuentan con una sentencia ejecutoriada en firme, en abril del presente año la administración de CNT buscó los mecanismos jurídicos para la terminación de este contrato”, dice un documento interno de CNT.

El acta de terminación de mutuo acuerdo se firmó entre CNT y HDC el 5 de agosto. El valor remanente, no ejecutado, fue de $1,2 millones.

“Siempre nos gusta crecer y diversificarnos”, aseguró el Rey Midas millennial a la Fiscalía, que lo investiga por peculado, asociación ilícita y lavado de activos.

Salcedo es un hombre mediático, amante de las selfies que difundía en sus redes. Obsesivo  del gimnasio, los yates y autos deportivos; admirador de reinas de belleza y asiduo participante en fiestas con estrellas de TV.  Su amigo y socio, Marco Sevilla, lo recordó como cristiano, carismático y con buena ‘labia’ para los negocios. En el descanso de un partido de fútbol lo convenció para abrir Sevmac, una empresa dedicada a la importación de partes de vehículos.

Salcedo, además de sus empresas, suma propiedades en los Estados Unidos y en los sectores más exclusivos del Guayaquil, Samborondón, Daule y Salinas.

Antes de 2018, sus ingresos personales eran modestos. Sus registros de tributos revelan que en el 2014 declaró ingresos por 35.071; un año después por 31.000; en el 2016 también fueron por 31.000 y en 2017 por 26.000.

En los archivos de la Superintendencia de Compañías mantenía solo dos empresas: Fastecom, con la cual arreglaba sus computadoras y con ingresos menores a 10.000 dólares, y HDC Producciones, para organizar eventos y presentaciones artísticas.

El salto hacia la publicidad

La tarde del 14 de diciembre del 2017 , los accionistas de la empresa HDC Producciones decidieron reformar la razón social de esa compañía.

La cita fue en el solar 16, de la manzana ocho, de la cooperativa Abdón Calderón de Guayaquil. Acudieron el presidente de la compañía Josué Tomalá y la accionista minoritaria Mariuxi Armijos.

HDC nació en el 2009 con la consigna de la organización de eventos y espectáculos artísticos, pero quería entrar de lleno en la publicidad y a la comunicación. “Es el requerimiento de nuestros nuevos clientes”, dijo Salcedo en la cita de accionistas.

Todos aprobaron la propuesta y siete días después ganaron un contrato por 1´150.000 por “servicios y productos comunicacionales para la difusión y análisis de la gestión de la Contraloría”.

Según los archivos del organismo de control, el 14 de diciembre, el mismo día de la reunión, enviaron una invitación a HDC Producciones para que participe en el concurso.

El 19 de ese mes, una comisión técnica avaló el cumplimiento de las normas y de experiencia de la compañía de Salcedo. Fue la única oferente y finalmente, Edwin Moreno, hermano del presidente de la República, avaló el proceso como coordinador nacional administrativo de la Contraloría, cargo que ocupa como funcionario de carrera.

El contralor Pablo Celi reconoció que el ente de control entregó el contrato, y anunció un examen de auditoría exhaustivo para que se conozcan los procedimientos de esa negociación.

HDC Producciones es la consentida de Salcedo. En 2013 llegaron los contratos con el sector público. Los primeros fueron con la Coordinación Zonal 8 y con Dirección Distrital de Durán del Ministerio de Inclusión Económica, que los conocía por su venta de los bocaditos en la mañana.

Fue escogido para la organización de eventos, el más importante fue por 20.000, para el lanzamiento del programa “Canas de Vida”, en Durán.

La Gobernación de Guayas, liderada por el correísta Rolando Panchana, lo contrató para el concierto de la salsera Olga Tañón por 175 mil y para las millonarias charlas del pianista Di Blacio. Ese contrato fue un puntillazo porque representó un gasto de 1,8 millones para la entidad estatal, pero que no se vieron reflejadas en las finanzas de Salcedo, según su declaración de impuestos

Desde 2015 hasta mediados de 2017 consiguió varios contratos con el Estado. Su informe de gestión como gerente mostraba los recursos que llegaban a las cuentas de HDC Producciones: hacía referencias de ingresos por 184 mil y deudas por 48 mil dólares.

Mañana: El rey Midas millennial conoce a los Bucaram

La pista más sólida para entender la relación de Daniel Salcedo con los Bucaram conduce a los contratos que recibieron en el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. En el 2017, con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades, que dieron paso a los supuestos negociados que investiga la Fiscalía. Desde ese año la amistad entre Salcedo y los Bucaram se estrechó. 

 Redacción Código Vidrio

En 2017, antes de su despegue empresarial, Daniel Salcedo conoció a Abdalá Bucaram Pulley, el tercer hijo del ex Mandatario, más conocido como Dalo. En ese año, él aspiraba a la Presidencia y Salcedo lo vio en el programa de entrevistas del peruano Jaime Bayly.

El click fue inmediato, lo escuchó y pensó que debería dirigir el país. Por eso, lo buscó y le ofreció apoyarlo en su campaña con los equipos de audio y todo su aparataje para comunicación. Dalo le dio la bienvenida, no así su esposa, Gabriela Pazmiño, que lo miraba con recelo, según contó Salcedo en su juicio.

Ese desaire no lo alejó de los Bucaram. Con Michel, otro de los herederos del ex jefe de Estado, luego montó un restaurante que cerró a los seis meses, pero en el interín le permitió conocer al patriarca de la familia, que lo miró con ojos de afecto.

Bucaram cree que Salcedo repite su historia: un joven que se “inició desde abajo” y  que es una víctima colateral de la persecución a su hijo Dalo, por el temor de que pueda llegar al Palacio de Gobierno.

Hay indicios de que no solo tenían nexos de amistad sino que también hicieron lucrativos negocios, aprovechando su influencia para obtener contratos en el sector público.

Lo cierto es que desde el 2018 la vida de Salcedo, conocido entre algunos de sus amigos como el Rey Midas Millennial, dio un vuelco. Ese año registró en su declaración al Servicio de Rentas (SRI) $459.433 en el rubro de ingresos; mientras que en el 2019 fueron $472.000. Ese período marcó su ingreso a los negocios de la comunicación y mejoró su relación con empresas vinculadas al sector de salud.

En ese lapso su compañía HDC mantuvo ingresos en el sistema financiero nacional por $8 millones; SalNoedan, fundada con su hermano Noé, de $1.4 millones; Prodmas alcanzó $885.266 y Ecap-Mediq $238.000. Además, creó otras compañías como Mareworld; Paliye, Importadora Sevmac, Higctem e Incomfra.

Salcedo declaró un patrimonio de $993.806, en 2019. Desde este año de sus tributos se conoce poco, él no ha podido cumplir con su obligación legal de tributar porque está preso, enjuiciado penalmente por supuesto peculado, lavado de activos y asociación ilícita.

Esa prisión ha sido destinada por detenidos de “cuello blanco”, banqueros y políticos han pasado por sus instalaciones. Salcedo sostiene que es un perseguido, una víctima de los ataques contra la familia del ex presidente Abdalá Bucaram.

Los investigadores tratan de esclarecer el papel de Salcedo

La sospecha de los investigadores de la Fiscalía es que Salcedo era un intermediario para conseguir los contratos con hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Salud, donde los Bucaram también realizaron negociados.  Y que podría ser el testaferro de quien tenía contactos en el gobierno para facilitar las contrataciones.

Luigi García, abogado de Salcedo, sostiene que no se puede comprobar esos vínculos y que las empresas de su cliente no tuvieron ningún contrato con una casa de salud.

La ruta más fácil para llegar a los contratos cuestionados está en el hospital Teodoro Maldonado. En el 2017 con el relevo de gobierno llegaron nuevas autoridades.  En esa casa de salud se estrenaron como gerente, Luis  Jairala Zunino, y Luis Henrique, como su mano derecha en el área administrativa.

Los dos tenían una relación cercana con los Bucaram Pulley.  Jairala era amigo de la familia,  mientras Henrique trabajaba como asesor de Dalo y asambleísta alterno de su esposa. También fungió como gerente general de la empresa Enterprice Guayas, fundada por Michel Bucaram.

Henrique estuvo tres años dando los vistos buenos a los contratos del Teodoro Maldonado. La Comisión Anticorrupción de Guayas lo acusó de cancelar bajo la figura de convenios de pago, un camino de emergencia en el sistema de compras públicas: más de cinco millones de dólares en su solo día.

Uno de los beneficiarios de esos convenios de pago fue Luis Llerena, cuñado de Jacobo Bucaram. Él tiene 24 años y era uno de los proveedores del Teodoro Maldonado, con un contrato de 800.000 dólares para la entrega de insumos.

Salcedo también tenía vía libre en el Teodoro Maldonado. Un video que se hizo público registra la celebración del cumpleaños del ex gerente Luis Jairala, hoy también detenido por delincuencia organizada. En la fiesta, Salcedo lo abraza y le canta el cumpleaños feliz.

Ese video evidenciaría, según sospechan los investigadores, que Salcedo hacía el trabajo de campo en los hospitales, mientras los Bucaram pasaban desapercibidos.

Para García, este análisis no tiene sustento. Dice que no pueden procesar penalmente a una persona por sus relaciones y tampoco por peculado, porque su cliente no firmó los acuerdos bajo lupa.

Indica que existió un error en los pago de sus impuestos, no con el propósito de cometer un dolo sino por errores de contabilidad que serán subsanados durante el proceso penal.

La Unidad de Análisis Financiero detectó ingresos a sus cuentas personales por más de un millón de dólares que no fueron justificados. Lo mismo sucede con los hermanos Bucaram Pulley. Jacobo no ha podido justificar ingresos por $178.000. Dalo y su esposa, Gabriela, más de 200.00 que no declararon para tributar. Mientras que en el caso de Michelle la cifra sube a más de un millón de dólares.

Francisco Onofa, abogado de los hermanos Bucaram Pulley, dijo que demostrarán su inocencia.

Los hermanos concuerdan en que son perseguidos del gobierno. Por el momento, Dalo y Michel fugaron a Estados Unidos, mientras que el paradero de Jacobo es desconocido, aunque se estima que aún está en el país o habría viajado a Colombia. En su contra se abrió otro proceso judicial para indagarlo por la muerte del israelita Shy Dahan, quien aseguró que vendió pruebas rápidas de Covid-19 a Jacobo Bucaram.

Como lo reveló este portal, el extranjero temía por su vida; por eso grabó sus conversaciones con Jacobo y su padre, donde le ofrecen ayudarlo. También grabó un video con los test por los que recibió 321.000 dólares en efectivo. Posteriormente, pruebas idénticas fueron encontradas en la bodega del hospital Teodoro Maldonado y en la casa del expresidente Bucaram.

Las conexiones con la empresa Silverti

Otra pista para resolver este dilema es la empresa Silverti. A esta compañía también le empezó a ir bien en los negocios desde 2017. En 2016 sus ingresos registrados en el SRI para cancelar el Impuesto a la Renta fueron por 2´130.871. Un año después  subió a  5´598.947; al siguiente llegó a 6´383.830 y en el 2019 fueron 7´135.908.

Silverti pertenece al grupo español Paz Salinas y a dos socias ecuatorianas, Sandra Ortega y Cristina Benavides, investigadas por la Fiscalía por presuntamente perjudicar al estado en la venta de insumos médicos en el hospital de Los Ceibos.

Los principales compradores de sus productos fueron los hospitales Teodoro Maldonado y Los Ceibos, del Instituto de Seguridad Social. Además, centros de salud del Guasmo Sur, Valdivia y Tarqui, del Ministerio de Salud.

Antes de 2017, Silverti no tenía esa llegada en los hospitales públicos. En 2016 tuvo contratos por $494.000 con centros de salud públicos, su mejor ingreso, desde 2013.

A partir de esa fecha su crecimiento es astronómico. Sólo por los contratos con el Teodoro Maldonado y de Los Ceibos recibieron $9,7 millones hasta el 2020.

Para encontrar el origen de esos convenios de los hospitales públicos desenredamos un enmarañado tejido empresarial. Lo hicimos puntada por puntada, institución por institución, nombre por nombre.

Norma Guerrero era la jefa de enfermeras del Hospital Los Ceibos de Guayaquil durante el período más cruento por el Covid-19, en Guayaquil. Se acababa marzo y el virus había cobrado 280 vidas en ese centro de salud, su morgue apenas tenía espacio para seis personas.

Guerrero pedía los recursos para mejorar las condiciones de la morgue que empezó a recibir decenas de cuerpos. El 16 de marzo, el presidente Lenin Moreno declaró la emergencia nacional y la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, dio paso a las compras a dedo.

Entonces la directora del centro, Susana Mera, adjudicó un contrato relámpago, que tomó dos días, entre la selección del oferente y la firma del covenio. La escogida fue Silverti por $872.000 por la entrega de 4.000 fundas para envalar cadáveres. Su costo unitario fue de 148 dólares, cuando en el mercado costaban 12 dólares.

Por esas bolsas, Silverti pagó 48 dólares a la Casa Médica Bunces, una empresa guayaquileña. Roberto Bunces reconoció que vendió esos insumos a Silverti. Las primeras 500 bolsas a 48 dólares y el resto a 16 dólares.

Sandra Ortega, principal de Silverti, reconoció que no pudieron importar los insumos por problemas en el flete aéreo, por eso acudieron al mercado local. Sobre la investigación fiscal aseguró que la etapa precontractual “es responsabilidad de las autoridades del hospital Los Ceibos” y que no ha recibido dinero por ese contrato ni pudo completar todo el material ofertado. Solo entregó 2.150 fundas.

Ortega dijo que su empresa perdió la representación internacional por la investigación penal en marcha. Reconoció que conoció a Salcedo por la realización de eventos médicos, alquilaba equipos de sonido.

Salcedo dijo que mantuvieron una relación comercial, pues ambos fundaron ECUAP-MEDIQ, aunque el nombre de Ortega no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías.

Salcedo traspasó todas sus acciones en esta empresa a Jorge San Lucas, una persona de su confianza, en mayo pasado, cuando se avecinaban las acusaciones por la venta de insumos médicos en el hospital Los Ceibos.

Adicionalmente, según los archivos financieros de Silverti, HDC Producciones, la compañía de Salcedo fue uno de sus proveedores en 2019. Le pagó $196.850.

Pero hay otro nexo que los une. Aparentemente, el empresario fue clave para los contratos en el hospital Los Ceibos. Él conocía a su gerenta Susana Mera desde que trabajó en la “estatal” e incluso estuvo en la fiesta de 15 años de su hija.

Otra pista de la Fiscalía es la empresa BIOIM de Lenín Ortega, primo de Sandra Ortega. Esta empresa con cinco  años en el mercado ganó un contrato de 1´559.845 en Los Ceibos y otro de 578.000 con el Guasmo Sur.

Ambas, BIOIM y ECAP-MEDIQ también recibieron transferencias por parte de Silverti, según la acusación de la Fiscalía por la venta con sobreprecios de las bolsas por los fallecidos por el Covid.

El presidente de BIOIM, Susana Mera y Jorge San Luca también son investigados por presunto peculado, al igual que las autoridades que autorizaron el contrato para los insumos por la pandemia.

Las dos últimas décadas, Abdalá Bucaram transó acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados. Bucaram cuajó esos acuerdos pese a no ser una fuerza política gravitante en las urnas, tras su derrocamiento, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en los momentos precisos.

Redacción Código Vidrio

Las alianzas fantasmas se convirtieron en la fórmula preferida de Abdalá Bucaram para mantenerse en la órbita de los poderes de turno y buscar su retorno al país, a toda costa.

Las dos últimas décadas, Bucaram y su hijo Dalo transaron acuerdos con los gobiernos de Lucio Gutiérrez, Rafael Correa y Lenin Moreno, que tuvieron desenlaces inesperados.

Los pactos bajo la mesa se concretaron, pese a que el PRE no era una fuerza política gravitante en las urnas, después del derrocamiento del entonces presidente Abdalá Bucaram, en febrero de 1997. Una de sus fórmulas ha sido mantener activo su partido, para contar con los votos y los puestos claves, en momentos precisos.

El primer acuerdo fue con el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005).

Uno de los testigos que dan cuenta del pacto y el pago de favores es Pablo Chambers, quien fue presidente del directorio de Pacifictel durante el régimen de Gutiérrez.

Chambers llegó a la telefónica tras un concurso a cargo de la firma internacional Price Waterhouse, que buscaba terminar con la corrupción que se había tomado esa entidad, y era parte de un proceso de reestructuración dispuesto por el entonces presidente Gutiérrez en febrero de 2004, en las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras.

Chambers le contó a este portal que la relación con Gutiérrez era muy buena, pues el entonces presidente estaba dispuesto a dar un giro radicial en el manejo de la empresa de comunicaciones. Para finales del 2004, en esa línea, se preparaba una depuración total, con la separación de 3.000 de sus 3.500 funcionarios.

Repentinamente, a mediados de diciembre, Chambers recibió una llamada de Gutiérrez quien le dijo que debía parar la intervención y depuración de Pacifictel. Le confesó que debía entregar esa empresa para que la manejaran los “Bucaram”, pues había llegado a un acuerdo con el PRE para sostener a su gobierno. “Le dije que no lo hiciera porque Bucaram no era bien visto en Quito, y él me respondió que ya era un tema definido, por lo cual comenté que mi renuncia estaría en su escritorio para fin de año”.

El pago de favores tenía un antecedente. Una semana antes, el Congreso había destituido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una polémica sesión extraordinaria convocada por Gutiérrez. Con el apoyo directo del PRE (15 diputados) Sociedad Patriótica consiguió una alianza con el PRIAN y el MPD, hoy Unidad Nacional. Sumaron 52 votos a su propuesta de reestructuración, que posibilitó la cesación inconstitucional de 31 magistrados del tribunal.

A los pocos días, fue nombrada la ´Pichi Corte´, presidida por Guillermo Castro, afín al roldosismo y amigo de Bucaram, quien anuló sus juicios, abriendo la puerta para su retorno.

Gutiérrez había empezado a concretar su acuerdo con Bucaram cuatro meses antes, en Panamá. Buscaba su respaldo para cerrarle el paso a un supuesto intento del PSC de derrocarlo, a través de supuestas movidas judiciales por el peso que ese partido tenía en el pleno de la entonces Corte Suprema de Justicia. Ese partido contaba con un respaldo de, al menos, 16 ministros afines, de los 31 que integraban el pleno.

El 5 de enero, una vez aceptada la dimisión de Chambers, asumió como presidente de Pacifictel Walter Romero, quien era uno de los directores. También se mantuvo en el cargo Celso Jijón, secretario del directorio. Jijón era conocido por su cercanía con el PRE y su amistad con Bucaram y sus hijos, especialmente Jacobo.

Chambers recordó que las decisiones de la Pacifictel bucaramista arrancaron luego de su renuncia. Una de ellas fue abrir el candado para contrataciones superiores al medio millón de dólares que estaban suspendidas, pero que luego avalaron millonarios contratos en la telefónica. Estas y otras decisiones  desencadenaron denuncias contra el gerente Alberto Pérez-Llona y contra otros funcionarios.

El exmandatario negó el acuerdo con Bucaram y el supuesto pago de favores en Pacifictel: “Esa la versión es falsa de falsedad absoluta, solo hubo coincidencias coyunturales”, apuntó.

Gutiérrez, hoy candidato presidencial, enfrenta un juicio de repetición para que pague, junto a los 51 exlegisladores, la reparación de 1,7 millones de dólares que el Estado debió cancelar a los ministros cesados. La indemnizacún fue fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que la destitución fue inconstitucional. El proceso es impulsado por la Procuraduría, y también abarca la destitución de ocho vocales del Tribunal Constitucional.

Gutiérrez reconoció que conversó con Bucaram en Panamá, a quien había atendido por amabilidad, pues se trataba de un expresidente. La amistad entre ambos se remonta al tiempo cuando Bucaram fue presidente de la república: el coronel Gutiérrez era su edecán.

Bucaram volvió pero solo permaneció pocos días en el país.Tuvo que volver a Panamá, en medio de protestas progresivas que se regaron por el país, especialmente en Quito y desencadenaron la caída del gobierno de Gutiérrez, el 20 de abril del 2005.

El plan relámpago de la Revolución Ciudadana

Gutiérrez sabía que el único que podría aplacar el vendaval de la Constituyente de Montecristi, impulsada en 2008 por el entonces presidente Rafael Correa, era Abdalá Bucaram. Su partido tenía el voto decisivo en la nueva mayoría del Tribunal Supremo Electoral, que se integró con votos de la alianza entre Sociedad Patriótica, el PRE y el PRIAN.

Para entonces, el TSE se conformaba por representantes de las fuerzas políticas más votadas. El PSC y el PRIAN eran oposición de la Revolución Ciudadana, pero lograron el respaldo de René Mauge, de la ID; Hernán Rivadeneira (Partido Socialista) y Jorge Alpino Acosta (Sociedad Patriótica). En ese escenario, el PRE tenía un voto crucial para inclinar la balanza.

Por eso, Gutiérrez no dudó en llamar a Bucaram a Panamá para buscar su respaldo. Le dijo que no diera paso a la aspiración de Correa para ir a la Constituyente, lo cual, a la larga, le permitiría controlar el Parlamento y los organismos de control. Bucaram le respondió que era muy tarde, pues ya “había comprometido su voto (con Correa) a cambio que lo dejaran volver al país”.

Su hermana, Elsa, delegada del PRE, dio uno de los cuatro votos (de un pleno de 7) que aprobó el pedido para la Constituyente y lo remitió para su corroboración final al Congreso.

Tratando de bloquear la consulta, 57 diputados intentaron sustituir al presidente del Tribunal, Jorge Acosta, quien mantuvo su posición y con el apoyo del pleno contraatacó: destituyó a los legisladores por interferir ilegalmente en un proceso electoral en marcha y asumieron sus alternos.

Acosta dijo que fueron hechos que nunca se coordinaron con el Gobierno.

Así, la Revolución Ciudadana tuvo vía libre para la Constituyente, que según Bucaram debía aprobar una amnistía a su favor, a lo cual supuestamente se había comprometido Correa, que no cumplió el acuerdo.

Según Bucaram, precisamente el único acuerdo político que ha hecho en los últimos 20 años fue con Correa. Su hijo Dalo (Abdalá) declaró a la prensa que pactaron el retorno de su padre en tres reuniones consecutivas.

Según Bucaram Pulley, la primera cita fue el 2007, antes de la instalación de la Asamblea Constituyente. Durante un almuerzo, en el que se sirvió salmón, Correa le adelantó que la Constituyente daría amnistías a los exmandatarios Gustavo Noboa, Alberto Dahik y a su padre. Correa pidió la amnistía para Noboa, en enero del 2008, para Dahik, en agosto del 2010. Pero nunca cumplió con Bucaram.

Correa no reconoció ningún acuerdo con Bucaram. Pero Chambers recalca que sí hubo un pago de favores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aseguró que escuchó un diálogo de Fabricio Correa, entonces contratista con esa Cartera de Estado, donde se quejaba de que una comisión de sus obras iba para el “loco”, como se conoce a Bucaram.

Chambers investigó los contratos que consiguió Fabricio Correa en el primer tramo del mandato de su hermano. Entre ellos los que se firmaron durante la gestión de Jorge Marún, una de las principales figuras del roldosismo, prefecto y candidato presidencial por ese partido.

Marún llegó a Obras Públicas en diciembre del 2007. Uno de sus principales proyectos fue el Plan Relámpago, una estrategia para construir carreteras con contratos de emergencia, sin concursos públicos, a dedo. Las contrataciones estuvieron envueltas en corrupción, especialmente por los sobreprecios, según denunció la prensa en su momento.

Fabricio Correa le dijo a este portal que Chambers miente. “Es falso como todo lo que dice”, contestó en un escueto mensaje. La rivalidad de Correa con Chambers se desató luego de que como veedor, nombrado por el Consejo se Participación, en 2009 abriera una investigación que confirmó que el hermano mayor del entonces presidente había recibido contratos y subcontratos con el gobierno por más de 400 millones de dólares.

Rafael Correa siempre defendió la gestión de Marún, incluso lo iba a condecorar luego de que dejara el cargo, en septiembre del 2009. Sin embargo, el exministro no acudió al Palacio de Carondelet.  El escándalo por los contratos de su hermano estalló poco antes, en mayo.

Aunque Correa y Bucaram se mostraron públicamente en desacuerdo, la Revolución Ciudadana se alió con otras figuras del roldosismo. Entre ellas, Jimmy Jairala, que ahora con Centro Democrático apoyó su fallida postulación a la Vicepresidencia. Otro roldosista fue Vinicio Alvarado, brazo derecho de Correa en los diez años de sus mandatos, así como otras figuras regionales como Marcos Troya y Jorge Marún.

La luna de miel Moreno-Bucaram terminó en la pandemia

Pese a todas las evidencias, los Bucaram fueron los primeros en negar un acuerdo con el presidente Lenin Moreno. Dalo (Abdalá) Bucaram juró ante los medios de comunicación que no existía un pacto.

Lo hizo en agosto del 2017, luego de que el entonces vicepresidente Jorge Glas, acorralado por las denuncias de corrupción por el caso Odebrecht, hiciera pública una carta enviada al Primer Mandatario. Denunciaba la entrega de la Corporación Nacional Eléctrica a los Bucaram.

El acuerdo sí existió. Se consolidó con la llegada de Moreno al poder, pero se cuajó antes, en el gobierno de Correa. Durante la campaña de la primera vuelta electoral, entre enero y febrero de 2017, el candidato presidencial Dalo Bucaram denunció sistemáticamente a Glas y su tío, Ricardo Rivera, por sus relaciones ilícitas con Odebrecht.

Los encargados de aplacar las denuncias y acercarse a Bucaram fueron Eduardo Mangas y el asambleísta electo, José Serrano, uno de los hombres de mayor confianza de Correa.

Para buscar un acuerdo hubo dos encuentros, en febrero con la familia Bucaram en Ecuador, y en mayo, en Panamá,  con Abdalá Bucaram, según publicó la revista Vistazo, luego de entrevistar a Mangas y Serrano.

Otra preocupación del buró de Alianza País era el crecimiento de Guillermo Lasso, que también pasó a la segunda vuelta y había recibido el respaldo público de Dalo. La búsqueda de aliados para ganar las elecciones era vital pues se avisoraba una reñida elección.

Los primeros en contactarse fueron los Bucaram -recordó Mangas- quienes buscaban que Moreno garantizara que no influiría en la Corte Nacional, donde estaba pendiente que se dictara la prescripción de los juicios penales contra Abdalá. A cambio, ellos dejarían de atacar al binomio Glas-Moreno.

Dalo decía tener videos y grabaciones del caso Odebrecht y de su relación con el tío de Glas.

Entonces, los ataques cesaron y Moreno alcanzó la presidencia. El 5 de mayo del 2017, antes del cambio de mando, un nuevo encuentro ocurrió en Panamá entre Mangas, Serrano y Abdalá, que volvió al país el mes siguiente.

Tras la ruptura con Moreno, Correa y Glas denunciaron que este gobierno se había aliado con los Bucaram a quienes les entregó la CNEL y los hospitales del Seguro Social para sus negociados. El acuerdo también habría incluido la entrega de cargos públicos, como el del consulado de Arizona, que es ocupado desde el 2017 por Laura Machuca, madre de uno de los nueve hijos de Abdalá Bucaram.

La buena relación entre Moreno y Abdalá Bucaram duró tres años. Inclusive, Bucaram fue invitado a Carondelet para celebrar los 21 años de la firma de la paz con el Perú, en el salón de banquetes.

Un mes después, Abdalá y sus simpatizantes cercaron el aeropuerto de Guayaquil para boicotear el retorno de Correa para la campaña contra el referéndum impulsado por Moreno. El PRE también apoyó esa consulta y las decisiones económicas del Régimen, así como las manifestaciones en Guayaquil de respaldo al Primer Mandatario durante el paro indígena de octubre. Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

Con la llegada de la pandemia, en febrero pasado empezaron a salir a la luz los negociados en los hospitales de la familia Bucaram por la compra de insumos médicos con sobreprecios.

El epicentro de estas denuncias fue el hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil, dirigido por personas allegadas a los Bucaram, como Jorge Henriques, exasesor de Dalo en la Asamblea y legislador alterno de su esposa Gabriela Pazmiño.

La Fiscalía inició procesos judiciales contra Abdalá, Dalo, Jacobo y Michel, quienes hoy tienen ordénes de prisión por distintos delitos.

Desde Miami, donde está prófugo, Dalo Bucaram acusó a Moreno de traidor y de emprender una persecución en contra de toda su familia.

Así, la cuerda que ataba las relaciones con el gobierno se rompió por el lado judicial.

Los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman no improvisaron. Llegaron al país con una fachada de exitosos empresarios. Negociaron la venta de mascarillas y pruebas rápidas. En Guayaquil vendieron 21 mil kits de tests rápidos a la familia Bucaram, en el pico de la pandemia. Un video inédito grabado el 18 de mayo por Dahan, que hoy revelamos, muestra las cajas de pruebas que entregó ese día. Son  idénticas a las que se encontraron en la casa del exmandatario, durante el allanamiento a su domicilio, a inicios de junio. Y corresponden a las que se hallaron en bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la seguridad social. Desde el 27 de julio los abogados de ambos extranjeros, detenidos por falsificar documentos, dijeron que querían proporcionar pruebas relevantes que involucraban a más personas. Luego llegaron las amenazas y el asesinato de Dahan en la cárcel. Aquí los detalles de la organización que armaron los extranjeros, el clímax y desenlace de la operación.

Redacción Código Vidrio

“Sujeto de riesgo, armado y peligroso. Buscado por robo en el casino Clark County (Nevada)”. Así identifican las autoridades estadounidenses al israelí Shy Dahan, quien empleaba indistintamente 11 identidades para evadir a la justicia en varios países. Como Golan Shay era requerido en Estados Unidos por el robo de 562 mil dólares.

Hace unos siete años, Dahan, que luego apareció bajo el nombre de Shai Golan, fue detenido en México con un grupo de sospechosos. Tenían pistolas, binoculares de visión nocturna y armas destinadas solo para uso militar. Entonces la Interpol lo puso en la mira.

En Panamá era considerado un fugitivo de la justicia. En ese país incursionó, desde 2015, en los negocios inmobiliarios. De hecho, fue acusado por estafar a una pareja en 640 mil dólares, por lo cual fue juzgado y encarcelado, tras ser detenido en Barcelona. Estuvo recluido entre enero de 2017 y junio de 2018, cuando escapó de la cárcel de la Joyita, con la complicidad de policías, a quienes sobornó pagando un millón de dólares, según registros de la Interpol. Varios políticos de ese país pedían su cabeza porque tenía pruebas de la corrupción en altas esferas del poder.

En Panamá vivió el ex presidente Abdalá Bucaram, asilado desde 1997 cuando fue depuesto del poder, hasta su retorno a Ecuador, en junio de 2017. Reportes de la prensa local establecen que Dahan era un exagente de inteligencia israelí, que con su ingenio y audacia se había dedicado a los negocios y al contraespionaje.

A Ecuador llegó a fines de noviembre de 2019 con la identidad de Tomer Sheinman. En febrero de 2020, se ingenió para viajar nuevamente hacia Panamá, como un tripulante de vuelo. Eso lo muestran los registros migratorios que revisamos, en los que empleó esa identidad.

En Quito construyó hábilmente la fachada de un acaudalado empresario. Bordeaba los 40. Alto, calvo, de contextura gruesa y ojos de color castaño. Hablaba inglés, hebreo y español.

Chef aficionado, con la faceta de un generoso anfitrión se acercó a los vecinos del exclusivo edificio Yoo, en la avenida González Suárez, una de las zonas más caras de la capital. Vivió en el piso 14, junto con su novia peruana Isabel Marengo, a quien doblaba en edad. También compartía el departamento con su compatriota, el experto informático Oren Sheinman, apodado Tarzán por su melena y figura atlética. Sheinman es australiano e israelí y tenía cinco identidades. Era tal la cercanía entre ambos, que Shy Dahan adoptó el nombre del hermano de Oren. Por eso, a  Shy lo conocían como Tomer Sheinman en Ecuador.

Lo cierto es que los dos israelíes aprovecharon también la pandemia para hacer buenos negocios. Vendieron mascarillas y pruebas rápidas Covid-19. Falsificaron documentos y fueron detenidos y encarcelados en Santa Elena.

La trama era más o menos conocida hasta hace pocos días, cuando este portal reveló que Dahan, desde la prisión, conversó por teléfono con el expresidente Abdalá Bucaram. El audio, de siete minutos, muestra que Bucaram se dirige en tono coloquial a «Tom». Es el diminutivo de Tomer. Bucaram trataba de calmarlo y le ofreció mover sus influencias “en el tribunal”, con la ayuda de una funcionaria de la Judicatura de Santa Elena para liberarlo de los cargos. Le ofreció la visita de su abogado, Walter Vallejo, a la cárcel donde ambos israelíes guardaban prisión.

Del diálogo se desprende que el israelí temía por su vida, que le preocupaba que el exmandatario quisiera únicamente ayudar a su hijo (Jacobo), investigado por su posible participación en los negociados de insumos médicos en hospitales públicos. Su miedo estaba plenamente justificado. Dahan fue asesinado a inicios de agosto en la cárcel.

Después de la publicación en nuestro portal del diálogo, el exmandatario fue vinculado por la Fiscalía al proceso por delincuencia organizada.

Los negocios con los Bucaram

Nueva evidencia, que ahora presentamos, revela que en el pico de la pandemia (mayo de 2020) los israelíes intermediaron en la venta de 21 mil kits de pruebas rápidas Covid-19. Compraron estos insumos a un vecino de su lujoso edificio, a quien estafaron pues nunca le pagaron los valores pactados. A su vez, los extranjeros vendieron los tests en Guayaquil a la familia Bucaram.

Por primera vez sale a la luz la ruta de las pruebas rápidas, adquiridas a la velocidad del rayo en plena pandemia, con dinero en efectivo; embodegadas en un hospital público. Una parte quedó guardada en el domicilio del exmandatario. Las pruebas rápidas, como también reveló este medio, tuvieron venta libre y sin control, durante la crisis sanitaria. No solo son ineficaces para diagnosticar el coronavirus, también pueden conducir a un diagnóstico equivocado (falso negativo). Por eso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó su uso en abril. La política, a partir de entonces, debió tender a usar las pruebas moleculares (PCR) junto con la valoración médica, para diagnosticar un cuadro positivo.

El lunes 18 de mayo, a las 07:26 de la mañana, Dahan filmó con su celular las cajas con las pruebas rápidas que estaba a punto de transportar en su vehículo BMW-X5, de color blanco, hacia Guayaquil. En la filmación, de 22 segundos, se observan las cajas blancas con franjas de color rojo, con las inscripciones TestSeaLab y Check, y se escucha al israelí relatar que las pruebas están “listas para entregar” y que la negociación será “solo con efectivo”.

Dos semanas después, el miércoles 3 de junio, la Fiscalía allanó la casa de Abdalá Bucaram en la Kennedy Norte, en la investigación por peculado en la compra de insumos médicos. Los agentes encontraron en la residencia cajas con dos mil pruebas rápidas.

La fiscal Diana Salazar explicó, luego del allanamiento, que se detuvo a Bucaram porque las pruebas requisadas coinciden con las halladas en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado. El video que hoy revelamos muestra que son idénticas a las cajas de tests que Dahan llevó desde Quito. A continuación revelamos los detalles de la organización que estructuraron los israelíes.

Una estructura de fachada

Fue una operación de relojería. Los extranjeros tenían todo bien planificado, al parecer, con meses de anterioridad. La organización también estaba integrada por la peruana Orietta Isabel Marengo Pita y tres agentes metropolitanos de tránsito, a quienes reclutaron de filas de la escolta vicepresidencial, a inicios de la pandemia.

La peruana, de 22 años, alquiló el departamento 141 en el lujoso edificio. El intermediario de la transacción fue un corredor de bienes raíces, encargado de manejar las propiedades del futbolista Antonio Valencia. En la misma edificación por esa temporada vivía el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él aclaró que no tuvo relación alguna con los implicados, lo cual fue corroborado por el abogado de Dahan, Hernán Ulloa.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, explicó que por una normativa vigente 16 policías metropolitanos cumplen el rol de escoltas de autoridades nacionales, aunque ni siquiera él accede a ese tipo de protección. El jefe de seguridad del edificio es un exoficial de la Policía, quien aportó con información importante para esclarecer el caso.

Marengo, morena y delgada, cumplía funciones de logística. Compró un vehículo Ford Explorer azul, en aproximadamente 40 mil dólares en un patio de carros de lujo, ubicado en el norte de Quito, sobre la avenida 6 de Diciembre, cuyo administrador nos confirmó la venta, pero pidió el anonimato. El auto es similar a uno que pertenece a la embajada de Estados Unidos y es utilizado por agentes de la Oficina Antidrogas (DEA).

De esto se habrían percatado, semanas antes, dos de los uniformados que colaboraban con esta organización. Simulando un operativo de control de documentos, interceptaron un vehículo azul, Ford Explorer, que circulaba por el norte de Quito, en el que viajaban dos agentes de la DEA. Les pidieron las credenciales y caminaron hacia la parte posterior para revisar el vehículo, momento que aprovecharon para fotografiar los papeles y el auto, según observaron los funcionarios estadounidenses por sus retrovisores. De esta manera, luego clonaron los documentos. Esto fue corroborado por fuentes

de la Embajada de EE.UU.

Después de la compra, Marengo extendió un poder a uno de los agentes, quien retiró el Ford Explorer. Por lo regular, los extranjeros se movían en el BMW blanco, que circulaba con escolta, libremente por las calles de Quito, en plena cuarentena, contó el exoficial al frente de la seguridad del edificio.

Los negocios y pruebas rápidas

En el departamento 141 del piso 14 se concretaron los negocios, según la bitácora de accesos del portero del edificio. Se reunían los israelíes, Isabel y los agentes metropolitanos, frecuentes comensales. También empezó a compartir su mesa la pareja de quiteños que vivía en el departamento contiguo. Se conocieron desde el 16 de marzo, cuando empezó la pandemia, ya que coincidían en el balcón mientras realizaban ejercicios físicos.

“Durante la cuarentena pasé mucho tiempo con Tarzán, debido a que venía a mi balcón para hacer ejercicio juntos. Estas personas se ganaron mi confianza, nos traían comida porque Tom siempre cocinaba mucho y daba alimentos a todos los guardias del edificio”, relató Bryan, un joven emprendedor a Código Vidrio.

Mientras tanto, algunos de los propietarios y arrendatarios del complejo empezaron a exteriorizar su preocupación por la entrada y salida de extraños que trabajaban con los israelíes. Sobre todo, les llamaba la atención la llegada constante de camiones grandes que se estacionaban al ingreso del inmueble, con decenas de cajas de insumos médicos comercializados por los extranjeros, en medio de la restricción de circulación por la pandemia.

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Se volvieron muy buenos amigos de Bryan y su esposa, se ganaron su confianza, y en una cena al calor de los vinos concretaron la venta de dos mil mascarillas. El negocio fue exitoso y enseguida pactaron otra transacción por diez mil más. A continuación, la propuesta creció: se trataba de colocar cien mil tapabocas en el mercado, pero debían entregar efectivo y venderlas en un tiempo limitado. Al final de cuentas, Bryan les entregó 44.600 dólares, en efectivo. Cuando no recibió la mercadería, se preocupó; en respuesta y para tranquilizarlo, Dahan le envió imágenes de una hacienda en Cotacachi, a donde había viajado para cobrar 600 mil dólares por la venta de insumos a un “político guayaquileño”, cuyo nombre no precisó.

Bryan insistió en recibir las mascarillas o el dinero, alegando que debía pagar a un amigo de infancia, cuyo padre acababa de importar 20 mil pruebas rápidas Covid-19. Dahan le comentó que tenía un comprador asegurado en Guayaquil para esas pruebas. Y nombró a Jacobo Bucaram.

Dahan, jugador empedernido de poker, compartió partidas con Jacobo en Miami, según le contó el mismo israelí a Bryan, en una de las reuniones previas. Por eso, no le extrañó enterarse que el  hijo del exmandatario era su contraparte en la venta de las pruebas rápidas.

En su afán por recuperar la plata de las mascarillas y asegurar la venta de las pruebas, Bryan recibió las 20 mil pruebas rápidas de su amigo, y agregó mil más de otro conocido. Pactó verbalmente el precio de 18 dólares por cada una; no hubo contrato de por medio. Cada test lo recibió a 10,5 dólares; la ganancia proyectada era 7,50 por unidad. El emprendedor quiteño dijo que desconocía que los tests tenían como destino final un hospital público.

Dahan le informó que transportarían las pruebas hacia Guayaquil, donde se encontraba el comprador. Esto ocurrió el lunes 18 de mayo, justamente cuando filmó el video que hoy presentamos. Para cerciorarse de que el negocio se cerrara y recibir su dinero, Bryan también viajó en su carro con su esposa y su amigo.

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Video grabado el 18 de mayo por Dahan, antes de salir desde Quito a Guayaquil

Los extranjeros insistieron en que por tener protección y escolta uniformada -cuyo pago de $3.000 asumió el propio Bryan- era más seguro que embarcaran los tests en su vehículo. La escolta los acompañó hasta la salida suroriente de Quito.

Al llegar a la gasolinera Primax de Santo Domingo -a tres horas de Quito- perdieron de vista al BMW. La pareja quiteña y su amigo no volvieron a verlos, aunque avanzaron hacia Guayaquil, según lo planificado. Dahan les llamó y les pidió no permanecer en esa ciudad porque era inseguro. Con el pasar de las horas recibieron todo tipo de mensajes, amenazas e intimidaciones. Permanecieron en esa ciudad dos días y luego regresaron a Quito.

El 23 de mayo, Bryan formalizó su demanda ante la Fiscalía, por estafa: denunciaba haber perdido más de 400 mil dólares, que reunió de familiares y amigos en su intento por concretar los negocios.

El abogado de los agentes metropolitanos, Harrison Salcedo, insinuó que una alta autoridad tenía la capacidad de generar las credenciales falsas. “Yo estoy diciendo que el exvicepresidente Otto Sonnenholzner sabía  y los presentó como amigos… ¿Quién más puede generar este tipo de cosas?”. Salcedo es a la vez abogado del exvicepresidente Jorge Glas. Los tres uniformados hoy están acusados por delincuencia organizada, junto a Abdalá Bucaram y el israelí Sheinman.

“Que continúen las investigaciones y se sancione a quienes corresponda. No conozco ni tengo ningún tipo de relación con las personas en mención y espero que ninguno de estos actos delictivos quede en la impunidad. Tengo claro que existen personas que a toda costa insisten en la calumnia, esa es la forma en la que siempre han hecho política y eso es algo que la gente de bien debemos de luchar por cambiar”, respondió Sonnenholzner, al tiempo de anunciar que analiza iniciar acciones legales contra quienes lo relacionaron con los uniformados.

 

“El libro de Salmos nos salvó la vida”

A partir de entonces, los extranjeros ya no volvieron al departamento 141, en la capital. Se radicaron en Chipipe (Santa Elena, cerca a la playa), en el penthouse de un lujoso condominio que también rentó la peruana. Ella se había afincado por primera vez en Ecuador en 2015, pero hacía constantes viajes hacia Francia, España y Perú, según sus registros migratorios.

El lunes primero de junio, los israelíes circulaban en el Ford Explorer azul por la vía La Libertad – Salinas. Debieron detener el vehículo con vidrios polarizados en un puesto de control policial, donde dijeron ser agentes de la DEA y presentaron sus credenciales. Al cruzar la información con funcionarios estadounidenses, los policías confirmaron que los documentos eran falsos y detuvieron a los extranjeros, que llevaban 100 mil dólares en efectivo.

Luego, los policías fueron al apartamento en Chipipe, donde encontraron 212 mil dólares, 385 euros y dos vehículos de alta gama. Entre ellos, el auto BMW.

Se les imputaron cargos por falsificación y uso doloso de documentos, además de enriquecimiento ilícito privado. En su versión, los dos relataron cómo vendieron las pruebas a Jacobo Bucaram, quien les pagó en efectivo. “Entramos en la casa (de los Bucaram), frente a las canchas de tenis, al lado de la piscina. Nosotros cerramos en 15 dólares por paquete y él (Jacobo) fue a buscar el dinero, la cantidad total era 321.600 dólares. Trajo una maleta que estaba con mucho, mucho dinero, y contamos 321 mil dólares que era nuestra cantidad, él sonrió y me peguntó dónde está tu maleta. Le dije que no tenía y me trajo un cartón para poner el dinero…”, relató Dahan.

En total, Jacobo contó 21.440 cajas de pruebas, q importadas a Quito y adquiridas inicialmente a un costo de $3,75. Compró cada prueba en $15 y revendió al hospital del Seguro Social a $ 68 cada test. Aunque a las pocas horas de su captura los detenidos aseguraron tener pruebas de sus negocios con los Bucaram, no recibieron una respuesta ágil de la justicia.

El lunes 27 de julio, sus abogados, Hernán Ulloa y Héctor Vanegas, firmaron una comunicación conjunta, dirigida a la Fiscal general, a la que accedimos. En ella denuncian que la fiscal del caso no atendió su pedido de entregar información “que posiblemente desencadene en la vinculación y el procesamiento de otras personas”.

Días después, Dahan tuvo la precaución de grabar las conversaciones telefónicas con el expresidente Abdalá Bucaram y con su hijo Jacobo. Presentamos este diálogo en días anteriores. El expresidente le pregunta si le da su palabra de que su vida no corre peligro. A Jacobo, le increpa disgustado porque no le ha respondido ni cumplido sus ofrecimientos. Entonces Abdalá le asegura que  le visitará su abogado, el lunes siguiente (3 de agosto), insinuando que sus amigos en la Penitenciaría del Litoral “le pasarían a saludar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director encargado de ese centro de detención autorizó el ingreso del abogado Vallejo. Ese primer lunes de agosto, un motín en el mismo centro penitenciario dejó 11 muertos y 26 heridos, por la supuesta pugna entre bandas rivales enfrentadas por el control del penal.

Para Dahan, ese motín encubría en realidad el intento por asesinarlos, a él y a Oren Sheinman.

A un rabino con el que chateaba, le escribió que temía por su vida, y que creía que todo era una operación de distracción. “Oren y yo estábamos sosteniendo un libro de Salmos y eso nos salvó”.

A insistencia de su defensa, el viernes 7 de agosto, el contenido del celular de Dahan fue sometido a una pericia para extraer la información. La madrugada del sábado 8 fue asesinado: uno de los presos, al parecer, lo mató golpeándole con una pesa en el cráneo.

Horas más tarde Oren, quien también fue golpeado pero sobrevivió, rindió su versión. En el hospital Abel Gilbert Pontón donde se recuperaba del ataque confirmó que vendieron las pruebas a Bucaram. Ratificó que recibieron amenazas de muerte, a través de llamadas y mensajes, de Abdalá y Jacobo Bucaram. Desconfiaba del director de la prisión, Héctor Reyna, quien le había contado que su cabeza tenía precio, e intentó extorsionarlo.

“Los últimos dos días hubo llamadas y mensajes de Jacobo Bucaram y Abdalá Bucaram, que si hablamos y mostramos evidencias nos van a matar, al igual que a nuestra familia, no importa que vivan en ‘otro mundo’… Bucaram quiere nuestras cabezas”.

Las autoridades judiciales decidieron un nuevo allanamiento a la casa del expresidente, el 12 de agosto, y lo detuvieron por segunda ocasión en dos meses. Las siguientes horas fue acusado formalmente de una supuesta delincuencia organizada, al igual que los tres agentes de tránsito Kléver Armijos, Johnny Solís y Leandro Berrones, que fueron trasladados a la cárcel de Latacunga.

Abdalá Bucaram y sus hijos negaron su participación en este entramado, y denunciaron violaciones a sus derechos durante el operativo, pues un camarógrafo de Teleamazonas ingresó con los policías y filmó su captura. Anunciaron acciones legales contra el Estado y el medio que difundió las imágenes.

El expresidente insiste en que se trata de una persecución política del gobierno que busca impedir que se candidatice a la Presidencia de la República. Su esposa Rosa Pulley va más allá y afirma que a “Abdalá lo quieren muerto”.

Los abogados de los uniformados enfatizan que son inocentes.

Los datos contenidos en el celular de Dahan y las evidencias que tiene Sheinman pudieran ser las piezas que faltan para completar este rompecabezas. Por lo pronto, los audios y videos que difundimos relacionan al exmandatario con este caso.

Código Vidrio accedió a dos audios de conversaciones telefónicas que el israelí Shy Dahan mantuvo con el ex presidente Abdalá Bucaram y “Jacobo” desde la Penitenciaría del Litoral. El extranjero fue asesinado ayer por otros presos cuando esperaba ser trasladado a Latacunga. En el primer diálogo se oye a Bucaram ofrecerle a Dahan controlar al tribunal que lo juzgaría, a través de una funcionaria de la Judicatura, en Santa Elena. Además le garantiza los servicios de un abogado, en el juicio que investiga negociados en la compra de insumos médicos en Guayaquil. En el segundo audio, Dahan menciona a “Jacobo” y reclama a su interlocutor porque no le llamó su abogado. Por su parte, Bucaram denunció que es una persecución del gobierno en su contra y de su familia, pues se busca impedir su particpación en las próximas elecciones. Además reconoció haber conversado con Dahan. 

Redacción Código Vidrio

La trama que envuelve al asesinato del israelí Shy Dahan -hallado sin vida este sábado en la penitenciaría de Guayaquil- toma un giro inesperado. El expresidente Abdalá Bucaram mantuvo una conversación telefónica con el detenido, a quien le ofreció que presionaría al tribunal, a través de sus contactos en la Judicatura de Santa Elena y que pondría a su disposición su abogado para tratar de liberarlo.

Según la grabación, le aseguró que apoyaría su defensa. “Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar de matarme”, se escucha decir al extranjero, detenido a inicios de junio, por supuestas irregularidades en compras de insumos de salud, que involucran a Jacobo Bucaram, hijo del exmandatario.

En otra conversación se escucha molesto al extranjero reclamar a “Jacobo” porque no recibió la visita del abogado que le había ofrecido. Su interlocutor, “Jacobo” le responde: “ya está arreglado el proceso abreviado”. Las autoridades investigan si se trata del hijo del ex mandatario.

Jacobo Bucaram tiene una orden de captura en su contra, por presuntos negociados en la venta de insumos médicos a la red de salud pública del país, y por el transporte de piezas del patrimonio histórico.

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AUDIO COMPLETO DE LA CONVERSACIÓN ENTRE EL EX PRESIDENTE Y DAHAN

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Código Vidrio accedió a los audios de la conversación telefónica que mantuvo el expresidente Bucaram y “Jacobo”, en distintos momentos, con Dahan en la Penitenciaría.

Dahan fue asesinado este sábado 7 de agosto en la celda 20 en la Penitenciaría del Litoral. El extranjero junto a otro israelí vinculado en el mismo caso, Oren Sheinman, iban a ser trasladados a la cárcel de Latacunga.

Dahan fue detenido en junio pasado en Santa Elena cuando se descubrió que trataba de vender insumos médicos y se hacía pasar como agente del DEA. Luego de unas semanas en prisión el israelí, a través de su abogado, anunció que estaba dispuesto a cooperar con la justicia y sostuvo que realizó un supuesto negocio de pruebas Covid con Jacobo Bucaram por 321.000 dólares. Los dos detenidos coincidieron en que recibieron el dinero de manos del hijo del ex presidente, cuyo domicilio visitaron en la Kennedy Norte.

Héctor Vanegas, abogado de Sheinman, dijo que “hay una mafia que está dispuesta a todo para que su accionar quede impune”.

Luego de que el caso estalló, Bucaram, quien también está procesado y es monitoreado con un brazalete electrónico, denunció que las acusaciones en este caso son una persecución política del gobierno, que trata de impedir su participación en las elecciones presidenciales del 2021. Ofreció difundir su versión completa esta noche, pero anticipó en su cuenta en Twitter que “están matando gente para acusar a mi familia”. “Matan a un pobre chico israelita y quieren obligar al otro a hablar contra Bucaram, y sino lo matan también, quisieron matar a mi abogado”.

En el primer audio, que dura algo más de siete minutos, el ex jefe de Estado le promete a Dahan que le ayudará con su defensa. “Para el día lunes voy a tratar que entre el abogado Walter Vallejo para que sea tu abogado”.

En la conversación, el extranjero se mostraba desconfiado y nervioso.

-“Voy a tratar de que hoy esa persona se presente. Me extraña lo que ha pasado. Las personas que tenían que saludarte, no te saludaron”, le dice Bucaram a Dahan, quien le reclamaba que nadie le había contactado. Segundos después le pide al ex presidente su palabra de que nadie atentaría contra su vida.

-“Sí, ya hablamos lo de la palabra, yo mantengo mi palabra de que en el tribunal te saco”, responde Bucaram.

“¿Y cómo puedo sacar a mi hijo sin sacarte a ti”, dice dos veces Bucaram, ante la desconfianza de Dahan frente a sus ofrecimientos.

-“Entiende, tú eres inteligente. Tú me das la mano, yo te doy la mano”.

Además, le asegura que podía ayudarlo a salir de prisión, luego de que se realizara la audiencia de juzgamiento que se suspendió el pasado 31 de julio.

-“Yo mantengo mi palabra, que en el tribunal te saco”, le promete a continuación al extranjero. Y afirma que tiene cómo hacerlo desde el Consejo de la Judicatura. En ese instante le pide a otra persona que está a su lado, a quien identifica como su abogado, que le explique cómo será su proceso judicial.

Entonces el abogado le detalla que el juez no dio paso a la nulidad de su proceso penal, pero que la audiencia se aplazó para otra fecha. Bucaram interviene y asegura que cuando el caso llegue al Tribunal Penal en Guayaquil lo liberarán de sus cargos: “En ese tribunal es donde nosostros podemos actuar”.

Para darle más confianza, le hace escuchar el audio de una mujer que le cuenta el resultado de la diligencia judicial:

-“Sí, buenos días. Se resolvió que no hay ninguna nulidad. Y de ahí se suspendió, entonces me acaba de llamar para decirme que pilas con eso de ahí”.

Dahan pregunta quién es la mujer y el abogado responde:

-“Ella es nuestra persona en el Consejo de la Judicatura, de Santa Elena».

Y Bucaram agrega:

-“El Consejo de la Judicatura manda a los jueces, lograron evitar que se dé la nulidad. El que quería la nulidad es Vanegas”.

La conversación termina con unas palabras amigables para el extranjero.

 “Jacobo” entra en escena

En otro audio al que accedimos se recoge otra llamada donde participa Jacobo Bucaram. «Jacobo yo no soy mentiroso. Nadie llegó, nadie habló», dice el extranjero.

El diálogo dura apenas 48 segundos y “Jacobo”, quien al parecer es el hijo mayor del ex Mandatario, le dice “el abreviado está arreglado”.

El abreviado es una figura de beneficio judicial al que se puede acoger un implicado si acepta su responsabilidad para colaborar con la justicia. A cambio recibe un juicio rápido y una sentencia más corta.

El extranjero no escucha claramente lo que dice Bucaram. Y le reclama molesto que no había sido contactado antes por ningún abogado ni otras personas.

La madrugada del sábado 8 de agosto, Dahan fue encontrado muerto en su celda.

El día anterior se realizó el peritaje al contenido de su teléfono celular y el de su compatriota también detenido y que fue herido en el atentado criminal. Su abogado pidió esa diligencia.

Los últimos cinco años, 433 proveedores de productos médicos que no tienen permisos de operación ni almacenamiento de la Arcsa ganaron contratos públicos por 491 millones de dólares. Entre las compañías que recibieron los convenios más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, que construye carreteras, puentes y hospitales. Obtuvo 7 millones por la venta de insumos de salud y fue parte del consorcio que edificó el hospital del IESS en el sur de Quito, por $206 millones. Mientras tanto, la venta de pruebas rápidas se expande sin control, ante la falta de controles, causando la proliferación del virus por falsos negativos. Estos tests no sirven para diagnosticar el coronavirus, según alertó la OMS en abril, pero ese mes la autoridad sanitaria importó cientos de miles. Sin embargo, incluso se venden por redes sociales, y los empleadores las piden como requisito para volver al trabajo.

Redacción Código Vidrio

La corrupción y los negociados millonarios en las compras públicas de salud tienen un patrón recurrente: la adjudicación a proveedores que no tienen permisos para comercializar insumos médicos y que se dedican a actividades totalmente distintas a las de salud.

Los últimos cinco años, 433 proveedores que no tenían permisos de funcionamiento ni almacenamiento ganaron contratos por 491 millones de dólares, según información que recabamos en el Servicio de Compras Públicas (Sercop).

Esos proveedores participaron y ganaron en 54.574 procedimientos de compras. El monto mayor, 315 millones de dólares, se adjudicó a través de subastas inversas, es decir un concurso entre varios oferentes, donde se han presentado casos recurrentes de supuesta corrupción.

Esos vendedores no tienen una licencia de establecimiento farmacéutico ni certificado de buenas prácticas de almacenamiento, distibución y transporte, requisitos obligatorios para contratar con el estado.

Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), confirma que ninguno de los 491 proveedores de dispositivos médicos (de un total de 898 adjudicados), tiene el permiso de funcionamiento expedido de establecimiento farmacéutico de la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Ese requisito está establecido en la Ley de Salud, pero no ha sido exigido ni verificado por las autoridades de control, en la última década.

Tampoco el Sercop ni Arcsa han relizado un control sistemático sobre esos proveedores, que en realidad importan más del 95% de insumos. “Entre los organismos de control no hay coordinación para atacar e impedir esas prácticas ilegales”, subraya Murgueitio.

En los casos denunciados, la cadena de irregularidades empieza con la entrega del Registro Único de Proveedores en el Sercop. Para extender el documento, que habilita a cualquier persona o empresa a participar en las compras públicas, el Servicio de Contratación solo les exigió a los proveedores la cédula de indentidad, sin una verificación del cumplimiento de otros requisitos exigidos por Arcsa.

En julio del año pasado, la Asedim entregó el listado con los vendedores de insumos que no tienen permisos a la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. No obstante, Andramuño ni otras autoridades a las que han enviado comunicaciones respondieron a sus pedidos ni han hecho correctivos.

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Adjudicaciones a proveedores sin permisos de Arcsa

 

Pedimos una entrevista a Andramuño, pero no contestó a nuestra solicitud.

En entrevista con Código Vidrio, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo que precisamente ante la serie de irregularidades y negociados denunciados en las compras de salud, tras su llegada a esa cartera, a fines de marzo, decidió eliminar las compras por emergencia y pasar al régimen común de contratación. En este esquema se efetúan concursos abiertos para la puja de varias empresas y se siguen todos los pasos que exige la Ley. Desde el 18 de mayo, inclusive, un equipo de la Contraloría acompaña al personal de Salud en los procesos de contratación, recalcó Zevallos.

Ante la insistencia de Asedim, el 7 de febrero pasado la entonces directora del Sercop, Silvana Vallejo, envió un comunicado a los responsables de compras públicas y de las entidades contratantes para exigir el cumplimiento de las normas, pero las irregularidades persisten, según pudimos constatar.

Constructora china de carreteras vende insumos médicos

Entre las compañías que recibieron los contratos más cuantiosos está China Railway First Group Co. LTD, sucursal de la mega empresa estatal China  Railway Engineering Corporation, cuya línea de actividad incluye la construcción de ferrocarriles, carreteras, puentes, túneles, vías urbanas, obras municipales y construcción de viviendas.

China Railway First Group fue constituida como empresa en abril del 2014. Aunque su razón social es la construcción de carreteras, tendido de tuberías y la contratación de estudios de topografía, es la firma que obtuvo más ingresos entre los 433 proveedores observados sin permisos.

Entre 2016 y 2017, ganó más de 7 millones de dólares por la venta de insumos médicos a entidades públicas de salud. Le siguen Ortopedia Médica Ormedic CIA. (4,5 millones). Gammaic (4,3 millones), Andinamedical (3,9 millones) y Optimedic (3,6 millones).

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Página oficial de la empresa estatal china en Internet

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La compañía tuvo en 2018 un patrimonio de 862 mil dólares. Al revisar sus registros en la página de la Superintendencia de Compañías constatamos que no tiene accionistas, tampoco un presidente ni gerente. Solo aparece como apoderado Xiaokang Jiao, quien es su representante legal.

Llamamos a los números de la compañía, que tiene un capital de 30 mil dólares, en Quito y enviamos un correo electrónico a sus representantes para conocer los detalles del contrato, pero no nos han repondido.

En el anterior gobierno, China Railway First Group formó el consorcio NHQ, junto a la constructora ecuatoriana Semaica y el Grupo Puentes, de España. El consorcio construyó y equipó el hospital IESS Quito Sur. El contrato fue de 206 millones de dólares. De ese valor, aproximadamente 40 millones corresponden a equipamiento, cubierto con financiamiento (deuda).

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El hospital del IESS tiene 83 mil metros de construcción, incluye cinco torres de diez pisos cada una; siete en altura y tres en subterráneos. La obra fue contratada en la administración de Richard Espinosa Guzmán, cuando presidía el Consejo Directivo del IESS.

Inmobiliarias, empresas aéreas, papelerías entran en el negocio

Este portal revisó los contratos entregados a 20 proveedores con mayor monto adjudicado, entre 2019 y 2020. Estos registran 1.930 procedimientos de contratación pública, adjudicados por $ 39,8 millones.

De los 20 proveedores principales, 8 no operan como establecimientos o distribuidores de salud. Esa no es su razón social. Se dedican a otras actividades económicas: son empresas inmobiliarias, de construcción, transporte aéreo e industriales.

Uno de los proveedores que recibió las mayores adjudicaciones es BKB Maquinaria Industrial, con RUC 1791254511001. Ganó $4,5 millones por venta de productos médicos, aunque se dedica a la fabricación, comercialización y distribución de maquinaria industrial, como tornos, mortajadoras, fresadoras, sierras y cintas para sierras.

Otro contratista que tiene inconsistencias en su historial es Carlos Alberto Figallo Segovia (RUC 0913265526001). Como persona natural declara como actividad económica la venta al por mayor de materiales de papelería.

Sin embargo, en 2018, Figallo firmó un contrato con el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta para vender dispositivos médicos. MONTO

Luego volvió a participar en compras públicas, en febrero de este año, pero no como persona natural, sino como presidente de Corporation Premier Global, Premiglob, una empresa dedicada a la venta, exportación y construcción de implementos de vivienda.

A inicios de este año, el Hospital Provincial Doctor Verdi Cevallos, de Portoviejo, adjudicó contratos a la corporación de Figallo, para adquirir reactivos e insumos para laboratorio. En total ganó contratos por $2,2 millones.

La empresa Diguercorp (RUC 0992708360001) ocupa el segundo lugar en la lista de los 20 proveedores con mayores montos adjudicados. Se ubica también entre los proveedores que realizan actividades ajenas a salud. Pese a que sus principales actividades son la compraventa y arriendo de bienes inmuebles, participó y ganó 11 contratos durante un año por $ 3.2 millones.

José Jalil & Hijos representaciones y Comercio ganó 56 procesos de contratación en salud por más de $2 millones. Sin embargo, su razón social corresponde a la representación de personas naturales o jurídicas, en gestión o administración de negocios y gerencia de proyectos de cualquier índole.

La firma Ceroriesgo se dedica a actividades inmobiliarias y es presidida por Stalin Apolinario Delgado, quien también consta como persona natural contratada por el estado (con RUC 0918760141001). Su razón social  es la venta de productos farmacéuticos en establecimientos especializados. La empresa y Apolinario ganaron 15 contratos por más de 3 millones, durante la emergencia por el Covid-19.

La venta de insumos también fue lucrativa para la empresa aérea Aeromaster Airways: obtuvo 9 contratos por $1,5 millones para proveer productos médicos. Su actividad son los vuelos panorámicos y turísticos, incluyendo actividades generales de aviación.

Otro proveedor de salud es Víctor Hugo Tello, quien usualmente se dedica a la fabricación de todo tipo de muebles. Recibió más de 900 contratos por más de un millón de dólares, por la venta de insumos médicos.

Según el artículo 259 de la Ley Orgánica de Salud, “los establecimientos farmacéuticos autorizados para realizar promoción médica, importación y venta al por mayor a terceros de los productos elaborados por sus representados, deben cumplir con buenas prácticas de almacenamiento y distribución determinadas por la autoridad sanitaria nacional. Requieren para su funcionamiento de la dirección técnica responsable de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico”. Ninguno de los proveedores analizados cumple estos requisitos.

Pruebas rápidas COVID-19:  negocio para unos, engaño para otros

A inicios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionó la efectividad de las pruebas rápidas Covid-19. Aseguró que podrían “categorizar falsamente” a personas que padecen la enfermedad. Pese a la alerta, el sistema de salud pública y el privado importaron estos insumos sin control. Hasta fines de julio de 2020, 53 entidades públicas mantenían contratos de compras de tests rápidos.

En total se adquirieron 531.644 tests a escala nacional. De ese número, la mayoría, un 82%, pertenece a la matriz del Ministerio de Salud, es decir, 440.800. Otros compradores de pruebas rápidas fueron hospitales y centros de la salud de la red pública nacional; la prefecturas de Guayas, Manabí y Pichincha; 30 municipios y el cuerpo de bomberos del cantón Samborondón.

El Ministerio de Salud apostó por la compra de un millón de pruebas rápidas. El Gobierno anunció que sería una medida para paliar la crisis sanitaria.

El proceso para esta adquisición se inició el 20 de abril, a pesar de que ya se conocía la alerta de la OMS. Los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) dan cuenta que el contrato se adjudicó a la empresa MV Asociados. Del millón de exámenes finalmente llegaron al país 430.000, cantidad con la que se finalizó el contrato por acuerdo mutuo con su arribo el 16 de mayo. Adicionalmente, se ingresaron 10.800 test más con la empresa Dimprokel S.A. En total se compraron 440.800 pruebas.  A partir de entonces, el Gobierno pausó la ejecución de este tipo exámenes.

A fines de abril, el Ministerio de Salud difundió por primera ocasión las estadísticas de pruebas rápidas y las pruebas de diagnóstico molecular, PCR. Éstas últimas son las recomendadas para diagnosticar el coronavirus. Por esas fechas, las autoridades informaron que se practicaron 31.134 pruebas PCR (16.130 descartados y 15.004 descartados); mientras que se registraron 17.158 pruebas rápidas (8.922 con sus resultados fueron negativos y 8.236 con diagnóstico positivo).

Cuatro meses después, el conteo de pruebas rápidas subió a 20.572; mientras que las PCR llegaron a 184.045, entre negativos y positivos.

La OMS establece que “deben validarse en las poblaciones y entornos apropiados”. Incluso menciona que las “pruebas inadecuadas pueden pasar por alto a los pacientes con infección activa o categorizar falsamente a los pacientes con la enfermedad cuando no la tienen, lo que dificulta aún más los esfuerzos de control de la enfermedad”.

El principal problema de las pruebas rápidas es que no tienen la sensibilidad para  discernir la producción de anticuerpos, que varía según la edad, peso y sistema inmunológico de cada persona y que cambia durante los 13 días de contagio. A esto se refiere la OMS con “pruebas inadecuadas”, porque una persona puede tener el virus, pero si no ha transcurrido el período mínimo para generar sustancias detectables, como anticuerpos, la prueba resulta en un falso negativo para el paciente.

El Ministerio de Salud emitió un protocolo para la realización de estas pruebas. En ese documento se especifica que se deben practicar en pacientes que acudan al servicio de emergencia o ingresen con más de cinco días de evolución de la enfermedad y que se encuentren dentro de los 10 días posteriores al contacto de sospecha.

Adicionalmente como un mecanismo de seguimiento de la “respuesta inmune en pacientes infectados con o sin síntomas”. También para investigación epidemiológica y clínica. Finalmente, para inferir “seroprevalencia en una localidad o población determinada”. En ese protocolo se específica que deben realizarse en profesionales de primera línea (sanitario, fuerza pública y otros altamente expuestos), “lo que ayudaría a identificar a aquellos que han creado inmunidad y puedan volver al trabajo minimizando el riesgo de propagación del virus a colegas y demás población”.

Baratillo de pruebas rápidas

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) alertó desde marzo la necesidad de regular la importación y venta de pruebas para Covid-19. Sus temores tenían sustento, porque pocos días después se desencadenó un baratillo de esos exámenes en las redes sociales.

En abril, el ministro de Salud Juan Carlos Zevallos aseguró que la importación y comercialización de las pruebas se sometería a un reglamento. Esta norma permitía para entonces la venta de 25 marcas, las cuales pasaron una selección. Por ejemplo, se analizaron los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas y, además, las  certificaciones o aval de instituciones de control sanitario de Estados Unidos, China o de la Unión Europea.

Sin embargo, los controles para frenar la venta informal fueron insuficientes. A inicios de junio, en el sector del Bicentenario, en el norte de Quito, la Policía allanó una imprenta donde se adulteraban las fechas y otras indicaciones de las pruebas. En ese operativo se incautaron 17.000 tests que habían llegado desde China.

La incautación se cumplió luego de una denuncia de los perjudicados que compraron esas pruebas y se percataron que el empaque original fue modificado. Ese mismo mes, la Policía en Santa Elena arrestó a dos extranjeros que se hacían pasar por agentes de la DEA estadounidense, pero que estaban vinculados a la venta irregular de pruebas rápidas de Covid-19.

Ambos declararon a la Fiscalía que no son los únicos involucrados en este negocio, sino que la cola llega hasta Jacobo Bucaram, hijo del ex presidente Abdalá Bucaram.

En el intento de frenar esta comercialización irregular, la Agencia de Control Sanitario extendió el número de pruebas que pueden ser vendidas y de las personas o empresas que pueden importar esos productos. Su último listado es del 12 de junio y se registraron 83 permisos para marcas estadounidenses, europeas; pero especialmente, de fabricación china.

El Arcsa sostuvo que este permiso es temporal. Además, prohibió la llegada al país y venta de seis marcas. La lista de pruebas certificadas por el Arcsa se puede encontrar en este link https://www.controlsanitario.gob.ec/nuevos-registros-sanitarios-arcsa/

El ministro Zevallos confesó en la Asamblea el jueves último la dificultad de seguir la pista de las pruebas rápidas que se comercializaron en el país. “Las pruebas rápidas que valoran anticuerpos no son recomendadas para la detección del virus, las únicas son las PCR”.

Sin embargo, por desconocimiento, muchos empleadores del sector privado aún exigen a sus colaboradores realizarse tests rápidos (que son hasta 10 veces más baratos que un test molecular o PCR), como requisito para reincorporarse a su jornada laboral. Las pruebas se compran en línea, a través de redes sociales. Los resultados negativos causan que personas infectadas por coronavirus, en fases tempranas del contagio, sigan diseminando la enfermedad. Muchos comerciantes se han enriquecido con la venta de estos insumos; mientras suben los contagios, a causa de diagnósticos engañosos.

Desde enero, en tres ocasiones, los importadores de implementos médicos de bioseguridad y farmacéuticos pidieron al Gobierno iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19 al personal de salud pública. Pero entre enero y marzo no hubo procesos de compras. En abril ya no había stock en las bodegas. Los médicos y enfemeras denuncian la falta de equipos de protección como la principal causa de contagios y muertes de sus colegas. Las autoridades dicen que la demanda mundial complicó las compras, en los tres primeros meses de la pandemia, pero que hoy hay suficiente stock.

Redacción Código Vidrio

Casi al mes de haberse decretado la emergencia por el coronavirus, en Ecuador todavía faltaban implementos de bioseguridad, especialmente para médicos y enfermeras.

Era el 14 de abril. La Dirección Nacional de Medicamentos solicitó un informe urgente a los encargados de la bodega central para confirmar la existencia de medicamentos y dispositivos para enfrentar la pandemia. La respuesta ese día, resumida en cuatro palabras: “No se cuenta con stock”.

Ese informe está registrado en el memorándum MSP-DNA-2020-0803 y fue el disparador para agilitar los procesos de compras en todo el sistema de salud, aunque bajo procesos más expeditos de contratación, por las recurrentes denuncias de negociados y corrupción desde que estalló la pandemia.

La falta de equipos de bioseguridad ha sido un reclamo recurrente del personal de salud en los hospitales, así como de los dirigentes gremiales que denuncian ésa como la principal causa de la muerte de 130 médicos.

Desde enero, en tres ocasiones, los productores e importadores de insumos médicos pidieron a las autoridades de Salud iniciar los procesos contractuales, para dotar de equipos de protección y pruebas para Covid-19. Las alertas no tuvieron respuesta.

A fines de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Panamericana de Salud, enviaron al país una alerta titulada “Urgente”, por la propagación del virus originado en China.

El 27 de enero, el comunicado llegó al despacho de la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño. El documento, en esencia, pedía que se preparen ante los contagios y sigan varias recomendaciones, como contar con insumos de protección.

Ese mismo día, el Ministerio envió el memorándum MPS-SNVSP-2020-00156 a todas las casas de salud con los lineamientos provisionales para frenar los contagios y atender a los pacientes. Aún no había infestados.

La Coordinación 8 del Ministerio, que abarca a Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, hizo los primeros controles en la llegada internacional del Aeropuerto de Guayaquil. Cuatro trabajadores de Salud, vestidos de blanco y sin mascarillas, entregaban un tríptico de información y recomendaciones a los viajeros que arribaban.

Simultáneamente, la subsecretaria de Salud, Diana Molina, envió un comunicado a los distribuidores de insumos. Solicitaba que en 72 horas informaran la disponibilidad en inventario de 15 productos para enfrentar el virus. También debían especificar la posibilidad de fabricarlos y sus costos, según las cantidades requeridas.

Según ese documento, el Ministerio planeaba hacer una sola compra masiva de insumos. Pedía un estimado de 95 millones de pares de guantes de examinación y quirúrgicos;  8,8 millones de mascarillas quirúrgicas; 871.578 mascarillas N95; 2,3 millones de batas y 6.516 bolsas para cadáveres de adultos y niños.

Pero la respuesta de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) fue preocupante. Para entonces, solo contaban con el 10% de lo que pedía el Ministerio.

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Por eso, en la comunicación los importadores solicitaron que agilitaran los procesos de contratación, tomando en cuenta el tiempo de los trámites burocráticos, pero sobre todo los plazos para importación de los productos, puesto que el 99% no se fabrica en el país.

El 6 de febrero el Ministerio de Salud comunicó a sus nueve direcciones zonales los lineamientos para la compra de productos y medicamentos para el Covid-19. Pero, en el portal de Servicio de Compras Públicas (Sercop), que revisamos, no existen registros de que se hicieran los procesos contractuales para adquirir esos insumos, ni en febrero ni en la primera quincena de marzo.

Cristina Murgueitio, directora de la Asedim, dijo que el Ministerio de Salud intentó hacer las adquisiciones, pero los procesos contractuales se cayeron porque los precios tomados como base, semanas antes, eran muy inferiores comparados con los que se ofertaban en el mercado.

Pese a no contar con suficientes insumos y medicinas en bodegas, la entonces ministra Andramuño estaba tranquila. El 29 de febrero, cuando se confirmó el caso cero en Guayaquil, dijo que “el Gobierno ha seguido todos los protocolos y ha tomado las medidas de prevención ante la emergencia”.

Un día después se hizo público un audio en redes en el que Andramuño aseguraba a otros funcionarios que tenían los hospitales, insumos y medicamentos listos para afrontar la pandemia.

Ese exceso de confianza caló en el Comité de Operaciones Emergentes (COE), que permitió que en Guayaquil se jugara el partido de fútbol Barcelona-Independiente del Valle, con más de 30.000 espectadores, el 4 de marzo. Hasta entonces, desde Salud se habían hecho dos talleres de socialización de escenarios del coronavirus en el país.

De la calma a la desesperación

En pocos días las autoridades de salud pasaron de la calma al desconcierto y a la desesperación.

Los productores e importadores de insumos escalaron su alerta y preocupación al presidente Lenin Moreno y otros funcionarios de su círculo cercano, advirtiéndoles que las compras no se habían concretado.

En la carta que llegó a Carondelet el 10 de marzo la Asedim exhortaba al mandatario a tomar una decisión urgente para abastecer a los hospitales y adquirir pruebas.

“Es imperiosa la necesidad de que las entidades de las RIPS (Red de Instituciones Públicas de Salud) asignen los recursos económicos necesarios y realizar los procesos de compra con la premura que el caso amerita, para que el país se abastezca y pueda enfrentar la situación”.

Incluso, advertían que así se declarase la emergencia la llegada de los implementos tardaría de 30 a 45 días, pues estaban en lista de espera para las importaciones, disputando las compras con otros países que también buscaban desesperadamente los productos.

Para ese día, el Ministerio certificó el contagio de 17 personas, aunque los especialistas y académicos alertaban de cientos de infectados y de un ocultamiento de información.

Andramuño cierra centros de salud

El 12 de marzo, la ministra Andramuño declaró la emergencia sanitaria y con eso dio luz verde a las compras de emergencia (a dedo), de forma discrecional de cada autoridad en los centros de salud.

Además tomó otra polémica decisión, al margen de la estrategia institucional. Cerró 21 centros médicos de primer nivel, dejando solo cinco operativos en Guayaquil, según Rafael Tamayo, coordinador del Ministerio.

Así, los pacientes de los barrios más populosos de Guayaquil con síntomas de Covid-19 se volcaron a los grandes hospitales de especialidades Monte Sinaín y Guasmo Sur. Este fue uno de los motivos del colapso de la atención, pues las unidades de los barrios cumplen un papel crucial para evitar congestionar los hospitales, son una contención de primer nivel.

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En la red de salud pública trabajan 46 mil personas, incluidos los servicios de Fuerzas Armadas y Policía. 9.676 son médicos generales, especialistas y rurales

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Esa semana fue especialmente crítica. En pocos días el gobierno confirmó que unas 600 personas estaban contagiadas en 16 provincias, más de 400 solo en Guayaquil. 2.000 personas eran sospechosas de haberse infectado.

Los hospitales, morgues y funerarias empezaron a colapsar.

Decenas de personas que no podían ser atendidas morían en sus casas y sus cadáveres no podían ser recogidos por personal de salud. Guayaquil salió de todo control.

La mayoría de las entidades públicas, incluidos los hospitales, emitió sus resoluciones de emergencia el 16 de marzo. Ese día, el presidente  Moreno declaró el estado de excepción por calamidad pública.

Desde ese momento, autoridades de unas 1.000 entidades entraron en apuros, incluidos hospitales, ministerios, juntas parroquiales, cuerpos de bomberos, municipios y prefecturas.

El 18 de marzo, los distribuidores e importadores de dispositivos médicos hicieron su tercera alerta y la dirigieron al COE. “Urgimos a las autoridades establecer sus necesidades y comprar los antes posible para asegurar el abastecimiento a la red de salud”.

También advertían el peligro de firmar contratos al apuro, a dedo, que podían abrir las puertas a sobreprecios y negociados, con proveedores únicos sin permisos.

Andramuño se va y denuncia que no recibió recursos

Temprano en la mañana, el sábado 21 de marzo, Andramuño apareció en su primera y última rueda de prensa por vía telemática. Anunció que dos días después llegarían al país dos millones de pruebas PCR y que el IESS empezaría a aplicarlas a los afiliados.

A las pocas horas, Andramuño renunció. Al anunciar su salida dijo que se iba por la complicación para enfrentar la emergencia sanitaria sin recursos. «El Ministerio de Salud viene preparándose desde diciembre del 2019 para esta crisis, sin embargo enfrentar una emergencia sin recursos es complicado”.

Y como prueba se refirió al oficio MSP-CGAF-2020-0193-M, suscrito por Miguel Guevara, coordinador Financiero de Salud. Certificaba que hasta ese momento no habían recibido ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia.

En el Ministerio la reemplazó Juan Carlos Zevallos, quien anunció que contaban con un presupuesto inicial de $120 millones para atender la emergencia y comprar el material necesario de protección.

Contactamos a Andramuño y le enviamos un cuestionario que se negó a responder, indicando que estaba enferma.

Entrevistado por Código Vidrio, el ministro Zevallos confirmó que entre enero y marzo el Ministerio no inició ningún proceso de compra de insumos médicos o pruebas diagnósticas.

Dijo desconocer en qué se basó su antecesora para afirmar que habían adquirido 2 millones de pruebas. “Durante la emergencia hemos hecho tres convocatorias: el 21 de marzo, el 16 abril y el 22 de mayo para compra de insumos, y actualmente estamos abastecidos, tenemos stock para dos semanas en promedio”.

El 30 de marzo, Zevallos envió un informe al personal de salud con las recomendaciones de la OMS para la protección de médicos, enfermeras y auxiliares. En ese documento se indica que por cada paciente el equipo debería tener 25 batas; 25 mascarillas quirúrgicas; una mascarilla N95; 50 guantes y un protector facial.

Mensualmente se requieren 936 mil mascarillas para el personal en hospitales y centros públicos. Un promedio de una mascarilla diaria. Sin embargo, hay médicos en áreas críticas de mayor exposición que usan hasta tres mascarillas diarias.

Entre marzo y abril se entregaba a cada trabajador de salud tres cubre bocas para que las usaran durante una semana. El kit se completaba con una mascarilla N95 y guantes desechables, según varios funcionarios consultados, que pidieron la reserva. Ante las insistencias del personal por más equipos, sus jefes respondían que no contaban con los insumos suficientes.

El coletazo mortal para médicos y enfermeras

La sobreexposición al virus por falta de suficientes equipos de protección fue la principal causa del fallecimiento de 130 médicos por el Covid.19, según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador.

Los golpes más severos ocurrieron en Guayas al comienzo de la pandemia. En esta provincia fallecieron 80 galenos y el resto en Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Orellana, El Oro y Manabí.

“Desde que empezamos la pandemia la primera exigencia de la Federación Médica fue que todos los equipos de bioprotección para el personal de salud debían estar listos, en la cantidad y calidad necesaria para su trabajo”.

Pero según el dirigente la exigencia no tuvo el eco esperado, generando quejas generalizadas en diferentes provincias, que hasta hoy se quejan por la falta de insumos.

“Además de no tener los equipos suficientes, los disponibles han sido de mala calidad y fueron comprados con sobreprecio y corrupción”.

Carrasco reconoció que el Ministerio de Salud se ha esforzado los últimos meses en cubrir la demanda de los trabajadores de los hospitales.

Hasta fines de junio, según la Federación, hay más de 4.000 contagiados. De ellos, el 55 por ciento es médico y le siguen las enfermeras y auxiliares, odontólogos y psicólogos de las casas de salud.  “La mayoría se contagió en sus lugares de trabajo”.

Sobre la vulnerabilidad del personal de salud en los hospitales públicos, por la falta de aditamentos de bioseguridad, el ministro Zevallos dijo que buena parte se contagió fuera de los centros médicos. “Incluso hubo algunos que se infectaron en fiestas en Guayaquil, pues ese momento se desconocía la magnitud del riesgo, porque los contagiados eran asintomáticos”.

Zevallos estima que el 20% de contagios entre médicos, enfermeras y personal administrativo se debió a la falta de equipos de protección.

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Para la Federación es importante que el Ministerio de Trabajo reconozca la labor del personal que lucha contra el Covid-19. El gremio propone que se reforme el reglamento de esa Cartera de Estado, que no reconoce al virus como una enfermedad laboral sino como una dolencia comunitaria.

Las muertes del personal siguen

No solo los médicos han denunciado la falta de equipos de protección.

Oswaldo Peralvo está en la primera línea de combate contra el Covid-19 en la maternidad Isidro Ayora de Quito. Coincide en que sus compañeros no tuvieron equipos necesarios para protegerse y denuncia que de los implementos que tenían embodegados en los hospitales desaparecieron.

Eso los obligó a comprar prendas de protección con su propio dinero.

Peralvo es el secretario de Osuntransa, el sindicato que reúne a las enfermeras, auxiliares, conductores de ambulancias, entre otros trabajadores hospitalarios.

Contó que desde inicios de este año advirtieron a las autoridades de Salud que debían comprar los implementos a tiempo. Pero les respondieron que no había dinero para las adquisiciones.

El 26 de abril pasado, hicieron una primera protesta para denunciar que el poco material que había en bodega fue robado. Aunque su denuncia desencadenó la salida de tres gerentes de hospitales de Quito, los siguientes meses no contaron con material suficiente. “La verdad es que se ha soportado la atención gracias a las donaciones que nos han realizado varios países como de China”.

Esa desatención, según Peralvo, desencadenó la muerte de sus compañeros. Uno de los casos más recientes es el de Pablo Rosero, nutricionista del hospital Docente de Riobamba, quien murió hace pocas semanas.

Washington Maji, trabajador de ese centro, dijo que el Covid-19 complicó una dolencia que tenía en los riñones. Rosero era muy querido por sus colegas.

En Riobamba también murió José Llumicango, conductor de ambulancias. Fue otra de las víctimas de la pandemia. Su situación se complicó porque no recibió los equipos de protección.

Los trabajadores de la Salud aseguran que la entrega de implementos de protección no se normaliza hasta la fecha. Peralvo dijo que el Ministerio les prometió terminar con la escasez a finales de julio, pero aún hay escasez.

Mientras tanto, sus compañeros siguen contagiándose y muriendo. La última víctima fue Patricia Valverde, jefa de enfermeras del Hospital del Seguro Social en Riobamba.

El pasado 1 de agosto, sus colegas la despidieron con una lluvia de petalos de rosas blancas, agobiados con el sentimiento de que enfrentan una guerra sin las suficientes armas para defenderse.

El 71% de 227 entidades que analizamos por contratos de emergencia ha sido observado por incumplimientos. Bajo este régimen, las últimas semanas se han establecido decenas casos que amparan prácticas supuestamente corruptas, que son investigadas por la Fiscalía y la Contraloría. Solo el 29% de las instituciones publicó la información establecida en la normativa de contratación pública. Uno de los últimos casos que evidenciarían el abusos de esta modalidad de contratación es el del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales (foto), acusado de tráfico de influencias y negociados en la compra de insumos médicos. Estas prácticas se institucionalizaron desde el gobierno de Rafael Correa.

Redacción Código Vidrio

El secretismo, la discrecionalidad y la opacidad son recurrentes en las contrataciones de emergencia en todo el sector público, en la crisis sanitaria por el coronavirus, desde marzo pasado. El 71% de 227 entidades analizadas por este portal ha sido observado por diferentes anomalías e incumplimientos para contratar bajo este régimen, que en decenas de casos ampara prácticas supuestamente corruptas, que son investigadas por la Fiscalía y la Contraloría.

Accedimos a los registros de los contratos del Sevicio de Contratación de Obras Púbicas (Sercop) y pudimos stablecer que solo el 29%  (66 entidades) publicó la información establecida en la ley de Contratación Pública, mientras que el 71% (161 entidades) tuvo, al menos, una observación en procesos por emergencia, que se concretaron sin un concurso público.

Las entidades del sector público incumplieron las normativas para contratar durante la crisis por la pandemia, según los reportes de las contrataciones desde marzo hasta el 18 de mayo.

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Los contratos de emergencia durante la pandemia

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Durante la crisis, por denuncias de la prensa, la Fiscalía abrió 45 investigaciones por supuestos casos de corrupción en sobreprecios de compras en hospitales y gobiernos seccionales de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Chimborazo. Los últimos escándalos se conocieron esta semana por compras de pruebas para el Covid-19 con supuestos negociados en la Alcaldía de Quito, y por adquisiciones de insumos médicos en la Prefectura del Guayas, tras lo cual fueron detenidos el prefecto Carlos Luis Morales y funcionarios del Municipio capitalino. Esta mañana ambos fueron liberados y se les dictó medidas sustitutivas como la prohibición de salir del país, y el uso de dispositivos de vigilancia.

“Durante la emergencia, las entidades están obligadas a publicar los procesos, una vez que se haya firmado el contrato”, dijo la directora del Sercop, Silvana Vallejo. Más de 1.100 entidades se declararon en emergencia, pero un 40% aún no ha contratado, sobre todo luego de las denuncias de sobreprecios, agregó. 

 

 

Desde el inicio de la emergencia, un equipo del Sercop analiza las contrataciones en busca de anomalías que todas las semanas se reportan a la Contraloría y la Fiscalía.

Esta clase de contratos no entran en la planificación institucional ni están presupuestados, son una respuesta para solucionar adquisiciones de forma rápida, urgente, lo cual amplía el riesgo de que se cometan negociados. 

Hasta este 3 de junio se han contratado 188 millones de dólares por emergencia, que es un proceso establecido por la ley, que concede atribuciones excepcionales de compras directas a las principales autoridades de cada institución. Desde abril, 858 entidades han reportado 5.047 contrataciones a dedo, sin un concurso público.

 

 

La mayoría de adquisiciones se realizó desde el sistema de salud pública, con $38 millones, seguido por el Municipio de Guayaquil, con $20 millones. En total, los gobiernos seccionales, alcaldías y prefecturas, realizaron 3.000 contrataciones, mientras los organismo de salud 1.547. Organismos de Pichincha (86) y Guayas (81) concentraron buena parte de los convenios.

Las entidades contratantes están obligadas a publicar en el Portal de Compras Públicas los convenios y la información que respalde cada proceso, en máximo dos días, luego de la firma; los informes periódicos y parciales, cada 10 días; y el informe final general, una vez superada la emergencia.

No obstante, establecimos que 84 entidades no publicaron los informes parciales y 51 tampoco difundieron las contrataciones o las mostraron de manera incompleta.

 

Tipos de incumplimientos	Las entidades
No publicó informes parciales o se observó su contenido	84
No publicó informes y contrataciones o lo hizo de manera incompleta	51
No publicó contrataciones o se observaron las mismas	11
No publicó correctamente la resolución, no publicó contrataciones e informes parciales	10
Difiere el valor registrado en el sistema con aquel que consta en el documento publicado	5
Total	161

 

Las emergencias se institucionalizaron desde 2012

Las contrataciones de emergencia se volvieron una práctica sistemática desde el anterior gobierno, que la aplicó, en buena parte de los casos, sin justificación, para beneficiar a empresas privadas que pagaban sobornos, y estaban relacionadas o fueron constituidas por testaferros, familiares o amigos de distintas autoridades.

El esquema y responsabilidades de estos negociados en las emergencias fueron detallados en la sentencia que la Corte Nacional de Justicia dictó en el caso Sobornos 2012-2016, contra el ex presidente Rafael Correa, y otros 20 de sus colaboradores.  El ex mandatario, prófugo en Bélgica, fue hallado culpable, en el grado de autor mediato, por instigación, del delito de cohecho pasivo propio agravado. Fue condenado a ocho años de cárcel.

 

“El procesado Rafael Correa ejerció sus funciones como Presidente con un poder total concentrado en sus manos, a manera de un ‘autócrata’, controlando las cinco funciones del Estado ecuatoriano (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Transparencia)”.

Para los jueces,  la estructura de corrupción era tan bien planificada que la recepción de dinero ilícito, era reportada a Correa y su entonces vicepresidente Jorge Glas, quienes dirigían el sistema de contratación pública en Ecuador. Varios de los contratos adjudicados a empresas corruptoras, fueron otorgados bajo régimen de emergencia, con base a decretos ejecutivos, elaborados por el procesado Alexis Mera y suscritos por el ex Presidente, configurándose así el rol jerárquico superior de dirección que este último mantuvo, dentro de tal estructura.

Lo anotado -agrega el fallo- se evidenció sobre todo entre el 2012 y el 2016, en donde el emprendimiento de gestión y ejecución del Gobierno, en sectores estratégicos como el petrolero y la construcción vial, se concentró en las manos del procesado Correa, a través de personas de su entera confianza, como María Duarte y Walter Solís, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría Nacional del Agua.

La discrecionalidad y el despilfarro fueron una constante en las compras de insumos médicos durante la emergencia por el coronavirus en Ecuador. Mientras por una mascarilla N95 las autoridades de hospitales e instituciones públicas de distintas provincias pagaron valores que oscilaron entre 2 y 12 dólares, por un traje de protección gastaron entre $12 y $80, y por una funda para embalar cadáveres entre $22 y $150. No hubo parámetros ni costos referenciales. Hay aumentos de hasta el 681% en los precios. Se realizaron compras a dedo por $92,8 millones, hasta el 10 de mayo. 

Redacción Código Vidrio

Los costos de las mascarillas, trajes de protección y fundas de cadáveres, comprados durante la emergencia por el coronavirus, tienen incrementos que llegan al 681%. Hubo discrecionalidad y despilfarro, con millones de dólares de fondos públicos.

Código Vidrio revisó decenas de contrataciones en el portal del Servicio de Compras Públicas (Sercop) y estableció variaciones significativas en los precios de compra de esos insumos. Entre marzo y el 10 de mayo, las instituciones del sector público, especialmente en Salud, realizaron compras por 92,8 millones de dólares, a través del régimen de emergencia, sin concursos. A dedo.  

La mayoría de autoridades de hospitales y centros médicos, así como los municipios y prefecturas y otras entidades compró esos productos sin tomar en un cuenta una guía referencial ni comparación de precios. Tampoco las recomendaciones constantes en este período de buenas prácticas del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que incluían la posibilidad de publicar en su página las necesidades de cada entidad, para así contar con un mayor número de proveedores y escoger el precio más conveniente. 

Pero el ahorro de recursos no fue una prioridad. El objetivo principal de las autoridades era comprar insumos a como dé lugar, lo antes posible, a cualquier proveedor, incluidas personas naturales y jurídicas. Esta discrecionalidad fue aprovechada, precisamente, por empresarios y contratistas inescrupulosos para negociados, que hoy son investigados por la Fiscalía y la Contraloría. 

Silvana Vallejo, directora del Sercop, dice que de todas las entidades que se acogieron al sistema de emergencia 537 realizaron contrataciones, que son monitoreadas constantemente por funcionarios de la entidad. “Desde el 16 de marzo, cuando se decretó oficialmente el estado de emergencia, enviamos a la Contraloría y a la Fiscalía decenas de casos que consideramos sospechosos de irregularidades”, subraya Vallejo, quien la semana pasada anunció que todos los datos de contrataciones de emergencia son públicos y pueden ser revisados por cualquier persona, a través del sistema de Datos Abiertos.

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Las cifras de la emergencia por el Covid-19 hasta este domingo 10 de mayo (Sercop)

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Un carrusel de precios

Mientras por una mascarilla N95 las autoridades pagaron precios que oscilaron entre 2 y 12 dólares, por un traje de protección gastaron entre $12 y $80, y por una funda para embalar cadáveres entre $22 y $150. Es decir que hay aumentos del 500% al 681%

Al hacer una búsqueda entre proveedores en Internet, las mascarillas N95 se ofertan en $2, los trajes $20 y las fundas $25, en promedio. Durante los días más críticos de la pandemia, entre marzo y abril, las autoridades justificaron las compras a costos más elevados por la excesiva demanda.

En la revisión por muestreo de los contratos detectamos que la variación de costos no dependió estrictamente de la calidad, confección o especificidad técnica de los insumos. Se basó, sobre todo, en el criterio y discrecionalidad de cada autoridad, en algunos casos apremiada por adquirir el producto a cualquier costo. 

Esta facultad está definida en la ley de Contratación. Establece que la máxima autoridad podrá contratar de manera directa y bajo su responsabilidad las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría, que se requieran para superar la emergencia. “Podrá, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliación ni de presentación de garantías”.

Así, con la emergencia se eliminaron todos los filtros que establece la ley para régimen común y especial, como estudios de factibilidad, necesidad y convocatoria a presentación de ofertas, un concurso público…

Precisamente, Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, destaca que el decreto de emergencia abrió las puertas de par en par a la corrupción en todo el sistema de salud. Lo más grave, apunta, es que los negociados “ponen en peligro la atención a los pacientes”, con el agravante de mantener al frente de casas de salud a “personas sin competencia”.

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Contrato para la compra de mascarillas en el IESS, valoradas, cada una, en 12 dólares. Se preveía gastar $1,5 millones.

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Incluso -agrega- las donaciones que ha recibido el país aún no llegan a los trabajadores hospitalarios, que no cuentan son insumos de protección. «Tenemos miedo de contagiar a nuestras familias y comunidad; las palabras de aliento no son suficientes cuando no tenemos las garantías necesarias para ejercer nuestro trabajo».

Mascarillas costaron entre 2 y 12 dólares

Las mascarillas se volvieron indispensables, en medio del temor generalizado al contagio, que ya ha causado 1.800 muertes.

La primera alerta de los supuestos negociados en la compra de mascarillas salió a la luz, a fines de marzo pasado. Entonces se supo que el IESS había concretado un convenio para adquirir insumos médicos por $10 millones, a través de un proceso de emergencia. El contrato incluyó la compra de mascarillas a $12 por unidad. El caso, que es investigado en la justicia, causó un remezón en el Gobierno y detonó la destitución del director general del Seguro Social, Angel Llanos, y luego la renuncia de Paúl Granda, cabeza del Consejo Directivo.

Al revisar otras contrataciones, constatamos que ese no sería el único caso de posibles sobreprecios.

Por ejemplo, las autoridades del hospital de la Policía en Guayaquil pagaron por una mascarilla N95, fundamental para el trabajo de los galenos y enfermeras, $10 la unidad. Entre tanto, otras casas de salud, como el hospital Isidro Ayora, de Loja, la adquirieron en $ 2,34. Esta entidad compró 1.000 mascarillas; luego adquirió 500 más, pero con una válvula o filtro adicional, que elevó su preció a $3,20.

La variación de costos ha sido una constante, los últimos tres meses. Por ejemplo, el Hospital pediátrico Alfonso Villagómez de Riobamba pagó 3,23 dólares por mascarilla, que incluía  una válvula unidireccional, para mejorar su seguridad.

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Mascarillas, fundas para cadáveres y trajes de protección fueron de los insumos más demandados

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El precio se elevó en el Instituto de Seguridad Social de Ibarra. Esta dependencia canceló $3,70 por el respirador, pero en su contrato no se exigió una válvula central; en cambio permitió que ese producto sea KN95, el equivalente chino a la calificación N95, que entregan las autoridades sanitaria de Estados Unidos.

El hospital de Manta también pagó $3,70 por cada mascarilla sin válvula. Compró 10.000 asegurando que tenían una efectividad del 95% de filtración de agentes biológicos y patógenos.

En el resto de hospitales del IESS, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Policía se adquirió el producto a precios más elevados. 

El hospital docente de Ambato ejecutó dos contratos. En el primero pagó $4,40 y en el segundo $3,98, por el mismo producto. En ambos se compraron 10.000 mascarillas KN95 de China. Los convenios se concretaron entre el 2 y el 14 de abril pasado.

El Hospital Básico de la IV División de Ejército las adquirió a $4,30 con un proveedor nacional. En la misma provincia el Hospital General pagó $4,50 por cada mascarilla. Pasaron la barrera de los cinco dólares el hospital militar de Riobamba, que adquirió 402 unidades. El hospital Básico de Pastaza pagó $5,25. 

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El Ministerio de Salud es el principal comprador de insumos médicos por emergencia. Pagó 15 millones, seguido por el Municipio de Quito, con 5 millones; el Municipio de Guayaquil, 5 millones, el Hospital del Guasmo Sur, 4 millones, y el Hospital de los Ceibos, 3,5 millones (Sercop). 

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Mientras el Pablo Arturo Suárez de Quito canceló $5,50 por mascarilla con válvula, el hospital Militar de Loja pagó $6. En el Marco Vinicio Iza, de Sucumbíos, se pagó $6,16 dólares, pero del tipo KN95, importadas de China.  

En el hospital del IESS de Machala pagaron $7,50 por cada unidad, al igual que el hospital obstétrico Angela Loayza y el hospital General de El Oro. 

En Cuenca, el Vicente Corral de Cuenca compró 300 mascarillas, a $8.50 cada una, sin filtro. El hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo firmó un contrato por $8,65 por mascarilla reutilizable, con una válvula.

En la Dirección Distrital de Salud de Santa Elena y de Morona Santiago pagaron $8,60 por cada producto.  

Uno de los precios más altos, que pudimos detectar se pagó en el Cuerpo de Bomberos de Pastaza. Sus autoridades abonaron $9.50 por mascarilla. En el contrato indicaron que hicieron un estudio de mercado y la propuesta de la empresa Extinfie “fue la más económica para las finanzas de la entidad”.  

Precios dispares en trajes de protección

Si en las mascarillas los precios variaron en todo el país, lo mismo sucedió con los trajes de protección de bioseguridad. Desde marzo, cuando empezó la emergencia por el Covid-19, una de las principales adquisiciones fue la de trajes.

En este caso, los costos por cada prenda variaron, de acuerdo al proveedor y a la cantidad. Los precios oscilan entre 12 y 80 dólares.

Los valores más económicos en este caso se contrataron en la Corporación Eléctrica del Ecuador, que adquirió 500 trajes a $12, cada uno.  

No obstante, la  Corporación Nacional de Electricidad Cnel-Ep compró 4.000 trajes en $35, cada uno, a la empresa Lifepharma.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil compró trajes de bioseguridad en $88, mientras el Municipio Antonio Ante y el Cuerpo de Bomberos de Santa Elena pagaron $50 por cada prenda, y el Cuerpo de Bomberos de Salitre los compró en $43.

Entre los proveedores hay personas naturales y empresas privadas. En ese caso, precisamente se encuentra el Municipio de Quito, que compró a Ana Lucía Peralta 13.500 trajes de protección en $23, cada uno. El monto total fue de $310.500. Esta misma entidad realizó otra adquisición de trajes a otro proveedor (Carlos Cedeño). Le compró 10.000 trajes, pero a un precio inferior: $17,6. El contrato fue de $176.000.

En el hospital Guasmo Sur adquirieron 5.000 prendas a Patricio Mosquera Arroyo; le pagaron $34,5 por unidad.  El precio se incrementó en el docente de Ambato, que canceló $39.9 por traje, lo cual es auditado por la Contraloría. 

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Algunos de los contratos para adquisición de insumos médicos durante la emergencia (Sercop)

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Compras de fundas para cadáveres sin especificaciones

Otra variación de precios considerable se evidencia en la compra de bolsas para proteger a los cadáveres de contagiados con el covid-19, en Guayaquil. 

Las adquisiciones más cuantiosas se reportan en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur de Guayaquil, la ciudad más golpeada por la pandemia. Ambas casas de salud gastaron más de $7 millones, en contratos de emergencia.

Los funcionarios de los dos centros son indagados por supuestas compras con sobreprecios. El caso de Los Ceibos fue el primero en conocerse.

En el convenio que revisamos no hay ningún detalle técnico para recibir el producto, solamente se estableció que sea “para adultos”. Así dejaron abierta la posibilidad de que tuvieran cualquier material.  

Sus autoridades firmaron un contrato para adquirir 4.000 bolsas para cadáveres por $594.000, que representa un precio unitario de $148,50.

El director del Seguro Social, Jorge Wated, aseguró que esos insumos evidentemente son de fabricación artesanal, y no podrían tener ese valor.

El contrato se firmó el 13 de abril pasado por la gerente de Los Ceibos, Susana Mera, y por Sandra Ortega, quien es representante de la firma ganadora, Silverti Medical Group. Ambas son investigadas por la Fiscalía.

Édgar Molina, abogado de la compañía privada, dijo que el precio de las fundas se debe a sus cualidades y especificaciones técnicas. Sin embargo, en ninguna parte del convenio que consta en el portal de Compras Públicas están esos detalles

No fue el único caso. Algo similar ocurrió en el Hospital del Guasmo Sur, donde no se definió ninguna especificación técnica para las adquisiciones de fundas. 

En este hospital se firmaron tres contratos para tener este insumo. En el primero se determinó un costo de $145 por cada funda. Se firmó con la empresa Yanay, que incluía la entrega de otros 32 insumos. La adjudicación fue por $307.538. De ellos, $20.00 fueron para las bolsas.

Luego esa casa de salud decidió hacer contratos por separado, solo para las fundas. 

En el segundo convenio compró 600, a $131 cada una. Pagó $78.720 a Distribumedic, empresa dedicada a la venta al por mayor de insumos médicos desde el 2018.

El tercer contrato fue por 200 bolsas, a $140 cada una. En total, se canceló $18.816 a Denisse Córdova, quien se dedica a la venta al por mayor de insumos, desde el 2014.

Otra presunta compra irregular ocurrió en el hospital de la Policía, en Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció el caso y envió un oficio a la Fiscalía para que indague la compra de fundas impermeables a $130 cada una.

En el hospital de Puyo se firmó un contrato para comprar fundas por $78, cada una. El mismo precio se pagó en el Centro Clínico Ambulatorio de Santo Domingo de los Tsáchilas. Mientras que el hospital del Seguro Social de Ibarra pagó $75 dólares por los cobertores. 

En su contrato, firmado el 14 de abril, se detalló la compra de 200 de esos productos por $15.000.  El hospital geriátrico Bolívar Arguello también pagó $75 por cada unidad.

Para Wated, pagar más de 70 dólares por ese producto también es escandaloso. Por eso, anunció dos medidas: conformar un equipo para que indague los contratos y llegar a un proceso de compras unificadas para el sistema. 

El Hospital Básico de Alausí pagó $75 por cada bolsa. En ese cantón de Chimborazo hay ocho casos de contagio por el Covid-19 confirmados. Mientras que Julius Dopefner, de Zamora, firmó un contrato por $70 por cada bolsa. En esa provincia amazónica han fallecido dos personas, según el último reporte de la emergencia.

Mientras tanto, el hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda firmó un contrato para adquirir 100 de esos implementos, a un costo unitario de $65. Este es el cantón más golpeado en Bolívar y registra 16 fallecidos hasta el 8 de mayo.

Los precios son inferiores en otras partes del país. El Hospital de Machala se canceló $60 por bolsa. Precisamente, el 9 de mayo, el director del IESS, David Ruales, pidió que la Fiscalía y la Contraloría investiguen un supuesto sobreprecio del convenio de emergencia por $60.000, firmado el 24 de abril con el proveedor Nabij López, para la adquisición de fundas de embalaje.  

Además, en el Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo se pagó $48 por unidad.  Los Ríos es la sexta provincia con más fallecidos durante la pandemia.

Pero las diferencias de precios son abismales. Hay centros que pagaron $20 dólares por cada funda. Por ejemplo, el Teófilo Dávila  de Machala compró el producto en $22,30. En las órdenes de compra se detallaron los requisitos que debía tener cada bolsa. Por ejemplo, que tenga entre 400-600 micrones de grosor; 1,10 metros de largo y 2,25 de ancho; agarraderas resistentes a desgarros; un cierre en forma de U o central; que soporte ácidos y derramos de fluidos fisiológicos; resistente a la humedad, impermeable y autodegradable.

Estos mismos requisitos se exigieron en los hospitales María Lorena Serrano de El Oro y el General de Latacunga, donde se pagó $33 dólares por cada bolsa. En total fueron 200 unidades, que llegaron a costar más de $6.000. 

Así, la compra de insumos médicos por emergencia fue totalmente heterogenea y no tuvo ninguna directriz ni control desde el Gobierno.