La Comisión que investigó el asesinato del general Jorge Gabela concluyó que no se trató de un delito común. En la reconstrucción del tercer producto estableció que los autores intelectuales del crimen serían los exgenerales de la FAE, Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez. Esa conclusión habría sido parte del reporte que en 2013 entregó el perito Roberto Meza a la Comisión del correísmo, que habría manipulado y ocultado los resultados del peritaje. El expresidente Rafael Correa ha cuestionado la idoneidad de Meza y la validez de la investigación.
Redacción Código Vidrio
Una vez que la Comisión integrada para reconstruir el tercer producto del caso terminó su trabajo el jueves, sobre las causas del asesinato del general Jorge Gabela en 2011, la Fiscalía inició esta semana su propia investigación.
Estas son las fichas claves del rompecabezas del caso Gabela.
Un general incómodo. Jorge Gabela se opuso, entre 2007 y 2008, a la compra de siete helicópteros Dhruv, fabricados por una empresa de la India. Desaconsejaba la adquisición por graves problemas técnicos. Llevó su crítica hacia el Gobierno de Rafael Correa, lo que a larga detonó su salida de la Fuerza Aérea, donde era comandante general.
Una compra a costa de todo. El 2009 se compraron las siete naves a un monto superior a 47 millones de dólares. En octubre se accidentó la primera.
La amenaza su cumplió. En febrero del 2010 se reunía en la Asamblea la Comisión de Fiscalización para conocer los detalles de la compra. El general Gabela recibió amenazas, en público. “Ya vas a ver lo que te pasa”, denunció en esa comisión que era perseguido. En diciembre de ese año, cuando su hija regresaba a su casa, fue abordada en la puerta de la urbanización. El general salió a defenderla y recibió disparos. Murió días después.
El Comité entra en escena. Corría octubre de 2012. mediante decreto ejecutivo 1317, el gobierno de Correa creó un comité interinstitucional, frente a las denuncias de la viuda del general, en el sentido de que la muerte no fue producto de la delincuencia común. Ese comité contrató los servicios Roberto Meza, argentino radicado en Brasil, como perito.
El triple juego de los informes. El contrato establecía que el perito debía entregar: un plan de trabajo (producto uno), una descripción de los hechos con una primera conclusión (producto dos). Solamente si la tesis del delito común quedaba descartada, el perito debía realizar y entregar el producto tres, esbozando la hipótesis de los autores intelectuales del crimen.
La tesis del delito común se desbarata. En 2013, Meza entregó el tercer producto, con lo cual se confirma que logró establecer que NO fue un delito común, sino un crimen planificado. Quedó evidencia de que recibió el pago, por este informe. Al entregar la documentación dejó el país.
Correa intenta curarse en salud. En el enlace ciudadano 410, del 7 de febrero de 2015, el entonces presidente Correa insistió en la tesis del delito común. Sin embargo, no había recibido aún el informe final del comité especial que su gobierno había creado, tres años antes. Pocos meses después, la viuda del general recibió un documento como informe final de la comisión: su conclusión insistía en la tesis del delito común. Sin embargo, ella detectó que había contradicciones en el informe, quedaron fojas que hablaban del tercer producto, es decir, el que había abordado la posibilidad de un crimen planificado, relacionado con las denuncias que había hecho su esposo. El perito volvió al país y explicó que por la cláusula de confidencialidad no podía revelar el contenido final, porque, además, los documentos de respaldo le fueron incautados cuando terminó su trabajo.
La pesadilla del crimen de Estado. Una comisión legislativa especial, independiente, concluyó en 2018 que hubo un probable crimen de Estado. Detectó que luego del crimen, hubo una intención deliberada de encubrir los hechos. Los documentos que elaboró el perito fueron forjados y alterados.
La Corte abre la caja de Pandora. Un dictamen de la Corte Constitucional, de este año, obligó al Estado a reconstruir el tercer producto, para lo cual el perito fue nuevamente contratado.
Los vaticinios de Gabela se cumplieron. Cuatro de las siete aeronaves cayeron, en 2009, 2014 y 2015. Las principales causas se deberían a fallas de los equipos y eventualmente a fallas humanas.
Un nuevo revés sufrieron las Fuerzas Armadas por la fallida instalación del radar de Montecristi. La Superintendencia de Compañías y Seguros (SIC) resolvió que la reparación que Interoceánica debe cubrir por la destrucción del equipo no sea de 7,2 millones, como estableció la Intendenta de Seguros. En cuestión de semanas cambió de opinión: fijó el monto en 5 millones. Así el Estado habría perdido por este siniestro alrededor de USD 6 millones, pues el radar estaría valorado en alrededor de USD 11 millones.
Redacción Código Vidrio
El 9 de junio pasado, la Superintendencia de Compañías dio un giro radical. Mediante resolución No. SCVS-INPAI-2023-00039820, ratificó que el pago de la reparación a favor del Ministerio de Defensa (Midena) por el atentado al radar de Montecristi sea por el valor límite correspondiente a la cobertura de “asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo”. En este caso, todos los informes técnicos adjuntados para el proceso de cobertura, incluido el de la Junta de Accidentes, confirmaron que el radar fue destruido por un atentado, causado por un aparato explosivo. No por un daño mecánico de sus componentes, que era una de las hipótesis iniciales.
El pago de la indemnización de la aseguradora fue precisamente el motivo por el cual desde cuando ocurrió el siniestro -el 7 de noviembre del 2021- el Midena ni el mando militar reconocieron que se trató de una atentado terrorista. Dijeron que primero se debía esperar que sea la Fiscalía la que estableciera que esa fue la causa del daño.
El pasado 2 de junio la Fiscalía formuló cargos por un supuesto delito de sabotaje contra 13 de los 14 militares investigados por este caso. El juez Leiver Quimís aceptó el pedido de formulación. Los uniformados encausados eran parte del equipo asignado a la seguridad y patrullaje del Cerro Montecristi, donde fue instalado el equipo, sin las mínimas seguridades ni un plan o protocolo para prevenir atentados.
Inicialmente, en este caso estuvieron involucrados más de 20 militares, que fueron sancionados por la Inspectoría de la FAE, pero sus procesos administrativos disciplinarios prescribieron. Todos los militares coincidieron en que solo siguieron órdenes directas de sus superiores. Por eso, Walter Barrera, abogado de algunos de los uniformados enjuiciados, dijo que el mando aéreo fue el principal responsable y durante este proceso solo ha buscado chivos expiatorios entre sus subordinados.
Luego del atentado salieron a la luz una serie de negligencias de la cúpula aérea, liderada entonces por el comandante Geovanny Espinel, según un alto funcionario que en la época investigó el caso en el Midena.
Según documentos oficiales, el radar LTR-20 se montó al apuro, sin contar con estudios de seguridad ni planes de riesgos. Tampoco tenía seguridad física alguna como mallas, concertinas, cámaras de vigilancia ni iluminacion. Solo se dispuso un dispositivo mínimo de uniformados para su vigilancia, las 24 horas del día. Esa alta vulnerabilidad fue aprovechada para concretar el atentado criminal que el domingo 7 de noviembre, a las tres de la mañana, destruyó la espina del equipo, que quedó totalmente inservible.
La disputa entre la FAE y la aseguradora
Precisamente, la calificación del siniestro fue el detonante de una disputa entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), como operador del radar, e Interoceánica. Esa controversia se dirimió con el fallo de la Superintendencia de Compañías a inicios de junio, aunque un mes antes la Intendenta de Seguros le había dado la razón a la FAE, fijando la reparación en USD 7,5 millones. En ese pronunciamiento (1 de mayo) de Alexandra Caizahuano, intendenta Nacional de Seguros, se detalla una serie de incumplimientos de Interoceánica, que no acató su obligación de cubrir la indemnización, un mes después del siniestro. La aseguradora tardó más de un año en tramitar la cobertura, según el informe de la SIC.
En ese reporte, de 14 páginas, Caizahuano estableció que la causal que Interoceánica alegaba para pagar los 5 millones, no cabía. Debía estar respaldada por un pronunciamiento de la Fiscalía, que es la única autoridad competente para calificar el siniestro como un sabotaje, pues se trata de un delito contra la seguridad pública. Para entonces no existía un pronunciamiento formal de la Fiscalía ni del juez de la causa, sobre el inicio del proceso por sabotaje, lo cual ocurrió un mes después.
Ante la consulta de este medio, Interoceánica informó que el 24 de febrero pasado notificó a la FAE que el reclamo presentado fue aceptado, dentro de la cobertura de «Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y terrorismo» y solicitó las instrucciones para proceder con el pago respectivo. Entonces, las autoridades de la FAE interpusieron un reclamo administrativo ante la SIC, que fue respondido el 9 de junio, fijando el pago al Midena de USD 5 millones. “Interoceánica inició con el proceso de pago, según lo dispuesto por nuestro ente de control, reafirmando así su compromiso con nuestros clientes y el país”, subrayó la empresa. “La resolución no redujo el monto de la póliza. Establece que el pago sea bajo una cobertura con un límite de indemnización, según condiciones establecidas por el MIDENA”.
La resolución de la intendenta Caizahuano, sin embargo, es puntual. “Al no haberse determinado legalmente y por autoridad competente que el siniestro hubiere sido causado por un acto delictivo y concretamente por sabotaje, conforme a lo alegado por la empresa de seguros, se concluye que el valor que corresponde pagar por los daños ocasionados al bien asegurado es de USD 7 ́200.000 dólares”. Desde el inicio de la reclamación, tras el sabotaje al radar, el Midena exigía USD 9,2 millones como indemnización a Interoceánica.
El 19 de diciembre de 2022 el Midena formalizó la reclamación ante la empresa de seguros. Desde entonces, según la Intendenta Caizahuano, empezó a correr el plazo de 30 días previsto en el artículo 42 de la Ley General de Seguros para cancelar la reclamación. Sin embargo, la empresa no emitió pronunciamiento alguno, violentando el artículo 726 del Código de Comercio. Esa norma establece que ante la falta de respuesta de la empresa, en el plazo previsto, el reclamo se entiende como aceptado.
En consecuencia, la Itendenta dio luz verde al reclamo de la FAE y fijó el pago de 7,2 millones como reparación. Pero semanas más tarde su pronunciamiento fue apelado y conocido por la SIC, que le dio la razón a Interoceánica. Entonces fijó el pago en USD 5 millones.
Así quedó la parte principal del radar tras el atentado explosivo
Aseguradora entró en liquidación forzosa
No es la primera vez que Interoceánica le gana una partida al Estado. En enero del 2020 la Superintendencia de Compañías declaró la liquidación forzosa de la aseguradora porque durante cuatro años, desde 2016, no cumplió ni presentó un plan de regularización para cubrir su déficit de inversiones obligatorias.
A noviembre de 2019 el déficit en las inversiones era de USD 1,6 millones, que no fue subsanado hasta la liquidación. En consecuencia la SIC revocó a la empresa el certificado de operación e inhabilitó en sus cargos a los administradores, desde enero de 2020.
Un mes después, los abogados de la empresa presentaron una acción de protección que fue concedida por jueces de un Tribunal laboral de Guayaquil, que dejaron sin efecto la liquidación. Interoceánica nunca dejó de operar en este lapso, según indicaron en un comunicado.
Por esos mismos días, este fallo fue denunciado por el Consejo de la Judicatura, dentro del esquema de vulneración del sistema informático SATJE de sorteos de la Función Judicial. Se trata de 119 casos que fueron asignados a jueces específicos, por fuera del esquema automatizado de causas, y está bajo la investigación de la Fiscalía.
Consultados por esta acción, los directivos de Interoceánica indicaron que existió una vulneración de los derechos constitucionales de la empresa a la seguridad jurídica, al debido proceso y al derecho de petición. “En ese periodo, Interoceánica cumplió con sus obligaciones pese a la grave crisis económica que atravesaba el país”, agregaron.
Sobre la investigación de la Fiscalía, manifestaron: “No nos corresponde a nosotros pronunciarnos, ya que no somos la entidad denunciante y no tenemos nada que ver sobre ese tema en específico. Nuestra Acción de Protección fue ingresada el 14 de enero de 2020 y la demanda del CJ señala las fechas entre 29 de enero de 2020 al 16 de marzo de 2020; por ende, dentro de dichas fechas jamás pudo haber estado la demanda ingresada por nuestra compañía”.
No obstante, los casos denunciados, según los funcionarios consultados que los investigaron en su momento, corresponden a vulneraciones detectadas desde diciembre del 2019, cuando los informáticos del Consejo instalaron alertas automáticas para identificar los casos que eran direccionados a jueces específicos. Así contaron con suficiente información para entender el patrón de los ilícitos y el mecanismo utilizado, para sustentar la denuncia penal, que se presentó en Fiscalía y se encuentra en indagación previa.
Interoceánica niega incumplimientos en inversiones
También consultamos a Interoceánica si hizo los correctivos que pidió la SIC sobre las deficiencias con las inversiones. “El criterio de que Interoceánica no cumplió el plan de regularización para cubrir déficit de inversiones es falso totalmente, ya que la Superintendencia dejó sin respuesta oportuna a todos nuestros pedidos de atención al programa de regularización presentado en base a la normativa vigente», señaló.
“Es así como dentro de las consideraciones de la sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en Guayaquil se estableció que la resolución de la Superintendencia de Compañías, emitida el 9 de enero de 2020, careció de motivación y fue inválida por violentar la seguridad jurídica de la compañía, provocando una situación de inestabilidad», destacó la empresa.
Según Interoceánica, la sentencia del tribunal que deja sin efecto la supuesta liquidación forzosa fue en julio del 2020 y la compañía cumple con sus obligaciones desde mayo del 2020, evidenciando que se cumplió antes de dicha sentencia.
El proyecto eólico Minas de Huascachaca avanza contra viento y marea. En el camino ha atropellado procedimientos y normativas de contratación en las etapas precontractual, contractual y de ejecución, según varias denuncias e informes de organismos de control. Electroaustro contrató a la empresa china Dongfang Ecuador a dedo. Sin justificación legal, esa firma subcontrató a otra compañía, perjudicando empresas nacionales que podían realizar el transporte, instalación y mantenimiento de los equipos en el país. La Contraloría emitirá esta semana un examen especial que ratifica una cadena de irregularidades. Nota actualizada este 11 de julio.
Redacción Código Vidrio
Fue como un huracán: arrasó todo a su paso. La contratación del parque eólico Minas de Huascachaca, en Loja, entre la estatal Electroaustro y la empresa china Dongfang Electric Ecuador, se hizo a dedo; al igual que la subcontratación que concretó la firma china, perjudicando a las compañías nacionales que fueron marginadas.
El proyecto avanzó, desde el 2021, contra viento y marea, en medio de denuncias y alertas constantes de irregularidades de organismos privados y públicos; incluida la fiscalizadora, que no fue escuchada por las autoridades, en sus recomendaciones de corregir el proceso. Si se asumían, las alertas incluso habrían implicado la terminación unilateral del contrato.
En octubre pasado, Código Vidrio denunció anomalías en la subcontratación, plazos que no coincidían, sobreprecios, denuncias por posible intromisión en la justicia…
Desde abril de este año retomamos la investigación, en medio de la inacción y silencio de las autoridades. Revisamos detalladamente y contrastamos nueva información sobre el contrato firmado por Electroaustro, mientras fue gerenciada por Antonio Borrero.
Uno de los documentos más esclarecedores es del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Ese oficio, fechado 7 de enero del 2022 y dirigido al contralor Carlos Riofrío, detalla los hallazgos encontrados en el “Manejo en Puerto, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento por dos años de los autogeneradores, torres y equipos del parque eólico”. Este tiene una capacidad de 50 MW de potencia, para dotar de energía elécrica a 90 mil familias del austro. Costó USD 61,2 millones y fue contratado en julio de 2021.
La construcción del complejo eólico también comprendió el trazado de accesos de primer orden y un puente. Foto cortesía Electroaustro.
Para la ejecución del parque, Electroaustro realizó dos procedimientos de contratación:
-El primero para la fabricación, transporte marítimo y entrega en el puerto ecuatoriano de los autogeneradores, por USD 49,8 millones.
-El segundo fue para el manejo en el puerto, transporte terrestre al sitio del proyecto, montaje, instalación, pruebas, operación y mantenimiento. El costo fue de USD 11,4 millones. Estos se denominan servicios conexos.
Para el SERCOP, la adquisición por separado no tuvo ninguna justificación legal, en diferentes procesos, de los equipos y los servicios conexos. Ambos debieron estar contemplados como un solo procedimiento en la licitación internacional que se realizó. La razón es que la compra de los equipos estaba sujeta a las normas del país donde se contrataron. En este contexto, los servicios conexos debían ser un accesorio complementario, integral, no dividido.
El complejo eólico se encuentra en Loja, cantón Saraguro, parroquia San Sebastián Yuluc. Sus obras se ubican en mesetas planas orientadas de sur a norte, denominadas Uchucay y Yuluc. Ahí se emplazarán 14 aerogeneradores. Foto cortesía Electroaustro.
Las empresas nacionales, fuera de juego
Por el contrario, Elecaustro firmó con Dongfang un segundo contrato, para el traslado de los equipos desde su llegada al país y posterior instalación, bajo la figura de régimen especial con un proveedor único extranjero, sin ningún fundamento legal. Eso pese a que en el país habían otras empresas que podían concursar y estaban en capacidad de realizar los servicios conexos, ofertando precios más convenientes. Así Elecaustro habría violado el artículo 4 de la Ley de Contratación y el principio de legalidad. Esto, según expertos consultados, incluso implicaría un posible delito.
Para justificar la adjudicación sin concurso, Dongfang advirtió que no se haría cargo de la garantía técnica de los equipos, si el traslado lo hacía una contratista que no sea recomendada por ellos. Esto también fue argmentado por Electroaustro para la asignación del proyecto.
El transporte de los generadores no tuvo la cobertura real de una póliza de riesgos, según las denuncias. La aseguradora mencionada en el contrato no existe ni está domiciliada en Ecuador.
Pero el SERCOP dejó sin piso esta justificación. En el oficio SERCOP-DSP-2022-0267-OF, de 17 de enero de 2022, concluyó: “Es preciso resaltar que la Garantía Técnica se encuentra estipulada en el artículo 76 de la LOSNCP y debe ser requerida en la adquisición de ciertos bienes conforme lo determina dicha normativa, más no está enfocada a tipos de procedimientos de contratación ni proveedores”.
Por lo tanto -señaló- “no es jurídicamente factible declarar a Dongfang como proveedor único, por cumplimiento de Garantía Técnica”.
El oráculo de Dongfang
Es más, la misma empresa china, que fue constituida exclusivamente para este proyecto con un capital de mil dólares, y no tenía experiencia alguna en este campo, subcontrató a otra firma para esos servicios. Escogió al Consorcio Santa Fe-Montejo, por USD 7 millones, lo que representa el 100 % del valor del traslado de los equipos. La ley no permite subcontratar más del 30% del costo total. Ninguna de las subcontrataciones fue aprobada por la Fiscalizadora que estuvo a cargo de la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP.
El contrato con Dongfang fue firmado por Elecaustro, mientras era gerenciada por Antonio Borrero. El año pasado, él acudió a la Comisión de Fiscalización para responder por todas las denuncias de anomalías.
Santa Fe-Montejo es un consorcio colombo panameño. Fue subcontratado pese a que no tenía títulos habilitantes para realizar el transporte de esos equipos en el país. Tampoco registraba personal en nómina.
En esa subcontratación gravitó también un factor con tintes metafísicos. El contrato entre Dongfang y Santa Fe-Montejo se firmó el 8 de octubre del 2020, diez meses antes de que Elecaustro adjudique la obra a la fima china.
Tras revisar la ejecución del contrato con Dongfang, el SERCOP concluyó: “La entidad contratante ha inobservado la normativa vigente, afectando los principios y objetivos fundamentales del sistema de constratación pública”.
En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (disuelta el año pasado), entonces dirigida por Fernando Villavicencio, Borrero defendió la legalidad de la contratación. Al ser consultado por este medio sobre las irregularidades, respondió que no volvería a referirse a los contratos, pues ya no es un vocero oficial. Gerenció la empresa 17 años, hasta el 18 de agosto del 2022.
Diana Andrade, directora jurídica de Elecaustro, dijo en la misma Comisión que no hubo ninguna subcontratación en el proceso. Que más bien se trató de un contrato de provisión de bienes, que estuvo amparado en la legislación nacional.
Actualmente la obra registra un avance del 92%, según informes oficiales. Se concluyó la fase Uno, con la construcción de vías, un puente y una escombrera. La segunda fase del proyecto se subdividió en dos sub fases:
-La Fase Dos A, que está concluida e incluyóel suministro, construcción y puesta en operación de la Subestación Uchucay, línea de transmisión a 138 kV y la Subestación de seccionamiento La Paz.
–Y la Fase Dos B, que está en ejecución para el suministro, construcción y puesta en operación del parque eólico Minas de Huascachaca, de 50 MW. Incluye el diseño, suministro, transporte e instalación de aerogeneradores, circuito colector, vías de acceso en su eje 3, plataformas y cimentaciones de los equipos.
Las pólizas, otro cuento chino
En cualquier obra pública el transporte de los equipos para ejecutarla debe estar asegurado, en caso de un accidente. Eso, al parecer, tampoco ocurrió en esta contratación.
Al revisar las garantías de “Todo Riesgos Construcción y Todo Riesgo Transporte” presentadas por Dongfang, este medio constató que la póliza de cobertura registrada está a nombre de la Aseguradora China PICC.
La póliza (Construction/Erection All Risks and Third Party Liability Insurance N° P5GB20225101000000002) está en idioma chino. Al estar en ese idioma, la póliza y sus cláusulas no se pudieron verificar. Precisamente, estas irregularidades fueron advertidas, tanto por la Auditoria Interna de Elecaustro como por la Fiscalizadora.
Pero hay más novedades. La empresa aseguradora PICC no está domiciliada ni resgistrada en la Superintendencia de Compañías. La ley establece que cualquier proyecto ejecutado debe contar con un seguro emitido por una empresa domicilada en el país.
La póliza está a nombre de la aseguradora china PICC, que no existe en el país
La póliza se emitió para una cobertura entre el 29 de abril de 2020 y el 16 de septiembre de 2022. Sin embargo, según una denuncia presentada por la Cámara de Transporte Pesado del Ecuador (Canatrape), esa póliza también aseguraba a contratistas y subcontratistas del proyecto como Donfang, WCT y Transportes Montejo. Cuando se emitió la cobertura, en abril de 2020, Dongfang ni siquiera existía como compañía en Ecuador. Se constituyó cuatro meses después, el 8 de julio de 2020. Y Transportes Montejo se creó el 20 de mayo de 2021, un mes después de la emisión de la póliza, señaló Canatrape.
La Universidad de Cuenca denunció las irregularidades a las autoridades de Elecaustro. No obstante, en el oficio NEEGA-USUP-2022-0138-OF, Elecaustro respondió que la fiscalizadora “no tiene competencia para pronunciarse sobre la validez de la pólizas”.
En agosto pasado, la entonces legisladora Marjorie Chávez pidió que la Contraloría realizara una nueva verificación de la ejecución de las obras y de los contratos. Desde entonces el organismo de control realizó un nuevo examen especial, que ya está listo y se hará público esta semana, según conoció este medio.
El examen ratificaría un sinnúmero de irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto.
ACLARACIÓN: En el reportaje difundido este lunes 10 de julio se mencionó erróneamente que el gerente de Electroaustro era primo hermano del vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. En una carta dirigida a este medio el Vicepresidente aclaró que no tiene ese grado de parentesco con el exgerente de Electroaustro, ni tampoco una relación cercana con él. Lamentamos la equivocación y ofrecemos disculpas al Vicepresidente y nuestros lectores.
El año pasado, el Consejo de la Judicatura (CJ) había separado del concurso para jueces anticorrupción a Vinicio Rosillo, cuando descubrió que la Fiscalía lo destituyó en 2012, por haber cometido un delito flagrante de acoso sexual, con una alumna suya, en un motel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Este año Rosillo revirtió la separación del concurso, con un recurso de protección que le concedió un tribunal de segunda instancia. La decisión fue avalada por el CJ, dirigido por Wilman Terán, que no apeló, aunque estaba obligado por ley a hacerlo. Es más, la Judicatura acaba de invitar a Rosillo a ser parte del curso de formación para ocupar el cargo de juez anticorrupción. (Nota actualizada este domingo 8 de julio).
Alianza Código Vidrio – Vistazo Por Ana María Carvajal
Especialista de las artes marciales, el abogado Vinicio Rosillo Abarca no da su brazo a torcer. Pese a que en septiembre del año pasado el Consejo de la Judicatura (CJ) lo separó del concurso de jueces anticorrupción por haber sido destituido del cargo de fiscal, en 2012. Sin embargo, al mando del nuevo presidente Wilman Terán, la Judicatura nuevamente le abrió las puertas para convertirse en juez anticorrupción y crimen organizado.
Es más, este lunes 10 de julio, por invitación del CJ, Rosillo empezará un taller de inducción como parte del Curso de Formación Inicial, previsto una semana después, en el cual ya tiene un cupo para convertirse en uno de los nuevos jueces, que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La semana pasada el pleno del Consejo le notificó a Rosillo la invitación a participar en la capacitación.
Rosillo había quedado fuera del concurso que seleccionó a los 14 nuevos funcionarios para ese cargo, cuando la Judicatura descubrió que había sido destituido en 2012 mientras era fiscal provincial en Santo Domingo de los Tsáchilas. De hecho, Rosillo ocultó que fue separado de la Fiscalía durante el proceso de selección, pues conocía que esa era una causal que lo inhabilitaba.
Ahora, con un fallo de la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo, que le otorgó una acción de protección, está cerca de cumplir con su cometido. Los jueces Galo Luzuriaga, Juan Carlos Mariño e Iván León le concedieron la acción el 14 de marzo pasado. Y el 9 de junio el Consejo de la Judicatura resolvió darle trámite y acatarla, sin interponer ninguna apelación. Fuentes judiciales dijeron que Terán y Rosillo son amigos, ambos son oriundos de Santo Domingo, donde se conocieron hace varios años. Terán llegó a la presidencia del CJ en febrero pasado.
Por disposición de los jueces del tribunal, la Judicatura debe dejar sin efecto el informe en el que se justificaba la descalificación de Rosillo del concurso. En esa línea dispusieron que el CJ le permita acceder al curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, que ya tomaron y aprobaron otros aspirantes y duró 52 días. Los mejores puntuados llegaron a la lista definitiva de jueces anticorrupción.
En primera instancia la acción de protección fue negada por un juez, el 20 de diciembre de 2022, 20 días después de que se conocieran los ganadores del concurso de oposición y méritos. Rosillo apeló y el recurso fue conocido por el tribunal de alzada, que le concedió el requerimiento.
El concurso para jueces anticorrupción tuvo varias etapas, desde la presentación de requisitos y concurso de oposición y méritos hasta las pruebas teóricas y prácticas.
En el primer intento, el juez consideró que no existía vulneración a “los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación ni al principio de favorabilidad y legalidad en la aplicación de sanciones”, que argumentaba Rosillo. Por eso negó el recurso.
Varios días en prisión
Cuando era Fiscal, en 2012, Rosillo fue destituido por faltar a su trabajo más de tres días consecutivos. En ese lapso, estuvo preso debido a una denuncia que una alumna suya interpuso por acoso sexual y un pedido de favores sexuales, a cambio de beneficios académicos, para mejorar sus calificaciones. Luego un juez ordenó su traslado a la cárcel de Quito, tras permanecer hospitalizado.
Aunque el abogado fue detenido en delito flagrante, en un motel, el 5 de mayo de 2012, un tribunal lo declaró inocente. Argumentó que la denunciante planificó la detención y que, supuestamente, el fiscal que estuvo a cargo del caso tenía un nexo sentimental con su alumna. La Fiscalía se opuso a la decisión. No solo apeló la sentencia, sino que ingresó una queja en contra de los jueces del tribunal a cargo del caso, que no prosperó.
Estos argumentos no fueron parte de la acción de protección que Rosillo interpuso para buscar, a como de lugar, regresar al concurso y optar por un cargo de juez anticorrupción y crimen organizado.
Los argumentos de Rosillo
En su defensa, Rosillo dijo que la Judicatura “hizo aparecer” sobre la marcha en el concurso un informe donde constaba la inhabilidad. El entonces director general del Consejo, Santiago Peñaherrera, explicó, en septiembre de 2022, que Rosillo omitió en su inscripción al concurso el informe, por el que fue destituido en 2012. Solo declaró que había sido fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios de 2013. Para ese entonces, el abogado ya era el mejor puntuado del concurso, con 64,3 puntos en la sumatoria de méritos y la prueba teórica y 30 más, por la prueba práctica, alcanzando 94,3/100.
Rosillo y Terán son amigos, según fuentes judiciales. Ambos son oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas. Han participado en foros públicos, virtuales y presenciales.
Según Rosillo, sus pedidos de una audiencia no fueron escuchados en la Judicatura. “No se me dio la oportunidad de nada, con un informe administrativo hecho por un subalterno, decidieron sacarme del concurso”.
Para él, eso implicó un cambio en las reglas del juego, lo cual generó inseguridad jurídica, pues no pudo seguir el curso de formación inicial, lo que le habría permitido “estar en el banco de elegibles o ser parte de los jueces”.
Judiciales destituidos
Durante el concurso, Peñaherrera le dijo a Código Vidrio que una persona destituida no puede participar en funciones públicas, en general, por dos años. Pero cuando se trata de la Función Judicial, esa prohibición es “para toda la vida”. Rosillo rebatió ese argumento ante los jueces. Según su criterio, la Ley de Servicio Público no se refiere a funciones del Estado, sino a instituciones. En su caso dijo que fue destituido de la Fiscalía y no del Consejo de la Judicatura. “Una cosa es función y otra institución y la fase del concurso precluyó”.
Pero el CJ, entonces dirigido por Fausto Murillo, ratificó la separación porque Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos desde que inició el concurso, en marzo de 2022, hasta diciembre, cuando se definieron los ganadores. Fue así que en agosto se detectó que Rosillo, quien formaba parte de los 37 candidatos finalistas, tenía una inhabilidad y fue descalificado.
La tortilla se da la vuelta
La Judicatura se defendió durante las audiencias en primera y segunda instancia. Desde febrero, con Wilman Terán a la cabeza, resolvió acatar la sentencia de la Corte Provincial sin responder como es lo usual en estos casos manteniendo una línea institucional. Rosillo y Terán son juristas formados en Santo Domingo de los Tsáchilas y tendrían una relación de amistad.
Rosillo es doctor en jurisprudencia. Fue Fiscal hasta 2012, cuando lo destituyeron al ausentarse tres días seguidos de su trabajo. Fue detenido en un motel con una de sus alumnas, según una denuncia.
Código Vidrio solicitó información y una versión de Terán sobre este caso al Consejo de la Judicatura, y a Vinicio Rosillo a través de llamadas, mensajes de WhatsApp y correo electrónico. No obtuvo ninguna respuesta.
El Pleno del Consejo, en su resolución 099-2023, resolvió en un artículo único agregar el nombre y el puntaje de Rosillo a la resolución del 16 de septiembre de 2022, en la que se proclamaron los resultados de las fases de méritos, prueba teórica y práctica. Además, dispuso a Talento Humano y a la Escuela de la Función Judicial gestionar lo necesario para cumplir con la sentencia de la Corte Provincial de Santo Domingo.
Así, en silencio y seis meses después, el postulante que salió del concurso por una inhabilidad está cerca de cumplir su objetivo de volver a la Función Judicial.
De seis proyectos hidroeléctricos con financiamiento externo y contratistas de origen chino, dos aún no han sido recibidos definitivamente: el de mayor envergadura (Coca Codo Sinclair) y el más pequeño, Quijos. Un tercero, Mazar Dudas, avanzó parcialmente, porque se cambió de contratista tras el incumplimiento de la firma china. Una constante: el precio final siempre es mayor del valor inicial de la obra, sumado a los litigios judiciales por graves fallas o por corrupción.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
El cambio de matriz energética fue una promesa que el Gobierno planteó hace casi una década. El principal socio en esa ambiciosa apuesta para generar energía limpia fue China.
El panorama de partida era éste: el 83 por ciento de la demanda de energía dependía de los combustibles fósiles. Para 2014, cuando se promocionaba la transformación, solo el siete por ciento de la producción total provenía de energía renovable. Entre las fuentes de esta forma de energía se encuentra la generación hidroeléctrica. Ésta consiste en captar el caudal de los ríos para mover turbinas que producen electricidad. Puede sonar sencillo; en realidad, se trata de obras de alta ingeniería. Los trabajos suelen implicar la construcción de túneles y otras intervenciones de magnitud, inclusive, en el curso de los ríos.
El ambicioso plan incluía casi una decena de proyectos de generación hidroeléctrica. Fue lanzado durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el financiamiento, sea parcial o total, de préstamos chinos. Estos créditos llegaron, en casi todos los casos, atados a la contratación de empresas de ese país, para la ejecución de las obras de ingeniería y de electricidad. En realidad, los proyectos habían sido identificados a fines del siglo pasado, porque eran parte del Plan Maestro de Electricidad, elaborado por el (ya desaparecido) Instituto Nacional de Electrificación, Inecel.
Esta alianza se propuso identificar el balance del plan del cambio de la matriz energética. Hay avances, sí; también problemas. Una de cal y una de arena.
El punto de partida fue información del Servicio de Rentas Internas (SRI), según la cual, las empresas de origen chino que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años, no han declarado utilidades porque el Estado ecuatoriano no ha recibido aún las centrales hidroeléctricas. Eso es parcialmente cierto; no aplica en todos los casos.
Para corroborar esta información, requerimos a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) datos actualizados sobre el estado de seis proyectos de centrales hidroeléctricas, cuyo financiamiento se hallaba atado a préstamos chinos. Estos son los resultados.
Las centrales financiadas y construidas por empresas chinas
Las hidroeléctricas
Las seis centrales en cuestión son: Coca Codo Sinclair (1.500 MW de potencia); Sopladora (487 MW); Minas San Francisco (270 MW), Delsitanisagua (180 MW); Mazar Dudas (21 MW) y Quijos (50 MW). El costo inicial de estos seis proyectos hidroeléctricos en conjunto totalizaba 4.053 millones de dólares.
En la práctica, solo la central Delsitanisagua tuvo una condición contractual de precio fijo. Por eso el precio inicial y el definitivo no varían: 258,6 millones de dólares. La central entró en operación en 2018, pero la recepción definitiva se produjo a fines de mayo de 2021. Se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, aprovecha el caudal del río Zamora.
En dos de los proyectos aún no se conoce el valor final. Uno de ellos es la central Coca Codo Sinclair. Inicialmente, se previó el presupuesto de 2.439 millones de dólares. Del monto, el 70 por ciento sería financiado con un crédito del Eximbank de China. Está pendiente la recepción definitiva de la obra, y solo entonces se conocerá el valor final.
Es, por cierto, la central más cara, la que más debe producir y la más compleja de este conjunto, por los daños posteriores al entorno, debido al fenómeno de erosión regresiva. ¿Su aporte? Entró en operación en 2016. Desde el inicio ha contribuido al ahorro de 18, 7 millones de toneladas de CO2 al ambiente. Por venta de energía ha producido 81,4 millones de dólares. Por dificultades técnicas y por el fenómeno erosivo, la recepción definitiva aún no se concreta.
La otra central que no ha sido recibida aún es Quijos. Es el proyecto más pequeño en generación, pero no por ello menos conflictivo. El caso merece un capítulo aparte.
Incumplimientos
Ocho años han pasado desde que la empresa China National Electric Engineering Company fue declarada incumplida por el gobierno ecuatoriano, tras la fallida construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos, en la provincia amazónica de Napo.
El proyecto, con capacidad para generar 50 megawatios (MW), inició su construcción en enero de 2012, e iba a abastecer de energía hidroeléctrica a un buen segmento de la población de Napo.
Jorge Glas visitó Sopladora en 2015. Fue inaugurada un año más tarde, el 25 de agosto de 2016. Esa inauguración tuvo un sabor de precampaña electoral, ya que para los comicios de 2017 correría su entonces ungido, Lenin Moreno. En esa ceremonia, Correa reveló que querían entregar todas las hidroeléctricas (ocho en total) para el primer semestre de 2016, pero sufrieron un atraso.
Fuentes cercanas al proyecto informaron que durante la construcción, la compañía incumplió cláusulas contractuales, al utilizar métodos técnicos descontinuados, concretamente, en la excavación del túnel. Además, afirman que no contaba con la maquinaria moderna y adecuada para los trabajos.
El analista en materia eléctrica, Gabriel Secaira, asegura que la contratista tampoco tenía un personal especializado, que trajo de la misma China, para ejecutar los trabajos. «Tenía poca experiencia en este tipo de obras «, opina.
También había problemas geológicos en el túnel, durante el inicio de la construcción. A marzo de 2015, Quijos registraba un avance del 46 por ciento en su ejecución. A esa fecha se habían invertido 80 millones de dólares. Y, según cálculos preliminare, se necesitan 130 millones más para terminar la construcción.
Según Celec, se encuentra revisando variables para la reactivación. No se sabe si a la terminación del contrato se cobraron las garantías, por incumplimiento de cláusulas contractuales.
La misma empresa china fue contratada para la construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas, en el austro del país, con una potencia de 21 MW. También fue declarada incumplida. Por lo tanto, CELEC dio por terminado el contrato en diciembre de 2015. La compañía Astudillo Guillén Construcciones asumió la continuación de los trabajos y la primera de las tres centrales (central Alazán) entró en funcionamiento en 2017. Sin embargo, en agosto de 2018 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de obras civiles, en la central San Antonio, la segunda del proyecto.
Un dato llama la atención. Recién 2021, tres centrales hidroeléctricas de las seis analizadas fueron recibidas oficial y definitivamente. En abril de ese año, Sopladora y Minas San Francisco. Y un mes más tarde, Delsitanisagua.
Los problemas en la construcción de la central Coca Codo han sido recurrentes desde el inicio del proyecto. Las cientos de fisuras en los túneles de distribución han causado el retraso de la entrega del proyecto, y un litigio internacional con Sinohydro.
En Sopladora y Minas San Francisco resaltan las diferencias entre los precios iniciales y los definitivos. En Sopladora, la diferencia es de 9,3 millones de dólares, valor que incluye contratos complementarios.
Sopladora fue inaugurada el 25 de agosto de 2016, por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Esa inauguración tuvo un sabor de precampaña electoral, ya que para los comicios de 2017 correría su entonces ungido, Lenin Moreno. En esa ceremonia, Correa reveló que querían entregar todas las hidroeléctricas (ocho en total) para el primer semestre de 2016, pero sufrieron un atraso. Sopladora, con capacidad de 487 MW, es parte del complejo Paute.
En el discurso de inauguración Correa afirmó que “En Sopladora hemos invertido 755 millones de dólares entre obra civil, equipamiento, fiscalización y administración. Ese es el tan satanizado gasto público. El 85 por ciento de financiamiento del contrato de construcción se hizo con un crédito del EximBank de China con condiciones beneficiosas para el país, y el 15 por ciento con recursos fiscales”. Con su funcionamiento, afirmaba, el país dejaría de invertir 276 millones de dólares anuales, en importar diesel para la generación termoeléctrica.
En suma, con ocho hidroeléctricas, decía Correa, se habían invertido cinco mil millones de dólares, que recuperarían en cinco años, pues cada año de funcionamiento implicaría un ahorro de mil millones de dólares.
En la central Minas San Francisco la diferencia entre el valor inicial y el final es significativa: bordea los 53 millones de dólares.
La promesa se cumplió a medias. Los gastos posteriores por encarecimiento de las obras, debido a fallas, especialmente en Coca Codo, han sido un verdadero dolor de cabeza para el Estado. Esto ha implicado litigios y paras constantes en la central, que siete años después no es entregada oficialmente. Además de un proceso judicial en el que están involucrados desde el expresidente Lenin Moreno hasta algunos de sus familiares y exfuncionarios, así como el Exembajador de China. Esa es la otra faceta de estos proyectos: la corrupción, que ha sido una constante.
Hace casi ocho años, el Ministerio de Educación firmó un contrato con la empresa China Railway para la instalación de 200 escuelas prefabricadas, por 196 millones de dólares. El contrato era tan grande que se anunció la construcción de una planta de materiales en Manabí para suplir la demanda. Hoy no hay fábrica; se levantaron solo 50 escuelas y apenas 20 funcionan. Por eso se declaró la terminación unilateral del contrato, pero la empresa china reclamó una millonaria indemnización. Hay 24 mil estudiantes afectados. La Unidad Kerly Torres, inaugurada en 2018 en Manta, fue desmantelada, sin que exista un solo responsable (foto).
Alianza Vistazo – Código Vidrio
Por Alejandro Pérez
En 2015, el entonces gobierno de Rafael Correa dio un giro a su emblemático proyecto de escuelas del milenio. Ofreció más de 500 de estas obras. Cada una costaba entre cuatro y ocho millones de dólares. Aunque para ese año apenas se habían construido menos de 50. La bonanza petrolera había terminado y los recursos fiscales escaseaban. Pero del gobierno surgió una idea millonaria: hacer escuelas “tipo milenio” con material prefabricado. Así, el 18 de agosto de 2015, el Ministerio de Educación firmó un contrato con la empresa China Railway N° 9 Engineering Group, para levantar 200 planteles, hasta el último año que gobernaría Correa, con lo cual intentaba dejar su legado.
“Vimos que nos íbamos a demorar muchísimo para completar la infraestructura educativa que se requiere (…). Vamos a construir lo que hemos llamado las Escuelas Siglo XXI, prefabricadas, de un gran material antisísmico, térmico, anti ruidos, pero que cuestan menos de un millón (de dólares) y, con el material en el sitio, se hacen en tres meses”, anunciaba el entonces presidente en la sabatina del 24 de septiembre de 2016. Ya había pasado más de un año de la firma del contrato y todavía no se había instalado ninguna escuela.
Como muchas de las obras emblemáticas de aquella época, las Escuelas Siglo XXI venían atadas a un crédito con el Bank of China Limited, de 167 millones de dólares. La contratación se hizo bajo la figura de Régimen Especial: se invitó a China Railway para que presentara su propuesta, sin concurso. Seis años más tarde, la Contraloría emitiría un informe que determinó reparos en el proceso de contratación e incluso concluyó que la contratista no cumplía con los requisitos de experiencia.
El proyecto además contemplaba la instalación de una planta para materiales prefabricados en el cantón Rocafuerte, en Manabí. “El contrato es tan grande que le exigimos a la empresa china que ponga su fábrica en Ecuador”, dijo Correa.
“A partir del 15 de diciembre, la empresa china empezará con la fase de preproducción y capacitación a los obreros que trabajarán en la planta, y ya estará en operación desde el 15 de enero de 2017”, secundó el entonces ministro de Educación, Augusto Espinosa.
La escuela Kerly Torres, construida en Manta, en 2018, fue desmantelada los siguientes años, sin que nadie se hiciera responsable. Foto cortesía Ecuavisa
Esta planta se construye en principio específicamente para ser la fábrica de las Unidades Educativas Siglo XXI, pero a futuro puede servir también para construir otro de tipo de infraestructuras como viviendas y oficinas cuando sea necesario, agregó. Pero con el tiempo, la fábrica quedó en nada y se construyeron solo 50 escuelas. Apenas 20 están en uso.
Empiezan los problemas
El monto total del contrato ascendía a 196 millones de dólares por las 200 escuelas, que se debían instalar en 21 meses, a partir de la entrega del anticipo. Es decir que, si los recursos fluían a tiempo, todo debía estar listo para mayo de 2017, cuando Correa dejaría el poder. Pero el crédito de China demoró, al Estado le faltaba plata por los bajos precios del petróleo. Para completar el cuadro ocurrió el terremoto de abril de 2016. Recién en mayo de ese año el Ministerio de Educación transfirió un anticipo de 29 millones de dólares a China Railway para que iniciara las obras.
Recién a inicios de 2017, en plena campaña electoral, el gobierno empezó a inaugurar las primeras Escuelas Siglo XXI construidas por China Railway. Hasta ese momento no había ninguna crítica sobre las infraestructuras, pues el gobierno dependía de los créditos chinos. Según documentos del proceso contractual, se levantaron 50 escuelas entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Otros diez terrenos quedaron aplanados, pero sin infraestructura. La empresa dijo que en esas obras había invertido más de 60 millones de dólares.
El problema llegó a fines de 2017, cuando el gobierno de Lenín Moreno dio un giro y rompió relaciones con Correa. Se empezaron a cuestionar el endeudamiento con China, las obras que construían empresas de ese país y las preventas petroleras. En mayo de 2018, el Ministerio de Educación inició la terminación unilateral del contrato con China Railway, puesto que la empresa no había cumplido con lo acordado. Encontró reparos en la calidad de los materiales, por lo que solo aceptó 20 escuelas, el resto quedó en custodia de la empresa china.
“Se encontraron inconsistencias y omisiones. Las escuelas fueron recibidas por un tema de necesidad y con actas provisionales, pese a que había riesgos de infraestructura”, explica Roberto Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación. Acosta asegura que en esa fecha no trabajaba en el Ministerio, pero ha tenido que empaparse del proceso. Recuerda que hubo trámites de mediación para reconocer a la empresa china un valor por las escuelas, pero no llegaron a acuerdos. Finalmente, China Railway interpuso una demanda por más de 100 millones de dólares: 65,9 millones por la inversión, más 36,5 millones por lucro cesante.
El entonces presidente Rafael Correa reconoció que no le alcanzaba el tiempo ni los recursos, para construir las 200 escuelas del milenio que ofreció. Se vio obligado a recurrir a una empresa china para que instalara las escuelas con material prefabricado. El 2016, el gobierno presentó la maqueta de lo que sería la fábrica de materiales prefabricados de China Railway, en Manabí. El proyecto nunca despegó. Captura de video.
El argumento de la demanda: Educación no había entregado los terrenos a tiempo para instalar las escuelas prefabricadas, el suelo de algunos de los terrenos no era el adecuado, más otros detalles en los términos del contrato que, a juicio de la demandante, dificultaron la ejecución de obra. Además, el Estado ecuatoriano había recibido, inaugurado y usado 20 escuelas, lo que demostraría que se ajustaron al contrato.
67 millones de dólares en juego
En abril de 2021 un tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito aceptó parcialmente la demanda propuesta de Zhou Xiaoyo, apoderado de China Railway, ordenando que el Ministerio de Educación le pagara 67,7 millones de dólares. Los funcionarios de Estado pidieron un recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, que fue admitido y se resolverá en los próximos meses. Acosta cree que los jueces darán la razón al Ministerio de Educación cuando se revisen los argumentos y toda vez que, en 2022, después de la sentencia, la Contraloría emitió un informe en el que cuestiona el contrato y la calidad de las escuelas ensambladas y entregadas. Además, fijó glosas por 24 millones de dólares.
Un primer hallazgo de Contraloría fue que el contrato firmado bajo la figura de adquisición de bienes estuvo mal aplicado, puesto que se requería de otras especificaciones en la ejecución de obras. También detectó que China Railway no cumplió con los requisitos mínimos, ya que por ejemplo presentó experiencia en la construcción de proyectos de obras civiles, cuando en los pliegos se requería experiencia en la provisión o instalación de bienes.
Por otro lado, se firmó un contrato modificatorio sin criterio jurídico. Los terrenos no cumplían con las especificaciones contractuales, no había estudios de suelos y dos terrenos no pertenecían al Ministerio de Educación. Además, las actas de entrega recepción no cumplían con los requisitos.
Así se veían las instalaciones de las 20 escuelas, construidas con material prefabricado, inauguradas entre 2017 y 2018. Unidad Felipe Chávez, en Manta. Foto Ministerio de Educación.
Sobre las deficiencias en el ensamblaje, la Contraloría determinó que los diseños no consideraron parámetros establecidos, lo que provocó que en ciertas escuelas la estructura del piso se deformara, las vigas presentaran deflexiones y fallas, se instalaran vigas desalineadas, y se produjeran aberturas entre las partes ensambladas, por lo cual se desprendieron los tornillos, entre otras fallas.
En los diseños el ente de control determinó que las tuberías y cableados eléctricos no cumplieron los lineamientos requeridos, lo que podría ocasionar problemas de humedad y oxidación. En algunas escuelas encontraron que las dimensiones de ventilación fueron inferiores a las establecidas en los planos, por lo cual se concentraron altas temperaturas en las aulas. Esto obligó al Ministerio de Educación a instalar aire acondicionado y ventiladores, que sirvieron de poco. Pero, sobre todo, la Contraloría concluyó que la contratista no entregó las unidades educativas de acuerdo con el cronograma establecido que tenía como plazo el 9 de junio de 2018, lo que ocasionó una multa de 29 millones de dólares.
Estos hallazgos, según Roberto Acosta, servirán de elementos en el recurso de casación, pues no fueron tomados en cuenta en el fallo a favor de China Railway. “Tenemos dos escenarios: uno, que el Ministerio de Educación tenga que cancelar el monto que dice la sentencia, o dos, que esa sentencia sea revisada y que esos haberes sean disminuidos o incluso dejados sin efecto, lo cual sería favorable a los intereses del estado ecuatoriano”, dice Acosta.
Efectos colaterales
No se sabe la situación de las escuelas que no han sido entregadas y están en custodia de la empresa china. Esta alianza periodística solicitó una entrevista por medio de un ejecutivo de China Railway para obtener la versión de la empresa, pero no se pudo concretar hasta el cierre de este reportaje.
El contrato con China Railway contemplaba la instalación de 200 escuelas, por casi 200 millones de dólares. Por varios motivos, levantaron en total 50 planteles, de los cuales solo 20 fueron recibidos por el Ministerio de Educación.
Hace varios años, por ejemplo, la Unidad Educativa Siglo XXI Kerly Torres, en la parroquia Leonidas Proaño, en Manabí, fue desmantelada por vándalos que se llevaron la escuela pieza por pieza. Esa escuela, según los documentos contractuales no tenía acta de entrega recepción, pero según la contratista estaba “terminada totalmente y en funcionamiento”.
Gabriel Castañas, subsecretario de Administración Escolar, dice que ya han tenido que hacer mantenimiento y reparaciones a algunas escuelas prefabricadas con significativos gastos: solo en dos han gastado más de 700 mil dólares, puesto que requerían cambios de cubiertas, baterías sanitarias, canchas, entre otros trabajos emergentes. En teoría, las escuelas tendrían una vida útil de 25 a 30 años. Aunque el contrato preveía el mantenimiento y garantía de las escuelas por al menos diez años, con la terminación unilateral se cerraba esa puerta.
Pero eso no es todo. El Ministerio ha tenido que construir nuevas escuelas o remodelar y ampliar las que ya existían suplir la demanda de estudiantes que debían ocupar las 30 escuelas prefabricadas que no se recibieron. Como cada de esas infraestructuras acoge, en promedio, a 800 niños y adolescentes, la afectación llega a más de 24 mil estudiantes. Castañas dice que ya se han invertido cerca de ocho millones de dólares en este proyecto de contingencia y que en los próximos meses se invertirán otros 52 millones para habilitar otras 52 unidades educativas.
Con la posibilidad de que el Fenómeno del Niño ocasione fuertes daños en la infraestructura educativa, las escuelas prefabricadas sin uso podrían ser una opción. Pero el proceso legal demorara mucho tiempo más en resolverse. Además, si la justicia vuelve a fallar a favor de la empresa china, obligando a pagar los 67 millones de dólares, la inversión para infraestructura educativa se verá más comprometida.
El millonario contrato de las escuelas prefabricadas no dejó el legado que el gobierno de ese entonces ofrecía. Más bien quedaron las infraestructuras cuestionadas, niños que no pudieron ocupar escuelas y un juicio que todavía no termina.
Casa adentro, China es consciente de que debe frenar emisiones para evitar los efectos del cambio climático. En la Amazonía ecuatoriana, la mayor inversionista extranjera es la china Andes Petroleum, operadora del campo Tarapoa o bloque 62, cuestionada por provocar 59 pasivos ambientales en la zona frágil de Cuyabeno. El contrato que le permite operar en el país sería renovado por el Gobierno saliente, año y medio antes de fenecer, sin tomar en cuenta los posibles daños. Por eso, expertos piden que los candidatos presidenciales se pronuncien. PetroOriental, empresa filial tambiénconstituida por capitales chinos, fue llevada al banquillo de los acusados, por la quema de mecheros en el bloque 14. Aquí las historias.
Alianza Código Vidrio – Vistazo
Si se habla de cambio climático, una potencia mundial es, por sí sola, responsable de la emisión del 27 por ciento del dióxido de carbono y de un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el planeta, según un informe del Banco Mundial. Casa adentro, China ya sufre los efectos: inundaciones costeras, marejadas ciclónicas, erosión… Si no adopta medidas drásticas, en 2030 podría enfrentar pérdidas estimadas entre 0,5 y 2,3 por ciento de su PIB.
Esa nación se comprometió a llegar al máximo de sus niveles de emisión antes de 2030 y lograr la neutralidad de emisiones para 2060. Una de las recomendaciones que formula el documento es “garantizar una transición justa para las regiones y comunidades más afectadas por la eliminación de los combustibles fósiles”.
China extrae combustibles fósiles en la Amazonía ecuatoriana. Dos empresas constituidas en Ecuador, con capitales chinos, han sido observadas por su impacto ambiental, en distintas instancias. Se trata de PetroOriental y de Andes Petroleum. Ambas son compañías filiales.
Petrooriental fue demandada por su incidencia en el cambio climático. El recurso judicial constituye un hito en el país. La comunidad waorani Miwaguno denunció a PetroOriental SA por la quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14, durante la extracción del petróleo. La contaminación atmosférica tiene efectos directos en el cambio climático, según la demanda revisada por esta alianza.
En cambio, la firma Andes Petroleum, filial de PetroOriental y constituida también con capitales chinos, habría provocado 59 pasivos ambientales desde el inicio de sus operaciones en 2006. Su relación contractual con el Estado ecuatoriano fue modificada en noviembre de 2010. La nueva modalidad contractual arrancó en 2011 y debe terminar a fines de 2025.
Pero dos años antes de que concluya el convenio, el gobierno saliente de Guillermo Lasso estaría realizando una renegociación anticipada, sin tomar en cuenta los pasivos ambientales, según fuentes consultadas por esta alianza. Según esta alerta, la administración de Lasso debería abstenerse de extender el plazo del contrato para la extracción del crudo en el campo Tarapoa (bloque 62) y más bien los candidatos presidenciales deberían empaparse de este tema, para tomar decisiones que beneficien al Estado.
La histórica demanda que se hizo humo
“En agosto era la época seca, porque todo se secaba (…) aparecía y reventaba el algodón. Se secaban los ríos y las quebraditas y se morían los peces y aparecían los puercos (guancanas) a comerse los peces muertos. En septiembre florece todo y en febrero llueve. Ahora noviembre y diciembre llueve. Ahora no se sabe cuándo es tiempo de lluvia o sequía, todo cambia”.
Éste es uno de los testimonios que sustentaba la demanda de la comunidad waorani de Miguaweno contra PetroOriental SA, subsidiaria de las gigantes firmas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec). La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2020, ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana. Fue un hecho sin precedentes, considerado histórico, porque un grupo de denunciantes llevó a una firma petrolera china al banquillo. El argumento: su posible contribución al cambio climático.
La quema y venteo de gas en los mecheros del bloque 14, operado por PetroOriental, lanzan emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, según la demanda presentada por la comunidad wao Miwaguno. La justicia ecuatoriana descartó las denuncias. Foto cortesía Acción Ecológica, Iván Castaneira, Agencia Tegantai.
Los demandantes dejaban claro el objetivo del recurso que presentaban, que era una acción de protección. “Desde ya podemos anticipar que nuestra pretensión no es el cierre de las operaciones del Bloque 14, sino detener la quema y venteo del gas que ahí se produce. Como quedará demostrado, esto es algo totalmente factible y que, si bien requerirá una inversión y tiempo, ninguno de estos puede ser un obstáculo para que la accionada cese el acto que viola los derechos que aquí invocamos”.
La demanda fue presentada en el marco de un conjunto de acciones coordinadas con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual Acción Ecológica es contraparte en Ecuador, según explicó a esta alianza Ivonne Yánez, una de las responsables de la demanda. FIDH representa a 192 organizaciones en 117 países.
Mapa de mecheros en el bloque 14, según el texto de la demanda presentada en diciembre de 2020.
Alex Almeida, otra de las impulsoras de la denuncia, explicó en entrevista que la comunidad waorani está consciente de las afectaciones, consistentes en los cambios de estación, inundaciones y otros problemas. En el texto de la demanda se incluye un testimonio revelador:
“Ocurrió una inundación del río Miwaguno en junio del 2020, creció de noche, inundó las casas, algunos nadaron. Inundó hasta la mitad, duró una semana. Casas se partieron, debajo de las casas se partió la tierra. Hubo daños a los cultivos, cacao, yuca, plátano, café se murió. El cacao no carga cuando se moja mucho, recién ahora (octubre 2020) está secando y la tierra empieza a producir. Todo quedó podrido, no tienen que tomar, la yuca quedó podrido. Instituciones como la Junta Parroquial, el Consejo Provincial, el FEPP, la fundación Labaka les dio comida (arroz azúcar, aceite). Hasta ahora tienen hambre. Yuca y plátano hay poco, recién están volviendo a sembrar. La fundación Labaka les dio camas”.
Según la demanda, antes de la actividad petrolera, “se podían encontrar pájaros como el papagayo, pescados en los ríos, monos, tigre, boa, etc». Cuando los Waorani iban de cacería encontraban guanganas. Usaban bodoquera, esto lo practicaban los hombres ya que tenían el dominio de la lanza. Los testimonios que sustentaban la denuncia señalan que con la presencia de petroleras se colocaron mecheros “hubo cambios grandes en el mundo Wao. Estamos tristes, dan ganas de correr por estos cambios”. “La escasez de productos silvestres y la baja productividad de la tierra han ocasionado que la disponibilidad de alimentos y la dieta de los waorani se vean afectadas”. Miembros de la comunidad migraron. “Con estos testimonios, que tienen pleno valor probatorio como fuente de conocimiento ancestral, queda demostrada la afectación que sufrimos los accionantes y nuestros pueblos a causa del cambio climático”.
Según los demandantes, “Nos enfrentamos a una alteración del flujo de energía, pues el carbono presente en la atmósfera ha aumentado un 42 por ciento debido a la combustión de combustibles fósiles, de la cual es responsable parcialmente la empresa accionada. Este incremento de carbono en la atmósfera causa un fenómeno conocido como efecto invernadero”. El efecto invernadero, dice la demanda, es el fenómeno que permite al planeta mantener una temperatura ideal para que exista vida y depende del balance energético del planeta.
La defensa de la empresa argumentó que ésta “ya tiene en marcha un plan para reducir el uso de mecheros, utilizar el gas que se produce al extraer el petróleo”. Además, insistió en que la comunidad Miwaguno “no está en el área de influencia del bloque 14 ni de las dos estaciones que tienen los mecheros”. Según su explicación, la estación Nantu está de cuatro a siete kilómetros y la estación CDP tiene otro mechero, a 6,4 Km. Según la defensa, la empresa china invirtió 23 millones de dólares entre 2012 y 2020 para instalar sistemas que reduzcan la quema de gas. Para cuantificar, la firma aseguró que Petrooriental emitió menos de uno por ciento de gas lanzado por todos los mecheros en el país.
Durante el proceso la defensa argumentó que un carro genera nueve toneladas de CO2 en un año. En 2018, en Ecuador circulaban 2,4 millones de carros, lo que implicaría emisiones anuales de 21,6 millones de toneladas.
Los bloques 14 y 17 son operados por la firma PetroOriental, gráfico Ministerio de Energía.
Para Ivonne Núñez y Alex Almeida, el proceso dejó un cúmulo de enseñanzas y experiencias. Una de ellas, por ejemplo, los ancianos wao debían comparecer por medios telemáticos porque el proceso se sustanció durante la pandemia. Las diferencias culturales sobre la perspectiva del tiempo en la cosmovisión waorani también pesaron, durante las comparecencias. “Antes” para los waoranis no representa una noción de pasado, sino que puede ser comprendido como algo ocurrido apenas hace un momento.
La jueza de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Francisco de Orellana no dio paso a la demanda. Los miembros de la comunidad desistieron de apelar. Los demás demandantes optaron por el mismo camino, pero creen que este caso puso en el tapete la discusión sobre el papel de las petroleras chinas en el cambio climático, mientras en su propio país toman decisiones radicales.
Alerta por renegociación flash
La empresa Andes Petroleum opera el campo Tarapoa o bloque 62, lo que, de hecho, la convierte en un actor estratégico en la industria hidrocarburífera nacional. Se trata del mayor inversionista extranjero en el campo petrolero en Ecuador.
Andes Petroleum, constituida con capitales de las firmas Sinopec y CNPC, inició operaciones en 2006. La modalidad contractual con el Estado ecuatoriano fue replanteada a fines de 2010, mediante la firma de un nuevo acuerdo en noviembre de ese año. Diversos estudios académicos revisados por esta alianza revelan que el cambio de fórmula fue beneficioso para el Estado mientras el precio del barril de crudo se mantenía en altos niveles. A medida que los precios fueron declinando, fenómeno que se intensificó desde 2014, la relación dejó de ser positiva, de acuerdo con varios autores.
Respecto al pago de tarifas, el Estado le pagaba a Andes Petroleum “dos y tres veces más que los costos de producción de Petroecuador”, según el analista petrolero Henry Llanes. En una carta de nueve páginas entregada al presidente Guillermo Lasso, el viernes 23 de junio, Llanes advierte al mandatario que en su administración se pretende una renegociación anticipada del contrato con Andes Petroleum. Aquello ocurriría, alerta, un año y medio antes de que fenezca el convenio (diciembre de 2025) y sin tomar en cuenta los pasivos ambientales.
Los dirigentes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Cuyabeno determinaron que la operación de la firma china en los campos Tarapoa y Bloque Sur causó 59 pasivos ambientales “En los ecosistemas de las zonas de influencia de Cuyabeno, los mismos que no han sido remediados”. Entre las afectaciones, se señalan problemas en la salud por contaminación ambiental, así como destrucción de cultivos y muerte de animales domésticos. Los efectos fueron detectados en 12 comunidades colonas y siete comunidades indígenas. Entre ellas, las comunidades Tarabeaya, San Victoriano y Puerto Bolívar de la nacionalidad Siona; Platas de Cuyabeno y Zancudo, de la comunidad Kichwa; Pakuya y Sábalo, de nacionalidad Cofán; comunidad Wais, de la nacionalidad Siekopai; y, comunidades Taykiua y Charap, de la nacionalidad Shuar.
“Resulta inconcebible que se quiera renovar el contrato con Andes Petroleum, por 15 años más, con el argumento de que el Estado le debe a la contratista 200 millones de dólares, así como, porque la compañía invertirá una cantidad similar en el nuevo período de vigencia del contrato. Se trata de una inversión insignificante que surgirá de los mismos yacimientos”.
Los ancianos waorani, llamados Pikenani, explican que la estación del algodón cambió por efecto de la quema de gas en los mecheros, según el texto de la denuncia. Foto cortesía.
El candidato presidencial Fernando Villavicencio exhortó al gobierno de Lasso a dejar en suspenso cualquier intento de extensión del plazo, advirtiendo que el Estado paga 42 dólares por cada barril extraído, lo que convierte a esta operación en perjudicial para el país.
Aún más, Henry Llanes pidió que todos los candidatos presidenciales se empapen de este tema, por su gravedad y trascendencia, para que el triunfador de las elecciones de agosto de 2023 pueda tomar decisiones acertadas.
Andes Petroleum es además accionista del 40 por ciento del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. El contrato con el Estado fenece en septiembre de este año. Según Llanes, bajo el argumento de que no hay recursos públicos para construir la variante del OCP, se renovarían a dedo los contratos.
En un artículo difundido en 2020, con motivo de los 14 años de presencia de Andes Petroleum en el Ecuador, su principal, el ingeniero geólogo Hu Quan defendía el aporte y el beneficio de la relación entre el Estado y la petrolera, a la cual calificó como un “ganar-ganar”.
Explicaba que la empresa llegó en 2005, para hacerse cargo del bloque que estaba en manos de la saliente Encana. Y detallaba que luego de 2011, cuando se redefinió el modelo contractual, se aplicaron técnicas de avanzada para descubrir nuevos yacimientos de crudo, lo que efectivamente ocurrió. Esto, en un área que venía siendo explotada desde los años 70s y por tanto se considera zona de campos maduros, sería positivo, según este argumento.
Entre 2006 y 2019, la empresa invirtió más de 485 millones de dólares en exploración.
“La empresa se caracteriza por una gestión limpia, impoluta e indiscutible en sus estándares de cuidado y de producción”. Detalló que en ese mismo período, entre obras sociales como voluntariado y siembra de árboles, la empresa promovió 128 mil atenciones médicas comunitarias, y contribuyó al bienestar de seis mil niños y jóvenes.
Es la más grande inversión petrolera extranjera en el país, señaló.
En un reporte publicado en medios públicos chinos, la empresa afirmaba haber prestado atención médica a la comunidad, durante la pandemia por Covid-19. A inicios de 2022, la contribución de esta firma al país se estimaba en 9.413 millones de dólares, lo que incluye, impuestos, regalías, producción y ganancias compartidas.
Un informe de 50 ONGs de nueve países analizó los proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de inversionistas chinos. Existe un patrón de vulneración constante de derechos ambientales y económicos en 11 países de América Latina.
Por Ana María Carvajal
Las concesiones mineras de Mirador y San Carlos Panantza forman parte de los 14 proyectos en manos de empresas chinas, que han violentado derechos y causado daños al ambiente, según un informe que 50 ONGs de nueve países de Latinoamérica presentaron en febrero pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC).
A Ecuador lo representan Amazon Watch regional, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Fundación Pachamama, Iniciativa Cuencas Sagradas y Yasunidos Cuenca. El trabajo, titulado informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, analiza proyectos de extracción de petróleo y recursos mineros, hidroeléctricas y ferrocarriles desarrollados en ecosistemas frágiles, a cargo de 11 inversionistas chinos en Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, México, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador. En el documento se concluye que los inversionistas chinos no han hecho suficientes esfuerzos para evitar graves daños ambientales en la región.
El informe fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que acompañó a representantes de comunidades afectadas y que contó con el apoyo del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) y FIAN Internacional.
Desde 2016, las inversiones chinas han sido observadas por distintos estamentos de la ONU debido a incumplimiento de sus obligaciones. El CDESC invitó a las ONGs a enviar sus observaciones y reclamos, en su calidad de evaluador de los estados en cuanto a garantías de derechos económicos, sociales y culturales. Luego, varios de esos reclamos fueron reconocidos por China en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2019.
El CDESC incluyó también las observaciones de la sociedad civil en su informe final publicado el 3 de marzo pasado y en las recomendaciones del CDESC, del 22 de marzo. Se solicitó que se recomiende a China que respete, proteja y cumpla sus obligaciones fuera de su territorio, relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los países donde sus empresas y bancos estatales y semiestatales estén operando.
Sofía Jarrín, de Amazon Watch, fue parte del equipo de monitoreo durante cinco años a los proyectos. Para ella, es un logro que en el EPU se haya reconocido que dentro de las empresas también se debe cumplir con obligaciones extraterritoriales, que incluyen respeto de los derechos. Además que se les haga recomendaciones orientadas a un adecuado control para que en toda la cadena de suministros se garanticen los derechos humanos y del medio ambiente. “Demostramos que existe un patrón de vulneración en América Latina donde se plantea que se deben mejorar las políticas y cadena de control, dentro y fuera de sus fronteras”.
El Comité le recomendó a China que vele para que sus empresas, proveedores y financistas “rindan cuentas por las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que cometan, prestando especial atención a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas y los campesinos, los impactos ambientales y la expropiación. Eso en el contexto de proyectos inmobiliarios y de infraestructuras, y porque se establezcan mecanismos de seguimiento y vigilancia para investigarlas y sancionarlas por sus actividades perjudiciales. Pidió además que se asegure de que las víctimas de violaciones a sus derechos puedan acceder a mecanismos de denuncia efectivos y una reparación adecuada.
Observó que al Estado debe asegurarse de que las compañías “respeten los derechos económicos, sociales y culturales cuando operan en el extranjero, en particular en lo que se refiere a las operaciones de aquellas que trabajan en la extracción de materias primas, la construcción y los proyectos de infraestructuras”. Adicionalmente le recomendó adoptar medidas legales y administrativas para exigirles que se responsabilicen de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
Relación desfavorable en el financiamiento
Otra preocupación para el Comité son las prácticas y condiciones del financiamiento que ofrece China en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para el desarrollo de infraestructuras en terceros países, porque “están repercutiendo negativamente en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en esos países”. Habla, por ejemplo, de falta de transparencia, corrupción, inviabilidad de ciertos proyectos y una relación costo-beneficio desfavorable para los países que reciben los fondos. Además, resalta que algunos niveles de deuda son insostenibles para ellos y que hace falta respetar la necesidad de emplear a proveedores y mano de obra locales.
Los proyectos citados en Ecuador, Mirador y San Carlos Panantza, son operados por Ecuacorriente (ECSA) y ExplorCobres, ambas filiales del consorcio CRCC-Togling. En el primer caso, el informe argumenta que se trata de un proyecto pionero a gran escala de minería a cielo abierto, que ha afectado a unos 16 ecosistemas diferentes. Allí también participa China Railway Construction Corporation.
Y en el segundo caso subraya que su área de influencia llega al 70 % del territorio ancestral del pueblo Shuar Arutam. Varias ONGs han acompañado y apoyado a los Shuar como a los Kichwas y campesinos que vivían en el sector, hasta que en 2020 lograron que se frenen los trabajos en la mina. El año pasado, obtuvieron una sentencia en la Corte Constitucional, que retiró la licencia ambiental a la empresa, por violaciones al derecho de la consulta.
JusticiaAcorralada. El nombramiento de 10 conjueces para la Corte Nacional de Justicia podría concretarse dentro de los próximos días. Talento Humano trabaja en el perfil de los funcionarios. Hay críticas a la designación sin concurso de merecimientos, por la falta de independencia de los judiciales que sean nombrados, al ser solo ocasionales, sin un nombramiento.
Por Fernando Medina
El Consejo de la Judicatura busca designar contra reloj 10 nuevos conjueces para llenar vacantes en la Corte Nacional.
Los judiciales serán escogidos sin un concurso de méritos y oposición, debido a que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), encabezado por Wilman Terán, emitió la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales.
La resolución se tomó el miércoles 7 de junio pasado en el pleno del CJ. En la sesión estuvieron presentes los vocales Maribel Barreno y José Morillo, quienes el mismo día fueron acusados por la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias.
La diligencia de formulación de cargos no impidió que los funcionarios se reunieran para determinar los plazos que deben cumplirse para posesionar a los nuevos conjueces.
Según la Judicatura, la decisión se justifica debido a que la Corte Nacional debe funcionar con 21 magistrados. Pero el máximo tribunal cuenta, desde 2021, con 11 jueces, quienes no pueden gestionar y resolver todas las causas judiciales pendientes, que ingresan constantemente. Inicialmente se preveía nombrar 21 conjueces, pero la idea no prosperó.
En febrero del 2021, el Consejo de la Judicatura tomó juramento a los 9 magistrados y dos conjueces, que actualmente integran la Corte Naacional. Hubo un concurso de méritos que duró siete meses.
En la sesión de junio pasado, el vocal Fausto Murillo mocionó que los elegibles debían cumplir un perfil mínimo: que sea juez de corte provincial o de tribunal de lo Contencioso, que tenga una experiencia de mínimo cinco años como juez de corte provinncial, que en su última evaluación haya obtenido un mínimo de 80 sobre 100 puntos, que tenga una especialización y no haya sido sancionado. Con base en esas sugerencias la dirección de Talento Humano está elaborando el perfil que deberán tener los nuevos conjueces.
Nueve magistrados y dos conjueces, que actualmente son parte de la Corte Nacional fueron posesionados en 2021. Hubo un concurso de méritos que duró siete meses.
La falta de jueces se complicó con la suspensión del magistrado Walter Macías, quien fue sancionado por el mismo pleno de la Judicatura a inicios de mayo pasado. Él tramitaba el proceso en contra de Barreno y Morillo. Además tiene a su cargo importantes causas, como Sobornos, que está en etapa de ejecución para recuperar bienes de los sentenciados, incluido el expresidente Rafael Correa. Su suspensión de 90 días empeoró el panorama.
Así lo señaló el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, en un informe remitido a la Judicatura el pasado 15 de mayo. En ese expediente, el juez indica que la “situación se ha visto agravada con la ausencia de dos magistrados, quedando de manera definitiva la vacante del despacho de Vicente Robalino (…) y temporalmente el despacho de Walter Macías Fernández, quien se encuentra suspendido en la actualidad”. Saquicela pidió a Terán y a los vocales que apresuren la designación de los nuevos magistrados.
¿Algunos jueces ya festejan?
Inclusive en un encuentro nacional que se celebró en Cuenca y reunió a 300 jueces de todo el país, el último fin de semana, varios jueces fueron consutados sobre sun interés en asumir los cargos. Algunos se negaron y otros habrían aceptado la invitación a integrarse, en función de los parámetros que fije Talento Humano. “Hay algunos que ya estuvieron festejando de antemano su designación”, dijo uno de los participantes en el encuentro, donde los asistentes debatieron sobre la aplicación y abusos de las garantías constitucionales.
Fuentes de la Corte consultadas por Código Vidrio dijeron que el nombramiento temporal puede ser un dogal para los conjueces, que actuarán condicionados, por la naturaleza y condiciones de su designación. “Un juez temporal es una figura atemporal, puede durar todo el tiempo que la autoridad nominadora quiera”, advirtió una fuente de la Corte Nacional, que pidió el anonimato.
Este es el argumento. La justicia tiene varias garantías, como la independencia y la imparcialidad judicial. A su vez, la independencia tiene otras garantías que permiten precisamente que el juez pueda juzgar con independencia e impacialidad. Además existen como pilares la independencia judicial interna y la externa. En la externa se requiere un juez que sea fijo, no esté supeditado a presiones externas, y que tenga un nombramiento.
“Al nombrar conjueces temporales, que hagan las veces de titulares, ellos no tendrán un nombramiento, pueden ser removidos en cualquier momento y bajo cualquier causal. Eso sin duda puede ocurrir en cualquier momento si ese juez emite un fallo que no le guste a la autoridad nominadora, que por este motivo lo puede remover”, subraya un jurista de la Corte.
En general también se nombran jueces temporales para obtener resoluciones favorables a los intereses de quienes los nombran. Sometidos a esa presión, los temporales también pueden condenar a un opositor político o exculpar a un amigo, sin que existan suficientes evidencias.
Los conjueces temporales serán escogidos sin un concurso de méritos y oposición, debido a que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), encabezado por Wilman Terán, emitió la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación.
Sin duda, agrega otra fuentes, “una garantía para la independencia es el nombramiento y la inmamovilidad en el cargo, que está supeditada a causales claramente establecidas en la ley”.
Represamiento, licencias, demoras…
Según información oficial, la Corte tiene problemas por el congestionamiento de causas de los recursos de casación y de doble conforme. Este último tiene que ver con las personas que son condenadas por primera vez en segunda instancia. Incluso, la Corte Constitucional se pronunció en 2021 para que existan más jueces que tramiten estos procesos.
La falta de jueces ha desencadenado otros inconvenientes. Por ejemplo, los constantes pedidos de licencias que diariamente son solicitados a Saquicela. El titular de la Corte dice que se produce la problemática de dobles e inclusive hasta triples encargos de diferentes despachos a un mismo conjuez.
En el peor escenario, ante las múltiples peticiones presentadas para un mismo día, simplemente no se realiza el sorteo de ningún reemplazo. Eso provoca constantes audiencias fallidas por que el tribunal no se conforma.
El artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los jueces que pueden ejercer las funciones de conjueces tienen que ser de una categoría 8. Precisamente es en este punto en el que las cosas se complican para la Judicatura, pues desde hace más de cuatro años el país no cuenta con magistrados con ese perfil profesional.
En septiembre del 2019, la dirección de Talento Humano ya alertó esta situación. Ningun juez ha sido promovido en virtud de la resolución 163-2016. La razón es que no cuentan con los recursos económicos para su promoción.
El Código también establece que la Judicatura no solo se debe encargar de la designación de jueces, sino también de su evaluación. Pero este último proceso tampoco se ha cumplido. El presidente Wilman Terán ha señalado públicamente que no tienen recursos para iniciar estos procedimientos.
Con la declaratoria de emergencia y necesidad extraordinaria, la Judicatura tiene la facultad de colocar a jueces sin concurso de méritos y sin los requisitos establecidos regularmente.
El Pleno del CJ en su resolución determinó un plazo de cinco días para que Talento Humano elabore y apruebe el perfil que tendrán los nuevos conjueces temporales. Así mismo estableció que en 15 días ya deben estar listos los informes para la designación de los conjueces temporales. Eso ocurriría la siguiente semana.
En la Judicatura hay expectativa por este proceso, pues no aún no ha trascendido cómo serán elegidos, ya que la mayoría de los jueces del país son de primer nivel.
Los últimos meses, Terán ha realizado viajes a distintas zonas del país. Se ha entrevistado con jueces de distintos niveles.
Las principales concesiones mineras entregadas a empresas chinas han desatado un vendaval de conflictos sociales y entuertos judiciales, la última década. En los proyectos San Carlos Panantza (Morona Santiago), Mirador (Zamora Chinchipe), Telimbela y Tornado (Bolívar), las denuncias de ONGs y comunidades locales giran en torno a violaciones al derecho a la consulta previa. En Mirador, donde opera Ecuacorriente, los moradores denunciaron que siguen los desalojos de los habitantes (foto).
Por Ana María Carvajal
Los colectivos acusan a las corporaciones chinas de llevarse el oro, el molibdeno, la plata y el cobre, poco a poco, mientras que en la selva dejan el rastro indeleble de la deforestación, la contaminación de las fuentes hídricas y el despojo de territorios ancestrales de las comunidades.
Ecuador firmó acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantizan esos derechos, al igual que la Constitución. Según las normas, las comunidades deben ser consultadas sobre posibles explotaciones de recursos no renovables en sus territorios, pues podrían causar impactos tanto en su cultura como en el ambiente.
Luego del paro nacional de junio de 2022, promovido por organizaciones sociales encabezadas por la Conaie, la Fenocin y la Feine, se instalaron mesas de diálogo con el Gobierno con la mediación de la Iglesia Católica. El tira y afloja por los alcances de la consulta previa era uno de los principales motivos de los conflictos. Tanto el Gobierno como los voceros del movimiento indígena y campesino acordaron que debía trabajarse en una ley que la normara.
Mirador deja una estela de enfrentamientos
Uno de los proyectos que más enfrentamientos y reacciones ha causado los últmos años es Mirador, que es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente.
La concesión está ubicada en la comunidad de Tundayme. Allí se estima que existen unos 860 millones de toneladas de cobre, que explota ECSA. Aunque el Estado ha asegurado que se ha cumplido con las normativas ambientales y la consulta previa y un juez, en 2019, negó una acción de protección a la comunidad, los comuneros continúan en resistencia.
El proyecto Mirador es uno de los que más enfrentamientos y reacciones ha causado los últimos años. Es explotado por la china ECSA, Ecuacorriente. La concesión está ubicada en la comunidad de Tundayme, en Zamora Chinchipe.
Una de las primeras denuncias contra la china ECSA, que aún no han sido esclarecidas, es el asesinato del líder comunitario José Tendetza, un shuar que combatió a la minería hasta que su cuerpo apareció en el río Zamora, en diciembre de 2014. Murió días antes del viaje a Lima que tenía previsto, para presentar su denuncia contra la minera en el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza.
Meses antes, denunció persecución, por lo cual la empresa lo demandó. La Fiscalía identificó a dos sospechosos de su asesinato, pero en 2016 fueron declarados inocentes y aún no se ha identificado a los culpables. Este crimen sigue impune.
Los lugareños también denunciaron que en 2016 grupos relacionados con la empresa china ingresaron a la fuerza a territorio shuar, con maquinaria que acabó con sus cultivos, entre otros episodios violentos.
Gran conflictividad en el Pangui y San Juan Bosco
Según un informe de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, uno de los problemas que enfrenta Mirador es la gran conflictividad social en El Pangui. Por este motivo, el informe indica que se debe reubicar la relavera, que es un molino donde se procesa el material descartado de las opoeraciones mineras.
La opción es hacerla en Santa Cruz, pero sus propietarios aún tienen sembríos de cacao y otros productos, lo cual complica los planes de la reubicación. Otra opción es ampliar la relavera que opera en Tundayme, si los resultados de los estudios geotécnicos son favorables.
Los proyectos que han generado más conflictos están en Zamora, en la cordillera del Cóndor, en plena frontera con Perú.
En esa localidad, según el informe ‘Derechos Humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica’, hubo una incursión a la fuerza, catalogada como ilegal, para hacer perforaciones, excavaciones y otras tareas que afectaron cerramientos, cercas y canales en los terrenos. En los años siguientes surgieron amedrentamientos, presuntas estafas, ofertas de trabajo, estudio y reubicaciones incumplidas, uso de testaferros que compraban los terrenos que luego transferían a las empresas, entre otros. El caso más grave ocurrió en San Marcos, una comunidad en la que, además de viviendas, fueron destruidas su iglesia, la escuela y otros espacios comunitarios.
Por este motivo -alta conflictividad- el Comando Conjunto de las FF.AA. se ha negado a aprobar la operación de una fabrica de explosivos que desde el 2019 construyó Ecuacorriente en este sector, pasando por alto prohibiciones legales y alertas de las autoridades de control.
42 familias perdieron sus viviendas
El informe señala que a las 04:00 del 30 de septiembre, 13 familias fueron sorprendidas por un grupo de más de 100 uniformados, entre policías y guardias, que les dieron cinco minutos para desalojar. Sacaron sus pertenencias y animales y derrumbaron sus viviendas con maquinaria pesada. Desde ahí hasta 2016, al menos 42 familias y unas 136 personas perdieron sus viviendas.
La confrontación también llegó a la concesión San Carlos Panantza, en donde la comunidad ha logrado una victoria judicial. En septiembre pasado, la Corte Constitucional declaró que en ese proyecto, adjudicado a la empresa china ExplorCobres, se afectó el derecho a la consulta previa. Eso significó que se retire la licencia ambiental y se repare al pueblo Shuar que vive en el cantón San Juan Bosco, de Morona Santiago.
Los trabajos en esa zona están suspendidos desde que en 2016 hubo enfrentamientos entre comuneros Shuar, policías y militares, según un reporte del Ministerio de Energía. Un uniformado perdió la vida en ese conflicto. En 2020, mineros informales quemaron un campamento y este está en un proceso judicial que aún no se resuelve.
Consultada por Código Vidrio, ExplorCobres respondió, a través de la Cámara de Minería, que “las comunidades Shuar están tranquilas, pero las organizaciones como la PSHA (Pueblo Shuar Arutam), la FISCH (Federación Interprovincial de Centros Shuar), que son financiadas por ONGs extranjeras, se oponen a la minería responsable. Sin embargo, no se manifiestan en contra de la minería ilegal, no opinan ni comentan sobre la destrucción que causa ni los daños al ambiente”.
Las comunidades que están en la zona de influencia de la provincia, agregó, tienen un alto porcentaje de población en extrema pobreza. En general la empresa ha tenido “proyectos agropecuarios, de becas, salud, y otros”.
Pero Luis Sánchez, vicepresidente de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), resalta que las organizaciones shuar se oponen porque son las dueñas originarias de los territorios en los que no se ha hecho ninguna consulta: ni previa ni ambiental. Esta ha sido una vulneración de derechos sistemática que se repite en otros proyectos como Mirador o Fruta del Norte, por ejemplo, advierte. “Esto afecta a las comunidades y a la naturaleza, dejando daños irreversibles. Sin naturaleza ni agua, nosotros no existimos como rurales, pero para las ciudades debe ser así también”.
En diciembre de 2015, 14 familias de Tundayme denunciaron desalojos forzados, debido al proyecto Mirador.
En ríos como el Tundaymi, Wawaymi o Kimi ya se han reportado graves daños. “Están desviados y van quedando vacíos”, observa. Por ahora, una de las mayores preocupaciones es que se desborden las relaveras que están sobre la cordillera y que contienen metales pesados. Eso destruiría todo aguas abajo, en un territorio muy accidentado, agrega Sánchez.
Pero el daño no es solo material. La minería en estos sectores ha causado división en las comunidades de influencia. Algunos ha optado por trabajar con las mineras mientras que otros se suman a la resistencia y varias ocasiones se han enfrentado. Decenas de familias han denunciado el despojo de su territorio.
Otros, como Sánchez, han sido obligados a vender sus tierras. Los que se oponen a la minera china -como él- afirman que tanto los caminos administrativos como judiciales son largos y engorrosos, por lo que están decepcionados.
Además de los daños ambientales, la muerte de animales de la zona y del desalojo del que han sido objetos, quienes aún se resisten denuncian además que se están dañando bienes arqueológicos. Lo que se recupera, dice Sánchez, no se sabe a dónde va a parar y en qué estado. Peor aún el futuro que le espera a lo que aún no ha sido removido de la zona.
División entre comunidades y violencia intrafamiliar
Las secuelas sociales en las comunidades de influencia de esta industria son complejas. En eso coinciden Sánchez y Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional en Amazon Watch. Con la división en las comunidades surgieron problemas de violencia de género, intrafamiliar, construcción de casas de tolerancia para el trabajo sexual, separación de las familias, migración o condiciones de trabajo sin garantías. “Ha habido gente que se ha ido a otros países luego de trabajar con la minera porque no resultó cómo les decían. No pudieron hacer dinerito ni guardar de alguna forma. Les entregan cositas, contentando a la gente para engañarle y así no se paren o no denuncien a la empresa. Hacen que la gente viva de un salario, se vuelva dependiente y luego les tienen con amenazas”, dice Sánchez.
En diciembre de 2016, decenas de militares ingresaron a la parroquia Panantza y detuvieron a varios habitantes, que se oponían a la actividad minera. Foto cortesía Inredh
Jarrín agrega que con la minería se afectó a un tejido social comunitario que se basaba en otro tipo de principios. Las empresas llegaron a territorios indígenas y rompieron la conexión de la gente con su tierra, que ha sido ocupada sin su consentimiento. Aunque ella acepta que la consulta previa es una obligación estatal, agrega que “las empresas son responsables porque no están exigiendo que exista un proceso que además es su obligación el cumplir”.
Para María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería, hacer la consulta previa no es el principal problema sino la falta de una ley que habilite su aplicación.
Si bien consta en el Convenio 169, que Ecuador suscribió hace unos 25 años, también se menciona en la Ley de Minería de 2009 . Todos establecen que la consulta debe hacerla el Estado, según Silva.
Las empresas incluyen en sus planes actividades con la comunidad, “pero este mecanismo no reemplaza a lo previsto en la ley, el Convenio y la Constitución y no hay normativa que implemente la consulta previa”. “La Cámara de Minería no solo ha pedido expedición de la normativa, hemos tenido reuniones con autoridades para explicar cómo se hace en otros países”, dice Silva.
Representantes de la empresa china Expocobres, a cargo del proyecto Carlos Panantza, también realizan trabajos de apoyo y acercamiento a la comunidad, entregando víveres y vituallas. Foto cortesía Cámara de Minería.
Yankuang está en pausa
En la sierra también existen conflictos por la misma causa: concesiones mineras que dividen a la población y acusaciones de que no se ha realizado la consulta previa. En Bolívar hay dos ejemplos: Telimbela y Tornado, a cargo de la empresa china Yankuang.
Al igual que San Carlos Panantza, el proyecto Telimbela está paralizado y la empresa dijo a Código Vidrio, a través de la Cámara, que no se reactivará hasta contar con garantías para poder trabajar con seguridad. El Ministerio de Energía y Minas también señaló que fue el titular quien pidió suspender la vigencia del plazo de Telimbela y Tornado, “pero ha manifestado su interés de levantar esa suspensión en este año”.
En esta zona han ocurrido choques con los moradores. En 2019, un grupo de personas destruyó equipos y maquinaria, cerró vías, quemó un vehículo policial y un contenedor de la empresa. luego persiguió a los trabajadores y atacó a los pobladores que prestaron terrenos para instalar plataformas de exploración, según un informe del Ministerio. Además, un policía fue herido.
Los conflictos continuaron en los años siguientes. Según un informe oficial, estos se debió a que no ha habido difusión suficiente sobre el proyecto con la gente que vive en su zona de influencia y a que no hay operadores para fortalecer el tejido social. Por eso, la población desconfía. La empresa intenta resolverlo desde octubre pasado. Uno de los detonantes es por la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, de la que son parte agricultores y bananeros, que se oponen a estos proyectos.
El 13 de junio pasado, Jaime Palomino, presidente del pueblo Shuar Arutam, participó en Quito en la entrega del Mandato por la Defensa de la Vida, el Agua y la Naturaleza. Es una iniciativa contra la minería.
Según Silva, Telimbela operaba siguiendo la norma ambiental y en una etapa inicial de bajo impacto, pero responsabiliza de los conflictos a las agendas políticas. Habría un dirigente comunitario “que vendió el miedo a su comunidad y les dijo que íbamos a dañar el agua”. Les habría ofrecido protección, a cambio de una cuota con la que cuidaría y monitorearía el agua.
La minería industrial tiene la obligación de devolver el agua al ecosistema en iguales condiciones que la extrajo. Eso se puede garantizar con un monitoreo que establezca las condiciones fisicoquímicas en las que empezaron a usarla, para luego de terminado su uso, pueda volver con niveles similares.
En una mina se usa el agua para consumo humano o para tareas de minería y luego pasa por laboratorios internos y externos y donde solo si los niveles están iguales que al inicio, se la devuelve. “La licencia ambiental es el oxígeno para nosotros, la cuidamos porque es vital”, agrega. Por eso, niega que las empresas incumplan con normativas.
Yankuang señaló que han buscado acercarse a la comunidad de varias formas. Por ejemplo, en la pandemia se extendió el comodato de una ambulancia para trasladar a los enfermos desde Bolívar hacia Guayas y Chimborazo, y se adquirieron insumos médicos.
Ahora está en marcha el proyecto Mejorando juntos el ganado, “que tiene el fin de desparasitación, nutrición y cambio de pastos para ganaderos de la zona, ya que la mayoría de la gente del área está dedicada a la ganadería. Este proyecto se lo llevó a cabo en conjunto con la Universidad Estatal de Bolívar”.
Además, explica que se ha buscado contratar personal de la zona para trabajar con ellos, por ejemplo, en el catering o en la seguridad. “De los trabajadores que están en territorio, el 80 % son de la zona de Telimbela, Caluma y otras localidades de Bolívar”.
Ahora están dialogando con los gobiernos locales para buscar la oportunidad de trabajar proyectos conjuntos, como mantenimiento vial. Resta esperar si esos intentos permiten un acercamiento con la comunidad que logró frenar los trabajos cuando apenas terminaba la exploración inicial.
