Ecuacorriente construyó fábrica de explosivos a espaldas de FF.AA.

La minera estatal china Ecuacorriente S.A. construyó, entre 2017 y 2019, una planta de explosivos a 600 metros del proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe, sin contar con permisos ni el aval del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, se reunió con el presidente Guillermo Lasso y el ministro de Defensa, Luis Lara, para abogar por ECSA, que presiona por el permiso para operar la planta. El embajador salió con las manos vacías, por el momento…

Redacción Código Vidrio

Contra viento y marea. La minera china Ecuacorriente S.A. (ECSA) presiona desde diferentes frentes para que el gobierno le autorice operar su propia planta de explosivos, para abastecer al mega proyecto minero Mirador, ubicado en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe. Eso pese que su operación implica riesgos para la seguridad nacional.

Ecuacorriente suscribió el contrato de explotación de cobre, oro y plata con el gobierno de Rafael Correa en marzo del 2012. A partir de entonces, el proyecto arrancó en sus diferentes etapas, pero ha avanzado en medio de encendidas controversias. Incluso ha sido señalado y cuestionado por la Contraloría, organizaciones ambientales y de DD.HH., entre otros motivos por:

  • La expulsión de decenas de familias indígenas de sus hogares.
  • Realizar obras sin autorización de las autoridades.
  • Contaminación de los ríos Wawayme, Tundayme, Qjuimi (entre 2013 y 2019), con exposición de metales como aluminio, manganeso, hierro, entre otros.
  • Almacenamiento de desechos peligrosos por más tiempo del permitido.
  • Violaciones sistemáticas a la ley.

La construcción de la fábrica de explosivos tiene ese mismo patrón de anomalías y abusos.

A mediados de diciembre pasado, el embajador de China, Chen Guoyou, junto a Sun Xingtao, gerente de Auxin Norbenco, encargada de construir la fábrica, acudieron al Palacio de Gobierno donde tuvieron una reunión con el presidente Gillermo Lasso, el ministro de Defensa, Luis Lara, y el director de Control y Armas y Explosivos, general Manuel Dávila.

En la cita los representantes chinos pidieron que se les concediera el permiso para poner en funcionamiento la planta de explosivos. La solicitud fue rechazada por una serie de omisiones legales evidenciadas los últimos años y por temas de seguridad nacional. La zona donde se encuentra el proyecto está dentro de los 20 kilómetros de seguridad fronteriza que son competencia de FF.AA.

La fábrica de explosivos se construyó entre 2017 y 2019, sn contar con informes ni la autorización del Comando Conjunto de las FF.AA. Fotos cortesía Comaco.
Las edificaciones de las instalaciones de la planta contaron con el aval del gobierno de Rafael Correa, aunque desde 2017 las autoridades militares no concedieron la autorización para su funcionamiento.
Un informe de la Contraloría estableció que Ecuacorriente cometió violaciones legales al edificar la planta de emulsión, sin ningún permiso de la autoridad competente.

El general Dávila explicó en entrevista con Código Vidrio que el nivel de riesgo por el tipo de material que se emplearía para elaborar explosivos es muy alto y en un eventual siniestro puede afectar a poblaciones y caseríos cercanos. Además, la zona donde opera el proyecto es de gran conflictividad social; en varias ocasiones han ocurrido enfrentamientos violentos entre los lugareños y los uniformados.

Esta región también es un nodo crítico de minería ilegal, con actividades criminales conexas, dirigidas por bandas delictivas vinculadas con el narcotráfico. Instalaciones de las mismas empresas mineras han sido atacadas y destruidas por grupos violentos, organizados. “Si se autorizara la operación de la fábrica, el riesgo de que estos grupos la tomen por asalto y accedan a los explosivos es muy alto”, destacó Dávila.

Todos esos argumentos fueron expuestos en la reunión en el Palacio a mediados de diciembre pasado a los representantes chinos, quienes no obstante insistieron en la necesidad de contar con el permiso para operar la instalación, que desde el arranque del proyecto Mirador tuvo el espaldarazo del gobierno de Correa. Sin embargo, no pudieron explicar porqué en todos estos años nunca solicitaron el permiso e informes del Comando Conjunto de FF.AA., que es la máxima autoridad en este campo. La urgencia se explica por la necesidad de la minera de contar con más explosivos que ahora importa a través de Auxin Norbenco.

En este caso, China ha aplicado la estategia de los hechos consumados. Sin esperar ningún permiso, Ecuacorriente ordenó que Auxin construyera la planta entre 2017 y 2019, pese a no contar con el aval de la máxima autoridad en esta área, que es la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de las FF.AA.

La planta fue levantada en el cantón El Pangui, parroquia Tundayme, en Morona Santiago, a unos 600 metros de la mina a cielo abierto. Comprende unas seis instalaciones de cemento y techo metálico celeste. Esas facilidades cuentan con los equipos completos de emulsión de explosivos, listos para entrar en funcionamiento.

Desde hace dos semanas pedimos una entrevista con el embajador Guoyou, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Una funcionaria de la embajada se limitó a responder, vía correo electrónico, que Ecsa era una empresa privada. Tampoco contestó el gerente de Auxin Norbenco.

El presidente Guillermo Lasso se ha reunido en varias ocasiones con el embajador de China, Chen Guoyou, quien es un activo promotor de los proyectos de su paìs en Ecuador. Foto Presidencia

El general Dávila recuerda que conoció la existencia de la fábrica en una visita rutinaria al proyecto Mirador, en 2019, cuando era comandante de la Brigada de Selva No 21 Cóndor, en Patuca. Entonces pidió más información de Inteligencia sobre las instalaciones que no podrían funcionar en la zona sin regulación y monitoreo de FF.AA. “Ahora como jefe de la dirección del CAMEX tengo una disposición de hacer periódicamente inspecciones a las instalaciones para verificar que no sean empleadas. Los controles son mensuales”, destacó el oficial.


La Cordillera del Cóndor, ubicada al sur de la Amazonía, alberga el proyecto minero a cielo abierto más grande del país. En Mirador se prevé extraer más de dos millones de toneladas de cobre en 30 años. El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables calcula que el beneficio para el Estado sería de USD 3.400 millones durante los años de vida del proyecto.


Aunque los repesentantes de ECSA lograron que el Municipio y el Cuerpo de Bomberos de El Pangui les concedieran la autorización para construir la instalación, sin tener competencia para hacerlo, desde 2018 ninguna autoridad militar ha autorizado su operación, según corrobora un examen de la Contraloría (DNA6-0020-2020).  Pese a las arbitrariedades, la edificación tampoco fue observada por el Director Técnico de Seguimiento y Control en Territorio de la Agencia de Regulación y Control ARCOM ni por el Coordinador Regional de Minería y el Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería.

En las instalaciones están montados todos los equipos para la elaboración de explosivos. Ninguno fue supervisado por autoridades responsables de verificar si cumplen las normas técnicas.

 

En la práctica, los chinos no podían colocar un solo ladrillo sin antes contar con el informe técnico favorable y otros requisitos del COMACO. El informe debía incluir la evaluación técnica de los diseños de las infraestructuras, en donde consten: ensayos de laboratorio para determinar la capacidad portante del suelo para cimentaciones, predimensionamiento de estructuras, tipo de materiales a emplearse, cargas de diseño y el análisis estructural a los elementos de la planta.

Una vez terminada la construcción especialistas de FF.AA. debían verificar que los materiales sean totalmente seguros, cumplan las normas, para evitar afectaciones en los alrededores. Por último, debían contar con un informe de inteligencia y operaciones porque se trata de una zona limítrofe. Ninguno de estos documentos ni exámenes existen. Los representabntes de ECSA simplemente avanzaron por su lado con la obra, al margen de la ley.

La fábrica de explosivos (emulsión) está instalada a 10 kilómetros del límite político internacional con el Perú, por lo cual también era necesario verificar la existencia de acuerdos internacionales de la prohibición o no para su construcción.

Inclusive, el 16 de diciembre del 2019 en un informe dirigido al entonces jefe del Departamento de Control de Armas consta que personal militar hizo una inspección en el lugar y constató que en la planta existían dos vehículos para mezclar y transportar el explosivo ya elaborado.

En vista que de FF.AA. no fueron informadas por Ecuacorriente nunca controlaron la construcción, ni pudieron vigilar su funcionamiento ni el tipo de explosivos que iban a fabricar, su capacidad, el tipo de procesos, estudios de mercado; organización financiera, grado de conformidad con las normas técnicas y de seguridad. Solo así se podía confirmar la existencia de contratos de seguros que cubran los posibles daños y perjuicios a terceros, según destaca el informe de Contraloría.

Acuerdos bajo la mesa

No es la primera vez que China presiona por el permiso. Los últimos cinco años, los representantes de ese país -que es nuestro principal acreedor internacional- han buscado que las Fuerzas Armadas les concedan la autorización, presionando a todo nivel, confiados en que ya contaban con el aval y apoyo político cuando obtuvieron la concesión del megaproyecto Mirador.

En 2021, a pocos meses de que terminara el mandato de Lenin Moreno, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también se pronunció sobre una solicitud de AUXIN para operar la fábrica. Jarrín emitió una resolución ministerial indicando que la fábrica no podía funcionar.

El proyecto Mirador y la fábrica de explosivos están ubicados en Zamora Chinchipe, a 10 kilómetros del límite con Perú, en la cordillera de El Cóndor.

Precisamente en marzo del 2017 cuando arrancaron las obras, el gobierno de Correa también dio luz verde a la edificación de la planta, bajo la pantalla de un contrato de inversión de 9,4 millones de dólares, aprobado por el Consejo Sectorial de la Producción.

Entonces se conoció públicamente que la comercializadora y productora china de Explosivos Auxinor Auxin Norbenco S.A. se encargaría de la construcción, adquisición de equipos y operación de una estación de emulsión matriz, para proveer de productos explosivos y accesorios de voladura a la mina de cobre.

La mina a cielo abierto opera en una concesión de 1.447 hectáreas, ubicadas dentro de un bosque protector en la Cordillera del Cóndor. Foto de archivo

Inclusive, la resolución 1058 del Ministerio del Ambiente, expedida años antes, a favor de Ecuacorriente señala que la planta de explosivos es parte de las infraestructuras que conformarán el proyecto. Todo indica que esa administración tuvo acuerdos bajo la mesa con los chinos, dos años antes del inicio del proyecto. En 2015, precisamente, representantes del gobierno asiático crearon en Quito la empresa Auxin Norbenco S.A., como productora y comercializadora de explosivos. Y el año siguiente esa firma fue contratada por ECSA.

Cuando todo parecía marchar según lo previsto el viento dejó de soplar a favor de los chinos, tras la llegada de Lenin Moreno al poder. La ruptura sorpresiva con Correa los meses siguientes agravó el panorama. Los compromisos acordados quedaron sin piso.

En diciembre del 2017, Auxin envió una carta al Ministerio de Defensa solicitando la autorización para operar la planta, que fue negado por el Subsecretario del Gabinete de esa cartera, en un oficio fechado 8 de marzo de 2018.

El general Manuel Dávila es el jefe de la Dirección de Armas y Explosivos del Comando Conjunto de FF.AA.

¿Por qué la urgencia de fabricar los explosivos?

Desde el 2019, el uso de explosivos para extraer los minerales ha aumentado significativamente en el proyecto Mirador, cuando entró de llenó en la etapa de explotación. Lo mismo ocurrió con el otro megaproyecto minero de Fruta del Norte (explotado por Lundin Gold). Ese año en el país se usaron 3.000 toneladas de explosivos en proyectos mineros legales, la mayoría en Mirador y Fruta del Norte. En 2019, la Dirección de Armas y Explosivos registró la comercialización de 3.000 toneladas; 8.000, en el 2022 y este año se prevé el uso de 10.000 toneladas de explosivos. En el caso de ECSA se estima el uso de unas 1.200 toneladas.

En el país la única empresa autorizada para fabricar explosivos es la estatal de economía mixta Explocen, cuyo mayor accionista es el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA. También operan 16 compañías importadoras, incluida Explocen. Todas son supervisadas y controladas por la Dirección de Armas y Explosivos del COMACO, destacó Dávila, al asegurar que llevan un control automatizado de todas las importaciones, responsables de los procesos y los compradores, lo cual ha garantizado que ningún producto adquirido por las 16 empresas se haya desviado para la minería ilegal.