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La empresa china Terraearth es denunciada por diferentes organizaciones, dirigentes, moradores y operadores turísticos por los severos daños ambientales que ha causado en Napo. Esta empresa tiene seis concesiones y estaría operando de la mano con mineros ilegales. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente le concedió una licencia ambiental para operar el proyecto Tena, pues no existiría ninguna prohibición legal. Terraearth niega las acusaciones y asegura que se trata de una campaña premeditada de desprestigio.

Redacción Código Vidrio

Los habitantes de la comunidad de Talag y sus alrededores, a orillas del río Jatunyacu, en Napo, esperan con ansiedad la lluvia. Es el líquido que hoy deben beber, sobre todo desde que empezaron a sentir malestares estomacales y respiratorios por ingerir y cocinar con agua del río.

Raras enfermedades, nunca antes vistas, afectan a niños y adultos.

Talag es considerado uno de los puntos turísticos más hermosos de Napo, por su riqueza en flora y fauna, así como por sus cascadas, lagunas de aguas cristalinas y centros comunitarios, donde se practican deportes acuáticos.

Desde hace dos años, las comunidades asentadas a orillas del río Napo y sus afluentes (el Jatunyacu es uno de ellos), sufren severas secuelas por la devastación provocada por cientos de mineros ilegales y sus redes de apoyo, a todo nivel. Estas estructuras involucran autoridades de gobiernos locales hasta funcionarios del régimen, según alertan pobladores, expertos, representantes de organizaciones ambientalistas, Defensoría del Pueblo, hoteleros, dirigentes e informes de Inteligencia.

Las denuncias no solo apuntan a los mineros ilegales. Otro foco de las demandas de los pobladores es la minera china Terraearth Resources S.A. Desde hace una década, esa firma posee seis concesiones mineras en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena, en Napo. Estas son: Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Entre 2013 y 2015 la firma china se hizo con esas concesiones, que inicialmente fueron otorgadas a la canadiense Merendon. Esos títulos mineros comprenden una superficie de 9.800 hectáreas. La concesión en Talag, expedida en 2001, expiró en el registro minero el 30 de septiembre pasado.

Las concesiones restantes están vigentes hasta el año 2031. Según Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, especialista en minería, llama la atención que les hayan entregado esas concesiones por 30 años, cuando el límite es 25 años.

Hasta 2020, cuando por iniciativa de Benalcázar se expidió el reglamento que establece requisitos y justificativos técnicos para el cambio de régimen minero, las autoridades de turno, especialmente entre 2009 y 2017, aprobaron a varias empresas las modificaciones de sus títulos mineros de gran a mediana y pequeña minería. Tuvieron una gran facilidad, sin necesidad de presentar justificativos sustentados de cambios en sus niveles de producción. En la práctica -según explica Benalcázar- esas compañías se beneficiaron directamente ya que al obtener el título de pequeña minería, pudieron realizar actividades de exploración y explotación simultáneamente.

Con el reglamento vigente desde hace dos años, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de gran o mediana minería, para cambiar de régimen.

En esos años hubo un desfile de abogados que tenían sus contactos en el Gobierno y lograron su cometido, en medio de irregularidades, según fuentes del sector.

Borra y va de nuevo

En 2020, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) suspendió todas las actividades de Terraearth por incumplimientos a la normativa ambiental. Identificó afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas de químicos tóxicos sin tratamiento previo y modificación al cauce hídrico, además de no contar con los documentos habilitantes para operar. Meses antes, también había ordenado que la empresa corrigiera las fallas. Pero no lo hizo, según varias denuncias.

No obstante, Terraearth indicó que ha sido blanco de una campaña de desprestigio y fue excluida de las reuniones entre autoridades y la sociedad civil para tratar la problemática de la minería ilegal. “Hay ciertos personajes que distorsionan la verdad de los hechos y sin sustento pretenden inculparnos, sin permitirnos el derecho a la defensa a cada falsa acusación”, indicó la compañía en un comunicado.

Según la firma, la campaña pretende vincularlos con la minería ilegal, “cuando hemos sido firmes en la lucha contra este mal que nos afecta a todos; las denuncias y amparos solicitados a los entes de control así lo demuestran”.

En este sentido, la empresa asegura que los daños ambientales fueron causados por mineros ilegales, que sin embargo ha remediado, en apego a las normas vigentes.

“Presentamos nuestra predisposición para en conjunto con las comunidades y las autoridades delinear estrategias para erradicar la minería ilegal que pulula en el sector”, señaló.

Minera china, “la principal amenaza”

Los daños por la explotación minera en los caseríos asentados a los largo del río Napo son más visibles entre las familias, pues las madres han debido llevar a los hospitales a sus hijos que presentan problemas en la piel y el sistema respiratorio. “Aún en los centros de salud, los médicos no logran diagnosticar qué pasa”, comentó Leonardo Cerda, de la ONG Napo Resiste, durante su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, el 16 de febrero pasado. “Debe ser culpa del mercurio que se mezcla con el agua y usan los mineros para extraer el oro”.

La magnitud de las afectaciones salió a la luz desde febrero del año pasado cuando el gobierno realizó una intervención con cientos de militares y policías en Yutzupino, Napo, donde trabajaban más de 600 operarios en más de 200 máquinas retroexcavadoras, en cuencas hídricas para extraer oro ilegalmente. A raíz del operativo fueron detenidos varios involucrados, incluidos funcionarios públicos, que están enjuiciados.

Luz verde para Terraearth

En 2020, el Maate suspendió los trabajos de Terraearth en sus concesiones, porque identificó descargas directas de agua contaminada producto de la extracción en Regina 1S, al cauce del río Chumbiyacu.

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Mientras en Napo y otras provincias amazónicas se ha explotado la riqueza mineral durante 25 años, la pobreza y pobreza extrema son altas. Según datos del Plan de Ordenamiento Territorial del 2020, estos dos indicadores llegan al 80%.

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Estudios de la Universidad Ikiam descubrieron altos índices de contaminación por los materiales arrojados por Terraearth en los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Hatun Yaku. Tres de ellos han sido declarados muertos.

En 2022, Terraearth recibió notificaciones e insistencias porque se verificó que varias áreas no habían sido rehabilitadas ni revegetadas, restaurando la corteza vegetal dañada.

Esa empresa debía presentar al Maate un plan de remediación y determinar el daño, pero no lo hizo. Para esos días estaba concentrada en tramitar la nueva licencia ambiental para el proyecto Tena.

Tampoco probó que llevó adelante los procesos de participación ciudadana, que incluyeran la intervención de operadores turísticos. En las reuniones que la empresa realizó apenas justificó la asistencia del 19% del total de convocados.

El problema, para Sandra Ruales, procuradora común de los accionantes, es que Napo ha sido abandonada por las autoridades que no están llamadas solo a otorgar concesiones y licenciamientos. “También  deben proteger, prevenir, controlar, mitigar y realizar acciones que permitan su conservación, restauración y reparación”.

Ruales subraya que Terraearth no solo está obligada a recuperar los ecosistemas sino indemnizar a las comunidades afectadas.

Por la cadena de incumplimientos, María Gabriela Manosalvas, subsecretaria de Calidad Ambiental, emitió una sanción administrativa en contra de Terraearth, que incluyó la suspensión total de las operaciones en Carlos Julio Arosemena Tola.

 

ZONAS ASOLADAS POR LA MINERÍA ILEGAL EN CONCESIONES
DE TERRAEARTH

 

No obstante, el 31 de octubre del 2022 sucesivamente emitió un informe favorable aprobando la licencia ambiental para que la firma china operara el proyecto Tena.

Preocupadas por esta decisión, varias organizaciones sociales, incluidas Napo por la vida, Napo Resiste, Puerto Napo, comités de defensores de derechos humanos y de la naturaleza y la Defensoría del Pueblo, han buscado la forma de frenar las operaciones de esa minera.

Andrés Rojas, delegado provincial de Napo de la Defensoría del Pueblo, exige que se suspenda la licencia ambiental que recibió Terraearth. Dijo que la con la experiencia de lo ocurrido en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola nada garantiza que no vuelva a incurrir en malas prácticas.

Actividad depredadora en Napo

Un año después, los mineros siguen con sus actividades depredadoras en Napo. “Una mujer cayó al río, que está muy contaminado, y sufrió quemaduras. Seres humanos y animales se están quedando sin agua para el consumo, enferman”, aseguró José Moreno, dirigente de Talag.

Líderes de organizaciones sociales, habitantes, defensores del agua y medioambiente y operadores turísticos, han reclamado por la inacción del Gobierno, desde el año pasado, agobiados por las graves afectaciones de la minería.

Cerda, de la ong Napo Vive, insiste en que una de las principales amenazas es Terraearth. Con él coinciden operadores turísticos y pobladores de comunidades indígenas, que han visto con preocupación el avance de sus operaciones, que irían de la mano con minería ilegal. “El estero Zapallo esá sucio, no hay como lavarse ni siquiera las manos, está muy contaminado, no entiendo porqué las autoridades no pueden parar estas acciones”, dijo un indígena de la zona.

Ambiente defiende su decisión

Según las autoridades del Maate, no se puede confundir lo ocurrido en Vista Anzu y Regina S1 con las operaciones aprobadas en el proyecto Tena. Las dos primeras están activas desde 2012 y han sido sujetos de control, dijo José Dávalos, viceministro de Ambiente, en su comparecencia a la Comisión de Biodiversidad del Legislativo, dirigida por el asambleísta Washington Varela. Representa a la provincia de Napo.

Las dos concesiones también fueron suspendidas como otros 154 frentes mineros por incumplimientos. Eso incluye un proceso de 2015 que actualmente está en cobro por coactiva y otros que están en trámite.

Pero las suspensiones y sanciones a Terraearth en otras concesiones -dijo- no impiden que reciba una nueva. En su momento podría revocarse la licencia ambiental si se detecta algún incumplimiento; pero según Dávalos en esta etapa era imposible, porque ahora la empresa solo puede entrar “para realizar un plan de acción que permita remediación”.

En este caso se han hecho 43 inspecciones en ese territorio, se solicitó 24 planes de acción, 16 en la actual administración. Ocho fueron para el proyecto Tena y ocho para Regina 1 S y Vista Anzu. El proyecto Tena tiene una suspensión vigente porque se detectó presencia de minería ilegal y solo se levantará cuando exista una ejecución cabal del plan de acción, según el delegado de Ambiente.

En buena parte de los casos, sino en todos, las actuaciones de las autoridades han sido tardías y ocurrieron meses después de las denuncias constantes de los afectados. No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros, que intervienen con la complicidad directa de las autoridades, denuncia Francisco Rodríguez, emprendedor turístico, dueño de Anaconda Lodge, ubicado en una pequeña isla entre los ríos Napo y Arajuno. “Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de autoridades locales, que apoyan con su maquinaria a la depredación”, indicó Rodríguez.

¿La consulta previa, a medias?

Aunque desde las comunidades y movimientos que rechazan la minería denuncian que la empresa china tampoco cumplió el proceso de consulta previa, el Maate y Terraearth entregaron a la Asamblea los listados  de invitaciones a las comunidades de las zonas de influencia, incluyendo barrios, cooperativas y organizaciones.

Las respuestas de las autoridades no convencieron al titular de la Comisión legislativa, Washington Varela. Él preguntó, entre otras cosas, “qué potestad legal tiene el Ministerio para haber determinado que la empresa no estaba involucrada en minería ilegal”, pues hay un proceso legal en marcha, máquinas retenidas.  Es más, “tenemos conocimiento que esta empresa contrató a los mismos mineros ilegales para hacer la remediación ambiental, eso no puede ser, no puede seguir ocurriendo”, denunció.

Daños severos

Según los registros fotográficos y videos de los defensores del agua opuestos a la minería, los daños ambientales son severos. Hay imágenes de niños bañándose en aguas visiblemente contaminadas, en pozas de sedimentación de Terraearth. Luego, las crecidas arrasan con piscinas rudimentarias que terminan por afectar a los ríos.

Las autoridades del Maate dijeron que al 1 de febrero Terraearth ya llevaba 12 días trabajando en remediación ambiental en El Icho, uno de los frentes de minería ilegal.

La extracción de oro no es nueva en la zona, dice Cerda, de Napo Resiste. Pero antes la gente hacía procesos artesanales y tradicionales, como sacar oro y lavarlo únicamente en bateas, en ríos como el Jatun Yaku. Ahora, se calcula que solo para este nuevo proyecto Tena ya se han abierto seis puntos de extracción graves y se han destrozado hasta 600 hectáreas de selva, con maquinaria pesada.

“Terraearth tiene conexiones directas con mafias que están operando. No quieren cumplir los pasos necesarios para hacerlo de forma legal, entonces hablan con mineros ilegales y les compran”, subraya Cerda.

No reconoce entre quienes dirigen las palas mecánicas a los vecinos de la zona. Entre los lugareños se conoce que la gente que se dedica a la minería ilegal llega desde otros frentes abiertos en Esmeraldas, el Podocarpus (Loja y Zamora Chinchipe), Sucumbíos o Buenos Aires (Imbabura). Cerda cree que hay indicios suficientes para concluir que este tipo de actividad ilegal está también conectada con el narcotráfico y bandas delictivas.

UN ESTIMADO DE 638 MILLONES DE DÓLARES ANUALES PIERDE EL ESTADO POR MINERÍA ILEGAL

El Estado inoperante

Todos los detractores de la minería se preguntan porqué el Estado no ha frenado la minería ilegal, si la maquinaria que ingresa es grande y no se puede camuflar; si para operar necesita abastecerse de combustible que compra públicamente en gasolineras. Esos equipos operan día y noche.

Los daños en los ríos Anzu, Jatun Yaku, Yutzupino son más visibles día a día. El Anzu “antes era transparente, grande y eso ya quedó así. La gente está tomando esa agua, pesca los peces que sobreviven en ese río, al igual que los otros animales que caza y que se hidratan en esa agua. Las camas de las piscinas ya no son suelos cultivables», apunta Cerda.

Desde meses atrás los moradores de esta región ya no usan el agua del río Napo porque está sucia y contaminada con mercurio y otros químicos, que se emplean en la minería ilegal

“Por allá ya se espera a la lluvia para tomar agua porque la del río es mala”, cuenta José Moreno, representante de la comunidad Talag. Y esta vez los defensores de la naturaleza creen que las afectaciones no se quedarán en la selva sino que están cada vez más cerca de las zonas urbanas. Ahora mismo las operaciones de minería ilegal están cada vez más cerca de Tena, la capital de Napo.

Mientras esperan la atención estatal, las comunidades se organizan y han formado yuturi warmi (grupos de mujeres que dan alerta temprana a la comunidad) y guardias comunitarias para saber lo que está pasando. No quieren seguir siendo testigos de pasivos ambientales en los que poca o ninguna remediación se hace.

La minera estatal china Ecuacorriente S.A. construyó, entre 2017 y 2019, una planta de explosivos a 600 metros del proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe, sin contar con permisos ni el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, se reunió con el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Defensa, Luis Lara, para abogar por ECSA, que presiona por el permiso para operar la planta. El embajador salió con las manos vacías, por el momento…

Redacción Código Vidrio

Contra viento y marea. La minera china Ecuacorriente S.A. (ECSA) presiona desde diferentes frentes para que el gobierno le autorice operar su propia planta de explosivos, para abastecer al mega proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Eso pese que su operación implica riesgos para la seguridad nacional.

Ecuacorriente suscribió el contrato de explotación de cobre, oro y plata con el gobierno de Rafael Correa en marzo del 2012. A partir de entonces, el proyecto arrancó en sus diferentes etapas, pero ha avanzado en medio de encendidas controversias. Incluso ha sido señalado y cuestionado por la Contraloría, organizaciones ambientales y de DD.HH., entre otros motivos por:

• La expulsión de decenas de familias indígenas de sus hogares.
• Realizar obras sin autorización de las autoridades.
• Contaminación de los ríos Wawayme, Tundayme, Qjuimi (entre 2013 y 2019), con exposición de metales como aluminio, manganeso, hierro, entre otros.
• Almacenamiento de desechos peligrosos por más tiempo del permitido.
• Violaciones sistemáticas a la ley.

La construcción de la fábrica de explosivos tiene ese mismo patrón de anomalías y abusos.

A mediados de diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, junto a Sun Xingtao, gerente de Auxin Norbenco, encargada de construir la fábrica, acudieron al Palacio de Gobierno donde tuvieron una reunión con el presidente Gillermo Lasso, el ministro de Defensa, Luis Lara, y el director de Control y Armas y Explosivos, general Manuel Dávila.

En la cita los representantes chinos pidieron que se les concediera el permiso para poner en funcionamiento la planta de explosivos. La solicitud fue rechazada por una serie de omisiones legales evidenciadas los últimos años y por temas de seguridad nacional. La zona donde se encuentra el proyecto está dentro de los 20 kilómetros de seguridad fronteriza que son competencia de FF.AA.

El general Dávila explicó en entrevista con Código Vidrio que el nivel de riesgo por el tipo de material que se emplearía para elaborar explosivos es muy alto y en un eventual siniestro puede afectar a poblaciones y caseríos cercanos. Además, la zona donde opera el proyecto es de gran conflictividad social; en varias ocasiones han ocurrido enfrentamientos violentos entre los lugareños y los uniformados.

Esta región también es un nodo crítico de minería ilegal, con actividades criminales conexas, dirigidas por bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico. Instalaciones de las mismas empresas mineras han sido atacadas y destruidas por grupos violentos, organizados. “Si se autorizara la operación de la fábrica, el riesgo de que estos grupos la tomen por asalto y accedan a los explosivos es muy alto”, destacó Dávila.

Todos esos argumentos fueron expuestos en la reunión en el Palacio a mediados de diciembre pasado a los representantes chinos, quienes no obstante insistieron en la necesidad de contar con el permiso para operar la instalación, que desde el arranque del proyecto Mirador tuvo el espaldarazo del gobierno de Correa. Sin embargo, no pudieron explicar porqué en todos estos años nunca solicitaron el permiso e informes del Comando Conjunto de FF.AA., que es la máxima autoridad en este campo. La urgencia se explica por la necesidad de la minera de contar con más explosivos que ahora importa a través de Auxin Norbenco.

En este caso, China ha aplicado la estategia de los hechos consumados. Sin esperar ningún permiso, Ecuacorriente ordenó que Auxin construyera la planta entre 2017 y 2019, pese a no contar con el aval de la máxima autoridad en esta área, que es la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de las FF.AA.

La planta fue levantada en el cantón El Pangui, parroquia Tundayme, en Morona Santiago, a unos 600 metros de la mina a cielo abierto. Comprende unas seis instalaciones de cemento y techo metálico celeste. Esas facilidades cuentan con los equipos completos de emulsión de explosivos, listos para entrar en funcionamiento.

Desde hace dos semanas pedimos una entrevista con el embajador Guoyou, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Una funcionaria de la embajada se limitó a responder, vía correo electrónico, que Ecsa era una empresa privada. Tampoco contestó el gerente de Auxin Norbenco.

El general Dávila recuerda que conoció la existencia de la fábrica en una visita rutinaria al proyecto Mirador, en 2019, cuando era comandante de la Brigada de Selva No 21 Cóndor, en Patuca. Entonces pidió más información de Inteligencia sobre las instalaciones que no podrían funcionar en la zona sin regulación y monitoreo de FF.AA. “Ahora como jefe de la dirección del CAMEX tengo una disposición de hacer periódicamente inspecciones a las instalaciones para verificar que no sean empleadas. Los controles son mensuales”, destacó el oficial.

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La Cordillera del Cóndor, ubicada al sur de la Amazonía, alberga el proyecto minero a cielo abierto más grande del país. En Mirador se prevé extraer más de dos millones de toneladas de cobre en 30 años. El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables calcula que el beneficio para el Estado sería de USD 3.400 millones durante los años de vida del proyecto.

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Aunque los repesentantes de ECSA lograron que el Municipio y el Cuerpo de Bomberos de El Pangui les concedieran la autorización para construir la instalación, sin tener competencia para hacerlo, desde 2018 ninguna autoridad militar ha autorizado su operación, según corrobora un examen de la Contraloría (DNA6-0020-2020).  Pese a las arbitrariedades, la edificación tampoco fue observada por el Director Técnico de Seguimiento y Control en Territorio de la Agencia de Regulación y Control ARCOM ni por el Coordinador Regional de Minería y el Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería.

 

En la práctica, los chinos no podían colocar un solo ladrillo sin antes contar con el informe técnico favorable y otros requisitos del COMACO. El informe debía incluir la evaluación técnica de los diseños de las infraestructuras, en donde consten: ensayos de laboratorio para determinar la capacidad portante del suelo para cimentaciones, predimensionamiento de estructuras, tipo de materiales a emplearse, cargas de diseño y el análisis estructural a los elementos de la planta.

Una vez terminada la construcción especialistas de FF.AA. debían verificar que los materiales sean totalmente seguros, cumplan las normas, para evitar afectaciones en los alrededores. Por último, debían contar con un informe de inteligencia y operaciones porque se trata de una zona limítrofe. Ninguno de estos documentos ni exámenes existen. Los representabntes de ECSA simplemente avanzaron por su lado con la obra, al margen de la ley.

La fábrica de explosivos (emulsión) está instalada a 10 kilómetros del límite político internacional con el Perú, por lo cual también era necesario verificar la existencia de acuerdos internacionales de la prohibición o no para su construcción.

Inclusive, el 16 de diciembre del 2019 en un informe dirigido al entonces jefe del Departamento de Control de Armas consta que personal militar hizo una inspección en el lugar y constató que en la planta existían dos vehículos para mezclar y transportar el explosivo ya elaborado.

En vista que de FF.AA. no fueron informadas por Ecuacorriente nunca controlaron la construcción, ni pudieron vigilar su funcionamiento ni el tipo de explosivos que iban a fabricar, su capacidad, el tipo de procesos, estudios de mercado; organización financiera, grado de conformidad con las normas técnicas y de seguridad. Solo así se podía confirmar la existencia de contratos de seguros que cubran los posibles daños y perjuicios a terceros, según destaca el informe de Contraloría.

Acuerdos bajo la mesa

No es la primera vez que China presiona por el permiso. Los últimos cinco años, los representantes de ese país -que es nuestro principal acreedor internacional- han buscado que las Fuerzas Armadas les concedan la autorización, presionando a todo nivel, confiados en que ya contaban con el aval y apoyo político cuando obtuvieron la concesión del megaproyecto Mirador.

En 2021, a pocos meses de que terminara el mandato de Lenin Moreno, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se pronunció sobre una solicitud de AUXIN para operar la fábrica. Jarrín emitió una resolución ministerial indicando que la fábrica no podía funcionar.

Precisamente en marzo del 2017 cuando arrancaron las obras, el gobierno de Correa también dio luz verde a la edificación de la planta, bajo la pantalla de un contrato de inversión de 9,4 millones de dólares, aprobado por el Consejo Sectorial de la Producción.

Entonces se conoció públicamente que la comercializadora y productora china de Explosivos Auxinor Auxin Norbenco S.A. se encargaría de la construcción, adquisición de equipos y operación de una estación de emulsión matriz, para proveer de productos explosivos y accesorios de voladura a la mina de cobre.

Inclusive, la resolución 1058 del Ministerio del Ambiente, expedida años antes, a favor de Ecuacorriente señala que la planta de explosivos es parte de las infraestructuras que conformarán el proyecto. Todo indica que esa administración tuvo acuerdos bajo la mesa con los chinos, dos años antes del inicio del proyecto. En 2015, precisamente, representantes del gobierno asiático crearon en Quito la empresa Auxin Norbenco S.A., como productora y comercializadora de explosivos. Y el año siguiente esa firma fue contratada por ECSA.

Cuando todo parecía marchar según lo previsto el viento dejó de soplar a favor de los chinos, tras la llegada de Lenin Moreno al poder. La ruptura sorpresiva con Correa los meses siguientes agravó el panorama. Los compromisos acordados quedaron sin piso.

En diciembre del 2017, Auxin envió una carta al Ministerio de Defensa solicitando la autorización para operar la planta, que fue negado por el Subsecretario del Gabinete de esa cartera, en un oficio fechado 8 de marzo de 2018.

¿Por qué la urgencia de fabricar los explosivos?

Desde el 2019, el uso de explosivos para extraer los minerales ha aumentado significativamente en el proyecto Mirador, cuando entró de llenó en la etapa de explotación. Lo mismo ocurrió con el otro megaproyecto minero de Fruta del Norte (explotado por Lundin Gold). Ese año en el país se usaron 3.000 toneladas de explosivos en proyectos mineros legales, la mayoría en Mirador y Fruta del Norte. En 2019, la Dirección de Armas y Explosivos registró la comercialización de 3.000 toneladas; 8.000, en el 2022 y este año se prevé el uso de 10.000 toneladas de explosivos. En el caso de ECSA se estima el uso de unas 1.200 toneladas.

En el país la única empresa autorizada para fabricar explosivos es la estatal de economía mixta Explocen, cuyo mayor accionista es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA. También operan 16 compañías importadoras, incluida Explocen. Todas son supervisadas y controladas por la Dirección de Armas y Explosivos del COMACO, destacó Dávila, al asegurar que llevan un control automatizado de todas las importaciones, responsables de los procesos y los compradores, lo cual ha garantizado que ningún producto adquirido por las 16 empresas se haya desviado para la minería ilegal.

A la empresa China International Water &  Electric Corp (CWE) se le agotaron todas las vías judiciales para revertir la terminación unilateral del contrato que declaró CELEC para la construcción de la central Toachi Pilatón. A fines de diciembre pasado, los jueces le dieron la razón a la empresa estatal, que terminó la contratación por una serie de incumplimientos de la firma asiática y graves fallas en las obras. Eso quiere decir que los chinos deberán pagar millonarias reparaciones económicas por los incumplimientos en los trabajos en la hidroeléctrica, que debía estar lista en 2015. CWE insiste en que cumplió con sus obligaciones; no se descarta que podría acudir a la Corte Constitucional con un recurso extraordinario de protección. Se espera que la hidroeléctrica empiece a operar en marzo del 2024.

Alianza  Código Vidrio – Vistazo

Trece años después la obra sigue represada. El proyecto debía estar listo en cuatro años (1.340 días) pero ya han pasado 12 (4.282 días) y su inauguración aún es lejana. Incierta. El pasado 20 de diciembre se extendió una nueva prórroga para la finalización, ahora prevista para el 28 de marzo del 2024. Se trata del proyecto Toachi Pilatón, una hidroeléctrica que ha sufrido sistemáticos tropiezos y dos terminaciones unilaterales de los contratos. No obstante, según estiman las autoridades, finalmente el proyecto estaría en su fase final de construcción.

El contrato se firmó el 24 de diciembre del 2010, cuando Hidrotoapi aún pertenecía al Consejo Provincial de Pichincha. Un año después, la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) la absorbió como una de sus unidades de negocios. Esto incluyó sus activos, pasivos y una obra necesaria para aumentar la generación de energía eléctrica en el  país, pero que nació con un problema de fondo: tenía dos contratos, uno para la obra civil y otro para implementar el sistema electromecánico.

Según Celec, lo usual y apropiado en este tipo de obras es que la misma empresa se encargue de ambos procesos, para que se desarrollen a la par y sin contratiempos con los cronogramas de uno y otro. Pero, en este caso, Hidrotoapi decidió hacerlo por separado, con dos empresas: China International Water &  Electric Corp (CWE) para la obra civil y la rusa Inter RAO UES, para el montaje electromecánico. Algo así como construir un carro Tesla, con carrocería de Lada y motor Toyota.

El litigio con la rusa Inter RAO

Debido a una serie de incumplimientos y demoras, Celec decidió terminar unilateralmente ambos contratos, lo cual significó no solo un prolongado retraso en la obra sino el inicio de procesos legales. Primero salió Inter RAO, en marzo del 2017, luego de que las partes no pudieron llegar a un acuerdo en un proceso de mediación.

LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

 

Los rusos decidieron acudir a la Cámara de Comercio Chile para pedir un arbitraje. Celec acudió representado por la Procuraduría y un bufete de abogados que tiene su oficina principal en Londres. Luego de varios peritajes y presentación de documentos, se llevó a cabo la audiencia final el 7 de diciembre del 2021. La expectativa del Estado ecuatoriano es que en el laudo, que podría llegar en el primer semestre de este año, sea equilibrado para las partes.

A partir de esta terminación de contrato, Celec contrató a otra empresa rusa, Tyazhmash, que es la fabricante de los equipos que se están instalando en la hidroelétrica y que actualmente está a cargo.

Entre tanto, CWE debía continuar con los trabajos que no interfirieran con lo electromecánico. Pero ahí la situación se complicó mucho más, la obra era inviable por las fallas de los trabajos civiles que impedían el funcionamiento adecuado de los circuitos.

La glosa de USD 90 millones

Según Celec, la empresa china cometió errores que no ha querido subsanar y son la base del conflicto técnico y legal: fallas en las cortinas de impermeabilización de la presa, que inciden directamente en la generación de electricidad y en el funcionamiento de la subestación Alluriquín (la más grande del proyecto); desprendimiento en el túnel Alluriquín, que requieren que se derroque y se vuelva a construir y, finalmente, deslizamientos de tierra en la chimenea de equilibrio.

Por su parte CWE ha insistido en que cumplió con su parte, por lo cual exige los pagos adeudados de Hidrotoapi. No obstante, ha reprobado en tres exámenes distintos que han estudiado la obra civil para detectar las fallas, de una consultoría privada internacional, de la fiscalizadora de la obra y de la Contraloría. Esta última generó una glosa en firme para CWE por 90 millones de dólares: 30 corresponden a multas y 60 al valor del túnel y al resto de fallas.

CWE ha intentado por varias vías evitar las multas y obtener más pagos. Pero Cenel detectó, por ejemplo, que en el 2018 las multas habían sido regularizadas por el administrador del contrato, sin haber seguido el proceso estipulado, por lo que volvió a notificarlas. El primer intento de CWE fue presentar tres recursos administrativos que perdió, porque no pudo probar errores en la imposición de las multas.

Luego, CWE golpeó puertas de gobiernos de turno y cancilleres, para conseguir apoyo político en el conflicto. En el mandato de Lenín Moreno se instalaron mesas de diálogo, pero mientras los equipos intentaban buscar una salida consensuada, la empresa china le dio un golpe bajo a la compañía estatal: formalizó sus demandas en el  Tribunal Contencioso Administrativo, que las negó.

Hay otras dos demandas, interpuestas en el 2020; una de ellas por 60 millones de dólares; la audiencia está prevista para el 28 de febrero próximo. Otra es por 30 millones y la audiencia aún no tiene fecha.

Esa fue la gota que derramó el vaso. Entonces, Celec decidió la terminación unilateral del contrato, alegando una causal técnica y tomando en cuenta que los incumplimientos de CWE alcanzaban el 5 % del valor total del contrato. Nuevamente CWE respondió atacando. Presentó demandas en unidades judiciales de Machachi y Santo Domingo.

Revés judicial

En lo judicial, la empresa china también lleva las de perder pues una acción de protección que solicitó en Machachi para revertir la terminación del contrato no le fue otorgada. En Santo Domingo, solicitó otra acción de protección con medida cautelar, que obtuvo solo mientras se analizaba la demanda.  Eso frenó a Celec en el proceso de cobro de garantías y la inscripción de CWE como contratista incumplido, pero la empresa perdió la demanda inicial y la apelación en la Corte Provincial de Santo Domingo, el 23 de diciembre pasado. Este 18 de enero, la justicia le volvió a dar la razón a Celec en el recurso de aclaración.

La empresa china no solo arrastra estas multas e incumplimientos sino que también debe resolver pasivos ambientales graves, como una planta de amoníaco que se instaló para bajar la temperatura del hormigón de alta densidad empleado en la obra y que debe desmontar, siguiendo lineamientos y con una veeduría del Ministerio del Medio Ambiente, entre otras cosas.

Todos estos inconvenientes le han significado al Estado un incremento en el valor original de la infraestructura. Solo en la obra civil se ha pasado, hasta el momento, de 240 millones a 300. Esto incluyó un contrato complementario por 20 millones de dólares, con contingentes geológicos no considerados. Pero en total, según denunció Vistazo en septiembre, 920 millones estaban invertidos hasta diciembre del 2022.

Subestación lista para arrancar

La subestación Sarapullo está casi lista para ser inaugurada. Según Celec, la entrada en servicio de una subestación debe cumplir varias etapas, Sarapullo ya superó las fases de pruebas técnicas, pruebas de operación experimental, pruebas de operación continua está en proceso de implementar la etapa de operación comercial. Desde el 17 de octubre del 2022, Sarapullo ya está en operación continua y conectada al Sistema Nacional Interconectado. Es decir que ya está entregando energía y contribuye en esta época de estiaje. Precisamente, este proyecto se construyó con el objetivo de que complemente a las centrales de la cuenca amazónica: Agoyán, Paute Integral y Coca Codo Sinclair. Según las proyecciones, la energía de Sarapullo podría significar USD  500 000 mensuales cuando se empiece a operar.

El 45,9% del financiamiento de Toachi Pilatón proviene de un préstamo otorgado por el BIESS. Estaba contemplado que el crédito se pagara a 20 años plazo, con cuatro de gracia y que las cuotas saldrían de la venta de energía. Aunque la hidroeléctrica aún no está lista, Celec está pagando ya ese préstamo. La entidad informó que realiza abonos semestrales al BIESS, desde hace dos años. Hasta el momento han entregado  148,6 millones de dólares por intereses y 92,4 millones por capital. En total son 241 millones.

Resta completar el 20% que le falta a Alluriquín para que, finalmente, Toachi Pilatón trabaje con toda su capacidad. Esta es la más grande, pues podrá generar 204 megavatios, frente a los 49 de Sarapullo. Existe una tercera central, Toachi, que básicamente producirá la energía necesaria para que las otras dos funcionen y podrá aportar con 1,4 megavatios.

Un largo historial de fracasos y corrupción

Pero la historia de tropiezos de Toachi Pilatón es mucho más antigua. Si bien cuando finalmente se firmó un contrato que estipulaba que debía construirse entre mayo del 2011 y enero del 2015, los intentos para que arranque este proyecto empezaron mucho antes.

La obra fue concebida en 1965, pero durante el Gobierno de Alfredo Palacios empezó a tomar forma. Cuando Hidrotoapi aún estaba a cargo del Gobierno Provincial de Pichincha y Rafael Correa era presidente, su ministro de Electricidad, Alecsey Mosquera, aprobó la contratación de Odebrecht como socio estratégico para construirla, en 2007, y entregarla en el 2012. Odebrecht recibió en tres meses un anticipo irregular de 112 millones. Pero luego debió devolver parte el anticipo, cuando las partes decidieron dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, tras el escándalo de corrupción en el caso de la Central San Francisco y las fallas constructivas en esa obra ubicada en Tungurahua.

Cuando salieron a la luz los Panamá Papers, se conoció que Mosquera había recibido coimas entre 2007 y 2009 por facilitarle a Odebrecht hacerse con contratos dentro del país, por obras que incluían Toachi Pilatón, según uno de los delatores, Rodrigo Durán Tacla.

Semanas antes de que empezara la campaña electoral, los candidatos a alcaldías y la prefectura en Manabí han centrado sus ofertas en el combate a la inseguridad y las alertas sobre el narcotráfico. Otras prioridades son la contaminación y la urgencia de cubrir la falta de servicios básicos.

Alianza Código Vidrio-Vistazo

Los atentados criminales en contra de candidatos a distintas dignidades seccionales en Manabí causan alarma. Desde agosto, en la provincia se han registrado hechos como el atentado en contra de Javier Pincay, quien busca la alcaldía de Portoviejo. El 20 de diciembre pasado, sujetos armados dispararon ocho tiros, algunos de los cuales hirieron seriamente al representante del movimiento Avanza.

Pincay, no obstante, ha continuado su campaña en redes sociales, en videos que lo muestran demacrado en una cama de hospital, donde aún se recupera las heridas.

Pero éste no fue el único atentado dirigido a su candidatura. En diciembre, desconocidos colocaron dinamita cerca de uno de los vehículos que usaba en su campaña, y dejaron panfletos con frases como “Javier Pincay, te lo dije, con la plata del narco no se juega”.

El 24 de diciembre, cuando Pincay llevaba días hospitalizado, un taxi que promovía su candidatura fue incendiado y en el lugar quedaron más amenazas para él: “Javier Pincay y sus aliados, el plazo se está terminando. A partir de ahora encontrarán carros incinerados, casas quemadas y un poco de esa sarta de gente que te copia muerta”.

Él no fue el único blanco de la delincuencia. El 21 de diciembre, personas armadas dispararon contra la casa del actual alcalde de Junín, Jonás Intriago, sin que se reportaran heridos. Un ataque similar ocurrió tres meses antes en el domicilio de Jaminton Intriago, quien busca la alcaldía del cantón Eloy Alfaro.

En cambio, el 29 de diciembre, el conductor del alcalde de El Carmen, Rodrigo Mena, murió y otro acompañante sufrió heridas cuando se inició una balacera que tenía a Mena como objetivo, en medio de un mitin político en el barrio La Valenzuela.

Pero en agosto, los atacantes sí lograron su objetivo: enviaron una falsa alerta de un hecho noticioso al periodista de Ola Manta, Gerardo Delgado. Cuando él llegó con su hija para cubrir la noticia, fue recibido a balazos y falleció de contado. Delgado también era candidato a concejal de la ciudad puerto, por el correísmo.

Campeones de la campaña anticipada

En este contexto, semanas antes de que empiece la campaña electoral los candidatos a alcaldías y prefectura en Manabí, han centrado sus ofertas en el tema de la inseguridad. Otras prioridades son la contaminación y la urgencia de cubrir la falta de servicios básicos.

Esas son prioridades que los candidatos a la Alcaldía de Manta, la ciudad de los contrastes, difunden insistentemente. Algunos empezaron su campaña antes del 3 de enero, a pesar de que está prohibido por la ley. La Delegación del Consejo Electoral informó que tras recorridos viales y monitoreo en medios, 4 056 artículos promocionales fueron detectados desde la convocatoria a elecciones, el 21 de agosto del 2022, hasta el 10 de enero. La mayoría es campaña anticipada, según constató Código Vidrio en un recorrido por varias vías de Manta, Rocafuerte y Portoviejo, a mediados de diciembre pasado.

Además, la autoridad electoral encontró 213 vallas entre artesanales y de proveedores, 69 de las cuales fueron retiradas. En Manta, reportó el organismo, fueron registrados 552 elementos de campaña electoral en el mismo periodo

Pancartas, banderines, afiches y vallas de los candidatos a prefecto y alcalde, principalmente, se veían en los barrios de estas localidades manabitas antes de tiempo. La frase “Dale, Agustín” y “el cambio sigue”, junto a fotografías del actual alcalde de Manta, Agustín Intriago, proliferaban en las calles, además de otras de su principal oponente, Jaime Estrada Medrana, quien posa en las  fotografías junto al líder del movimiento Revolución Ciudadana, el prófugo Rafael Correa. Medrana inauguró el 9 de diciembre la llamada Casa de la Revolución en un amplio local.

Estrada es hijo de Jaime Estrada Bonilla, quien fue alcalde de Manta y diputado. El candidato fue acusado de Intimidación en abril del 2022, tras un juicio por despido intempestivo interpuesto en su contra por uno de sus empleados. Tiene 51 multas de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad. Ha mantenido relaciones como directivo o accionista en empresas familiares: dos constructoras, dos pesqueras, una empresa dedicada al turismo y un hotel.  Además, ha sido dirigente deportivo. Este medio solicitó una entrevista con él, pero no obtuvo respuesta.

Intriago se trepa en oleada de obras municipales

Según una reciente encuesta de Perfiles de Opinión, Intriago tine un 76,8% de aceptación, por lo que se considera el más opcionado para ganar. Uno de sus puntales fue la vieja estrategia clientelar de apalancarse en obras con fondos municipales para empujar su campaña. En diciembre en sus recorridos mostraba avances de la construcción de un nuevo megaparque, que se complementará con El Espigón y el Malecón Jaime Chávez Gutiérrez.

Esa fue una de las zonas más iluminadas por Navidad y el Municipio. El personal, que lucía camisetas azules con las frases “El Mega Parque ya empezó” y “Esto sí es cambio de verdad”, con la firma del Alcalde, entregaba trípticos con información sobre este proyecto y ofrecía visores de realidad virtual para que las centenas de personas que visitaban la decoración navideña miraran cómo quedaría el parque al finalizar los trabajos.

Al menos desde noviembre, Intriago protagonizó una cruzada municipal que se difundió en redes sociales bajo el hashtag #UnaObraPorDía y que terminó el 2 de enero, un día antes de que arranque la campaña electoral. Recorrió decenas de sectores de Manta, entregando obras. LLevaba una camisa blanca con franjas celestes y la palabra “Manta” en el pecho. Apenas se inició la campaña, vistió camisas con el mismo diseño pero ahora con el número de su lista: 107, del movimiento Mejor Ciudad.

Sin embargo, su candidatura se ve opacada por las recientes declaraciones de los asambleístas del Frente Parlamentario Anticorrupción, quienes el 6 de enero pasado entregaron documentación en la Fiscalía que señala a varios candidatos como sospechosos de mantener vínculos con el narcotráfico, entre ellos, Intriago, así como dos más, cuyos casos este medio publicó en diciembre.

El legislador Fernando Villavicencio dijo que entregaron varias copias del informe que elaboraron al presidente Guillermo Lasso, a la UAFE y a otras instituciones. Este medio solicitó al Municipio un comentario a la denuncia, pero no obtuvo respuesta.

Intriago contestó a Ecuavisa, en medio de su campaña: “Ya nos llamaron en su  momento como Municipio, nosotros presentamos la documentación respectiva y en ningún momento se ha generado ningún cargo para nosotros. Eso se investigó hace seis, siete meses. No nos prestemos para el show”.

La primera vez que se conoció sus nexos fue en junio del 2022. Un reportaje publicado en Primicias reveló que el Municipio tuvo dos contratos con firmas del narcolavador asesinado Leandro Norero. Dos de sus empresas, que tuvieron como testaferro al estadounidense Daniel Mistele, tenían contratos con el Cabildo, por 3,5 millones de dólares. Trabajaron sin anticipos y cobrar por las obras una vez finalizadas y por partes. En junio, Intriago señaló que las contrataciones se hicieron bajo el portal de compras públicas, de forma legal.

Villavicencio afirma que la relación de Norero e Intriago no se limita a los contratos municipales. Según el legislador, los representantes de Indigo Corporation, una empresa constituida por Intriago en el 2005, cuando tenía 20 años, también sería parte de las compañías de Norero y de su pareja sentimental.

Sobre casos de campaña anticipada dijo: “Todos los candidatos tienen publicidad pegada, hay publicidad que la ponen ciudadanos, que las imprimen por su cuenta”.

Intriago, además, fue acusado de plagio en 2013 y por romper la cuarentena en la pandemia por el Covid-19, en el 2021. Tiene registradas dos empresas tercerizadoras y una organizadora de eventos. Según informes de Contraloría, sus cuentas bancarias pasaron de USD 3 512 a USD 108 000 durante su actual Alcaldía. Esta misma institución destituyó a Intriago cuando era concejal en el 2019, por una glosa por la aprobación de la compra de un terreno con sobreprecio, pero apeló y el plazo para imposición de glosas caducó durante el proceso.Tiene 12 multas por exceso de velocidad.

¿De dónde charco sino llueve?

Otro candidato es Eduardo Tucho Velásquez, del Movimiento Nueva Generación, lista 95. Está entre los tres más opcionados para ganar las elecciones. Es conocido en la ciudad, pues fue dos veces concejal y ha buscado el cargo de alcalde en dos ocasiones. También es periodista. Velásquez fue socio de Tito Moreira, acusado de abuso de confianza dentro de la empresa de comunicación que tienen en conjunto. Sus principales propuestas para la ciudad tienen que ver con soluciones definitivas a la contaminación de los ríos y el mar, el abastecimiento de agua potable para y obras viales para reducir la congestión vehicular.

Sobre la denuncia del Frente Parlamentario, Velásquez dice que genera sospechas cuando “hay candidaturas que hacen alarde de gasto electoral millonario y hay una frase popular que dice ¿de dónde charco si no llueve? Y empiezan las inquietudes, las sospechas y elucubraciones. ¿Por qué gastan tanta plata en una actividad política si esto no es un negocio? A lo mejor quienes estén vinculados de aceptar dinero de sectores que no son correctamente (sic) tienen desesperación por llegar y por pagar favores después”.

La carrera por la Prefectura

Caras conocidas en la política buscan dirigir el Gobierno Provincial de Manabí. Se trata de Jorge Zambrano, Agustín Casanova y Leonardo Orlando. El primero fue alcalde de Manta en tres períodos, el segundo es el actual alcalde de Portoviejo, fue director regional del SRI y director administrativo y financiero de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y el tercero fue director nacional del SRI, catedrático de varias universidades y ahora busca ser reelecto como prefecto, representando al correísmo.

Zambrano representa a Manabitamente (21-25), alianza entre Creo y Construye (ex Ruptura). Dice que  decidió buscar la Prefectura por un pedido de ciudadanos que buscaban una tercera vía. Según registros judiciales, fue acusado entre 2017 y 2019 por tráfico de tierras, suplantación de identidad y por un accidente de tránsito con lesiones.

Afirma que toda su vida se ha dedicado a la construcción y por eso es conocedor de la provincia. Su objetivo es ganar las elecciones para administrar “Manabí de forma descentralizada y potenciar el sistema vial de segundo y tercer orden y los sistemas de riego, para fomentar la producción”. La idea es mejorar las vías transversales para que se complementen con las vías de norte a sur para abaratar los costos del traslado de insumos y productos.

Al candidato le preocupa el crecimiento de la violencia en la provincia. Confiesa que tiene temor por lo que ha ocurrido tanto en Manabí como en Esmeraldas y Sucumbíos, donde candidatos y personas cercanas han sido atacadas a balazos. Pero afirma que anda solo, sin equipos de seguridad que lo custodien. “Si alguien me quiere hacer daño, no tiene sentido que ande rodeado de gente que me proteja. Cuando fui alcalde, ni chofer tenía, yo manejaba el carro y no gastaba en avanzada ni seguridad. No quiere decir que uno no esté atento y alerta”.

Sobre los escándalos de financiamientos irregulares de campañas, Zambrano dice que la sociedad debe dejar de ser hipócrita y aceptar que históricamente en el país las campañas no se han basado en ideas sino en clientelismo. Por eso, grupos de poder han financiado candidaturas para cobrar esas deudas una vez que los postulantes logran un cargo. “Ahora lo vemos como una cosa más lacerante y dolorosa, porque viene de venta de drogas, lavado… Eso no está bien ni es correcto”. Por eso -dice- eligió hacer una campaña austera.

Duplica su patrimonio

Agustín Casanova, es parte de la Alianza por la unidad manabita, que junta a las listas 62-65-6-23 (Caminantes, Unidad Primero, Partido Social Cristiano y Suma). Ha sido acusado por peculado, por una compra de insumos médicos durante la pandemia, pero la causa fue archivada y en el 2018, por un contrato de arrendamiento.

Según información de Contraloría, su patrimonio pasó de USD 290 000 a 740 187 durante su administración como alcalde de Portoviejo. Casanova señaló que había pasado su último examen de gestión antes de la campaña.

Casanova conoce la situación de inseguridad y los riesgos de infiltración de dinero de dudosa procedencia en los movimientos políticos y en la administración pública. Afirma que tiene un equipo que investigó a proveedores del Gobierno municipal durante toda su administración, para blindarse ante esos riesgos. “Decir que lo controlamos al 100 % es imposible, pero tenemos un equipo si alguien quiere venir a conversar con nosotros, previamente tiene que pasar varios filtros. Nosotros no vamos a jugar con eso. Me he cuidado en 20 y pico de años y no voy a poner en juego la tranquilidad de mi familia y la mía por un financiamiento de campaña y porque soy consciente de quien entra en esas redes, no sale nunca más”.

Además considera que la delincuencia, violencia, desnutrición, etc. nacen de la inequidad y la pobreza, por lo que cree que hace falta una reconstrucción del tejido social para salir de la situación en la que se encuentra el país.

En el caso de ganar las elecciones, aspira a colaborar desde la Prefectura, implementando un modelo de gestión para pasar de lo burocrático a lo gerencial y planificado. Su idea es continuar con un proceso similar al que ha realizado como alcalde. A Portoviejo le falta pero hemos avanzado y tenemos proyección”.

Su prioridad es aprovechar el potencial agrícola y ganadero de Manabí, impulsando proyectos de riego para que se pueda sembrar todo el año y no únicamente en invierno. Considera que este tipo de obras aportarán realmente a combatir la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo, porque ahora se priorizan inauguraciones de “canchas, puentes sin vías” en lugar de abrir pozos de exploración para sacar el potencial acuífero que tiene la provincia. “Nunca nos hemos dedicado a facilitar la vida del agricultor. En Manabí, cada 20 años hay una diáspora por sequías que duran dos años”, dice. De allí su propuesta, porque “si no se garantiza sistemas de riego, represas y captación de agua, las poblaciones desaparecerán”. También ofrece recuperar vías rurales abandonadas, entregar energía eléctrica e internet a comunidades que no cuentan con esos servicios y fomentar la asociación entre agricultores para que vendan sus productos a través de centros de acopio.

Por su parte, Leonardo Orlando es la carta de los movimientos Revolución Ciudadana y Sí Podemos, listas 5-72. Fue acusado por Tráfico de Influencias mientras estuvo a cargo del SRI durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Fue señalado por no actuar contra las empresas fantasmas creadas en Ecuador durante su cargo. Su patrimonio pasó de USD 83 000 a 250 000 desde 2018, según informes de Contraloría. Este medio solicitó entrevistarlo, pero no recibió una cita.

Los contrastes notables de Manta

Las ventajas de ser un cantón frente al mar, con uno de los puertos multipropósito más importantes del país, son un potente motor de desarrollo para Manta. A través de este puerto, de enero a noviembre del 2022 ingresaron al país 112 721 toneladas métricas de graneles líquidos y 470 892 de graneles sólidos. Además, el año pasado, se movilizaron 106.515 unidades, entre vehículos y maquinarias entre importación, exportación y trasbordo. Según la Autoridad Portuaria, eso significó un 53 % de incremento con respecto del 2021.

Esta ciudad ha sobrepasado visiblemente en crecimiento a los restantes 21 cantones de Manabí, incluido Portoviejo, su capital. Actualmente, en Manta proliferan edificios, restaurantes, hoteles y urbanizaciones cada vez más lujosos, en sectores como Umiña, Barbasquillo y la zona de urbanizaciones del sur de la ciudad, que bordean la ruta Spondylus. Parece una urbe enclavada en otro país, por el contraste notorio.

Manta, además, atrae al turismo nacional, por las facilidades de vacacionar en una ciudad con infraestructura hotelera, comercial y gastronómica creciente y a solo minutos de diversas playas como El Murciélago, Piedra Larga, Barbasquillo, San Mateo, La Tiñosa o Santa Marianita. En la terminal de pasajeros del Puerto de Manta, inaugurada en el 2018, acoderaron 12 cruceros durante el 2022 y se espera que en el 2023 lleguen 20 embarcaciones de pasajeros. El pasado 11 de enero llegó el MS Volendam, la primera de las siete embarcaciones previstas para enero.

“Usted ve todo aquí bien bonito, pero vaya por mi barrio. Por allá casi que religiosamente hay un sicariato o intento cada domingo”, dice un taxista, mientras pasa por lujosas urbanizaciones como Manta Beach y Ciudad del Mar y se adentra en la avenida Flavio Reyes, una de las de mayor movimiento en la urbe.  El taxista, que prefiere el anonimato palpa de cerca la problemática delincuencial en esta ciudad considerada el epicentro del narcotráfico y el lavado, por su ubicación estratégica. Desde las costas aledañas, más al norte, salen constantemente lanchas y botes pesqueros con grandes cantidades de cocaína, cuyo destino final es Estados Unidos.

El desarrollo, la proliferación de restaurantes y locales comerciales cada vez más lujosos, algunos de ellos levantados de la noche a la mañana y sin que se sepa cómo fueron financiados, contrasta con sectores  del centro y norte de la ciudad. Ahí aún no han cerrado las heridas que dejó el terremoto de abril del 2016 y otras mucho más graves, como la falta de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Pobreza, olores putrefactos..

En Tarqui, la zona cero del movimiento sísmico en esa ciudad, hay edificios cuarteados y abandonados que siguen siendo un riesgo para sus habitantes. Allí, como en otros barrios aledaños, la pobreza y la falta de servicios básicos son palpables. Las playas Tarqui, Los Esteros y Playita Mía, principalmente, están contaminadas debido a la descarga de aguas residuales en los ríos Manta, Muerto y Burro. Aunque Barbasquillo y El Murciélago fueron intervenidas por el Municipio el año pasado, con la demolición de parte del antiguo colector de aguas servidas Umiña, no se pueden considerar descontaminadas todavía, debido a la cercanía de las playas del norte de la ciudad.

Al pasar por el río Manta y acercarse a la orilla frente al Parque de Mariscos Playita Mía, en esta zona céntrica urbana, el olor putrefacto es insoportable y las aguas lucen visiblemente turbias. Sin embargo, los vecinos del lugar ya se han acostumbrado a estos focos de insalubridad que han sido intervenidos por las autoridades, sin que ninguna haya dado todavía una solución definitiva.

Pero ese no es  el único problema de ese sector. Tarqui, Los Esteros, Miraflores y María Auxiliadora han sido catalogados por la Policía como los más conflictivos de la ciudad. La violencia desatada en el país por las disputas de territorios entre bandas dedicadas principalmente al narcotráfico también se vive constantemente en la ciudad puerto, donde hay una guerra declarada entre cinco grupos criminales.

El 2022 se contabilizaron 510 muertes violentas, un incremento del 155%, respecto del año previo. 89 de esos casos ocurrieron en Manta. Entre las víctimas estuvieron la fiscal Luz Marina Delgado, y su asistente, Jefferson Mendoza.

La empresa China Road and Bridge Corporation (CRBC) iniciará este año la construcción de un conjunto arquitectónico de seis pisos y tres torres para vivienda y oficinas, de hasta 25 plantas, en los predios del hotel Quito, según el nuevo plano del proyecto (foto). Ningún espacio patrimonial del inmueble será afectado, incluida la parte sur donde antes se planeaba levantar un edificio. Se prevé una inversión de USD 200 millones. Esta reformulación pondría fin a nueve años de controversias por la venta del inmueble, su precio y su condición patrimonial, que intentó vulnerarse. El diseño inicial del plan arquitectónico desató una tormenta y una preocupación silenciosa: La residencia de la embajada de Estados Unidos colinda con el emblemático hotel. En el nuevo proyecto la torre colindante no tendrá vista hacia esa vivienda.

Alianza Código Vidrio-Vistazo

La empresa estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC) no da su brazo a torcer. Desde este año reactivará el proyecto inmobiliario que comprende la construcción de un conjunto arquitectónico de seis pisos y tres torres para vivienda y oficinas, de hasta 25 pisos, en los predios que circundan al emblemático Hotel Quito. En esta ocasión no será afectada ninguna área del edificio patrimonial, aseguraron representantes de la empresa a este medio.

El proyecto ha estado en suspenso desde el 2021, cuando la compañía CRBC pidió a la Secretaría de Hábitat, Vivienda y Territorio del Municipio que le concediera una licencia para edificar un plan habitacional en el ala sur del Hotel. El proyecto entonces encontró una férrea oposición de colectivos del barrio La Floresta, del Colegio de Arquitectos, así como observaciones y restricciones del Municipio y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Inclusive la embajada de Estados Unidos se sumó a los cuestionamientos, puesto que la residencia del embajador colinda con el Hotel, por el sur, según fuentes del Municipio.

El 31 de octubre del 2021 el INPC ratificó que todo el hotel, incluida el ala sur, el antiguo casino, la piscina y los jardines era patrimonial. Por lo tanto, el inmueble no puede sufrir ninguna modificación estructural que altere su esencia de diseño e ingeniería, indicó Mauricio Marín, secretario de Territorio del Cabildo, quien destacó que eso está definido claramente en la ficha de inventario del INPC.

Lucía Narváez, arquitecta y especialista inmobiliaria de CRBC, confirmó que tras los contratiempos del 2021 y las exigencias sistemáticas y cambiantes de las instituciones de control, replantearon la propuesta para armonizarla, tomando en cuenta las preocupaciones de los moradores y las autoridades. Hoy el nuevo plan está pensado con una visión integral con dos enfoques esenciales. El primero es la recuperación del patrimonio arquitectónico del edificio del Hotel con todas sus alas, “rescatando su grandeza y valor histórico, así como potenciar sus atributos dándole sostenibilidad”.

El segundo enfoque abarca las obras nuevas. Estas se ubicarán en el predio de estacionamientos adyacente al hotel y en los espacios libres, “sin afectar áreas patrimoniales”, subraya Narváez.

El plan está estructurado en dos etapas. La primera será la intervención en el parqueadero, que se prevé construir este año. Este conjunto es de seis pisos, de la misma altura que el Hotel. Tendrá unos 25.000 m2 de área útiles.

El edificio patrimonial y sus pabellones colindantes engloban un área de 12.000 m2. Las tres torres alcanzarán unos 45.000 m2 de áreas útiles. Una se levantará al lado del antiguo casino y las dos restantes en la parte posterior del hotel, detrás del ala sur. La que está más cerca a la residencia del embajador de EE.UU., se orienta al valle de Cumbayá. No tendrá vista hacia esa vivienda.

La inversión prevista es de 200 millones de dólares. “En la primera etapa de construcción, en los estacionamientos se invertirán entre  60 y 70 millones de dólares. Se prevé generar más de 1.000 puestos de trabajo, lo cual será un motor dinamizador de la economía para todo el sector”, dijo Narváez.

“En el proyecto -destacó- la arquitectura contemporánea no encuentra contradicción alguna con la patrimonial. Se plantea que las tres torres despejen áreas verdes (sin afectar los árboles) y enmarquen visualmente al edificio patrimonial, reforzando la vista panorámica hacia Guápulo y el valle”.

La tormenta por el ala sur

CRBC compró el Hotel Quito al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), a fines del 2014, en 30,8 millones de dólares, en una subasta pública en la Bolsa de Valores. Era la primera vez que la firma estatal china incursionaba en el negocio inmobiliario y de hotelería en Ecuador. Hasta ese año había recibido varios contratos del Gobierno para la construcción, ampliación y rehabilitación de puentes y carreteras en diferentes provincias, por más de 100 millones de dólares.

Cuando se concretó la venta, el Hotel Quito tenía una nómina de 350 personas y sus balances estaban en rojo. Para entonces el negocio ya había entrado en crisis por la caída de la demanda de alojamiento, a causa del surgimiento de los negocios de tipo Airbnb y de la competencia en el sector. En esas circunstancias se produjo la compra, que fue cuestionada por organismos como la Comisión Anticorrupción.

A fines del 2020, la Comisión presentó una denuncia ante la Fiscalía por las supuestas irregularidades en la venta del Hotel. Entre otras por el incumplimiento a la Ley Orgánica de Cultura  y supuestas inconsistencias en el avalúo del inmueble, que el BIESS habría vendido a un costo inferior al que estaba vigente en el mercado, en 2014. La denuncia no prosperó.

También la Contraloría hizo observaciones al proceso y la forma en que se fijó el avalúo.

Para fijar el precio, el BIESS contrató un estudio de Pricewaterhouse (PWC). En el informe se establecieron tres escenarios de valoración para el Hotel. El primero, pesimista, fijó el valor en USD 26,6 millones; el segundo, probable, de USD 33,9 millones, y el tercero, optimista, de USD 37,4 millones.

La subasta pública de las acciones fue convocada en agosto de 2014. Aunque el precio mínimo de la oferta fijado en la convocatoria publicitada fue de 35 millones de dólares, se vendió la estructura por su valor en libros, a USD 1 por acción, equivalente a 30,8 millones.

No obstante, cuando se concretó la operación y llovieron las críticas, el entonces presidente del IESS, Richard Espinosa, calificó de exitosa la venta, pues obtuvieron USD 4 millones por sobre el escenario pesimista de PWC.

El correísmo doró la píldora

En medio de la tormenta desatada, también salieron a la luz una serie de decisiones anómalas, sin piso legal, que tomó el gobierno de Rafael Correa para dorarle la píldora a CRBC, garantizándole la posibilidad de que podía construir sin dificultades en el ala sur.

Eso fue corroborado por el gerente de la firma china, Martín Chang, en una entrevista a Primicias, en octubre del 2021. Según el ejecutivo, en el contrato firmado de compra-venta de acciones en 2016 hay un anexo, que es la ficha técnica de 2014, emitida por el INPC. Ese documento indica que solo el edificio principal y las dos primeras alas de habitaciones del Hotel, de las cuatro que existen, son patrimoniales. Las dos alas restantes son las de la zona sur, que aparecían desprotegidas.

Pero ese documento adulteró la ficha técnica de 1998, que protege la integralidad de este bien inmueble como patrimonio cultural del Ecuador, según el inventario que hizo el Municipio de Quito en esa época. Es más, la ficha se remonta a 1984 desde cuando se estableció que el bien y el predio eran uno solo, por lo tanto no podían ser enajenados ni alterados, según un informe del Colegio de Arquitectos.

Luz Elena Coloma, quien como concejal presidió la Comisión de Áreas Históricas y Patrimonio del Cabildo, recordó que la ficha (IBI-17-01-12-000-000001) fue alterada en el INPC, el 2014, por orden del entonces ministro de Cultura y Patrimonio, Paco Velasco, sin aprobación del Concejo Metropolitano.

Cuando las anomalías se conocieron, la Comisión de Áreas Históricas fiscalizó la revisión de la ficha de inventario del Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Secretaría de Territorio. Luego ambas entidades remitieron sus informes y sustentos técnicos al INPC, que validó el documento que protege también el ala sur del bien.

“La comisión que yo presidía solicitó a la entonces ministra de Cultura, Angélica Arias, que vía resolución administrativa valide todo el inventario patrimonial previamente declarado por Quito desde cuando la UNESCO le designó Patrimonio de la Humanidad (declaratoria de Quito). Sin esta resolución habría sido necesario levantar nuevamente las fichas del inventario para que el INPC valide, lo cual pretendían algunos interesados”, explicó Coloma, quien es candidata a la Alcaldía.

Remodelación en los pisos 5 y 6

El año pasado, los directivos del Hotel pidieron que el Municipio aprobara la readecuación de los pisos 5 y 6. El secretario de Territorio, Mauricio Marín, informó que tras el análisis del alcance de las adecuaciones concedieron la licencia, que implica una intervención en el interior del inmueble, no en la frachada.

Narváez dijo que una vez que obtuvieron la licencia urbanística LMU 20, los trabajos empezarán las próximas semanas, en función de la planificación de las obras y el presupuesto, tras sortear una severa crisis desde el 2019.

Ficha técnica del INPC, del 2021, que ratifica que todo el hotel es patrimonial 

 

Ese año la pesada carga por pago salarial de los 350 empleados, así como el mantenimiento del Hotel perforó la cuentas, con el agravante de la caída de los ingresos. Para frenar el descalabro, CRBC decidió reestructurar el Hotel. En julio de 2019, redujo la nómina a 25 colaboradores.

Ese año -agregó Narváez- empezó el cambio interno y externo del hotel. Pese a los problemas por el paro de octubre de ese año, la pandemia del 2020 y la nueva paralización del 2021, el año pasado el hotel empezó a recuperarse. Tuvo una ocupación del 43%, superior a los tres años previos. “El 2022 fue el primero, después de varios años, en el que terminamos con resultados positivos, cerrando con ganancias”, destacó Narváez.

Las muertes violentas en Guayaquil superaron las 1.200 durante el año 2022. El puerto principal se apresta a elegir sus dignidades seccionales en febrero próximo, en medio de una escalada violenta por disputas de bandas criminales que operan con el narcotráfico. Varios postulantes enfrentan investigaciones y juicios.

Alianza Código Vidrio-Vistazo

En agosto de este año, la alcaldesa de Guayaquil y candidata a la reelección, Cinthya Viteri, se preguntaba a través de un tweet “¿Quién manda aquí, el crimen organizado o un Gobierno esclavizado?”. Hacía referencia a la realidad de la urbe porteña, la más violenta del país según datos de la Policía.

El informe que acompañó al pedido de aprobación para la Consulta Popular, enviado por el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional, daba cuenta de que en Guayaquil se habían registrado el 38,9% de las muertes violentas del país, a pesar de que 4.107 armas han sido retiradas de las calles por parte de la Policía.

Guayaquil, puerto principal, es el blanco de grupos narcodelictivos. Informes de inteligencia de la Policía dan cuenta de que, en el Guasmo, al sur de Guayaquil, la banda de Los Lagartos opera en el control del microtráfico y los cargamentos de droga que se dirigen al puerto.

No son los únicos con presencia en la ciudad. Los Latin Kings, los Choneros, Los Lobos y los Chone Killers, también se disputan espacios de poder en Nueva Prosperina, Sur, Pascuales y Esteros. Este último incluye la isla Trinitaria y la zona de Fragata, por donde se accede al puerto por vía fluvial.

Todo esto se traduce en violencia. En los primeros días de diciembre se reportaron más de 200 asesinatos en Guayaquil, una cifra que se suma a las más de 1.000 muertes violentas ocurridas en el puerto principal este año.

Política y seguridad

Aunque el control de la seguridad es una competencia del Gobierno central, la realidad que vive Guayaquil obliga a la Municipalidad a invertir en este rubro. De acuerdo con los datos de la Alcaldía, este año se ha destinado aproximadamente 27 millones de dólares a esta problemática.

Los tentáculos de la violencia han afectado además a los contratistas del gobierno local. La alcaldesa Viteri denunció en mayo de este año que bandas narcodelictivas extorsionan a los proveedores y les piden hasta 10.000 dólares por permitirles intervenir en los frentes de trabajo.

“Los contratistas privados, cuando van a ciertos sectores les piden plata, y si no les dan, no les dejan entrar para hacer las obras que son de Guayaquil (…) si no les dan dinero los asaltan, los extorsionan, los matan”, dijo Viteri.

No es solo una denuncia. En octubre de este año, Freddy Suquilanda, un proveedor de señalética fue asesinado por sicarios en el sector de Monte Sinaí. Familiares de la víctima indicaron que había sido amenazado por extorsionadores, quienes le pedían una vacuna de 5.000 dólares para permitirle trabajar, él se negó a pagar y fue asesinado.

La violencia también afecta a las caravanas políticas. Sebastián (nombre protegido) quien colabora en una campaña política, comentó que hace menos de un mes tuvo que huir del sector de Nueva Prosperina junto con su brigada, pues fueron recibidos a bala cuando llegaban a entregar cilindros de gas, cortesía de un partido político.

La seguridad es el principal eje de las campañas de los candidatos a la alcaldía de Guayaquil, quienes se baten entre reclamos al Gobierno central para que intensifique la inversión en la ciudad, y programas para el incremento de alarmas comunitarias, apoyo a la Policía en cuanto a equipamiento y políticas sociales que reduzcan las brechas de desigualdad, caldo de cultivo de las bandas delictivas.

Los candidatos y sus líos judiciales

Las promesas electorales sobre seguridad maquillan los lunares de algunos de los candidatos que, a pesar de promocionar una lucha frontal contra la violencia, han enfrentado problemas con la justicia y la administración pública.

En el caso de Viteri, candidata a la reelección por el movimiento Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los procesos de contratación para la limpieza de las calles de Guayaquil, el proceso Oleos del Bicentenario y el programa Letras Vivas. La Fiscalía no se ha pronunciado sobre el avance de los procesos, pues son reservados. Viteri ha descartado cualquier anomalía en esas contrataciones.

Otro de los candidatos que ha hecho de la lucha contra la delincuencia un símbolo de campaña es Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas quien durante su administración tuvo que enfrentar a la justicia.

En su período al frente de la Prefectura se registraron 67 investigaciones por peculado. En una de ellas la Comisión Anticorrupción denunció a Jairala por el supuesto pago con fondos públicos a empresas encasilladas como fantasmas por el SRI. Dicha denuncia no prosperó. “Esas compañías eran reales, existían en su momento” afirmó el candidato.

Al momento existen siete informes de responsabilidad emitidos por la Contraloría, que aún se investigan en la Fiscalía, pero la información sobre su contenido es reservada.

Jairala, al ser contactado sobre este particular, sostuvo que la Fiscalía está en la fase final de los procesos de investigación y confía en que no derivarán en juicios. “No tengo grillete, ni prohibición de salida del país”, afirma el exprefecto, quien reconoce que varios de sus excolaboradores fueron glosados por la Contraloría, pero se deslinda de esos procesos indicando que “es imposible hacerse cargo de todo”.

El último procedimiento de Fiscalía en este caso fue la fijación de tres contratos en la Prefectura del Guayas, como parte de una investigación por presunto peculado en la contratación de la campaña «Cultura, turismo y productividad» (2015-2016). Según la Fiscalía, el perjuicio sería de 600.000 dólares, pero las investigaciones aún no han concluido.

Además, Jairala fue señalado por mantener negocios entre el medio de comunicación que dirige y una empresa del líder del narcotráfico Leandro Norero, que se dedicaba al mantenimiento de vehículos. El candidato a la alcaldía de Guayaquil afirmó que solo se trataba de un canje publicitario, y que no sabía que el negocio era de Norero, quien fue asesinado en octubre pasado.

Alguien que enarbola la lucha contra la delincuencia es John Garaycoa, candidato por la Izquierda Democrática, quien es perito en seguridad ciudadana y gerente de una empresa de guardianía. Paradójicamente ha sido investigado por la Fiscalía por tráfico de armas, intimidación y violación a la intimidad.

En su momento la Fiscalía informó que encontró en la casa de Garaycoa armas «legales e ilegales», el proceso fue a juicio y el candidato recibió medidas sustitutivas.

Garaycoa afirma sobre el caso: “yo cometí un error, mantenía las armas en mi casa y no en el rastrillo de la empresa porque no se puede poner todos los huevos en la misma canasta”. Añade que las armas eran legales y que pertenecían a su empresa. “En algún momento se perdió el permiso de algunas armas, pero eso se justificó posteriormente”, dice.

La denuncia de intimidación, sostiene, fue interpuesta por un problema familiar, y añade que también fue demandado por insolvencia fraudulenta porque decidió no pagarle a uno de sus excolaboradores luego de haber sufrido un robo. Además, su esposa fue procesada por hurto y por ingresar un celular a un centro de detención, pero Garaycoa afirma que “son gajes del oficio” y que “todos son errores que fueron enmendados de forma oportuna”.

Otro candidato que se ha visto cara a cara con la justicia es Iván Tutillo del movimiento Renovación, quien fue investigado por secuestro y falso testimonio, juicios  que no prosperaron. Él fue administrador de la empresa Supergold, investigada por la Fiscalía por el presunto delito de defraudación tributaria, sin sentencia en firme.

Aquiles Álvarez, candidato por la Revolución Ciudadana, tuvo que acudir a los juzgados tras el secuestro de un camión tanquero que descargó combustible en una de las gasolineras de su propiedad, en el contexto de un presunto delito de tráfico de combustibles. El postulante a la alcaldía demostró que la descarga se hizo sin su autorización y pasó de sospechoso a testigo en el juicio, que terminó con un detenido.

Los demás candidatos no presentan procesos penales en su contra, todos comparten, eso sí, el discurso de frenar la violencia en Guayaquil, un mal que requiere mucho más que promesas y ofertas de campaña.

El juez José Luis Alarcón Bowen está en el ojo de la tormenta, junto a su colega Mary Quintero Prado. Ambos declararon la inocencia de 18 procesados por el tráfico de 20 toneladas de cocaína, con el voto salvado del juzgador Carlos Fuentes. Alarcón fue asesor jurídico en la Presidencia de la República en dos períodos, durante el correísmo, y secretario de la Fiscalía en 2010. Hasta 2017 estuvo casado con Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo enjuició por alimentos.    

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La investigación transnacional que duró un año y medio se fue, por el momento, al traste. La estructura delictiva enviaba cocaína por toneladas desde Manta por mar a Centro y Norteamérica en alianza con el cartel de Sinaloa. Los 18 detenidos acaban de ser declarados inocentes por dos de los tres integrantes del tribunal que conoció el caso. Uno de los votos a favor de los acusados corresponde al juez José Luis Alarcón Bowen. El juzgador acredita una trayectoria como funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.

La revisión de su historial judicial revela que Alarcón Bowen fue esposo de Estefanía Grunauer, actual candidata al Concejo de Quito por la lista de Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella lo demandó por el pago de pensiones alimenticias en 2017, argumentando que desde que estuvo embarazada él no le proveyó de recursos económicos para su manutención. Grunauer fue muy cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Fue supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, hasta enero del 2021, cuando dejó el cargo. Su nombre también aparece en los chats del celular incautado al hijo de Yunda, Sebastián, hoy prófugo, como persona de mucha confianza de Christian Hernández sobrino del entonces Alcalde.

El juez Alaracón también registra procesos judiciales por un choque con volcamiento y muerte, en 2011, y tres contravenciones de tránisito.

El Carrusel de la Presidencia y la Justicia

Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia de la República y el Poder Judicial.

En 2010, Alarcón Bowen fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, que a esa época estaba liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia de la República, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.

Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.

Como juez de garantías penales, Alarcón Bowen fue ponente en la audiencia que resolvió el estado de inocencia de 18 acusados de participar en abastecimiento y logística a embarcaciones dedicadas al envío de drogas.

La audiencia duró 22 días. Según fuentes de la Fiscalía, entrevistadas para este reporte, se practicaron 35 testimonios, se reprodujo la grabación del testimonio anticipado de un agente estadounidense que participó en las investigaciones; se introdujeron tres asistencias penales internacionales. Una analista, además, explicó que dos de los principales implicados movieron, por separado, más de un millón de dólares entre 2018 y 2020. La evidencia probatoria además incluyó todas las pericias informáticas, que incluyen mensajes interceptaciones en teléfonos satelitales. En códigos se mencionan coordenadas para el encuentro de las naves en alta mar.

Esta alianza periodística contactó a Alarcón a tres de sus números celulares, para pedirle su versión sobre las críticas a su fallo, pero no respondió nuestros mensajes.

20 toneladas de coca del cartel de Sinaloa

La investigación en el país empezó en agosto de 2020, a cargo de una unidad de élite especializada en delitos transnacionales. Durante un año y medio aproximadamente se identificaron propietarios y capitanes de buques pesqueros, que abastecían en alta mar de combustible a las naves que transportaban droga.

En Estados Unidos, las incautaciones relacionadas con esta estructura ascendieron a 20 toneladas, explicaron a esta alianza fuentes cercanas a la investigación. Personas de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y mexicana fueron detenidas.

Los capos del cartel de Sinaloa coordinaban los envíos de droga, según la investigación en EE.UU., donde hay varios detenidos, incluidos ecuatorianos.

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MAPA CON GEORREFERENCIACIÓN DE NAVES DE ABASTECIMIENTO

 

A través de tres asistencias penales internacionales, Estados Unidos proporcionó información sobre los procedimientos de incautación, identidades de los responsables, detalles de las embarcaciones.

Uno de los procedimientos incluyó la incautación de 300 kilos de cocaína en una lancha de arrastre de propiedad del ecuatoriano Pedro Pilligua. Según el expediente, abastecía de combustible a las narcolanchas. Él y su pareja, que también tiene la nacionalidad española, se encuentran detenidos en una cárcel de California.

Los expertos identificaron el geoposicionamiento de las embarcaciones que abastecieron de combustibles y logística a las narcolanchas, explicaron fuentes cercanas a la investigación. Además, comentaron que quedaron registros de tripulantes de una nave abastecedora que fueron dejados a su suerte, a la deriva en el mar, y se supone que fallecieron.

Operación antidrogas transnacional

Con la información de las embarcaciones, los propietarios y las tripulaciones se realizó un megaoperativo que combinó fuerzas de varios países. Así, a fines de octubre de 2021, en la Operación Poseidón se detuvieron diez embarcaciones pesqueras. A día seguido se formularon cargos contra 14 coautores del delito tipificado en el art 221 del COIP. Entre los detenidos se incluye un miembro de la Armada en servicio pasivo, propietario de una de las embarcaciones. Otras ocho personas fueron vinculadas en enero de 2022, como coautores.

En marzo de 2022, el agente estadounidense que participó en el proceso narró durante seis horas los detalles del abastecimiento logístico, explicando la participación de cada embarcación en el proceso que implicó la llegada de la droga a su destino final. Y en junio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscalía sustentó el dictamen acusatorio. Como resultado, el juez de instrucción emitió el auto de llamamiento a juicio.

En agosto, la audiencia de juzgamiento empezó para conocer la situación jurídica de las 18 personas.

Escandalosa decisión judicial

 El viernes 16 de diciembre, con voto de mayoría de los jueces Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado se confirmó el estado de inocencia de los procesados.

A su juicio, Fiscalía habría probado que las personas procesadas abastecieron combustible a las lanchas que transportaban droga. Sin embargo, discreparon con el tipo penal establecido por Fiscalía. Argumentaron que los dueños del cargamento habrían incurrido en ese delito, no así sus colaboradores. Estos quizás pudieran ser procesados por delincuencia organizada o asociación ilícita, estimaron los juzgadores.

El tercer juez del tribunal, Carlos Fuentes Zambrano no estuvo de acuerdo con su colegas y emitió un voto salvado. Dictó sentencia condenatoria en contra de los acusados.

Fuentes de la Fiscalía explicaron su inconformidad ante la decisión judicial. Anunciaron que apelarán y presentarán quejas contra ambos juzgadores en el Consejo de la Judicatura. De su lado, agentes policiales afirmaron que la actuación de estos operadores de la justicia desbarata un esfuerzo investigativo transnacional de gran complejidad, que requirió el empleo de importantes recursos y cooperación internacional.

Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye a los políticos que son blancos del crimen organizado, que también financiaría algunos candidatos a alcaldes y prefectos. Por Esmeraldas gran cantidad de droga a Ecuador para luego ser sacada por sus puertos a Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Varios políticos han sufrido atentados. En vísperas de las elecciones seccionales, este es el panorama.

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En Esmeraldas ya nadie contesta una llamada telefónica de un número desconocido. Todos temen abrir un mensaje de WhatsApp con fotos de su familia, con amenazas que si no “colabora”, le harán daño. Los esmeraldeños llevan el miedo a flor de piel, y eso incluye habitantes de a pie, trabajadores, funcionarios, autoridades, policías, militares, candidatos políticos. Cualquiera puede ser blanco del crimen organizado.

El capítulo más reciente de la escalada de la violencia ocurrió el 14 de noviembre pasado. Ese día fue asesinado Lorenzo Martínez Erazo, primo del candidato a alcalde de Esmeraldas, Frickson Erazo, un exfutbolista que ya ha sufrido dos atentados contra su vida.

Se puede evitar los mensajes y llamadas, pero en muchos casos los delincuentes van más lejos: dos sujetos a bordo de una motocicleta acuden hasta la casa o negocio y dejan un papel en las manos de la víctima, en el cual consta el nombre de una de las bandas criminales y la cifra en cientos o miles de dólares que exigen pagar como “vacuna”. Es la realidad que se vive en esta provincia fronteriza en el norte del país y que ha empeorado en el último año, en el contexto del aumento del narcotráfico y delitos conexos. Eso pese al estado de excepción que terminó la semana pasada y por el momento redujo los asesinatos y contuvo la tendencia creciente delictiva, por la acción coordinada entre la Policía y Fuerzas Armadas en esta provincia, Guayas y Santo Domingo.

A Jairo M., dueño de una despensa, le dejaron un papel de estas características el 7 de enero, exigiéndole el pago de 2.000 dólares, pero prefirió no hacerles caso, al menos por esa ocasión.

Al día siguiente, a las nueve y media de la noche, sujetos desconocidos lanzaron un taco de dinamita al exterior de su domicilio, luego de lo cual le pidieron 6.000 dólares. El 31 de enero, lanzaron otro explosivo. El 7 de febrero, amenazaban a otro comerciante, de la misma manera: detonando tacos de dinamita. Al mes posterior robaron un conocido chifa de la ciudad, por no ceder a las extorsiones. También asaltaron una boutique de ropa…

Ahora que el crimen organizado está instalado en Esmeraldas, los agentes de Inteligencia que investigan sus crímenes y relaciones con otras actividades creen que sus cabecillas están empeñados en cooptar el poder político, el último paso para controlarlo todo. Ese es el patrón que funciona en Colombia y México con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En Esmeraldas operan a través de sus brazos armados para transportar y proteger los cargamentos de coca desde Nariño, en Colombia, hasta las playas esmeraldeñas y manabitas para llevarla hasta Centroamérica y EE.UU.

Las bandas ganaron poder

Con la plata que reciben por sus servicios a los carteles, las bandas de los Tiguerones y Gánsters ganaron poder. Han reclutado más integrantes, tienen armas de dotación militar y han extendido sus acciones criminales más allá del narcotráfico. La más importante precisamente corresponde a las extorsiones.

El modus operandi quedó registrado en informes del Equipo Especializado de la Unidad Nacional Antidelincuencial de la Policía. A través de seguimientos e interceptaciones de llamadas y mensajes telefónicos, los agentes recabaron elementos que vinculaban a varias personas con Los Tiguerones. Quedaron registrados también los elementos que demostraron delitos como el tráfico de drogas, porte de armas, sicariato e intentos de asesinatos contra miembros de la banda antagonista “Los Gánsters”, con la cual disputan el territorio en Esmeraldas.

En abril pasado, la Policía detuvo a una docena de personas, entre ellas un conocido futbolista y un policía en servicio activo, que fungía de informante de la banda. 20 personas fueron procesadas por delincuencia organizada; algunas se sometieron al proceso abreviado, es decir, aceptaron su culpa, por una condena menos severa, mientras para otros el proceso judicial continúa.

Pero aquellas detenciones fueron solo otro golpe más para esa banda criminal. La violencia continúa imparable. Según un informe de Inteligencia, en Esmeraldas, se cuentan al menos 900 miembros de los Tiguerones, que trabajan para Jalisco Nueva Generación. Mientras que Los Gánsters serían unos 130 miembros, sumados unos 100 de la banda “Los Patones” y 130 de “Los Choneros”. Estas tres últimas organizaciones son aliadas y trabajan para Sinaloa.

Los candidatos en la mira

Los atentados también son contra los candidatos. Hace más de una década se decía que Ecuador iba rumbo a convertirse en un narcoestado. Nadie puede asegurar si eso pasó o no. “Ahora camina a ser un estado fallido”, afirma Mario Pazmiño, docente de la Universidad Uniandes y exjefe de inteligencia del Ejército.

Un síntoma de esto es el terrorismo urbano que se ha visto en los últimos meses: coches bomba explotando en las calles, sucesos que se repitieron en las provincias de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas en los últimos meses. “Con eso estamos cruzando una línea”, dice Pazmiño.

Esto tuvo su génesis en 2018, cuando un coche bomba explotó a las afueras del cuartel policial de San Lorenzo, en plena frontera. Los autores fueron integrantes del Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, quien posteriormente secuestró y asesinó a un equipo periodístico de El Comercio.

Era cuestión de tiempo. La señal más reciente de este quiebre se manifestó el lunes 17 de octubre, cuando el candidato Frickson Erazo veía incendiarse su camioneta afuera de su domicilio, tras escuchar una explosión. Incluso hubo tres disparos que llegaron hasta su dormitorio. Por fortuna, nadie resultó herido. Nueve días después, dos sujetos a bordo de una motocicleta volvieron a lanzar un explosivo fuera de su domicilio, pero esa noche Erazo estaba fuera de casa, por su agenda electoral. Tres semanas más tarde, asesinaron a su primo Lorenzo, a pocos pasos de un centro comercial.

¿El crimen se toma la política?

Erazo es uno de los once candidatos que se disputan la Alcaldía de Esmeraldas. Dice que nunca en su vida ha recibido amenazas ni intentos de extorsión, ni cuando era futbolista ni funcionario de Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Tampoco en estos meses desde que lanzó su candidatura. “Los ataques llegaron sin previo aviso. Claramente es violencia política por mi candidatura. Hasta ahora no tenemos los resultados de las investigaciones (de Fiscalía)”, relata el candidato por el movimiento oficialista Creando Oportunidades (Creo). Añade que no sabe de dónde vienen las amenazas; tampoco quisiera señalar a alguien en específico porque eso podría entorpecer las investigaciones.

Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, este es un ejemplo de cómo las organizaciones criminales se intentan tomar el poder político. “Son formas de amedrentamiento del crimen organizado. Quizá no les conviene tal candidato o quieren alguien de su confianza en ese puesto político. El Estado les da acceso a redes de protección política, información de inteligencia, e incluso acceso a contratación pública para lavar el dinero”, explica el académico.

El presidente Guillermo Lasso ha dicho que tiene información sobre narcocandidatos, pero no ha presentado nombres ni ha hecho denuncias ante los órganos competentes. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ha señalado lo mismo, e incluso se ha referido a “una candidata del cantón San Lorenzo”, en Esmeraldas, sin revelar más detalles.

Otro candidato que ha recibido atentados es el actual concejal Miguel Armando Ruiz, quien compite también por la Alcaldía por el movimiento Centro Democrático. Ruiz dice que en diciembre pasado empezó a recibir mensajes con fotos de su esposa e hija en el garaje de su casa. Era diciembre de 2021 y le pedían 6.000 dólares como vacuna, pero él no cedió. En febrero intentaron asesinarlo fuera de su domicilio y en agosto, dispararon contra su vehículo, que por suerte tenía blindaje.

Sobre Ruiz han caído señalamientos de tener algún tipo de relación con el crimen organizado. Pero él dice que son comentarios para desprestigiarlo. En enero de este año, fue arrestado por el supuesto delito de porte de armas. El concejal manejaba su vehículo Porche Cayenne cuando en un operativo militar, realizado cerca de la cárcel de Esmeraldas, fue detenido. En su auto se encontraron una pistola traumática, balas de goma y “3 municiones calibre 5.56”. Salió en libertad y lo declararon inocente, por tratarse de un arma de defensa personal, pues dijo que había recibido amenazas e incluso intentaron asesinarlo.

¿Pero las municiones? “Mi papá era militar y tenía esas tres municiones en la casa. Yo las atesoraba como un recuerdo y en aquella ocasión las tenía en el carro”, dice Ruiz en entrevista con la Alianza Código Vidrio-Vistazo. Pero, sobre todo, lo que más se cuestiona al concejal es su amistad y alianza con el político Álex Zambrano Quintero, quien fue detenido en marzo de 2022 por supuestamente formar parte de una organización delictiva de tráfico de drogas. Fue procesado por delincuencia organizada, junto a otras trece personas.

Zambrano Quintero, de 26 años, se pintaba como una promesa joven y fundó una organización política llamada Nueva Generación, pero desapareció del espectro público luego de su detención. Según la Fiscalía, los detenidos tenían una casa de acopio y distribución de droga en Mataje, cantón San Lorenzo, y operaban en distintas ciudades. La Policía les siguió la pista desde el 2021, según el proceso judicial. Algunos de los implicados se acogieron al proceso abreviado, aceptado su culpabilidad, mientras Zambrano Ruiz aún intenta demostrar su inocencia. Se presenta periódicamente ante un juez.

De su carrera política quedan innumerables fotos y videos en redes sociales junto al concejal Mario Ruiz, con quien forjó alianza durante varios meses y decían representar el cambio. “Yo no puedo responder por las acciones de otras personas”, dice Ruiz sobre su excompañero a quien no ha visto ni ha hablado desde que lo detuvieron. “Era un joven con grandes proyecciones. Lideraba el grupo juvenil de Alianza PAIS, luego fue de la Revolución Ciudadana y luego de Centro Democrático (partido por el cual aspiraba a lanzarse para concejal en estas elecciones, pero no se inscribió)”.

Ruiz añade que le causó sorpresa la detención de su excompañero, de quien todavía no se ha declarado su inocencia o culpabilidad. Pero sea cual sea el resultado “ni a mí ni a otros políticos nos está investigando Fiscalía o nos ha llamado a declarar por ese proceso.”

Silencio general en la estratégica Esmeraldas

A ningún político en Esmeraldas le gusta hablar de otro, mucho menos cuando se usa la palabra narcotráfico o crimen organizado o bandas. Dicen que los vínculos entre política y delincuencia son claros, que todo es vox populi, pero nadie se atreve a señalar a alguien. Linder Altafuya, militante de Unidad Popular en la provincia verde y ahora uno de los siete candidatos a la Prefectura, dice que la narcopolítica desde hace años atrás ha intentado tomarse las instituciones y que hay indicios de quiénes son. El problema, según Altafuya, es que el crimen se reproduce en la impunidad, ya que en el sistema judicial se entrampan las denuncias. Del mismo criterio es un político que militó diez años un partido y ocupó cargos de elección popular, pero prefirió el anonimato. Según él, hizo denuncias en su momento, señalando nombres. Quienes más se benefician -recalca-  son los abogados, fiscales y jueces que cobran miles de dólares sin que la justicia llegue.

El concejal Ruiz asegura que él sí puso una denuncia en la que consta el nombre de tres actores políticos a quienes hace responsable de los atentados que sufrió o lo que le pueda pasar. Pero argumenta que no puede dar detalles porque es información que se maneja bajo reserva. “Me ha dicho que pertenezco a una banda (Los Tiguerones), pero fueron ellos mismos los que me mandaron los atentados”, dice.

La amenaza de la penetración del crimen en la política es cada vez más palpable en Esmeraldas, que es una de las puertas de entrada del narcotráfico. Por esta provincia ingresan anualmente cientos de toneladas de toda la droga que se produce en Nariño, Colombia, según explica Mario Pazmiño. Esta es la importancia estratégica de la provincia y el porqué al crimen organizado le interesa controlarlo todo.

De allí, pescadores salen en botes y lanchas con la droga desde playas de Atacames, Tonchigue y Muisne hacia Centroamérica y EE.UU. Otro porcentaje significativo de la cocaína es embarcado en los grandes barcos cargueros que salen desde Guayaquil y Machala.

Según informes de Inteligencia, las bandas ya se han apoderado de sectores enteros donde el Estado ya no tiene control, como son los barrios Las Malvinas y Santa Martha, dominados por Los Tiguerones, y que pretenden extenderse hasta el barrio El Arenal. Todos sectores costeros. Allí reclutan a menores de edad para darles adiestramiento en el manejo de armas blancas y de fuego.

El rezago escolar

De hecho, en un reportaje Vistazo ya describió como es este reclutamiento de jóvenes que no tienen oportunidades en una de las provincias más deprimidas del país, donde el rezago escolar golpea al 18 por ciento de niños y adolescentes, cuando la media nacional es el 9 por ciento. Allí la pobreza afecta al 32 por ciento de la población y déficit de servicios básicos es del 39 por ciento, según el Instituto de  Estadísticas y Censos de 2020.

Todos estos factores incrementan el riesgo y los políticos conectados con el narcotráfico tienden propuestas clientelares que los pueden llevar al poder. “Un alcalde o cualquier otra dignidad puede decidir qué barrio se atiene y cuál no, cómo se prioriza la obra pública, etcétera. Incluso se pueden crear modelos extorsivos para acceder a servicios básicos”, dice Daniel Pontón.

La provincia fronteriza tiene siete candidatos a la Prefectura y 46 candidatos a alcaldes para sus siete cantones: Esmeraldas, Atacames, Muisne, Quinindé, San Lorenzo, Rioverde y Eloy Alfaro. 

Todos los entrevistados para este reportaje coinciden en que si ya el narcotráfico ha cooptado militares, policías, jueces, es bastante probable que haya narcocandidatos. Piden al Gobierno que haga pública la lista de quienes dice tener claros indicios de su relación con el crimen organizado antes de que empiece la campaña electoral. De otro modo, sí hay un alto riesgo de que se tomen el Estado.

“Las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico necesitan del Estado para cooptar su estructura y valerse de la legitimidad de la que goza el aparato represivo para perseguir competidores dentro del territorio», alerta el académico argentino Esteban Mizrahi, en un ensayo titulado “Narcotráfico y colonización del aparato estatal”. “Si esta operación es exitosa, no solo se consigue monopolizar el negocio, con la consecuente facilidad para incrementar los márgenes de rentabilidad, sino también y, sobre todo, absoluta impunidad para seguir operando en el ámbito donde se ha conseguido hegemonía”.

Otra de las facetas de los alcances de las bandas y carteles, es la de los operadores que lavan dinero a través de empresas. El último caso es el de Enrique Portocarrero, quien fue detenido en España, el 4 de noviembre último. Portocarrero, de 49 años, es una de las cabezas financieras articulada a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Desde 2020 creó varias empresas y una gasolinera.

Informes de Inteligencia dan cuenta de que a través de las empresas, en menos de dos años, tuvo ingresos por más de 7,1 millones de dólares, por los cuales no pagó impuesto alguno. A través de dos de sus amigos cecanos, Portocarrero finaciaba a candidatos de varios movimientos y partidos, que están bajo investigación de la Fiscalía.

Luis Mario Guerrero Sánchez era conocido en Lago Agrio y Sucumbíos, sobre todo, por el poder económico que acumuló vertiginosamente los últimos años. Además por su apoyo económico a la campaña electoral del prefecto Amado Chávez. También tuvo contratos con la Prefectura. Fue asesinado por un sicario el miércoles pasado.

Redacción Código Vidrio

Un hombre se abre camino con los brazos cruzados entre un grupo que mira un partido de vóley, en la cancha El Gallito, en el centro de Lago Agrio. Avanza a paso seguro, descubre su mano derecha y deja ver un arma con la que descarga dos tiros por la espalda a uno de los espectadores. El hombre cae abatido, la gente que está cerca se estremece y busca donde protegerse, corre aterrorizada. Algunos van detrás del asesino, otros gritan “cógelo, cógelo”. Y alcanzan a murmurar: “le mataron al Lucho, es don Lucho”.

La víctima era Luis Mario Guerrero Sánchez, un hombre conocido en Lago y en Sucumbíos, sobre todo por el poder económico que acumuló vertiginosamente los últimos años.

El coronel Pablo Ramos, jefe de Policía en Sucumbíos, dijo a este medio que el empresario había ingresado para ver un partido de vóley en El Gallito, entre las 20:00 y 22:00 del miércoles 14 de diciembre. Luego de pocos minutos  llegaron al lugar dos motocicletas, con dos ocupantes cada una. Uno de los hombres bajó de la moto, ingresó con el arma de fuego y le disparó a Guerrero en la cabeza. Uno de los jugadores del partido recibió un impacto de bala en el glúteo, pero recibió el alta médica poco tiempo después.

La Policía realizó operativos de seguimiento mediante cámaras de videovigilancia para establecer una ruta técnica que permita reconstruir la entrada y salida de las motos. Además, se coordinaron acciones con la Fiscalía y la Intendencia de Policía. Se levantaron indicios antes de retirar el cadáver y luego se clausuró la cancha. El coronel indicó que el caso aún se encuentra en investigaciones de flagrancia, por lo que no se puede ahondar en más detalles.

Guerrero era un empresario del transporte que trabajaba como asesor externo del actual prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, quien contaba con su apoyo económico en la campaña para la reelección.

Era conocido como el poder detrás del poder en la Prefectura. Ciudadanos de esta localidad relataron a este medio que en la provincia “no se movía ni un alfiler” sin que el asesor lo supiera y lo aprobaba. Esa podría ser la causa por la que, según Ramos, tenía personas que lo acompañaban siempre, aunque aún no se sabe si el tipo de resguardo que tenía era de guardias de seguridad, seguridad privada o de otro tipo.

La Policía investiga la relación de las empresas que tenía Guerrero con supuestas actividades de lavado y su conexiones con grupos criminales, que tienen disputas en el cordón fronterizo.

De acuerdo con la información de  la Superintendencia de Compañías, el fallecido fue gerente de la firma Guerrero Sánchez Mario Constructora CIA. LTDA. entre el 2009 y enero del 2014. En agosto de ese año retomó el cargo hasta mayo del 2019. También dirigió desde el 2012 hasta agosto pasado Transportes Pesados Transpañacocha S.A. Se trata de una empresa dedicada al transporte pesado de la que Guerrero era, además, accionista mayoritario. Los últimos años obtuvo varios contratos con la Prefectura.

En lo que va del año, en Sucumbíos han ocurrido 78 muertes violentas. La de Guerrero fue la segunda durante diciembre. El año pasado, para mediados de mes se habían presentado siete casos. La primera ocurrió apenas unas horas antes del atentado en contra del asesor.

Según Ramos, por la tarde, el mismo día, un hombre que se dedicaba a comerciar productos entre Colombia y Ecuador acudió a la Policía Judicial para denunciar un posible caso de extorsión. La víctima relató que alguien le estaba pidiendo USD 60 000 para devolverle un vehículo que le habían robado. El personal le indicó que debía poner la denuncia en Fiscalía y cuando el comerciante estaba a la vuelta del edificio, recibió varios impactos de bala desde una motocicleta. El caso también está en la fase de investigación de flagrancia y se reconstruyó la ruta técnica, con las cámaras de videovigilancia y se han activado los ejes de Antinarcóticos, Policía Judicial y Dinased para cruzar información y dar con los autores de estos crímenes.

Los resultados del estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas son alentadores y evidencian una reducción y contención de los crímenes violentos. Esa es la evaluación de las principales autoridades del Gobierno a cargo de estas operaciones, al concluir la medida, ayer 15 de diciembre.

Redacción Código Vidrio

En la evaluación realizada ayer 15 de diciembre en el ECU-911 en Guayaquil estuvieron presentes el ministro de Defensa, Luis Lara, el ministro del Interior, Juan Zapata, el Inspector de la Policía, general Mauro Vargas, el comandante del Ejército, general Franklin Acosta, entre otros.

“Esta intervención no eliminó la violencia, pues nos enfrentamos a un enemigo poderoso, fuertemente armado, a una mafia que debido a políticas erradas de protección al delito y a los delincuentes, está desesperada por mantener su dominio en determinados sectores de las ciudades y de los centros de reclusión”, reconoció Lara, quien destacó que sin embargo sí se cumplió el objetivo de reducir la violencia.

Su apreciación coincide con datos difundidos por el ministro del Interior, Juan Zapata, y del Inspector de la Policía, general Mauro Vargas.

Hasta el martes se registró una reducción de 28 muertes violentas a nivel nacional, lo cual implica que se logró una contención y una consecuente reducción de esos delitos, recalcó Zapata.

Desde el 1 de noviembre -explicó Vargas-  la Policía con sus unidades especialess capturó 142 blancos de interés: 73 en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, 50 en Esmeraldas y 19 en Santo Domingo.

El caso más evidente es el de Esmeraldas. En agosto de 2022 se registraron 41 muertes violentas y en septiembre 45. En diciembre bajaron a 40. Hay una reducción del 26,09%”, indicó Zapata.

“Los datos que se presentan dan cuenta de que a pesar de las amenazas, de los intentos por amedrentar a la Fuerza Pública, de los ataques armados a militares y policías, de la rabia y la frustración de los violentos y de sus aliados, poco a poco ha vuelto la tranquilidad a las zonas más afectadas por la violencia criminal”, subrayó Lara.

Para Lara un punto medular de la lucha contra el crimen organizado es frenar la corrupción entre integrantes de la fuerza pública. “Reitero nuestra decisión de tener tolerancia cero a los corruptos y a los pocos elementos que no tienen un comportamiento profesional apegado a la ley y a la disciplina. Estamos cooperando al cien por ciento con los fiscales y jueces para descubrir y castigar a cualquier delincuente que haya logrado ser parte de la institución a pesar de los fuertes controles internos que tenemos”.

Es la séptima ocasón que el gobierno emplea el estado de excepción para frenar la ola de violencia.